El sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez falleció ayer a los 96 años. Gutiérrez teorizó y defendió a lo largo de su vida la Teologia de la Liberación, corriente social del catolicismo que promovía la justicia social y la defensa de los más pobres. En RFI hablamos de su figura con Eduardo Cáceres, filósofo y activista peruano que conoció a Gutiérrez. Con una veintena de libros publicados, el doctor en teología y sacerdote de los barrios pobres de Lima, Gustavo Gutiérrez es considerado el padre de la Teología de la Liberación, corriente católica que inspiró numerosas luchas sociales en Latinoamérica.Sacerdote dominico, fundador y director del Instituto Bartolomé de las Casas, centro peruano de estudios sociales, Gustavo Gutiérrez nació en Lima en 1928. Estudió en un primer momento medicina, especializándose en psiquiatría, pero muy pronto le apasionó la teología. Entre 1955 y 1959 vivió en Francia, en la ciudad de Lyon. En aquellos años la teología francesa se encontraba en plena ebullición y de ella se nutrió Gustavo Gutiérrez, quien, después del Concilio Vaticano II, sentó las bases teóricas de la Teología de la Liberación. Fue miembro de la filial peruana de la Academia de la Lengua y en 2003 se le otorgó en España el premio Príncipe de Asturias por su labor humanística.Como miembro de la Unión Nacional Estudiantes Católicos en los 70, el hoy integrante de la organización de Defensa de los Derechos Humanos APRODEH, Eduardo Cáceres, fue amigo del sacerdote. Con él, hemos trazado un perfil de la figura de Gustavo Gutiérrez."Publicó en 1971 la primera edición de su famoso libro, justamente titulado Teología de la liberación, con el cual nos hemos formado muchas generaciones, no solo en el Perú, sino en el continente y creo que también en otros lugares del mundo. Creo que su pensamiento desde la década de 1960 y que se plasma en este libro, hacen legítima esta afirmación de que él es el padre de esta corriente teológica", cuenta Eduardo Cáceres a RFI.RFI: ¿Podríamos decir que la teología de la liberación es una corriente del catolicismo que pone la defensa de los más pobres en el centro de la acción de la Iglesia?Eduardo Cáceres: Efectivamente. Es una lectura de la realidad desde un punto de vista del Evangelio, que descubre en la realidad la existencia de injusticias, de desigualdades y que alimenta, alienta un compromiso con los 'insignificantes', un término que Gustavo Gutiérrez últimamente utilizaba y que viene del Evangelio, o sea, con los que no significan nada para el sistema, en función de acompañarlos en su lucha por su dignidad y sus derechos. RFI: ¿De qué forma se involucró el sacerdote Gustavo Gutiérrez en los movimientos sociales de Perú?Eduardo Cáceres: Siempre fue un párroco y su parroquia está ubicada en uno de los distritos pobres de Lima, el distrito del Rima, y además acompañó como asesor a movimientos de la Iglesia católica vinculados con los jóvenes y, en particular, con los universitarios, con la UNEC.RFI: El Vaticano siempre ha sido muy crítico con la teología de la liberación. Se la criticó por inspirarse del marxismo. ¿Mejoró la relación de Gustavo Gutiérrez con el Vaticano últimamente?Eduardo Cáceres: Después de haber sufrido varios años una suerte de ostracismo interno en el cual este tuvo serias restricciones para ejercer su función docente y para publicar, efectivamente fue reivindicado muy claramente, no solo por el Papa Francisco, que le envió una carta muy hermosa a raíz de su 90 cumpleaños. También por el reconocimiento que tuvo del cardenal Müller, que era el encargado de los asuntos de la Fe en el Vaticano, que se había formado como teólogo, basando una temporada en Lima, en el Perú. Ahí había conocido y había valorado la influencia de la teología y la liberación, y en particular de Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez será homenajeado en la basílica Santo Domingo de Lima en los próximos días.Escuche también la entrevista de Gustavo Gutiérrez con RFI en 2005 en la Feria del Libro de Guadalajara, con Ivonne Sánchez, en la que el sacerdote cuenta su historia personal, desde su infancia, marcada por una enfermedad, sus estudios de psicología y su camino hacia la teología:RFI entrevistó también a Gutiérrez en 2009 a Gustavo Gutiérrez. El sacerdote habló entonces de la génesis de la teología de la liberación. Una entrevista de Ivonne Sánchez. Entrevistados: el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, y Alfredo Gómez Muller, colombiano, profesor de filosofía en la Universidad de Tours.

En Estados Unidos, las elecciones presidenciales se celebran el 5 de noviembre, dentro de menos de dos semanas. Las encuestas de opinión anticipan un empate entre Kamala Harris y Donald Trump. La diferencia de votos será mínima entre ambos, si se confirman estas tendencias. Entonces los candidatos tratan de inclinar la balanza y un grupo clave sería la comunidad latina, el segundo grupo electoral más grande del país y que se encuentra dividido en estados clave.   Desde la pasada elección, los latinos se convirtieron en la minoría étnica más numerosa. En Estados Unidos representan ahora el 14% del electorado, un grupo diverso y que ha cambiado. La mayoría de ellos nació en Estados Unidos y algunos sí son sensibles a la retórica antiinmigrantes de Trump.“Es un bloque sumamente diverso. No solamente en el plano económico, sino también en cuanto a su composición racial, en cuanto al género. Diverso, vamos a decir, en cuanto a identidades regionales dentro de Estados Unidos”, asegura Óscar Chacón, asesor de Alianza América, una red de organizaciones que defienden los derechos de los latinos y que observa de cerca este electorado. “La razón por la cual ese bloque de votantes se vuelve sumamente codiciado es porque en las elecciones presidenciales anteriores, en cada uno de los llamados estados bisagra, la diferencia de votos entre Biden y Trump fue muy inferior al número total de votantes de origen latinoamericano en esos estados”, explica Chacón y pone como ejemplo al estado de Arizona, donde “Biden logró ganar ese estado en el 2020 con una diferencia de 10.457 votos. Sin embargo, en el estado de Arizona hay 1.259.000 votantes de origen latinoamericano”. Leer tambiénLa influencia del voto latino en el duelo Harris VS TrumpSi bien históricamente los latinos han optado por el voto demócrata, esta preferencia se ha ido reduciendo con los años. “Los votantes de origen latinoamericano vivimos sujetos a las mismas dinámicas a las que están sujetos el resto de la población. La percepción de que siempre votamos por políticos convencionales no importa si eran demócratas o republicanos y nunca nadie solventó nuestros problemas, eso es algo que también lo experimentan las personas votantes de origen latinoamericano. Los votantes de origen latinoamericano, especialmente los hombres, son muy susceptibles también al mensaje de un hombre blanco, entre comillas, hombre exitoso en los negocios, lo cual no necesariamente es cierto, pero así se proyecta, termina siendo sumamente atractivo”, detalla el experto.  Las encuestas de opinión indican, en efecto, que los hombres latinos son más receptivos a los mensajes de Donald Trump. El 44% de ellos votarían por él, mientras que solo el 33% de las latinas encuestadas se inclina hacia el candidato republicano. 

El profesor de la UNAM Ricardo Domínguez Guadarrama atribuye el apagón en Cuba, entre otras razones, a las sanciones económicas de Estados Unidos contra ese país y Venezuela, al sistema eléctrico vetusto, a la guerra en Ucrania, así como al reciente paso del huracán Oscar. La Habana se declaró el viernes pasado en 'emergencia energética' tras la desconexión total de su sistema eléctrico. Seis personas murieron durante el paso del huracán Oscar por Cuba, donde la mayoría de la población continúa sin electricidad, al entrar en la cuarta noche de un apagón nacional.En medio de la emergencia energética, el presidente Díaz-Canel reportó que hay en el país "un 36% del servicio restablecido, funcionando con estabilidad en estos momentos". En La Habana, de dos millones de habitantes, casi la totalidad de la población tenía luz.El 95% de la electricidad que se consume en la isla es producida con energías fósiles importadas, derivadas principalmente del petróleo. Cuba debe pagar precios más caros que los que pagan otros países debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Venezuela era el país en el que se apoyaba el gobierno castrista, pero su crisis y las sanciones ya no pueden mantener el obsoleto sistema energético cubano."Es muy importante mencionar el tema de Venezuela, porque ese país se había convertido prácticamente en el abastecedor de más del 80% de las necesidades diarias de petróleo para Cuba. Y, en la medida en que Estados Unidos ha bloqueado también a Venezuela, esto ha impedido que ese país siga enviando el petróleo que requiere la economía cubana", explica el profesor Ricardo Domínguez Guadarrama.El otro gran abastecedor era Rusia, pero este se encuentra enfrascado en una guerra desde hace más de dos años y medio."Llevar petróleo a Cuba desde Rusia también está complicado por la guerra de ese país contra Ucrania. Cuba tiene que buscar mercados cercanos, como el mexicano, por ejemplo, para tratar de suplir de alguna manera sus necesidades, en particular el déficit que tiene respecto de lo que recibía del gobierno de Venezuela", agrega el especialista en Cuba.El profesor de la UNAM considera que, a pesar de que Cuba ha buscado importar petróleo de estos países, no han podido satisfacer las necesidades de la isla."Rusia, de hecho, ha disminuido las entregas que tenía hasta hace unos meses. Entonces, realmente el mercado ruso no ha sido satisfactorio para las necesidades cubanas", concluye Guadarrama.Otro punto importante de esta crisis energética es la tecnología. En 2006, Fidel Castro decía que habría un antes y un después de la revolución energética de Cuba. Esas promesas, en 2024, aparecen como una ilusión perdida, pues la isla aún utiliza maquinaria del siglo pasado."El sistema eléctrico cubano data de los años 60. Tenía toda la ingeniería que le promovió en su momento Rusia. Hoy, ese país tiene muchas dificultades para encontrar todo el equipo necesario para esa tecnología. No estamos hablando de modernizar, sino de reparar los daños que tiene el sistema eléctrico en este momento. La reciente tormenta del viernes pasado (Oscar) tiró cables y, para reponer todos esos cables, Cuba también tiene que importarlos", subraya. 

Las apuestas online se han convertido en un problema creciente entre adolescentes y jóvenes en Argentina, especialmente varones, pese a estar prohibidas a los menores de 18 años. Según el informe "Apostar no es un juego", realizado por un grupo interdisciplinario de docentes y egresados de un conjunto de universidades públicas, alrededor del 40% de los adolescentes y jóvenes apuestan online o lo han hecho recientemente en el país sudamericano. Por el corresponsal de RFI en Argentina, Natalio CosoyLa ludopatía juvenil es resultado de una suerte de tormenta perfecta que combina publicidad agresiva en televisión, camisetas de fútbol de grandes equipos y la promoción por parte de influencers en redes sociales.A esto se suma la falta de regulación nacional, el fácil acceso a medios de pago en billeteras virtuales y el tener disponibles los sitios de apuestas en forma permanente en los celulares."Si bien a veces ganás, es poca plata la que ganás, nunca gané mucha guita (dinero)", explicó a RFI Gonzalo, un joven de 18 años que comenzó a apostar en línea a los 16, cuando estaba en el colegio secundario.Sin embargo, ya no lo hace. En su caso, se dio cuenta de que perdía más de lo que ganaba. "Uno toma conciencia de que está metiendo plata y la perdés, en dos minutos la perdés, y en vez de gastarla con tus amigos o con cualquier cosa o actividad que te guste, la perdés ahí"- Gonzalo, víctima de ludopatía juvenilGonzalo dejó de apostar en línea por decisión propia, pero no todos pueden. Un nuevo tipo de pacientesFederico Pavlovsky, psiquiatra y director del centro especializado en adicciones Dispositivo Pavlovsky, dice que los adolescentes y jóvenes con adicción al juego se han convertido en un nuevo tipo de paciente.Según precisó, suelen llegar generalmente a los consultorios de salud mental "muy angustiados, muy tristes, muy deprimidos", mientras que las familias se muestran "muy preocupadas", pero también "asustadas, enojadas, confusas". Para Pavlovsky, es un fenómeno tan reciente que representa un desafío para los profesionales de la salud mental."Los psiquiatras, los psicólogos, estamos tratando de entender este problema. Estamos tratando de armar protocolos de tratamiento para esto y tratando de acompañar a las familias con un problema que no existía", aseguró en diálogo con RFI.También las autoridades han comenzado a tomar algunas medidas. Desde principios de 2024, el Ente Nacional de Comunicaciones ha bloqueado más de mil sitios de apuestas ilegales."Necesitamos restricciones severas"Pero Martín Romeo, director de investigación del informe “Apostar No es un Juego”, cree que hacen falta más iniciativas. Por ejemplo, que los sitios legales de apuestas sean más estrictos con la validación de la identidad y edad de quienes los usan o que el Estado sea mucho más duro con los límites a la publicidad."Nos parecen urgentes las prohibiciones y restricciones severas y máximas de todo tipo de publicidad y de uso de influenciadores para la promoción de estas plataformas de apuestas", sentenció el académico.Mientras tanto, la legislación corre por detrás del problema: si bien algunas provincias han establecido normas sobre las apuestas en línea, todavía no existe una ley nacional que las regule.La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires solicitó en agosto al Banco Central que instruyera a bancos y billeteras virtuales a establecer controles sobre las cuentas abiertas a menores de edad, pero la iniciativa no prosperó.En tanto, el gobierno del presidente Javier Milei autorizó el 9 de octubre a los mayores de 13 años a invertir en el mercado de capitales. La medida busca “promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero” y contribuyan a “fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera desde edades tempranas”.No obstante, la resolución fue fuertemente criticada por especialistas en psicología juvenil, quienes alertaron que la decisión podría profundizar la creciente ludopatía juvenil en Argentina, agravada por la crisis económica.

Unas 200 defensoras de Derechos Humanos fueron asesinadas en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras entre 2012 y 2023, según el informe divulgado esta semana en Tegucigalpa por la red de activistas Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. Diez años de agresiones”, 119 páginas que dan cuenta de 200 asesinatos de mujeres activistas y 228 intentos de homicidios en la última década. El reporte también registra más de 35 mil agresiones contra defensoras y organizaciones de cuatro países centroamericanos y México.En diálogo con RFI, Ana Clara, integrante de la iniciativa que ha hecho este registro, explicó que con el mismo pudieron evidenciar que el Estado y sus instituciones son los principales agresores contra las defensoras."El 45% de las agresiones son perpetradas ya sea por la policía, autoridades estatales o militares"- Ana Clara, miembro de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos HumanosAl mismo tiempo, la activista precisó que un gran número de perpetradores son "desconocidos", siendo algunos de ellos usuarios virtuales desconocidos, lo que demuestra el "crecimiento de las agresiones digitales".El informe da cuenta también de las agresiones perpetradas por personas ligadas a empresas extractivistas o mineras con hostigamiento, campañas de desprestigio, amenazas y violencia psicológica y verbal que llega a la criminalización de las mujeres que denuncian a estos megaproyectos."El segundo derecho en el que identificamos más agresiones a defensoras es la defensa de la tierra y el territorio. Documentamos más de 4.500 agresiones al respecto y, muchas veces, grandes empresas están detrás de las mismas", señaló Ana Clara.En ese sentido, señaló que existe una alianza entre las empresas con el crimen organizado y los Estados para proteger intereses económicos e impedir que las activistas de derechos humanos puedan continuar defendiendo sus comunidades."El pacto de cuidarnos"Esta investigación no se limita solamente a dar cuenta de las agresiones contra las defensoras en Centroamérica y México, sino que también busca desarrollar una estrategia de protección a las mujeres frente a una violencia tan extendida, que llega incluso a su desaparición física."No registramos solamente para alarmar, también para denunciar, hacer incidencia con estos datos y protegernos. Hay agresiones particulares que se viven por el hecho de ser mujeres. Entonces, nuestra forma de protegernos es en conjunto, a través de la construcción de redes", expresó.Desde 2010, más 3.000 defensoras y distintas organizaciones se articularon en esta iniciativa y trabajan con lo que llaman "el pacto de cuidarnos", es decir, cuidarse de forma colectiva tejiendo alternativas por el derecho a defender derechos en la región.La articulación de esta red ha permitido proteger a 8.000 mujeres amenazadas en los cinco países durante los últimos 10 años. En muchos casos, la protección ha sido a través de desplazamiento forzado o asilo político, señala el informe. 

RFI entrevistó al constitucionalista chileno Javier Couso sobre las recientes destituciones de dos miembros de la Corte Suprema aprobadas por el Congreso chileno, controlado por las fuerzas de derecha: el juez Sergio Muñoz, destituido ayer, y la exmagistrada Ángela Vivanco, destituida la semana pasada. Contra Vivanco se aprobó este jueves una acusación en el marco de un escándalo mayor por tráfico de influencias.  Sergio Muñoz fue destituido por notable abandono de deberes, y Ángela Vivanco, por comprometer la imparcialidad en causas judiciales. Ambos eran jueces de la Corte Suprema.El presidente Gabriel Boric cuestionó ayer la decisión del Congreso de Chile de destituir a Muñoz en un juicio político, subrayando que fue quien investigó casos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.Es inexplicable "que se haya decidido dar curso a una acusación constitucional a dos jueces de la Corte Suprema por hechos totalmente distintos en una sola votación", comentó Boric.Javier Couso, constitucionalista, habló con RFI sobre los antecedentes de estas dos destituciones aprobadas por el Congreso chileno, dominado por las fuerzas de derecha en la oposición."Esto surgió a raíz de un caso conocido como 'Audios', el cual destapó un fenómeno que, en Chile, al menos públicamente, nunca había ocurrido. Se trata de una red de tráfico de influencias tejida por un personaje muy peculiar, un hombre que fue comunista en los años 80 y luego pasó del Partido Comunista al partido UDI, que está en las antípodas del comunismo", relata Couso.El personaje muy peculiar es el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión y a la espera de juicio."Cuando se incautó el celular de Hermosilla, se encontraron cerca de 7.700 chats de WhatsApp que revelaron los favores mutuos entre la jueza Vivanco y el abogado Hermosilla. La relación comenzó en 2018, cuando ella le pidió ayuda para acceder al máximo tribunal, y Hermosilla desplegó su influencia hasta lograrlo. Luego, Vivanco fue removida de la Corte Suprema por sus propios pares. Sin embargo, la acusación continuó en el Congreso Nacional", explica Couso.Esta semana, el Congreso aprobó la destitución de la ministra Vivanco junto a la del magistrado Muñoz, cuyo caso es diferente, puntualizó Couso.Sergio Muñoz, en la mira de la derecha "Muñoz era un juez muy importante. Fue presidente de la Corte Suprema y era muy respetado por sus pares. Su hija también es jueza. Durante la pandemia, ella presentó un documento falsificado a la Corte Suprema alegando que trabajaría de forma remota para cuidar a su madre enferma en Santiago, cuando en realidad estaba en Roma. No recibió una sanción seria, apenas un tirón de orejas. Esta mujer, a sus 38 años, posee alrededor de 34 propiedades inmuebles. Además, una inmobiliaria afirmó que ella se retiró de un negocio porque su padre le anticipó un fallo que podría haber sido económicamente perjudicial para ella. Sin embargo, cuando estalló el escándalo de Vivanco, quien es de centro-derecha, la derecha vio una oportunidad para ir contra Muñoz. Por eso considero que la acusación contra él fue espuria, de origen meramente político. Creo que ellos (la derecha) calcularon que Muñoz, aunque fue un juez valiente en temas de derechos humanos, ahora es percibido como parte de una élite que actúa de forma cuestionable", explicó Couso.El jueves, la Corte Suprema de Chile respondió que el Poder Judicial no es corrupto, y aseguró que respeta la decisión del Senado, pero rechaza las acusaciones de corrupción generalizada en el tribunal.

A pedido de Human Rights Watch (HRW), expertos forenses investigaron las irregularidades en la muerte bajo custodia de Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y detenido tras denunciar corrupción en el gobierno. El informe revela importantes vacíos en los registros médicos, incluyendo falta de evidencia que respalde diagnósticos oficiales, así como serias deficiencias en la investigación sobre su muerte. El 9 de agosto de 2023, Alejandro Muyshondt, entonces asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, fue detenido poco después de que acusara públicamente a dos funcionarios afines a Bukele de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Tras seis meses de permanecer incomunicado y sometido a desaparición forzada, Muyshondt murió bajo custodia del Estado salvadoreño.Varias investigaciones periodísticas denunciaron irregularidades en su detención y en el expediente médico, lo que llevó a HRW a investigar al respecto."Ante estas denuncias, contactamos al Grupo Independiente de Expertos forenses, que reúne a 42 especialistas de más de 20 países, y al Consejo Internacional para la rehabilitación de víctimas de tortura para que evaluaran de manera independiente las más de 2.000 páginas de historia médica de Muyshondt", explicó a RFI Juanita Goebertus, encargada de la división de las Américas de esta organización defensora de derechos humanos.Leer tambiénDenuncian ante la CIDH violaciones de derechos humanos en El SalvadorSegún los documentos médicos, Muyshondt padecía múltiples problemas de salud. Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que los registros hospitalarios carecen de pruebas de laboratorio y radiológicas necesarias para confirmar estas condiciones.Máximo Duque, cirujano y especialista en medicina y antropología forense, es uno de los redactores del informe. En entrevista con RFI, detalló las principales anomalías que encontraron en sus pesquisas: "Según la historia clínica, estando bajo de detención, tuvo una hemorragia cerebral. Dice que lo llevan varias veces al hospital, pero en ese mismo tiempo, estando enfermo, fue llevado a diligencias judiciales y se le imputaron delitos, lo cual es la primera irregularidad que resalta".Asimismo, explicó que, pese a estar gravemente enfermo, Muyshondt no tenía contacto con su familia. Para el experto forense, el principal problema reside en la historia clínica, que calificó de "absolutamente confusa"."Es una historia manuscrita, no hay coherencia. Las notas médicas son escasas, hay más notas de enfermería que médicas y los diagnósticos son muy graves. Él termina con un diagnóstico de cáncer en el estómago y fallece, pero la confirmación clínica (los exámenes, radiografías, tomografías, etc.) no han sido entregadas a la familia. Al final, no tuvo ningún tratamiento", sentenció.Los expertos forenses determinaron que la investigación sobre la muerte de Muyshondt incumplió el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, que establece el tipo de investigación de muertes potencialmente ilícitas.  "Estas conclusiones dan cuenta de un contexto más amplio de violaciones de más de dos años de estado de excepción en El Salvador (...) Si esto es lo que le sucede a una persona que era cercana al Gobierno, ¿qué pueden esperar los ciudadanos salvadoreños, muchos detenidos arbitrariamente?"- Juanita Goebertus, encargada de la división de las Américas de HRWHRW insiste en que la falta de voluntad del gobierno de Bukele para proporcionar respuestas claras sobre lo que le ocurrió a Muyshondt y las 260 personas que han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, exige un mayor escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador.En estos dos años y medio de implementación, 80.000 personas han sido capturadas en el país con una suspensión total del debido proceso.Leer tambiénMás de 3.000 menores detenidos en El Salvador bajo régimen de excepción, denuncia HRW"Hay personas capturadas sin orden de captura, sin que se les explique ni a ellos ni a sus familiares cuáles son los motivos", precisó la responsable de la organización. En sus palabras, lo "más grave" es que durante este período de excepción las pocas sentencias existentes fueron contra menores de edad y no contra adultos."Es lo contrario al discurso de que esto es 'la mano dura contra las maras', lo que hay es un proceso de encarcelamiento masivo, pero no de juzgamiento y de sanción de los líderes de las maras. La mayoría salieron del país durante la primera fase del régimen de excepción", denunció.

Cientos de seguidores de Evo Morales bloquearon este martes 15 de octubre las principales vías de conexión del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en el segundo día de protestas contra el probable arresto del expresidente por el presunto abuso de una menor durante su mandato. A Evo Morales se le investiga por estupro, trata y tráfico de personas. Según la fiscalía de Tarija, Morales tuvo una relación en 2015 con una joven que tenía 15 años y un año después nació una niña de ambos.El expresidente boliviano tilda el caso de una mentira más en su contra y recuerda que esta misma causa fue investigada y archivada por la justicia en 2020.Según Morales, el Gobierno de Luis Arce, su exaliado y hoy rival político, reactivó el caso para impedirle que concurra a las presidenciales de 2025.“Es otra de las acciones boxeadas por el Gobierno para dañar la imagen de Evo Morales, que ya está mellada. En caso de que haya una sentencia ejecutoriada no podría ser el candidato a la presidencia. También está en riesgo la vigencia de la personería jurídica del MAS. Evo Morales insiste en ser candidato único del MAS”, analiza para RFI el sociólogo y politólogo Fernando Mayorga.Evo Morales rechazó el jueves pasado comparecer a la citación del Ministerio Público. Ante su negativa a la fiscal del caso advirtió que podría emitir una orden de arresto contra el exmandatario boliviano. Morales escogió la acción directa mediante un bloqueo de caminos.“El presidente tiene una defensa del tema que es en realidad evitarlo. No se ha presentado a declarar”, dice Mayorga, quien considera que lo más conveniente sería “aclararlo públicamente”.“El MAS está teniendo enorme descrédito”Según Mayorga, profesor de la Universidad Pública de Cochabamba, Morales refuerza “su liderazgo en el núcleo más duro del MAS”, con una marcha “exitosa para él”. Sin embargo, considera que tanto Morales como Luis Arce están perdiendo en términos de opinión pública. “El MAS como partido está teniendo enorme descrédito”.Las bases que apoyan a Evo Morales en las calles no esgrimen reivindicaciones que conciernan a amplios sectores. Para el experto, tampoco se trata de una defensa ciega del líder ante su llamado.“Morales es el dirigente principal de los sindicatos de productores de coca. Desde 1989 es presidente de la coordinadora de las seis federaciones de trabajadores cocaleros. Hay un grado de control de mandato sindical que le pone límites a su liderazgo. En la medida que a su principal dirigente, que hubiese sido presidente, le hacen una acción judicial o lo encarcelan, se pone vulnerable todo el sector. Esta defensa corporativa cohesiona esa base social, pero no genera simpatía en la opinión pública”, concluye Fernando Mayorga.

Después de un proceso de selección cuestionado por la falta de transparencia y en medio de dudas sobre su probidad, este domingo asumieron los 13 nuevos jueces de la Corte Suprema de Guatemala. RFI entrevistó al diputado del oficialismo Samuel Pérez y al profesor José Antonio Melville (UNAM).  Los nuevos magistrados, que integrarán la Corte hasta 2029, fueron juramentados y tomaron posesión de sus cargos en una solemne ceremonia celebrada este domingo en el Teatro Nacional de Ciudad de Guatemala.El presidente Bernardo Arévalo, quien asistió a la ceremonia, considera que el poder judicial guatemalteco ha estado "secuestrado por las mafias".Al igual que Arévalo, analistas y activistas denuncian que el llamado "Pacto de Corruptos", una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios, maneja desde las sombras los hilos del poder e influye en las decisiones judiciales.Existe una gran incertidumbre sobre el rumbo que tomarán los jueces. Muchos albergan la esperanza de que se detenga la tendencia a criminalizar a los rivales políticos en el contexto del “Pacto de Corruptos”, cuya cara visible es la fiscal general, Consuelo Porras.Desde 2021, Porras ha abierto causas contra decenas de fiscales, jueces, periodistas y otros críticos del anterior presidente, el derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). Giammattei extendió hasta 2026 el mandato de Porras, sancionada por "corrupta" y "antidemocrática" por Estados Unidos y la Unión Europea.Porras también abrió polémicas investigaciones contra Arévalo y las elecciones de 2023, lo que puso en riesgo la transición presidencial en enero pasado. Le preguntamos al diputado del oficialismo Samuel Pérez qué podría pasar con el caso Porras."Ese tema todavía hay que tratar de consensuarlo en el Congreso. De parte de nuestra bancada, seguimos permanentemente insistiendo en él. Sin embargo, hay que lograr los consensos dentro del Congreso. Eso todavía estará por verse y aún hay temas importantes pendientes de discutir, como la elección de la nueva Junta Directiva o el presupuesto para el próximo año", sostiene Pérez.José Antonio Melville, profesor de la UNAM y autor del libro La Formación del Estado en Guatemala: élites, corrupción y un auto en llamas, se muestra reservado sobre las designaciones, citando algunos casos específicos."Estas designaciones, al tratarse de personas que han estado dentro de los ensamblajes de poder en Guatemala, es normal que estén vinculadas con algún grupo de poder. Lo que es un hecho es que hay varios magistrados y magistradas que tienen una relación cercana con grupos que han sido señalados como corruptos. Es el caso de Roberto Alejos, por ejemplo, o del Rey del Tenis", quien me parece que tiene un familiar dentro de esta nueva magistratura. No sé si es prima o hermana, pero es de apellido Villatoro", señala Melville.En efecto, Carlos Rodimiro Lucero Paz, un magistrado cercano a Sergio Roberto López Villatoro (alias el “Rey del Tenis”), asumió temporalmente como presidente de la Corte Suprema.Para algunos analistas, la actitud de los nuevos jueces de la Corte Suprema dependerá en buena medida de la consolidación de la agenda "anticorrupción" del mandatario guatemalteco. Una debilidad de Arévalo no incentivaría a los magistrados a tomar una postura firme en ese frente. Sin embargo, también es posible una Corte Suprema distinta a la que han conocido los guatemaltecos, según Samuel Pérez."Hoy no existe una aplanadora dentro de la Corte. Hay ciertos contrapesos que van a permitir que se puedan llegar a consensos entre la mayoría. Esto siempre es positivo. Antes, en cambio, estábamos acostumbrados a ver una Corte Suprema que actuaba como una aplanadora, con el 100 % de las personas respondiendo a una visión completa e inadecuada de la aplicación de justicia, protegiendo a los amigos y persiguiendo con cárcel a los enemigos", concluye Pérez.

El voto de la población latina será clave en las elecciones estadounidenses. Ambos candidatos lo saben y recientemente han ofrecido entrevistas para este público específico en canales hispanos. Su participación decidirá de qué lado se inclina la balanza, especialmente en los estados aún indecisos, siete, que coronarán al nuevo presidente de Estados Unidos. Uno de esos estados es Pensilvania, donde ambos candidatos estarán este lunes.  A escasas semanas de las presidenciales en Estados Unidos, las encuestas colocan a Donald Trump y Kamala Harris codo con codo, muy igualados en la carrera presidencial por la Casa Blanca.Siete estados se mantienen aún indecisos y el voto latino podría dictaminar al ganador, especialmente en el más grande de estos estados pendulares, Pensilvania, que aportará al vencedor 19 votos electorales de los 270 necesarios.Allí residen un millón de latinos. 590.000 de ellos inscritos para votar en los comicios del 5 de noviembre. Eduardo Alemán, politólogo de la universidad de Houston nos explica por qué el voto latino será clave para decidir quién se impone en Pensilvania.“En la última elección, Biden ganó por escasos 80.000 votos. La diferencia fue muy pequeña y fue crucial. Como aquella vez, en esta elección Pensilvania juega un papel muy importante y allí el voto latino es decisivo. La población latina creció hasta convertirse en la segunda mayoría después de los blancos, superando a los afroamericanos, asiáticos y otros grupos. Y dado lo parejo que están los dos candidatos en estos estados, se piensa que el voto latino podría llegar a definir esta elección”, expresó Eduardo Alemán, politólogo de la Universidad de Houston, en entrevista con RFI.Conscientes de su importancia, ambos partidos, Demócratas y Republicanos se han gastado este año cada uno más de 100 millones dólares en publicidad en Pensilvania y planean invertir otros 80 millones más de aquí a las elecciones para lograr su apoyo, que los demócratas ya no tienen tan garantizado como antaño."El votante latino sigue votando en su mayoría al partido demócrata -añade Alemán-, pero el margen, la diferencia en esta elección por lo menos, es menor de lo que observamos en las últimas cuatro elecciones. Otra cosa que es importante recordar es que en esta elección al candidato republicano Donaldo Trump le está yendo relativamente bien con los latinos en las encuestas". "Si miramos en las últimas cuatro elecciones, el presidente Trump hoy en día está en las encuestas mejor que los cuatro candidatos demócratas en las últimas elecciones. El presidente Trump, para ganar esta elección, no necesita ganar una mayoría del voto latino. Lo único que tiene que hacer es sacar suficientes votos dentro de este grupo para ganar la elección. Esta es una razón por la cual ambas campañas están tan interesadas en el voto latino", concluye Eduardo Alemán. 

Bolivia es uno de los pocos países con niños viviendo dentro de las cárceles. Se permite únicamente cuando conviven con su madre, mientras esta cumple sentencia, nunca con varones en el entorno. Aun así, su presencia en las cárceles les puede marcar de por vida. La Defensoría del Pueblo ha denunciado problemas de alimentación, salud y educación. No son muchos, en torno a centenar y medio en el país, pero su situación no deja de llamar la atención. Bolivia permite que los niños de hasta 6 años puedan vivir en las cárceles con su madre mientras esta cumplen una pena. Antes podían hacerlo también en prisiones masculinas y hasta los 17, pero una serie de casos graves, incluyendo violaciones o prostitución, provocaron una reforma de la ley en 2018. Pese a ese cambio, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que aún queda mucho para garantizar los derechos de los niños que crecen tras los barrotes.Destaca tres problemas: Alimentación deficiente, mal cuidado de la salud ante la ausencia de especialistas y un acceso limitado a la educación.“No sólo es un tema de alimentación y educación, que obviamente está afectado, porque estos niños, cuando viven unas cárceles, están también en una situación de reclusión”, explica a RFI Gladys Villazón, gestora de programas de Aldeas Infantiles en Bolivia y trabajó con niños en la cárcel de San Pedro.“Viven en espacios muy pequeños porque ahí los presos tienen un espacio determinado. Eso obviamente afecta en el tema de su desarrollo. Con el propósito de que no puedan correr ningún riesgo, los encierran en estos espacios que tiene el preso destinado, porque afuera de sus cuartos realmente es mucho más riesgoso, toda vez que el ambiente donde viven estos niños, son con presos delincuentes que han cometido delitos. Aquí en Bolivia están mezclados los presos en las cárceles, no son separados por tipo de delitos”, advierte Villazón.Mauricio Alfaro es igualmente gestor de programas en la ONG Aldeas Infantiles y trabajó en el mismo proyecto en la prisión de San Pedro. Para él, no basta con garantizar ciertos derechos al niño en la cárcel, sino que hay que evitar que las familias acaben en prisión.“Ha habido diferentes iniciativas para que puedan tener una vida lo más normal. Por ir al Colegio de poder salir, pero no es suficiente. La primera medida que se pensó hacer fue que vayan a centros de acogida, pero la mayoría tenían sus familias. Si han ingresado a los penales. Sin duda es por un tema de necesidades, de bajos recursos. Hay que dar una medida de prevención, de apoyo a la familia, integral, por ejemplo que existan programas que apuesten por lo que es la prevención del abandono. Dar apoyo a las familias dependiendo su situación. En algún caso, podrá ser económico u otro tipo de medidas de apoyo a las familias, microemprendimientos, desarrollo de capacidades en los cuidadores. Brindar educación adecuada y gratuita para los niños”, agrega Alfaro.

Ha comenzado este miércoles 9 de octubre en Perú la reunión bianual de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hasta el viernes, los representantes de los países integrantes debaten cómo lograr un modelo de desarrollo para la región con tres objetivos destacados: mejorar la productividad, reducir la desigualdad y favorecer la sostenibilidad. Latinoamérica afronta importantes desafíos económicos y sociales. Quiere mejorar su productividad y su gobernanza y a la vez reducir la desigualdad y respetar la sostenibilidad, una serie de retos que la CEPAL considera como prioridades en su reunión bianual.¿Es posible afrontarlos en una región como Latinoamérica? Para el economista venezolano Ángel García Banchs, director de la consultora Econométrica, se puede siempre y cuando se eliminen algunas prácticas recurrentes.“Es una región caracterizada por la informalidad. Eso responde a un déficit institucional. Muchas personas no ven ventajas en formar parte del sistema de seguridad social, del sistema formal”, explica García Banchs. “Como operan en mercados negros, afecta a la distribución del ingreso para los países”.El especialista plantea además el problema del predominio de los oligopolios. “La distribución del ingreso no es como la de sus pares en los Estados Unidos o en Europa, donde el grado de competencia es mucho mayor y por tanto la distribución del ingreso es mejor”, asegura.García Banchs considera además que la región tiene una oportunidad de oro para reducir la brecha con las grandes potencias económica, gracias a los rápidos avances tecnológicos. Debe prepararse para aprovecharlos, incluyendo la formación de profesionales con un espíritu más emprendedor, en el sentido de que sean más dinámicos y capaces de adaptarse a cambios."La inteligencia artificial va a sustituir en buena parte del trabajo"“Hay una oportunidad fundamental en América Latina de hacer una convergencia rápida a través de la cuestión tecnológica, porque los cambios son muy bruscos y son a nivel global. La inteligencia artificial, la automatización, la digitalización y los algoritmos van a sustituir en buena parte del trabajo que hagan los profesionales. La productividad ya no será basada en la hora hombre, sino en la productividad de los algoritmos y de la automatización y, por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en la región es formar para el emprendimiento”, considera.El economista cree además que dichos avances tecnológicos bien aplicados se pueden facilitar el desarrollo sostenible al reducir el impacto de la producción. “No es lo mismo producir en el siglo XIX que producir en el siglo XXI. Se puede aumentar los niveles de ingreso per cápita y de productividad cada vez más apalancado sobre estas nuevas tecnologías con menores costes sobre el medio ambiente”, explica García Banchs.

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su plan nacional de seguridad para un país donde la violencia es más que visible en el día a día. Durante el Gobierno de su predecesor se registraron 190.000 asesinatos, cifra récord. Una semana después de asumir como nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó su Plan Nacional de Seguridad para combatir la violencia que gangrena al gigante latinoamericano. Durante el gobierno de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, se registraron 190.000 asesinatos, muchos de ellos vinculados al narcotráfico.“No va a regresar la guerra contra el narco. ¿Qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia”, dijo la mandataria durante su discurso de presentación. Para Gerardo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y de Seguridad Nacional en la Universidad de las Américas en Puebla, es posible derrotar al narcotráfico sin guerra, si se hace frente a una de sus grandes ventajas: la impunidad.“Prevención y ataque al lavado de activos, al lavado de dinero. Sin esas dos estrategias no se va a reducir la impunidad en el país. Me parece que es estratégico el que se busque atrapar, encarcelar a los que México llama generadores de violencia. Estos generadores de violencia son en su mayoría varones entre los 16 y los 35 años de edad, que son los sicarios de los cárteles de droga nacionales y locales. Por supuesto, no solamente es impunidad que no se castigue a los delincuentes, sino también es impunidad que los fiscales, que los jueces, que los gobernadores locales tengan pactos de impunidad con la delincuencia organizada. Eso tiene que acabar en México, si no, no se va a reducir la violencia”, asegura el profesor Rodríguez.Uno de los pilares del plan de la presidenta Sheinbaum es atajar la criminalidad en su raíz, reduciendo la desigualdad y la pobreza para evitar que los jóvenes opten por unirse a bandas criminales en busca de una mejor situación financiera. Una política que Gerardo Rodríguez considera adecuada pero imposible de aplicar en un único mandato de seis años porque “reducir la desigualdad es un trabajo de muy largo plazo. Tendría que incrementarse de manera sustancial beneficios sociales, salarios, distribución de la riqueza que hoy en día está en muy pocas manos. Lo que sí es indudable es que México tiene que apostarles a políticas de prevención de la violencia de largo plazo como estas, pero no veremos los resultados de manera inmediata”, advierte.  Sheinbaum apuesta además por un mejor uso de los servicios de inteligencia y por consolidar las labores de la Guardia Nacional, un cuerpo civil que en septiembre pasó a formar parte del Ejército. Una decisión no exenta de críticas, pero necesaria para el experto en seguridad nacional. “El Ejército mexicano es una institución muy sólida que le permitió al Gobierno anterior aumentar de 26.000 a 133.000 elementos de la Guardia Nacional. No había otra manera de poder crear una institución policial de México de corte nacional. México no tenía una policía nacional si no hubiera sido con el apoyo logístico, operacional, administrativo, de recursos humanos y financieros que tiene el Ejército”.Para Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, un centro que ayuda a mejorar las políticas públicas, era necesario militarizar la Guardia Nacional. “La continuidad de la militarización iba a ocurrir con Claudia Sheinbaum o con Xóchitl Gálvez o con cualquiera que ganara la presidencia, porque en los últimos seis años ha habido un proceso de desmantelamiento institucional de las instituciones de seguridad pública a nivel local. Hoy tenemos menos recursos, por ejemplo, en materia de prevención social y desarrollo policial para los estados y los municipios. En otras palabras, no había de otra, más que recurrir a la Guardia Nacional”, asegura Vargas.También recuerda que hay trabajo por hacer, que “es necesario continuar profesionalizando, continuar fortaleciendo la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Pero lo que uno esperaría como diferenciador de la estrategia de Claudia Sheinbaum es que se plantearan mecanismos de coordinación y articulación mucho más precisos con las instituciones locales, sobre todo, que se definiera claramente cuando las fuerzas Armadas pueden intervenir en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado”, puntualiza.

Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El balance anterior era de 263, lo que implica que 15 periodistas se exiliaron en el trimestre julio-septiembre, según la FLED, que opera desde Costa Rica. Al menos 278 periodistas se vieron forzados a marcharse de Nicaragua en los últimos seis años para escapar de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado este lunes por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)."La cifra de periodistas exiliados es de aproximadamente 278 entre personas periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación", dijo la ONG en un informe trimestral sobre la libertad de prensa en el país centroamericano.Wendy Quintero, abogada, periodista e integrante de la asociación periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua está exiliada en Costa Rica y relata para RFI: "Desde 2007 comenzó una sistemática censura contra la prensa independiente. Se ha roto concretamente el estado de Derecho y obviamente ha habido una represión que no solamente ha tenido por resultado la muerte de muchísimas personas, sino también que muchísimas personas hemos tenido que salir en un desplazamiento forzado. Es el caso particular de los periodistas". La ONG, que forma parte de la red regional en defensa de la prensa Voces del Sur, señaló que julio, mes del aniversario del triunfo de la revolución sandinista de 1979, "marcó un periodo particularmente difícil para los periodistas en Nicaragua". Agregó que ese mes los comunicadores "enfrentaron un alarmante aumento de asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos" e indicó que desde entonces está "en condición de desaparición forzada" la periodista Fabiola Tercero.58 medios hayan tenido que cerrar. "Algunos han sido cerrados por el propio régimen Ortega Murillo y otros han tenido que autocensurarse o cerrar completamente"  explica en RFI Wendy Quintero. La ONG criticó la reforma a la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.La represión aumentó en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.Ortega, un exguerrillero que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución y volvió al poder en 2007, asegura que las manifestaciones de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

El resultado de la primera vuelta de las elecciones municipales de Brasil confirmó el escenario perfilado en las principales encuestas desde hace semanas: la derecha y centroderecha avanzan y, al mismo tiempo, disminuye la polarización que marcó las elecciones presidenciales de 2022. Además, queda reforzada la tendencia a favor de la continuidad en la política.  Las elecciones municipales de Brasil del domingo 6 de octubre revelaron un escenario nacional de menor polarización y de apoyo a la continuidad. Y un claro ejemplo de ambos fenómenos es el caso de São Paulo, la capital económica de Brasil. El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, respaldado por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, buscará la reelección en segunda vuelta contra el diputado Guilherme Boulos, candidato apoyado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), irá a la segunda vuelta, en gran medida gracias al apoyo del aparato municipal y de su padrino político, el gobernador Tarcísio de Freitas.El profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, Pedro Vieira, ha analizado en la antena de RFI: "Lo que hubo acá fue una una estrategia de la derecha de transitar un poco para el centro. Lo que sí hubo fue una victoria, yo diría del centro derecha. La estrategia fue de de alejar un poco del extremismo de Jair Bolsonaro. Un caso concreto como el de Sao Paulo, podríamos tomarlo como ejemplo". El resultado del domingo tiene lugar después de la campaña electoral más turbulenta y polémica de los últimos años a causa del influencer Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB). Marçal pasó toda la campaña atacando y vilipendiando a todos sus adversarios e incluso recibió un sillazo del presentador televisivo y candidato a la Alcaldía Jose Luiz Datena. El hecho de que Pablo Marçal haya quedado fuera de la segunda vuelta es un alivio para la democracia, según analistas, pero también para el Tribunal Electoral. Pero, su amplio respaldo es una advertencia de que São Paulo casi avaló una candidatura que actualizó al bolsonarismo más radical, utilizando la mentira como método y la agresión como camino.Estos comicios sirven de termómetro para el futuro polìtico del país. "Lo que ocurre es que Lula ganó la las últimas elecciones porque hizo una gran alianza. Y eso es lo que tendrá que hacer en 2026. Porque sí es cierto es que el partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, sí disminuyó su el número de gobiernos municipales. O sea, que está, digamos así, de disminución de relevancia". dice Pedro Vieira de la Universidad Federal de Santa Catarina en RFI. Mientras, en Río de Janeiro, el alcalde Eduardo Paes del Partido Social Democrático (PSD) derrotó al bolsonarismo con el 60,47% de los votos y se consolida como uno de los políticos más votados de Brasil con su cuarto mandato.En total, 52 ciudades tendrán una segunda vuelta el próximo 27 de octubre. Entre ellas, destaca Belén de Pará, donde en 2025 se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30). Allí, el alcalde de izquierdas Edmilson Rodrigues, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), sufrió una derrota contundente. Era la primera vez que una formación de izquierda gobernaba una capital desde 2012.

Tras el ataque pandillero en una localidad situada a un centenar de kilómetros de Puerto Príncipe que ha dejado al menos 70 muertos, el excanciller haitiano Bocchit Edmond dijo a RFI que la comunidad internacional debe cumplir con las promesas de fondos que hizo, permitiendo así que las autoridades haitianas enfrenten a grupos criminales cuya capacidad de fuego es muy superior al de la policía.  En Haití, tras la masacre cometida por una pandilla el jueves pasado en Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite, al centro-norte del país, donde murieron 70 personas y otras 16 resultaron gravemente heridas, el gobierno denunció este acto como "de cobardía absoluta". Las autoridades han enviado refuerzos policiales a la zona, además de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.Los presuntos responsables de la masacre son miembros de la denominada “Gran Grif” (Grandes Garras), una pandilla que ha estado extorsionando a la población. Se sospecha que algunos conductores locales se negaron a pagar el peaje que esta pandilla había instalado en la carretera nacional.El ataque tuvo lugar en una localidad ubicada a poco más de un centenar de kilómetros de la capital haitiana, sin que las autoridades lograran contrarrestarlo. ¿Cómo es esto posible hoy en Haití? La respuesta de Bocchit Edmond, canciller de Haití entre 2018 y 2020:“La Policía Nacional, que es la única fuerza de seguridad en Haití, no tiene el control total del territorio. Cada vez que surge un nuevo grupo armado, su principal objetivo es expandir el terreno que controlan. Por eso, el gobierno haitiano solicitó ayuda a la comunidad internacional”, explica Edmond.Es cierto que sobre el terreno ha sido desplegada una misión multinacional, liderada por Kenia. Sin embargo, Edmond se muestra muy crítico respecto al rol que están desempeñando: “Realmente no han podido hacer nada”, sostiene.La ONU renovó a principios de mes la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, pero para Edmond, esto no es suficiente.“En este primer año no han llegado ni al 50% de operatividad. Perdimos más de seis meses porque hay problemas de financiamiento y de tropas. Muchos países han hecho promesas, pero todavía no las han cumplido. El costo se estimó en 600 millones de dólares, pero hasta ahora no tenemos ni siquiera 300 millones. No tenemos ni la mitad. Muchos países prometieron acompañamiento, técnicos, logística, pero aún no hemos recibido las fuerzas necesarias. Lo que necesitamos son apoyos militares. Necesitamos equipos y tropas para ayudar a la Policía Nacional a enfrentar a las pandillas, ya que estos grupos criminales están muy bien armados. Su poder de fuego es muy superior al de la Policía Nacional”, concluye.Estados Unidos y Naciones Unidas también han sancionado a un exdiputado, acusado de apoyar y armar a la pandilla Gran Grif.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que la fiscalía está ya investigando la muerte de seis migrantes esta semana en el estado de Chiapas, a manos del Ejército. Las asociaciones defensoras de derechos humanos culpan a la política de militarización de su predecesor Andrés Manuel López Obrador por actos de violencia que sufren extranjeros en la frontera. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que los seis migrantes asesinados por militares en Chiapas eran de nacionalidad egipcia, salvadoreña y peruana. También dijo que la Fiscalía General tenía elementos a su disposición y prometió justicia. “Van transitando vehículos. Supuestamente el Ejército les hace la señal para que se detengan. Los vehículos no se detienen y entonces el Ejército dispara. La  SEDENA (Secretaría del Ejército Nacional) habla de que el vehículo en el que se conducían estas personas era un vehículo ‘que suelen utilizar los grupos delictivos en la zona’. Entonces de lo que se sabe es que este ataque se da en un contexto de un traslado del vehículo con estas personas que hoy sabemos son migrantes ``, narra Eduardo Guerrero Lomelí,  abogado del área internacional del Centro Pro Derechos Humanos en México. Esta situación ocurre en un contexto de violencia en Chiapas, estado en el sur del país. Violencia provocada particularmente por la presencia de grupos criminales, explica el abogado Guerrero. “Con la participación de la Guardia Nacional, con la participación de la SEDENA y de la Marina en tareas de política migratoria, ha aumentado el número de denuncias de violaciones y de abusos que han cometido agentes castrenses en el marco de estas tareas migratorias, que son tareas que no les corresponden como agentes militares. Han realizado durante estos últimos años tareas de detención migratoria, control de aduanas, participación en patrullajes fronterizos”, denuncia. Esta semana la ONU alertó sobre el papel de los militares en la seguridad del país. La nueva presidenta replicó: “para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. En nuestro país no hay violaciones a los derechos humanos”.Para el abogado el área internacional del Centro Pro Derechos Humanos en México, lo ocurrido en Chiapas, el primer día del gobierno de  Sheinbaum, es “lamentablemente muy simbólico, porque inicia su sexenio con la reforma aprobada que lleva a adscribir la Guardia Nacional al Ejército, pues es justamente una demostración, insisto, muy simbólica, de cómo esta estrategia militarista de la seguridad pública puede derivar en este tipo de violaciones de derechos humanos”. 

El viceministro de Trabajo y de Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, solicitó asilo en Estados Unidos. El alto funcionario estaba en el cargo desde el 11 de enero de 2022. Aprovechó una reunión en México el 4 de septiembre para trasladarse hasta la frontera en Arizona. En los últimos tiempos, altos cargos cubanos han huido a Estados Unidos. Entrevistamos a Rolando Cartaya, director del proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. RFI: ¿Cómo consigue entrar en Estados Unidos Juan Carlos Santana Novoa? Parece que estaba en una reunión en México y aprovechó para irse a la frontera en Arizona. ¿Qué se sabe? Rolando Cartaya: Entró por la frontera. El gobierno de Estados Unidos tiene varias formas de hacer pasar a cubanos a su territorio. Una de ellas, que creo que fue la que él usó, es la llamada aplicación CBP One, que es para obtener una cita para pedir el asilo político. Entonces, de esa manera han entrado varios ex funcionarios, ex fiscales y ex jueces también. Anteriormente habían entrado por el éxodo desordenado que había a través de la frontera desde finales de 2021 hasta principios de 2023. Desde entonces lo hacen a través de esa aplicación, la CBP One, y también a través de un programa de visas ‘parole’ humanitarios (permiso de permanencia temporal por razones humanitarias) que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Según nuestro último cálculo, en agosto habían entrado 115 ex represores cubanos de un total de 1.015 represores cubanos que tenemos en la base de datos, alrededor de un 11% de esos represores habían entrado en los Estados Unidos en ese momento.RFI: Y siendo represores, ¿Estados Unidos les puede conceder el asilo?Rolando Cartaya: Lo que sucede es que, generalmente, estas personas mienten en sus formularios de inmigración. Hay un formulario de inmigración específicamente que es casi uno de los últimos que llenan las personas para cuando están pidiendo entrar a los Estados Unidos, que es el DS-260 y ese formulario de inmigración tiene preguntas muy específicas como por ejemplo preguntan si usted perteneció al Partido Comunista o estuvo vinculado a él, si perteneció a organizaciones paramilitares o militares, si persiguió a alguna persona por razones políticas, de raza o de religión, y si violó los derechos humanos. Muchos de ellos lo que han hecho es que mienten en ese caso y eso les permite entrar en Estados Unidos y esperar una cita con un juez de inmigración para su caso de asilo político.RFI: ¿Por qué está habiendo tanta gente, altos funcionarios con posiciones muy importantes en Cuba, como jueces, fiscales, jefes de prisiones, que huye a Estados Unidos? Rolando Cartaya: Hay quien dice que es porque la situación de Cuba es realmente apabullante, yo acabo de terminar un informe sobre protestas en Cuba en el mes pasado, en el mes de septiembre, y subió a 855 protestas y denuncias públicas, la mayoría son por los problemas relacionados con derechos económicos y sociales, como la alimentación o la vivienda, los servicios públicos, los apagones, la crisis con el agua, todo eso. Entonces, hay quien dice que es por eso, que después de haber reprimido en Cuba, incluso, por ejemplo, en el caso de los jueces y fiscales, de haber dictado sentencias larguísimas contra los manifestantes del 11 de julio del 2021, han llegado a los Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención que, antes, había que esperar por lo menos cinco años si uno estaba vinculado al Ministerio del Interior o al Partido Comunista para que el propio Gobierno de Cuba lo dejara ir. En este caso no, en este caso están pidiendo la baja, los dejan ir y lo hacen, generalmente por la vía de Nicaragua, que desde hace varios años eliminó la condición de visado para los cubanos. Ya en Nicaragua pasan a México y en México solicitan esta aplicación telefónica CBP One.RFI: Pero, ¿por qué tendría que irse de Cuba alguien como el viceministro Santana Novoa? Rolando Cartaya: Recientemente llegó el primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, Manuel Menéndez, y anteriormente, Misael Enamorado, que fue primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Pero además de eso, llegan ex jefes de prisiones, ex miembros de lo que se llama la sección de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga, Sección 21 de la Contrainteligencia. Han llegado, como usted sabe, jueces y fiscales. Llegó una fiscal, Melody González, que estuvo hasta pocos días antes dictando una sentencia de tres y cuatro años para unos muchachos del poblado de Calabazar de Sagua. Ya nosotros la teníamos en la base de datos de represores. Le denegaron el ‘parole’ humanitario y lo que hizo fue pedir asilo político. Ahora está en un centro de detención esperando esa cita del asilo político. Es muy extraño, como le digo, y hay quien lo explica por la terrible situación que tiene Cuba. Pero yo no las tengo todas conmigo en ese sentido. Son personas que es muy difícil que hayan tenido de la noche a la mañana una epifanía de que hasta ayer eran altos funcionarios del Partido Comunista y de que ahora piensan que no, que aquello es malo y que vienen a los Estados Unidos. Es realmente muy sospechoso desde mi punto de vista.RFI: ¿Por qué cree que lo hacen entonces? Rolando Cartaya: Yo creo que hay dos cosas. Una, estas personas están intentando cambiar la mentalidad del exilio cubano que sigue siendo anticastrista. La segunda es que pueden ser como agentes dormidos, que están aquí, que pueden, en algún momento servir a los verdaderos agentes y. Y también, como agentes de influencia. Usted sabe que la lucha eterna del Gobierno cubano es que le quiten el embargo, que no hay tal embargo porque Estados Unidos vende alimentos y medicinas a Cuba sin ningún tipo de restricciones. De hecho, los cubanos han estado comiendo pollo americano por mucho tiempo, pero ellos aspiran a que le quiten el embargo en el sentido de que les den créditos. Por el momento tienen que pagar por esas compras por adelantado y en efectivo. 

El presidente venezolano exhorta a 200.000 docentes a que vuelvan a ejercer su profesión, prometiendo créditos y subsidios. Sin embargo, representantes de los maestros explican que con un salario que oscila entre los 10 y 30 dólares mensuales son insuficientes para retornar. "Por amor a la profesión" ha pedido Nicolás Maduro que los maestros venezolanos vuelvan al oficio, admitiendo un déficit importante en el sector. Ofreció un plan para los docentes, pero desde el gremio responden denunciando que el salario es precario y el ausentismo aumenta"Tenemos más de 200 mil docentes en diversas actividades públicas, y les pido a todos los docentes, les hago un llamado por amor a la vocación que se vayan reincorporando a las aulas de clase...", clamó el mandatario al comenzar el año escolar 2024-2025. Lo dijo como parte de un plan de ocho puntos con el cual prometió programas de salud, viviendas, subsidios de transporte y alimentación y hasta créditos.Leer tambiénLa educación pública venezolana hace aguas por todas partesPero los maestros no le creen.Edgar Machado es el presidente del Sindicato de Maestros de Caracas y denuncia que sus salarios son entre 10 y 30 dólares mensuales, con un bono adicional de 90 sin incidencia salarial."Hemos tenido más de 930 días sin ajuste salarial. ¿Cómo van a estar dándole créditos a los docentes, si no van a tener cómo pagar? ¿Quién va a ir a las aulas de clase después de jubilarse con estos sueldos de hambre?", se pregunta Machado.La mirada del hambreLa Federación Venezolana de Maestros no quiere promesas sino firma de convenios y cancelación de deudas acumuladas en un lustro, mientras en las aulas los docentes exponen la crisis"Cuando antes nosotros llegábamos a las escuelas (veíamos) a aquel me está mirando mucho, esos niños que tienen la mirada fija tienen hambre, entonces tú sacabas para comprarle una arepa. Hoy compartimos el hambre con los muchachos", explica una maestra a RFI.El inicio del año escolar no solo mostró una carencia de 40% de maestros, según cifras gremiales, sino una creciente deserción de alumnos. En 2022 el gobierno afirmaba que en Venezuela más de 8 millones de niños acudían a la escuela. En 2024, la cifra dada por el ministro de Educación Héctor Rodríguez muestra una gran brecha."Son más de 5 millones y medios de muchachos, muchachas, niños y niñas que están regresando hoy a la escuela desde el preescolar, la escuela y el liceo, en todo el país", aseguró.Quienes sí vayan a la escuela tendrán otro problema: la infraestructura es precaria. El gobierno afirma que ha remozado más de 8 mil planteles, en un país donde no se construye una escuela nueva desde hace más de 10 años. Otros 500 serán reparados, dijo el ministro, pero Edgar Machado del Sindicato de Maestros de Caracas apunta una consecuencia."Ellos empezaron a traer material la semana pasada a varias unidades educativas y eso quiere decir que las actividades se van a suspender porque los niños no pueden estar en una institución donde estén pintando, poniendo mantos asfálticos a los techos", explica.

El presidente argentino se reunió con su homólogo de El Salvador en su primera visita oficial a Argentina desde su llegada a la Presidencia en 2019. Bukele luego fue recibido por Milei con un abrazo en el interior de la Casa Rosada. Milei ya participó el 1 de junio pasado de la ceremonia con que Bukele dio inicio a un segundo mandato. Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político del Salvador ha explicado en RFI esta sintonía. "Lo considero mi amigo y espero que seamos grandes aliados", dijo Nayib Bukele a la prensa respecto de su par argentino, Javier Milei, al terminar el gesto y en camino a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, donde se reunió con el argentino, con quien ha conversado de "muchas cosas importantes", como temas "de energía, comercio, seguridad".Al llegar a la sede del Ejecutivo, el salvadoreño saludó con su mano a los grupos simpatizantes apostados detrás de la reja que rodea al palacio. Bukele luego fue recibido por Milei con un abrazo en el interior de la Casa Rosada.Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político del Salvador, ha explicado en la antena de RFI esta sintonía entre ambos mandatarios: "Están compartiendo ideales, por un lado la seguridad y por otro lado la economía. ¿Qué le puede interesar a a Milei de Buekele? El tema de Seguridad Pública que inclusive la  Ministra de Justicia y de Seguridad argentina (Patricia Bullrich)  vino antes a El Salvador a conocer cómo son los procesos judiciales, cómo es el proceso de capturas hasta llevarlos a procesarlos y tener los delincuentes en el CECOT, el Centro de Confinamiento del terrorismo, la macrocárcel. Por su lado a Bukele, dado el discurso del segundo mandato cuando habló del "milagro económico" y , reconociendo que somos un país de renta media baja, un país muy limitado económicamente hablando. Entonces yo entiendo qué él está tratando de acaparar los conocimientos y las orientaciones que Milei puede darle en diversos campos".Se trata de la primera visita oficial de Bukele a Argentina desde su llegada a la Presidencia en 2019. El salvadoreño llegó el 26 de septiembre a Argentina, pero pasó el fin de semana en la Patagonia para desarrollar agenda privada. Milei y Bukele habían coincidido en Nueva York, donde brindaron su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el mismo día, el 24 de septiembre.Los presidentes sostuvieron un encuentro bilateral el 1 de junio, durante la visita de Milei a San Salvador con ocasión de la ceremonia de investidura para el segundo mandato consecutivo de Bukele (2024-2029).Mauricio Rodríguez, sociólogo y analista político, rechaza colocarles la etiqueta de políticos de derechas, pero explica que ambos tienen un frente común, una especie de frente anti Maduro. "Para mí tienen una agenda en común Milei y Bukele puesto que los ataques que vinieron de Venezuela han venido para estos dos países. Están como conjuntándose con buenas relaciones entre ellos y con otras personalidades como Elon Musk o Erik Prince, que también están en la agenda anti Maduro". Ambos mandatarios destacan por su discurso fuerte en contra del sistema político tradicional y han manifestado una postura crítica hacia ciertos organismos internacionales.

Los restos fueron hallados en julio pasado, pero fue a finales de septiembre cuando las autoridades uruguayas anunciaron haberlo identificado. Se trata de Luis Eduardo Arigón Castel, un militante comunista desaparecido durante la última dictadura militar en el país sudamericano, hace 47 años. Luis Eduardo estaba casado con Sara y era padre de dos hijas, Sabina y Estrella, que esperaron siempre su regreso. Entrevistada por RFI, Sabina reacciona cuando se identificaron los restos de su padre: “Me estremeció porque cada vez que aparece una persona, todos los que tenemos algún familiar nos provoca como una especie de terremoto.”Un terremoto que cierra 47 años de búsqueda desde ese 14 de junio de 1977 cuando miembros de las fuerzas conjuntas llegaron a la casa de Sabina:“Lo llevaron preso de su casa, de mi casa, donde vivíamos, en la madrugada lo vinieron a buscar un equipo de militares y de personas de civil; bueno, se lo llevaron y no dijeron a dónde lo llevaban. Mi madre les preguntó y le dijeron que iba a tener noticias y que quedaba a disposición de las fuerzas conjuntas y desde ese día hasta el día de hoy nunca más supimos nada.“Tuvimos digamos una información de lo que podía haber pasado con él cuando el presidente Batlle -estoy hablando acerca del año 2000-, cuando el presidente Batlle, el tercer presidente democrático, abre un poco la puerta para darle cabida a este tema y genera lo que lo que se llamó la comisión para la paz.”Arigón fue torturado y desaparecido; sus restos fueron hallados en Batallón 14 del ejército, cerca de Montevideo. Ricardo Perciballe, es el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad: “En este batallón en particular se encontraron cuatro y de esos cuatro dos pertenecen este año y el año anterior. Que era Amelia Sanjurjo, o sea Luis Eduardo Arigón y Amelia Sanjurjo, tienen una misma lógica, de enterramientos, porque ellos fueron víctimas, ambos del centro clandestino de detención y torturas, que se conoce como La Tablada y ambos fueron del año 77 y precisamente en ese centro clandestino hay más detenidos, no sólo en el 77, sino en el año 81 y 82.“Por eso, si nosotros podemos establecer un patrón de enterramiento, podemos primero afirmar que el Batallón de Infantería 14 se utilizó como centro clandestino. Eso está absolutamente acreditado porque cuatro hallazgos nos muestran éso; y segundo,  que nos permitiría establecer la lógica de enterramiento de aquellas personas que desaparecieron en ese centro clandestino de la Tablada. Y en ese centro restan ubicar por lo menos a 5 personas más, por eso es una zona sensible que se está trabajando y es probable entonces que podamos encontrar otros cuerpos en ese lugar.”En Uruguay hay registros de 197 personas desaparecidas por el estado entre 1968 y 1985. Una buena parte de ellos fueron detenidos en Argentina en el marco del plan Cóndor. Hasta ahora se ha logrado identificar a una treintena, ocho de ellos encontrados en Uruguay.

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Este mes se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Se trata de uno de los casos más emblemáticos y que ha causado indignación mundial. “Nunca dejamos de buscar a los jóvenes” indicó el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y horas antes de esa declaración, el mandatario enviaba una carta a los padres de los desaparecidos explicando lo que había hecho su gobierno para esclarecer los hechos, adjuntando también el tercer y último informe de la comisión presidencial sobre este caso.Vidulfo Rosales es uno de los abogados de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y señaló que no tienen claridad sobre lo que se necesita para esclarecer el caso: “Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles probatorios que nos diga dónde estamos que faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso”. Sin rastroYa van 10 años desaparecidos y sin que se tengan rastros de los 43 jóvenes que viajaban a una manifestación en Ciudad de México, las investigaciones no avanzaron durante la presidencia de Peña Nieto, los dos primeros años de López Obrador fueron esperanzadores, pero todo se frenó cuando los militares comenzaron a ser relacionados con la investigación. “Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso, que el Ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido” indicó Rosales, quien además aseguró que “si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, sería muy difícil dar con el paradero y avanzar”. Cabe recordar que ocho militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, pero en mayo pasado fueron dejados en libertad provisional levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusarán incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el Ejército. Ahora, las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre esclarecer la desaparición de los normalistas. Rosales indicó que Sheinbaum ya se comprometió a que una vez que asuma el caso revisaría el expediente. “Podemos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas. Un diálogo donde se les considere, donde se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado y no se les vea como una disidencia política”. En agosto de 2022, la comisión de la verdad creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes afirmó que lo ocurrido en iguala, fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del Ejército. 

La Amazonía se encuentra en estado crítico. En menos de cuatro décadas, el pulmón del mundo perdió un área de bosques casi tan grande como Colombia, según un estudio de la red de monitoreo RAISG. Este gran ecosistema, vital para la humanidad y el planeta, experimenta una expansión “acelerada” de la minería, agricultura y ganadería.  La situación de la mayor selva tropical del planeta es "alarmante". Así lo señala el análisis del sistema MapBiomas Amazonas, que la Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada (RAISG) presentará esta semana. Entre 1985 y 2003, la deforestación destruyó un 12,5% de la cobertura vegetal de la región amazónica, un total de 88 millones de hectáreas.Esto se debe a una "transformación acelerada" del uso de los suelos, dice Sandra Ríos del Instituto del Bien Común de Perú, miembro de esta iniciativa. “Hemos visto un crecimiento enorme de lo que ha sido la minería. De 1985 hacia 2023 ha crecido en más de 1.000%. La agricultura, más de 500%, y hubo casi 300% de crecimiento en la ganadería”, explica.El año pasado fue el más devastador de las últimas dos décadas, con una pérdida de más de 3.8 millones de hectáreas. Esta superficie equivale a 190 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. La pérdida de estos bosques, claves para la regulación del clima, tiene graves consecuencias a nivel global. “Ya estamos viendo eventos extremos en toda la región, no solamente en la amazónica, es a nivel global. Tenemos sequías, por un lado, inundaciones por el otro. Los incendios se siguen multiplicando”, indica la experta.Leer tambiénLula admite que Brasil no estaba ‘100% preparado’ para enfrentar la actual ola de incendios forestalesDesde hace semanas, grandes extensiones arden en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina, favorecidos por la severa sequía. A su vez, algunos afluentes del río Amazonas registran sus niveles más bajos en décadas. Este fenómeno no solo destruye la biodiversidad, sino que amenaza la supervivencia de los 47 millones de personas que viven en sus riberas, principalmente, las poblaciones indígenas, “siendo las más afectadas y las que necesitan respuestas inmediatas a las emergencias climáticas, porque estas poblaciones locales han sido por años barreras a la deforestación en las áreas que ellos ocupan”, aduce.Para revertir esta situación, la especialista recomienda seguir trabajando por la conservación de estos ecosistemas, pero también por la recuperación y reforestación a nivel regional, sin dejar de lado las medidas de adaptación. No obstante, insiste en que esta tarea no solo debería recaer en los gobiernos de los países amazónicos, sino que “debería ser una agenda global que no solamente se plantee desde las políticas, sino desde la identificación de estrategias claves, pero que aterricen realmente en su implementación en el campo”.Y para la RAISG, la respuesta ha de ser urgente. De seguir esta tendencia, la red considera que la Amazonía iniciará en unos años un proceso irreversible hasta convertirse en sabanas o praderas.Leer tambiénLa falta de lluvias obliga a que Bogotá vuelva al racionamiento diario de agua por sectores

Esta semana los chilenos andan de fiesta nacional. El "Día de las Glorias del Ejército" es celebrado cada 19 de septiembre, y para esta ocasión por las calles marchan numerosas compañías de militares… Numerosas por ahora pero quizá llegue el día en que a sus filas le falten soldados. Un reporte de la ONU asegura que la tasa de nacimientos de Chile es la más baja de toda América, incluso por debajo de la de Japón. Los cálculos de los expertos estiman que actualmente la tasa de fecundidad mundial es de 2,3 nacimientos, y que podría descender a 2,1 hacia mediados de nuestro siglo.El caso de Chile está muy por debajo de esas cifras: 1,17 hijos por mujer según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿A qué se debe esto?“Yo creo que un factor diferenciador de Chile tiene que ver con un cambio, una transformación social y cultural muy profunda y muy rápida que se ha dado sobre todo en los últimos 20 años en particular”, analiza Marinella Mazzei, Subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. “Los niveles educativos femeninos y la incorporación femenina al mundo laboral también se han profundizado en los últimos años, y eso ha generado una modificación importante en las trayectoria en un contexto mucho más individualista, por decirlo de alguna forma”, subraya.Este cambio cultural liderado por las mujeres también está modificando la idea que los chilenos tiene sobre qué es una familia.“A diferencia de un pasado, el ser mujer hoy necesariamente está unido al ser madre, y tampoco el ser familia, tampoco necesariamente estar unido a ser una familia con hijos, y eso es un cambio cultural profundo que se está dando en todas partes del mundo. Pero en Chile había una mirada un poco más conservadora y eso ha cambiado muy rápidamente para las nuevas generaciones”, estima Mazzei. A estas explicaciones se le suma el factor económico, concretamente el inestable panorama laboral del siglo XXI que contrasta con los años gloriosos del pasado.“De percibir que posiblemente no tengo un salario tan alto, de que posiblemente mi situación laboral no es tan estable… Las trayectorias laborales son mucho más inestables hoy que la que vivieron, por ejemplo, nuestros padres en algún sentido, y eso afecta la decisión de tener hijos en Chile y en otras partes del mundo. Fíjate que son los mismos comentarios que uno escucha en Chile respecto de lo que se escucha en jóvenes asiáticos, en jóvenes de países europeos como Francia, por ejemplo”, subraya. Marinella Mazzei también resaltó que la edad se impone como el reloj biológico que marca la mejor hora para tener hijos, especialmente para las mujeres. 

Tras suspender el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno colombiano aseguró que solo “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz” por parte de esa guerrilla podría recuperar las negociaciones. Esto después que el grupo armado perpetrara un ataque a una base militar en el departamento de Arauca, hiriendo a 29 soldados y matando a otros dos. RFI habló con Vera Grabe, jefa de la delegación negociadora del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN. El atentado en la base militar perpetrado por el ELN en 17 de septiembre se suma a seis voladuras contra dos oleoductos, un ataque contra un puesto de policía en Arauca y hostigamientos a la fuerza pública en, al menos, tres departamentos de Colombia.Leer tambiénGobierno colombiano suspende diálogos con el ELN tras ataque contra el ejércitoRFI: Hasta ahora, el Gobierno se mantenía en la posición de no levantarse de la mesa y de llamar reiteradamente al ELN al diálogo. Ahora manda el balón al campo de la guerrilla. ¿Qué tipo manifestaciones “inequívocas” del ELN se requieren para que ustedes regresen a la mesa de negociación?Vera Grabe: No lo podemos predefinir. No ponemos condiciones en ese sentido porque hay muchas manifestaciones, gestos, propuestas. Pero tienen que ser claras y tienen que aparecer. No podemos condicionar y decirles qué tienen que hacer porque eso, finalmente, es volver a la lógica del regateo que no es muy útil. Queremos una claridad sobre cuál es su voluntad frente a este proceso.RFI: Varios sectores comprometidos con la paz exhortan al gobierno y al ELN a continuar sentados en la Mesa porque una ruptura del diálogo no puede dejar sino más muertos.  Pero, también hay sectores con una mirada apocalíptica sobre este proceso que reclaman el fin de las negociaciones. ¿Con qué prisma ve usted una y otra opción?Vera Grabe: Mi postura personal y como responsable de este cargo es perseverar en la paz. Volver a la lógica de la guerra, como lo reclaman algunos sectores, es muy fácil decirlo. Pero hay que fijarse en lo que ha pasado en este tiempo sin cese al fuego: la espiral de violencia que se empieza a generar.Por eso, nuestra insistencia y, además haciendo caso exactamente a lo que dice la gente en territorio, a lo que manifiestan las organizaciones, las plataformas que están diciendo: “Diálogo ya, paremos la guerra, queremos la paz”. Eso también hay que escucharlo. No es solamente un tema entre el ELN y el Gobierno, sino también de la voz de la gente que vive en los territorios y que está cansada y  no está de acuerdo con recrudecer el conflicto. Pero, para ello, se requiere una verdadera voluntad de paz del ELN.RFI: Cada vez que se pone en peligro el diálogo de paz se habla de ello, pero muy pocas veces se habla de los avances en los 22 meses de negociaciones. ¿Qué es lo más importante logrado en el proceso?Vera Grabe: El solo hecho de haber cumplido un cese al fuego fue un éxito muy alto porque se redujo la violencia en los territorios. Lo otro es toda la dinámica de la participación que es  fundamental en ese proceso: la firma de un primer punto donde se recogen propuestas y la visión que tiene la sociedad sobre la participación. Es decir, la lógica de ir cumpliendo lo que se va acordando ha sido muy importante .También fueron muy importantes las dinámicas humanitarias que sean la solución para las personas privadas de libertad en aspectos humanitarios .Es decir, hay avances fundamentales. Además, este proceso tiene un peso específico. Aquí estamos negociando con la última guerrilla del continente y, en ese sentido, tiene un especial significado también esta negociación.

Claudia Sheinbaum tomará las riendas de la presidencia mexicana el 1° de octubre. Los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están marcados por un aumento de la violencia en el norte del país donde grupos criminales controlan varios pueblos y ciudades. El ejército tiene prohibido enfrentarlos por orden del presidente. ¿Sheinbaum continuará la estrategia de seguridad de su predecesor? “¡Abrazos, no balazos!”. Son tres palabras que Andrés Manuel López Obrador ha repetido durante todo su sexenio y que resumen, según él, su política de seguridad.Para combatir el crimen organizado creó la Guardia Nacional, un cuerpo de élite en el que participan militares con funciones muy similares a la de los policías, pero que actualmente no pueden intervenir en el norteño estado de Sinaloa, las tierras del Chapo Guzmán, controlado por grupos criminales desde el 9 de septiembre.Se cuentan desde entonces 30 civiles y dos militares muertos.Leer tambiénNueva jornada de violencia en Sinaloa, México, en enfrentamientos del narco“Ha faltado en su sexenio y desde hace varios sexenios el fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública local, es decir, darles proyección, sentido, consistencia a las policías municipales y estatales”, afirma a RFI Javier Oliva, académico de la UNAM y experto en seguridad.Explica que a la policía local no se le ha dado “capacidades disuasivas y de contención del delito”. Esto se ha evidenciado con la creación de la Guardia Nacional: “tiene 150.000 elementos, pero hay 422.000 policías locales, es decir cuatro veces más”.“El enfoque ha sido un tanto desigual en cuanto a la seguridad en los municipios por principio de cuentas”, asegura Oliva.La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la estrategia de Obrador de no entrar en conflicto con los criminales en el estado de Sinaloa. Según sus palabras, esto generaría una guerra.El experto apunta que esto no significa forzosamente que Sheinbaum continuará la estrategia de Obrador. “A la Secretaría de Seguridad Pública llega alguien que conoce el tema. Omar García Harfuch viene desde la policía federal, o sea, es un policía profesional. Me parece que no va a haber esta propensión a improvisar. Es una cuestión importante a considerar”, dice Javier Oliva.

Una comisión de la ONU denunció este martes una "intensificación del aparato represivo" en Venezuela en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro, con violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes contra la humanidad, para "silenciar" a la oposición. Tras entrevistar a casi 400 personas y consultar decenas de documentos, el comité de expertos de la ONU afirma que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra civiles para silenciar a la población. Según fuentes oficiales, las protestas ya han dejado 27 muertos, casi 200 heridos y 2.400 detenidos.Unas cifras que Beatriz Borges, directora de la oenegé venezolana por los derechos humanos CEPAZ, considera inexactos. “Las organizaciones siguen documentando los casos de detenciones arbitrarias que no se reportan oficialmente. Y justamente ahí se ve que el número real de detenidos es diferente al que expresan las cifras oficiales”, asegura.El grupo de expertos afirma que las autoridades venezolanas detuvieron al menos 158 niños entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Un fenómeno nuevo y que los expertos de derechos humanos califican de preocupante por ser “una población clave para el cambio social”.La ONU lleva vigilando la situación en el país suramericano desde 2019. Ahora, no solo confirma que el Gobierno de Venezuela lleva todos estos años atentando contra los derechos fundamentales de la población, sino que los ha intensificado, según evidencia el informe.Para la Borges, la comunidad internacional debe dar “una respuesta firme y coordinada que esté centrada en los derechos humanos y que justamente llame al alto de la represión. Llame al alto del cierre del espacio cívico y que no puede permanecer indiferente ante las pruebas claras y contundentes de cómo el gobierno venezolano usa la represión sistemática y generalizada para mantenerse en el poder”.

Indígenas bolivianos afines al expresidente Evo Morales arrancan este martes una manifestación a la capital contra el gobierno, la crisis económica y para evitar la supuesta proscripción del MAS, el Moviemiento al Socialismo liderado por Morales. El actual mandatario, Luis Arce,  acusó a su predecesor de fraguar una estrategia para dar un golpe de Estado. Antiguos aliados y ahora rivales, ambos se enfrentan por el liderazgo en el oficialismo y por la postulación a la presidencia.  Mientras que cerca de 10.000 indígenas del altiplano boliviano manifiestan este lunes en contra del gobierno del presidente Luis Arce, el expresidente de ese país, Evo Morales, participa este martes en una marcha nacional en la que le exige al Gobierno, entre otras cosas, la inmediata solución al desabastecimiento de combustible, así como a la carencia de dólares.Para el politólogo Marcelo Silva, el expresidente Morales busca por un lado que “el Tribunal Electoral reconozca un congreso del partido que ha elegido a Morales como jefe del Movimiento Al Socialismo, pero, por otro lado, a la habilitación plena de la candidatura de Morales. Paralelo a ello, indudablemente se gesta el discurso de tener una marcha de descontento ante, indudablemente, las deficiencias de la gestión del presidente Arce”.Para algunos es una estrategia de Morales para “tratar de agrupar a otros sectores que están sintiendo estos efectos para que la movilización crezca, para que la movilización se vuelva una bola de nieve que sea incontrolable para el gobierno. Ese es el plan de Morales, definitivamente”, asegura el politólogo Silva.“Creo que solamente el discurso de ser habilitado o de ser jefe del MAS, es insuficiente para convocar a la población en general a una movilización de escala mayor que vaya a incomodar al gobierno. Pero muy diferente es de que ante esta situación se sumen otros pedidos que puedan coincidir además con otros sectores que tienen las demandas fundamentalmente económicas, ante el gobierno”, añade Silva.Las manifestaciones se dan en medio de un fraccionamiento en el Movimiento Al Socialismo, una pugna entre Morales y Arce rumbo a las elecciones generales de 2025, por lo que silva considera que “está llegando el momento de definir quién va a ser el candidato del MAS y quién se va a quedar con el partido o por lo menos con la dirección del partido. Por un lado, Luis Arce intentará mantenerse en el gobierno, mantener el poder, tratar de conseguir la personería del MAS, creo que, por la vía institucional, por la vía gubernamental, mientras que Morales entiende que eso no es posible por esa vía. Por lo tanto, está utilizando la calle, la carretera, el bloqueo, la movilización, que indudablemente será su elemento central para presionar al Gobierno una posible habilitación como candidato para las próximas elecciones”.

El estado de emergencia impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha agravado la libertad de prensa en El Salvador, así lo indican el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) luego de realizar una visita al país. Carlos Lauría, Director ejecutivo de la SIP, quien hizo parte de la misión, indica que el Gobierno de Nayib Bukele restringe el acceso a la información pública y los periodistas son víctimas de intimidaciones.“Los periodistas con los que hablamos denuncian una escalada y una estigmatización en el señalamiento, el acoso por parte de funcionarios, incluso de diputados oficialistas”, asegura Lauría.El Director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa también denuncia que hay periodistas que fueron forzados a salir del país. “Y esto de manera temporal y también permanente debido a la persecución de los periodistas y también pudimos comprobar que las tácticas de intimidación incluyen auditorías financieras, manipulación de la publicidad oficial y la existencia de troles para hostigar a periodistas críticos y ampliar la propaganda oficial”, agrega.  Estigmatización, acoso y amenazas por parte de figuras del Gobierno contra los trabajadores de la prensa, constataron las dos organizaciones según Lauría, quien además lamentó que muchos han preferido dejar de ser periodistas.El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, negó que exista una persecución a la prensa en el país. Pero ambas organizaciones aseguran haber verificado los hechos y lamentan que desde la implementación del estado de emergencia, se haya creado un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo.

Miles de seguidores del expresidente Alberto Fujimori desfilaron este jueves frente a su féretro, expresando su reconocimiento al 'héroe de la paz' y minimizando las violaciones de los derechos humanos que lo llevaron a la cárcel. 'Aunque les arda, Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú', dice uno de ellos. Informe de nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega. Decenas de simpatizantes fujimoristas hacen fila esperando ver el féretro con los restos del exdictador, mientras entonan: "Fujimori presidente, costa, sierra y selva".También se encuentran ahí excongresistas y exfuncionarios de su régimen. Todos ellos se congregaron en el Museo de la Nación y en el Ministerio de Cultura para el velatorio del expresidente que gobernó autoritariamente Perú entre 1990 y 2000. Alberto Fujimori falleció el miércoles a los 86 años. Los actos por su velorio se prolongarán hasta el sábado, cuando será enterrado.Luis Herrera es uno de los primeros en llegar a la fila para ver el cuerpo del expresidente. "Aunque les arda a los opositores, a los terroristas y a los caviares, Fujimori ha sido para mí el mejor presidente del Perú. Hizo buenas obras. Tal vez cometió errores, pero su balance es muy favorable, más favorable que desfavorable", afirma Herrera.Juan Roberto Castillo es simpatizante del fujimorismo desde la época del gobierno de Alberto Fujimori. "Fue el mejor presidente. Reintegró la economía nacional y combatió el terrorismo", dice.Nancy también es simpatizante del fujimorismo desde hace muchos años. "Quiero mucho a este hombre. Fujimori nos dio la paz y la estabilidad económica, y derrotó al terrorismo", dice mientras otros fujimoristas entonan: "Alberto Fujimori, héroe de la paz".Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, pero sus simpatizantes niegan esos cargos, a pesar de las múltiples pruebas con las que fue condenado por la Corte Suprema.'Todo gobierno es corrupto'Eddy se muestra escéptico sobre los cargos que pesan sobre el expresidente peruano: "Muchos de los cargos que se le imputaron han sido falsos. En una guerra hay buenos y malos. ¿Qué podemos hacer? A veces hay inocentes", sostiene Eddy, mientras otros fujimoristas acusan a "los enemigos" del expresidente, quienes, según ellos, "han estado al mando de la justicia y se inventaron" esos cargos.Sobre las violaciones a los derechos humanos y la corrupción por las que fue sentenciado Fujimori, otro de sus seguidores, Francisco García, dice: "Él atacó el terrorismo y, desgraciadamente, eso tiene consecuencias. En esta lucha también caen personas inocentes. Desgraciadamente, esa es la realidad. En cuanto a la corrupción, todo gobierno lo es", afirma.La presidenta Dina Boluarte estuvo en el velorio y se unió en un fuerte y prolongado abrazo con Keiko Fujimori, hija y heredera política del autócrata fallecido.

En entrevista con RFI Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Denver, se muestra escéptico sobre el impacto que puedan tener las sanciones decretadas por Washington contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos, Caryslia Beatriz, presidenta del Tribunal Supremo, pero que dejan por fuera el sector petrolero.  Dieciséis funcionarios del gobierno venezolano se han agregado a la larga lista de sancionados por Estados Unidos. Las sanciones son una medida de presión de Washington que exige a Maduro rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos y por obstruir las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Washington considera esas elecciones fraudulentas. Este jueves, medio centenar de países y la Unión Europea, en bloque, pidieron en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen de inmediato los resultados.Las sanciones incluyen la congelación de activos individuales. Su impacto, sin embargo, es mínimo, según Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Denver y quien investiga sobre este tipo de sanciones."La política de sanciones no tiene impacto. Ya se ha utilizado muy fuertemente contra Venezuela. La administración Trump impuso una serie de sanciones que denominó de 'máxima presión'. Parte del concepto de un máximo es que, si maximizas la presión, la llevas a su límite, entonces no la puedes aumentar más. Recordemos que hay dos tipos de sanciones que impone Estados Unidos: las económicas y las personales. Estas sanciones son sanciones personales, sanciones a funcionarios", explica Rodríguez.En efecto, la industria petrolera venezolana, que se considera uno de los principales pilares financieros del gobierno, ha estado bajo sanciones desde 2019. Hubo una pausa parcial durante seis meses, pero luego las medidas se reanudaron, considerando que el mandatario Nicolás Maduro había incumplido sus promesas electorales. Sin embargo, Estados Unidos otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom. Según Francisco Rodríguez, Washington actúa con cautela en este frente por temor a agravar la crisis económica y, en consecuencia, aumentar la ola migratoria."Las sanciones económicas al sector petrolero, por ejemplo, pueden tener un mayor impacto sobre la economía, pero también son peligrosas porque tienen un efecto colateral sobre aquellos venezolanos que no forman parte del régimen".Para Rodríguez, es muy difícil que el gobierno de Maduro ceda a este tipo de presiones. "La idea de las sanciones es crear incentivos para que el otro negocie. Pero, usualmente, en este tipo de regímenes, los dictadores no entregan el poder mediante una negociación", concluye Rodríguez.Tras el anuncio, Venezuela calificó las sanciones como un "acto grosero que busca congraciarse con quienes quieren derrocar sin éxito la democracia bolivariana".

México está a punto de convertirse en el primer país del mundo donde se elija por voto popular a todos sus jueces. Tras ser aprobado por Cámara y Senado, la polémica reforma al poder judicial debe ahora conseguir el aval de 17 de los 32 estados federales y Oaxaca fue el primero en dar luz verde. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el próximo 1° de octubre, pero justo antes de irse impulsó la reforma al poder judicial que ha resultado polémica por puntos como permitir la elección popular de todos los jueces del país, algo que no se práctica en ningún lugar.  "Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia", dijo López Obrador, a quien la Corte Suprema le ha bloqueado reformas que por ejemplo, ampliaban la participación del Estado en el sector energético o dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.Leer también¿Por qué la reforma de López Obrador amenaza la independencia judicial en México?Tras aprobación en Cámara y Senado dicho proyecto, que ha enfrentado numerosas manifestaciones, avanza en los Estados Federales y Oaxaca fue el primero en dar su aval. El diputado de este estado del sur de México, Horacio Sosa, quien pertenece al partido oficialista Morena, defiende que la reforma acabaría con la corrupción.“Cuando la ley nos dice que tiene que ser expedita, pues la justicia es muy tortuosa. Hay juicios que tardan años, en los que los magistrados no atienden porque la gente del pueblo no tiene los recursos suficientes. Desgraciadamente, todo es dinero y se presta a la corrupción; solamente si das dinero, te atienden”, asegura.Una de las críticas a esta reforma es que acabaría con la división de poderes, y que se perdería la garantía de la carrera por méritos de los jueces, pero el diputado Sosa no opina lo mismo.Leer tambiénLa reforma judicial en México busca la concentración del poder“Anteriormente [la Justicia] era como un partido político que construía su teatro en el que gente con doctorados nos vendían en los medios de comunicación y nos hacían creer, como una novela, que ellos eran los buenos y los que iban a impartir la justicia. Y nos llevamos muchos fiascos. Hoy creemos que eso tiene que cambiar. Aquí, en los pueblos de Oaxaca, la gente tiene experiencia, ya no la podemos engañar. Porque hay gente que tiene doctorados y maestrías y de nada ha servido. O sí, para defender los intereses de unos pocos”. Algunos magistrados mexicanos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales, en un país donde se registran 80 homicidios, 100.000 desaparecidos y el 90% de los casos quedan en la impunidad.

RFI pudo conversar con uno de ellos, Jason Salazar, activista político detenido en 2023, que dice sentirse "desterrado" y "golpeado". La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega. La ONU denunció una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados.  Nicaragua revocó este martes la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza. La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas de 2018, según la ONU. Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados", según un comunicado.RFI pudo conversar con uno de los 135, Jason Salazar, activista político detenido en 2023, que dice sentirse "desterrado" y "golpeado" y señaló en nuestra antena: "El destierro es una medida que Ortega y Murillo aplican para los nicaragüenses. Después de 18 meses en los que estuve encerrado en los calabozos del régimen, forzadamente me veo salir al exilio, al destierro, y con la noticia de que según la dictadura ya no somos ciudadanos nicaragüenses. Pero el "ser nicaragüense" es algo que no nos pueden arrebatar". Ahora Salazar y otros compañeros tienen que adecuarse a una nueva vida, en algunos casos sólo por haberse expresado en contra del gobierno. "Nos encontramos en un proceso de reasentamiento. Estamos intentando buscar la mejor manera para resolver nuestra situación migratoria en Guatemala. Hay muchos compañeros que estuvieron presos, y ahora quieren viajar y estamos en ese proceso". La ONU denunció este martes una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger". El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados. Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados. "La comunidad internacional todavía no entiende el tipo de régimen con el que se está lidiando, no es una dictadura al uso" explica en RFI Manuel Orozco, responsable del programa de migración de la organización Diálogo interamericano. Orozco habla de "purgas" constantes cada tres meses que van reseteando el régimen. Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense pidió a Ortega que no los despojara de la nacionalidad nicaragüense, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.

El exoficial argentino Carlos Malatto, procesado por un tribunal penal en Roma por el asesinato y desaparición de ocho opositores durante la dictadura cívico-militar, exigió este 9 de septiembre ser juzgado por la justicia militar italiana. La dictadura argentina duró de 1976 a 1983 y las organizaciones de derechos humanos calculan que murieron o desaparecieron alrededor de 30.000 personas. Actualmente, un tribunal de Roma procesa al ex oficial argentino Carlos Malatto, acusado del asesinato y desaparición de ocho opositores.En un intento de retrasar el caso, la defensa ha pedido que sea juzgado por la justicia militar italiana. Algo fuera de lo habitual, explica Jorge Ithurburu, portavoz de la Asociación de Víctimas del 24 de marzo y parte de la acusación: “Nosotros, en los juicios que hicimos contra distintos generales como Suárez Mason y Riveros en 1999-2000, siempre lo hicimos ante la justicia civil. El fiscal también lo precisó. O sea, estos son delitos comunes por lo que los juzga la justicia común”.Conexiones políticasEn 2011, la justicia argentina pidió la extradición de Malatto, pero en 2014 fue rechazada por la Corte Suprema de Casación. Según Ithurburu, las conexiones políticas del militar tomaron cartas en el asunto.“La conexión entre los diputados y senadores que fueron a ver recientemente a los detenidos en la cárcel de Ezeiza, la hizo un sacerdote de apellido Olivera, que es el hijo del mayor Jorge Olivera, que prestaba servicio con Malatto. Entre Villarruel, Olivera y Malatto hay una relación, como hubo una relación antes entre su abogado, Augusto Sinagra, con los grupos neofascistas argentinos que lograron liberarlo a Olivera en el año 2000 aquí en Italia”, subraya.Más de 90 personasCarlos Malatto fue parte del “estado mayor operativo” de un regimiento conocido como RIM 22. Ithurburu asegura que, durante este episodio de su vida, el militar argentino cometió muchos más crímenes contra los derechos humanos.“El juez Rago Gallo pedía a Malatto en este pedido de extradición por 26 homicidios. Además de los homicidios, están otras 30 o 40 personas que fueron secuestradas, torturadas por Malatto y enviadas a la cárcel, donde cumplieron varios años de cárcel sin ningún juicio. También debemos considerar alrededor de unas 30 personas que fueron en distintos momentos secuestradas, llevadas al RIM 22 o a la cárcel de Chimbas, allí torturadas y después de algunas semanas liberadas. Por lo que las víctimas del teniente coronel Malatto superan las 90 personas”, indica Ithurburu.Entre las ocho víctimas por las que es procesado Malatto en este juicio en Italia están Carlos Cámpora, quien fuera rector de la Universidad Provincial de Sarmiento, y la modelo francoargentina Marie Anne Erize.

Kamala Harris y Joe Biden participaron juntos el lunes 2 de septiembre en un acto de campaña en Pensilvania, un estado con potencial para inclinar la elección presidencial. El dúo demócrata se reunió con sindicalistas en una jornada centrada en la defensa de las clases medias y trabajadoras. A 60 días de la elección presidencial, el volátil estado de Pensilvania es uno de los territorios donde los resultados se anuncian más reñidos. Este estado del cinturón manufacturero, al noreste del país, será clave para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre.No es casualidad que la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, ataque la recta final de su campaña en Pensilvania, estado caracterizado por la desindustrialización, el lunes 2 de septiembre, el día de la fiesta estadounidense del trabajo, el Labor Day. Convencer a las clases trabajadoras Para Mauricio Tenorio, experto en políticas de la Universidad de Chicago, Harris hace frente a un gran reto, convencer de nuevo al electorado que apoyó a Biden en 2020 y dio la espalda a Clinton en 2016: “Hillary Clinton, en Pennsylvania, es donde empezó a hablar de los ‘deplorables’. Esa clase obrera afectada por todo el proceso de industrialización y globalización a partir de la década de los 90. Hay que tener mucho cuidado con ella. No puede llegar con el mismo desprecio que llevaba Hillary”.Harris, junto al actual presidente Joe Biden, intentó mostrarse favorable a los sindicatos y a los trabajadores, pero la situación actual es muy distinta a la que conoció el estado en el siglo 20. “Imaginarse que la clase obrera latina va a poder vivir como vivían en los años sesenta, con salarios seguros, sindicato, es un poco demagógico”, según el experto de la Universidad de Chicago. Para ello, tanto Harris como Trump han prometido detener venta de la siderúrgica US Steel a la empresa japonesa Nippon Steel por 14 000 millones de dólares. Un símbolo que ambos candidatos tienen claro que puede convencer al electorado, a pesar de que el bloqueo podría conllevar el despido de miles de empleados. “Claro que es un símbolo muy importante, que una compañía que tiene muchos empleados no sea comprada por el extranjero”, explica Mauricio Tenorio. Leer tambiénEl crucial apoyo de la comunidad afroamericana a Kamala HarrisContinuar la reindustrialización iniciada por BidenKamala Harris también espera beneficiarse de los grandes proyectos de reindustrialización lanzados por el presidente Joe Biden, de la popularidad de su candidato a vicepresidente, Tim Walz, y de sus orígenes raciales para lograr la victoria en Pensilvania. Para Mauricio Tenorio, la dinámica creada por la candidata es, por el momento, positiva: “Antes de que Harris fuera nombrada, las encuestas nacionales decían que Trump estaba cinco o seis puntos arriba y en las encuestas locales también estaba arriba en Pennsylvania. Y ahora las encuestas dicen que Kamala está, según unas, tres puntos arriba en Pennsylvania y en otras, empatada. Entonces, si le está yendo mucho mejor.”Los resultados de la visita de Kamala Harris a Pensilvania quedarán visibles tras el debate del próximo 10 de septiembre con Donald Trump, que tendrá lugar en Filadelfia y será retransmitido por la cadena ABC.

El gobierno de Gustavo Petro lidia con las peores manifestaciones de su mandato, a una semana del inicio de las manifestaciones contra el alza del precio del diésel. Mientras siguen los bloqueos en las más grandes ciudades colombianas, los ciudadanos deben arreglárselas para movilizarse. A pie, en bicicleta, en moto-taxis o en volquetas, los residentes de las afueras de Bogotá han creado todo tipo de estrategias para llegar a sus trabajos o a sus casas luego de la jornada laboral, ante los bloqueos de los camiones.Herney Daza llega hasta donde le permite avanzar el sistema de transporte público Transmilenio, por la troncal de la Avenida Caracas: “De aquí a la casa estoy como a hora y media”.  Oficiales antidisturbios recibieron la orden de desalojar los camiones, después de cuatro días de parálisis intermitente, en vías principales de Bogotá, y otras grandes ciudades de Colombia como Bucaramanga, Cali y Medellín.El alza del diésel, una medida “injusta” para los camioneros Los conductores de camión ya completan una semana en paro, y pese a los desalojos en algunas vías, nuevos bloqueos aparecen en las entradas y salidas de las más grandes ciudades colombianas. El gobierno del izquierdista Gustavo Petro no ha logrado un acuerdo con los transportadores, luego de subir el precio del diésel 50 centavos de dólar este fin de semana. Una medida que el gobierno considera necesaria para llegar a precios internacionales, y que los camioneros creen injusta.Iván Gómez, camionero, justifica sus acciones, temiendo una subida de precio de los alimentos y desabastecimiento: “A todos nos perjudica. No solo yo, como transportador, sino a todo el pueblo, porque la canasta familiar se va a poner muy costosa”.El gobierno afirma que no puede seguir subsidiando el precio del combustible, y que este debe subir para tener paridad con el internacional. En las negociaciones, el gobierno ofreció bajar el incremento inicialmente previsto, de 50 a 20 centavos de dólar, hasta diciembre. “Hemos llegado hasta el límite del gobierno nacional”, afirmó Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior.Los ciudadanos hacen lo posible para movilizarse Ante los bloqueos, los ciudadanos intentan movilizarse como pueden. Como en el sur de Bogotá, una de las zonas más pobres de la capital, dónde decenas de personas tienen que hacer un gran esfuerzo físico para llegar a sus destinos.Las calles de la multitudinaria ciudad se ven más vacías que de costumbre. Los horarios laborales se extienden para calcular la demora en el transporte.  En algunas empresas, incluso, empiezan a implementar el teletrabajo.Leer tambiénCamioneros bloquean importantes rutas de Colombia en protesta por el aumento del diésel

Este miércoles 4 de septiembre, la Cámara de diputados de México, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría, aprobó la polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces. Por el momento, queda debatir varios artículos del proyecto en el Senado, pero ya está un paso más cerca de ser incorporada en la Constitución. La polémica reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lleva semanas en el foco mediático, ya que, tanto la oposición como parte de los trabajadores del poder judicial, afirman que supone un riesgo para la democracia.  El proyecto plantea que tanto jueces y magistrados, incluso de la Corte Suprema, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Juana Fuentes Velázquez, directora de la asociación nacional de jueces de distrito del poder judicial de México, considera que esta reforma amenaza la independencia judicial.  Ante esta situación, Velázquez asegura que piensan impugnarla, a pesar del debate mediático: “Existe la posibilidad que podamos impugnar, el tema aquí es que, como nosotros somos los involucrados en esa reforma, estamos en constante riesgo de que se califique nuestra actuación como una actuación parcial, ya que sería promovida por los jueces y magistrados y quienes tendrían que conocer serían los mismos jueces y magistrados o en su caso, la Suprema Corte”, explica. El presidente López Obrador impulsó la reforma tras denunciar que los jueces del máximo tribunal eran aliados de la oposición y recibían sueldos por encima de lo legal. Velázquez asegura que estas son acusaciones sin fundamento, y pone en entredicho la capacidad del proyecto judicial para acabar con la corrupción y la influencia de las bandas criminales.  “En el caso del Poder Judicial federal, es totalmente este falso lo que él ha dicho. Justamente él sabe que el el problema de corrupción empieza en los poderes locales y también en las fiscalías, y ellos no los están moviendo·, denuncia. Esto es, según Velázquez, porque son ellos mismos “los que obedecen los intereses de las personas que los nombran, en este caso del Ejecutivo”. Leer tambiénEl ABC de la reforma judicial que agita las aguas en MéxicoAún así, la jueza reconoce que el sistema judicial de México necesita una reforma integral para resolver problemas como la lentitud o la falta de acceso de la ciudadanía a la justucia. “Hace poco, la relatora de la ONU emitió también un requerimiento al presidente de la República, exponiendo cuál es el aspecto internacional, cómo ven ellos el incumplimiento de esos compromisos y cómo es que se puede dar una solución al problema de Justicia en un país como el nuestro”, asegura. Pero, insiste, “jamás se acepta que sea quitando a los jueces y magistrados federales”. La comunidad internacional también ha criticado el proyecto. Tanto Estados Unidos como Canadá temen que la reforma judicial ponga en peligro la democracia en el país y amenace las relaciones comerciales con México. 

En medio de un contexto de más de 250 % de inflación anual en Argentina, el presidente, Javier Milei, vetó un aumento del 8,1% a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Legislativo. La reforma buscaba paliar los efectos del ajuste fiscal impuesto por el Gobierno, que recayó en un 33 % sobre el sistema de jubilaciones y pensiones que beneficia a unos siete millones de personas. "¡Paso a paso se viene el jubilazo!", gritaban en algunas de las protestas de los últimos días, a pesar de las cuales los jubilados no han impedido que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetara la ley del Congreso para aumentar las jubilaciones. Milei se justificó argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal.Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, asegura que supone abandonar a este sector de la sociedad: "La persona mayor en Argentina tiene que optar todos los días entre comer o comprar un medicamento. En este universo de las personas mayores, desde hace muchos meses que se está viviendo una crisis humanitaria. Es decir, la situación en términos de lo económico y en cuanto a lo sanitario han generado no solo la pérdida de calidad de vida del sector, sino la pérdida de vidas en sí mismas". La nueva ley establecía un aumento del 8,1%, que las actualizaciones tuvieran en cuenta tanto la inflación como la evolución de los salarios y que la jubilación mínima no fuera inferior al 1,09% del valor de la canasta básica.Esto dejaba la jubilación mínima en tan solo 320 dólares, una cifra que no llega ni a la mitad del valor de la canasta básica, según la Defensoría de la Tercera Edad: "La pequeña reforma que plantea la ley sancionada se debatió durante siete meses y en estos siete meses se siguió licuando el haber del jubilado. Siguió perdiendo poder adquisitivo, por lo cual la pequeña recomposición de la cual habla la sanción es insignificante en términos de lo que representa el haber para los 5 millones de quienes perciben la mínima". Para Eugenio Semino, sin un cambio estructural es imposible ayudar al millón de jubilados que depende únicamente de esta prestación: "Lo que estamos requiriendo para ese sector es una inmediata ayuda en términos de emergencia con recursos de fuera de la Seguridad Social y, en paralelo, debatir entre todos los actores políticos sindicales de la sociedad, una reforma estructural del sistema de Seguridad Social". El Congreso puede revertir el veto presidencial, siempre y cuando la ley consiga el apoyo de dos tercios de ambas cámaras. 

Con el pretexto de un 'mejor acceso a la justicia', la reforma judicial que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene como objetivo la 'concentración del poder', sostiene José Andrés Sumano Rodríguez, profesor del Colegio de la Frontera Norte de México. Los jueces tendran que hacer campaña, lo cual comporta ciertos riesgos, explica Sumano.  Miles de estudiantes en México se manifestaron el fin de semana en rechazo a la reforma judicial propuesta por el gobierno, argumentando que podría comprometer la independencia del poder judicial. La iniciativa plantea que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, con la posibilidad de ratificación cada nueve años.Si bien el sistema judicial mexicano tiene fallas, José Andrés Sumano Rodríguez, profesor del Colegio de la Frontera Norte de México, se muestra escéptico sobre las soluciones que plantea la reforma judicial que impulsa AMLO."Sí, el sistema de justicia tiene fallas. Es un sistema lento. No es eficiente. Existen casos de corrupción, en particular en lo que corresponde a las fiscalías. Sin embargo, la propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador busca, bajo el paraguas de democratizar el sistema de justicia, la elección de jueces y ministros. Es decir, mandar a todos los jueces y magistrados a buscar el voto. Todos ellos tendrán que hacer campaña bajo la premisa de que, supuestamente, si son electos popularmente, serán más eficientes y menos corruptos. Esto, por supuesto, no es cierto. No hay evidencia de ello", dice a RFI José Andrés Sumano Rodríguez, profesor del Colegio de la Frontera Norte de México.Narcos podrían hacer elegir jueces afines¿Existe un riesgo de que narcotraficantes puedan participar también en estas campañas para hacer elegir jueces a su medida?"Sí, claro que hay un riesgo. Al final de cuentas, quien quiera aspirar a un puesto de elección popular tendrá que hacer campaña. Las campañas cuestan dinero y requieren de movilización de personas. En México, algunas de las estructuras con mayor capacidad económica y amplio dominio territorial son los grupos criminales. Esos grupos criminales, en el marco de las nuevas reglas que se están proponiendo, seguramente financiarán la elección de jueces y ministros afines a ellos", sostiene el profesor Sumano.Según él, de hecho, esta práctica ya existe y da como ejemplo el caso del cártel de Sinaloa, que "operó abiertamente en el proceso electoral. Los narcotraficantes podrían hacerlo en el caso de los jueces. Pero también podrían hacerlo grandes empresas", opina."Esta propuesta que plantea el presidente López Obrador favorece a varios grupos de poder. En cambio, si hay algo que está muy alejado de su objetivo, es que sirva para mejorar el acceso a la justicia", concluye Sumano.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott indicó que más de un millón de votantes fueron eliminados del censo electoral por diversos motivos, fallecimiento, mudanza... El republicano también arremetió contra la existencia de supuestos votantes ilegales. Una retórica que fue criticada por la organización de defensa de los derechos civiles de latinos de Estados Unidos, LULAC, que defiende a los votantes latinos. A principios de agosto, nueve policías texanos allanaron la casa Lidia Martínez, una octogenaria texana, activista de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que defiende los derechos civiles de la población latina en Estados Unidos. Fue un registro policial basado en sospechas de infracción a las leyes electorales, pero que la organización LULAC califica de maniobra para intimidar a los activistas latinos que ayudan a los mayores a votar por correo.A finales de agosto además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la eliminación de cerca de un millón de personas del padrón electoral. Muchas de ellas habían fallecido o se habían mudado. Y solo 6.500 de ellas no poseían la ciudadanía. Un dato que el gobernador conservador utilizó para agitar el espectro de un supuesto voto ilegal de migrantes.“Básicamente, este es otro atento de parte del gobernador y del fiscal general de intimidar, para que la gente no salga a votar, especialmente la población latinoamericana”, explica a RFI el abogado texano Domingo Garcia, expresidente de LULAC.“Aquí en Texas ya somos la mayoría de la población por la primer vez desde 1840 y pienso que ellos andan asustados, tienen miedo del poder y el voto latino en Texas, que posiblemente los pueda sacar del poder. Estas tácticas del gobernador de decir que vamos a quitar un millón de votantes cuando la realidad es que en un 99% es gente que murió, no es nada. En cuanto a los otros, dicen que son ilegales cuando no hay ninguna prueba. No ha habido ningún caso de una persona indocumentada registrándose para para votar y que vote. Es absurdo si lo piensas, pero es la mentira que dice el gobernador Abbot y también el candidato Donald Trump”, asegura.Las organizaciones que defienden los derechos civiles acusan con frecuencia al gobernador de Texas y de otros Estados. De querer obstaculizar el voto de los latinos, de la población más pobre.“Lo han hecho difícil para votar. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Dallas, Texas, pero si yo voy a San Antonio, Texas, o voy a Houston, Texas, y registro alguien a votar a mi tío, a mi tía, a mi abuelito, entonces cometo un crimen porque no vivo en Houston. Eso es absurdo, no pasa en California, no pasa en Nueva York. Si yo le ayudo a mi abuelita a llenar el Boleto porque no ve bien o no puede mover la mano, no puede firmar, yo cometo una felonía que lleva de 2 a 20 años en la cárcel por ayudar a un anciano a votar. Ese tipo de prácticas es lo que estamos viendo”, denuncia.Una reforma de Texas de 2021 llamada SB1 eliminó además el voto desde el automóvil, y redujo los horarios de apertura de los centros de votación.“Hace 4 años para atrás, dejaron las urnas abiertas 12 horas para la gente que trabaja, que podía ir a votar temprano o tarde. Ahora solamente hay ocho horas de votaciones, otra vez limitando a la gente obrera de ir a votar porque mucha gente no puede salir a votar y el Partido Republicano sabe eso y por eso pone esas restricciones”.La Ley SB1 que restringe el acceso al voto fue impugnada en un tribunal federal por organizaciones defensa de los derechos civiles y está pendiente de una resolución.

En Honduras, la presidenta Xiomara Castro tomo una decisión inédita dando por terminado el tratado de extradición que une el país con Estados Unidos. Varios expertos en seguridad consideran que este anuncio podría ser recibido como un mensaje de impunidad por los narcotraficantes en Honduras. El tono subió entre Tegucigalpa y Washington a raíz de una declaración de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien criticó al ministro de Defensa hondureño por haberse reunido con su par venezolano Vladimiro Padrino, sancionado por Washington."La injerencia de Estados Unidos es intolerable. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno", declaró este jueves 29 de agosto la presidenta Xiomara Castro y canceló el acuerdo de extradición que existe entre Tegucigalpa y Washington.Este tratado ha permitido extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Nueva York por tráfico de drogas.El argumento de la injerencia, sin embargo, no convence a varios expertos en temas de seguridad. “Lo que se andaba buscando era un motivo o un pretexto para que el país continuase entregando, a veces obsequiosamente, a los traficantes hondureños a la justicia norteamericana”, apunta al micrófono de RFI el exdiputado Raúl Pineda Alvarado, hoy profesor de derecho en la Universidad Nacional de Honduras.Explica que el tratado era útil en la medida en que los narcotraficantes “le tienen miedo” a la extradición. “En el caso de Honduras ha sido beneficioso en tanto figuras del narco, que no tenían ni siquiera una sanción de tránsito, fueron expeditamente llevados a los Estados Unidos y el 100% de ellos han sido objeto de condena”, dice."Proteger al entorno familiar"¿Por qué razones Xiomara Castro busca denunciar el acuerdo de extradición? “En las cortes de Estados Unidos se ha mencionado a personas cercanas al entorno familiar de la presidenta, como vinculadas o relacionadas con personajes del narco. Una de las especulaciones es que el afán de proteger a estas personas es lo que ha determinado la declaración de que Honduras no está dispuesta a cumplir con las obligaciones que le da el tratado”, asegura Pineda Alvarado.El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, indicó por su parte que la decisión de la presidencia se debe a temores de que Estados Unidos utilice este tratado como un arma política contra funcionarios del gobierno hondureño.

En Colombia, las autoridades indagan un presunto caso de acaparamiento del agua al norte de la capital. Una embotelladora de Coca Cola estaría extrayendo miles de litros de agua en pleno contexto de sequía y racionamiento. A 30 kilómetros al este de Bogotá, dos comunidades enfrentan desde inicios de 2024 una grave crisis hídrica a causa de una sequía prolongada que afecta la cuenca de la capital Colombia.La escasez de agua es tal que los habitantes de la comunidad rural de Buenos Aires Bajo, cerca de la ciudad de La Calera, solo tienen acceso al agua cinco horas al día.En Santa Helena, la población tuvo que pagar para recibir agua que nace en sus propias tierras.A pesar de esta emergencia ambiental, el gigante Coca Cola Femsa estaría extrayendo miles de litros de agua en la misma zona para producir bebidas azucaradas en su planta Manantial, según una investigación del portal colombiano Vorágine.Lo que vive La Calera tiene las características de un caso de acaparamiento de agua, situación que se repite en otras ciudades colombianas. Esto lo ha documentado Santiago Salinas, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en un informe publicado en 2022.“Existe un mandato claro a privilegiar los usos humanos que están relacionados con la alimentación y la agricultura en el aprovechamiento del recurso hídrico. Entendemos por acaparamiento aquellas situaciones en la que otros usos industriales, como por ejemplo la comercialización de bienes superfluos como bebidas endulzadas, amenazan el acceso de las poblaciones humanas para su consumo y garantía del derecho”, explica Salinas a RFI."Costo del agua 70 veces menor que para la población"Argumenta que, en el departamento del Cauca, una zona con grandes recursos hídricos, están asentadas plantas productoras de bebidas azucaradas. “Hay municipios con poco acceso al servicio de agua potable por escasos desarrollos sobre los acueductos. El servicio ha privilegiado la captación particular, por ejemplo, de estas comercializadoras de bebidas. También tenemos casos como el municipio de Tocancipá, donde se han asentado importantes embotelladoras y donde el costo del agua que es consumida para estos usos industriales es unas 70 veces menor que para la población”, apunta Salinas.Tras las denuncias de la prensa colombiana, la autoridad ambiental local de Cundinamarca prometió un estudio hidrológico del consumo y establecer si hay agua suficiente para la población.Por su parte, la empresa Coca Cola Femsa, contactada por RFI, no ha reaccionado hasta el momento.

Un día después de su arresto, el sindicato de prensa venezolano anunció que el Gobierno de Nicolás Maduro liberó este lunes a la periodista Carmela Longo con régimen de presentación periódica y prohibición de salida del país, tras ser imputada por "terrorismo" e "incitación al odio". Longo, de 59 años y especializada en farándula, fue arrestada el domingo por la Policía Nacional en medio de la crisis poselectoral que atraviesa Venezuela tras la cuestionada reelección de Maduro. Su vivienda fue allanada e incautadas computadoras de su propiedad. Su detención se produjo poco después de la publicación el 20 de agosto de su despido del diario Últimas Noticias, de línea oficialista, en el que trabajó por casi dos décadas. A pesar de haber sido retenida durante varias horas, sigue imputada, por lo que en cualquier momento podría ser encarcelada.Esta situación indigna al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), según expresó a RFI su secretario general, Marco Ruiz: "No hablamos de liberación, hablamos de excarcelación. Carmela hoy día, aunque está en su casa, sigue sometida a un sistema judicial o a una judicialización, que es también ilegal e inmerecida".Según precisó el responsable gremial, Longo tiene un régimen de presentación "cada 30 días frente a un tribunal de terrorismo" y, asimismo, tiene prohibido "referirse a su caso, a lo que ocurrió y a lo que escasamente pudo conocer de la investigación que cursan en su contra".Nosotros seguimos insistiendo frente a las autoridades nacionales en la libertad plena para Carmela Longo y para el resto de los periodistas que a esta hora siguen encarcelados y todos señalados por estos mismos delitos Marco Ruiz, secretario general del SNTPEl SNTP divulgó un video del arresto en el que se ve a Longo y su hijo entrar a un vehículo policial sin oponer resistencia.El de Longo es el séptimo arresto de una persona que ejerce el periodismo después de las elecciones del pasado 28 de julio contabilizado por este organismo gremial, que ha registrado además la detención de otros dos periodistas dedicados al activismo político."Al menos nueve periodistas y trabajadores de la prensa han sido encarcelados injusta y arbitrariamente durante la cobertura de las protestas que se generaron en el país en razón del desconocimiento de un sector importante de la población a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral", explicó Ruiz, quien incluyó a reporteros gráficos y camarógrafos entre ellos.Leer tambiénRechazo internacional a sentencia que valida la reelección de Nicolás MaduroEl líder del SNTP denunció que sus colegas están siendo presentados en "tribunales con competencia en terrorismo" e imputados por "delitos de terrorismo e incitación", algo que, a su juicio, deja en evidencia "una escalada en la persecución contra periodistas y medios independientes"."Se trata de una disminución en las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, como nunca habíamos visto los venezolanos", sentenció.El SNTP también ha denunciado el despido de decenas de trabajadores de medios de comunicación estatales por interacciones en redes sociales a favor de la oposición.

La visita de seis diputados del oficialismo a la cárcel de Ezeiza en julio pasado ha desatado la polémica en Argentina. Una comisión parlamentaria investiga el encuentro que tuvieron con varios militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La reunión despertó los fantasmas de que una parte de la clase política busque impulsar leyes para aliviar las penas y evitar más juicios a los militares responsables de la época. Es un informe de Manu TerradillosEl pasado mes de julio Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, todos ellos diputados de Libertad Avanza, el partido gobernante, acudieron al penal de Ezeiza, cerca de Buenos Aires. Allí se reunieron con militares condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura de Argentina.La visita ha despertado críticas de organizaciones pro-derechos humanos y familiares de víctimas, ante los temores de que parte del gobierno quiera impulsar legislación para suavizar sus penas y e incluso pasar página para los responsables de crímenes tan graves como de lesa humanidad.Algunos medios aseguran haber tenido acceso incluso al texto de los supuestos proyectos de ley, pero Lucas Doroñuk, analista político e historiador, considera que el objetivo no es ir tan lejos.“Es una jugada política. Forma parte de la batalla cultural del gobierno actual, que pone en duda por ejemplo, los 30.000 desaparecidos (que dejó la dictadura militar). En ese sentido, esta visita cobra una relevancia mucho más grande. Pero más allá de eso, pienso que el fin último es darle respaldo al conservadurismo más duro y ortodoxo en Argentina, que tiene todavía dentro de sus círculos de influencia a los militares, a los ex militares que participaron en la dictadura y a los actuales que respaldan lo que sucedió en ese momento, explicó a RFI Doroñuk.El especialista agregó así mismo que otro objetivo del gobierno es poner en agenda temas muy polémicos, que son difíciles de no abordar, al tiempo que dejan de lado tópicos económicos mucho más urgentes. No obstante, Lucas Doroñuk considera que será muy complicado un cambio de opinión dentro de la sociedad argentina sobre un tema tan doloroso como la dictadura argentina y el rol de los militares.“La sociedad argentina está polarizada. Pero incluso dentro del partido de Milei, hay mucha gente que condena la dictadura. Lo cual es lógico si uno se considera liberal. Por eso, creo que (defender los crímenes de la dictadura) no tendría ningún apoyo”, agregó.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó este jueves 22 de agosto la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Algunos juristas aseguran que este fallo no sería válido porque la justicia electoral le pertenece al Consejo Nacional Electoral, institución reformada por Hugo Chávez para asegurar el voto de los ciudadanos. El presunto fraude electoral ha sumido al país en una crisis política que resuena en la comunidad internacional. Los opositores aseguran que el triunfo ha sido de Edmundo González Urrutia, cuyo equipo liderado por María Corina Machado reiteran que tienen las actas que le darían la victoria, documentos que a su vez no han sido presentados por el Consejo Nacional Electoral.Justicia electoralEn esta historia se ha involucrado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV), que no tendría facultades para pronunciarse porque Hugo Chávez, el antecesor de Nicolás Maduro, “promovió separar el poder electoral del poder judicial: el único que tiene competencias para organizar elecciones es el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, explicó  Cecilia Sosa, expresidenta de esta institución.“El CNE es quien debe publicar los resultados, de acuerdo con la ley de procesos electorales, y si no los publica, va a anunciar unos resultados sin actas”, una paradoja para la jurista porque son “los únicos documentos que respaldan quién es el ganador de las elecciones”.En la oposición esperaban un anuncio así, pero insisten en la ausencia de las actas y lamentan que la Corte además declare en desacato al candidato opositor Edmundo González y allane el camino para sancionarle. Primero porque el TSJE no ordenó “la publicación de las actas y se limita a ratificar un resultado emanado de la nada, que ha anunciado el propio CNE. Si las mostraran, Edmundo González Urrutia sería el ganador”, expresó Delsa Solórzano, ex diputada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano.Y segundo, “se reitera y ratifica la persecución política en Venezuela. Se ordenan acciones penales contra Edmundo González y se ordena la apertura de una investigación por distintos delitos contra la dirigencia”, destacó Solórzano, quien además recordó que la Plataforma Unitaria, a la cual pertenece, ha impulsado la candidatura de Edmundo González junto con al menos otras 10 organizaciones políticas.Mientras, se espera que sigan las protestas que estallaron tras conocerse el resultado electoral y que de momento han dejado 27 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

Desde hace semanas, la selva amazónica está asolada por terribles incendios. En varios estados de Brasil e incluso en Bolivia, la población se asfixia bajo una espesa capa de humo. Las consecuencias para la salud son graves, advierten especialistas. En el sur de Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul, el cielo está cubierto por una película gris que opaca el brillo del sol. El origen de este fenómeno se encuentra, sin embargo, a cientos de kilómetros de distancia, en la Amazonía brasileña. Desde hace semanas, incendios forestales se han disparado en la selva amazónica, abarcando miles de kilómetros. El estado de Rondonia, en el noroeste, es uno de los más afectados. En julio se registraron más de 1.600 focos de incendio. En las tres primeras semanas de agosto se han superado los 2.100. Además de los peligros propios del fuego, el humo se ha convertido en un problema de salud pública. La pasada semana, el índice de partículas finas en el aire llegó a ser 55 veces superior al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. “Para las personas que están cerca de las quemas es terrible, porque tienen que respirar el humo todo el tiempo. Por ejemplo, en Porto Velho, en Rondonia, todos los años la ciudad tiene humo. Hay muchos casos de internaciones en hospitales porque las personas se enferman, porque están respirando el humo”, indica Cristiane Mazzetti, portavoz de Greenpeace Brasil. Lo que sucede en la Amazonía no se queda en la AmazoníaLa condensación del humo es tal que no solo viaja por Brasil, sino que ha llegado asimismo a Bolivia, también afectada por incendios forestales en la región de Santa Cruz. “Hay una corriente de viento que trae la lluvia, pero cuando no hay la lluvia, la corriente trae el humo también. Esto solo muestra que lo qué pasa en la Amazonía es un problema también en regiones distantes de la Amazonía. Es muy grave”, precisa Cristiane Mazzetti. El origen de los incendios es una mezcla peligrosa entre actividades humanas y las crecientes temperaturas en Brasil, explica Christiane Marchetti: “Es un cóctel peligroso. El fuego es iniciado por personas. No es algo natural en la Amazonía. Puede ser para renovación de áreas de ganadería y también de agricultura. Puede ser también para finalizar el proceso de deforestación y ahora, por este periodo que va desde julio hasta noviembre, que es la estación más seca en Amazonía, vuelve más frecuente la ocurrencia del fuego.”Leer tambiénAfectada por una sequía precoz, la Amazonia vive una situación ‘crítica’

Este martes Panamá deportó al primer grupo de migrantes irregulares. Con esta política, que cuenta con la ayuda financiera de los Estados Unidos para controlar la migración, el mandatario panameño José Raúl Mulino cumpliría su promesa de campaña para reducir el paso de los migrantes hacia los Estados Unidos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan esta medida. La iniciativa tiene el objetivo de regresar a sus países a personas con antecedentes penales o a aquellos que lo pidan de 'manera voluntaria'. Sin embargo, como advierte Elías Cornejo, coordinador en Panamá de atención al migrante de Fe y Alegría, un organismo ligado a la Red Jesuita, la 'voluntariedad' no es tal.“Las personas que están atrapadas entre Panamá y México, son personas que en realidad no tenían entre sus planes retornar, pero la realidad los está llevando a volver. No es un retorno tan voluntario: las mafias les roban, son víctimas de extorciones por las autoridades en algunos países, no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo”, explicó Cornejo.Panamá, paso obligadoPanamá se ha convertido en lugar de paso casi obligado para aquellos que quieren alcanzar Estados Unidos, muchos de los cuales lo hacen a través de la peligrosa selva del Darién.  En 2024 se cuentan al menos 230.000, pero la variación de esta cifra no depende del todo de las medidas del gobierno panameño, de acuerdo con Cornejo, quien considera que la migración “depende de las condiciones  [de vida] en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en África, y Haití”.La mayoría de migrantes llegados irregularmente son Venezolanos, que no será repatriados al no haber relaciones entre Panamá y su país. Sin embargo, José Luis Ayala, director de Hogar Luisa en Panamá, centro de acogida de la Iglesia Católica para refugiados y migrantes, eso no supondrá un 'efecto llamada'. “Para que pueda haber una repatriación hacia Venezuela tiene que haber una coordinación con el gobierno de Venezuela”.“Los venezolanos no puede regresar a Colombia, incluso aunque hayan tenido un estatus migratorio ahí. Yo no creo que los venezolanos vayan a salir por el “efecto llamada”, ellos saben que no puede ser deportados. [Además] Algo que va a hacer que repunten los números va a ser la situación que viven los venezolanos actualmente”, dijo Ayala.Leer tambiénLa jefa del Comando Sur de EEUU habla sobre Venezuela con el presidente de PanamáLas autoridades panameñas han anunciado que un nuevo vuelo de repatriación podría salir este fin de semana.

El gobierno de Nicaragua anunció este lunes la clausura de 1.500 oenegés, la mayoría religiosas. Según la oposición, se trata de una arremetida sin precedentes contra grupos de la sociedad civil que el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo consideran hostiles.   En la mente de Ortega y Murillo, cualquier organismo que no forme parte de su Gobierno es una amenaza. Tras el cierre de 3600 instituciones en Nicaragua desde el año 2018, esta semana se anunciaba la clausura de otras 1500 más. Según el Ministerio del Interior, supuestamente incumplieron con sus obligaciones, ya que no reportaron sus estados financieros, un pretexto que sufrieron otros organismos ya desterrados ,como la Fundación del Río, que preside el biólogo y defensor de los derechos humanos Amaro Ruiz:“La organizaciones que quedarían activas, se someterán a ese nuevo modelo de alianza que establece prácticamente un control sobre las decisiones de los programas y los proyectos que tienen las organizaciones en el país. Es decir, si ya controlaban el tema legal, fiscal y de decisiones orgánicas de las organizaciones, ahora están sobre las decisiones de los programas y los proyectos. Eso puede significar un aumento en el cierre de las organizaciones, porque van a tener que tomar una decisión - tanto los donantes como las organizaciones – sobre si se van a someter a ese nuevo marco que va a establecer y que ya ha anunciado la vice-dictadora Rosario Murillo la semana pasada."  Entre las ONGs cerradas se encuentran principalmente organizaciones religiosas, pero también asociaciones benéficas, deportivas, indígenas e incluso afines al régimen sandinista. Amaro Ruiz lo explica así:"Hay un número importante de organizaciones religiosas - cristianas, católicas, evangélicas - canceladas de manera arbitraria. Hay otros tipos de organizaciones, algunas fundaciones empresariales, como la Fundación Pantaleón, vinculada al ingenio azucarero y la Fundación Barceló de la cadena de Barceló-Montelimar. Y también organizaciones vinculadas a los Desmovilizados del Ejército, de la policía y también organizaciones vinculadas a ellos mismos, al Frente Sandinista.  Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua, el Presidente era diputado del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, es decir, que no solo contempla a organizaciones que tengan dentro de su Junta directiva a personas de oposición,   sino que hay una barrida total, incluso de organizaciones vinculadas al partido de Gobierno."En 2022, la ONU denunciaba esta situación con una carta dirigida al Gobierno de Nicaragua, donde declaraba su preocupación por el cierre indiscriminado y arbitrario de las organizaciones. 

Tras tres días de huelga, los trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre de Chile y del mundo, llegaron un acuerdo con la multinacional australiana BHP para obtener mejoras laborales. El paro había tenido en vilo a esta industria y provocó incluso una caída de los precios. Pero ¿por qué semejante impacto?  Situada a 3.100 metros sobre el nivel del mar, Escondida es un complejo de minas a cielo abierto ubicado en el de desierto de Atacama, en el norte de Chile. De caracter privado, es operado por BHP, la mayor productora de metales mundial. En 2023, se extrajeron 1,1 millones de toneladas de cobre, un 21% de la producción total de Chile. Esto lo convierte en el mayor yacimiento de cobre del país, pero también del mundo, como nos los explica Emilio Castillo, académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile: "A nivel mundial, Escondida produce entre 5 y un 6% de la producción de cobre. Entonces, para Chile y para el mundo es una operación que tiene una relevancia muy significativa". Esta explotación minera abarca un área de 18 kilómetros de Norte a Sur y tres de Este a Oeste, y tiene un gran impacto económico y social en la región norteña de Antofagasta, según precisa Luis Felipe Orellana, investigador del Centro Avanzado de Tecnología Minera de la Universidad de Chile: "Trabajando son decenas de miles de personas de manera directa e indirecta en la operación. Entonces, el impacto de la faena dentro del contexto chileno y en el norte de Chile, en particular, es bien grande, muy muy grande". Y es que la industria del cobre es uno de los motores económicos del país. "En Chile, la industria cobre es de las principales actividades económicas. La minería es una industria muy importante y, en particular, el cobre es la más importante y es cerca de un 10% del Producto Interno Bruto. Cerca también del 60% de las exportaciones viene de la actividad minera", subrayó Castillo.En concreto, Chile exporta cerca de 50.000 a 60.000 millones de dólares anuales, lo que representa casi el 40% de las exportaciones totales del país.  Además, es el primer productor global de este metal, al generar entre 5 y 6 millones de toneladas al año, un cuarto del total. Si bien es un país de tradición minera, con una industria "madura", son varios los retos en el corto y largo plazo."Los desafíos futuros tienen que ver con procesos de paso de minería a cielo abierto a subterránea, la electromovilidad... Por ejemplo, hacer las operaciones con emisiones cero o la misma relación con las comunidades, que siempre es un elemento que hay que considerar y cada vez es más relevante", indicó, por su parte, Orellana.Mientras tanto, la industria del cobre sigue creciendo a nivel mundial, ya que junto al litio es uno de los metales claves para la fabricación de baterías y autos eléctricos, necesarios para la transición energética.

El presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader, iniciará este viernes su segundo mandato en el país. Si bien el mandatario logró mantener la estabilidad macroeconómica y política pese a la pandemia de Covid-19, gran parte de la actividad económica es informal y la población se ve afectada por la desigualdad y la inseguridad, mientras que un 23% vive bajo la línea de pobreza.  Ganador con el 58% de los votos, Abinader asumirá un segundo mandato en la República Dominicana, con la promesa de ser un “presidente reformador”. Su primer gobierno logró atravesar la crisis de la Covid-19 y un contexto de inflación. Y para este año, las proyecciones prevén un crecimiento económico del 5%, uno de los más altos de la región.Sin embargo, el director del Observatorio Político Dominicano, Nathanael Concepción, relativizó el balance de su gestión.“Es un Gobierno de muchas intenciones, no de muchas realizaciones. El hándicap estuvo en que no se logró ese gran desarrollo de cosas que podemos considerar como legado. Ahora van a un segundo término, y no tienen el tema de la pandemia ni el mismo proceso de aprendizaje por el que pasa un gobierno cuando está en su primer término. Por lo tanto, este debería ser un cuatrienio en el que logren más resultados”, estimó.En ese sentido, destacó que el mandatario dispone de una mayoría “abrumadora” en el Congreso. Abinader gobernará con la oposición más debilitada de los últimos 20 años, algo que debería facilitar la aplicación de su programa de gobierno.Esta nueva gestión tiene varios retos, sobre todo, en el plano económico y social.“Nuestro gran desafío sigue siendo la desigualdad, mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Hay todavía necesidades básicas no resueltas. Una de las tareas pendientes en mejorar el tema de la seguridad ciudadana y mejorar la igualdad. Y ahora tienen el reto de la reforma fiscal, que es una necesidad para poder equilibrar las finanzas públicas”, opinó Concepción. Esta reforma permitiría otorgar más fondos a las áreas de salud y educación, entre otras. Aunque es una de las promesas de campañas de Abinader, el político adelantó que su prioridad es hacer antes una reforma constitucional, algo que cuestiona el politólogo.“El Gobierno ha priorizado este debate constitucional por encima de otros temas que para nosotros son más prioritarios. No tenemos una crisis constitucional en la República Dominicana. O sea, no hay un elemento que te haga sentir que hay una urgencia, no obedece a una coyuntura de demandas, y eso es lo que justamente cuestione que eso sea una prioridad”, considera.Otros de los temas espinosos que deberá afrontar el dirigente es la amenaza que supone la inestabilidad en el vecino Haití.“De alguna manera, por momento el tema como que se politizó y eso no ayudó. Nosotros entendemos que es un tema de Estado y que requiere una mayor acción en el colaboración internacional” agregó.El especialista resaltó los esfuerzos que hizo el Gobierno en ese campo y celebró la llegada de tropas al país vecino. No obstante, aclaró que la inseguridad de Haití es un "riesgo" para la República Dominicana y, por tanto, es importante reforzar la seguridad en la frontera y evitar que las bandas operen en territorio dominicano.

La Comisión Primera del Senado aprobó este miércoles el tercer debate de este proyecto que busca prohibir el casamiento y las uniones tempranas con menores, una práctica, que según los activistas, está normalizada en el país. Si bien es la novena vez que una iniciativa de este tipo es tratada en el Congreso, nunca antes había llegado a esta instancia.  Solo resta que el pleno del Senado debata y dé luz verde a este proyecto para que las uniones con menores sean prohibidas en Colombia. Desde 1837, la legislación permite que estos puedan contraer matrimonio a partir de los 14 años gracias al consentimiento de sus padres. Aunque en las últimas dos décadas, legisladores de todo el arco político promovieron iniciativas para abolirlo, nunca se había estado tan cerca.Un paso celebrado por la oficial de Género de Unicef Colombia, Andrea Tague: "Esto es algo que no se había producido antes en el país y creo que han sido conversaciones muy interesantes las que se han dado en el congreso de la República, ya que ha logrado convocar a los distintos sectores".El matrimonio infantil, un eslabón de problemas más ampliosSegún la responsable, los proyectos pasados fallaron por considerar al tema como algo "privado" y limitado a algunos grupos. Sin embargo, denunció que la práctica está generalizada en el país. Sobre todo, las llamadas uniones tempranas, que son informarles y no son declaradas."Esta práctica afecta especialmente a niñas y adolescentes. También sabemos que hace más o menos 38 años, la tendencia en el país de la realización de esta práctica no ha cambiado en el país y no muestra una disminución significativa", dijo Tague.Es un proyecto de ley que habla de una práctica nociva que genera afectaciones a los derechos humanos de las niñas. No solamente es sinónimo de violencia sexual, sino de falta de educación, de pobreza, de falta de ejercicio de la autonomía.- Andrea Tague, oficial de Género de Unicef Colombia.Las afectadas tienen entre 10 y 17 años. Si bien también los niños son víctimas de estas uniones, casi el 92 % involucran a niñas. Según Unicef, casi el 74 % de las menores se habían unido a hombres que eran, al menos, 20 años mayores que ellas.De ahí la importancia de una ley que las proteja, afirma la experta: "Es un proyecto de ley que habla de una práctica nociva que genera afectaciones a los derechos humanos de las niñas. No solamente es sinónimo de violencia sexual, sino de falta de educación, de pobreza, de falta de ejercicio de la autonomía".Leer tambiénUna de cada cinco niñas se casa en América Latina antes de los 18 añosEfectivamente, el matrimonio infantil es un eslabón de problemas más amplios. Si bien desde la organización, consideran que la aprobación de este proyecto sería muy importante, señalan que es apenas un primer paso para abrir otras conversaciones y generar nuevas transformaciones.La oficial de Género de Unicef Colombia espera que se lleven a cabo estos cambios a través de "medidas de política pública, que también aborden esas normas sociales y que justamente pongan en la agenda del día y cuestionen estas prácticas que hemos normalizado".Aún no se sabe cuando será debatida la normativa en el Senado, pero se espera que tenga lugar en los próximos meses. En caso de aprobarse, Colombia validaría el compromiso que asumió ante la ONU para eliminar el matrimonio infantil. A nivel regional, es el único país junto a Argentina en el que esta práctica aún es legal.

Los salarios de los trabajadores universitarios argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, una consecuencia de la política económica del Gobierno de Javier Milei, quien inició un desmantelamiento de las instituciones estatales desde que asumió la presidencia. El gremio universitario organiza protestas durante el mes de agosto, que podrían extenderse a septiembre, para exigir un salario digno y el respeto de la educación pública. “Hoy tenemos el salario más bajo en los 40 años de democracia”, dijo a RFI Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). “Incluso peor que cuando fue la crisis de 2001 en Argentina. También tenemos el salario más bajo en América Latina: más de la mitad de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza”.Las instituciones públicas denuncian una pérdida salarial superior al 50% frente a la inflación, y una caída del 8,3% en términos reales durante la gestión de Milei. De acuerdo con la FEDUN, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no ha dado ninguna respuesta a sus solicitudes desde el mes de abril.El fracaso de las negociaciones salariales con el Gobierno, que propuso el pasado viernes una recomposición salarial del 5% repartida en dos meses, derivó en esta huelga universitaria de 72 horas en un país que registró 79,8% de inflación en el primer semestre.“Desde que Milei es presidente, cada mes estamos un poco peor que el mes anterior. Realmente estamos entrando en una crisis terminal todo el sistema universitario argentino”, destacó Ricci.En consecuencia, se suspendió el inicio de clases del segundo cuatrimestre en todas las universidades públicas del país, mientras se realizan jornadas de asambleas en todos los institutos educativos.El secretario de Educación, Carlos Torrendell, insistió en que "el diálogo desde nuestra parte sigue abierto", pero advirtió que "no se puede gastar más de lo que ingresa". Ante este panorama, la protesta amenaza con extenderse y se contempla una segunda medida para el 20 y 21 de agosto.Investigación sin futuroLa falta de entendimiento entre los docentes y las autoridades afecta de lleno a la calidad de la universidad pública argentina, uno de los principales ascensores sociales del país.El secretario de la FEDUN considera que “la Universidad pública está deteriorándose, producto de que muchos docentes están empezando a ver que sus salarios son muy inferiores a lo que se cobra en la actividad privada”.“Los docentes investigadores que en otros momentos migraban a los países del norte, y hoy están viendo que los países de Latinoamérica tienen salarios muy por encima de lo que se paga en Argentina. Demora mucho tiempo formar un investigador, pero lamentablemente, si esto sigue así uno o dos meses más, vamos a empezar a ver lo que llamamos fuga de cerebros, y vamos a un proceso muy difícil de revertir”.Desde los sindicatos, alertaron al Gobierno que, de no lograr un acuerdo, el 30 de agosto se definirá una nueva marcha nacional en defensa de las universidades públicas para la primera quincena de septiembre. Una protesta que podría volver a reunir a millones de argentinos en las calles, como ya sucedió el pasado 23 de abril.

El coordinador general de PROVEA, Óscar Murillo, sostiene que Venezuela está viviendo 'uno de los episodios más oscuros de la historia en América Latina' debido a una 'represión generalizada' que incluye 'detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas' cuyo objetivo es 'infundir terror en la sociedad para aplastar el movimiento electoral' y 'permanecer en el poder a cualquier precio'. En medio de las denuncias de fraude en las elecciones venezolanas celebradas hace dos semanas, ONG como PROVEA alertan sobre la muerte de al menos 24 personas en la represión, así como el encarcelamiento de numerosos opositores, entre ellos menores de edad y personas en situación de discapacidad. Para el coordinador general de PROVEA, Óscar Murillo, este tipo de detenciones 'no tiene precedentes' en Venezuela.En las prisiones venezolanas habría, según Maduro, 2.000 presos al cabo de dos semanas de protestas contra su presunta elección, la cual es cuestionada por la oposición, que sigue pidiéndole al mandatario saliente las actas que demuestren su victoria. La ONG de defensa de los derechos humanos PROVEA no tiene forma de verificar esa cifra, pero sí denuncia que la represión incluye menores de edad y discapacitados.'Foro Penal, una ONG aliada a PROVEA, tiene en su registro compartido con nosotros el dato de 114 adolescentes y 16 personas en situación de discapacidad que han sido detenidos. Es la primera vez que ocurre [en Venezuela] un encarcelamiento de forma tan masiva a menores de edad y personas en situación de discapacidad por razones políticas. Las autoridades imputaron a los menores por terrorismo, conspiración e incitación al odio. Son los mismos cargos con los que han sido acusados los adultos', dijo a RFI Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA en Venezuela.PROVEA asegura también que los jóvenes no cuentan siquiera con el respeto de las normas internacionales de protección a la niñez, una de las principales exigencias de la ONU.Detenciones arbitrarias"A la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos se agrega la violación de la libertad personal y del debido proceso, porque no se les permite a las personas tener un abogado ni se les comunican las garantías judiciales para la defensa. A todo eso hay que sumarle las penosas condiciones en las que se encuentran los recintos carcelarios del país, ahí donde se encuentran hoy esos adolescentes y esas personas en situación de discapacidad", subraya Murillo, quien denuncia asimismo detenciones arbitrarias. Prueba de esto último es que los menores no pertenecen a la estructura de los partidos políticos."Hay personas que fueron detenidas porque les pidieron arbitrariamente revisar su teléfono y encontraron un video descargado sobre alguna campaña, movilización, un mensaje político, un meme o una tira cómica sobre el tema electoral. Entonces, esos son escenarios que se inscriben en este gran crimen que nosotros llamamos 'persecución por razones políticas', el cual se manifiesta a través de la detención muy arbitraria de jóvenes de zonas y comunidades populares".El poder a cualquier precio En esta represión hay que agregar los casos de desaparecidos. Entre el 29 de julio y el 1° de agosto, PROVEA registró 40 casos de desapariciones forzadas. Las víctimas son en su gran mayoría hombres adultos que han sido detenidos por cuerpos policiales como el SEBIN y la División de Contrainteligencia Militar. A esto hay que agregar desapariciones por un lapso de hasta 72 horas, unas 1.500 personas, un lapso durante el cual los familiares viven en la zozobra absoluta."Esta escalada de la represión en Venezuela, que siguió a las elecciones del 28 de julio, tiene un claro propósito: aplastar el movimiento electoral que fue levantándose en Venezuela en los últimos meses y que dio como resultado una elección que, a todas luces, pareciera favorecer al candidato Edmundo González. Y creo que me quedo corto con el término 'aplastar'", puntualiza Murillo.Para el coordinador general de PROVEA, "después de revelarse unos resultados electorales que no terminan de ser transparentes ni fiables, estamos ante una suspensión, por la vía de los hechos, de las garantías constitucionales, específicamente el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal, al derecho a la vida y, por supuesto, los derechos a la manifestación pacífica, la libre expresión y de asociación", sostiene.Con todo esto, es claro para Murillo que "el gobierno ha tomado la firme decisión de permanecer en el poder a cualquier precio".Pero, ¿cuál cree Murillo que es ese precio? “Aumentar la represión. El propio Nicolás Maduro se ufana de decir que son más de 2.000 los detenidos. Estamos ante un terrorismo de Estado y de control social cuyo objetivo es generar temor y una parálisis general de la sociedad en respuesta a las protestas por los abusos y los reclamos por los resultados electorales. En PROVEA no dudamos en calificar esta situación como una suspensión de las garantías, es decir, la extinción del Estado de Derecho”.Estados Unidos, al igual que varios países de América Latina, ha condenado los hechos en Venezuela. Pero a pesar de ello, el presidente Nicolás Maduro continúa ignorando las peticiones de la comunidad internacional y pidió este lunes mano de hierro a los poderes del Estado para aplacar a los manifestantes.

Kamala Harris aventaja a Donald Trump en tres estados “bisagra” donde el voto latino puede dar la sorpresa a la hora del conteo. Se trata de Michigan, Pensilvania y Wisconsin, según encuestas publicadas este fin de semana. Los demócratas y republicanos quieren ganarse el voto latino, y la estrategia de Harris es conquistarlos en español.   El 5 de agosto la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se convirtió oficialmente en la candidata por el Partido Demócrata. No es casualidad que su estrategia de campaña haya arrancado con una publicidad en español, pues el Hispanic Council  ya había concluido que este idioma se había disparado en la política de los Estados Unidos.En su 4to informe sobre el uso del español en la política de Estados Unidos se calcula que “más de 43 millones de personas hablan español de manera nativa” y que la población hispana representa 19,1% de los más de 336 millones de habitantes de este país.Aunque las cifras dicen mucho sobre la importancia que puede representar la comunidad latina en la vida política estadounidense, para el historiador y politólogo de la Universidad de Chicago, Mauricio Tenorio, “el voto latino es un fantasma”.Atrapar peces con grandes redes “¿Qué es el voto latino?” se pregunta el investigador. “¿Un voto étnico?, ¿un voto cultural?, ¿un voto lingüístico?”. Con estas tres preguntas Tenorio reflexionó sobre porqué el equipo de campaña de Kamala Harris habría decidido lanzar un mensaje en inglés y en español.“Ella sabe que el latino que ella busca en realidad no habla español. El latino que ella asume que existe es un hijo de migrantes de tercera o segunda generación que […] habla en inglés”, y dar con ese hipotético voto es más complicado en el diverso y extenso territorio de los Estados Unidos, según el experto. “Es como atrapar peces con grandes redes pero no sabes qué va a caer”.Estados “bisagra”En las próximas elecciones del 5 de noviembre el número de latinos que pueden votar se estima en 36,2 millones. Para el investigador, los votantes decisivos serían los indecisos de los estados “bisagra”, o también conocidos como “púrpura”, porque dificilmente un candidato puede liderar las encuestas locales.“Los estados bisagra son los del Medio Oeste donde hay grandes comunidades que son de recién llegada, pero no votan precisamente porque son recién llegados”, destacó.“Kamala dice, ‘soy hija de migrantes’. Eso es bueno y es malo. ¿Eso te hace generalmente sexy ante las clientelas latinas? No necesariamente”. Tenorio recordó que muchos de los votantes de Donald Trump votan por él precisamente porque no quieren más inmigración. Lo mismo sucedería con el mensaje de ‘yo protejo’ que Harris destaca en su campaña, pues sería efectivo en la clase media latina, pero los obreros latinos dirían “ella nos persigue”, según el experto.De acuerdo con el Hispanic Council, durante las últimas dos décadas, los hispanos simpatizaban con los demócratas entre 65 y 70%, pero desde 2022 esta cifra cayó y los republicanos lograron el 40% del voto hispano.

Cierra la campaña electoral en Venezuela y las encuestas dan como favorito al opositor Edmundo González Urrutia frente a Nicolás Maduro. Una de las grandes preocupaciones de los electores es el futuro de la economía del país después de años de dificultades que han aumentado la migración a países como Estados Unidos. De 2014 a 2022, el PIB de Venezuela perdió más de un 70 % de su valor, dejando de estar al nivel de países como Colombia o Argentina.La crisis empezó con la pérdida del valor del petróleo y que llevó a años de recesión y superinflación, acrecentada por la emigración masiva de ciudadanos y por las sanciones que impuso Estados Unidos en 2019. Pero este año los expertos prevén un aumento del 4 % del PIB. ¿Esto está vinculado a las encuestas?“ Nicolás Maduro no está presentando un plan económico quizás por razones ideológicas, pero también por razones prácticas”, explica a RFI Víctor Mijares, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de los Andes.“La liberalización de la economía, la posibilidad de inversiones extranjeras o incluso la privatización de la industria petrolera y de PDVSA son elementos que el chavismo nunca ha querido asumir”, detalla Mijares."Garantías jurídicas"La victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia plantea un panorama completamente distinto. “Un retorno a condiciones democráticas que permitan tener garantías jurídicas por ejemplo”, dice Mijares.“Una garantía jurídica que le permita a los inversionistas no solamente extranjeros sino nacionales también emprender en Venezuela porque en este momento hay muchísima reticencia por parte de la población y por parte incluso de los emigrados venezolanos de invertir en el país”, destaca.El experto insiste en que la liberalización de la economía y el fin de las sanciones son la clave para la recuperación de Venezuela pero también recuerda que abrir por completo la economía de Venezuela requiere cambios jurídicos de choque. Algo que Edmundo González propone, pero a largo plazo.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó el miércoles a los Gobiernos del mundo a adoptar "soluciones duraderas" contra el hambre, en vísperas de una reunión de ministros de finanzas del G20 en Río de Janeiro. La cumbre de los líderes está prevista en noviembre. Más de 700 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2023, es decir, casi el 10 % de la población mundial. Esta es la alarmante cifra que desvela el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha denunciado en la reunión del G20 en Río de Janeiro.“No puede ser que, a mediados del siglo XXI, cuando ya estamos hablando de Inteligencia Artificial, sigamos pidiendo a los dirigentes de todo el mundo que, por favor, se ocupen de los pobres porque son seres humanos, son personas, y quieren tener oportunidades”, dijo el mandatario brasileño.El hambre en el mundo sigue siendo un problema sin resolver y Lula da Silva quiere acabar con esta fatalidad. Para ello, la primera propuesta que el líder brasileño ha defendido es la implementación de un impuesto global para los superricos. Una medida que cuenta con el apoyo de varios países y que podría recaudar unos 250.000 millones de dólares anuales, pero que no está exento de polémica.“Es controversial porque es un impuesto internacional, uno está acostumbrado a pagar impuestos, a tributar en el país de donde viene, donde nació, donde trabaja. En este caso no queda bien en claro a quién se lo tendría que pagar, si habría una obligación por parte de esas personas de pagar el impuesto o sería voluntario”, explica Mile Chialvo, del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Santa Fe, Argentina.Otros de los puntos controvertidos han sido las guerras en Ucrania y en Gaza, conflictos que sin duda influyen en el aumento del hambre en el mundo y que tienen divida a la comunidad internacional.“Dentro del G-20 hay posiciones tan distintas como pueden ser la de líderes como Rusia o Estados Unidos, así que no podemos lograr que estos países lleguen a un acuerdo sobre cómo ponerle fin al conflicto, porque obviamente los dos quieren cosas distintas. por ende, lo que se resolvió es que en estas cumbres del G20 no se discutan estos temas porque realmente no se llevarán a ningún puerto”, analiza la experta.Finalmente, el punto en común entre los participantes llegó con la llamada “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza”, que tiene como objetivo que los países que la adopten voluntariamente establezcan políticas públicas para acabar con este fenómeno a cambio de financiación, tecnología y conocimiento. ¿Es esta una solución viable para acabar con la crisis?Según Mile Chialvo, va a depender de dos factores. “El primero es que quedan cinco años y los países que se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen hasta el 2030 para mostrar qué hicieron todo este tiempo. Eso puede ser un impulso. Por otro lado, quizás con el acceso al financiamiento y a las herramientas de conocimiento se tenga una salida más positiva”, concluye.Todos estos retos volverán a plantearse en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, prevista el 18 y 19 de noviembre de este año, donde Lula da Silva intentará sentarse en la mesa de los grandes para acabar con el hambre que califica “la más degradante de las privaciones humanas”.

Se termina la campaña presidencial en Venezuela con Nicolás Maduro prometiendo continuar el crecimiento económico y la oposición denunciando un centenar de detenciones arbitrarias de sus activistas. La competencia se ha polarizado en dos candidaturas, con las promesas de que la "Revolución Bolivariana" resista y un cambio para que vuelvan los emigrados. Este domingo serán las elecciones presidenciales en Venezuela, en las cuales Nicolás Maduro se juega su segunda reelección. Su campaña promete más cambios y transformaciones, con un amplio despliegue publicitario. El propio candidato ha estado visitando tres poblaciones por día, encabezando actos festivos y multitudinarios con grandes tarimas."El hombre se ha mantenido de pie a pesar de los ataques"Maduro lleva una década en el gobierno, transitando una profunda crisis económica que ha generado un éxodo migratorio que ya suma casi ocho millones de personas, según Acnur. Unos problemas que, según sus seguidores, se están superando y por eso lo respaldan."Porque es el hombre que nos ha defendido tanto de tantas sanciones", "Porque es el hijo leal a Chávez", "Porque Nicolás es el único que se ha levantado a pesar de todas las adversidades que hemos tenido", "El hombre se ha mantenido de pie a pesar de los ataques de los grandes imperios", "Yo veo en Nicolás la paz", son algunos de los argumentos que se pueden escuchar entre sus partidarios.El propio candidato Maduro advirtió que con sus adversarios llegaría una guerra civil: "Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos la más grande victoria"."Este señor se encargó de dividir a las familias"En contraste, la oposición mayoritaria impulsa al exdiplomático Edmundo González con el respaldo de la líder María Corina Machado, también convocando multitudes, aunque casi sin publicidad y dando discursos desde pequeños camiones de sonido.Leer tambiénMaría Corina Machado responde al "baño de sangre" de Maduro: "Es una monstruosidad""Vengo apoyando la candidatura porque tengo a la mayoría de mi familia fuera del país, estoy luchando por ellos", "Mi único hijo está fuera del país, tengo ocho años que no lo veo", "Todos se fueron, ellos hacen falta aquí en este país porque ellos también producen", "Asisto a esta marcha, es por el futuro de nuestros nietos", "Este señor se encargó de dividir a las familias", son esta vez, los argumentos de los opositores a Maduro."Es muy frustrante saber que no tenemos oportunidades que jóvenes tienen en otros países, que haya necesidad de tener que irse a otro para poder tener un futuro digno", agrega uno, mientras otro explica que va a "votar por el candidato Edmundo González Urrutia, que es un candidato que ha apostado a la transición pacífica y democrática".Machado enfoca su mensaje en el regreso de los que se fueron, y Edmundo González habla de reinstitucionalización del país. Juntos también responden a las advertencias del chavismo sobre supuestos castigos que vivirían quienes han respaldado al oficialismo: "Aquí no habrá persecución, no viene venganza, nosotros vamos a garantizarles la calidad de vida que este régimen les ha arrebatado", dijo Machado.A las 6 de la mañana del domingo 28 de julio, las urnas abrirán para que los venezolanos digan a quién quieren gobernando desde enero de 2025 y por los próximos seis años.

Las elecciones de este domingo en Venezuela tienen en vilo a todo el continente latinoamericano, ya que por primera vez surge un frente opositor que podría ganar las elecciones. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que si esto ocurre habrá "un baño de sangre", una reacción que algunos líderes, como el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva ya han condenado.  Durante la campaña, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro advirtió al electorado que votar contra él en las elecciones de este domingo era elegir una guerra civil en lugar de la paz en el país: Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito".El presidente de Brasil, que normalmente mantiene una política neutral respecto a Venezuela, condenó estas declaraciones. Luiz Inacio Lula da Silva dijo que Maduro tiene que aprender que "cuando uno gana te quedas en el poder, mientras que cuando pierdes, te vas".   Los comicios en Venezuela tienen dividido al continente latinoamericano y es que las consecuencias del desenlace de este domingo afectarán a muchos países.Leer tambiénUn escenario inédito de encuestas electorales dan ganadora a la oposición venezolanaLucia Mayo, del Observatorio político de la Universidad de Católica de Santa Fe, Argentina, cuenta a RFI: "A nivel regional, hay un bloque que está firmemente condenando o por lo menos tratando de pedir que se garanticen elecciones transparentes: Argentina, Uruguay, Paraguay".  Mayo destaca además la postura chilena: "Chile, en el caso de Boric, siempre ha sido un mandatario que ha sido muy expreso en sus declaraciones en contra del régimen de Maduro y pidiendo fundamentalmente la transparencia, el régimen democrático y que las elecciones sean libres y democráticas este domingo". Por el contrario, hay países que por sus intereses económicos en Venezuela han decidido no pronunciarse al respecto, como es el caso de Cuba, pero la experta considera más importante el caso de Colombia: "Hay alrededor de millón y medio de colombianos que han migrado al territorio venezolano, producto de la guerra civil, de que los acuerdos de paz no se encuentran funcionando y que se vieron, obligados a migrar hacia el territorio venezolano"."El presidente Petro en abril hizo un llamado a garantizar la transparencia y que sean elecciones democráticas, pero nunca ha sido un gran condenador, porque hay unos intereses comunes relacionados con otras cosas que unen  a Venezuela y a Colombia, como la cuestión económica o la cuestión energética", concluye. Leer tambiénEl régimen de Maduro ‘no quiere tener testigos que puedan constatar el fraude electoral’En general, tanto los países que condenan el Gobierno de Maduro como aquellos que deciden mantenerse al margen están atentos al resultado de este domingo, ya que el resultado podría cambiar por completo un panorama geopolítico que implica a gigantes como Estados Unidos, China o Rusia.  

La posible nominación de Kamala Harris no fue una sorpresa para los republicanos. Trump ya la había atacado durante sus actos de campaña y apenas se conoció la baja de la candidatura de Joe Biden y el apoyo a su vicepresidenta, los republicanos lanzaron una publicidad en su contra. ¿Es Kamala Harris una rival de peso frente a Trump? "Kamala sabía que Joe no podía hacer el trabajo, así que ella lo hizo. ¿El sueño americano? Muerto". Es la advertencia que lanza el primer anuncio de la campaña republicana contra Kamala Harris, donde también es considerada una "mentirosa" y responsable del "fallido balance" de la presidencia demócrata.Ataques ya preparadosApenas se supo que Joe Biden tiraba la toalla y sostenía a Harris como candidata, los republicanos sacaron su artillería. Estaban "preparados", según afirma el catedrático en Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui."Los republicanos contaban que Kamala Harris iba a ser finalmente la candidata, como así ha sido, y tenían ya todo orquestado para atacarla. De hecho, Donald Trump, hace un par de semanas, ya se refería a ella como ‘Risitas Harris’ y la risa que tenía Kamala Harris, que era la de una mujer loca", comenta.La posible designación de Harris da nuevas alas al Partido Demócrata y supone un riesgo para Trump, que ya se consideraba ganador de las elecciones de noviembre."Ahora las cosas van a estar mucho más igualadas, fundamentalmente porque ese voto que se le estaba escapando a Joe Biden, por ejemplo, el voto de la mujer, el voto de los distintos grupos étnicos, de los jóvenes universitarios formados -que no quiere decir que fueran a votar republicano, pero sí podían quedarse en casa-, ella lo va a recuperar", asegura el catedrático.Por ello, el republicano hará todo lo posible para desacreditar a su rival, recurriendo a su clásica estrategia, según Gurpegui. "Trump siempre es Trump. La va a desprestigiar, sobre todo personalmente, y va a impulsar una campaña presidencial en la que intente demostrar que no es una persona que esté preparada para ser la presidenta del país más poderoso del mundo"."Tomará referencias de su época de vicepresidenta, que no ha sido precisamente una vicepresidenta que haya destacado. Buscará en su historia, sobre todo para ataques de tipo personal, donde Donald Trump se encuentra muy cómodo", agrega."Puede que supere a Donald Trump"Aunque aún no se sabe si Harris será la candidata definitiva de los demócratas, para el experto las chances de que surja otro aspirante de peso o haya nuevas primarias son remotas. A su juicio, la exfiscal de California es la mejor calificada para hacer frente a Trump."Quienes aventuraban que Donald Trump después del atentado ya tenía la elección ganada, creo que no lo tiene fácil. Me imagino que en las próximas fechas Kamala Harris y las opciones de voto van a subir como la espuma, y probablemente equipare o incluso puede que supere a Donald Trump", concluye.No obstante, el también director del Instituto Franklin se muestra prudente y señaló que los sondeos serán relevantes a partir de septiembre, sobre todo en los estados clave.

El dengue se está convirtiendo en un grave problema en América Latina y el Caribe, según advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, gracias a la modificación biológica de los mosquitos transmisores de esta enfermedad, el World Mosquito Program está consiguiendo reducir los casos a pasos agigantados en algunas regiones del mundo. Tras años de duros esfuerzos, el World Mosquito Program redujo los casos de dengue en un 95 % en la región de Antioquia, Colombia. ¿Cómo? Criando y más tarde liberando mosquitos nacidos con la bacteria Wolbachia, que "impide la transmisión" de esta enfermedad endémica de zonas tropicales, que provoca dolores de cabeza, vómitos y, en algunos casos, hasta la muerte.A pesar de estos resultados prometedores, la OPS advierte que este año América Latina y el Caribe vivirán su "peor temporada de dengue" con unos 9,3 millones de casos y al menos 4.500 muertes entre enero y junio debido al cambio climático, ausencia de servicios de agua y sobrepoblación.Nelson Grisales, responsable de este proyecto en Medellín, nos explica que el primer paso para resolver el problema es concienciar a los Gobiernos:Cuando se empiece a entender y aceptar que los métodos de control biológico, particularmente este que es un método natural donde no hay ninguna manipulación, los gobiernos van a comenzar a requerir. Esa voluntad de entendimiento es algo que lleva tiempo para algo tan revolucionario, pero creo que vamos por muy buen camino.Otro factor que impide la implementación de este sistema de prevención es la falta de recursos para adoptarlo en países tropicales y subtropicales en vías de desarrollo. "Todos sabemos que los recursos disponibles para salud pública y enfermedades como dengue, que no necesariamente son muy letales, son enfermedades olvidadas", afirmó Morales, quien aseguró que estas naciones "no disponen de mucho presupuesto" para poder controlarlas.Por ello, el especialista destacó la importancia de "la cooperación internacional y los donantes" para poder apoyar el trabajo que pueden hacer los gobiernos, a la vez que estos también pueden asignar o reasignar algunos recursos para que esto se lleve a cabo. El riesgo de la desinformaciónPor último, el experto señala la desinformación como un elemento que impide la integración del programa en algunas regiones. Por ejemplo,  en septiembre del año pasado, un puñado de personas protestaron frente a su laboratorio argumentado que Bill Gates, uno de los financiadores del proyecto, libera chips a través de los mosquitos para controlar las mentes."La desinformación, en este momento, es un problema a nivel de salud pública: las campañas antivacunas, antimedicamentos, antimedicina en términos generales, son grandes y afectan a todos los países", sostuvo el responsable. A su juicio, esto genera "un entendimiento equivocado" de muchos factores, que por más que resulten intuitivos o normales, con una narrativa errada pueden manejar campañas de desinformación.Leer tambiénPerú apuesta por un plan piloto de vacunación para combatir el denguePuede que todos estos obstáculos retrasen la implementación del proyecto en algunos países, pero el experto está convencido de que pronto el World Mosquito Program llegará a ser una medida de salud pública. Ya que asegura que su misión no terminará hasta erradicar el dengue.

83.988 violaciones en 2022 en Brasil, uno de los alarmantes datos que la oenegé Foro Brasileño de Seguridad Pública desveló en su último informe, el cual supone un aumento de un 6,5% con el año anterior. Cada 6 minutos, una violación tiene lugar en Brasil, "según los registros policiales”, señaló en su reporte anual el Foro Brasileño de Seguridad Pública, oenegé que trabaja sobre la base de datos oficiales.En su último informe resaltó esta crisis que vive el mayor país de Latinoamérica. Y es que la cifra de violaciones ha aumentado un 91,5 % desde que el Foro comenzara su registro en 2011. Juliana Brandao, una de las investigadoras de este informe, afirma que el aumento del número de casos registrados muestra “una mayor concienciación, pero que no podemos ignorar que esta cifra es muy elevada.“Hemos visto un aumento en el debate público relacionado con esta violencia de género, que ha golpeado específicamente a Brasil. Este estudio señala que son las niñas negras las afectadas directamente. Lo que la sociedad también ha demostrado con este aumento de los registros es que es más sensible e intolerante ante la falta de respeto a los derechos”, explica.Según el informe, casi el 90 % de las víctimas de violación en Brasil son mujeres, en su gran mayoría negras y menores de 14 años. Para la investigadora, estos factores revelan una fisura estructural en la propia sociedad brasileña que afecta sobre todo a los sectores más precarios. “Lo que hemos visto, en realidad, es que los derechos no han llegado a esta parte de la población; porque la violación es en realidad la punta de un iceberg, y está directamente relacionado con el acceso precario a la vivienda, a la escolarización básica, al trabajo y a un salario digno”, insiste la investigadora.Otro de los datos a tener en cuenta es que más del 60% de los agresores eran personas cercanas a las víctimas, ya sean familiar o amigos. Un hecho que no solo dificulta que las personas denuncien los casos, sino que además desmiente muchos de los estigmas que pesan sobre las víctimas. Según indica los responsables del informe, “esto también rompe el mito de que por su condición, su comportamiento o su forma de vestir, las mujeres se ponen en situación de ser violadas. Lo que muestran los datos es que la violencia está dentro del hogar”.Aunque los homicidios relacionados con agresiones sexuales hayan disminuido por tercer año consecutivo, Brasil posee una tasa de asesinatos casi cuatro veces superior a la media mundial calculada por Naciones Unidas. La oenegé concluye con este informe que aún queda un largo camino para acabar con estas vulneraciones a los derechos humanos en Brasil.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció esta semana que suspenderá los aranceles a los alimentos importados de la canasta básica. Esta medida, que se aplica a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un período de diez años, busca mitigar el aumento de los precios. Tanto productores como economistas han criticado esta medida, calificándola de "ineficaz". Bajo un régimen de mano dura, Nayib Bukele consiguió en su primera legislatura reducir a mínimos históricos la violencia en El Salvador, un país asediado por las pandillas. Ahora, el presidente comienza su lucha contra las que denomina "mafias empresariales", a las cuales las responsabiliza del alza de los precios de los alimentos.El precio de los alimentos ha subido hasta un 40% en un año. 9 de cada 10 verduras que se consumen en El Salvador vienen del exterior.“Casi todas las verduras que se consumen en El Salvador vienen de Guatemala. Los cárnicos y lácteos vienen de Nicaragua. Transportar esos productos es lo que ha generado que se eleve un poco el costo por los precios de los combustibles básicamente”, explica a RFI Óscar Picardo Joao, director del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de El Salvador.Para acabar con la subida de los precios, el presidente de El Salvador suspendió los aranceles contra los alimentos de la canasta básica durante 10 años. Pero algunos economistas dicen que esta medida es ineficaz, ya que la mayoría de estos productos tienen tasa 0% de arancel.Además, los agricultores señalan que favorece la importación en lugar de la producción y eso debilita al país. Según Picardo Joao, el sector agrícola está “abandonado históricamente”. “En este quinquenio hemos tenido cuatro ministros diferentes de agricultura. Eso da una idea de la relevancia que tienen las políticas de apoyo al agro”, apunta.El precio de los combustiblesDespués de conocer todos estos factores surge una duda, ¿tendrá efecto la suspensión de aranceles?“Es imposible bajar el costo de los productos mientras esté alto el precio de los combustibles. Si baja el precio de los combustibles probablemente haya una disminución el comportamiento del mercado. No va a depender de estas medidas que se están impulsando. Algunos han sugerido quitarle el IVA pero tampoco quizás sea una solución prudente”, dice Óscar Picardo Joao.El 29 % de los salvadoreños que viven en el país son pobres, según datos de las Naciones Unidas.Además, el coste de la canasta básica de alimentos por familia, según el Banco Central de Reserva, es de 256 dólares al mes, frente a un estancado salario mínimo que no llega a los 400 dólares en varios sectores. Atajar la crisis económica es vital para la supervivencia de la población.

La herida sigue abierta 30 años después y la memoria de las víctimas continúa viva en el corazón de todos los argentinos, ya no sólo de la comunidad judía. Cuando se produjo aquel atentado de inmediato comenzaron las tareas para rescatar los archivos que allí se guardaban. Un trabajo significativo, que permitió preservar grandes fragmentos de memoria histórica, social, comunitaria y cultural. Fue el 18 de julio de 1994. Aquel día la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue escenario de uno de los ataques terroristas más devastadores. A las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó frente al edificio ubicado en Pasteur 633, en el barrio de Once, causando la muerte de 85 personas y dejando más de 300 heridos. La herida sigue abierta 30 años después y la memoria de las víctimas continúa viva en el corazón de todos los argentinos, ya no sólo de la comunidad judía.La escritura, los textos que conservan la memoria, son parte esencial de la cultura judía. Cuando se produjo aquel atentado, hace ahora 30 años,  de inmediato comenzaron las tareas para rescatar sobrevivientes, y también para rescatar los archivos que allí se guardaban. Gracias a esa labor, se lograron conservar todo tipo de documentos, decenas de miles, que son constitutivos de la comunidad judía argentina, un trabajo significativo, que permitió preservar grandes fragmentos de memoria histórica, social, comunitaria y cultural, como nos cuenta nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy (escuche el reportaje audio que acompaña este artículo).Bajo el lema “El terrorismo sigue, la impunidad también”, el acto central de este jueves reunirá, nuevamente, a todas las voces comprometidas en apoyar el reclamo de justicia, denunciar la impunidad persistente en la causa, y recordar a las personas asesinadas. “No sabés lo que se siente escuchar el nombre de tu hermano y que todos menos él digan presente”, asegura Rosa, hermana de Ángel Claudio Ubfal, al comienzo del video de convocatoria al acto.Ninguna persona ha sido condenada por el atentado aunque la idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de integrantes de Hezbollah con el apoyo logístico de Irán y una conexión local.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la nueva reforma de pensiones. Esta elimina la competencia que hay entre Colpensiones y los fondos privados, de forma que ahora todos los ciudadanos contribuyen a un sistema único. Pero este sistema basado en cuatro pilares o distintos tipos de pensiones según la contribución no es perfecta; y aunque resuelva parte de la desigualdad social en la vejez, plantea ciertos problemas económicos a largo plazo.   El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmaba en la icónica plaza de Bolívar una de sus grandes promesas de campaña, la reforma legal del sistema de pensiones. Gustavo Petro busca, con esta reforma basada en cuatro pilares, ampliar la cobertura económica en un país donde solo uno de cada cinco adultos jubilados recibe una pensión.Dos de los pilares de esta reforma, el solidario y el semicontributivo, ofrecen una pensión a todos aquellos que no cumplían los requisitos necesarios.Para Óscar Becerra, profesor de economía de la Universidad de los Andes, esto permite atacar la irregularidad laboral en el país: "Muchos trabajadores no logran contribuir el suficiente tiempo para garantizarse una pensión. El sistema simplemente le devuelve los recursos con que contribuyó la persona con o sin interés, dependiendo del sistema en el que estuviera. El nuevo sistema, lo que plantea, es favorecer a estas personas, cambiando la devolución de aportes para aquellos quienes contribuyeron al sistema, convirtiéndolo en una renta vitalicia". Leer tambiénRemezón ministerial en el Gobierno colombianoNo obstante, la falta del aumento de la edad de jubilación, así como de los años necesarios para cotizar, suponen un grave problema de financiación para el sistema.Además, el economista explica que otro problema está en el nuevo modelo del tercer pilar, el contributivo: "Actualmente, los subsidios pueden ser muy altos. Al poner el límite en 2,3 salarios mínimos, ese subsidio se va a limitar, pero ahora vamos a ampliar la cantidad de personas que van a recibir el subsidio. Los ahorros que se consiguen por limitar el subsidio a las personas que recibieron un subsidio gigantesco no logran compensar el gasto adicional que vamos a tener que hacer por pensionar a muchas más personas con ese subsidio". Esta reforma cuenta con la aprobación del Congreso y la firma del presidente, pero se enfrenta a un último reto: el visto bueno de la Corte Constitucional.Nos lo cuenta desde la propia plaza de Bolívar Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores: "Los fondos privados se están asociando para poner múltiples demandas ante la Corte Constitucional, sosteniendo que no hubo debate en la plenaria de la Cámara. Aquí hay que decir todo lo contrario, que esto era una reforma que llevaba 2 años discutiéndose en el Congreso y en el país. Obviamente que no hay muchas garantías en esta Corte Constitucional. Ha tumbado parte de los recursos más significativos de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro". La movilización de este martes fue la primera de tres en las que Petro busca consolidar un escudo social que le permita impulsar nuevas reformas en educación, salud y servicios públicos, entre otros temas. 

Más de 3.000 menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó este martes Human Rights Watch, que denunció "malos tratos", "detenciones indiscriminadas" y casos de tortura en el país. Juan Pappier, subdirector para  las Américas de HRW, explica en RFI que "se han centrado en los jóvenes porque son los más estigmatizables" En un informe titulado "Su hijo no existe aquí", la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas. "Los datos que tenemos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, es que 3.319 niños y niñas fueron detenidos", dijo la directora de las América de HRW, Juanita Goebertus, al presentar el informe en San Salvador. El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos los menores. Asimismo, el informe dice que más de 1.000 niños han sido condenados, con penas que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos "por cargos definidos de forma excesivamente amplia [...] y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados".Juan Pappier subdirector para  las Américas de HRW, explica en la antena de RFI que "se han enfocado en los jóvenes porque son los más estigmatizables, sobre todo en las comunidades más humildes" y en muchos casos han sido "presionados para reconocer delitos" o condenados "por un sólo testimonio policial" . Pappier explica que en algunos casos "se ha detenido a niños y niñas de tan sólo 12 años acusados de ser pandilleros sin ninguna evidencia".Bukele lanzó en marzo de 2022 una "guerra" contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas.La oenegé salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada que al menos 176 niños quedaron en orfandad por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos "han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024".Bukele rechaza acabar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura. Con su cruzada los homicidios se redujeron drásticamente y Bukele se convirtió en el mandatario más popular de América Latina, según una encuesta regional. En febrero fue reelegido con el 85% de los votos. "La violencia ha disminuido pero esto ha ocurrido a un coste humano inmenso e injustificado" sentencia Juan Pappier subdirector para  las Américas de HRW en RFI.

Hay un tipo de feminismo que, tras la llegada de Milei al poder, ha ganado visibilidad: el feminismo liberal o libertario, distinto del feminismo hegemónico, al que consideran 'radical' y apodan 'hembrismo'. Sobre las tensiones entre estos dos grupos, escuche el reportaje de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy.  La llegada de Milei al poder generó conmoción en los sectores feministas que durante los últimos años habían ganado espacio y avanzado en el logro de derechos, entre otros, la legalización del aborto.El presidente cerró el Ministerio de la Mujer, cambió el nombre del que era el salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, desfinanció un plan que había logrado reducir drásticamente el embarazo adolescente, redujo al mínimo el personal de la línea de atención por violencia de género y ha hablado en contra de la educación sexual integral y del aborto legal.A la vez, su llegada dio visibilidad a otras mujeres que plantean pertenecer a un feminismo liberal o libertario, que aparece en disputa con el feminismo que se había convertido en hegemónico en los últimos años.En un salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se reunieron decenas de mujeres de diferentes organizaciones feministas. "Tenemos muchísimas diferencias políticas, pero venimos de construir un potente 8 de Marzo en unidad", dice Mercedes Trimarchi, coordinadora de la Agrupación Feminista Socialista Isadora. "Discutimos desde distintos espacios feministas cuáles son nuestras estrategias para enfrentar el ataque de Milei a las conquistas feministas", agrega.Viviana Norman, activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, estima por su lado que la ley de aborto legal, seguro y gratuito, aprobada por el Congreso a fines de 2020, marcó un hito en Argentina. Para ella, es una conquista que se debe defender "porque lograrlo fue el producto de una lucha enorme. Es un derecho adquirido y no vamos a dar un paso atrás", sostiene.En contra del feminismo radical o 'hembrismo'  Estos grupos de mujeres están buscando que sus derechos no se vean opacados por las políticas oficiales. Entre tanto, otras mujeres están ganando visibilidad tras la llegada de Milei al poder, como Agostina Torres."Estamos pegando carteles de Javier y Karina Milei. Son carteles convocando a la gente a que se afilie a La Libertad Avanza", dice esta mujer que votó por Milei. Agostina Torres pertenece a la agrupación "Pibes Libertarios", alineada con el partido del presidente. Ella está en contra del aborto legal, pero dice que defiende la idea de equidad. "Yo defiendo la igualdad de derechos para hombres y mujeres. En cambio, con lo que no me identifico es quizás con el concepto que se tiene ahora de feminismo, que para mí es más un feminismo radical o hembrismo".Feminismo libertario, híbrido difícil de procesarNo todas las mujeres votantes de Milei y liberales piensan igual. "Las mujeres liberales somos como un híbrido bastante difícil a veces de procesar o de posicionar", dice Agustina Sosa, que preside el capítulo argentino de "Ladies of Liberty", una organización de mujeres liberales y libertarias. Ella sí defiende el derecho al aborto legal y cuestiona los estereotipos. "No somos a veces muy bien recibidas ni por las [feministas] que son más hegemónicas, ni por las conservadoras", dice.Viviana Norman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, cree que, aunque puede haber muchos tipos de feminismos, hay un límite. "Si un feminismo libertario es ese feminismo que puede estar en las filas de La Libertad Avanza [el partido de Milei], a mí me cuesta".El avance del gobierno de Javier Milei sobre las conquistas feministas recientes parece anticipar que estas tensiones se irán incrementando más y más.

Perú anunció que aplicará estas vacunas a los menores de entre 6 y 16 años de la zona de Piura, en el noroeste del país, la más afectada. El plan piloto de vacunación contra el dengue se hará con la vacuna del laboratorio japonés Takeda. Se trata de un esquema de dos dosis, eficaz desde la primera, que se hará en intervalos de tres meses en la población objetiva, según anunció el ministerio de Salud peruano. Si bien se trata de una noticia esperanzadora, el especialista peruano en enfermedades infecciosas y tropicales, Eduardo Gotuzzo, resaltó que la vacunación ha de ser parte de una política más amplia de lucha contra la enfermedad.  El dengue hoy en día en América Latina es la enfermedad más notable que hay- Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales“El control lamentablemente de dengue es un tema complejo que no se puede resolver fácilmente, si es que no hay toda una política múltiple que incluye que la población misma participe en erradicar las fuentes donde se reproducen los mosquitos que el ministerio de Salud con el ministerio de Agricultura procure eliminar, utilizarlo adecuadamente los insecticidas, entonces las vacunas es un elemento adicional”, afirma Gotuzzo. Leer tambiénArgentina: El dengue hace estragos y el Estado, ausenteEste programa se aplicará a niños de entre 6 y 16 años por ser los más expuestos a la mortalidad, junto con los mayores de 60 años con comorbilidades. Un grupo que, el también profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia, espera sea integrado al plan en una segunda fase.  Aunque Gotuzzo ratificó que esta vacuna es "segura", explicó que no sirve para todos los tipos de dengue: “Una cosa es lo que tú haces, un ensayo clínico, y otra cosa es que lo use como instrumento de salud pública”. Este añadió que la eficacia está en discusión para dengue 3 y dengue 4 porque no hay suficiente data. “Hay para el 1 y para el dos el más severo. Por eso algunos países han sido más conservadores”, explicó el experto. Algo similar sucede con la introducción de mosquitos "modificados biológicamente" para detener la propagación. El problema está asociado al cambio climático: los mosquitos maduran más rápido, tienen más días de vida mucho más largos y pican mucho más tiempo y después comienzan a migrar a nuevas zonas- Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales“Es un nuevo fenómeno y lo que ha pasado como efecto inicial es que casi no hay caso de dengue en esa zona. Ahora eso es posible en determinadas ciudades, pero cuando tú hablas de la Amazonía es difícil, pues, que tú vayas a la Amazonía a poner más mosquitos. Es decir, son zonas tropicales donde el efecto probablemente sea mucho menor”, aclara Gotuzzo. El Gobierno de Perú amplió el pasado 24 de mayo la emergencia sanitaria por dengue en 20 de las 25 regiones del país por 60 días, debido a la persistencia de los casos de esta epidemia que, según los últimos datos oficiales, supera los 257.000 contagiados y ha llegado a 242 fallecidos. Leer tambiénEpidemia de dengue en Brasil: la bacteria Wolbachia, ¿una solución milagrosa?Sin embargo, la lucha contra el dengue es un desafio no solo en el país andino, sino en toda la región. El especialista en enfermedades infecciosas y tropicales declaró: “El dengue hoy en día en América Latina es la enfermedad más notable que hay. El problema está asociado al cambio climático: los mosquitos maduran más rápido, tienen más días de vida mucho más largos y pican mucho más tiempo y después comienzan a migrar a nuevas zonas”. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este año que América Latina y el Caribe vivirán su "peor temporada de dengue" con unos 9,3 millones de casos y al menos 4.500 muertes entre enero y junio. 

RFI entrevistó a Guillermo Medrano, director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) con ocasión de la publicación de un informe según el cual al menos 263 periodistas se han visto obligados a salir de Nicaragua por la persecución que se desató tras las protestas opositoras de 2018. Entre abril y junio de este 2024 se registraron al menos 34 agresiones, pero podrían ser muchas más. La falta de una prensa libre afecta a casi la mitad de Nicaragua, donde la ONG FLED afirma que "la cultura de censura, exilio, amenazas y restricciones contra el periodismo independiente mantiene su esplendor", bajo el gobierno del socialista Daniel Ortega.El informe de esa ONG de defensa de la libertad de expresión pone de manifiesto las violaciones a la libertad de prensa en ese país. Solo entre abril y junio de este 2024 se registraron al menos 34 agresiones, entre las que destaca el discurso estigmatizante. Además, 17 periodistas se vieron forzados al exilio. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, según explicó a RFI Guillermo Medrano, director ejecutivo de FLED."Decimos que entre abril y junio de este año fueron 'al menos' (34 agresiones y 17 periodistas obligados al exilio) porque existe un sub-registro. Conocimos los casos de muchas personas en una situación similar, pero que no nos permitieron incluirlos en la lista, ni siquiera bajo condición de anonimato. Hay un gran temor de ser identificados. Ellos ya no quieren ser víctimas de más represión. Eso mismo sucede hacia los periodistas que se encuentran exiliados y cuyas familias han sido víctimas de asedio e intimidación en los últimos meses", afirma Medrano.La ONG denuncia también que agentes policiales y paramilitares visitaron e intimidaron a periodistas, incluso bajo amenaza de encarcelarlos, si no respondían a sus preguntas. Un hostigamiento del que tampoco están exentos los periodistas oficialistas, a quienes se les ha prohibido cubrir servicios sociales o denuncias ciudadanas."Esta situación la encontramos más que todo en el interior del país. Me refiero a periodistas oficialistas a nivel local. Logramos conversar con algunos que han sido visitados. Son amenazados de que  si no cumplen con esas prácticas serán censurados o incluso encarcelados. Ellos también están siendo vigilados", sostiene.En total, en ocho de los 17 departamentos del país, la práctica periodística independiente es nula. Esto supone un 47% del territorio. Pero el gobierno de Ortega niega esta situación.La libertad de prensa corre el riesgo de desaparecer "Estamos ante un Estado indolente, un Estado represor que solo escucha a sus aduladores. El culto a la personalidad es lo único que ellos escuchan. En cambio, para atender críticas de Estados, de gobiernos, de instituciones de derechos humanos: para todo eso el Estado (nicaragüense) y todas sus instituciones, tienen los oídos cerrados", apunta Medrano.Para el Defensor de los derechos Humanos, la libertad de prensa está en alto riesgo de desaparecer en Nicaragua, donde la amenaza de un apagón informativo es cada vez mayor."Además del exilio, que ya suma más de 263 periodistas, tampoco existe formación. Las pocas escuelas de formación periodística han sido clausuradas en el marco de la confiscación de las universidades. Las pocas escuelas de comunicación que han quedado, las de las universidades públicas, solo son escuelas de agitación y propaganda".En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en un informe sobre Nicaragua que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados arbitrariamente en un contexto de crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Ortega.

El régimen de excepción implementado por Nayib Bukele en El Salvador supone un estado de derecho roto, donde las principales garantías constitucionales están suspendidas de facto en nombre de la seguridad, según lo denuncia un informe publicado este miércoles 10 de julio por Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos del país. Tras dos años de investigación, el documento de Cristosal evidencia la instrumentalización del sistema de justicia y el alto costo humano de este régimen, que practica detenciones arbitrarias y ya causó la muerte de bebés y personas inocentes, así como la profundización de la desigualdad social y de género.Las cifras del reporte sobre el régimen de excpeción en El Salvador son estremecedoras: 261 personas y cuatro bebés murieron bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en 2022.Estas muertes dejaron a su vez a 176 niños en orfandad, mientras que el encarcelamiento masivo supone el abandono de más de 62.000 menores de 15 años.Cristosal se basa en tres grandes investigaciones que analizan estos dos años de estado de excepción. Los ejes son: el impacto en las mujeres y niños, las muertes en las cárceles estatales y la infuncionalidad del sistema de justicia."La tortura y los tratos inhumanos contra las personas detenidas bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele es ya una política de Estado. No hay investigaciones sobre este tipo de abusos”, explica a RFI David Morales, jefe jurídico de la organización Cristosal. “Hemos establecido sobre una muestra de 1.178 casos que las detenciones son arbitrarias”.Leer tambiénEl Salvador: ¿Hacia más autoritarismo con la reforma constitucional?"Infundir miedo en la sociedad"Ante la nula información oficial al respecto, la evidencia presentada constituye un aporte a la búsqueda de justicia para las personas inocentes afectadas.Pese a las denuncias crecientes, el Ejecutivo de Bukele ha negado en varias ocasiones la responsabilidad del Estado.“Los funcionarios voceros sobre este tema mantienen una actitud negacionista. Hay una política de impunidad y de exaltación del régimen de excepción como instrumento efectivo contra la criminalidad”, apunta Morales.Según denuncia su informe, gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. Mientras que la suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres.“No se aplica para investigar delitos graves de las pandillas ni la jefatura de estos grupos”, lamenta Morales, quien denuncia una “estrategia de detenciones arbitrarias masivas y juicios sin debido proceso para infundir miedo en la sociedad”.El modelo punitivo de Bukele parece no tener límites. La semana pasada, el mandatario salió en cadena nacional amenazando a empresarios con “tomar medidas” si los precios de los alimentos seguían subiendo. “Así como se lo dijimos a las pandillas, ahora se lo decimos a ustedes: paren de abusar o no se quejen después”, afirmó.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió este martes 9 de julio en Santa Cruz de la Sierra con su par boliviano Luis Arce, en una visita que pretende instaurar una “diplomacia económica” entre ambos países. Lula llegó acompañado de una comitiva integrada por ministros y más de 100 empresarios. El objetivo es fortalecer los vínculos en la agroindustria, la transición energética y los minerales, principalmente, en la industrialización del litio. Poco después de llegar a Bolivia, el presidente Lula expresó sus deseos de cooperar con su vecino.Según afirmó, Brasil puede ayudar a Bolivia “en la transferencia de tecnología" en varias áreas, entre las que destacó "la exploración de minerales”, en particular, el litio.“Brasil quiere posicionarse en los recursos mineros de Bolivia, que tiene una de las reservas de litio más grandes del planeta”, recuerda a RFIBruno Fornillo, investigador del Conicet y miembro del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires.“Pese al control estatal, Bolivia ha tenido dificultades técnicas para extraer ese litio”, dice el experto. Actualmente se está extrayendo mineral en el Salar de Uyuni “con empresas rusas y empresas chinas”.Con 23 millones de toneladas de litio cuantificados y en proceso de certificación internacional, Bolivia es el primero en la lista de países con este recurso natural.El vicecanciller boliviano, Elmer Catarina, dijo que este encuentro será una oportunidad para mostrar a Brasil los “avances con la industrialización del litio”, a la vez que subrayó las “oportunidades” que se abren en un mercado tan grande como el brasileño.Por eso, de la cita participarán también representantes de las empresas estatales Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)."No existe nada que se parezca a una OPEP del litio"Sin embargo, el especialista pone en duda el interés económico que podría suponer esto para La Paz.“No es una oportunidad especial porque por ahora Brasil no requiere litio a gran escala. La aspiradora por el momento es China”, apunta Fornillo.Consultado sobre las posibles tensiones que esta cooperación podría generar con Argentina y Chile, las otras naciones con mayores reservas en la región, el analista se muestra escéptico.“No hay ninguna relación entre Argentina, Chile y Brasil. Nada que se parezca a una OPEP del litio a nivel regional. Podría haberlo”, concluye.La cita presidencial también estará marcada por temas políticos, tras el intento de golpe militar de hace dos semanas en La Paz. Es la primera visita del mandatario brasileño al país desde que retomó la presidencia en enero de 2023. La última fue en 2009, cuando Morales estaba en el poder.

Este domingo arrancó en Paraguay la reunión del bloque comercial sudamericano, el Mercosur, en la que participan todos los mandatarios miembros salvo uno: el argentino Javier Milei quien se fue a Brasil para participar en una conferencia de conservadores. Una cumbre que en los últimos años ha intentado cerrar en vano un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Uruguay asume la presidencia del Mercosur con un objetivo claro, perfeccionar este mercado común como zona de libre comercio. “Desde el punto de vista de Uruguay, si uno quiere mejorar el Mercosur y hacer un Mercosur más fuerte, al contrario de lo que piensan otros, se puede hacer bajando el nivel de ambición, es decir, concentrándonos en crear y fortalecer una zona de libre comercio y no buscar objetivos que todos sabemos que son inalcanzables, como la unión aduanera o menos aún el mercado común”, asegura Washington Durán, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industria en Uruguay. Durán conoce bien el tema, ya que ha sido uno de los expertos en negociaciones internacionales de este país con el Mercosur: “Si queremos tener un Mercosur que sea creíble, que sea confiable, que sea fuerte, lo mejor es apostar a concluir lo que hoy por hoy se puede hacer en este momento histórico. Si logra ser una zona de libre comercio completa, puede ser algo muy importante para los países de la región y también una carta de presentación muy importante del Mercosur al mundo y no esta imagen más debilitada que tiene hoy”. La cumbre del Mercosur se celebró en medio del estancamiento de las tratativas para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), mientras se reforzó la idea de alcanzar un acuerdo de negocio con el gigante asiático, China. “El mercado chino es un mercado importante, pero hay que tratarlo con cuidado. Si es importante para nosotros acceder a las mismas condiciones de acceso que ya tienen. Hay otros países en ese mercado que compiten con nuestra producción”, puntualiza el experto. Mercosur puede ser un buen aliado para EuropaDurante los últimos 20 años, Mercosur ha intentado cerrar en vano un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Los argentinos han criticado el proyecto por favorecer a Brasil mientras que los países europeos, especialmente Francia, se han opuesto por razones ambientales, entre otros puntos.“Priman los criterios políticos parcializados de los ambientalistas. O Europa abandona esa política neocolonial que tiene o se va a quedar aislada porque el Mercosur va a tener que salir a buscar nuevos socios y los nuevos socios los va a buscar con aquellos que tienen poder de compra, sea con China, sea con los países del Golfo, sea con países de Centroamérica, sea con países del África”, advierte el  presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industria en Uruguay.  El Mercosur fue fundado en 1991, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país que está suspendido desde 2017) junto a varios estados asociados, es el principal receptor de inversiones extranjeras en sudamérica y tiene un PIB de 2,86 billones de dólares.

En Argentina, la Universidad Nacional de Quilmes inició este mes la producción de una "supersopa" altamente nutritiva para distribuirla en comedores populares. La iniciativa busca ayudar a los más necesitados, en momentos en los que Argentina acumula una inflación del 280%. La iniciativa resurge ante la creciente demanda de estos centros comunitarios, que dejaron de recibir alimentos de las autoridades nacionales luego que el gobierno de Javier Milei decidiera suspender la distribución, mientras estos son auditados. Una decisión fuertemente criticada en el país, que atraviesa desde hace años una crisis económica, que empujó a más de la mitad de la población a la pobreza.La "Supersopa" vuelve a los comedores populares argentinos. Se trata de un producto elaborado por la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene una nutrición mejorada con el fin de generar un alimento base para situaciones de crisis. La producción de este superalimento se da en medio de una fuerte recesión económica, según explicó Alfredo Alfonso, rector de la institución.“Hay una situación de altísima necesidad social, donde el hambre predomina. Nos llaman muchísimo para pedirnos supersopa y por eso hemos decidido relanzar la producción”, declaró Alfonso en entrevista con RFI.La supersopa está compuesta de carne, hortalizas, arvejas y arroz, concentrados en latas de 4 litros, que mezcladas con agua, equivalen a unas 50 raciones.El programa surgió hace 22 años, tras el estallido social de 2001, y tuvo una producción constante hasta 2019, cuando fue suspendida para lanzar los trabajos de renovación de la caldera, que concluyeron este año. La planta está en la propia universidad, que paga los servicios y el personal, mientras la producción se sostiene a partir de donaciones.La misión social de este proyecto se extiende incluso a la región y otros países del mundo. También la FAO se interesó en el programa, mientras que se transfirió la tecnología para constituir plantas procesadoras similares en otros países, como Mozambique.Además de esta supersopa, la universidad desarrolla otra alimentos super nutritivos, como sopas vegetarianas, guisos o locro, un estofado clásico de la gastronomía argentina. Todo ello en un contexto social que se agrava, pese a no llegar aún a los niveles de 2001.Según un sondeo reciente, casi el 98% de los comedores sociales registraron un incremento de afluencia en el último semestre, mientras que un 78% dejó de recibir ayuda gubernamental en este período. La justicia volvió a exigir esta semana al gobierno distribuir las más de 5 mil toneladas de alimentos que guarda en depósitos, pero, de momento, no lo ha hecho.Argentina atraviesa una fuerte recesión económica, con aumento del desempleo y de la pobreza, que ya afecta al 55,5% de la población, un nivel récord en 20 años, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La situación humanitaria en Colombia se deterioró "de forma considerable" en los primeros cinco meses del año, según denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja. Casi todos los indicadores de violencia se incrementaron en el país como resultado de un recrudecimiento de los conflictos armados existentes. El nuevo informe de la Cruz Roja es contundente: entre enero y mayo, aumentaron un 35% las víctimas de artefactos explosivos, un 49% los desplazamientos masivos y un 101% los confinamientos. También se registraron 78 desapariciones y 116 actos violentos contra personal médico.Control territorialAunque este deterioro es "bastante preocupante", Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, afirma que ya viene dándose desde 2018: “El año 2017, luego de los Acuerdos de Paz de 2016, fue el año con menores consecuencias humanitarias registradas. A partir de 2018 se vio un deterioro que fue de hecho constante hasta este año, y los primeros cinco meses de 2024 no cambiaron esta tendencia”.Si bien se trata de un fenómeno nacional, lo cierto es que está concentrado en algunos territorios. “Hoy en día hay una parte del país, sustancialmente la parte central, que vive su vida y que no está afectada directamente por los conflictos. Pero hay una parte del país donde la situación no ha cambiado mucho comparado a hace años, y donde se ha probablemente vuelto más complejo por la multiplicidad de actores armados que están operando hoy en día para el control territorial: la frontera con Venezuela, el norte de Antioquia, el sur de Bolívar, el oeste del país, el sureste del país”, detalla Caraffi.En estas zonas en conflicto, la mayoría de la población es indígena o afrodescendiente. Lo que explica que representen al 60% de las personas afectadas por estas problemáticas. En tanto, los civiles se ven cada vez más afectados por esta escalada de la violencia.Víctimas civilesEjemplo de ello son las 194 víctimas -18 de ellas mortales- de artefactos explosivos, como minas antipersona y otras bombas de fabricación artesanal, en 43 municipios del país, incluidas zonas donde no se habían registrado casos. El 69% de estas fueron civiles, el porcentaje más alto en seis años.“Las comunidades están literalmente en el medio de los enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial. Intentan tener su vida normal y naturalmente que están afectadas por los enfrentamientos, la lucha para el control territorial, y que hay víctimas con mucha frecuencia. No sólo ellos físicamente, pero también sus bienes, sin naturalmente esconder lo que es menos visible, que es el impacto no sólo socioeconómico pero psicológico”, subraya el experto.Pese a la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, la violencia persiste ante la continua ausencia del Estado en las zonas en conflicto. Son varios los grupos armados que operan en estas regiones, incluidas facciones disidentes de las FARC que rechazan el pacto de paz, el Ejército de Liberación Nacional, paramilitares y bandas implicadas en el narcotráfico.Falta de presencia estatalMientras esta falta de presencia estatal persista, el responsable de la Cruz Roja considera difícil que la situación mejore: “Colombia es un país donde la presencia de infraestructura y oportunidades en esos territorios ha sido faltante históricamente, y eso desafortunadamente es algo que continúa. Con el Acuerdo de Paz de 2016, que tiene el objetivo también de enfrentar los problemas sistémicos estructurales en sus territorios, hubo un gran optimismo. El Acuerdo de Paz de 2016 naturalmente sigue siendo relevante, central. Pero mientras, esos territorios continúan sufriendo por la consecuencia de falta de infraestructura, de educación, de servicios esenciales, y eso crea las condiciones, establece las raíces para que esos territorios sean territorios más afectados por la violencia y en disputa para el control territorial”, analiza.Según la clasificación de la Cruz Roja, actualmente hay ocho conflictos armados activos en Colombia: tres entre el Gobierno y grupos armados, y cinco entre grupos armados no estatales. El presidente Gustavo Petro abrió negociaciones con la mayoría de esas agrupaciones, pero sin resultados concretos hasta la fecha.

Tras seis años de investigación, comenzó esta semana en Perú el juicio por presunto lavado de activos a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. La hija del exmandatario peruano está acusada de haber financiado sus campañas de 2011 y 2016 con dinero no declarado de la constructora brasileña Odebrecht y podría ser condenada a 30 años de prisión. Por tercer día consecutivo, Keiko Fujimori se sentó en el banquillo de acusados.La líder de la conservadora Fuerza Popular está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo en el marco del escándalo Odebrecht.Leer tambiénArrancó en Perú juicio a excandidata Keiko Fujimori por caso OdebrechtUn juicio contra el partido "más estable" de PerúSegún la Fiscalía peruana, la constructora brasileña habría pagado 1,2 millones de dólares a Fujimori para financiar sus campañas de 2011 y 2016, un dinero que no habría declarado. Y, por ello, podría ser condenada a 30 años y 10 meses de cárcel.Este juicio es seguido de cerca en el país. El politólogo peruano Mirko Lauer explica su relevancia: "Primero, por la importancia de la enjuiciada, que ha sido candidata a la presidencia tres veces. Segundo, porque el partido, que está implícitamente enjuiciado, es hoy el más estable y sólido del país. Y en tercer lugar, porque lo sucedido con los cócteles, el financiamiento de la campaña... es muy importante para el futuro inmediato del sistema electoral peruano". Los mejores abogados del país concluyen que va a ser muy difícil que se pueda probar que es un caso de lavado de activos- Arturo Álvarez Rodrich, periodista y economista peruanoSin embargo, para el periodista y economista peruano Arturo Álvarez Rodrich será difícil de probar la culpabilidad de Fujimori."Ojalá pueda este juicio aportar luz sobre el caso de Keiko Fujimori, al igual que del resto de políticos que están siendo investigados por los mismos temas. Pero los mejores abogados del país concluyen que va a ser muy difícil que se pueda probar que es un caso de lavado de activos. Y que, en cualquier caso, no sería un delito, sino una falta administrativa, que tendría una pena mucho menor"m afirma el economista.Un litigio importante, pero con poco alcance políticoAlgo similar a lo que sucede en los procesos a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, acusados también de haber recibido sobornos de Odebrecht. Los efectos en la política y en la vida peruana son muy remotos, y como se demora tanto, para cuando veamos el final de la historia, probablemente el contexto va a ser muy diferente- Mirko Lauer, politólogo peruanoEn cualquier caso, este juicio, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría extenderse durante años. Un pronóstico que, para Lauer, reduce su impacto inmediato: "Los efectos en la política y en la vida peruana son muy remotos, y como se demora tanto, para cuando veamos el final de la historia, probablemente el contexto va a ser muy diferente". El politólogo confiesa que a pesar de ser un tema muy importante, posee "muy poco alcance político en este momento". Esto explica también, según Álvarez Rodrich, el desinterés de la sociedad peruana: "Cada vez la política está siendo menos atractiva para la mayoría de los ciudadanos, que están alejándose con mucho menos interés en lo que ocurre". Rodrich opina que quizás el interés aumente cuando haya alguna condena, pero que el proceso en si mismo "no genera mucho interés".Leer tambiénExcarcelación del expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado por crímenes contra la humanidad En la misma causa hay otros 45 acusados, entre ellos el exesposo de Keiko Fujimori y exdirigentes de su partido. La política, que ya cumplió 16 meses de prisión preventiva, reivindica su inocencia. Pero si es hallada culpable antes de 2026, la líder fujimorista no podrá postularse a las elecciones de ese año.

El Gobierno de Cuba declaró que las condiciones de su economía son similares a “una economía de guerra”. En medio de una crisis que ya superó al llamado Periodo Especial de los años noventa, las autoridades cubanas lanzaron un nuevo paquete de medidas temporales que pretende impulsar la “estabilidad de la macroeconomía” en la isla.  La declaración de las autoridades cubanas implica cambios que incluyen recortes presupuestarios, una política de precios únicos, tanto en el sector estatal como en el privado, y algunas regulaciones y reajustes destinados a “corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024″.El anuncio fue hecho el domingo en una reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Díaz-Canel. Y busca ajustar el presupuesto a una situación extrema, después de que el país cerrara el 2023 con una inflación del 30 %, una caída del 2 % del PIB y una depreciación de la moneda de más del 50% frente al dólar y al euro en el mercado informal. Medidas necesarias para afrontar la inseguridad energéticaAún se desconoce cuándo se aplicarán las medidas, ¿pero por qué son necesarias?Arturo López-Levy, investigador asociado en el Instituto de Estudios Regionales Comparados de la Universidad de Denver, explica: "El Gobierno está en este momento en unas condiciones muy precarias en términos de algunas áreas fundamentales".En esas circunstancias tan difíciles, están hablando de establecer un mecanismo de control sobre recursos que son extremadamente escasos y vitales para el funcionamiento mínimo de la economía- Arturo López-Levy, investigador asociado en el Instituto de Estudios Regionales Comparados de la Universidad de DenverEl experto asegura que una de ellas es la seguridad energética, debido a las sanciones que instauró el expresidente de EE.UU. Donald Trump, y que el actual presidente Joe Biden no ha desmontado, ya que sus esfuerzos están concentrados en "los problemas de mala gestión de las guerras en Oriente Medio y Ucrania".Leer tambiénCientos de personas protestan en Santiago de Cuba por apagones y falta de alimentosCuba aspira a un modelo de economía mixta"En esas circunstancias tan difíciles, están hablando de establecer un mecanismo de control sobre recursos que son extremadamente escasos y vitales para el funcionamiento mínimo de la economía", aclara López-Levy. A su juicio, la declaración de "economía de guerra" ilustra la precariedad que atraviesa la isla y es un mensaje hacia los sectores económicos para que se adapten a este escenario. No obstante, consideró que el impacto de las medidas no se verá en el corto plazo. Mientras que si se hacen los cambios estructurales necesarios, recién habrá resultados en un mediano plazo.El Gobierno de Cuba aspira a un modelo de economía mixta que, sin duda, sea mucho que todo lo que ha habido, que lo que hay y que sea una alternativa a un paquete de medidas neoliberales- Arturo López-Levy, investigador asociado en el Instituto de Estudios Regionales Comparados de la Universidad de DenverEl investigador de la universidad de Denver considera que la cuestión de la guerra económica norteamericana contra Cuba "no es algo que el Gobierno controle".Leer tambiénCunde el 'malestar país' en Cuba, dice a RFI el opositor Cuesta Morúa"Es por ello que el Gobierno de Cuba toma medidas que establezcan un paradigma, un modelo económico distinto donde las potencialidades de desarrollo interno se dinamicen", afirma López-Levy. "Yo creo que en ese sentido, el Gobierno de Cuba aspira a un modelo de economía mixta que, sin duda, sea mucho que todo lo que ha habido, que lo que hay y que sea una alternativa a un paquete de medidas neoliberales", asevera el investigador. De momento, la situación es crítica. Algo admitido por el propio presidente, que reconoció “complejidades económicas” que repercuten tanto en la entrega en tiempo de los alimentos que los hogares reciben de manera racionada, como en los constantes cortes de electricidad y en la inflación que afecta el acceso de las familias a productos de primera necesidad. Según dijo, las causas muchas veces están “directamente relacionadas con la burocracia y el ineficiente control" que realizan desde su sistema institucional.

Hace 43 años, los trabajadores de un hospital de Santiago de Chile tomaron al hijo de María Angélica González de sus brazos inmediatamente después de que nació, y le dijeron luego que el bebé había fallecido. Caprichos del destino y fruto de una ardua investigación, no fue hasta el pasado año que Jimmy Lippert Thyden conoció sus verdaderos orígenes. Raptado al nacer hace 43 años durante la dictadura de Augusto Pinochet, y entregado en adopción en forma irregular a una familia en Estados Unidos, el abogado Jimmy Lippert Thyden González, quien adoptó ahora el apellido de su madre biológica, González, demandó el lunes al Estado chileno para que subsane el caso.“Es un momento muy importante”El abogado y ex marine, quien hoy vive en Virginia, Estados Unidos, comenzó a conocer la verdad de su origen en abril de 2023, cuando leyó informaciones sobre personas nacidas en Chile que había sido robadas al nacer, pero que habían logrado reunirse con sus parientes biológicos. Con la ayuda de varias ONG de Chile y Estados Unidos se hizo pruebas de ADN que confirmaron lo que sospechaba: su familia consanguínea era chilena.“Ojalá que podamos ganar una buena resolución. Es increíble que en 40 años no hubo justicia para nadie. Ninguna persona tiene culpabilidad por nada. Es increíble. Es un momento muy importante y ojalá que todos los adoptivos chilenos en el mundo puedan escuchar esa historia y preguntarse si quizás ellos tienen una historia similar”, dijo a RFI antes de regresar a Estados Unidos.Una de las cosas más importantes, para él, es que el Gobierno de Chile reconozca que esto sucedió, que se cometió un error. “Primero eso. Y el Gobierno necesita aceptar la identidad de todos los bebés porque somos chilenos, no importa donde vivimos ahora. Y también el Gobierno necesita pagar reparaciones para todo”, y ayudar a los chilenos en el mundo que no tienen los fondos para hacer búsquedas.“Somos chilenos igual”El caso de Jimmy Lippert Thyden González va a abrir muchos otros: “Sí, obviamente. Pienso que cuando trabajamos juntos podemos cambiar el mundo, el futuro, para nosotros, para las madres y para nuestros hijos e hijas, porque somos chilenos igual”, recalca el que en agosto del año pasado viajó a Chile para conocer a su madre biológica, María Angélica González, y a sus hermanos, en la ciudad de Valdivia.El rapto y adopción ilegal de Thyden se produjo en los años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), es una más de las cerca de 50.000 adopciones ilegales que ocurrieron en Chile entre 1950 y 1990. Muchos niños fueron acogidos por familias en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Suecia.Si bien se ha descartado el secuestro de niños como método represivo, como sí sucedió en Argentina, las condiciones de esa época facilitaron el actuar de grupos dedicados a captar niños para enviarlos al extranjero por motivos económicos. Un rol protagónico lo jugaron asistentes sociales, religiosos, médicos o funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción.En 2017, el entonces magistrado Mario Carroza puso en marcha la investigación judicial sobre el robo y la venta de bebés, aunque desde entonces no hubo avances. La demanda expuesta por Jimmy abre la esperanza para las más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales en Chile. Por eso también anunció la puesta en marcha de un sitio web (adopcionilegal.cl) para sumar a otros demandantes a esta querella.Y con la AFP

RFI entrevistó a José Gabilondo, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU), sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que ha desestimado un delito clave del que se acusa a Trump: el de obstrucción, influencia o impedimento de forma corrupta a un procedimiento oficial.  Los jueces de la Corte Suprema sentenciaron que el delito de obstrucción, influencia o impedimento de forma corrupta a un procedimiento oficial no es aplicable en el caso del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 durante la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. La decisión beneficia a por lo menos 353 imputados, incluido el expresidente y actual candidato presidencial republicano, el magnate Donald Trump.Por seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal de Estados Unidos considera que la ley de obstrucción no puede aplicarse al ex policía Joseph Fischer, uno de asaltantes, porque él no perjudicó la disponibilidad o integridad de registros, documentos u objetos usados en la proclamación del triunfo presidencial del entonces candidato presidencial demócrata Biden.Preguntamos al profesor de derecho José Gabilondo su opinión sobre el sustento jurídico de esta decisión."En realidad, esta ley fue prevista originalmente para las empresas públicas. La idea fundamental detrás de esa ley era proteger la integridad de los documentos contables cuyos títulos transan en mercados públicos. Lo que hicieron los fiscales (de la Corte Suprema) fue ampliar el sentido original de (esa ley) a las más de mil personas que fueron arrestadas, unos 350 fueron acusadas bajo esa ley. Esa ampliación original era agresiva, aunque entendible. Pero lo que hizo hoy el Tribunal Supremo fue decir que esa interpretación estaba equivocada", explica Gabilondo, actual decano Asociado de Acreditación y Reportes de la Universidad Internacional de Florida.El Tribunal Supremo dice que los fiscales se extralimitaron con esta acusación del 6 de enero porque en la obstrucción a un procedimiento oficial, que en este caso sería la ratificación del presidente Biden en el Capitolio, se necesita para ello que haya fraude contable y destrucción de pruebas. ¿Qué piensa sobre esto el profesor Gabilondo?"Hay que tener en cuenta que, si la policía no hubiera arrestado a la turba, seguramente muchos de ellos hubieran llegado a destruir los documentos físicos que se usaban en el conteo, pero no llegaron a eso. De forma que, técnicamente, la interpretación que le ha dado el Tribunal Supremo es defendible. No es, definitivamente, la única interpretación. Personalmente no creo tampoco que sea la mejor, pero insisto en que es defendible.  Ahora bien, esto no significa que esas 350 personas, de las cuales ya hay como 52 en la cárcel, vayan a ser liberadas. Los tribunales inferiores tienen que revisar sus sentencias tomando en cuenta esta nueva interpretación de la ley. Y también hay que señalar que esta ley solamente fue una de las cuales se usó para las acusaciones y no afecta las demás leyes que se usaron contra los miembros de la turba", precisa el profesor Gabilondo.Los magistrados conservadores señalaron que de aplicarse en el caso del asalto al Capitolio, la ley prevista para castigar la destrucción de pruebas en delitos financieros, se abriría la puerta para que se aplique en causas por protestas políticas.

La intentona fallida de golpe militar en Bolivia ocurrió esta semana al tiempo que en Paraguay se abría el telón de la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La condena de la OEA fue total. Esta será la última asamblea en la que Luis Almagro ejerza como titular de la Secretaría General, cargo para el que fue elegido en marzo de 2015, con apoyo de 33 de los 34 Estados miembros. “Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora”: Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó a nombre de todos los Estados americanos el intento fallido de golpe de Estado de un grupo de militares encabezados por el ya destituido y ahora detenido comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga.“La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar”, añadió Almagro.Rol importante de la OEA en el derrocamiento de Evo MoralesPablo Deheza, politólogo y editor del diario boliviano La Razón, recuerda sin embargo que la OEA de Almagro jugó un papel determinante durante el quiebre del orden constitucional de 2019 en Bolivia: “En ese momento la OEA jugó un rol fundamental porque en su condición de observador del proceso electoral, se convirtió en el dirimidor de la veracidad de los resultados electorales”.El organismo hemisférico fue acusado de consolidar, junto a opositores a Evo Morales, el discurso de fraude electoral que obligó a la renuncia de Morales y concluyó con la autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez, actualmente en prisión, como presidenta del país andino.“La OEA asienta las dudas sobre el proceso electoral, siendo que nunca hubo una demostración fidedigna de decir ‘aquí están las actas fraudulentas, aquí ha habido fraude’. ¿Cuál era el sustento para decir que se amañaron las elecciones? Y en ese momento, el señor Almagro jugó un rol importante en lo que fue el derrocamiento de Evo Morales en 2019”, precisa Deheza.Un golpe sin repercusiones¿Por qué entonces, la rápida respuesta de condena a los golpistas y solidaridad con el Gobierno boliviano de hoy? “Definitivamente esto fue una sonada golpista, bastante chapucera, descoordinada y protagonizada por un comandante del Ejército, Zúñiga, secundado por otros dos comandantes, y esto no tuvo repercusiones en el resto del país. No fue un típico intento de golpe armado en la experiencia boliviana, es decir, a un intento de este tipo le sigue un cuartelazo en el resto del país, se suele plegar la policía, cosa que no sucedió. Y esto además viene acompañado con también el control de los medios de comunicación”, detalla Deheza.“Eso no pasó. Al no existir un nivel de coordinación ni siquiera al interior del país, mucho menos a nivel internacional, no es de extrañar que haya una respuesta contundente, incluyendo, digamos, de la OEA, del señor Almagro”, concluye el periodista.En la Asamblea, el representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Enrique Arce, agradeció el rechazo a los militares golpistas y el respaldo al Gobierno legítimo de Luis Arce.

Se cumple un año de la explosión de gas en el estado de Tamaulipas en el apartamento de Thalía. La mujer quedó con quemaduras de tercer grado en 60% de su cuerpo. La familia de la víctima responsabiliza del daño a la empresa de energía, ENGIE, a la que acusa de negligencia. La empresa de origen francés está señalada de causar otra expulsión que causó dos muertos en una tienda. El presidente de México ordena investigar las explosiones y que se haga justicia. El 29 de junio de 2023, Thalía dejó a sus tres niños en la escuela y se dirigió al apartamento que recién había comprado en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas, donde apenas se estaba instalando. Al entrar notó un olor extraño que su olfato no supo reconocer.“Y al cerrar la puerta, ya por dentro, ella ve de la chapa una chispa de fuego. Se generó esa chispa con la fricción de los metales y vio un hilo de fuego azul y dijo ‘esto es fuego’. Abrió la puerta, empezó a bajar la escalera y el departamento explotó por completo”, cuentaSalvador Martí, periodista y hermano de la víctima.“Explosividad en la alcantarilla”Relata que el fuego consumió el 60% del cuerpo de Thalía: “Van prendidos su ropa, sus cabellos, y empieza a correr gritando por ayuda. Una vecina la escucha y tenía una cubeta con agua y con eso la apaga y evita que se haya consumido en la banqueta”, dice, emocionado.El apartamento de Thalía tenía instalación eléctrica. No había bombona de gas. Sin embargo, tras investigar, cotejar documentos oficiales y apoyarse en un peritaje independiente, Salvador pudo concluir que fue una fuga de gas de la empresa de origen francés ENGIE la que provocó la explosión.“En las investigaciones se buscó si hubo otra fuente de gas cercana, algún tanque, una boya, y no encontraron nada. El baño no colinda con otra construcción. Hay una casa a un lado que tampoco cuenta con instalación de gas. Se encontró que hubo una acumulación de gas en el baño, es decir, el gas llegó a través del drenaje. Las tuberías pueden tener fisuras, pueden ser tuberías muy viejas, y justo enfrente y cerca de la tubería del drenaje pasa una línea de gas natural. Esa línea pasa a 60 centímetros de la banqueta, y el peritaje arrojó que había explosividad en la alcantarilla”, detalla.Otros casosLa empresa ENGIE asegura, por su parte, que “los peritajes realizados el día del incidente no registraron la presencia de gas natural en el inmueble, ni los alrededores”. En sus pesquisas periodísticas, Salvador encontró que en los últimos tres años se han reportado 300 fugas de gas vinculadas a ENGIE, pero que la empresa sólo registra tres.“Es un llamado no solamente por justicia, sino por responsabilidad social, y la responsabilidad de la empresa. Si bien hubo reportes de los vecinos de que olía a gas, el personal de ENGIE sí fue a la calle, pero no se tomaron en serio la seguridad. Es decir, sí estamos ante una negligencia. Con estos testimonios de los vecinos, descubrimos que tuvo otra fatalidad un año antes, con la explosión también de un inmueble que no contaba con gas, que la acumulación fue en el baño y que está acreditado que fue una fuga de gas natural de sus tuberías”, asegura Salvador.Desde que se quemó, Thalía ha sido sometido a 15 cirugías y aún le falta otro tanto. Perdió partes de su cuerpo y dio origen al movimiento “Yo sobreviviente”. “ENGIE empezó a realizar estrategias legales para deslindar su responsabilidad, mientras que una víctima está padeciendo, pues no solamente los problemas del porcentaje tan alto de quemaduras, sino también los gastos”, recalca su hermano.En enero de 2022, se registró una primera explosión en una tienda Seven Eleven de Tamaulipas dejando dos víctimas mortales. Los familiares denuncian la responsabilidad de ENGIE. Sin embargo, mediante amparos la empresa nunca se responsabilízalo del hecho y el seguro de la tienda asumió todos los gastos.  “Se hace justicia”Esta semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar las explosiones en Matamoros que han dejado a dos muertos y a Thalía viva de milagro. “Que vea lo del gas la secretaria de Seguridad. Cuando se trata de temas de justicia, siempre se apoya a la gente, se hace justicia”, afirmó AMLO.Señalada como responsable, la multinacional de energía y gas reiteró en un comunicado su compromiso de colaborar y reiteró su apego a la seguridad, la transparencia y la legalidad.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones, la Asociación peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) solicitaron a la CIP que abra una investigación por el asesinato de 49 personas y los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Ambas organizaciones denuncian también el creciente autoritarismo del Gobierno de Dina Boluarte, la corrupción endémica y la captura de las instituciones. Tras llevar a cabo un perfilamento de las víctimas y la violencia de la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones de defensa de DDHH concluyen que se trata de crimen de lesa humanidad con un evidente tinte racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.RFI ¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?Gloria Cano: “Que esta violencia letal fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, sobre todo jóvenes. Y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cuzco, en Puno, en Arequipa. Eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechua hablantes aimaras. Hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también”.¿Quiénes son los victimarios?“Desde la Presidenta de la República, los ministros que estuvieron a cargo de tomar las decisiones, así como los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tuvieron algún tipo de responsabilidad, fueron ascendidos incluso por la Presidenta de la República, como en el caso del Ministro de Defensa que fue ascendido a Primer Ministro. Los mandos militares fueron premiados como agregados militares al exterior. Es decir, hay acciones que demuestran no solamente el conocimiento, la toma de decisión, sino también el encubrimiento al tratar de proteger a las personas que estaban involucradas”.Ustedes también denuncian un oscuro Pacto de gobierno. ¿En qué consiste?“Hay un pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para ir disminuyendo los derechos de la población, destruir las instituciones tutelares de la democracia como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que no solamente elige a los jueces y fiscales de la Nación, sino también tienen el poder sancionador hacia ellos y eligen a los órganos electorales. Hay amenazas para intervenir el Ministerio Público, destituir al fiscal de la Nación, destituir a todos los fiscales supremos y no dejar realmente que la justicia avance. Hay una primera votación en el Congreso donde se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo es acatando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han dejado en libertad a Alberto Fujimori y creemos que la situación en el Perú se agrava cada día más”.La confianza de la ciudadanía hacia sus representantes también se ha desplomado. Una encuesta reciente realizada por DATUM, revela que solo un 5% aprueba a la presidenta Boluarte. Y, según IPSOS. un 91% de la población rechaza el desempeño del congreso peruano.

Un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos presentado en España revela que entre 2012 y 2023, hubo 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras de DD.HH. y 956 organizaciones. En la misma década, 200 defensoras fueron asesinadas y otras 228 sobrevivieron a intentos de asesinato. Varias integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) recorren durante esta semana diferentes ciudades en España con el objetivo de presentar un informe en el que se denuncian más de 35.000 agresiones a defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica durante la última década.“Este informe que se llama ‘Datos que nos duelen y redes que nos salvan’, cuenta con un registro de 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras y 956 organizaciones. Durante estos más de 10 años, nosotras hemos registrado asesinatos contra 200 compañeras en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Pero también hemos logrado evitar por medio de las redes que tenemos, redes de protección en el país, el asesinato de 228 que han sobrevivido a intentos”, nos explica la activista Yessica Trinidad, perteneciente a la Red Nacional de defensoras de DDHH en Honduras, antes de partir hacia Alicante donde se pondrá fin a esta gira de concienciación.Agresiones múltiplesHostigamientos, desprestigio, amenazas o criminalización son algunas de las agresiones documentadas con más frecuencia. El 45% son perpetradas por autoridades del Estado a través de cuerpos policiales, autoridades de distinto nivel y fuerzas militares.“Dentro de las amenazas está el hostigamiento, las campañas de desprestigio, los procesos de criminalización, o sea, el uso del derecho penal para poder obstaculizar la defensa de derechos humanos. También una escalada en la violencia física y psicológica contra las compañeras, la prisión y hasta el desplazamiento forzado de sus territorios”, detalla Yessica Trinidad.“¿Y quiénes son? Pues según nuestros registros, los mayores perpetradores de estas agresiones son los funcionarios públicos, o sea, alcaldes o miembros de instituciones públicas. Pero también en su mayor porcentaje, están las fuerzas represivas del Estado, o sea, los militares, la Policía Nacional y la Policía Militar”, subraya.La IM-Defensoras que nació en 2010 congrega hoy a casi 3.000 defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica. Sólo entre 2018 y 2023, realizó 19.045 acciones de acompañamiento, contribuyendo a la protección y el cuidado de 18.058 defensoras en riesgo.

40 años después, la justicia ha condenado a 10 exmilitares por las violaciones a mujeres campesinas en el “caso Manta y Vilca” en Perú, en pleno conflicto entre el Ejército y Sendero Luminoso. Una sentencia histórica que trae algo de paz y dignidad a sus víctimas. En 1984, en pleno conflicto entre las fuerzas de seguridad de Perú y Sendero Luminoso, el ejército instaló una base cerca de las localidades de Manta y Vilca para tratar de tomar el control de la zona. Poco después, se comenzaron a denunciar violaciones de los uniformados a mujeres del lugar, algunas menores, con una impunidad que ha tardado 40 años en desaparecer.“Una suerte de liberación”En el conocido como “caso de Manta y Vilca”, un tribunal ha condenado a 10 exmilitares a penas de entre seis y 12 años de cárcel por la violación de nueve mujeres campesinas en Huancavelica. Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal y abogado de seis de ellas, nos cuenta como estas mujeres vivieron la condena cuatro décadas después.“El día de hoy hemos estado nuevamente reunidos con las señoras. Ellas nos señalaron una expresión, dijeron que hoy en día habían caminado felices. Esa expresión me parece que da cuenta de algo que ellas han sentido como una suerte de liberación. No es que hayan estado presas, pero sí han estado un tanto aprisionadas por una experiencia que sin duda alguna marcó su vida. En algunos casos malogró su vida, ¿no es cierto?”, explica Rivera.“Creo que simboliza algo que no existía en el pasado de sus vidas, que el Estado las escuche, que el Estado las reconozca, que logren encontrar en la justicia un camino de reparación”, recalca.Una sentencia históricaLa naturaleza del caso y que se condene a militares hace que para Carlos Rivera la sentencia tenga todos los elementos para calificarla de histórica: “Es una sentencia histórica, no tengo duda. En realidad, yo creo que hay varias razones. Me parece que una primera es que lamentablemente, a pesar de que la violación sexual en el conflicto armado interno de Perú había sido un dato común, una práctica recurrente, más allá de un solo caso sentenciado en el año 2016, no había ningún otro caso sentenciado, y eso daba cuenta de una situación bastante arbitraria y de desconocimiento de la existencia de crímenes sexuales en el conflicto armado”, precisa.Además, enfatiza el abogado, “el hecho mismo de que el Poder Judicial haya emitido una sentencia condenatoria contra un grupo de militares, me parece que ese solo elemento acredita ya la importancia del caso”.La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a cinco años de audiencias de un caso emblemático en el país suramericano por ser el primero en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada (1980-2000).

Es un pequeño triunfo para las ONG en defensa del medioambiente. Tras un rechazo judicial inicial, Francia investigará la posible violación de derechos humanos y medioambientales de EDF y TotalEnergies en virtud de su pionera Ley del Deber de Vigilancia.  La justicia francesa investigará las actividades de la eléctrica EDF y la petrolera TotalEnergies para ver si vulneran derechos humanos y medioambientales. Eso sí, en casos concretos, no en su totalidad.Se trata de una decisión basada en la llamada Ley del Deber de Vigilancia, que obliga a las grandes empresas transnacionales francesas a evaluar los riesgos humanos y ambientales de sus actividades y proponer medidas para mitigarlos.La decisión viene del Tribunal de Apelación de París, que ha decidido examinar sobre el fondo las demandas de dos grupos de ONG contra las multinacionales, inicialmente rechazadas por un tribunal judicial.En el caso de EDF, los representantes de la comunidad autóctona mexicana de Unión Hidalgo, en Oaxaca, habían llevado a los tribunales a la eléctrica francesa por su proyecto de levantar un parque eólico con un centenar de aerogeneradores gigantes.Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de la ONG ProDESC, uno de estos representantes, explica el motivo de la denuncia: “El caso fundamentalmente se entiende a partir del incumplimiento respeto al derecho a la consulta, porque la empresa tramitó diversos permisos de parte de las autoridades mexicanas y suscribió diversos contratos, sobre todo de compraventa de energía. Obtuvo por ahí exenciones de impuestos. Todo esto sin que antes la comunidad hubiera sido consultada y otorgara el consentimiento para que este proyecto pudiera instalarse en territorio de su comunidad”.En 2022, las autoridades ya cancelaron los contratos con EDF al no considerar este proyecto viable. Aun así, la denuncia se mantuvo, porque la comunidad, más allá de la suspensión del proyecto, entiende que se tienen que asumir responsabilidades.“En virtud de que ya se han generado violaciones a los derechos de la comunidad indígena, para los miembros de la comunidad y para ProDESC es importante avanzar con este tipo de casos, porque con independencia de las decisiones que se puedan tomar, digamos a nivel doméstico o nacional donde estos proyectos intentan ser impulsados, resulta importante también ir estableciendo la responsabilidad que las empresas tienen a propósito de estos proyectos”, concluye Torres.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se encuentra en el Salvador desde el pasado domingo. El motivo del viaje, tomar nota de las medidas aprobadas por el Gobierno de Bukele para luchar contra la violencia, un modelo basado en el estado de excepción que se ha saldado ya con decenas de miles de detenidos. La ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich está realizando una visita de cuatro días al Salvador para analizar el modelo de seguridad implementado por el Presidente Nayib Bukele en su lucha contra el crimen organizado. Un modelo que, según Bullrich, quiere replicar en Argentina.El viaje, con reuniones con el presidente y oficiales de seguridad de primer nivel en la agenda, también ha incluido ya una visita a la mega-cárcel del distrito de Tecoluca, símbolo visible de esa guerra total contra el crimen organizado que se ha saldado ya con más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.¿Se puede implementar un modelo parecido en Argentina? Ariel Larroude, exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de Argentina, estima que no.“La conflictividad a gran escala que ha tenido El Salvador durante los últimos 20 años con las maras y cómo ha resuelto el Presidente Bukele Justamente esa violencia no es aplicable aquí en Argentina, básicamente porque no se tiene los mismos niveles de violencia letal”, asegura a RFI.“La realidad es que en Argentina todavía la matriz delictiva nacional está fuertemente ligada a la desigualdad social, básicamente a lo que aquí se conoce como delitos ordinarios, que son los robos, los hurtos, los homicidios, pero por conflictos interpersonales, los feminicidios y no vinculada a temáticas relativas al crimen organizado. Esto no quiere decir ni que en la Argentina no haya narcotráfico, que lo hay, pero sin embargo no tiene la conflictividad en términos de violencia de tal que sí tiene o que ha tenido El Salvador, por lo menos hasta la llegada de Bukele”. Larroude destaca que en los últimos cinco años, Argentina ha registrado solo 4,5 muertes violentes por 100.000 habitantes, frente a las 17 del Salvador. Entiende que la visita es más un gesto mediático.“Creo que es un mensaje mediático, que el fin es mantener la impronta de mano dura que tiene la ministra aquí en la Argentina. Pero realmente no es comparable la situación de ambos países. El modelo de Bukele puede exportarse a cualquier parte del mundo. No obstante, los modelos foráneos hay que tratar de asimilarlos y ver cómo funcionan de acuerdo a las complejidades delictivas de cada país, y la Argentina no tiene la misma conflictividad delictiva que El Salvador”, concluye Larroude.

La justicia de Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad. El Ministerio Público de Bolivia decidió reabrir el caso del sacerdote catalán Luis María Roma, un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso fallecido en 2019, que cuenta sus abusos en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este).Acotó que el jesuita, apodado "Lucho Roma", abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia. Las memorias del jesuita en las que describía los abusos fueron encontradas por investigadores eclesiásticos y, según la publicación del diario, fueron nombradas como "Los Manuscritos de Charagua" y no fueron públicas hasta ahora.“Deslindarse institucionalmente”Tras cinco años de investigación, los Jesuitas de Bolivia admitieron en un comunicado haber tenido actuaciones “negligentes, indolentes y nefastas” ante estos abusos y pidieron que se reabriera la investigación. Esta confesión aparece luego de que la orden ocultase los resultados de su investigación interna sobre Luis María Roma. La Compañía de Jesús aseguró que “no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abusos porque primero son las víctimas”.Para Edwin Alvarado, dirigente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una asociación de víctimas de pederastia, el comunicado de los jesuitas produce una profunda indignación: “No admiten todo lo ocurrido. Están orientando hacia la responsabilidad individual de los sujetos que gestionaron los conflictos en 2019 en el caso ‘Lucho Roma’. Sin embargo, la comisión investigadora es institucional, es de sus canales internos, de su justicia canónica. Y desgraciadamente en esa comisión investigadora estaba otro abusador, también ya denunciado, Carlos Villamil Olea, y estaba algún otro sacerdote, incluso del propio colegio, de donde sale la mayoría de miembros de esta comunidad”, explica.“Entonces, para nosotros resulta nefasto que, a título de reconocer responsabilidades, traten de deslindarse institucionalmente para cargar la responsabilidad en los individuos. Cada uno de estos individuos actuó como parte de un mecanismo institucional de la Compañía de Jesús y en su informe instaba a avanzar, y la Compañía decidió esconder los documentos hasta que se vio obligada a revelarlos”, recalca Alvarado.Investigación y víctimasEl caso del sacerdote Luis María Roma es tan solo uno más de este escándalo que destapó el diario El País. Entretanto la asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana no parará hasta que la verdad se reconstruya.“La actitud de la Compañía es hipócrita, es soberbia y es meramente mediática. No son los apropiados para urgir a la justicia boliviana a reabrir el caso. La comunidad de sobrevivientes está segura de que el caso se va a reabrir por dos razones: por una esmerada investigación periodística que ha tomado como un año, y porque han aparecido las víctimas que no encontraba la Fiscalía, y están dispuestas a dar su testimonio en la justicia”, concluye Edwin Alvarado.

A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA.La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hito histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando. En primer lugar, el Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y, de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Es horrible que esto pase, también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”.También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, obviamente, y un impacto en términos reparatorios y tiene un impacto jurídico también. El estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, sobre cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no solo a las víctimas, sino a la sociedad argentina.”Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto.“Cuando me refiero al estado argentino, no se refiere únicamente al poder ejecutivo, también al poder judicial y al poder legislativo. El poder judicial tiene mucha responsabilidad y tiene cosas para revertir esta situación. No es mera retórica. También, vinculado a la reconstrucción de la verdad, no únicamente con el atentado, sino con todo lo que fueron las maniobras de desvío y de encubrimiento de la investigación, y hay todo un capítulo vinculado a la desclasificación de información. Estamos pasando por un momento político también medio complicado y hay que ver qué posición toma el poder ejecutivo, pero no se trata de que solo el poder ejecutivo cumpla, sino los tres poderes”.Aunque el daño fue muy importante, tienen expectativas en lograr una mayor transparencia del Estado. Sobre todo, en la “connivencia” de los servicios de inteligencia y el poder judicial, un tema que para la abogada sigue siendo de actualidad.

Una semana después del polémico decreto de Joe Biden que restringe el acceso al asilo, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense. Según denuncian, esta medida es “ilegal”, mientras que las organizaciones presentes en la frontera temen una mayor exposición a la violencia de estas personas, de por sí vulnerables. En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día.“Derecho de pedir asilo”Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia.“La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes.Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza.Faltan “formas correctas de abordar esto”En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras.La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba.De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.

Este miércoles llegó a Cuba una flota naval rusa de última generación, que realizará una estancia de cinco días en la isla. Aunque la visita ha sido prevista con antelación, Estados Unidos dice estar siguiéndola desde "muy de cerca". El Ministerio de las Fuerzas Armadas cubano indicó que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una “amenaza para la región”. Algo confirmado por el Pentágono, que aseguró no estar preocupado al respecto.No obstante, la visita se da días después de que Putin amenazara con desplegar armas en terceros países para golpear intereses occidentales, en un contexto de tensión creciente por la guerra en Ucrania.“Intencionalidad de provocación”“Hay una intencionalidad de provocación, no significa que esa provocación tenga una proclividad al escalamiento. Es una muestra de fuerza, de capacidad de proyección y de demostrar que ellos tienen sus socios en otras partes del mundo. Como en este caso es Cuba, pero en el pasado se ha hecho también mucho énfasis sobre Venezuela”, explica a RFI el analista internacional Andrei Serbin Pont.Las actividades rusas en América Latina y el Caribe no son una novedad. Pero el interés estratégico es relativo, como comenta el también presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: “No es particularmente importante para la estrategia militar rusa, sólo en términos del inconveniente que le genera para Estados Unidos la presencia rusa como la China en América Latina. Para Estados Unidos, ha sido particularmente importante tratar de evitar la penetración de estos actores dentro de la región, con un éxito limitado. Y entonces hacer este tipo de maniobras o tener este tipo de presencia es una forma de muy bajo costo de enfatizar estos problemas para Estados Unidos”.“Resistencia ante la influencia norteamericana”Distinta, en cambio, es la relevancia del apoyo ruso para Cuba. “Históricamente trata de marcar muy claramente su posición de resistencia ante la influencia norteamericana. Mostrarse con socios poderosos les es de interés, obviamente, pero también en un contexto creo que doméstico complejo, vienen de una serie de protestas, de problemas energéticos, una crisis económica muy fuerte, el apoyo internacional también le es de interés al régimen a la hora de proyectarse internamente”, analiza Andrei Serbin Pont.El arribo de esta flota a la isla caribeña se dio el mismo día en que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Serguéi Lavrov se reunieron en Moscú. Allí, el funcionario cubano rechazó la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y celebró “las históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Concluyó el primer juicio en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands por la financiación a los paramilitares en Colombia, y por los crímenes cometidos. La sentencia: pagar una millonaria indemnización a 8 víctimas, de momento. Ahora, falta que la compañía recurra la sentencia o por el contrario indemnice a las víctimas. En 1997, David, un hombre que dedicaba sus días a trabajar en una plantación de bananos, fue asesinado en 1997 a manos de un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más tarde, los paramilitares también acabarían con la vida de su hermano y secuestraría a sus hijas; todo con el objetivo de expulsar de sus tierras a toda la familia en nombre de la empresa Chiquita Brands. Tras más de una década de litigios, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a los directivos de la empresa norteamericana por financiar estos atroces actos de violencia.Un hecho inédito, según Gabriela Valentín, abogada de EarthRights, uno de los grupos que presentaron la demanda. “Está es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación de Estados Unidos por su complicidad en abusos de Derechos Humanos cometidos en el exterior, en este caso en Colombia”.Los antecedentes del caso se remontan a los años 80, cuando esta multinacional bananera, quiso expandirse en varias regiones colombianas afectadas por la violencia generada por la guerrilla conocida como las FARC. Su objetivo era hacerse con los terrenos cuyos precios estaban por los suelos, pero al igual que a la ciudadanía, las FARC comenzó a amenazar a la compañía. En lugar de buscar ayuda en el ejército o la policía, Chiquita proporcionó armas y financió con 1,7 millones de dólares a otro grupo paramilitar, que emplearon también el dinero para cometer masacres que han afectado a más de 4.000 personas. “El jurado, tras escuchar todos los testimonios de las víctimas, a los funcionarios, revisar y analizar pruebas documentales y escuchar por parte de expertos, tomó la decisión de que sí, la financiación de Chiquita a las AUC causó la muerte de las víctimas, a los familiares de los demandantes”, explica la abogada y añade que en cuanto a la pregunta de si la empresa fue extorsionada para recibir esos pagos, “determinaron que no, que no hubo ninguna extorsión”. Según EarthRights, aún queda un largo camino por recorrer, ya que falta que la justicia reconozca los crímenes cometidos contra el resto de las familias afectadas.Los ocho demandantes en el juicio civil de Florida acusaron al grupo agroalimentario de pagar casi dos millones de dólares a las AUC y ayudarles a transportar armas y drogas. El jurado aceptó el argumento de que ese dinero se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Por eso los ocho demandantes “a lo que el jurado encontró responsabilidad por parte de Chiquita se les otorgó más de 38 millones de dólares americanos. En este momento no sabemos exactamente cuándo los recibirán ya que Chiquita tiene la oportunidad de apelar la decisión”, explicó Gabriela Valentín, abogada de EarthRights.Leer tambiénMultinacionales y paramilitares: una alianza poco investigada en Colombia

En Amarillo, una pequeña ciudad conservadora de Texas donde el aborto está prohibido, un grupo de habitantes quiere impedir que sus autopistas se utilicen para el transporte de mujeres que buscan acceder a este procedimiento en estados vecinos que sí lo autorizan. La llamada “prohibición de viaje para abortar” ya existe en al menos 10 jurisdicciones de este estado del sur de Estados Unidos. Bajo acusaciones de no ser lo suficientemente provida, varias organizaciones de extrema derecha presionan a los alcaldes de localidades del sur de Estados Unidos para que aprueben la denominada “prohibición de viaje para abortar”. “Vulnerables a los ataques”Esta iniciativa, creada por el activista provida Mark Lee Dickson, ya suma unos 70 pueblos, ciudades y condados a los que califica de santuarios, donde algunos ciudadanos impiden el libre tránsito por carretera a aquellas mujeres que intentan viajar a otros estados donde abortar sí es legal.“Creo que los alcaldes de estos pueblos y ciudades son elegidos estratégicamente. Son elegidos porque son vulnerables a los ataques, no de la izquierda sino de la derecha. Creo que las ordenanzas se aprueban con el fin de demostrar una falsa sensación de fuerza entre las ciudades que son vulnerables y el liderazgo es débil a las presiones de estos colectivos provida”, afirma Rachel O’Leary, líder de la organización por los derechos de la mujer Women’s March.Tras recibir una oleada de críticas por parte de los grupos conservadores, Cole Stanley, el alcalde de la localidad de Amarillo, en el sur de Texas, pidió a los activistas que reformularan la propuesta y esta podría ser llevada a votación en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales.Vínculos con TrumpPara la activista, esto no es casualidad, ya que uno de los actores que está detrás de todo esto es el propio abogado del expresidente y candidato a las elecciones, Donald Trump: “[Trump] se ha rodeado de gente que está probando algunas de las políticas más extremistas tanto en cuestiones como el aborto como en temas relacionados con la raza, la inmigración o los derechos trans”, dice.“Por lo tanto, no sólo se trata del aborto, ya que muchas de las organizaciones cuyo objetivo principal era prohibir el aborto han pivotado sus misiones para incluir esas otras cuestiones”, subraya.  En mayo de este año, el Tribunal Supremo de Texas rechazó de forma unánime la demanda de cinco mujeres que alegaban haber sufrido graves complicaciones en sus embarazos y a las que se había negado el acceso al aborto, a pesar de las pruebas aportadas.“Esto es una prueba de que la aplicación de las excepciones se decide arbitrariamente, siempre que no se concedan, lo que deja a los proveedores de servicios médicos en una situación muy complicada, por lo que les cuesta entender lo que pueden y no pueden hacer, entre lo que es y no es legal. Además, la mayoría de los juristas que tratan este tema creen que este factor es incluso una parte de la estrategia”, indica O’Leary.La iniciativa “prohibición de viaje para abortar” ha sembrado la polémica tanto entre conservadores y demócratas, como entre los propios conservadores. Un síntoma más de la extrema polarización que vive el país y que detonará en las elecciones presidenciales de noviembre.   

El enclave fundado por el ex millitar nazi, Paul Schaffer y funcionó hasta el retorno de la democracia en Chile. RFI habló con uno de los abogados de las víctimas de Colonia Dignidad, Winfried Hempel.  “Hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso”, dijo en su rendición pública a la nación, el presidente chileno, Gabriel Boric, al anunciar la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, una secta en donde se obligó a colonos alemanes y chilenos a trabajo forzado, se abusó sexualmente de algunos de ellos y que también sirvió como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet.  El Gobierno chileno pretende convertir el lugar en un Memorial.“Saludamos esa iniciativa. Nos satisface enormemente, sin perjuicio del otro gran tema que surge inmediatamente, que es el tema del destino de la plata. La verdad. La expropiación es una venta forzosa jurídicamente hablando, y una venta forzosa significa que va a correr plata por el valor comercial de la parte expropiada. Esa plata legalmente correspondería a los hijos de los ex jerarcas. No puede ser que el Estado, por un lado, con la derecha, esté expropiando, instaurando un centro de memoria en el fondo reparando y materialmente, pero con la izquierda esté dando esa plata a quien no hay que darle ni un solo peso”, denuncia Winfried Hempel es un ex colono alemán y ahora es el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad.Colonia Dignidad fue fundada en 1961, en el sur de Chile, por el alemán Paul Schafer y fue desmantelada solo en 1991. Todavía viven en el lugar decenas de colonos y parte de ellos denuncian que aún se mantiene la estructura económica que creó el fallecido líder, que alcanzó a cumplir condena en Chile, acusado por abusos sexuales, condena que las víctimas piden para otros dirigentes del ex enclave alemán.“Dos generaciones de culpables. Unos son los jerarcas históricos, quienes en su mayoría cumplieron condena de cárcel y murieron. Y después hay jerarcas de una segunda línea, un poquito más jóvenes que se han fugado todos a Alemania y viven en tranquilamente porque en Alemania no son juzgables y no son extraditados a Chile. Estamos frente a un caso de impunidad en esa segunda generación de jerarcas. Es bastante frustrante esa situación, sobre todo porque Alemania en ese sentido, no colabora en nada”, afirma Hempel a RFI.Un tema que el presidente Boric podría volver a tratar esta semana cuando se reúna nuevamente con el canciller Scholz durante su visita oficial a Alemania.

Las autoridades migratorias empiezan a aplicar las nuevas restricciones al asilo en la frontera con México promulgadas por el presidente Joe Biden, que dio un giro a su política migratoria al anunciar, entre otras cosas, el cierre de su frontera con México. Unas medidas denunciadas por las organizaciones civiles y que los analistas describen como electoralistas. “Hoy anuncio acciones para impedir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo”: estas palabras del presidente estadounidense sorprendieron a muchos. Joe Biden daba a conocer así la emisión de una orden ejecutiva para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales. Más temprano ordenaba el cierre temporal de la frontera con México, cuando la cifra de entradas irregulares supera los 2.500 casos en un día.Un propósito político“El propósito es eminentemente político”, dice a RFI Tony Payan, director del Centro Estados Unidos-México de la Universidad Rice en Estados Unidos. Es una decisión política del demócrata acorde a la agenda de campaña de su rival Donald Trump para quien la inmigración ilegal es tema central, pero también al interés del estadounidense promedio. Según recientes sondeos, un 27% de la población dice que la inmigración es el tema más importante que enfrenta el país.“La pieza central de la campaña van a ser los ataques centrales a su desempeño como presidente de Estados Unidos. Siente que es el punto más vulnerable y obviamente, ahora tiene que de alguna manera corregir esa impresión que los republicanos han estado cultivando y machacando por todo el país durante todo este tiempo”, subraya Payan.Otro estiloEl nuevo plan migratorio de Biden hace uso de la misma autoridad ejecutiva que usó Trump para prohibir, en 2017 y 2018, la entrada de solicitantes de asilo. Pero según el analista Tony Payan, no se trata de copiarlo.“Cuando Donald Trump era el presidente, esta política vino acompañada de una crueldad inusitada, separaban a familias, separaban a niños de sus madres. Todavía hasta esta fecha, algunos de esos niños no han podido ser unificados con sus familias. Había un maltrato. A los migrantes se les guardaba en jaulas prácticamente en temperaturas que los congelaban. El presidente [Biden] no está haciendo eso, sencillamente está diciendo que si los números exceden 2.500 se van a tener que esperar en México y se van a suspender las audiencias de asilo. Entonces los migrantes tendrán que quedarse en México”, explica.En busca de votosLas medidas anunciadas por Biden, que serán impugnadas por organizaciones civiles, también molestan a su electorado tradicional. La pregunta es, ¿ganará votos con esto? “El presidente Joe Biden obviamente no está tomando esta medida para su base electoral. Esta es una medida diseñada precisamente para proveerle al presidente la capacidad discursiva de dirigirse al público estadounidense en general, a la gente en Wyoming, en Ohio, en Carolina del Sur, en Nebraska, y decirles ‘estoy tomando medidas claras, estoy asegurando la frontera y estoy deteniendo el flujo migratorio’”, responde Payan.“Aquí, la pelea, la lucha es por los indecisos. La lucha es por aquellos que dicen que es preocupante la situación en la frontera. Aquí son los votantes intermedios. A esos se dirige el expresidente Trump, y a esos se dirige el presidente Joe Biden por supuesto”, recalca.Actualmente Donald Trump le saca varios puntos de ventaja a Biden en las proyecciones electorales. El voto de los indecisos será clave para definir al ganador en noviembre próximo.

La World Weather Attribution (WWA) publicó un estudio de cómo el calentamiento del planeta alteró el régimen de lluvias en el sur del continente americano y según las proyecciones, las lluvias serían más intensas en los próximos años. El equivalente de tres meses de lluvia en dos semanas dejan como resultado 28 mil toneladas de escombros, muebles despedazados y miles de electrodomésticos inservibles arrastrados por potentes corrientes de agua. Las imágenes del diluvio que azotó el sur de Brasil el pasado mayo le dieron la vuelta al mundo y la ciencia estima que esto es una consecuencia del cambio climático. “Cuando la atmósfera está más caliente, hay más humedad en el cielo, es lo primero hay que entender. Y este fenómeno es un fenómeno físico de la tierra qué sucede con o sin cambio climático. Así funciona la naturaleza.Sin embargo, actualmente tenemos una atmósfera mucho más caliente y por lo tanto hay más lluvia, pero ojo, que serán más intensas y se producirán en un período de tiempo más corto como consecuencia directa del cambio climático”, explica Regina Rodrigues, climatóloga de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Leer tambiénVuelven las lluvias y prolongan el desastre por inundaciones en BrasilLimitar el aumento de la temperatura del planeta es el objetivo del siglo, no rebasar los 2°C de la media, pues los desastres naturales podrían agravarse. “Cuando hicimos este análisis, nos dimos cuenta de que este evento es muy extremo, porque ocurría una vez cada 100 a 250 años. Pero en una atmósfera por arriba de los 2 °C todo indica que las lluvias serían más frecuentes y podrían ocurrir cada 20 a 30 años. Y esto es muy problemático porque pasarán muchos años para reparar los daños”, insiste la climatóloga Rodrigues tras el reciente estudio de World Weather Attribution (WWA) de cómo el calentamiento del planeta alteró el régimen de lluvias en el sur del continente americano y según las proyecciones, las lluvias serían más intensas en los próximos años.Y aunque hoy la humanidad deje de emitir gases de efecto invernadero, el clima ya está alterado, ya no hay vuelta atrás, advierten los expertos. Ahora lo que se necesita, según Regina Rodrigues, es que los países se adapten, invirtiendo en la tecnología que permita mitigar los daños. “Los daños, sin duda, habrían sido menores si se hubieran destinado recursos tecnológicos para la adaptación. Incluso los países ricos no invierten lo suficiente en tecnologías. Es el caso de los Estados Unidos o los países europeos. Vemos cada año como los efectos del cambio climático les provoca problemas muy grandes, devastadores, porque no invierten lo suficiente para mitigar el cambio climático y su adaptación”, concluye.  Leer tambiénLa situación se vuelve cada vez más crítica en Sudamérica por las inundaciones

En entrevista con RFI, David Recondo, investigador en temas políticos y electorales de México en la Universidad Sciences Po de París, estima que la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, 'sabrá cultivar su propio margen de maniobra cuando esté encabezando el gobierno federal' y recuerda que ella tiene 'su propia trayectoria política, su propio militantismo en la izquierda'.  La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, afronta un mandato con una serie de desafíos ya habituales en México, como la lucha contra la violencia, ya sea ligada al narcotráfico o contra las mujeres, así como la inmigración o la falta de fondos públicos.Sin embargo, hay otro aspecto que puede resultar singularmente complicado: la relación con el estamento militar. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una buena relación con los militares, formalizada en una serie de concesiones en la gestión de grandes infraestructuras como el Tren Maya o empresas como aerolíneas e incluso en la seguridad pública.Sheinbaum ha dicho que esos acuerdos podrían ser revisados. Cualquier cambio podría tensar la situación, advierte a RFI David Recondo, investigador en temas políticos y electorales de México en la Universidad Sciences Po de París."Lo más delicado es el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero también en el manejo de ciertas obras de infraestructura, aeropuertos, aduanas y el famoso Tren Maya. Es una situación difícil. Quizá sea muy difícil que pueda realmente deshacer el arreglo que hizo el presidente saliente y decir que tiene que revisarse. Para ello, tendría que darle al ejército ciertas garantías. Conservar lo que han tenido hasta ahora, esencialmente, manejar el presupuesto relativo a la defensa y los presupuestos que corresponden no lo veo demasiado complicado, si bien pueden presentarse resistencias si se trata de reducir de alguna manera la intervención del Ejército en ciertos ámbitos de la economía".Sheinbaum tiene su propio capital políticoLa popularidad del presidente saliente, López Obrador, sirvió a Sheinbaum para cimentar su victoria, pero, ¿hasta qué punto puede desligarse de las políticas de AMLO, su predecesor?"Sheinbaum no ha dado una señal clara de divergencia o de cambio de orientación en comparación con lo que ha hecho hasta ahora Andrés Manuel López Obrador. Lo único que podemos decir es que ella tiene su propio capital político. Sheinbaum no es alguien que le deba a AMLO la posición que tiene ahora. Ella no le debe toda su legitimidad al presidente saliente. Ella tiene su propia trayectoria política, su propio militantismo en la izquierda. Por eso, ha ganado la posición que tiene. Va a saber, yo creo, cultivar su propio margen de maniobra cuando esté encabezando el gobierno federal".

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios del domingo 2 de junio. Los asesinatos, extorsiones y amenazas registradas en 2024 levantan sospechas sobre la capacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos.  Los mexicanos saldrán a votar el próximo domingo. Elegirán nuevo presidente así como a 20.000 personas aspirantes a cargos públicos. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios en medio de una ola de asesinatos, extorsiones y amenazas a candidatos y votantes.Según cifras oficiales, más de 20 candidatos a alcaldías locales han sido asesinados desde que inició la campaña en septiembre pasado. Se levantan sospechas sobre la capacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos. En ciertas regiones, los municipios son los más frágiles, aquí el crimen organizado somete a funcionarios y a partidos políticos. También existe la 'narcopolítica' y es un problema que preocupa a los especialistas en seguridad. En estas elecciones de 2024, el número de asesinatos se acerca a 100 y se estima que fueron cometidos por el crimen organizado.Leer tambiénViolencia electoral en México: 'Intentan hacerlos pasar por ataques del crimen organizado'En algunas regiones los partidos políticos pueden estar subordinados al narcotráfico e incluso operar al interior de ellos. Tan grave es el problema que el gobierno mexicano considera la lucha contra el crimen organizado como una variable al momento de tomar decisiones, lo que preocupa a diversos a diversos analista como Javier Oliva, investigador de la UNAM y especialista en temas de seguridad: “¿En qué democracia estable pones en la mesa de análisis la variable del crimen organizado? Algo estamos haciendo mal en la democracia mexicana porque imagínate tú que estuviéramos hablando en estos términos de la democracia en Estados Unidos o en Francia o en Italia o en Japón. No digo que no exista la violencia política, pero no, no forma parte de las incidencias que puedan afectar los resultados de los propios comicios”.A diferencia de otros países, en México son los ciudadanos quienes aseguran el desarrollo de las jornadas electorales, no la policía ni el Ejército. Pero en 2024 será diferente. El presidente Obrador anunció que se movilizarán más de 260.000 hombres para evitar incidentes el día de la jornada electoral. “Existe la posibilidad de que en algunas partes remotas del país pueda haber algún tipo de violencia para impedir o alterar el desarrollo de la jornada electoral, pero no es nuevo. O sea, porque no solamente se trata de la violencia criminal relacionada en la política, también entre los grupos políticos, aunque no estén relacionados con el crimen organizado, también ejercen su grado de violencia entre sí. No toda la violencia que estamos viendo en torno al proceso electoral tiene que ver con la intromisión del crimen organizado y complicidades con las estructuras políticas locales”, indica el investigador Oliva. Leer tambiénLas elecciones de México 2024 serán 'las más violentas de la historia'

Este miércoles 29 de mayo concluyó la campaña electoral mexicana, la más grande de toda su historia, pues se renovarán unos 20.000 cargos. Por primera vez, será una mujer quien tome las riendas de este país. Las encuestas le dan ventaja a Claudia Sheinbaum, la abanderada del partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero esta contienda dejó muchas víctimas en el camino: casi 90 políticos fueron asesinados, según el último reporte del Laboratorio Electoral. Sin importar el color del partido, unos 90 políticos de la contienda electoral en México fueron asesinados durante la campaña. De esta cifra, al menos 34 eran candidatos.Este miércoles fue asesinado el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Alfredo Cabrera recibió disparos durante un mitin en medio de la muchedumbre.Los crímenes no tienen que ver con ideologías o posiciones políticas. "Nadie tiene claridad sobre de qué lado viene la violencia. Pero hay grupos de crimen organizado, del narcotráfico y por supuesto algún nivel de violencia dentro de los partidos políticos que hemos identificado. Están tratando de hacerlos pasar por ataques del crimen organizado, pero perpetuados por grupos partidistas", explica a RFI Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral. Este laboratorio ha seguido los crímenes desde que comenzó la contienda electoral, en 2023, con las internas de los partidos, y hasta esta última etapa, que concluye el 2 de junio."Un limbo los dejó vulnerables"No obstante, Arias observa que la violencia electoral se transformó justo ahora en la recta final. "Se han registrado muchos ataques a candidaturas sin que pierdan la vida pero específicamente dirigidas a sus equipos más cercanos de campaña. Nos preocupa el efecto sobre la inseguridad no solamente durante la jornada electoral pero también en el periodo electoral", resalta.Ante esta vorágine de violencia, la seguridad por parte del gobierno llegó demasiado tarde. "La violencia sorprendió a las autoridades locales en un momento en el que estaban desprotegidas: es decir, cuando eran precandidaturas o aspirantes a un cargo de elección popular. Ese limbo las dejó vulnerables", reitera Arias.Muchos candidatos optaron hacer campaña portando chalecos antibalas y los candidatos a la presidencia de México son acompañados por 24 agentes de seguridad encargados de proteger sus vidas.  Algo nunca antes visto.

El presidente Javier Milei sigue intentando avanzar con sus reformas en Argentina, y para ello ha designado a un nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apostándole al diálogo. Desde la elección del mandatario argentino, el panorama era claro: Javier Milei no tendría tan fácil llevar a cabo toda su maquinaria de cambios, al asumir el poder con minoría en ambas cámaras del poder legislativo. Para lograr sus objetivos, acaba de nombrar a Guillermo Francos, anteriormente ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno.“El más dialoguista”Milei generó un Gobierno bastante débil, pero con ambiciones de reformas muy grandes, dice Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, quien asegura que Guillermo Francos será esa pieza clave que destrabará los proyectos reformistas del mandatario.“Francos es el más político del Gabinete de Milei, junto con Patricia Bullrich. Son las figuras con mayor peso político, pero claramente Francos es el más dialoguista de un Gobierno que surge denostando a lo que concibe como la casta que es la política tradicional, pero que se encuentra ante la necesidad de negociar”, explica Aguiar.“El más negociador de los ministros, claramente el más dialoguista, el menos propenso a descalificaciones, es Guillermo Francos, contrastante con las características personales de Milei, que es un confrontador nato”, recalca.Ley Bases¿Y cómo un confrontador nato como Milei llegó a decantarse por el diálogo? Para Aguiar, todo empezó con la llamada “Ley Bases” que en sus inicios tenía 664 artículos y se refería a diversos temas: emergencia económica, reorganización administrativa, seguridad y defensa, justicia, interior, ambiente, turismo y deporte, capital humano, salud pública, infraestructura y servicios… Un texto que según el consultor político, toca casi todas las fibras de la vida de los argentinos.“En una primera instancia, esta ley de base fue rechazada por el Congreso y esto generó la necesidad de llevar adelante una enorme cantidad de negociaciones en un contexto de una sociedad polarizada, con bancadas opositoras, con gobernadores de otro signo político, ya que Milei no cuenta con un solo gobernador que sea de su propio signo político, para intentar que esa ley sea aprobada”, comenta el politólogo.“En ese contexto, Guillermo Francos desde el Ministerio del Interior ha tenido, al menos hasta ahora, una labor de fuerte visibilidad pública en la búsqueda de la aprobación de ese cuerpo normativo de más de 250 artículos hoy, que inicialmente tenía más de 600”, precisa.El cambio en el Gabinete se produce en una semana clave para el Gobierno de Milei, pues el Senado puede definir la fecha para el debate de la llamada Ley Bases, que ahora se redujo al tercio de su propuesta inicial y cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Está por verse qué pasará en la Cámara de Senadores.

Con ocasión del 11° Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre representantes de Colombia y Estados Unidos a partir de este martes, Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, dijo a RFI que 'todo ha sido probado en Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero nada ha funcionado'. Al mismo tiempo, en este frente es 'poco probable' que Bogotá convenza a la administración Biden de 'cambiar sus políticas', apunta Sergio Guzmán, de Colombian Risk Analysis.  Este martes empieza en Bogotá el 11° Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre representantes del gobierno de Colombia y Estados Unidos, un encuentro en el que se abordarán temas como la paz, las relaciones bilaterales y la lucha antinarcóticos.La lucha antinarcóticos, tema central en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, es uno de los puntos de la agenda en el Diálogo de Alto Nivel (DAN) que sostendrán el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma.Ambos países estrecharon sus lazos en los años 70 con la llamada “guerra contra las drogas”, impulsada por Estados Unidos, con el objetivo de perseguir la producción, el comercio y el consumo de sustancias psicoactivas. Esta política, según el presidente colombiano Gustavo Petro, ha fracasado. Por eso su gobierno está buscando otras soluciones, explica Julian Quintero, director de Acción Técnica Social, una organización que busca reformar la política de drogas."Definitivamente, la conversación tiene que abrirse a la regulación del mercado de la coca y de la cocaína. En Colombia se han evaluado y se han probado todas las fórmulas del prohibicionismo para contener el crecimiento del narcotráfico y todas han fracasado. Cualquier fórmula que usted se pueda imaginar: fumigación, extradición, extinción de dominio, persecución, proceso de paz, todas han fracasado frente al poder del narcotráfico. Por eso es hora de que se abra la conversación sobre la regulación de la cocaína, como lo está haciendo ya Europa y como se viene hablando en los escenarios internacionales".El analista político Sergio Guzmán, director de Colombian Risk Analysis, estima que la visión del presidente colombiano de modificar la llamada guerra contra las drogas es muy ambiciosa."El presidente Petro quiere impulsar unos cambios muy robustos, estructurales, globales. No solo impulsar el tema de la política antidrogas, sino también, por ejemplo, la forma en que los bancos multilaterales emiten crédito. Pero yo creo que para Estados Unidos esos son temas inamovibles. Estados Unidos no va a desistir de sus políticas antidrogas. Estados Unidos tampoco va a favorecer cambios súbitos a la gobernanza de las instituciones multilaterales. Por eso creo que [el DAN] va a ser un diálogo de sordos".Quintero coincide con Guzmán en que una reforma de política de drogas no será fácil y asegura que el mayor reto para el gobierno colombiano es encontrar países aliados."Desafortunadamente, aunque Colombia está haciendo un buen trabajo, está dando unos buenos argumentos y está convenciendo, todavía le falta que muchos [países] en la región entiendan la necesidad del cambio. Por ejemplo, Ecuador sigue radicalizándose con el tema de la prohibición, como lo está demostrando el nuevo presidente, y México fue una desilusión en términos de reforma de política de drogas".Además de la lucha antinarcóticos, el Diálogo de Alto Nivel también tratará temas como la paz, el medio ambiente, la energía, la minería, la infraestructura, las relaciones bilaterales, los derechos humanos, la justicia, entre otros. Este mecanismo bilateral se estableció en 2010 y, según la cancillería colombiana, es la instancia más relevante para "abordar los temas de interés mutuo, acordar las áreas de trabajo y los programas específicos de cooperación técnica bilateral".

Tras su gobierno de política antiinmigración, el exmandatario estadounidense Donald Trump busca conquistar al electorado latinoamericano para intentar volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo.   “No importa de qué color eres, todos somos estadounidenses y vamos a unirnos”, sostuvo Donald Trump, decidido a seducir a los votantes afro y latinoamericanos. Sus mítines políticos hacia estos grupos aumentan y el jueves estuvo en el Bronx de Nueva York. En el sur de este barrio al menos el 64% de habitantes son hispanos y suele ser un bastión demócrata. Trump está aprovechando el desencanto de los votantes por la administración Biden, estima el Director Ejecutivo de la red de organizaciones Alianza Américas, Oscar Chacón.“Hay un genuino desencanto con lo que muchos perciben como muy pocos logros bajo la administración de Joe Biden, y eso hace que haya una ligera tendencia que gravita hacia la posibilidad de apoyar a Donald Trump”, explica a RFI.“En el caso de la población de origen latinoamericano -el segundo bloque más numeroso de votantes-, ha mostrado desde la elección del año 2016 una inclinación leve de apoyo hacia los candidatos republicanos en general y Donald Trump en particular. Obviamente hay un interés de Del Partido Republicano y De Trump directamente de atraer más a estos votantes”, asegura.Cabe preguntarse a qué se debe este giro en el voto latino. “Yo creo que ahí lo que pasa es que el Partido Republicano está haciendo una labor exitosa”, dice Chacón. “En el plano del mercadeo político electoral, crean la percepción de que las cosas andan mal, cuando los datos duros no respaldan que las cosas vayan mal, y esto no solo es cierto con relación a las personas votantes de origen latinoamericano, sino que es cierto con los votantes en general. Creo que esto hay que verlo también a la luz de una falla grave que está teniendo el Partido Demócrata, y es que tienen una estrategia de mercadeo electoral terrible. O sea, no han sabido capitalizar los logros que ha tenido Biden en lo a lo largo de su gestión presidencial”, enfatiza. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Pure Research muestran un retroceso de popularidad del mandatario Joe Biden ante los latinos. En 2020, esta Comunidad votó un 33% más por Biden, mientras para noviembre los sondeos indican que la ventaja de Biden frente a Trump sería solo del 8%. 

Según datos del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el fentanilo está provocando un número récord de muertes de jóvenes por sobredosis, que ha ido incrementando desde la pandemia del Covid-19. En Estados Unidos, el fentanilo ha provocado una duplicación de las muertes por sobredosis entre jóvenes de 12 a 17 años desde el inicio de la pandemia de Covid 19, según datos del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esta situación afecta principalmente a poblaciones vulnerables que difícilmente logran acceder a los servicios de salud. Este preocupante fenómeno es también analizado por el Instituto RIA, una organización mexicana dedicada a investigar las políticas de la lucha antidrogas. Zara Snapp es su directora, ella indica que algunas de las causas del aumento en el consumo es el desconocimiento del este tipo de sustancias así como la facilidad que tienen los grupos ilegales de ingresar dicha droga. “No hay un conocimiento de las personas usuarias sobre cuáles son las sustancias que están recibiendo. Esto es una consecuencia de la prohibición. Hay algo que se llama la ‘ley de hierro de la prohibición’, que hace que los mercados ilegales giren en torno a sustancias más potentes, más compactas, con mayor dificultad de identificar la sustancia por su olor, por ejemplo. La introducción del fentanilo al mercado de opioides en Estados Unidos es porque es una sustancia más potente, más compacta, más fácil de transportar y como una sustancia sintética, es más fácil de producir en laboratorio”, explica Snapp. Existen dos mercados de fentanilo. El de consumo recreativo que es ilegal, y el legal con fines médicos, producido “en laboratorios legales y donde desde hace décadas se prescribe fentanilo”, recuerda Zara Snapp.La experta en políticas de drogas resalta que las sobredosis por fentanilo se presentan principalmente en adultos, pero que este aumento en los jóvenes es un llamado para fortalecer la educación en la materia. “Personas jóvenes van a experimentar con las drogas. Esto es una realidad. Es aún más urgente mejorar la educación sobre las drogas legales, las drogas ilegales, los riesgos, los efectos y que todo eso lo podemos basar en la verdad y en la evidencia y no en el miedo, en el estigma”, concluye. Leer también'Después de dos años consumiendo fentanilo, estás muerto'El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético, aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. En el continente americano tiene fuerte presencia en Canadá, en Estados Unidos y en el norte de México.

Este miércoles tuvo lugar en París la edición número 16 del Foro Económico internacional sobre América Latina y el Caribe. Un encuentro entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil, que en esta edición se centró sobre el desarrollo sostenible. Ahí estuvo la periodista de RFI, Paola Ariza. Esta semana se celebra en París el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, donde se debate una pregunta: ¿cómo financiar las políticas de desarrollo sostenible en Latinoamérica? Las necesidades de inversión en la región son gigantescas, precisamente, el dato se acerca al 20% del Producto Interno Bruto, la mitad de la inversión en economías asiáticas. Así lo explicó Sebastián Nieto, jefe de la unidad de América latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE para RFI, a la vez que se refirió a los ejemplos positivos que ya existen en la región: “Todos los esfuerzos que se quieren hacer en Chile con el litio. Que sea no solamente una explotación, pero también que ayude a esto a generar empleo formal y a una transformación productiva”.  Nieto reconoce que los desafíos son grandes, pero resalta algunos escenarios que facilitarían una transición verde y justa: “No hay que olvidar. 60% de la diversidad mundial está en América latina. Tenemos 1/3 de energía renovable en América latina, mientras que en en los países desarrollados estamos hablando de menos del 15% de energías renovables”. Para Félix Fernández, director para América latina y el Caribe en la Comisión Europea, el diálogo más importante debe darse con el sector privado: “Hay una parte de financiación y hay una parte de inversión y para financiar objetivos de política pública en Europa pensamos que tenemos que empujar empresas, tenemos que empujar a inversión, con lo cual hay que buscar”.  Para ello, durante el foro se ha resaltado la importancia de hacerse preguntas para seguir avanzando y progresando en el desarrollo y en la inversión. Tal y como explica Féliz Fernández, preguntarse “¿qué quieren hacer las empresas y cuales son las prioridades de sus gobiernos” es básico para definir mecanismos de financiación que puedan ayudar a potenciar los proyectos privados, que acaban teniendo una repercusión positiva en los países de la región.  Además, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, los presentes han puesto sobre la mesa uno de los aspectos más importantes en la actualidad: la digitalización dentro de la industrialización. Un equilibro nada fácil que debe partir de unas sinergias que busquen el desarrollo nacional.  Trabajo y alineamiento que, más allá de los planes de desarrollo nacionales, también pasa por la materia fiscal, pues en la región se recauda cerca del 22% del PIB, según la OCDE, mientras los países desarrollados llegan a un recaudo del 34%. 

En Bolivia, la escasez de dólares tiene en jaque al país y lo está llevando al borde de una crisis social. El abastecimiento de varios sectores, como el farmacéutico y combustibles, se están viendo afectados, y ello incrementa las preocupaciones de la población. Los comerciantes, transportistas e importadores en Bolivia han sido los primeros en denunciar la restricción en el acceso a dólares por parte de los bancos. “Arce, no hay dólares”, decían las pancartas de las manifestaciones de esta semana. Y es que, aunque el Gobierno lo niegue, es una realidad. En Bolivia se están acabando los dólares.Gonzalo Chávez, economista y profesor en la Universidad Católica Boliviana, explica que la crisis tiene origen en la caída de las exportaciones de gas desde 2014, sumada a la mala gestión del gobierno. “Bolivia sufrió un shock externo negativo muy fuerte debido a la caída de los precios, especialmente del gas. Bolivia exporta gas a Brasil y a Argentina. Lamentablemente el Gobierno no hizo un ajuste con la caída de los ingresos y los gastos siguieron aumentando de manera importante”, explica el economista y añade que “el Gobierno utilizó las reservas internacionales del Banco Central Bolivia en dólares que había acumulado hasta el 2014, que llegaban a 15 mil millones de dólares. Entonces, el Gobierno no solamente perdió fuentes de ingresos por el tema de los dólares de exportación, sino también utilizó sus reservas internacionales, que en la época eran 15 mil millones de dólares y ahora ha llegado a algo como mil 800 millones de dólares, siendo que buena parte de eso es en oro y no en efectivo”.Para el economista los sectores más afectados son el farmacéutico, pues Bolivia importa el 90% de sus medicinas y los combustibles, pues según él, el gobierno de Luis Arce tendrá difícil sostener los altos subsidios.“El gobierno está frente a un trilema: ya no es posible tener una inflación baja, un tipo de cambio fijo y subsidios al precio de la gasolina, que son muy fuertes en Bolivia”. Según datos del profesor Chávez, en Bolivia cada año se gasta mil 700 millones de dólares en subsidios a los hidrocarburos. El litro de gasolina cuesta 0,60 centavos de dólar “cuando ya debería costar tres o cuatro dólares”. Las consecuencias es que el gobierno tiene enormes dificultades para mantener el subsidio porque “además depende de la importación de diésel y gasolina. Bolivia es un país que tiene gas, no tiene petróleo y esas exportaciones de gas están cayendo”, concluye.Desde 2011 el dólar se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos, pero ante la escasez en el mercado negro se cotiza a nueve bolivianos y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.

Luis Abinader logró cómodamente su reelección en primera vuelta este domingo al obtener el 57% de los votos. Una cifra arrolladora que se interpreta como un espaldarazo a sus políticas económicas y su fuerte posición contra la migración proveniente de su vecino Haití, país sumido en la crisis y la violencia. Luis Abinader no sólo renovaba su presidencia al frente del gobierno dominicano en la primera vuelta electoral, sino que arrasaba en unas elecciones donde el pueblo dominicano le ofreció su confianza por su acertado manejo de la economía, con subsidios y más empleo, en la primera legislatura. “La aprobación que tiene el presidente Luis Abinader como persona, como político, está por encima incluso de su partido y del sistema”, asegura el politólogo dominicano Luis González. “Ha habido problemas de inseguridad por un lado, y de inflación, pero en la gestión de él, con todo y las circunstancias, ha mantenido cierta estabilidad, lo cual la gente lo ha valorado”. En esta segunda legislatura Abinader principalmente tendrá que relegitimar sus políticas económicas y especialmente sus duras políticas hacia la migración haitiana. “El tema de Haití va a seguir siendo importante. Va a depender de lo que suceda allá en Haití. Pero la posición del presidente es la defensa de la soberanía de la República Dominicana, sin desdeñar y reconocer que Haití está en una situación difícil y por tanto hay que, en lo que se pueda, apoyar al pueblo haitiano”, indica González. Leer también'República Domicana no puede pacificar sola a Haití', dice analista Iván Gatón¿China como país aliado? Para el politólogo dominicano Luis González, el presidente Abinader debe aprovechar este segundo mandato para que llegue más inversión extranjera directa de países como China. “Creo que con China debe acercarse más sin desconectarse, sin desconocer que nuestro aliado fundamental es Estados Unidos y que Europa y occidente son aliados estratégicos de mucho tiempo”, concluye González.Nacido hace 56 años en Santo Domingo en el seno de una familia acaudalada de ascendencia libanesa, Abinader, quien es economista de profesión, llegó al poder de la mano del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en agosto de 2020, año en el que República Dominicana pasó a convertirse en un país de renta media.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, llevó a cabo este viernes la primera audiencia ante el tribunal tras ser acusado de sobornar a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con paramilitares. De esta forma, Uribe hace historia al convertirse en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal.  Álvaro Uribe, quien fuera presidente de Colombia entre 2002 y 2010, gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su Gobierno debilitó las guerrillas. Pero dicha mano dura es la que le ha llevado hoy a convertirse en el primer expresidente del país en afrontar un juicio penal. La Fiscalía le acusa de influir en los testimonios judiciales de integrantes de los escuadrones de ultraderecha de cientos de masacres a finales del siglo XX, en las que murieron civiles y activistas por los derechos humanos.Alejandra Carvajal, abogada y analista políticacolombiana, aclara las acusaciones a RFI: "Las acusaciones contra Uribe son por la manipulación de testigos y presentar falsas pruebas en un proceso, por haber pagado a exparamilitares para que rindieran testimonio a su favor". Los antecedentes de este juicio se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda. Uribe acusó a Cepeda de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de los 2000.Leer tambiénA juicio al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por manipulación de testigos y fraude procesalNo obstante, la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular a los testigos. Un hecho legal insólito en el país y que tiene dividido a los expertos. "Yo no recuerdo que se haya presentado un caso en el cual se haya invertido la situación, de manera que el acusador pasa a acusado, que es lo que sucedió en este caso. No obstante, debo decir que ante todo hay que reconocer la independencia de nuestras instituciones y que hay que respetar y acatar los fallos de las Cortes", explica Alejandra Carvajal.El expresidente ha reiterado su inocencia frente a los medios de comunicación y ha calificado este proceso como un “montaje”. Aun así, esta no es la única acusación que pesa sobre Uribe. El expresidente también fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6 000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como "falsos positivos".

Los dominicanos están convocados a las urnas este domingo 19 de mayo en unas elecciones generales para elegir presidente, senadores y diputados. La seguridad y el costo de vida son unos de los grandes temas que preocupan a los ciudadanos, y a ello se suma el caos de su vecino, Haití. Haití y República Dominicana tienen una historia conflictiva que se remonta al siglo XIX durante la guerra de Colonias, pero las tensiones actuales se volvieron críticas con el colapso de la economía de Haití y la guerra de pandillas tras el devastador terremoto en 2010 que exacerbó la crisis migratoria.Actualmente, Puerto Príncipe sigue en un estado de inestabilidad grave, lo cual preocupa considerablemente a la población dominicana, explica Nathaniel Concepción, director del Observatorio Político Dominicano: "Haití ahora mismo representa la mayor amenaza para la seguridad de la República Dominicana y República Dominicana no tiene la capacidad para poder absorber la crisis multidimensional que tiene Haití. No tenemos la capacidad para absorber esa cantidad de migrantes ni para, siendo nosotros también un país de renta media, poder asumir a un país que está en extrema pobreza, como es el caso de Haití".Afrontar la crisis de Haití es uno de los puntos clave de las campañas electorales de los candidatos a la presidencia. Leonel Fernández, quien se vuelve a presentar a la reelección tras haber sido presidente en tres ocasiones. Aboga por una política basada en la diplomacia, explica el analista: "El ex presidente Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del pueblo, tiene un enfoque de este tema que es el siguiente: Primero, que evidentemente hay que defender los intereses dominicanos, la soberanía, la integridad y ponerle a la migración el control legal que hay que ponerle. Pero el presidente Fernández entiende que como es una crisis multidimensional, República Dominicana efectivamente no la puede resolver sola y se requiere ejercer más el músculo diplomático" señaló.Todos los candidatos presidenciales coinciden también en defender las deportaciones a Haití. Cabe recordar que en 2023 hubieron más de 250.000, así como de incrementar las medidas de seguridad en la frontera. La diferencia está en los cierres de fronteras comerciales con Puerto Príncipe, un tema en el que el actual presidente Luis Abinader ha demostrado ser más duro en el pasado y que para el politólogo ha llegado incluso a perjudicar a Santo Domingo.Según el analista, en la situación actual, "ningún gobierno dominicano se puede plantear el tema de ser blando con las políticas migratorias, porque te digo, hay un Estado colapsado al lado. Lo que si generó un perjuicio fue el cierre de fronteras desde el punto de vista comercial. Uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana es Haití. El cierre de frontera fue en perjuicio de muchos productores o de ese comercio bilateral y el gobierno la cerró, luego tuvo que reabrir más adelante. Fue una medida que no necesariamente resultó eficaz y sí resultó perjudicial para muchos productores dominicanos de la zona" indicó Concepción.Sea cual sea el resultado en los comicios, República Dominicana no puede resolver sola la crisis de Haití. Es por ello que todos los candidatos presidenciales reclaman una seria intervención de las Naciones Unidas, algo que para Nataniel Concepción sería beneficioso para los haitianos, los dominicanos y la comunidad internacional.

Esta semana, Perú aprobó un decreto supremo en el que define como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género. Dicha normativa, que cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y la lista de enfermedades e intervenciones asegurables. Pero al mismo tiempo, ha sembrado la polémica en todo el país, y varios grupos proderechos LGTB han alzado la voz para protestar. Para entender a fondo la crispación del colectivo LGTB con el Gobierno de Perú, hay que entender que el Poder Ejecutivo reformó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, conocida como CIE-10. Esta es la que reconoce como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género, y la cual quedó desactualizada en 2022, con la instauración de la CIE-11 que ya no las considera enfermedades.Fomentando la estigmatizaciónPara Rodrigo Flores, portavoz de Más Igualdad Perú, esto fomenta una estigmatización aún mayor del colectivo trans en el país: “Nos han llegado a la asociación diferentes denuncias y noticias de personas que están denunciando que en sus centros de trabajo, algún compañero, o en algún establecimiento les están diciendo: ‘El Estado dice que tú eres enfermo, o sea, en realidad tú sí estás mal, ¿no? Porque el Estado dice que tú estás trastornado’, o estás trastornada, o trastornade”, cuenta.Esta medida recoge a estas identidades de género como “patologías consideradas asegurables”, por lo que podría facilitar el acceso al servicio de salud a las personas trans, las cuales tienen que lidiar con muchos problemas relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Pero para el activista, sólo abre la puerta a actos de discriminación, como las terapias de conversión.Y abriendo la puerta a terapias de conversión“Se abre la puerta a que puedan realizarse y validarse las prácticas y terapias de conversión. Nosotros como asociación, hemos realizado un primer estudio exploratorio, ahora estamos en el proceso de lanzar su segunda versión, donde podemos encontrar que esto ya está respaldado por la data. O sea, sí existen muchos reportes de personas que manifiestan haber sido sometidas a prácticas de conversión, muchas de ellas implicando violencia física, psicológica, tratos denigrantes, etcétera, y en muchos casos esto ocurre además siendo menores de edad”, explica Flores.Los grupos proderechos afirman que el Ministerio de Salud debería haber consultado antes a los colectivos. De esta forma, hubieran evitado las protestas que organizaciones como Colectivo Marcha del Orgullo están organizando.“En estos momentos venimos organizándonos y además convocando a toda la población LGBTI, de derechos humanos, para este 17 de mayo, que paradójicamente es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Entonces estamos autoconvocándonos para reaccionar frente a estas acciones del Ministerio de Salud”, dice Jorge Apolaya, representante del Colectivo Marcha del Orgullo.Las organizaciones por los derechos LGTB tienen claro una cosa, y es que el Gobierno debe retractarse e imponer la CIE-11 cuanto antes. Mientras tanto, continuarán acudiendo a las marchas con la cabeza alta y con orgullo.

La administración Biden decidió a seis meses de las elecciones imponer más aranceles a los productos procedentes de China, en especial a aquellos de sectores estratégicos como la producción de baterías o de vehículos eléctricos. Washington asegura que su objetivo es detener la competencia desleal que genera el crecimiento de Pekín en el mercado, pero los expertos consideran que es una forma de callar las futuras críticas de los republicanos en vísperas de la contienda electoral contra el expresidente Donald Trump. “Cuando haces tácticas como éstas, no estas compitiendo, estás haciendo trampas”:  con esta contundente frase, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba nuevas sanciones contra productos procedentes de China, en sectores estratégicos como el de los coches eléctricos y las baterías.Biden también acusó a Pekín de apoyar fuertemente a sus industrias en estos sectores, provocando una sobreproducción que ha reventado los precios y expulsado del negocio a fabricantes de todo el mundo.Sanciones simbólicasPero Graciela Chichilnisky, experta en economía internacional de la Universidad de Columbia, asegura que no es casualidad que esta medida llegue a seis meses de las elecciones presidenciales, en las que Biden se verá las caras con su predecesor, el republicano Donald Trump.  “El mercado de los vehículos es muy importante históricamente en Estados Unidos. Y los vehículos eléctricos no son una excepción. Pero yo creo que no es tan importante como el símbolo, de que Trump no tiene una política única, que no hay razón para votarlo a Trump, si uno quiere encontrar una solución en contra de China”, explica la economista.La experta describe estas sanciones como simbólicas, debido a que están valoradas en 18 mil millones de dólares. Una cifra bastante baja si se compara con los aranceles que impuso el expresidente Donald Trump a China, de unos 300 mil millones de dólares, durante su legislatura.Baterías de litioAun así, es cierto que Washington quiere detener el crecimiento de Pekín en este sector, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento del último año del gigante asiático, el mayor exportador de baterías y de litio del mundo.“El mercado de los vehículos eléctricos depende completamente del acceso a las baterías de litio. El litio da acceso a las baterías, y las baterías dan el acceso al mercado de vehículos eléctricos. Entonces los chinos se posicionan con respecto al litio y a las baterías, al mercado de las baterías, y de esa manera en un año consiguen hacer este cambio radical sobre la importancia geográfica, digamos, del mercado de vehículos eléctricos”, subraya Graciela Chichilnisky.La administración Biden también quiere hacer frente al dominio del gigante asiático inyectando fondos masivos en la fabricación y la investigación de semiconductores, e impulsando las inversiones verdes. Un punto clave para la experta de Columbia, que considera que la contaminación que genera la creación de baterías es el gran desafío que afrontará esta industria.

El sur de Brasil conoce nuevas crecidas de ríos y lagos esta semana. El presidente Lula da Silva suspendió una visita oficial a Chile y volverá a la zona afectada el miércoles tras reconocer que las autoridades "no estaban preparadas" para esta catástrofe. El resto de Sudamérica también padece la situación. Las inundaciones no dan tregua en Brasil luego de las últimas lluvias que remitieron el pasado fin de semana en el estado Río Grande del Sur. Una región devastada por las aguas dese hace más de 10 días, donde centenas de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares.Muchas necesidadesEl incremento de los cauces en los ríos ha subido de nuevo y la situación se ha vuelto crítica: “Nuevamente el fin de semana estuvo con lluvias. También se ven afectadas otras ciudades que no estaban afectadas. En las ciudades más al sur, como la ciudad de Pelotas o de Río Grande, también se tuvieron que evacuar algunas residencias, algunas familias y barrios. En la Sierra Gaucha, especialmente en la ciudad de Caxias, hubo desmoronamiento de tierras, carreteras que están obstruidas por causa del mal tiempo”, comenta la doctora paraguaya Diana Cascán, residente en la ciudad más afectada, Porto Alegre.“También ha aumentado el número de muertos”, prosigue. “Hasta el día de ayer teníamos 143, más desaparecidos, y aproximadamente 2 millones de personas afectadas por la pérdida de sus hogares. Está aumentando el número de personas dentro de los abrigos. En algunos lugares hay personas que están afectadas por lesiones de piel, mordeduras de animales. Entonces estaba necesitando vacunas antitetánicas que se estaba pidiendo a otros estados para poder ayudar. Y aún tenemos familias que están sin todos los integrantes de la familia, o sea, se encuentran los padres, pero no a los hijos. Y eso también es muy triste”, subraya.Temporada de invierno en Uruguay Las inundaciones han traspasado fronteras y han afectado a gran parte de la región sur sudamericana. Mientras en Argentina hay más de 500 evacuados en la ciudad de Concordia, en Uruguay la situación es mucho más crítica con cerca de 4.200 personas desalojadas. La región más afectada es la de Paysandú, como nos confirma su secretario general Fermín Fariña.“Tenemos un contexto complejo porque el río sigue subiendo, hay previsiones de lluvia en lo que tiene que ver con la Cuenca del Alto Uruguay, y sobre todo, lo que es complejo para las familias, es que comenzamos con la temporada de invierno, con temperaturas que rondan los seis y cinco grados de sensación térmica”, detalla Fariña.“Eso también hace difícil la situación para los niños, para las madres también, que están a cargo de sus familias, porque la situación es más compleja aún, en el lugar donde estén alojados el confort no es el mejor porque la temperatura hace bastante dificultosa la situación”, recalca.Las previsiones meteorológicas en este punto de la región no son muy halagüeñas y de momento dificultan las tareas de ayuda y rescate. Se esperan aguaceros intensos, vientos fuertes y bajas temperaturas hasta este martes.

La reglamentación del trabajo sexual es un tema pendiente en varios países de América Latina. Sólo Brasil, Colombia y Uruguay lo reconocen como profesión. Esta semana, en México las trabajadoras y trabajadores sexuales lanzaron una coalición para que la ley reconozca sus actividades. Quieren seguridad social, pagar impuestos y acabar con los estigmas del oficio más antiguo del mundo.  “El sudor de nuestras nalgas es tan digno como el sudor de sus frentes, ¿no?”, dice a RFI Natalia Lane, fundadora de la Coalición Laboral Puteril, para que las leyes de México reconozcan el trabajo sexual como una profesión. “Nace a partir de una conversación muy íntima que tuvimos dos mujeres trans trabajadoras sexuales. Si bien existen organizaciones, están enfocadas más a un propósito asistencialista. Creíamos que era muy importante defender específicamente los derechos laborales de nuestro sector”, resalta Lane. Explica que hay un marco normativo que reconoce el trabajo sexual como un trabajo, pero no existen derechos laborales específicos. Lane, quien además es defensora de los derechos humanos y trabajadoras, detalla que la coalición también busca que se les brinde la seguridad social, que se les tome en cuenta cuando se reformen las leyes y que se les garantice el acceso a la justicia. “Estamos más sujetas a las violencias institucionales por parte de la policía, por parte de los ministerios públicos, por los sistemas de salud, que no quieren hacer chequeos médicos, que te cuestionan cuántas parejas sexuales has tenido. La mayor parte de la violencia está legitimada por el Estado y también hay violencia, por supuesto parte de la familia, de la sociedad que nos revictimiza”, dice. “Cuando una compañera trabajadora sexual es asesinada, lo primero que se le cuestiona es por qué era trabajadora sexual, como cuando dicen que una mujer es violada porque llevaba la falda corta, o un escote pronunciado”. De acuerdo con Natalia Lane, el número de profesionales sexuales aumentó en México tras la pandemia de COVID-19. 

Con temperaturas altísimas, sequía y ausencia de lluvia, desde inicios de abril, nueve colonias de la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México reciben agua contaminada con derivados de petróleo. Además de no poder cocinar ni bañarse, mucha gente se ha enfermado. El Gobierno mandó analizar el agua, pero no quiere publicar los resultados antes de que termine la investigación sobre un posible sabotaje. Nadie tendrá acceso a esa información por lo menos en tres años. Los afectados, furiosos, exigen soluciones y piden que se declare una emergencia sanitaria. En abril, al tiempo que en la Ciudad de México las altas temperaturas rompían récord desde que se inventaron los termómetros, el agua en nueve colonias de la Alcaldía Benito Juárez llegó contaminada. Olía a gasolina, tenía una nata de aceite y espuma blanca al agitarla.Inmediatamente los afectados dieron la voz de alarma por redes sociales y se quejaron con las autoridades locales, así como con el Sistema de Agua de la Ciudad de México, quienes tardaron en reaccionar. Los vecinos bloquearon por lo menos cuatro veces la Avenida Insurgentes para llamar la atención y ser atendidos.El apocalíptico caos vial que ocasionaron funcionó: soldados, marinos y empleados de Protección Civil llegaron a la zona con máquinas potabilizadoras de agua, carros tanque para llenar cisternas de los edificios, cientos de garrafones con agua potable y médicos para atender los problemas de salud provocados por el agua contaminada.Origen desconocidoExistía el temor de que hubiera gasolina o diésel en las tuberías, por el riesgo de una explosión como sucedió en Guadalajara, en abril de 1992, donde un barrio entero voló por los aires, los automóviles terminaron en las azoteas de las casas y hubo más de cien muertos.Un ingeniero petrolero que nos pide omitir su nombre, en entrevista con RFI, afirma que, “dadas las cantidades de hidrocarburos que están mezcladas con un cuerpo de agua abundante, es totalmente imposible que se produzca una explosión o un incendio”.El especialista en derrames petroleros opina que “dada la lejanía de los ductos de la empresa Petróleos Mexicanos [Pemex], es poco probable que de ahí haya surgido una contaminación en la escala que se ha producido”, porque si hubiera sido un ducto de Pemex, la cantidad de hidrocarburos que se hubiera podido verter en un pozo de agua sería muchísimo mayor. Según él, probablemente una empresa, como una gasolinera, pudo haber tenido una trasminación hacia el pozo.“Lo más importante es”, prosigue el experto, encontrar “la causa, el origen” de la contaminación. Mientras eso no se determine, ningún método de limpieza es válido. Recalca asimismo que lo que actualmente denuncian los vecinos afectados es que el gobierno de la Ciudad de México está usando cloro, que es muy dañino para la salud.“Aceite degradado de la familia de los lubricantes”“En los tres primeros días, pusimos explosímetros [un aparato que mide los compuestos volátiles] en 780 sistemas para saber si había gasolina o peligro de explosividad. Nos salió cero explosividad. Envié a mucho personal de esta Secretaría para revisar los domicilios. Al principio, hicimos pruebas con el laboratorio móvil del Sistema de Aguas de la Ciudad de México [Sacmex] que te da la cantidad de cloro, de sustancias y elementos que te garantizan que el agua es potable, sin embargo, seguíamos teniendo el olor y la capita aceitosa, de grasa en las cisternas, razón por la que buscamos laboratorios de mucha especialidad para que nos hicieran un estudio mucho más amplio, y que pudieran estudiar una mayor amplitud de sustancias que la que estábamos atendiendo en un primer momento”, nos explica por su parte la arquitecta Myriam Urzúa, jefa de Protección Civil de la Ciudad de México.“Llegamos a la conclusión de que se trataba de un aceite degradado de la familia de los lubricantes. Desde el primer día atendimos la emergencia limpiando las cisternas con jabón Roma [jabón de ropa muy económico] que es biodegradable. Se limpiaron las paredes de cada una de las cisternas de las viviendas y después se volvieron a llenar con pipas de agua. Cerramos el pozo Alfonso XIII que fue el origen del agua contaminada. Estamos analizando constantemente el agua del pozo Alfonso XIII y otros dos pozos más. Inspeccionamos a conciencia las cajas de válvulas y en los registros. En cuanto tuvimos la certeza de que el agua es potable, comenzamos a abrir las válvulas de paso de la calle a las cisternas”, agrega.“El laboratorio de Petróleos Mexicanos nos demostró que se trataba de una aceite degradado antiguo, es decir, que tiene una cantidad de partes por millón de azufre, en una fórmula que se utilizaba hace 40 años o más. Hoy son cinco partes por millón y las muestras tienen 1400 partes por millón”, detalla la especialista en seguridad.Varias líneas de investigación¿Qué podría, entonces, ser al origen esta situación? “Hay una línea de investigación que está siguiendo la Fiscalía General de la República y es por sabotaje. También estamos buscando los lugares donde hubo establecimientos muchos años atrás, que utilizaban este tipo de sustancias. Sabemos que hubo una carbonera, una panadería, una maderería y que dejaron enterrados tanques con estos químicos. Una tercera línea de investigación es Petróleos Mexicanos pues hay dos tuberías que pasan a 350 metros al norte del pozo, una con diésel y otra con gasolina. Le pedimos a Pemex una prueba de hermeticidad para asegurarnos de que el tubo está totalmente sellado y no hay fuga. Y también les pedimos que pasaran el aparato apodado ‘diablito’, para detectar si disminuye el ancho de las paredes de los ductos, que en caso positivo, significa la existencia de una toma clandestina para robo de combustible. Afortunadamente no hay ninguna”, responde Myriam Urzúa.“Hace muchos años no existía la normatividad que tenemos hoy día. Muchos negocios tiraban sus desechos al suelo”, prosigue. “Tal vez estos contaminantes quedaron encapsulados en el subsuelo pero con los microsismos se liberaron. En esta zona hay seis epicentros de microsismos como los de diciembre pasado. Un microsismo pudo haber liberado al contaminante. El tubo del pozo está a 117 metros de profundidad y tal vez por ahí entró el contaminante. Es algo que tenemos que evaluar. Seguimos buscando el origen”, concluye la arquitecta.Resultados negados a la poblaciónEl 8 de mayo, el portal de noticias Animal Político publicó que el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) anunció que los resultados de las pruebas de laboratorio del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez estarán reservados para los próximos tres años para no interferir con la investigación de contaminación por sabotaje.El argumento esgrimido es que: “De publicarse se puede vulnerar la conducción de la investigación; es decir, se trata de datos relacionados con los argumentos hechos valer en la denuncia correspondiente y con ello, se declare el ejercicio de la acción penal”. Además, “al exponerse la información, se expone al escrutinio público, por lo que se presta a generar interpretaciones erróneas, confusas y equívocas, ocasionando un prejuicio a las actividades de investigación en cumplimiento a las leyes, prevención o persecución de los delitos y la impartición de la justicia”. Los afectados están furiosos. Exigen que se les diga la verdad, que se revele el resultado de los análisis gubernamentales, que vuelvan los médicos y que de nueva cuenta se les lleve agua potable, además de que se declare una emergencia sanitaria.

Costa Rica alerta sobre una crisis energética que se avecina, mientras que Brasil alcanza un nuevo balance de 100 muertos por las inundaciones. Los desastres climáticos van en aumento, y esto ya empezó a verse en 2023, considerado el año con más desastres naturales en el continente desde que se tiene registro. El calentamiento del planeta ya desequilibró las estaciones del año y lo ha hecho de una manera muy violenta. En su último informe sobre los desastres naturales en América Latina, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, registró 67 episodios sucedidos en 2023, ocasionados por el episodio meteorológico del Niño y por los efectos del cambio climático. Estos dos fenómenos seguirán muy probablemente afectando a la región durante 2024. Rodney Martínez, representante de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe explica que “la región tiene dos factores muy importantes que influyen en su variabilidad climática. El Pacífico, por un lado, que está en una transición de lo que fue el evento del niño y que todavía sienten ciertos efectos del Niño, permite configurar la posibilidad de que tengamos una temporada de huracanes muy activa en este año y que por otro lado, conforme se vayan dando las condiciones, podamos tener la evolución de una posible. El evento frío o del fenómeno de la Niña en el Pacífico”. Leer tambiénInundaciones en Brasil: 'Nunca había vivido esto', dice médica en Porto AlegreEl cambio climático también afecta la salud. Los expertos aseguran que el actual aumento de casos de dengue en sudamérica se debe a este fenómeno, pero Rodney Martínez precisa que hay otros factores a tomar en cuenta: “Esos eventos extremos definitivamente generan impacto en la salud pública, pero al estar combinados con otras condiciones como socioeconómicas del entorno, hacinamiento, nutrición”.El representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe asegura que la información también es un desafío para combatir el cambio climático porque “También hay que trabajar a nivel institucional para tomar una acción temprana frente a la información que se entrega. Todavía eso no ocurre. Y también uno de los grandes retos que tenemos en la región es que las personas con menos recursos, las personas más vulnerables, tengan acceso a la información para comprender lo que implica todo este desafío del cambio climático y sus impactos”.Mientras los países ricos tienen más ventajas para adaptarse a las nuevas temperaturas. Latinoamérica, África y la mayoría de los países asiáticos son vulnerables al cambio climático, pues no cuentan con las mismas tecnologías para enfrentar las consecuencias.   

La madre del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, denunció al presidente del país, Daniel Noboa, ante la Fiscalía de México por lo que calificó de “secuestro” de su hijo. El 5 de abril las fuerzas de seguridad de Ecuador invadieron la embajada de México en Quito y se llevaron a la fuerza al exmandatario Glass creando un escándalo sin precedentes.Al conflicto diplomático entre México y Ecuador se suma Norma Espinel, la madre del expresidente ecuatoriano Jorge Glas. Esta semana, Espinel dio a conocer que interpuso una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien acusa de secuestrar a su hijo. Dicha denuncia la hizo directamente ante las autoridades mexicanas.Pero ¿Por qué? Su abogado, Miguel Olmedo Robles León explicó que Norma Espinel Aráuz asistió a la embajada de México en Madrid porque es víctima de persecución política y detalló a RFI las acusaciones contra Noboa. “Los hechos denunciados que son posiblemente constitutivos de delito son el secuestro agravado, la tortura, la desaparición forzada y la violación de los deberes de la humanidad. Estos delitos están contenidos en las leyes penales mexicanas”, indicó Olmedo.El también abogado del expresidente Jorge Glas explicó que es posible que este caso proceda a través de las autoridades mexicanas por dos razones: porque Daniel Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado no internacional y por los convenios internacionales.“Al existir un conflicto armado no internacional en el Ecuador, bajo el convenio cuarto de Ginebra de 1949, la Fiscalía General de la República Mexicana puede perseguir a imputados de delitos de torturas, tratos inhumanos, causación deliberada de grandes sufrimientos y detención ilegal y tiene competencia territorialmente para conocer de los delitos que se cometan dentro de las embajadas mexicanas” explicó el abogado.De ser así, le tocaría entonces a las autoridades mexicanas decidir si consideran este caso como un crimen de guerra.El abogado de Espinel explica ¿Por qué se refieren a crímenes de guerra?: “Porque en Ecuador está reconocido un estado de conflicto armado no internacional y esto es lo más importante, los imputados, ellos por órdenes del presidente Noboa, ingresaron a la embajada de México en el Ecuador para detener a Jorge glass. Ellos específicamente señalan que esa detención se realizó porque existe un estado de un conflicto armado no internacional en el Ecuador y que todos señalan como último responsable de la cadena causal al presidente Noboa, porque él tiene inmunidad como jefe de Estado”.Según Olmedo, los jefes de Estado ante este régimen de graves infracciones de los convenios de Ginebra “no se pueden esconder detrás de una supuesta inmunidad por jefe de Estado porque estos son crímenes de guerra”. Por su parte, Ecuador considera que México violó las leyes ecuatorianas al intervenir en asuntos internos, pues no debió otorgarle asilo a Jorge Glas quien estaba condenado por corrupción.

En entrevista con RFI el politólogo y ex Defensor del Pueblo de Panamá Alfredo Castillero Hoyos dice que el presidente electo panameño José Raúl Mulino 'se ha mostrado evasivo en hacer promesas' y, al mismo tiempo, enfrenta retos enormes, entre otros, un 'déficit extraordinario, que es inédito en la historia reciente de Panamá'.  El abogado José Raúl Mulino se alzaba como ganador de las elecciones presidenciales de Panamá, entrando en la carrera electoral hace tan solo un par de meses, cuando reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado para postularse tras haber sido condenado por blanqueo de capitales.Mulino es un político de largo recorrido, dice el politólogo y ex Defensor del Pueblo panameño Alfredo Castillero Hoyos:"José Raúl Mulino está en política antes que Ricardo Martinelli, aunque es ligeramente más joven. Es un abogado dedicado en buena medida a la defensa de los servicios internacionales de Panamá, que son bien conocidos en el exterior. Mulino emerge como una figura pública desde su juventud, alrededor de los 30 años, cuando lucha contra la dictadura militar. Posteriormente, durante la transición a la democracia, ocupa el cargo de vicecanciller y luego de canciller. Es conocido por no ser especialmente ‘dilatado’ cuando habla. Es más bien de pocas palabras. También es asociado a la represión, feroz en algunos casos, que tuvo lugar durante el gobierno del presidente Martinelli. Fue un periodo duro, pero él, ese pasivo electoral, lo convierte en un activo electoral. Tras la inhabilitación del presidente Martinelli, Mulino se convierte en el candidato. Su campaña fue muy breve, tuvo escasas apariciones públicas. No participó en ningún debate. El presidente Martinelli le endosa a él su fuerza electoral, que es la minoría más grande actualmente existente entre los partidos panameños", sostiene explica  Alfredo Castillero Hoyos.José Raúl Mulino, cuya candidatura enfrentó impugnaciones legales que casi lo dejan fuera de la carrera, tendrá que enfrentarse a varios retos."Mulino ha prometido poca cosa. Casi diría que ha sido evasivo en eso, me parece. Lo que ha prometido, sobre todo, es el regreso a la bonanza y la creación del ferrocarril Panamá-Chiriquí, que va hasta la frontera con Costa Rica. Al mismo tiempo, Panamá encara enormes retos. Hay un montón de retos estructurales y varios coyunturales, incluyendo el del sistema de pensiones y los problemas que, a causa del fenómeno de El Niño y el cambio climático, está enfrentando el Canal de Panamá. Otro tema son los dos años sucesivos de grandes movimientos sociales, uno de ellos contra la explotación minera en nuestro país y el hecho, entre muchos otros, de que tenemos un déficit extraordinario, sin precedentes en el pasado reciente. Este déficit va de la mano de que nuestra calificación de riesgo para los inversores ha disminuido recientemente, hace apenas unas pocas semanas. Son retos inmediatos, enormes, no solo para él, sino para cualquiera que hubiera sido el ganador de la elección de ayer", concluye Alfredo Castillero Hoyos.Se espera que la ceremonia de toma de posesión de José Raúl Mulino como presidente de Panamá se lleve a cabo el próximo 1° de Julio.

Estudiantes de la UNAM e integrantes de organizaciones civiles instalaron un campamento frente a la Torre de Rectoría. Con esta acción se suman a las protestas internacionales de universidades de Estados Unidos y extendidas a diversos países de Europa y Latinoamérica. Los estudiantes de la prestigiosa universidad pública mexicana llaman al gobierno mexicano a romper relaciones diplomáticas con Israel.  La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelve a ser escenario de la protesta estudiantil y del movimiento social. Esta vez la causa es por el pueblo gazatí, para que “se acabe la ocupación y el bombardeo”. Los manifestantes, tanto en Estados Unidos o Francia como en México, reclaman que la universidad corte sus relaciones con institutos y empresas israelíes. “Tiene vínculos, por ejemplo, con la Universidad hebrea de Jerusalén, y con empresas como Google, como HP, que financian el sionismo“, dijo por teléfono a RFI Name Villa de Ángel, estudiante de gestión y desarrollo intercultural en la facultad de filosofía de la UNAM. La Asamblea Estudiantil Interdisciplinaria aprobó cinco reclamos. "Otro punto es que México deje de colaborar con Israel. Israel ha apoyado al Estado mexicano y a la policía mexicana, también al ejército, dándoles el programa Pegasus para espiar a estudiantes”, afirma el manifestante.  “La estrategia actual del Gobierno es no nombrar la guerra, no visibilizarla, ocultarla a nivel diplomático, a nivel de relaciones exteriores, o sea de posicionarse supuestamente quejándose, pero realmente no tomando ninguna medida seria en contra del Gobierno israelí”, agrega. Name también es presidente de la Asamblea Ecologista Popular, una ONG por la defensa del territorio. Ahora defiende al territorio palestino. “A mí se me arrestó por protestar en contra del genocidio palestino en Navidad”. 

El próximo domingo 5 de mayo, cerca de tres millones de ciudadanos panameños están llamados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Laurentino Cortizo. En vísperas de la contienda, y con una agenda marcada por varias polémicas, ¿quiénes son los candidatos con más chances de ganar? José Raúl Mulino, la mano duraMás allá de lo que decida la Corte Suprema sobre el candidato favorito a la Presidencia, José Raúl Mulino, Panamá sería gobernada por quien fuese la mano dura del Gobierno de Martinelli, hoy asilado en la embajada de Nicaragua para escapar a una condena de prisión por blanqueo.“José Raúl Molino empezó a tener una vida pública en el momento de la transición a la democracia, como militante, digamos, anti régimen autoritario, al final de los años 80. Y luego transitó al Martinellismo, y fue durante el periodo de Ricardo Martinelli, primero su ministro de Gobierno y luego de Seguridad”, explica Claire Nevache, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).“Se le recuerda bastante por ser un ministro muy de mano dura. Hubo varios muertos en protestas sociales en Panamá durante ese periodo. Personas fallecidas a manos de la policía en protestas contra hidroeléctricas, en protestas contra la venta de terrenos del Estado, y sobre todo en zonas de población indígena y de población afrodescendiente. Estaba muy cercano al Consejo de Seguridad y por lo tanto, las alegaciones de violaciones a los derechos humanos que se imputan al periodo de Ricardo Martinelli tienen una relación con su responsabilidad directa. Y por eso una parte importante de la sociedad está preocupada con la posibilidad de que pudiera ser un presidente con un estilo autoritario”, detalla.Martín Torrijos, ¿un socialdemócrata?Con menos de la mitad del 30% de intención de voto por Mulino, le sigue en liza Martin Torrijos, presidente del país entre 2004 y 2009, y quien abandonó al Partido Revolucionario Democrático (PRD) para postularse por el Partido Popular, de tendencia demócrata cristiana.“Martín Torrijoses una figura muy fuerte del Partido Revolucionario Democrático, porque es el hijo de Omar Torrijos, el fundador del partido y de la doctrina del torrijismo. Fue un presidente que tuvo un relativamente buen récord en términos económicos. Fue el inicio del boom económico panameño, pero al mismo tiempo representa, digamos, ese partido que era el gran partido panameño y que es el partido que actualmente está en el Gobierno y que es muy impopular”, comenta Nevache.“El Partido Revolucionario Democrático, PRD, teóricamente pertenece a la Internacional Socialdemócrata, pero no es un partido socialdemócrata desde hace 30 años. Es el partido que ha hecho todas las privatizaciones de los años 90, todas las reformas estructurales. Realmente es un partido de centro derecha, igual que los demás”, recalca.Rómulo Roux, competencia por el legado de MartinelliCodo a codo con Torrijos, se encuentra el candidato de derecha Rómulo Roux, un abogado acaudalado, delfín del expresidente Martinelli pero hoy su gran enemigo político.“Rómulo Rouxes socio de la firma más importante de abogados de Panamá y una de las más importantes del mundo, Morgan & Morgan, que tiene entre sus actividades importantes la creación de sociedades anónimas, que es un tema por el que se cuestiona tanto a Panamá. Y también tiene una vinculación muy fuerte con la minera, que fue muy, muy cuestionada y que provocó grandes protestas el año pasado”, subraya la investigadora.“Además, Rómulo Roux era el heredero de Ricardo Martinelli. Ha sido su ministro durante los cinco años de su presidencia. Incluso fue designado desde la cárcel en 2019 como su sucesor y la persona a quien había que votarle. Y en ese momento hubo un conflicto. Rómulo Roux se quedó con el partido, pero Ricardo Martinelli fundó otro partido. Entonces hay un poco una competencia por la herencia o el legado de Ricardo Martinelli entre Rómulo Roux y José Raúl Mulino”, agrega.Ricardo Lombana, el outsiderEl cuarto candidato presidencial es Ricardo Lombana, un outsider que capitaliza el voto de descontento contra la clase política tradicional de Panamá, un país que nunca ha tenido un presidente de izquierda.“Ricardo Lombana es el único que no está tan marcado por un historial partidista. Pretende al menos mostrarse como alguien que nunca ha tenido cargo político y alguien que viene a cambiar las viejas estructuras de los partidos políticos tradicionales y de la política tradicional. En 2019 ya se postuló y tuvo un bastante buen resultado porque llegó a ser tercero de la elección. Representa para algunos la renovación de la política. Es quizás más cercano a las generaciones más jóvenes, que se sienten un poco defraudadas por esas viejas estructuras partidistas”, apunta Claire Nevache.Las elecciones panameñas son a una sola vuelta y se ganan con mayoría simple.

El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó modificar una norma constitucional para acelerar futuros cambios a la Carta Magna que pavimenta la vía al presidente, Nayib Bukele, para modificarla. Juristas, analistas y activistas la califican como un paso hacia un “esquema dictatorial”. Esta reforma permitirá “refundar este país”, afirman los diputados oficialistas, pero los críticos sostienen que, durante su nuevo mandato, Nayib Bukele podrá cambiar la Constitución “a su antojo” y “sin contrapeso”. “Lo que va a suceder es que a las necesidades y conveniencias y tiempo de Bukele, pues van a ir ordenándole algunas reformas”, comenta el constitucionalista Enrique Anaya.Según él, la reforma aprobada viola la Constitución y es antidemocrática: “Creo que el riesgo es que una mayoría política, que es meramente coyuntural y como tal provisional, va a poder modificar todas las reglas de una Constitución. Entonces va a poder, bien es cierto, refundar el país, pero no creo yo que esa refundación sea buenas noticias”.Una misma legislaturaPor ser un país unicameral, la Constitución, vigente desde 1983, estipula que toda enmienda debe ser avalada en un segundo periodo legislativo. Con la reforma aprobada por el Congreso de mayoría oficialista al artículo 248, la Asamblea puede modificar la Constitución de manera inmediata, sin necesidad de que dichos cambios sean ratificados por la siguiente legislatura.“A efectos prácticos, la Constitución salvadoreña se puede modificar en una mañana porque como va a ser la misma legislatura, puede hacer que a las 10 de la mañana aprueben la reforma y los mismos diputados a las 11 la ratifican. Por lo tanto, digamos, no va a haber oportunidades, ni debates, ni nada para las reformas constitucionales”, subraya Anaya.“Eso prácticamente es casi inédito en cualquier país democrático. No es que vayan a emitir, digamos, directamente y de inmediato una nueva Constitución, sino que se van a ir haciendo reformas, no en beneficio de la población, se van a ir haciendo reformas a conveniencia del Gobierno”, agrega el constitucionalista. Y, enfatiza, “sin que la gente se pueda pronunciar sobre eso, por supuesto que es una decisión autoritaria”.Una asamblea constituyente que no dice su nombreLas dos legislaturas existen en El salvador para permitir que las reformas aprobadas por la primera sean debatidas públicamente por el pueblo durante el periodo que precede a la elección de la segunda legislatura.“Implícitamente, los resultados de las elecciones en la integración de la segunda legislatura, habría un carácter refrendario de esa elección. Eso desaparece. Entonces, este cambio es que, a efectos prácticos, están creando una asamblea constituyente, aunque no tenga ese nombre. Y los salvadoreños, el 3 de marzo de este año no votamos por una asamblea constituyente, votamos por una Asamblea Legislativa que no podía ella misma cambiar la Constitución”, lamenta Anaya.

El proyecto ultra liberal del presidente Javier Milei dio un primer paso este martes con la aprobación de los diputados a sus reformas para desregular la economía argentina. Cuatro compañías públicas quedaron en la categoría de "privatización total": Aerolíneas Argentinas, Enarsa que realiza estudios, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, Radio y Televisión e Intercargo, empresa estatal que brinda los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos. La privatización de las empresas públicas en Argentina parece una serie de televisión que se reencaucha. Remontemonos a la década de los años 80 cuando “Argentina tenía empresas públicas en absolutamente todos los sectores y no solamente como proveedoras de bienes públicos o de bienes estratégicos”, recuerda Eva Sacco, economista y directora del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES. También recuerda que la mayoría de esas empresas del Estado fueron privatizadas al asumir Carlos Menem el poder en julio de 1989. Un mes después, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Estado con la que empezó el desguace de las empresas públicas. El presidente Menen ordenó privatizar los dos canales estatales de televisión y luego se vendieron Aerolíneas Argentinas y casi la totalidad de las compañías estatales, al menos una decena de esas empresas son las que hoy pretende volver a privatizar el gobierno del presidente Javier Milei. “La gran mayoría de estas empresas de las que hablamos se habían privatizado o se habían concesionado en los años 90 y volvieron a manos del Estado, porque justamente el sector privado las estaba administrando de una manera, en la que estaban generando, en general, un perjuicio al país. Por ejemplo, Aerolíneas Argentina había disminuido muchísimo las regiones que estaba conectando y se había quedado solamente con los destinos más comerciales”, evoca Sacco. Ese proceso de estatización de las empresas privatizadas durante la era Menem arrancó cuando Eduardo Duhalde fue elegido presidente en 2002 y continuó con su sucesor, el peronista Néstor Kirchner. “No fue ni siquiera la mitad. Fue un porcentaje pequeño de empresas que volvieron a la órbita del Estado. Empresas que eran o muy sensibles porque estaban en cuestiones muy claves de la economía, como la provisión de energía, o eran empresas que habían roto los contratos de una manera muy, muy flagrante. Entonces, no es que Argentina ahora tiene una gran cantidad de empresas públicas y son empresas públicas que volvieron a ser públicas o volvieron a manos del control del Estado, justamente porque el mercado ya había demostrado que no podía hacerse cargo”, analiza Eva Sacco. Los economistas coinciden en que el mayor impacto del proyecto privatizador de Milei estará en la prestación del servicio, como lo explica la economista Sacco: “El Estado tiene muchas menos empresas, pero no tiene empresas ineficientes como tenía en la década de los 90. Más allá de que su función no es ganar, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Se quedan solamente con la parte del negocio que les es redituable y la parte que no es redituable la dejan, por lo tanto van a volver a quedar pueblos fantasmas. Eso pasó por la privatización de los trenes en los 90, que hubo pueblos que quedaron incomunicados en un país tan grande como Argentina. Aerolíneas Argentinas comunica todo el país, entonces es costoso para muchas provincias que no tienen llegada de aerolíneas que no son argentinas, que pierdan la conectividad”. Otro efecto se verá en los preciosEva Sacco, economista y directora del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES expresa que “las empresas privadas tienen otra lógica que es distinta a la lógica del bien público y se enfocan exclusivamente en la parte del negocio. El privado lo que hace es aumentar el precio excesivamente. Por más que haya marcos regulatorios, que los marcos regulatorios también son marcos regulatorios heredados de la década de los 90 y bastante malos, siempre el sector privado termina encontrando la vuelta como para eludir ese marco regulatorio y aumentar los precios. Realmente uno no entiende la razón por la cual la quieren privatizar, que no sea puramente la cuestión ideológica, pero sin realmente ponerse a analizar los balances, los indicadores. O sea, hay una cuestión ideológica de que el Estado es malo y el Estado se tiene que correr de todo o de todo lo que se pueda escuchar”.

Tres días después de que se descubriese el triple homicidio de los carabineros en Cañete, al sur de Chile, las principales líneas investigativas apuntan al crimen organizado debido al modus operandi de los asesinatos que distan notablemente de los incidentes relacionados con la denominada violencia rural acontecidos en la misma zona del país. Los policías fueron encontrados sin vida dentro de un automóvil en la madrugada del 27 de abril. Los reportes oficiales describen que los perpetradores del crimen abrieron fuego en contra de la patrulla, donde se encontraban los policías, antes de prenderle fuego a la unidad con los agentes dentro. Un grupo armado preparó la emboscada a la camioneta en que los uniformados acudieron a tres llamados falsos de emergencia, según informa La Tercera. Los fallecidos fueron identificados como Carlos Sisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid. “Estamos bastante afectados los que hemos sido parte de la familia de carabineros”, dice Esteban Díaz, director del Observatorio Territorial de Seguridad y ex general subdirector de Carabineros en Chile.Leer tambiénChile en luto tras el asesinato de tres carabineros en una brutal emboscada en BiobíoA poco más de 48 horas desde que se descubrió el homicidio de los tres carabineros en Cañete, en el sur de Chile, las principales hipótesis apuntan a que el crimen estaría vinculado con el crimen organizado, Debido al modus operandi de los asesinatos, que distan notablemente de los incidentes relacionados con la denominada violencia rural acontecidos en la misma zona del país.RFI. La investigación es secreta durante 40 días, pero ahí está esa pista que nos deja ese crimen organizado. Lo que se especula ahora es con el móvil de este hecho. ¿Es difícil tener alguna hipótesis del por qué? Díaz. Una de ellas tiene que ver con Héctor Llaitul -actualmente condenado por los delitos de usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad- él hace parte de una organización criminal que operaba en el sector y que había generado muchos atentados en el pasado en Chile. Pero, resulta que estas células denominadas resistencia territoriales de esos sectores no están relacionados con la CAM (Coordinadora Arauco Malleco, fundada por Llaitul), incluso tienen diferencias con la CAM. Estos grupos de resistencia son formados y nacieron al alero de hijos de grandes dirigentes o dirigentes del pasado y que no obedecieron porque notaron que, en el tráfico de droga, en la extorsión, en las amenazas, en el contrabando de madera, se lucraban mejor. Se independizaron y hoy día esos grupos se dedican a estos y otros delitos por lo que es probable es que hayan participado en este atentado.Le preguntamos a usted como carabinero, ¿el hecho de que este triple crimen se haya perpetrado el día del 97° aniversario de los Carabineros obedece a que no fuese casual? Esa también es una hipótesis que han levantado seguramente los investigadores y también se ha hecho saber por parte del Ministerio Público en las primeras horas. Yo no lo afirmaría. Si bien es un atentado muy bien planificado por parte de estos delincuentes, lógicamente vamos una vez que ya esté esclarecido, y puede que haya una coincidencia así, puede que también haya sido planificado con este mensaje. Sin embargo, lo que toma fuerza es la hipótesis de que este atentado se hizo por la condena y la lectura en los próximos días de la sentencia de Héctor Llaitul, el líder de la CAM.¿Este crimen triple crimen lo podemos catalogar de inédito por sus características en Chile?  Hay una cantidad de carabineros lesionados en los últimos 30 años. Creo que son 180 lesionados por armas de fuego y hay una docena de carabineros asesinados en la zona. Pero esto, lógicamente, esto marca un antes y un después. Esto es algo que no habíamos visto. Recuerdo hace un par de años atrás donde se encontró un vehículo con cargado con dinamita y que, si los carabineros hubieran llegado a contactar ese vehículo y proceder tras un supuesto llamado que había en esa ocasión, iba a volar un puente con los carabineros encima. Entonces, si bien se han venido haciendo una serie de atentados, este en sí tiene particularidades que nos son del perfil criminológico de los delincuentes que operan en el sector o en ese territorio.

Un éxodo que más de 500 millones de dólares al año, estima la Organización Internacional para las Migraciones. El informe publicado por la OIM subraya que en 2023 se proyecta un potencial aumento que alcanzará la cifra de 804,3 millones de dólares con la total regularización de venezolanos. RFI ha podido conversar al respecto con Catalina Arenas Ortiz. gerente de Migración de la consultora Social Equilibrium SDC El éxodo de venezolanos que ha huido de la pobreza y la represión del régimen chavista se ha traducido por la instalación de millones de migrantes en otros países latinoamericanos, principalmente en la vecina Colombia, donde viven unos 3 millones de venezolanos. Esta presencia ha dejado más de 500 millones de dólares al año, estima la Organización Internacional para las Migraciones. El informe se basa en la contribución al país de acogida a través de impuestos directos indirectos y la dinamización de la economía por consumo.El documento publicado por esta organización fue elaborado por la consultora de investigación Social Equilibrium SDC. Catalina Arenas Ortiz. gerente de Migración de la consultora explica en RFI: "Lo que sí podemos saber acá es específicamente cuánto es ese desarrollo. Entonces poder acceder a la cifra y tener como resultado saber que son 530 millones de dólares, pues nos da ya un número con el que podemos trabajar y con el que podemos saber especifica que estamos ganando".La experta aclara en RFI que estarían "hablando de si realmente el dinero que estamos invirtiendo, si cruza y nos da un saldo positivo o si realmente lo que le está pasando al país es que está invirtiendo más recursos del que está percibiendo de retorno. Y allí también encontramos que efectivamente para el caso colombiano y teniendo en cuenta las variables de estudio, que en este caso específicamente serían la asignación directa para salud y para educación, cuando uno hace el ejercicio de resta le da que bajo ningún punto de vista Colombia está dejando de percibir dinero, al contrario, ese saldo es positivo."El informe publicado por la OIM subraya además que en 2023 se proyecta un potencial aumento que alcanzará la cifra de 804,3 millones de dólares con la total regularización de venezolanos. Catalina Arenas Ortiz asegura que el saldo positivo para la economía de Colombia no es un fenómeno aislado. "Tenemos este mismo estudio en Perú, en Ecuador, Chile, Aruba, Costa Rica, Panamá y República Dominicana y en todos sigue siendo el saldo positivo. No hemos encontrado el primer caso, incluso el de Perú fue en pandemia durante los confinamientos y el saldo seguía siendo positivo", sentencia.La OIM destaca el caso de Panamá, donde emprendedores venezolanos han invertido más de 1.800.000.000 de dólares en la última década, creando unos 40.000 puestos de trabajo.

Diego Da Rin, investigador del International Crisis Group, estima que la instalación del Consejo Presidencial de Transición no tendrá un ‘impacto directo en la violencia’, pero a pesar de todo constituye ‘una de las pocas razones para ser optimistas’ sobre la grave situación de violencia en Haití a causa de las pandillas.  Los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición asumieron durante una ceremonia celebrada tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry. El Consejo está conformado por representantes de los principales partidos políticos de la sociedad civil y el sector privado. Su primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert, dejó en claro las prioridades: conducir el país a la paz y la recuperación económica.Esto es un gran desafío en un país cuya capital es la más pobre de América y está tomada en un 80% por las pandillas. Unos 95.000 habitantes tuvieron que huir. Haití es un país asolado por la violencia de las pandillas, que entre enero y marzo causó más de 2.500 muertos y heridos.Una de las primeras tareas del Consejo Presidencial de Transición es lograr un consenso para nombrar a otro Primer ministro y organizar elecciones para ceder el poder en febrero de 2026. En este frente, sin embargo, Diego Da Rin, miembro del International Crisis Group, se muestra escéptico."Es claro que la instalación del Consejo Presidencial de Transición no va a tener un impacto directo en la situación de seguridad que se ha venido deteriorando a pasos agigantados desde finales de febrero. Pero este hecho sigue siendo quizás una de las pocas razones para ser optimistas en este momento en Haití. Al crear una nueva administración, un nuevo gobierno viable y funcional, se van a poder retomar las negociaciones con los socios internacionales de Haití para acelerar el envío de una misión de seguridad, la cual fue autorizada por el Consejo de Seguridad", sostiene Da Rin.Para este especialista en Haití de ese grupo de reflexión, "hay en este momento muchas necesidades en el terreno porque la policía está completamente desbordada por la capacidad de fuego que tienen las pandillas. Coaliciones que antes eran rivales se han unido y ahora están combatiendo juntas para poner al Estado de rodillas", subraya.Según el Consejo Presidencial de Transición, Haití está "secuestrada" por las pandillas que violan, raptan, matan e imponen su ley. Además, después de haberse unido, su poderío es tal que pretenden decidir en la nueva organización política del país. Para Da Rin, sin embargo, las pandillas no tienen interés en ejercer un control total del país."Las pandillas no quieren una situación de caos total porque perderían ciertas fuentes de financiación, por ejemplo, la extorsión de grandes empresas de puertos. Tampoco quieren tomar completamente el poder, aunque saben que podrían hacerlo, porque no podrían mantenerlo. Para mantener el poder en Haití se necesita el apoyo de la comunidad internacional. Las pandillas lo que quieren es tener una silla en la mesa de negociación para que su voz sea escuchada por los que están negociando la nueva forma de gobierno de transición y que ellos puedan cooptar de alguna manera algunas agencias del Estado para sacar recursos de ellas, para poder garantizar la impunidad de sus actividades y eventualmente asegurar una posible amnistía", concluye.

En Venezuela, dos meses después de su expulsión por parte del régimen de Nicolás Maduro, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) podría volver a operar en el país. Maduro hizo el anuncio el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y también abrió una delegación de su despacho en Caracas. La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. El 15 febrero, fue expulsada tras expresar "profunda preocupación" por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.Una influencia limitadaEl Gobierno venezolano acusó además a la oficina de la ONU de "convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas". Por lo pronto se ignora cuándo reabriría en Caracas, pero, ¿de qué serviría su reapertura en este momento?“Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo, particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen”, explica a RFI Gonzalo Himiob Santomé, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal.“Sin embargo”, prosigue, “no hay garantía de esto. Recordemos que durante todo el tiempo que ha estado la misión acá, las violaciones a los derechos humanos no han cesado. Pero siempre es buena noticia saber que contamos con personas que en el lugar están dispuestas a recibir de primera mano estos testimonios. Eso contribuye por supuesto muchísimo a que el poder de alguna manera sea un poco más comedido en este tipo de actos de violaciones a los derechos humanos”.Persecución políticaForo Penal ha contabilizado 269 “presos políticos” hoy en Venezuela. “Se ha intensificado la persecución contra factores políticos de oposición. Recordemos que tenemos en este momento a seis activistas de uno de los principales partidos opositores, que es Vente Venezuela, el partido María Corina Machado, presos. Tenemos al activista Carlos Julio Rojas, privado arbitrariamente de su libertad. Vemos que se ha ilegalizado arbitrariamente a partidos o a figuras políticas para no poder participar en los procesos electorales”, detalla Gonzalo Himiob Santomé.En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, está “por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, o el caso de Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, que están en este momento presos”, añade.El director de Foro Penal se dice particularmente preocupado por las nuevas leyes para restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como una difusa ley para castigar “el fascismo”, un término con el que el régimen se refiere a opositores y críticos.

En Argentina, este lunes el Ministerio de Justicia anunció que auditará a víctimas de la dictadura, la de 1976-1983. Mariano Cúneo Libarona, quien encabeza este Ministerio, asegura que se contabilizan "más de 100 casos" sospechosos de haber recibido unos 150.000 dólares y por ello se revisarán "todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”.  Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia de Argentina, precisó este lunes en cadena nacional por qué decidió detener ciertas indemnizaciones de víctimas de la dictadura, extremadamente abusivas, a su juicio. “Descubrimos distintos juicios de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos formularios”, aseguró.Transmitido en el medio La Nación, el ministro se atribuyó esta acción como un acto de justicia en nombre del nuevo gobierno. Pero Mariano Cúneo nunca mencionó que esto no es nada nuevo, que gobiernos anteriores ya tenían registros de intentos de fraude de supuestas víctimas e incluso que habían sido castigados.“Lo que anunció el ministro tiene que ver justamente con una investigación que realizó la gestión anterior, la Secretaría de Derechos Humanos, cuando estaba a cargo de Horacio Pietragalla. Un expediente en el cual una persona que pretendía estafar al Estado cobrando una indemnización y justamente lo que hizo Horacio Pietragalla fue evitar que eso sucediera. Por lo tanto, lo que está diciendo el ministro es una falsedad. Lo que en realidad está haciendo es ni más ni menos que evitar que el Estado gestione como Estado y hoy por hoy lo están logrando”, aseguró el abogado Rodolfo Yanzón, quien lleva casos de víctimas de la dictadura. El abogado Yanzón, que tiene una larga trayectoria en Derechos Humanos, destacó que Mariano Cúneo es conocido por haber defendido a represores. Desde la campaña electoral, el equipo de Milei se caracterizó por un discurso negacionista que se materializa con este tipo de acciones. Un claro ejemplo de ello son los comentarios de Victoria Villarruel, la Vicepresidenta argentina quien este martes publicó en sus redes sociales que se debe Auditar al ‘curro’, la estafa de los derechos humanos que sirven, según ella, para fines políticos. Un discurso que preocupa al abogado argentino Fabián Salvioli, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Parece haberse roto un consenso que fue el más valioso en la sociedad argentina desde la recuperación de la democracia y era un acuerdo generalizado en el repudio de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y esto es muy peligroso, porque reivindicar esos hechos marca también la reivindicación de la intolerancia y puede contribuir a que en la sociedad no exista el lógico clima de concordia democrática que debe reinar más allá de las distintas posturas políticas que cada quien tiene derecho a tener”, dijo Salviolli.

Hace poco, las organizaciones México Evalúa, Data Cívica y el medio de comunicación Animal Político, publicaron el informe “Votar entre balas” que arroja datos detallados de lo que llaman la violencia político-criminal en México. Una investigación que va más allá de las agresiones en periodos electorales. El informe titulado “Votar entre balas“, elaborado conjuntamente por las organizaciones Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, muestra que desde el comienzo formal del proceso electoral -en septiembre del año pasado- 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido víctimas de homicidio.“Afectar el proceso municipal de las elecciones”Una cifra que aumentó el pasado fin de semana a 25 fallecidos tras los asesinatos de Noé Ramos, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, y Alberto Antonio García, candidato de Morena para la alcaldía de San José Independencia, Oaxaca.Leer tambiénDos nuevos asesinatos de candidatos a alcaldías sacuden MéxicoEste informe aterrador va más allá de las agresiones a candidatos y contabiliza la violencia experimentada en personas que participan en la política de manera amplia, como funcionarios y familiares.“Hasta el 13 de abril, contabilizamos 39 personas precandidatas y candidatas atacadas, de las cuales 19 fueron asesinadas, 10 sufrieron ataques armados, seis fueron secuestradas y cuatro recibieron amenazas con consecuencias tangibles. Si nos vamos de cuando inició el proceso electoral, que fue en septiembre de 2023, pues ahí contabilizamos cerca de 328 víctimas de manera amplia, tanto precandidatos, candidatos como funcionarios de los ayuntamientos y fuerzas del orden civil”, detalla para RFI Celine González, investigadora del Programa de Seguridad en el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa.“De tres meses acá, de enero a marzo, lo que hemos contabilizado es 145 víctimas, el 77% de las víctimas se encuentran a nivel municipal, lo cual nos dice que la violencia político-criminal que estamos investigando es muy selectiva y busca afectar justamente el proceso municipal de las elecciones”, subraya.“Proteger los intereses de estos grupos criminales”El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia de México superando en violencia y asesinatos al de 2018. “En 2018 pasó esto y se redujo al año siguiente. En 2021 pasó exactamente lo mismo, pero lo que observamos es que después no se redujo. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años en México? Pues hemos tenido procesos electorales en años no concurrentes con la elección presidencial, y eso también tiene un efecto sobre cómo los grupos criminales buscan afectar estos procesos electorales, aunque sean mucho más pequeños y no concurrentes con la elección presidencial”, explica González.Leer tambiénLas elecciones de México 2024 serán 'las más violentas de la historia'“¿Qué buscan los grupos criminales con esto? Pues justamente proteger territorios y mismo imponer a veces hasta candidatas y candidatos en ciertos municipios para que protejan los intereses de estos grupos criminales. Entonces sí es esperable que el 2 de junio tengamos un aumento sustantivo de estos picos de violencia que hemos observado en otras elecciones.Guerrero y Michoacán son las entidades con más casos de violencia política en México, seguidos por los estados de Puebla, Chiapas y Morelos, además de los estados fronterizos del sur y del norte del país.

Bogotá sigue enfrentando su desafío hídrico. Tras la agudización del fenómeno de El Niño, y a pesar de las recientes lluvias, los niveles en los embalses que abastecen de agua a la capital siguen siendo preocupantes. Durante la última semana, Bogotá ha enfrentado una situación alarmante en términos hídricos. La sequía prolongada y los récords de calor registrados en el país en lo corrido del año tienen en alerta a los embalses, que están solo a unos puntos de alcanzar el nivel crítico.María del Mar Vásquez, meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en Bogotá, explica a RFI la falta de lluvias: "Lo que llevamos del mes de abril en general en el país hemos presenciado una disminución de volúmenes de lluvia respecto al promedio mensual multianual y esto se ha debido fundamentalmente a la dinámica atmosférica, caracterizada por vientos moderados del este y noreste, que ha disipado la nubosidad dejando cielos entre ligera y parcialmente nublados, especialmente sobre la parte centro y norte del país donde se encuentra la capital Bogotá".Leer tambiénBogotá multará el despilfarro de agua ante la grave sequía"Esto sumado también a la dinámica generada en alguna medida por la condición calidad de El Niño que se ha presentado desde finales de El año pasado y continuamos con estas condiciones y esta dinámica, pues también favorece la inhibición de las lluvias", prosigue la experta.En Colombia, el Fenómeno del Niño suele estar asociado con periodos de sequía prolongada, un patrón climático natural que ocurre periódicamente en el Pacífico tropical,  que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano."El fenómeno El Niño en realidad es una de las fases de El Niño-Oscilación del Sur. Esto es una circulación que se genera en el centro del Pacífico. Normalmente tenemos vientos que vienen del este. Sin embargo, cuando se presenta un fenómeno de El Niño, estos vientos se debilitan y hacen que el océano Pacífico se caliente", responde a RFI Mar Vásquez."Estos cambios de temperatura, cambios en la circulación de los vientos, hacen que se cambien las dinámicas de circulación de vientos también a nivel local en nuestro país, lo que para nuestro país significa en este caso que haya una disminución de las lluvias de manera generalizada", concluye.Leer tambiénContinúan los racionamientos de agua en BogotáAunque las lluvias han aumentado en los últimos días, la primavera durará poco, un periodo aún insuficiente para devolverle el agua a la capital.

Este domingo 21 de abril los ecuatorianos votarán en un referendo y una consulta popular para reformar algunos puntos de la Constitución y aprobar propuestas del Gobierno de Daniel Noboa. Entre ellas, todo un paquete de medidas de seguridad, que prevén una mayor militarización del país para combatir la crisis de violencia. Para los ecuatorianos, es la tercera consulta popular en poco más de un año y nuevamente tiene un alto componente de seguridad. “Se está jugando hasta cierto punto el apoyo político a un Gobierno que, como sabemos, va a tener que ir a elecciones en un año aproximadamente, otra vez”, comenta Johanna Espín, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.“La magnitud de la violencia sigue siendo importante”“La primera pregunta del referendo está efectivamente enfocada en si las Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo complementario a las funciones de la Policía Nacional. Esto específicamente para combatir el crimen organizado. Es un apoyo que va a ser específicamente por 180 días, y se puede renovar por 30 días más. También, si se habla más específicamente del papel de las Fuerzas Armadas en el control de armas, por ejemplo, en realizar controles permanentes en las rutas, además de en los centros de rehabilitación social, este papel más específico ya no tiene este límite de tiempo”, detalla la docente.En cuanto al componente de justicia, “hay algunos cambios normativos, como el tema de la extradición y el endurecimiento de penas para ciertos delitos como terrorismo, tráfico, narcotráfico, asesinatos, sicariato, trata de personas, tráfico de armas”, agrega. “Recientemente se terminó este estado de excepción. La magnitud de la violencia sigue siendo importante. El estado de excepción produjo algunos resultados, sobre todo en el control del sistema penitenciario. Y hacia esto es hacia donde están apuntando desde el Gobierno con esta consulta”, subraya Espín.“Un sistema muy represivo”Espín estima que la militarización tendrá elevadas tasas de aprobación. Este miércoles fue asesinado un segundo alcalde en dos meses en Ecuador. Pero la política de seguridad del Gobierno también genera temores. “Es un sistema muy represivo que se enfoca mucho en la pena como tal, pero no en la rehabilitación social, que es el otro componente que se está perdiendo dentro de este nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario. Si hay una respuesta favorable, hay ciertas preguntas. Por ejemplo, con el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, es un apoyo que cumple ciertos plazos, que va a tener que estar determinado por un informe que respalde la pertinencia, que haya un uso progresivo de la fuerza y tiene que existir un marco normativo que lo regule”, analiza Johanna Espín.“Es algo bastante nuevo, no es algo que se veía antes, por eso es que ha causado este impacto que podría considerarse positivo en la percepción de seguridad. Porque durante mucho tiempo antes del estado de excepción, más bien había una queja ciudadana muy fuerte de que faltaba la presencia policial y la presencia de Fuerzas Armadas. Si vamos a pedirles que se involucren en temas de seguridad pública, es necesario formarles en eso”, concluye la docente.

Estados Unidos renueva sus sanciones petroleras contra Venezuela, al considerar que el presidente Nicolás Maduro no ha respetado los compromisos electorales firmados el año pasado en Barbados para organizar elecciones libres. Se vence este jueves la llamada Licencia 44 con la que Washington había aliviado las sanciones al petróleo y al gas venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“Office Foreign Asset Control”-OFAC) confirmó in extremis que no la renovará, reintroduciendo restricciones contra Caracas.  “Se sabe que siguen conversando”La administración Biden explicó que se debe a los incumplimientos del Gobierno de Nicolás Maduro respecto al Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales y derechos políticos, en especial con la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición.“Va a tener un impacto en los ingresos, y también va a tener un impacto a mediano largo plazo, porque obviamente en estas circunstancias es muy difícil atraer las inversiones que necesita Venezuela para recuperar su industria petrolera. El Gobierno de Estados Unidos está muy decepcionado con la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Maduro con los términos del Acuerdo de Barbados de octubre del año pasado, que supuestamente iba a garantizar por lo menos condiciones mínimas para una elección competitiva en julio de este año”, explica Phil Gunson, del Crisis Group en Venezuela.“Pero las negociaciones continúan”, subraya el analista: “En estos días ha habido un encuentro directo entre oficiales funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y de Venezuela. No produjo ningún resultado positivo hasta ahora, pero por lo menos se sabe que siguen conversando”.En efecto, con esta medida, Washington no cierra la puerta al diálogo. El fin de la Licencia 44 no va a sacar de Venezuela a las petroleras europeas y estadounidenses, y mucho menos a Chevron, que opera de nuevo desde 2022 en el país. Las licencias privadas se evaluarán caso por caso.Efectos indeseadosPara Estados Unidos, restablecer plenamente las sanciones hubiera tenido un efecto indeseado a siete meses de las elecciones. Entre otras cosas, analistas liberales dicen que la decisión perjudica la economía venezolana y podría terminar impulsando aún más la migración de venezolanos.“Hay preocupación por parte de la administración Biden por los efectos colaterales de renovación de las sanciones o el fin del alivio de esas sanciones, sobre todo en materia de migración. Porque en la medida en que la economía venezolana siga en problemas, y aquí a pesar de que hay cierto crecimiento en este momento la crisis humanitaria es muy grave, eso evidentemente empuja la migración, parte de la cual termina llegando a las fronteras de Estados Unidos y causando problemas políticos para el Gobierno”, señala Phil Gunson.“Y por otra parte, quizás en menor medida, pero también está el tema energético. En las condiciones actuales se supone que por lo menos seguirá habiendo una presencia de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como europeas, en la industria petrolera venezolana. Y eso es importante también en términos geopolíticos, para no empujar más a Venezuela hacia los brazos de los adversarios geopolíticos de Estados Unidos, como los rusos, los chinos, etc.”, recalca el analista.Las sanciones vienen en un momento en el que Venezuela produce la mayor cantidad de petróleo desde el 2020, y después de que en febrero Washington dejara expirar la licencia para la venta y exportación del oro venezolano.

Ecuador ha vivido una semana de apagones y está sumido en una crisis energética agravada por la sequía, en un país que depende casi exclusivamente de fuentes hidroeléctricas, inclusive provenientes de Colombia. El presidente Daniel Noboa ha pedido la renuncia de su ministra de Energía este martes y declara el estado de emergencia eléctrica. Agregó que se ha abierto una investigación por sabotaje, pero las causas de esta crisis no son tan sencillas. Casi el 80% de la electricidad que consume Ecuador es de origen hidroeléctrico y no solo de represas ecuatorianas, sino también colombianas. Ambos países atraviesan una intensa sequía y esta semana Bogotá anunció a Quito que dejará de exportar la energía. “Primero experimentan una periodo relativamente seco de bajas precipitaciones durante enero, febrero y marzo, que coincide con el fenómeno del niño, que lo que hace es intensificar la sequía. Quizás son los niveles más bajos que tenemos de reservas hídricas en los embalses en los últimos 40 años”, explica Erasmo Rodríguez, hidrólogo de la Universidad Nacional de Colombia.Los embalses colombianos funcionan en un 29% de su capacidad, Cerca del nivel "crítico" que es del 27%. Para no llegar a los apagones, ya hay racionamiento de agua, por lo menos en Bogotá, capital con 10 millones de habitantes.  Leer tambiénContinúan los racionamientos de agua en BogotáSegún Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Quito, los apagones y el racionamiento en Ecuador no tienen como simple causa el fenómeno del niño, considera que el sector eléctrico en Ecuador ha sido descuidado, al no tomarse las medidas necesarias para que funcione correctamente, sin la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas. En 2018, la generación de energía hidroeléctrica alcanzó el porcentaje más alto en Ecuador. “Por otro lado, se contaba con la energía desde Colombia, se estaba pagando más o menos 20 millones de dólares semanales, por eso es que también nosotros hemos reclamado que el Ministerio de Energía debe volver a ser un ministerio independiente y tomar las medidas que deben tomarse”, concluye Acuña.En un comunicado, el Colegio de Ingenieros Eléctricos denuncia cierta opacidad sobre los recursos que Ecuador ha gastado comprando energía a Colombia, al detrimento de fuentes renovables que solo representan el 2% de su producción.

Casi diez años después del caso de los '43 de Ayotzinapa', una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México, familiares de los estudiantes desaparecidos reclaman al presidente López Obrador una reunión para hablar sobre las investigaciones. En particular, para que les comunique lo que el mandatario ha dice saber sobre el caso.  Mario González es padre de Cesar Manuel González, uno de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en 2014. Tanto él como los otros padres que siguen luchando casi 10 años después por esclarecer la desaparición de sus hijos advirtieron que, de no ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como prometió el mandatario el pasado 6 de marzo, comenzarán un boicot en pleno proceso electoral de las presidenciales mexicanas."Ya tiene como medio año que no vamos a reuniones con el presidente. Él dice que tiene información, pero que ahorita no se puede reunir con nosotros. Pero, ¿por qué no? Si ya tiene la información sobre el caso, tiene que dárnosla a nosotros ya que son nuestros hijos. Eso es lo que se le ha repetido miles de veces. Pero si él se reúne con nosotros, esto puede tener muchos costos políticos porque no se ha resuelto el caso. Desafortunadamente fue un fracaso total. Para él, los culpables son nuestros abogados. Y quiere reunirse, pero sin nuestros abogados", dice González.Precisamente, uno de los abogados de las familias es Vidulfo Rosales, quien pertenece al centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinolan."El debate es si se hace la reunión ya, en los próximos días, o si se hace después de las elecciones. La postura del presidente es que las reuniones sean después de las elecciones porque, según él, este tema se podría utilizar con fines político-electorales. Nuestro tema no tiene nada que ver con el tema de elecciones. Es un tema de justicia, de verdad, que amerita una pronta reunión, pues en septiembre de 2023 se celebró la última reunión. De ahí para acá no ha existido ni una sola reunión más", concluye.  La presión para que López Obrador resuelva el caso Ayotzinapa ha crecido durante el inicio de esta campaña presidencial teniendo en cuenta que fue una de sus principales promesas electorales cuando fue elegido como mandatario de la nación norteamericana.

En la ciudad más grande de Colombia las autoridades se han visto obligadas a imponer cortes de agua por sectores, algo inédito desde la construcción de los embalses que la abastecen. 'La situación es crítica', dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. Por el momento, los cortes no cumplen la meta de bajar el consumo a 15 metros cúbicos por segundo, como estableció la alcaldía. ¿Cómo se vive la escasez de agua en la capital colombiana? Informe de nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.  Bogotá dice adiós a lavar platos con agua del grifo y a las duchas prolongadas, e incluso, a bajar el agua del inodoro normalmente. Por primera vez, una ciudad de casi nueve millones de habitantes, que se preciaba de la pureza y abundancia del líquido, entró en racionamiento.¿El motivo? Los alarmantes niveles de los embalses de Chuza y San Rafael, que abastecen a la ciudad más grande de Colombia.Así justificaba Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, la inédita medida: "La situación es crítica". Es el nivel más bajo de estos embalses desde que iniciaron operación en los años 80".Se trata de la segunda alarma del año por el fenómeno del Niño después de los incendios que, hace unos meses, cubrieron de humo sectores del norte y oriente bogotano.Ahora, estos cortes de agua por sectores, se hacen en turnos de 24 horas que, a veces, se han extendido hasta 12 horas más.Ricardo Vega, habitante del occidente de la capital, ya pasó por el primer racionamiento. "Si la gente dice 24 horas son 24 horas, no 29 ni 30, 31, 40… porque uno se programa".Vega vive en su casa en Engativá, una zona comercial llena de restaurantes, tiendas, y panaderías. Por eso enfatiza: "Sí, a mí me afecta, porque es mi casa, una casa de familia, ahora dígame los restaurantes de este sector, los 9, 10, 11, no hay agua… yo me imagino que más de uno no abrió, o se vio limitado, o compró agua, que ya es un gasto adicional".En cada lugar, el tema de conversación por estos días es el mismo: cómo reciclar el agua. "El agua de la lavadora la dejamos organizada para utilizarla para los baños. Decenas de calles más allá, en el centro de Bogotá, César Martínez explica sus estrategias: “En casa lo que hicimos fue que tomamos el agua de cocinar, para comer y demás, y unas 4 poncheras de aproximadamente 12, 15 litros, para otros asuntos que necesitan agua no tan potable".Sin embargo, como vive en Bogotá hace dos años y viene de un pueblo sin acueducto, ya estaba preparado. "Allá nosotros para poder tomar agua es agua que venden a nivel comercial o hacemos una técnica de filtrado y depuración del agua casera a temperatura muy alta y una vez hecho eso, que pase por un filtro".El agua potable es un lujo en pequeños pueblos colombianos. Pero la escasez nunca había tocado la "burbuja" bogotana.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) expresó su satisfaccion por el fallo judicial del pasado jueves 11 de abril que responsabiliza a Irán por los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la mutual perpetrados en los años 1990 en Buenos Aires. Un histórico, aunque "agridulce" fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, dejando un sentimiento de no reparación a las víctimas. Por Pablo Martínez VegaLa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) expresó su satisfaccion por el fallo judicial del pasado jueves 11 de abril que responsabiliza a a Irán por los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la mutual perpetrados en los años 1990 en Buenos Aires. También se señala la responsabilidad del movimiento chiita Hezbollà. Un histórico, aunque agridulce fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que deja un sentimiento de no reparacion a las víctimas: “Es una gran noticia, pero no es una novedad. en 30 años de una causa que investiga el peor atentado que hemos sufrido, no hay una sola persona respondiendo." expresó el presidente de la AMIA, Amos Linetzky ante el fallo de la Ultima instancia judicial federal de Argentina. La Asociacion lamenta también que el marco legislativo contra el terrorismo internacional sea el mismo desde que se comenzara a investigar el ataque, hace ya 30 años. Un cambio legislativo que también reclaman diversas fuerzas políticas en Argentina. Leer tambiénLa justicia argentina da por probado que Irán es culpable de los atentados contra la comunidad judíaRFI ha conversado con Sabrina Ajmechet, historiadora y diputada del partido PROArgentina: "Es un fallo que es muy importante porque la realidad es que todos sabíamos que Irán estuvo involucrado. Es muy importante que quede claro que para la justicia Argentina Irán es un estado terrorista, responsable de 2 ataques terroristas que mataron a argentinos. Es un sentimiento un poco agridulce como las cosas buenas que llegan a destiempo. Es muy bueno que haya sucedido finalmente, pero pasaron 32 años desde la embajada de Israel, 30 años desde AMIA, es realmente mucho tiempo. Sí celebramos que finalmente se esté dando. Tenemos que resaltar que esos atentados aún quedan impunes, no ha habido justicia para los argentinos y especialmente para los familiares de las  víctimas."El atentado de 1994, que dejo 85 muertos, es ademàs un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptible. La pregunta es qué acciones puede tomar ahora Argentina; si cabe la posibilidad de una demanda ante la Corte Penal Internacional; y sobre todo, qué consecuencias tendrà para el estado iraní. Sabrina Ajmechet: "Yo espero que la Argentina rompa relaciones diplomáticas con Irán, que los representantes iraníes que hoy están en nuestro país tengan que abandonar la Argentina;  creo que sería muy bueno; que los países occidentales que estamos comprometidos con la democracia, con la libertad y con la paz, condenen fuertemente que otro país haya actuado activamente y sea responsable de ataques terroristas. Habrá que ver qué es lo que sucede en organismos internacionales. Ojalá que en el Consejo de paz de Derechos Humanos de Naciones Unidas esto llegue y tenga su reflejo y consecuencias para Irán."Cabe recordar que Irán, al día de hoy, sigue negando toda implicación en el atentado contra la sede de AMIA en el 94, y contra la embajada de Israel en el 92.Entrevistada: Sabrina Ajmechet, historiadora y diputada del partido PROArgentina

México pidió este 11 de abril la suspensión de Ecuador de la ONU, por el asalto de su embajada en Quito. Esta demanda en la Corte Internacional de Justicia no es el único frente diplomático y legal abierto para Ecuador, que afronta una condena internacional casi unánime, y una cascada de sanciones. Desde el asalto policial a la Embajada de México, la presión sobre Ecuador aumenta en todos los foros internacionales. Al pedir este jueves la suspensión del país sudamericano de la ONU a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), México se muestra optimista y confiado en tener a su favor el derecho internacional, algo en lo que parecen coincidir todos los analistas. Un proceso largoLa politóloga ecuatoriana Valeria Argüello explica a RFI que, si bien es posible que sea admitida la denuncia, al estar México en un proceso electoral, algunos candidatos podrían retirarla. En todo caso, afirma, “es un proceso que va a tomar mucho tiempo en la CIJ. Hay otros foros que ya van a encontrarse ahora mismo, Mercosur, CELAC, pero cuando ya tenemos un antecedente no sancionatorio, en que no se suspendió la participación de Ecuador en la Organización de Estados Americanos (OEA), porque eso podía haber pasado. La resolución también muestra en cierta medida como los Estados condenan a Ecuador, pero al mismo tiempo recuerdan otros artículos de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas”.La OEA ha aprobado este miércoles una resolución para condenar el violento asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito. Con 29 votos a favor, una abstención y el voto en contra de Ecuador, el organismo panamericano acusó al Gobierno de Daniel Noboa de haber violado la Convención de Viena y la política de asilo.¿Sanciones múltiples?Entonces, ¿se da por hecho en Ecuador que habrá sanción por parte de La Haya? “Ecuador debería ser sentenciado, porque no solamente es la violación de la sede, sino la violación de la dignidad del funcionario, que también tiene inmunidad. Eso es lo que nos podría llevar no solamente a la Corte Internacional de Justicia, sino nos va a llevar primero a la CIDH y nos va a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso va a representar para el Estado ecuatoriano una sentencia pecuniaria y no sabemos a cuánto podría elevarse”, responde la politóloga.Lo cierto es que existen pocos precedentes en la región como este caso. Salvo en contadas ocasiones, ni siquiera en las férreas dictaduras militares latinoamericanas de los sesenta y setenta se permitió el asalto a embajadas. Por eso resulta complicado prever qué sanciones podría enfrentar Ecuador.“Hay varias sanciones que pueden ser tomadas de manera unilateral por México. La ruptura de relaciones diplomáticas que ya es una realidad, puede significar sanciones para los inmigrantes ecuatorianos. Tiene que ver con el sistema de visas, porque los ecuatorianos necesitan visa, así sea para ir como turistas a México. Puede haber repercusiones para los estudiantes ecuatorianos que están estudiando en México, puede haber sanciones comerciales por parte de México”, subraya Alexis Medina, historiador y profesor de Asuntos Latinoamericanos en la Universidad de Besançon.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la Corte Internacional de Justicia actúe con celeridad. La admisión a trámite de esta denuncia puede demorarse entre cuatro y ocho meses.

Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la prohibición absoluta del aborto vigente en el país. La denuncia del caso particular de Fausia, una activista indígena hondureña, fue presentada por las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres. Honduras, donde la prohibición del aborto está blindada por la Constitución, podría hacer frente a una resolución inédita de las Naciones Unidas. El caso de la hondureña Fausia podría hacer historia. Esta defensora de los derechos humanos, indígena, fue víctima de una violación como represalia por su activismo. Ahora, un órgano de expertos de las Naciones Unidas tendrá que evaluar si Honduras vulneró los derechos de Fausia al imponerle un embarazo y una maternidad forzosa.  “Esperamos que el Estado haga un cambio legal”Honduras es uno de los países más restrictivos del mundo en derechos reproductivos: el aborto está prohibido bajo toda circunstancia, incluso por violación o si peligra la vida de la madre. Y hasta el pasado 2023, era el único de la región donde la conocida como “pastilla del día después” también estaba prohibida.“Este caso es histórico porque es la primera vez que Honduras va a tener que responder sobre la total prohibición del aborto ante un órgano internacional. Estamos esperando que el Comité primero emita una serie de reparaciones individuales para nuestra representada, medidas de rehabilitación social, física, psicológica, económica”, explica a RFI Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos, una de las dos organizaciones que han llevado a Honduras frente al Comité de la ONU.Además, subraya, “creemos que una decisión del Comité puede abrir la puerta para que el Estado tome conciencia de que esto es un tema de derechos humanos, que esto es un tema de salud. Entonces esperamos que con esta decisión el Estado haga un cambio legal y esperamos seguir avanzando hacia la despenalización del aborto”.¿Obligatoriedad de la resolución?Pero, ¿puede obligar una resolución de la ONU a despenalizar el aborto?  “Como bien lo digo, primero hay una obligatoriedad, sí o sí, porque el derecho internacional lo demanda y sí existe una obligación, pero adicional a eso, y lo cual juega a nuestro favor, consideramos que también puede haber una voluntad política por parte de este Gobierno”, responde Martínez Coral.El Centro de Derechos Reproductivos recuerda también que, en la región de Latinoamérica, aún existen seis países donde el aborto es una práctica totalmente ilegal: “En El Salvador vemos, por ejemplo, casos de mujeres que tuvieron una pérdida del embarazo y terminan estando en la cárcel hasta por 40 años”, detalla la experta.“Sin embargo, yo sí quisiera resaltar que también en los últimos años América Latina ha tenido unas victorias importantes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el reconocimiento de los derechos reproductivos. Tuvimos una gran victoria en Argentina, varias victorias en México, tuvimos la histórica despenalización del aborto en Colombia, y esperamos que el Comité de Derechos Humanos permita que Honduras se suba a esa marea también”, concluye Catalina Martínez Coral.Al menos 50.000 abortos se realizan cada año de forma clandestina en Honduras, en muchas ocasiones con medicamentos importados de países vecinos; y, en el peor de los casos, en condiciones insalubres que ponen en peligro la vida de la mujer.

El régimen cubano ignora la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitaba vías legales para excarcelar a los presos políticos de la Isla. El plazo de 90 días de este requerimiento expira ahora, y la situación de cientos de manifestantes condenados sigue preocupando a la comunidad internacional. Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncian la falta de compromiso del régimen con las instituciones internacionales. Insisten además, en que, al agotar el plazo para responder formalmente al documento de la Comisión Interamericana para excarcelar a los presos políticos de la Isla , el Gobierno de Miguel Diaz-Canel se ensaña con cientos de presos, aparentemente condenados injustamente. Las condiciones penitenciarias siguen siendo muy precarias, especialmente desde las masivas detenciones del 11 de julio de 2021. Berta Soler, líder del grupo disidente Damas de Blanco, insiste en “que  el régimen cubano realmente hace caso omiso a una institución prestigiosa que realmente mira más allá y está al corriente de lo que está pasando dentro de Cuba”. Denuncia que el domingo a ella, y a otras 14 mujeres, las detuvierron cuando se dirigían a una iglesia, porque pretendían “participar en las misas organizadas en diferentes provincias “para orar por nuestros seres queridos, para orar por la libertad de los presos políticos”. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también recuerda que el régimen cuenta con vías legales para la excarcelación inmediata de los presos, como el indulto, la libertad condicional, la amnistía o sanciones alternativas. Aunque no existe una cifra oficial y exacta, las organizaciones no gubernamentales estiman en más de 1.000 los presos políticos en la Isla. Cientos de ellos participaron en las masivas protestas de julio de 2021. Algunos recuperarán próximamente su libertad, pero por haber cumplido su pena de dos años. “La gran mayoría están presos todavía en condiciones inhumanas. Hay cinco ‘Damas de Blanco’ presas. Hay enfermos en prisión y no les dan su tratamiento médico requerido. La alimentación es pésima, están prácticamente desnutridos. Los presos políticos y otros presos también que no son políticos”. advierte la disidente cubana Berta Soler. A la tensa situación política en ese país, este domingo se sumó una nueva jornada de intensas protestas en Santiago de Cuba, la capital,  así como en  otras localidades, por los cortes de electricidad y la escasez de alimentos.

Un eclipse solar cautivó este 8 de abril a millones de personas en América del Norte, desde México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos. Recogimos testimonios en México y Washington de gente que quedó maravillada. “Fue un momento mágico, increíble, porque no te esperas la cantidad de oscuridad que va a haber. Era prácticamente mediodía. O sea, el sol estaba en su máximo punto y de repente el día se vuelve noche. Alcanzamos a ver algunas estrellas, unos planetas, de la cantidad de oscuridad que se dio. Lo pudimos ver sin lentes especiales, fue a simple vista ya cuando estaba en el eclipse total. Y el sol se veía blanco, el anillo, el diamante que le llaman por acá, y la luz tapada. Fue una imagen increíble”, cuenta a RFI Ángel Ramírez, testigo del eclipse solar en Canatlán, municipio del estado mexicano de Durango, donde el eclipse duró cuatro minutos con 29.9 segundos.“Fue algo muy muy bonito”El fenómeno astronómico también oscureció el cielo de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, ofreciendo a centenares de miles de personas una impresionante postal que se despedía formando un halo solar. Carmen Solís, que trabaja en el Departamento de Turismo de esta región, fue testigo de este eclipse total de sol: “Ha sido de maravilla, la verdad se vio muy bien. Duró alrededor de cuatro minutos, como tres, cuatro minutos oscuro. Se tapó totalmente el sol, se oscureció aquí en la zona donde lo vimos que se llama Ricardo Flores Magón, es la mejor zona para verlo. Se vio de maravilla”, explica.“Había mucha gente. Había gente de Hawái, de Alemania, de Estados Unidos, muchos extranjeros y mucha gente de aquí mismo, de México. Todos estaban con sus gafas de sol viendo el eclipse, algunos gritando de emoción por este maravilloso fenómeno. Se sintió como esa adrenalina, esa emoción al momento que se empezó a oscurecer. Fue algo muy muy bonito. La verdad que mucha gente no pensábamos que íbamos a vivir un fenómeno así. La gente quedó muy contenta, quedó satisfecha”, prosigue.Los eclipses solares se producen cuando hay una perfecta alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra; estos fenómenos astronómicos no son muy frecuentes, ocurren cada cierto tiempo. La última vez que los mexicanos disfrutaron de uno parecido data de 34 años. En aquella ocasión fue nombrado como “el eclipse del siglo”, ya que tuvo una duración de siete minutos con dos segundos, hasta ahora el más largo registrado por la NASA.En Washington, se pudo “conectar con el cosmos”Desde los techos de los edificios, desde las calles, los parques, estacionamientos, millones de personas vieron el eclipse en compañía de sus colegas, amigos y familiares, informa nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez. El cielo se oscureció y se sintió el cambio de temperatura durante el eclipse. La NASA estuvo distribuyendo gafas para poder verlo desde el National Mall en un lunes que parecía un día festivo.Para la ciudadana Cristina Sevilla, fue una oportunidad para conectar con el cosmos: “Creo que de vez en cuando está bien considerar nuestro lugar en el cosmos y conectar con estos eventos celestiales. Así que, si lo puedes vivir con amigos y familiares, es una gran ocasión”.Juan Riveros, un venezolano que vive en Washington, viajó hasta Arkansas donde el eclipse se logró ver de forma completa: “Viaje desde Washington hasta Arkansas a un pueblo que se llama Pocahontas. Fue una experiencia muy bonita, acá había gente de todas partes de Estados Unidos. Me puse a ver las placas de los carros y vi gente de California, Florida, Texas, Louisiana, Georgia, New Jersey, New York y muchos estados más. La verdad es que esto superó todas mis expectativas, nunca había visto algo así. El cielo se pone obscuro en el medio del día y se puede ver la corona alrededor del sol. Es difícil de describir, pero es hermoso”, expresa.Expertos pronostican que el próximo eclipse que se logre ver en Estados Unidos será en agosto del 2044.

Laura Richardson, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, fue recibida por Javier Milei en Ushuaia, donde anunciaron la creación de una base naval. Con esta acción el mandatario argentino quiere dejar en claro que para estrategias militares prefiere a los Estados Unidos y le pone punto final a las aspiraciones de China para acercarse a la Antártida a través de Argentina.  A la primera hora del viernes 5 de abril, los habitantes de la apacible ciudad de Ushuaia, la más austral del mundo, escucharon resonar la marcha de las Malvinas. Eran militares quienes lo cantaban para saludar a Laura Richardson, la militar estadounidense y jefa del estratégico Comando Sur, recibida aquí por Javier Milei.“Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada, el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida que convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco", decía el presidente argentino.China ya había afianzado en Argentina la construcción de un puerto que sería su punto de partida hacia la Antártida, pero fue cancelado en 2023. De acuerdo con Miguel Salazar, doctorante en el Instituto de Estudios Políticos de París y especialista en asuntos antárticos, Miley quiere dejar en claro que su gobierno prefiere aquí la presencia de los Estados Unidos y no la de China.“Desde hace ya varios años que existe un acercamiento diplomático de China hacia Argentina en temas relativos a infraestructura portuaria. Entonces este proyecto no fue bien visto a los ojos de varios sectores, incluido Estados Unidos", explica nuestro analista."Se armó una polémica en relación a la influencia que estaba ejerciendo China en Argentina y se dio paso ahora hacia la entrada de Estados Unidos en la misma área con la visita de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, buscando reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en Argentina, en la región en general, a través de la cooperación militar, y disminuir este modo la influencia de China en la región a través de una base naval conjunta en Ushuaia. Esta ciudad se le conoce como una ciudad puerta de entrada a la antártica", prosigue Miguel Salazar.Leer tambiénEstados Unidos pierde terreno en Sudamérica frente a China: el caso argentino¿Qué ganarían entonces Argentina y el presidente Javier Milei con esta cooperación?"Lo que yo creo que Miley busca es darle un nuevo aire a Argentina. Una Argentina neoliberal dispuesta a adaptarse al orden internacional. A mi parecer lo que busca Miley es legitimar el Gobierno de turno ante la opinión pública. Lo curioso es que esto se mezcla con un discurso populista que alimenta el nacionalismo y legítima al Gobierno de turno en el poder", responde al respecto el doctorante."Yo creo que resulta entonces contradictorio este acercamiento diplomático con Estados Unidos permita a Argentina hacer valer el principio de soberanía en Malvinas y en la Antártica. En ambos casos, Argentina encuentra su obstáculo histórico y permanente que es el Reino Unido", concluye nuestro invitado. Argentina y Chile son naciones que continuamente son cortejadas por las potencias para que las dejen acercarse a sus territorios en la Antártida.

Aprobada ya en una primera discusión en el Parlamento de Venezuela y a falta de una segunda para que pueda entrar en vigor, la nueva "Ley contra el Fascismo, neofascismo y similares" despierta recelos en la oposición y los activistas pro-derechos humanos. La nueva “Ley contra el Fascismo, neofascismo y similares", que fue aprobada en una primera discusión en el Parlamento de Venezuela, plantea penas de cárcel, inhabilitaciones y multas contra las personas o medios de comunicación que propaguen mensajes contrarios a la ley y se prohíben las manifestaciones y organizaciones políticas donde se considere que hay apología a estas ideologías.Sin embargo, la ambigüedad de la ley plantea un primer problema, según el analista y estratega político venezolano Victor Maldonado: “Me llama mucho la atención de que una ley tenga ese título de similares. O sea que cualquier cosa que a ellos les parezca que pueda ser incorporado en ese conjunto será objeto de la ley. Esto plantea muchos interrogantes sobre la arbitrariedad en su interpretación de contenido y en su aplicación”.Por ello, es comprensible que se denuncie que esta ley pueda ser una herramienta más para perseguir a la oposición.Leer tambiénEl régimen de Venezuela impulsa una ley contra el ‘fascismo’“Está estableciendo un nuevo tipo de delitos políticos y es una ley, que ya planteada así, pone en duda que se mantenga un mínimo espacio cívico del cual se puedan valer los ciudadanos venezolanos, porque esto señala potencialmente como delitos las reuniones públicas y manifestaciones, organizaciones sociales y políticas. Señala que intenta excluir a los ciudadanos de participar en cargos públicos sólo porque tengamos opiniones e ideologías diferentes", advierte Maldonado. El texto hace también alusión a términos como el "neoliberalismo" o los "pensamientos conservadores"  como rasgos comunes del fascismo y prohíbe la difusión de este tipo de mensajes. “¿Qué significa el pensamiento conservador? El conservador es qué, ¿un creyente de una religión occidental?, por ejemplo, no lo sabemos. Entonces, claro, desde el punto de vista de la turba, que siente que tiene poder suficiente para ponérsela a los demás, estos conceptos también son administrados turbulentamente, y por supuesto, eso genera muchísimo peligro, porque al final aquel que es visto con conductas, maneras, modos de pensar y convicciones diferentes, es declarado enemigo", concluye el analista venezolano.

Los Gobiernos de Colombia y de Panamá están en la mira de la ONG Human Rights Watch quien publicó este miércoles un informe de 120 páginas denunciando la inacción o los malos pasos de Bogotá y Ciudad de Panamá, en cuanto a la protección de los migrantes varados o perdidos en la selva fronteriza del Darién.  En 120 páginas y tras una investigación de dos años, las conclusiones de Human Rights Watch alertan sobre la actitud de los Gobiernos de Colombia y de Panamá, que no cumplen con su obligación de proteger a los migrantes que pasan por su suelo y que sufren una caótica situación en los 266 kilómetros de selva que separan los dos países.Menores y mujeres, los más expuestos“En Colombia no hay una estrategia clara para asistir y proteger a los migrantes que sufren todo tipo de atropellos y abusos en el Tapón del Darién, que quedan expuestos al Clan del Golfo, una organización narcotraficante que se profita de estos vulnerables migrantes y solicitantes de asilo. Y en Panamá la estrategia es de flujo controlado, como ellos la llaman. Es una estrategia que busca que los migrantes se vayan lo antes posible, que lleguen lo antes posible a Costa Rica, y que hace muy pocos esfuerzos por garantizar los derechos de los menores no acompañados, por buscar a las personas desaparecidas en la selva y por judicializar a los responsables de casos constantes de violaciones y abusos sexuales en contra de las mujeres y niñas que cruzan el Tapón del Darién”, detalla para RFI Juan Pappier, uno de los investigadores de Human Rights Watch.El investigador subraya además que “los casos que más nos preocupan son los de los menores. Cientos de ellos van no acompañados o se separan lamentablemente de sus familias durante el trayecto y quedan abandonados a la deriva, expuestos a todo tipo de abusos. También nos preocupa lo que ocurre con las mujeres. Médicos Sin Fronteras ha dado asistencia a más de 1.300 mujeres que en los últimos años denunciaron hechos de violencia sexual al cruzar la selva. Creo que esos son los casos más preocupantes que requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades colombianas y panameñas”.“Mecanismo de búsqueda”¿Qué recomendaciones hace Human Rights Watch? “Tiene que ver primero con nombrar un alto funcionario, un asesor a cargo de la estrategia para el Tapón del Darién, que pueda garantizar la cooperación entre los dos Gobiernos. Ninguno de los dos puede responder por sí solo, de forma aislada a un fenómeno tan complejo como el que se vive hoy en esa frontera”, contesta Juan Pappier.“También creemos que hay que crear un mecanismo de búsqueda de las personas desaparecidas, para intentar rescatarlos o al menos rescatar los cuerpos de las personas que mueren en la selva. Fortalecer de forma conjunta la capacidad forense, la estrategia de persecución penal para judicializar a las bandas criminales que operan en esta zona y que abusan de estos migrantes que están arriesgando su vida en la selva”, concluye el investigador.

En Haití, más de 50.000 personas han logrado salir de la región metropolitana de Puerto Príncipe donde reina la inseguridad tras la violencia que azota la capital. La Organización Internacional de Migraciones alerta sobre el desplazamiento de miles de personas dentro del país, cuya situación humanitaria empeora cada día. Una salida del territorio es cada vez más impensable.  Entre el 8 y el 27 de marzo, más de 53.000 personas abandonaron la ciudad de Puerto Príncipe y se sumaron a los 116 desplazados que ya habían huido en meses anteriores. Es lo que indicó la Organización Internacional de Migraciones de Haití.“Necesidades humanitarias altísimas”Pero las vías de los haitianos para poder huir del caos y de la inseguridad, instaurados por las violentas pandillas que han allanado instituciones en un pulso político contra el impopular primer ministro, no son de fácil acceso.“La mayoría de los desplazados están en la ciudad, viviendo en la calle, en escuelas o en hospitales que ya no están funcionando. Y obviamente las necesidades humanitarias para esta población son altísimas porque tienen muy poco acceso a agua potable, a comida y obviamente a servicios de salud y de otro tipo”, explica a RFI Renata Segura, directora ejecutiva del International Crisis Group en Estados Unidos.“Es muy probable que empecemos a ver más y más barcos tratando de salir de Haití. Hemos visto algunas embarcaciones que han sido paradas por la Guardia Costera de otros países caribeños, con personas que han estado tratando de escapar de la isla”, prosigue.La vía marítima como única soluciónAdemás de unasalida por vía marítima, ¿es posible una por vía aérea? “La gente que tiene acceso a muchos recursos financieros pueden tomar un helicóptero entre Puerto Príncipe y la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Este viaje está costando alrededor de 10.000 dólares por persona en este momento. Hay un número muy limitado de personas que tienen acceso a lo que se ha llamado este corredor humanitario”, detalla Renata Segura.“República Dominicana ha cerrado la frontera en su totalidad, y no está permitiendo que haya refugiados de Haití que entren al país. Eso quiere decir que la mayoría de los haitianos se quedan con la única posibilidad de buscar refugio adentro de la ciudad misma. Algunos pocos han logrado salir de Puerto Príncipe. La mayoría de las carreteras que conectan a Puerto Príncipe con el resto del país están controladas por las pandillas. Entonces no es muy fácil salir de la ciudad en este momento y la única posibilidad que hay es salir por vía marítima”, concluye.

Esta vez, la Fiscalía acusa a Dina Boluarte de enriquecerse ilícitamente y de omitir la declaración de las joyas requisadas en sus informes de bienes. Una situación que vuelve a poner en entredicho la destitución de la mandataria luego de que el portal periodístico La Encerrona revelase la pasión de Boluarte por los relojes de lujo. Hablamos con su director. La Fiscalía peruana indaga a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, tras lucir relojes Rolex no declarados.El director de La Encerrona, medio que destapó el caso, Marco Sifuentes, explica a RFI cómo nació la exclusiva de los Rolex, que ha vuelto a convulsionar el clima político peruano.  “Ha parecido muy poco públicamente”“Hace ya un par de meses, una persona que se reunió un par de veces con Dina Boluarte me dijo, casi a manera de chisme, que en ambas ocasiones ella había usado dos Rolex distintos. Y aquí en el Perú, un Rolex equivale a cuatro meses de sueldo presidencial. Entonces eso llamó mi atención, teniendo en cuenta que Dina Boluarte tiene poco más de un año en la presidencia”, empieza contando.“Entonces Ernesto Cabral”, prosigue, “que es el investigador de La Encerrona, entró a la base de datos de fotografías de Palacio de Gobierno y se vio 10.000 fotografías, y con eso armó una base de datos de 14 relojes. Y de esos 14 relojes, los Rolex sólo aparecen cuando ella es presidenta y cuando ella ya tiene un tiempo de presidenta”.“Nosotros simplemente publicamos esta línea de tiempo, intentamos obtener respuestas de Palacio y de la Presidencia. No las tuvimos. Eso fue hace 18 días y desde entonces Dina Boluarte ha parecido muy, muy poco públicamente, ¿no?”, recalca el periodista.“Desbalance de poder a favor del Congreso”Pero, ¿por qué Boluarte está ahora contra las cuerdas y no lo estuvo antes en situaciones más delicadas, a pesar de haber sido investigada por muertes en protestas? “Yo creo que quizás es porque esto, de manera indubitable, la involucra a ella directamente, en el sentido de que, por ejemplo, las 49 muertes de las protestas, ella ha sido muy hábil en lavarse las manos, en decir que bueno, eso era el ejército, eso era la policía”, contesta Marco Sifuentes.“Y el establishment que está detrás de ella y la soporta, el Congreso, que en realidad es el que manda en el país, cambió 50 artículos de la Constitución, creando un desbalance de poder muy grande a favor del Congreso, dando la impresión de que en el Congreso ya no la necesitan, o por lo menos ya no la necesitan hasta el 2026, que es el plan inicial”, precisa.El próximo viernes, Dina Boluarte acudirá al Ministerio Público para encarar la negligencia fiscal, donde se explicará por este posible escándalo. Entre tanto, los congresistas del país, bajo la comanda del partido Perú Libre, debatirán la continuidad de su presidencia.

El gobierno había anunciado que el glifosato estaría prohibido a partir del 1ro abril, pero al final el presidente López Obrador se echó para atrás.  Este herbicida, potencialmente cancerígeno, seguirá siendo utilizado porque según las autoridades es necesario para la producción agrícola y “aún no se le ha encontrado un sustituto”, pero los ambientalistas aseguran que la decisión la tomó la industria agroalimentaria.  Al glifosato nadie lo toca. Esta habría sido la consigna de la industria agroalimentaria para que los políticos mexicanos aplazaran la prohibición del herbicida. Monserrat Téllez, Integrante de la organización 'Semillas de Vida', dijo a RFI que ya había decretos, que se tenía que aplicar una transición, y sin embargo, antes de que comenzara el mes de abril, el gobierno mexicano publicó un comunicado en beneficio de esta industria multimillonaria.“Hay funcionarios que están en contra de este decreto y que no han cumplido con las obligaciones que este decreto les confería. La Secretaría de Agricultura y desarrollo rural, dirigida por Víctor Villalobos, tenía la responsabilidad de promover e implementar las alternativas al glifosato. Pero emitieron un comunicado, que es un absurdo, porque es como si reconocieran que han omitido la responsabilidad de la Secretaría para hacer cumplir el decreto”, declaró a RFI Téllez.A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como un herbicida probablemente cancerígeno, gobiernos alrededor del mundo defienden su utilización en nombre de la soberanía alimentaria. México está en este grupo y en compañía de los agroindustriales.“Sabemos que tenemos la razón de nuestro lado. Y con las evidencias científicas basta para aplicar un enfoque precautorio. No es una problemática específica de México. En todo el mundo las sociedades están reclamando la garantía de sus derechos ambientales, de salud y alimentarios frente a estos plaguicidas altamente peligrosos. Lo lograremos cuando pongamos por encima el bien común sobre los intereses económicos”, agregó Téllez.La especialista también explicó a RFI que las principales empresas de agrotóxicos, como Bayer o Syngenta, tienen no solo poder económico sino también poder político, como en el caso de México o la Unión Europea.Aunque se trata de un aplazamiento, el gobierno no ha comunicado la nueva fecha para la prohibición del glifosato en los campos mexicanos.

Tras el colapso del puente de Baltimore, la Casa Blanca dice estar “moviendo cielo y tierra” para que el puerto vuelva a la normalidad, pero Wes Moore, el gobernador del estado de Maryland, dijo que su reapertura tomará tiempo. Este accidente, dicen los expertos, muestra la fragilidad de las construcciones del siglo pasado ante los peligros del presente. La imagen del gigante buque que derriba la frágil estructura del puente conmovió al mundo entero. El buque Dalí aparecía como un gigante al lado del Francis Scott Key, un puente de acero y concreto construido en los años 1970, que atravesaba el río Patapsco en Baltimore, estado de Maryland. El puente colapsó en cuestión de segundos cuando la embarcación, construida en 2015 en Corea del Sur, se estrelló en uno de sus soportes.Un buque titánico“Estamos hablando de un buque Neopanamax, que son capacidades bastante mayores. Las dimensiones son de una eslora de 300 metros, la manga (el ancho) de 48.2 metros y un calado de profundidad de 14.5 metros. Este buque desarrolla una velocidad máxima de 22 nudos, con una capacidad de carga de hasta 10.000 TEUs [unidad de medida equivalente a veinte pies]”, explica a RFI el director de la Escuela de Maquinaria Naval de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Ervin Vargas.El experto en transportes marítimos también considera que lo sucedido en Baltimore muestra los grandes cambios y desafíos tecnológicos de nuestros tiempos. Los barcos son cada vez más grandes y se requiere por lo tanto una actualización de las infraestructuras. “La tecnología permite que estamos construyendo más buques, podemos transportar mayor mercancía de carga. Entonces también el recinto portuario necesita reactualizarse”, comenta Ervin Vargas.Evolución en la construcciónEvolución tecnológica por un lado y evolución de los sistemas de seguridad por el otro. Para Manuel Simón-Talero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, las actualizaciones de los reglamentos de construcción son cruciales para evitar este tipo de accidentes. Y sobre todo cuando se trata de mega estructuras.“Los impactos que se consideran ahora en el diseño son de cuantía más elevada porque las normativas se adecuan y los requisitos de diseño se adecuan a la actualidad. Lo mismo pasa con las cargas vehiculares y con las de ferrocarril. Antes no había ferrocarriles de alta velocidad y ahora los hay. Por tanto, las infraestructuras se diseñan para esa alta velocidad. Pues lo mismo para las nuevas acciones, por así decirlo. Pero las antiguas, algunas se han adecuado, supongo, y otras a lo mejor no tanto como pudiera ser, que es el caso de este puente”, detalla el ingeniero.El colapso del puente de Baltimore podría resultar el mayor pago de un seguro marítimo del que se tenga registro, estimó este jueves la aseguradora británica Lloyd's of London. Maryland ha pedido una dotación inicial de 60 millones de dólares y el presidente Joe Biden prometió que el Gobierno federal cubriría el costo total de la reconstrucción del puente.

En los dos primeros días de la visita del presidente francés a Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y Emmanuel Macron inauguraron un submarino franco brasileño y anunciaron un programa para recaudar mil millones de euros destinados a proyectos de economía sostenible en la Amazonía. Sin embargo, la disonancia entre los mandatarios fue más aguda sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En materia de lucha contra el cambio climático, Francia y Brasil parecen estar en la misma línea. El martes se anunció, en el marco de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Brasil, un programa de inversiones para la Amazonía brasileña y guayanesa, destinado a recaudar mil millones de euros en cuatro años, en el marco de una hoja de ruta sobre la bioeconomía y la protección de los bosques tropicales.“Prevenir la deforestación”“Esta inversión podría ayudar a prevenir la deforestación, mejorar o monitorear la deforestación y la minería ilegal, dado el impacto de estos factores de degradación ambiental en la biodiversidad y la población humana en la Amazonía”, explica a RFI Fernando Goulart, del Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biodiversidad de la Universidad Federal de Minas Gerais.El intercambio pretende lograr la “conservación y la gestión sostenible de los bosques” con la “valorización económica” de sus territorios, y poniendo a los “pueblos indígenas y las comunidades locales en el centro de la toma de decisiones”. Pero ¿cuáles son las prioridades concretas de esta inversión?“Más políticas para garantizar la protección de los pueblos indígenas contra invasores criminales, garantizando salud, educación, capacitación y representación política de las diferentes etnias. La Amazonía sufre amenazas cada vez mayores derivadas de la expansión de la agroindustria, la minería ilegal, la minería industrial, los pastizales y el acaparamiento de tierras”, detalla el especialista.El brasileño Lula da Silva ha hecho de la lucha contra la deforestación en la Amazonía su prioridad. “Desde que asumió, se han implementado muchas políticas para la conservación de la Amazonía, incluyendo su gente, sus ecosistemas, su biodiversidad. Un ejemplo: Lula reactivó el Fondo Amazonía, invirtiendo alrededor de tres mil millones de reales en la conservación del bioma”, precisa Goulart. La destrucción de la selva brasileña disminuyó de mitad en 2023 respecto al 2022.Desacuerdo sobre el MercosurEste miércoles, el desacuerdo entre los jefes de Estado fue más agudo sobre el futuro del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El tratado "tal y como se negocia hoy es un acuerdo muy malo, para ustedes y para nosotros", dijo Macron ante una audiencia de empresarios brasileños en São Paulo. "Construyamos un nuevo acuerdo [...] que sea responsable desde el punto de vista del desarrollo, del clima y de la biodiversidad", defendió.El proyecto de tratado, cuyas discusiones comenzaron en 1999, pretende suprimir la mayoría de los derechos de aduana entre las dos zonas, creando un área de más de 700 millones de consumidores. Tras alcanzar un acuerdo político en 2019, varios países, entre ellos Francia, bloquearon su adopción, una oposición que se ha acentuado con la crisis agrícola que asola Europa. Macron ha argumentado, por ejemplo, que las normas de este tratado comercial no son "homogéneas" con las europeas. El peso pesado del Mercosur, Brasil, liderado por Lula, es sin embargo implacable en su defensa del acuerdo.En el último día de su visita este jueves, el presidente francés será recibido en Brasilia por Lula para mantener conversaciones dominadas por los grandes temas internacionales, como la guerra en Ucrania. Sea como fuere, Emmanuel Macron pretende practicar un "bilateralismo activo" con Brasil y ganarse un aliado, reforzando los lazos entre ambos países e intentando lograr una convergencia en la escena internacional.

Caracas califica de injerencias los reproches de Colombia y Brasil. RFI analiza estos roces con Luis Salamanca, profesor politólogo de la Universidad Central de Caracas. Por su parte, Argentina acoge a seis opositores venezolanos en su embajada en Caracas. Brasil y Colombia expresaron este martes su "preocupación" por las restricciones contra candidatos opositores de cara a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que reaccionó a asu vez calificando de "injerencistas" los pronunciamientos de estos gobiernos aliados del presidente Nicolás Maduro. "El gobierno brasileño acompaña con expectativa y preocupación el desarrollo del proceso electoral", dijo en un comunicado la cancillería del gobierno del presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, que se había mantenido al margen de las críticas a los comicios venezolanos. La cancillería de Colombia también expresó "preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas", lo que "podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional" en las elecciones.Luis Salamanca, profesor politólogo de la Universidad Central de Caracas, ha afirmado en entrevista con RFI: ".Yo no lo llamo injerencia, creo que es manifestación de una preocupación que es legítima y en verdad es que cada día son menos aliados en el sentido no solamente político, sino económico. Esta es una diferencia crucial que tienen en relación con el manejo del poder. O sea, le están diciendo a a Maduro estos dos países están diciendo mire, ustedes llegaron por el voto, respeten el voto, respeten el derecho al sufragio, respeten el alternabilidad. Claro, en Venezuela está establecida la reelección indefinida".El plazo de inscripción de candidatos cerró el lunes, sin que la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pudiese registrar a su abanderada, aunque este martes inscribió "provisionalmente" a un exembajador, Edmundo González Urrituia. La oposición busca postular a Corina Yoris, académica de 80 años nominada por María Corina Machado para representarla en la elección.  Machado arrasó el año pasado en las primarias opositoras, pero fue inhabilitada."Hay una oposición mayoritaria que es la que encabeza María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Luego hay una oposición que ha jugado en un claroscuro. Todavía faltan dos etapas la etapa de impugnaciones y la etapa final de sustituciones. Y ahí, ahí tendríamos ya finalmente la candidatura opositora. No, todavía no está cerrado el juego. Entonces digamos, aquí hay un juego muy fuerte para impedir que me la Corina sea de todas, todas, la candidata o coloque a alguien que sea su sustituto, porque obviamente le trasladaría todo el capital político que tiene" dice Luis Salamanca, de la Universidad Central de Caracas en RFI.  Argentina acoge a seis opositores venezolanos en su embajada en CaracasArgentina ha anunciado este martes que ha brindado asilo en su embajada de Caracas a seis opositores al régimen de Nicolás Maduro. Buenos Aires ha denunciado que el Gobierno venezolano cortó el suministro eléctrico de su residencia oficial en Caracas este lunes después de que la delegación recibiera a los líderes políticos venezolanos. La Cancillería argentina ha advertido a Maduro “sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección”, en un comunicado publicado este martes por la tarde.“El Presidente Javier Milei insta al socialista Nicolás Maduro a asegurar la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar a elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo”, exige el comunicado publicado por la oficina del presidente argentino.Las relaciones entre Argentina y Venezuela pasan por uno de sus peores momentos desde que Milei asumió la Presidencia. Uno de los últimos episodios fue la prohibición para los aviones argentinos de surcar espacio aéreo venezolano, en represalia por el decomiso hacia Estados Unidos del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza durante meses por orden del juez Federico Villena, al igual que su tripulación compuesta por venezolanos e iraníes.

El presidente francés Emmanuel Macron continúa su visita oficial por el Amazonas y, luego de una escala en la Guayana Francesa, su segunda parada es Brasil. Con motivo de este reencuentro franco-brasileño, RFI contactó a la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sônia Guajajara. Emmanuel Macron llega este 26 de marzo a Brasil, un territorio que, como la Guyana, está inmerso en dificultades, de inseguridad, en el sector agropecuario, y sobre todo en la minería clandestina de oro.Minería clandestina“El Gobierno brasileño consiguió expulsar a más del 80% de los mineros invasores que estaban en el territorio yanomami, lo que también ayudó a que la deforestación disminuyera en un promedio del 80%. Y si hablamos de deforestación en territorio yanomami, estamos hablando de un territorio que es dos veces el tamaño de Suiza, con 2.200 mineros invasores en esa zona, y 30.000 yomi”, explica a RFI la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sônia Guajajara.“Es una zona de difícil acceso, es una región que no tiene pistas de aterrizaje para poder llegar a todas las regiones. Así que necesitamos de todo, desde restaurar las pistas de aterrizaje para los aviones, e incluso adquirir nuevos aviones para poder llegar a todas las regiones”, prosigue.“Hemos hecho mucho trabajo repartiendo alimentos. Se ha incrementado el número de equipos sanitarios en el territorio y ahora tenemos previstos 22 nuevos”, subraya.“Preservación del medioambiente”Es la primera vez en ocho años que un jefe de Estado francés vuelve a territorio brasileño, luego de unas relaciones políticas no muy estables durante el Gobierno del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Se espera que este encuentro franco-brasileño dé lugar una colaboración entre los dos países.“Es importante que Europa asuma sus responsabilidades en materia de preservación del medioambiente, que garantice el buen funcionamiento de su ley sobre la trazabilidad de los productos de estas empresas y que vele por el cumplimiento del Acuerdo de París, que prevé recursos financieros anuales para preservar los bosques tropicales”, afirma Sônia Guajajara.“Para proteger los bosques de Brasil, necesitamos proteger los derechos de los pueblos indígenas y proteger la vida de quienes viven en el bosque. Y eso significa garantizarles el acceso al agua potable, al alcantarillado, a la salud y a una alimentación de calidad. Europa tiene el deber de ayudar a proteger a estas personas, porque al fin y al cabo se trata de una región que ha contribuido en gran medida a la deforestación mundial”, recalca.El presidente francés llegará a Belém este martes, el primero de tres días de visita que incluyen Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia. “Estamos en una coyuntura franco-brasileña”, dijo la Presidencia francesa, destacando los “muchos puntos de convergencia” con Lula, en particular sobre “las grandes cuestiones globales”.

RFI entrevistó a Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, a raíz de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano por violar el derecho a un 'medio ambiente sano' de los habitantes de esa población minera, un fallo 'histórico' que servirá de precedente en todo el continente, según esta defensora de los familias que presentaron la demanda.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes al estado peruano "por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso", en referencia a quienes presentaron la demanda.La ciudad minera de La Oroya, a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar, fue catalogada en 2006 como una de las 10 más contaminadas del mundo debido a la fundición de metales pesados, una actividad iniciada en 1922.En esa ciudad, un complejo metalúrgico de fundición de metales pesados envenena desde hace varias décadas la sangre de la población con plomo. En 2005, tras realizar estudios en la sangre de niños de La Oroya en los Andes peruanos, un equipo de la Universidad de San Luis de Misuri reveló que el 100% de estos niños sufrían intoxicación con niveles de plomo hasta seis veces por encima de los límites fijados por la OMS."Las comunidades y las víctimas llevan esta lucha desde finales de los 90, cuando empezaron a darse cuenta de que las emisiones que salían del complejo metalúrgico, en razón del refinamiento de metales pesados, estaban afectando su salud", dijo a RFI la abogada Rosa Peña de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, defensora de las víctimas de La Oroya. "A las mujeres les empezó a ocasionar problemas de salud ginecológica. Hubo situaciones de aborto. Generaba también situaciones de mucho cansancio, poca capacidad pulmonar", agrega.Fallo histórico Este 22 de marzo, las familias ganaron una batalla ante la justicia interamericana porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado peruano por violar el derecho a un ambiente sano y a la salud. Este fallo podría sentar precedentes, según la abogada."Lo que hace [el fallo de la CIDH] es reconocer la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a la vida, al ambiente sano, al acceso a la información y establece unas medidas de reparación que están encaminadas, por ejemplo, a generar un diagnóstico y unas medidas de restauración efectiva, a dar tratamiento médico especializado a las víctimas", subraya.Un punto particularmente importante según esta abogada es el hecho de que la sentencia no se limitó a hablar de las víctimas, sino que se refirió también a la comunidad de La Oroya en general."La Corte dejó abierta la posibilidad para que las personas que tal vez no forman parte del caso, pero cuya salud se está viendo afectada con ocasión de estos pasivos ambientales, también puedan acceder a tratamiento médico. La Corte habló de la necesidad de un acto público de reconocimiento y perdón por parte del Estado. Estableció asimismo unas medidas de indemnización monetaria para las víctimas, si bien éstas terminan siendo un poco más simbólicas en relación con lo vivido. En todo caso sí es la primera sentencia en el sistema interamericano que se refiere a la violación directa del derecho al ambiente sano. Por eso sí es un avance para la justicia ambiental en América Latina, pues de alguna manera genera un precedente que puede ser aplicable en otros casos de la región", concluye la abogada Rosa Peña.

Esta semana se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei, el presidente anarcocapitalista, libertario y minarquista (un papel mínimo para el Estado) que está al frente del ejecutivo de Argentina desde el 10 de diciembre de 2023 y que ha capturado la atención del mundo. Así se presentaba el propio Javier Milei en el debate presidencial del 12 de noviembre pasado, antes de la segunda vuelta electoral en la que recibió algo más del 55% de los votos:  "Sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia, y sobre todas las cosas sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación".En esto último, el gobierno se ha anotado cierto logro: aunque la inflación sigue alta, ha empezado a descender desde diciembre pasado.  Sin embargo, las promesas de Milei de hacer crecer la economía, de que haya buenas remuneraciones y de combatir la pobreza están lejos de cumplirse.El gobierno ha recortado gastos para bajar el déficit fiscal, algo que hasta ahora ha conseguido. Para eso achicó el número de ministerios, cerró organismos estatales, paralizó obras de infraestructura, despidió empleados públicos y redujo subsidios.Son todas medidas que han llevado a una desaceleración de la economía. En enero, según cifras oficiales, la utilización de la capacidad instalada de la industria cayó 7,4 puntos respecto al mismo mes del año anterior.Daniel Messina, dueño de Escomessina, una fábrica de escobillones que tiene 13 empleados intuyó que vendría una etapa recesiva. A fines de 2023 estaba por sumar un nuevo turno de producción y decidió frenarlo."En diciembre decidimos reubicar a la gente que habíamos tomado para ese segundo turno para otras tareas, pero decidimos no seguir con la incorporación de personal para este turno nuevo que íbamos a hacer", explica Messina. "Si esta baja en el consumo interno se potencia nos puede pegar muy mal a nosotros", advierte. "Un cóctel insostenible"Además de todo esto, la situación económica actual tiene una característica inusual: está aumentando el salario en dólares, pero cayendo en términos reales. Es algo que tiene serios efectos, explica el economista Guido Zack, director del área de economía del think tank Fundar."Perdemos poder adquisitivo, perdemos nivel de actividad y perdemos competitividad al mismo tiempo. Es un cóctel no sostenible, hay que ver cómo se sale de esto", se pregunta.El gobierno tiene su propia evaluación de sus primeros 100. Así lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “El balance es que elegimos el mejor camino que se podía elegir, hicimos el mayor esfuerzo que se podía hacer y evitamos la peor de las catástrofes, que fue la hiperinflación", aseguró.El gobierno de Milei apenas acaba de comenzar. Todavía quedan más de 1.350 días hasta el final del período presidencial. Es más de 13 veces lo transcurrido hasta ahora. Veremos si en ese lapso el programa de gobierno termina dando o no los resultados que Milei prometió en campaña.

Este viernes 22 de marzo es el día mundial del agua, una jornada de la ONU para visibilizar las soluciones que mejoran el acceso al agua. En Ciudad de México se estima que cerca de la mitad de la población cuenta con un acceso irregular o ningún acceso a la red de agua potable. La situación se agravó desde que el centro de país enfrenta una crisis de reservas de hídricas.  Un gesto tan sencillo como sacar agua del grifo se ha vuelto casi imposible para cientos de miles de habitantes de la capital mexicana.  La sequía prolongada ha causado un descenso de las reservas de agua del sistema de presas que alimenta la Ciudad de México.  En la demarcación de Tlalpan, al sur de la ciudad, la situación se suma a las fugas de agua causadas por el envejecimiento del sistema de suministro de agua potable.  “Tenemos una población de 700.000 habitantes y en más de la mitad del territorio la población tiene problemas con el suministro de agua”, dice a RFI Alfa González, alcaldesa de Tlalpan en Ciudad de México. “Esto ocurre por dos situaciones fundamentalmente. Hay personas que cuentan con red de agua potable, pero se abastecen a través del sistema Cutzamala - el que le manda agua a la mitad de la ciudad. Ese sistema está con condiciones o niveles muy bajos. Por otro lado, algunos territorios no cuentan con red de agua potable porque se trata de asentamientos humanos irregulares”, detalla la funcionaria. Desde diciembre, el agua sólo llega una vez a la semana en buena parte de la alcaldía de Tlalpan, una situación de crisis hídrica que obligó la alcaldía a desplegar medidas urgentes con un costo de más de 10 millones de dólares. “Hemos ido avanzando poco a poco con el cambio de la red, que ya está en peores condiciones. Tenemos el mayor presupuesto para pipas de agua. El contrato este año es de 175 millones de pesos para enviar agua potable a través de pipas. Tenemos un padrón de más de 30.000 familias a las que les abastecemos a través de pipas. Hemos estado también tocando puertas en el sistema de aguas de la Ciudad de México para mantener con ellos una coordinación en el envío de agua, porque no se nos debe olvidar que ellos son los que tienen la obligación de abastecer y garantizar agua a la ciudad”, explica Alfa González. A la crisis hídrica en Ciudad de México se ha convertido en un tema de campaña electoral. Algunos candidatos piden la declaratoria de emergencia, mientras que las autoridades desmintieron la eventualidad de un día sin agua en la capital mexicana, como se rumoreaba en las redes sociales.  Los especialistas, por su parte, insisten en la necesidad de reducir las fugas, mejorar la purificación de las aguas usadas y captar más agua pluvial. 

Nuevos datos satelitales confirman que la degradación de la Amazonía está disminuyendo en relación con años anteriores. Es una buena noticia, pero aún se han perdido cientos de metros cuadrados de bosques en los últimos meses. La selva amazónica en Brasil registró su menor tasa de deforestación para un primer bimestre desde hace 6 años. Las cifras, publicadas por el Instituto Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia, Imazon, que usa datos satelitales, confirman la tendencia a la baja de la tasa de la deforestación desde el regreso al poder de Ignacio Lula da Silva. El presidente de izquierda que llegó con la promesa de acabar con la destrucción de la Amazonia.Rómulo Batista, portavoz del programa de protección de bosques de la ONG Greenpeace en Brasil, explica a qué se debe estas cifras positivas: “Es una gran noticia el cambio en el discurso del gobierno en sus acciones para el combate a la deforestación en la esfera federal. Acá en la Amazonia ha contribuido de manera muy fuerte para alcanzar esos índices de deforestación más bajos”.Sin embargo, estamos lejos del objetivo de deforestación cero. Se han perdido 196 kilómetros cuadrados, según los datos satelitales. “Históricamente es la ganadería el principal motor de la deforestación en la Amazonía. Estamos muy lejos de la meta establecida por el Plan Nacional de la Lucha contra el Cambio Climático y cumplir el Acuerdo de París”, dice Batista.Muchos se habla de la Amazonía brasileña, pero varias organizaciones ecologistas alertan sobre la degradación de toda la región del Cerrado, “es la sabana con mayor biodiversidad del mundo y hogar del 5% de los animales y plantas de todo el planeta”, según reseña WWF. Está principalmente en Brasil, pero que se extiende a las regiones limítrofes de Paraguay y Bolivia.“El Cerrado tiene mucho menor protección en relación a la Amazonía. Allí también tenemos la ganadería como un proceso importante de destrucción, pero también el cultivo, en especial la soya, que es su gran mayoría exportada para otros países”, concluye Rómulo Batista, portavoz del programa de protección de bosques de la ONG Greenpeace en Brasil.Según cálculos de otra ONG internacional ecologista Mighty Heart. La tasa de desmonte se ha duplicado en 2022 en algunas regiones agrícolas del cerrado brasileño, lo que hace temer que se está sacrificando esta región de gran importancia para la biodiversidad y los recursos hídricos.

En Cuba, la escasez de alimentos, leche y los incesantes apagones han llevado a la población de varias ciudades a protestar en las calles. La isla enfrenta una penuria de combustible que amenaza su sistema eléctrico. La reacción del gobierno cubano, sin embargo, ha sido distinta, si comparamos con otros brotes sociales, observa el opositor Manuel Cuesta Morúa, en entrevista con RFI. Al grito de “¡Comida y corriente!”, la población de Santiago de Cuba exigió el domingo pasado el cese de los apagones que duran hasta 17 horas. La explosión social se extendió en varias ciudades. La ha causado también la escasez de alimentos. El historiador y activista Manuel Cuesta Morúa de la plataforma “De frente” observa desde La Habana que la respuesta del gobierno fue menos represiva que en ocasiones anteriores, como en julio de 2021 por ejemplo. “Ha habido hasta ahora entre 5 y 7 detenidos. Por un lado, el gobierno reconoce que las protestas son populares, no solo de un grupúsculo o de varias personas, como inicialmente dijo el presidente Díaz-Canel”, explica Cuesta Morúa. Detalla que incluso el gobierno ha reconocido “demandas genuinas” y ha propuesto dialogar.  “Es un reconocimiento tácito a la normalización de la protesta social y al arraigo de las demandas de la gente frente al Estado”."Ruptura del contrato entre el pueblo y el gobierno"¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno para suministrar los bienes básicos que está pidiendo la población? El opositor cubano indica que ante “su colapso en la capacidad de suministrar”, el gobierno "apareció con varios camiones para dar arroz, leche y azúcar” pero no en cantidad suficiente."Estas manifestaciones ya reflejan lo que yo llamo un ‘malestar país’ frente a las autoridades de Cuba y marcan la ruptura de cualquier cosa que pueda interpretarse como contrato político entre el pueblo cubano y su gobierno”, destaca Manuel Cuesta Morúa. En 2021, miles de cubanos salieron a las calles gritando libertad. Esas protestas terminaron con cientos de condenas de manifestantes y el exilio de numerosos disidentes y artistas.

RFI entrevistó al senador colombiano Ariel Ávila (Alianza Verde) sobre la propuesta que hizo Petro de que Colombia se dirija hacia una Asamblea Nacional Constituyente, lo que para sus adversarios es una ventana para ampliar su mandato hasta 2026. El senador estima que la probabilidad de realizar hoy una Constituyente no es 'ni del 1%'. Petro siente 'la frustración porque no se aprueba ninguna de sus reformas', sostiene. El presidente Petro presentó los seis objetivos de su propuesta de una Asamblea Constituyente para calmar los temores sobre una posible perpetuación en el poder. En la actualidad no está permitido optar a un segundo mandato en Colombia. El mandatario sugiere que se trata de una serie de modificaciones para facilitar la implementación del Plan de Paz y abordar reformas en la agricultura, la justicia y las pensiones, así como facilitar la lucha contra el cambio climático, entre otros asuntos.Ariel Ávila, senador de Colombia por la Alianza Verde, duda que para ocuparse de esos puntos sea necesario convocar una Asamblea Constituyente."La propuesta de una Asamblea Constituyente es inviable en Colombia. No hay cómo realizarla. Si el gobierno no ha sido capaz de pasar sus propuestas de reforma, pues mucho menos va a pasar una propuesta de Asamblea Constituyente en el Congreso. No hay cómo se la voten en el Congreso. Además, no hay nada escrito. El Presidente sacó en las últimas horas seis puntos por los que él cree que debe haber una Asamblea Constituyente. Pero son reformas a la Constitución, es decir, no es una Asamblea. Mi conclusión es que yo no le veo ni el 1% de probabilidad de que una idea de ésas pase en este momento. Por ende, el tema de que Petro se perpetúe o no en el poder, es una idea para alimentar el debate público, eso es imposible en este momento en Colombia".Para Ariel Ávila, el recurso del presidente Gustavo Petro a una Asamblea Constituyente para avanzar en las reformas citadas como la agraria o de las pensiones tiene una explicación clara."Con excepción de una reforma tributaria un poco más justa o equitativa y el Plan de Desarrollo, el Congreso no le ha pasado a Petro ninguna gran reforma. Las élites tradicionales se resisten a cambiar. Los partidos tradicionales que gobernaron este país por más de 100 años no quieren cambiar nada, aunque este país necesita un montón de reformas. Entonces, el presidente tiene una sensación muy grande de frustración. Y lo otro que está intentando, pues es ejercer presión al Congreso. Usted sabe que estamos votando la reforma pensional. En las próximas horas se tiene que comenzar a votar la reforma de la salud. Entonces es como una forma de presión al Congreso, lo que le salió muy mal. Pero yo creo que la sensación es más de frustración porque no se aprueba ninguna reforma", concluye.

El Comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, se encuentra de gira en Paraguay, Bolivia y Ecuador para intentar calmar los temores por la entrada en vigor a finales de 2024 de la prohibición de la importación de productos que procedan de zonas deforestadas. Entre los productos considerados de riesgo están el cacao, el café, la madera, la carne, la goma y la soja.  Para finales del 2024, las empresas que importen productos a Europa tendrán que probar la trazabilidad de que sus productos no provienen de zonas deforestadas, a través de datos de geolocalización, que tendrán que suministrar los propios productores. Esta norma ha generado mucha preocupación y los países afectados piden que haya más precisiones.Es lo que esperan en todo caso obtener con esta visita del comisario europeo, el lituano Virginijus Sinkevicius. En Bolivia,Aída Palau habló con Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia en Santa Cruz. La exportacion de madera a Europa representa en torno al 15 %, esto representa entre 15 y 18 millones de dólares. Ávila reconoce que hay preocupación en el sector agropecuario pero se muestra bastante confiado porque su sector, dice, está muy avanzado en temas de trazabilidad: "Nosotros somos un país en vías de desarrollo. Y no podemos prescindir de la producción agropecuaria. Y nosotros como industria madera, que somos los principales enemigos de la deforestación, no podemos tampoco negar de que para producir hay que deforestar. ¿Cuál es la diferencia en nuestra posición con relación al resto? Que nosotros creemos que la deforestación debe ocurrir en suelos que son aptos para el desarrollo agropecuario.Aída Palau: ¿Cómo es el sistema que tienen de trazabilidad?Jorge Ávila: Básicamente es una imitación casi perfecta del sistema de certificación FSC, el Forest Stewardship Council que es un sistema muy, muy muy rígido, muy estricto, muy complejo. Creo que podemos superar cualquier tipo de investigación en nuestra trazabilidad. Yo creo que Bolivia está en perfectas condiciones, por lo menos en la industria de la madera para poder cumplir con aquello. El tema es que aún no conocemos los detalles o los alcances de esa trazabilidad que pretende la Unión Europea."Bolivia, tercer país con mayor deforestación en el mundoBolivia se ha convertido en el tercer país con más deforestación en el mundo, tras Brasil y la República Democrática del Congo. La causa, según el director de la ONG Tierra, Juan Pablo Chamucero, el modelo de cultivo expansionista de la soja: "La deforestación actual se ha duplicado con respecto al promedio que se tenía hace hace una década, del 2022 al 2023 hemos estado deforestando alrededor de casi 400 mil hectáreas por año. Bolivia tiene actualmente 55 millones de hectáreas de bosque, pero en los últimos 40 años hemos perdido casi 8 millones. Básicamente  la ampliación de la frontera agropecuaria en las tierras bajas del país es muy grande y esto, pues ha ido afectando lo del nivel de bosques...con los impactos correspondientes en términos de clima, de temperatura, inclusive de productividad."El asunto es que no tenemos realmente tierras con vocación productiva agrícola o por lo menos en la cantidad de lo que se produce actualmente, entonces la manera de llegar a producir las cantidades que se pretenden producir es justamente, pues deforestando, removiendo, desmontando, para habilitar tierras para la agroindustria y en segundo lugar para la producción ganadera, que está favorecida o impulsada no sólo por el sector privado sino por las mismas políticas estatales, porque esto supone una serie de beneficios de orden económico también." concluye Juan Pablo Chamucero. Escuche aquí el programa de Noticias de América consagrado a este tema:¿Podrá la Unión Europea con sus nuevas normas encontrar el resultado para esa difícil ecuación, crecimiento económico y lucha contra la deforestación? De momento, entre los exportadores persisten muchas dudas.Otros temas relacionados:La UE prohíbe la importación de bienes procedentes de la deforestaciónRegeneración Natural Asistida: una técnica accesible para regenerar los bosques

¿Sacará el gobierno chileno a los militares a las calles para combatir el narcotráfico, siguiendo el ejemplo de El Salvador y Ecuador? Esto es lo que pide un grupo de alcaldes del área metropolitana de Santiago. La iniciativa es de la comuna de Maipú, azotada por la violencia de bandas organizadas. La situación de inseguridad ha empeorado en Chile los últimos años y el presidente Gabriel Boric no descarta esa opción.  En la comuna de Maipú, el edil Tomás Vodanovic, del Frente Amplio, partido de gobierno, ha pedido que las fuerzas armadas ayuden a la policía. Según cifras oficiales, en 2018 se registraron 845 asesinatos mientras que en 2002 aumentaron a 1.322. María José del Solar, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana en la Universidad de Chile, explicó a RFI la singularidad del fenómeno de la violencia actual."Ahora tenemos un número de imputados desconocido, no sabemos su identidad, pero es un número muy alto. Además, hay un mayor uso de armas de fuego en estos homicidios, lo que tampoco ocurría antes. Esta fue la primera señal de alerta, me parece. Con base en los informes de la policía y del Ministerio Público, se registra asimismo un aumento en el uso de armas de fuego en la comisión de ilícitos, entre otros, disparos injustificados en la calle, disparos en contra de multitudes. Esto es algo que se ha visto particularmente en la Región Metropolitana. La causa que más revuelo ha generado son las acciones del denominado ‘tren de Aragua’ [organización criminal] proveniente de Venezuela y que se vincula también con el narcotráfico", sostiene del Solar.Ante esta situación, ¿qué efecto podría tener el despliegue de soldados en las calles? Esta especialista estima que, a corto plazo, los militares pueden ser útiles. Pero para encontrar una solución a largo plazo hay que enfocarse en otros elementos."El mismo alcalde decía que esto es algo que los habitantes le piden. La gente puede sentir que, habiendo más policías, más Fuerzas Armadas, hay quizá más seguridad. Pero cuando nos enfrentamos a este tipo de criminalidad, que es más compleja, se necesita también una respuesta mucho más compleja. De ahí la necesidad de medidas de prevención, medidas de especialización para el uso de la inteligencia policial y, obviamente, fortalecer la persecución penal", concluye Maria José del Solar del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana en la Universidad de Chile.

Trump por el partido de los Republicanos y Biden por los Demócratas, ambos ya son virtuales candidatos a las presidenciales de Estados Unidos. Todo indicaría que el escenario de 2021 se estaría repitiendo, pero no es así, sus discursos han cambiado, un tercer partido aparece y los indecisos podrían ser la sorpresa en las elecciones de noviembre.  Era de esperarse. Ni Trump ni Biden enfrentaron a duros adversarios al interior de sus partidos, lo cual explica que desde ahora, meses antes de la fecha prevista para el fin de las primarias, ambos ya son virtuales candidatos. Solo falta que lleguen las tradicionales convenciones. En julio, los republicanos designarían a Donald Trump como su candidato y en agosto los demócratas oficializarán la candidatura de Joe Biden.  Estefanía Cruz Lera, investigadora en la UNAM y especialista de los Estados Unidos, analiza la campaña. RFI. ¿Cuáles serían los temas que definirían esta campaña?Cruz. Hay varios temas y yo creo que por un lado, Biden está apostando a una agenda diferente a la de Donald Trump. Parte de su agenda la vimos en su discurso del Estado de la Unión, en donde recalcó, por ejemplo, que una de las cuestiones que más le interesa es continuar con la reactivación económica y él apuesta a un incremento a los impuestos a las grandes corporaciones. Por el otro lado, la agenda de Donald Trump, se basa en dar continuidad al proyecto que dejó interrumpido en su presidencia pasada. Por ejemplo, él habla de reducir la influencia de Estados Unidos en el extranjero, en particular en no contribuir con transferencia de armas y equipo logístico a Ucrania. Se postula así como un candidato que ama al país y que quiere hacer lo mejor para Estados Unidos.Biden ha intentado colocar en la agenda la batalla contra los millonarios con el aumento de los impuestos. Sin embargo, Trump, que propone todo lo contrario, tiene más eco en la sociedad norteamericana. ¿Por qué sucede esto?Lo que pasa es que la campaña de Joe Biden en realidad no es que tenga un proyecto en contra de las élites económicas, lo que pasa es que Biden necesita recursos para sus proyectos de infraestructura, por ejemplo, de este proyecto de la Ley contra la reducción de la inflación. Entonces requiere dinero y para financiar ese proyecto, pues la única alternativa que encuentra es aumentar los impuestos a las grandes corporaciones. Por el contrario Donald Trump no puede desprenderse de su pasado de corporativo. ¿Y por qué tiene este eco entre los estadounidenses? Porque los estadounidenses tienen la idea de que los empresarios ya hacen bastante por la economía al dar empleo, manteniendo activa la producción en el país. Y además también existe este miedo de que las corporaciones, al verse tasadas en grandes números, salgan del país, busquen colocarse, por ejemplo, en México, en India, en China, que les dan mejores posibilidades de producción. Entonces, ese es el mayor temor de los votantes de Donald Trump.¿Qué tan importante son los temas internacionales en estas elecciones?El estadounidense vota con el bolsillo. Para él su prioridad son los temas de política económica, de política social, los domésticos, temas internos de Estados Unidos. Pero sí tienen posturas. Históricamente el Partido Republicano había sido un partido más intervencionista, pero Donald Trump fue un presidente aislacionista y parece que en su campaña política vuelve a asumir esta postura. Esta postura de que históricamente muchos países han “abusado de Estados Unidos”, mientras que, los demócratas y la campaña de Joe Biden siguen esta tendencia de  ser cooperativistas en la esfera internacional. ¿Tema migratorio, qué importancia tiene en esta campaña electoral?Creo que es el tema que sí tiene que ver con política internacional y que es definitivo para los votantes. Los dos partidos reconocen que hay una crisis en la frontera. Joe Biden le echa la culpa al Congreso que no ha logrado aprobar una iniciativa bipartidista para solventar esta crisis de financiamiento de infraestructura, de un plan o un proyecto para atender la frontera con México. Y por otro lado, Donald Trump acusa a Joe Biden de esta crisis. En este caso es un tema internacional con implicaciones locales, que sí influye mucho en los votantes.¿El surgimiento de un tercer partido llamado No Labels (Sin Etiquetas), podría quitarle un número importante de votos a Biden y a Trump?Definitivamente el tema de los indecisos va a ser crucial. Históricamente en Estados Unidos los indecisos no participan, no responden a las encuestas. En ese caso la mejor encuesta será en las urnas. Hay un porcentaje muy grande de votantes indecisos que no simpatizan con la presidencia de Biden y que no simpatizan tampoco con el proyecto de Trump, sobre todo después de lo que pasó con la insurrección que se generó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Ahora esa es la interrogante. Si se van a decantar por un tercer partido o lo que es probable o es posible es que definitivamente no salgan a las urnas porque no consideran que ninguna de las opciones es viable. Yo creo que esta es la opción. Vamos a ver unas tasas de participación muy bajas. Ya se está viendo actualmente con la participación en las primarias que fue muy baja. Creo que eso va a ser la constante en la elección. Es a lo que le van a apostar en la campaña de Trump, a convencer al votante indeciso, pero pues yo sí creo que hay muchos estadounidenses que no se identifican ni con una ni con otra campaña.

El anuncio del gobierno tiene lugar tras una serie de hechos de violencia. Dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana. Los ataques narcos responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil. RFI habla al respecto con Andrei Serbin Pont, analista internacional y presidente del CRIES El gobierno de Javier Milei anunció  el envío de fuerzas federales a la ciudad de Rosario, tercera ciudad en Argentina, para enfrentar al narcotráfico, tras cuatro asesinatos de civiles en los últimos días, perpetrados por "narcoterroristas" según el ejecutivo."Tras un pedido del gobernador (de la provincia de Santa Fe) Maximiliano Pullaro (...) la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la policía de Santa Fe en su combate contra el narcotráfico", publicó en la red social X la Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei.El anuncio tiene lugar tras una serie de hechos de violencia en esta ciudad junto al río Paraná, ubicada 300 km al norte de Buenos Aires y la tercera en tamaño de Argentina con 1,3 millones de habitantes, donde dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio fueron asesinados esta semana."Hay muchas figuras políticas en Argentina que están apelando fuertemente a la idea del modelo salvadoreño. El problema es que están hablando de Bukele y El Salvador en términos de la militarización en la seguridad, cuando en verdad lo que cambia drásticamente en El Salvador es justamente cómo se gestiona la justicia, cómo se aceleran los procesos y se ofrecen menos garantías a los procesados. Eso es lo que el núcleo de la estrategia salvador, no la militarización en sí" explica Andrei Serbin Pont, analista internacional y presidente del CRIES, en la antena de RFI. El experto en seguridad también evocó la diferencia con Brasil: "En Brasil nos encontramos con instancias en las cuales los grupos armados no solo tienen un mayor grado de complejidad, sino que le disputan control territorial al propio Estado, que no es lo que vemos en Rosario. No sé si lo que estamos viendo el gobierno argentino es necesariamente una importación. Sí hay un interés por dar una respuesta muy contundente. Por ende, se apela mucho al modelo de la militarización, de la seguridad. Pero esto no trata la problemática de fondo" subraya Serbin Pont. Dada su ubicación a las orillas del río Paraná, en Rosario desembocan las drogas provenientes de Brasil, Bolivia y Paraguay, y además tiene la peor tasa de homicidios del país, 22 por cada 100.000 habitantes. "Rosario hoy por hoy, lo que necesita principalmente en lo inmediato, pero también en el mediano y largo plazo, es un sistema judicial que pueda llevar a cabo procesar todos los casos que tiene que procesar. Eso tiene que estar acompañado de una estructura de inteligencia criminal que pueda llevar adelante estas investigaciones. También tendría que ver un despliegue de grupos especiales que permitan justamente ejecutar órdenes de allanamiento o detenciones que vaya emitiendo el Poder Judicial"según Serbin Pont. Los ataques narcos responden, según el gobierno de Santa Fe, al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia.  El gobernador santafesino busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y el martes difundió imágenes de presos tratados en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del que utiliza el presidente salvadoreño, Nayib Bukele

Un reporte publicado por Greenpeace este lunes estima que unas 14.000 hectáreas fueron arrasadas en 2023 por mineros ilegales para abrirse paso entre la selva y extraer minerales, entre otros, el oro. En entrevista con RFI Raíssa Ferreira, directora de campañas de Greenpeace en Brasil, alerta sobre la vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos indígenas, en particular, kayapó, munduruku y yanomami. Greenpeace utilizó satélites para fotografiar cómo la minería ilegal está devorando la Amazonía. El resultado: 14 kilómetros cuadrados fueron destruidos en 2023. En total se estima que 264 kilómetros de selva han desaparecido por esta actividad desde que se tiene registro. Raíssa Ferreira, directora de campañas de Greenpeace en Brasil, subraya la delicada situación en que se encuentran los pueblos indígenas."Una de las cosas más importantes que mostró nuestro estudio es que estas áreas están muy cerca de las aldeas indígenas. En el caso del territorio mundurukú, por ejemplo, hay un número alarmante de 15 aldeas que están muy cerca de estas actividades de minería ilegal.Esto significa un impacto directo en la manera, por ejemplo, en que se alimentan los pueblos, porque la minería ilegal de oro contamina los peces y el lago con mercurio. También se difunden los mosquitos que pueden llevar a enfermedades para los pueblos", explica Raisa Ferreira. En el caso de los kayapó, la actividad afecta a cuatro aldeas. Según la organización, "la peor situación se registra en la reserva de los kayapó, en el estado amazónico de Pará, donde el área devastada el año pasado ha ascendido a 10 kilómetros cuadrados". El estudio ha medido la deforestación provocada por la minería ilegal en las tierras indígenas de las etnias no solo kayapó y munduruku, sino yanomami. Todas ellas están ubicadas en la Amazonía brasileña y son consideradas como las más amenazadas por los 'garimpeiros'.En 2023, el Ministerio de Salud de Brasil reportó que 308 yanomamis murieron por la violencia y las enfermedades acarreadas por la minería ilegal. Y aunque el gobierno de Lula quiere detenerla, las autoridades no han logrado impedir la entrada de maquinaria en la selva."En Brasil hay en la actualidad una voluntad expresa del gobierno de enfocar y trabajar el fenómeno de la minería ilegal de oro en los territorios de los pueblos originarios en la Amazonía para eliminarlo. Pero esta voluntad política no se traduce en acciones coordinadas en los tres territorios que concentran la mayor parte de la minería ilegal de oro en la Amazonía brasileña. Entonces, tenemos que mejorar el monitoreo y el accionar continuo para combatir esta actividad ilegal en la Amazonía", concluye Raisa Ferreira, directora campañas de Greenpeace en Brasil.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue declarado culpable este viernes de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York, al término de un juicio histórico que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel. Su condena será anunciada el 26 de junio, anunció la fiscalía.  RFI indagó con el doctor en Ciencias penales especializado en crimen organizado, Raul Pineda Alvarado. Un jurado estadounidense de un Tribunal Federal del Distrito encontró a Juan Orlando Hernández culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de posesión y conspiración para poseer “dispositivos destructivos”, entre ellos ametralladoras. Tras el veredicto, Hernández, quien se enfrenta a una pena de prisión obligatoria de al menos 40 años, y cuya sentencia está prevista para el 26 de junio, se puso de pie y permaneció en silencio con las manos cruzadas mientras los miembros del jurado desalojaron el juzgado.Durante su primera campaña presidencial en 2013, Hernández, militante del derechista Partido Nacional de Honduras, se presentaba como un candidato favorable a la aplicación de la ley y el orden que sería capaz de detener la epidemia de drogas y delincuencia que había azotado al país. Pero según los fiscales en Estados Unidos, Hernández estaba aliado con las mismas fuerzas a las que pretendía combatir.El doctor en Ciencias penales especializado en crimen organizado, Raul Pineda Alvarado ha explicado en la antena de RFI: "Lo de Hernández es la punta de un iceberg que tiene que ver con el modelo electoral democrático. Las campañas son muy largas y caras y son excluyentes para el que no tiene dinero... y allá va el dinero de la corrupción y el crimen organizado para poder sostener  los elevadísimos costes de la campaña   Eso lo arregla usted con una ley que le reduzca la campaña a 15 días pero esto no se hace porque no interesa". Alvarado explica también la importancia de establecer "mayores controles" para evitar que este fenómeno continue. Las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio de Hernández retrataron un panorama desolador de un país en el que las drogas y la política han estado entrelazadas durante mucho tiempo.Raul Pineda Alvarado ha explicado en la antena de RFI: "El crimen organizado se ha convertido en un poder más dentro de la administración pública. Es un factor determinante para poner presidentes, presidentes del congreso o diputados....esto no se da por un acto de caridad cristiana. El enorme poder político de los traficantes se combina con factores de naturaleza política". Alvarado pone como ejemplo  que a EE.UU. no le gustara que los primeros viajes de Hernández fueran a Nicaragua o a Cuba. Aunque los exmandatarios extranjeros a veces son juzgados en Estados Unidos, no suelen serlo por delitos relacionados con las drogas. El paralelo más cercano a Hernández es el general Manuel Antonio Noriega, antiguo dirigente de Panamá, quien en 1992 fue declarado culpable ante un tribunal federal de Miami de permitirle al Cartel de Medellín que enviara cocaína a Estados Unidos a través de su país a cambio de millones de dólares en sobornos.

Una de cada cinco noticias sobre violencia de género justifica con un lenguaje sesgado las agresiones, concluye el informe 'Desenfocadas' de la Consultora LLYC realizado con base en el análisis de millones de noticias gracias a la inteligencia artificial. Angélica Pérez entrevistó a Alejandra Aljure, directora para Colombia de esa consultora especializada en comunicaciones, asuntos públicos y mercadeo.  Un exhaustivo estudio de la Consultora en Comunicaciones, Asuntos Públicos y Mercadeo LLYC revela el lenguaje sesgado de medios de comunicaciones y redes sociales de una decena de países americanos en el tratamiento de noticias y mensajes sobre violencias de género.Las siguientes frases ilustran este fenómeno: "La asesinada fue violada y descuartizada por vestir ropa demasiado corta” y “El tribunal condena por agresión al violador de una mujer ebria".El informe "Desenfocadas" versa sobre el tratamiento de noticias periodísticas y mensajes en redes sociales en diez países del continente americano más España y Portugal. Una iniciativa de la consultora en Comunicaciones, Asuntos Públicos y Mercadeo. Entrevistamos a Alejandra Aljure, directora general de LLYC Colombia."Hicimos un análisis muy amplio en 12 países. Alrededor de 226 millones de noticias generales y 5.4 millones de noticias en violencia de género, de medios de comunicación y 14 millones de mensajes asociados específicamente a violencia de género en redes sociales. Lo que encontramos es que, si bien las noticias conciencian más, o casi dos veces más, de lo que está pasando, en redes sociales el foco sigue estando en la víctima y no específicamente en el victimario, en el responsable. Un 20% de las conversaciones y de las noticias que analizamos justifican las agresiones a partir de elementos que están asociados a contextos que no suman dentro del cubrimiento y sí hace que las personas piensen que de alguna manera las mujeres tuvieron la responsabilidad de ser víctimas en estos hechos", subraya Aljure, responsable de LLYC Colombia.En este país, justamente, ella precisa que "si bien hay un 36% más de cubrimiento en medios de comunicación, es donde se sugiere en mayor medida que la víctima pudo haber provocado o haber seducido de alguna manera al agresor para ocasionar algún tipo de violencia de género. Por ejemplo, escribiendo: ‘Mujer que se encontraba en una fiesta con los amigos de noche resultó violada (o asesinada) por su expareja’. Ese título plantea que ella se expuso a una situación de peligro. Cuando se plantea el hecho de que es la expareja, generalmente esto viene acompañado de una asociación a crímenes pasionales. Este procedimiento lo que hace es romantizar un crimen de este nivel. Un titular como ése puede ponerle la importancia en el lugar donde se encuentra la mujer y no en el hecho de que es el caso de una nueva mujer víctima de un feminicidio", puntualiza Aljure.La consultora en su informe realiza una serie de recomendaciones no solo para los periodistas, sino también para todas las personas que se atrevan a expresar o lanzar un mensaje sobre violencia de género en las redes sociales. Aljure las resumió así para RFI."Lo primero es omitir elementos que disculpen al agresor. Lo segundo tiene que ver con contextualizar sin atacar la intimidad y sin re-victimizar a la víctima. Revelar detalles específicos de su intimidad no son necesarios para el cubrimiento de este tipo de casos. No asociar este tipo de casos o de victimarios con estratos sociales, con etnias, con migrantes, porque eso le pone un sesgo adicional, que ya no es solamente el de género, sino que pone otros sesgos que son muy complejos y que nuevamente no contribuyen al desarrollo y al cubrimiento de los casos. Y, por último, creemos que es bien importante poder incluir mayor diversidad de voces en las noticias. Claramente las autoridades siempre serán una fuente primordial y principal para este cubrimiento, pero poder incluir dentro de estas voces expertos en este tipo de casos, pues esto va a ayudar precisamente a que los cubrimientos de noticias no sean sensacionalistas, sino que tengan un propósito: el de entender mejor estos fenómenos, los cuales son estructurales a nuestras sociedades y necesitan una forma distinta de abordarlos", puntualiza Aljure.El estudio Desenfocadas creó "The Purple Secret", una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a periodistas y ciudadanía en general a detectar el sesgo y encontrar el foco responsable a sus noticias o mensajes sobre crímenes y violencia de género.

Albero Otárola renunció a su cargo de primer ministro de Perú este miércoles luego de que el domingo unos audios revelados por el Programa Panamericana de TV revelaran la contratación irregular de Yaziré Pinedo en 2023, cuando Otárola estaba a la cabeza del ministerio de Defensa. La joven habría sido favorecida con órdenes de servicios con el Estado por un monto superior a 14.000 dólares. Con el 83 % de desaprobación y una serie de pedidos para su destitución, Dina Boluarte sigue en la presidencia de Perú, pero ha perdido a su mano derecha. En la llamada revelada el domingo se escucha a Alberto Otárola pedir a su expareja que le envíe la hoja de vida para ayudarle a conseguir un empleo.  Otros audios sugieren que habría ordenado seguir a la joven con un vehículo del Consejo de Ministros gastando recursos públicos.“Me parece verdaderamente patético que Alberto Otárola haya caído por una extorsión sexual”, estima Rocío Silva Santiesteban, politóloga y abogada y que fue diputada Por el Frente Amplio y presidenta Ad Honorem del Congreso en el excepcional periodo 2020-2021.“Alberto Otárola es la persona responsable de la muerte de 50 peruanos en Ayacucho, porque era él el ministro de Defensa. Él fue el que apoyó a Dina Boluarte para que continúe y no renuncie ante la crisis por la muerte de todos estos peruanos en las protestas sociales y ahora está renunciando por este tipo de situación, a mí eso me da mucha vergüenza como peruana”, añade Santiesteban quién también fue secretaria de la Coordinadora de DDHH.Sobre el nuevo primer ministro, la politóloga y abogada piensa que tiene un trato “autoritario, vertical y muy soberbio”. Según explica a RFI,lo conoció hace más de diez años, cuando era procurador del Estado en el Ministerio de Justicia.Como ministro de Justicia de Ollanta Humala, “no tuvo tampoco, digamos, una gestión por la defensa de los derechos ni nada por el estilo”, critica Santiesteban que también recuerda el episodio que protagonizó Adrianzén en la Comisión Interamericana sobre el asesinato de peruanos entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Llegó a decir “ustedes se han matado entre ustedes mismos y eso fue noticia”, deplora.Tras este round, la presidenta Dina Boluarte deberá enfrentar las acusaciones que también recaen sobre su hermano quien estaría disponiendo de puestos en el Gobierno para sus propios intereses.Lea también: Alberto Otárola: 'La crisis ya concluyó, estamos gobernando con paz' el Perú

Asilado en la embajada de Nicaragua y condenado a 11 años de cárcel por delito doloso, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acaba de ser inhabilitado como candidato presidencial por el Tribunal Electoral. Pese a su prontuario judicial, Martinelli cuenta con un importante arraigo en el electorado panameño. Montado en el caballito anticorrupción y contra los políticos tradicionales. Ricardo Martinelli, un magnate dueño de una cadena de supermercados, ganó la presidencia de Panamá en 2009. Habían transcurrido dos décadas tras la invasión estadounidense. El bipartidismo alternó el poder. Durante esos 20 años estaba desgastado por escándalos de corrupción y un déficit en su gestión social. Mientras tanto, un abanico de gobiernos de izquierda se desplegaba en el continente.Juan Diego Alvarado, politólogo e investigador del Centro Iniciativa Democrática (CIDEM), analizó esa época: "Lo que en Panamá durante los años 90 se conocía como las terceras fuerzas, aprovechando un discurso anticorrupción por actores que no necesariamente son ajenos a la corrupción, pero con un discurso populista y anti élites tradicionales. Por un lado las élites políticas, pero por otro lado, mostrándose como un empresario alejado o distinto de los círculos más tradicionales de la élite económica panameña. Yo diría que un modelo que es previo sería Silvio Berlusconi en Italia, como esa nueva entrada de ese populismo neoliberal de los años 90. Hay que recordar que esa elección se da en el punto de mayor influencia de lo que eran los gobiernos posneoliberales o anti neoliberales de América Latina. No esa bola rosa de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula o Bachelet en Uruguay, que estaban dominando pues la mayoría de la región. A Martinelli se le posiciona como un anti Chávez, así que tenía mucho respaldo a lo interno del país, de sectores que estaban en contra de estos gobiernos en otros países, así como la alianza entre él y Juan Carlos Varela se da auspiciada por la Embajada de Estados Unidos".Acusado de corrupciónMás de una docena de ministros y altos funcionarios de la administración Martenelli fueron detenidos por corrupción.  El expresidente panameño ha sido condenado a 11 años de cárcel por delito doloso. Le espera otro juicio por supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. También se le ha procesado por presunto espionaje a opositores durante su gobierno. Pese a su prontuario y reveses judiciales, Martinelli hubiese sido el próximo presiente de Panamá de no anularse su candidatura. Era el favorito en las encuestas.   "Hay muchas personas que recuerdan el prontuario. Sobre todo recuerdan los hechos de corrupción y poco se habla de los casos de derechos humanos, que también fueron varios durante su presidencia. Pero también, no se puede negar, no se puede olvidar, fue un periodo de impresionante bonanza económica para el país. Durante los cinco años de Ricardo Martinelli, el promedio de crecimiento económico fue el mayor del mundo, superior a 10%. Había pleno empleo, crecimiento del salario mínimo todos los años y muchas obras de infraestructura que se construían y que generaban un cambio muy concreto en la vida cotidiana de las personas", recuerda Claire Nevache, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y sociales (CIEPS).   Leer tambiénPanamá: Postergan el juicio por sobornos de Odebrecht por segunda vez"También le generaba a la ciudadanía la sensación de que Panamá iba a estar en el mapa. A partir de ahí se empezó a hacer mucho más fuerte toda esa narrativa de que Panamá podía llegar a ser el milagro de Singapur o de Dubai de las Américas, porque la Ciudad de Panamá creció muchísimo para arriba, se construyeron muchísimos rascacielos y por supuesto en un momento ahorita post-covid en el que Panamá tuvo la peor recesión del mundo, con menos 17% de crecimiento económico en el 2020 y que ha tenido dificultades para recuperarse a una deuda que está muy superior a como estaba el país hace diez o 15 años, por supuesto que el recuerdo de esa bonanza económica está muy presente y la sensación de que podría volver esa bonanza si Martinelli regresase a la presidencia", concluye la investigadora Nevache. Su exministro de seguridad, José Raúl Mulino, será quien reemplace a Martinelli en la candidatura presidencial.

RFI entrevistó a César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle (Bogotá), sobre la situación que vive Haití tras la fuga de miles de reclusos en un ataque pandillero. Puerto Príncipe se ha paralizado este lunes y las autoridades han decretado el estado de emergencia y el toque de queda. Por su parte, la ONU y la comunidad internacional se inquietan por el futuro de ese país.  En Puerto Príncipe las escuelas y los bancos se mantienen cerrados. Los habitantes evitan salir a las calles. La comunidad internacional urge hacer algo por Haití, "dar apoyo financiero a la misión multinacional de seguridad", insistió la ONU, ante el peligro de que sus habitantes terminen gobernados por las bandas criminales. Con el asesinato del ex presidente Jovenel Möise, en 2021, Haití entró en un nuevo ciclo de violencia. Este sábado bandas armadas dieron un golpe a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la más importante del país, y a la prisión de Croix des Bouquets. Miles de reclusos se escaparon, entre otros, delincuentes comunes, jefes de bandas, hasta los acusados por el asesinato del ex mandatario. El gobierno haitiano teme un vertiginoso aumento de actos criminales ante la fuga de esos miles de prisioneros.Esta escalada de violencia se explica por una historia reciente marcada por autoritarismos y dictaduras, dijo a RFI César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle en Bogotá."En este momento Haití presenta una de las formas de crimen y violencia más desbordadas del mundo. Esto tiene que ver con los enclaves autoritarios y con los enclaves dictatoriales de hace algunas décadas y que, por supuesto, se materializaron con el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en 2021. Haití hoy comparte su gobernanza y su soberanía entre instituciones oficiales legítimamente constituidas y grupos criminales que incluso se han logrado hacer una legitimidad en la población haitiana. Las instituciones han tenido que ceder buena parte de sus funciones constitucionales a funciones criminales. Es decir, el crimen ha hecho lo posible por reemplazar al Estado haitiano en todas sus dimensiones", sostiene César Niño.Para luchar contra la violencia crónica que azota al país, Haití ha pedido reiteradas veces la ayuda internacional, Kenia se dispone a enviar policías, con apoyo de la ONU. No obstante, una intervención extranjera también tiene sus peligros, nos recuerda este especialista."Una intervención militar agudizaría aún más el problema. Esto llevaría a que hubiese una guerra civil de mayor prolongación y desbordada de las fronteras haitianas. Yo no sabría decirle por el momento cuál puede ser la solución. Pero si puedo citarle una de las visiones más consensuadas: la de que los haitianos deben asumir el control de su país y que las intervenciones militares extranjeras llevan a que se agrave aún más el problema. Tenemos muchos ejemplos que las intervenciones militares lo que hacen es desbordar, agravar la situación y, por supuesto, dejar a la ciudadanía como un blanco fácil entre criminales y operaciones militares extranjeras, precisamente porque los derechos humanos estarían aún más en riesgo", concluye el profesor César Niño.Las pandillas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe, atacaron además el aeropuerto internacional y edificios policiales. "Estamos vigilando con gran preocupación el rápido deterioro de la situación de seguridad en Haití", dijo a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.Más temprano este lunes, el secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró "muy preocupado" por Haití y reiteró su llamado a "una acción urgente, especialmente para dar apoyo financiero a la misión multinacional de seguridad" respaldada por Naciones Unidas, según su portavoz, Stéphane Dujarric.

Día tras día, la selva del Darién es testigo de una situación aberrante. El número de agresiones sexuales no hace más que aumentar, y la cifra se disparó en febrero. Los equipos sanitarios han atendido hasta a 113 migrantes en una semana, que sufrieron de abuso sexual por parte de bandas criminales que operan en la selva, cinco veces más que los casos registrados en enero.“En diciembre, por ejemplo, registramos un tercio de los casos que se habían producido en todo el ano. Estamos hablando de 677 casos de violencia sexual atendidos por Médicos sin fronteras, y de esos 219 se produjeron en diciembre. En enero, vimos unos 120 casos, según cifras preliminares. Esto quiere decir que el número de casos no disminuye sino que aumenta”, aseveró el jefe de misión en Colombia y Panamá de Médicos Sin Fronteras, Luis Eguiluz.En condiciones de vulnerabilidad, los amenazan, los agreden, abusan sexualmente de mujeres y niñas, que no siempre denuncian y si se oponen, corren el riesgo de morir.En 2023, se registraron cifras récord de migrantes: más de 520.000 personas cruzaron la peligrosa ruta del Darién. De ellos, unos 120.000 eran menores de edad.

El desabasto de energía y los elevados costos se han convertido en el dolor de cabeza de los cubanos. En su intento por actualizar su economía con ajustes macroeconómicos, el Gobierno ha cometido errores que se reflejan ahora en estos aumentos al combustible, como lo explicó a RFI el analista político y también economista, Arturo López-Levy, investigador asociado al Instituto de estudios regionales comparados en la Universidad de Denver. El aumento de la gasolina en Cuba en más de 500% entrará en vigor el próximo 1 de marzo, un mes después de la fecha prevista inicialmente, informó el miércoles el Gobierno cubano. La medida forma parte de una batería de iniciativas para dismiuir el déficit fiscal del país.“El país está en una situación económica desesperada. Se está agregando los costos de transición a una situación diferente por una bancarización y una unificación cambiaria mal manejada. Eso ha desatado una espiral inflacionaria en la cual el Gobierno, tratando de revertir algunas de las medidas que tomó, ha tenido que tratar de lidiar con las consecuencias de todas esas cosas combinadas”, explica López-Levy.Lea también: Cuba pretende modernizar sus finanzas con la bancarización de su economíaDe 20 centavos de dólar, la gasolina costará ahora un dólar con 10 centavos. Los precios manejados por el Gobierno cubano levantaron sospechas sobre cómo se administraba el combustible en la isla. “Hace como 15 días, la agencia Reuters se cuestionó si no había una un diferencial o una brecha entre lo que el Gobierno daba como dato de consumo de energía y lo que importaba, por lo cual es posible que haya ocasiones en las que el Gobierno está reportando combustible, pero a la venta interna está muy por debajo del costo del combustible en el mercado internacional, por lo cual el Gobierno le hizo una subida de cerca del 400%.”, explica el experto.En 2023 Cuba cerró con una inflación calculada en un 30% y su economía se contrajo un 2%.“Me parece que políticamente va a aumentar la dosis de descontento y desencanto a corto plazo en un sector importante de la población con respecto al desempeño del sistema, pero en términos de darle a los precios un valor real, yo creo que es un paso en la dirección correcta si va combinado con otros ajustes que son necesarios. Por ejemplo, esto permite mejorar la idea de que, si usted tiene los precios correctos, aunque hay inflación, usted puede subirle el salario y ajustarle los salarios a aquéllos que cree que son verdaderamente más productivos y que las otras personas comiencen a moverse hacia sectores más productivos a nivel del país,” analiza López-Levy.Además de la gasolina, el Ministerio de Finanzas y Precios anunció que el costo de la electricidad también se elevará en un 25% para los sectores de mayor consumo.

El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría desviado dinero para su campaña electoral entre 2021 y 2022. Esto concluyó la Asamblea legislativa el pasado lunes. Aunque al mandatario se le calificó como “autor intelectual de un financiamiento irregular”, los resultados no implican cargos penales. ¿Cuál es el objetivo de estas acusaciones? Cuando era candidato, Rodrigo Chaves despotricaba contra los partidos tradicionales. Pedía dejar viejas prácticas partidistas y repetía que Costa Rica no era un país pobre, sino muy mal administrado.Y efectivamente, Chaves era un candidato sin antecedes políticos, pero ello no le habría impedido replicar las “estructuras financieras paralelas”, una práctica para obtener más dinero destinado a la logística electoral, que explicó a RFI Eugenia Aguirre Raftacco, investigadora del Observatorio de la política nacional de la Universidad de Costa Rica.“Cuando decide lanzarse a la Presidencia de la República, él no contaba con un historial de militancia en una agrupación política. En consecuencia, buscó a partidos políticos ya establecidos en el país que pudieran servirle de plataforma para tener acceso a su candidatura. ¿Por qué lo especifico? Porque en Costa Rica no existen las candidaturas independientes y en consecuencia cualquier persona que se quiera postular requiere de una estructura partidaria que le respalde. Entonces, teniendo ese elemento claro, lo que se está denunciando es una estructura de financiamiento paralelo que le sirvió al presidente Chaves en aquel momento candidato tener acceso y utilizar recursos para ir promoviendo su candidatura, previo a oficializarla a través de un partido político”, dice la investigadora.'Costa Rica Próspera' es el nombre del fideicomiso y habría sido creado por el Partido Progreso Social Democrática, la plataforma con la que Chaves ganó. El oficialismo, por su lado, calificó a esta investigación como un circo político. Por su parte, Ronald Alfaro-Redondo, politólogo de la Universidad de Costa Rica e investigador del Programa Estado de la Nación, estima que el mandatario costarricense sale intacto de esta polémica.“Desde el punto de vista político, lo que hay es esa sanción de esta naturaleza, pero no algo que trascienda. Más allá de eso, él no es el primero que recibe de alguna forma una sanción política en el Congreso. No es un caso excepcional. Tampoco ha habido un efecto más allá de lo político en la opinión de la gente o en la percepción. Difícilmente eso vaya a trascender más allá del ámbito en el que se originó, que es propio de una disputa entre la oposición y el oficialismo”, opina por su parte Alfaro-Redondo.El presidente Chaves cuenta con un importante respaldo popular. En su último reporte, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de Costa Rica asegura que la popularidad del mandatario se eleva a un 53%.

En medio del enfrentamiento del presidente argentino Javier Milei con distintos sectores por sus drásticas reformas, profesores de varios distritos de Argentina se declararon este 26 de febrero en huelga en demanda de mejoras salariales y a favor de que no se eliminen subsidios a sus ingresos. El primer día de curso escolar en Argentina con Javier Milei al mando de la Nación arrancó este lunes 26 de febrero con un paro del gremio de docentes en protesta contra los recortes del Gobierno y en reclamo de mejoras salariales.Una medida de fuerza que fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CTERA, quien se manifestó frente al Palacio Pizzurno de la ciudad de Buenos Aires, sede del entonces Ministerio de Educación, hoy degradado a Secretaría.Salario básico y Fondo de IncentivoSonia Alesso, secretaria general de la CTERA, comenta para RFI cómo transcurrió esta jornada de huelga y qué reivindicaciones tienen: “El acatamiento al paro ha sido de un 80% en todo el país y en ese sentido muy importante, porque hoy se hacían movilizaciones en distintas provincias y movilización aquí en la capital del país”, dice.El sindicato cuestiona la demora del gobierno en iniciar las negociaciones para definir el salario básico de los maestros, y rechaza la decisión oficial de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, un componente adicional de los sueldos financiado con recursos estatales.“Estas marchas tienen que ver con, fundamentalmente, pelear frente al Gobierno en los temas que tienen que ver con el presupuesto educativo, profundos, vinculados a educación, que se han conseguido a lo largo de luchas de los docentes del país, se han pagado ininterrumpidamente por los distintos gobiernos desde el año 98 que existen estos fondos, y siempre han sido abonados, y además peleando estos fondos para la educación, aumento salarial y condiciones y defensa de la calidad educativa”, precisa Alesso.Reunión con los gremiosLa huelga de CTERA y los sindicatos bajo su órbita tuvo lugar un día antes del encuentro convocado por la Secretaría de Trabajo para reunir a los cinco gremios nacionales docentes del país y discutir sobre la actualización del salario mínimo de los educadores.“El Gobierno en realidad no convocó una paritaria, que es lo que debería haber hecho. Primero, tuvo tiempo desde el mes de enero que nosotros estamos solicitando audiencia. Segundo, el ámbito legal de convocatoria, el ámbito paritario nacional, que es la Mesa Paritaria Nacional docente, el Gobierno no la ha respetado hasta la semana pasada. Ellos convocan a una reunión informal donde no está en la agenda el aumento de salario”, detalla Sonia Alesso.Los maestros reclaman una mejora salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo producida por una inflación acumulada en diciembre y enero de más del 46 %. Según datos oficiales, el salario bruto de un docente de nivel primario con 10 años de antigüedad en Argentina es de un promedio de 233.410 pesos, el equivalente a 256 euros. 

Desde hace varias semanas, las redes sociales del Museo Británico de Londres están inundadas de comentarios, muchos de ellos escritos en español. Estos comentarios, que no tienen ninguna relación con las publicaciones del museo, han sido escritos por internautas chilenos. Piden la devolución de un moái robado en la Isla de Pascua en 1868. RFI ha hablado con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa.  Son dos estatuas, una grande tallada en basalto y una pequeña. Estos dos moáis se encuentran en el Museo Británico de Londres y desde que un influencer en Chile acusó a Reino Unido de haberlos robado, están en el ojo público. El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, nos contó que la campaña no se originó en la isla de Pascua, que por cierto, lleva años dialogando con el museo."El Consejo de Ancianos ha estado llevando conversaciones con el museo desde el año 2018 con el propósito de establecer que los moáis que están en el museo son propiedad del pueblo Rapanui", explica el alcalde a RFI. "El museo tiene una versión que dice que el moái fue donado por los rapanui y nosotros no aceptamos esa versión, creemos que hay que continuar conversando hasta que se agoten los medios diplomáticos de conversación", explica al edil, quien no descarta llevar al Museo Británico de Londres a la justicia. "En el caso de que no funcionen los diálogos diplomáticos y si insisten en que les fue donado, entonces van a tener que traer las pruebas ante el juez", añade. Reconocer la propiedad de los Moáis no forzosamente llevaría a devolver este patrimonio. Pedro Edmunds Paoa propone varias opciones. "Tiene que haber una consulta en Rapa Nui, si el pueblo quiere que nuestro ancestro vuelva a nuestro museo o que nuestro ancestro se mantenga a modo de embajador del pueblo Rapa Nui y de la cultura Rapa Nui en el Museo Británico", propone. Además, también contempla una especie de asociación entre Rapa Nui y el Museo Británico para que participe en la conservación. "La conservación de los otros sitios que nosotros tenemos en la isla. Y no hay dinero para eso en el estado de Chile. Sería lo ideal, lo sensato, considerando que nuestros sitios de mayor valor lo necesitan urgentemente", concluye el alcalde Pedro Edmunds Paoa.

RFI: El Senado estadounidense aprobó a inicios de febrero un paquete de 90.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán, impulsado por la administración Biden y apoyado por un pequeño grupo de Republicanos, pese al rechazo de Donald Trump.Ahora el proyecto debe pasar a la Cámara de representantes y eso no será tarea fácil, como lo explica la especialista en Defensa, Carla Martínez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo. Carla Martínez Machain: 'Tradicionalmente, al menos los últimos treinta años, los republicanos han sido un partido internacionalista. Han estado a favor de las intervenciones militares de Estados Unidos que puedan votar. Lo que estamos viendo hoy en día es que están divididos. Los congresistas de la extrema derecha que apoyan a Donld Trump no están apoyando a Ucrania y también creo que se ha convertido en una lucha política interna en el sentido de que si se aprueba sería una victoria política para Joe Biden. Esto empezó como una negociación de que a cambio del paquete de financiamiento a Ucrania los republicanos pedían una reforma migratoria para la frontera sur, pero a estas alturas creo que esto no se va a realizar y que se va a negociar básicamente nada más que la ayuda financiera a Ucrania. Al pasar del Senado a la cámara baja, la Cámara de representantes y entonces el problema que tenemos es que aquí hay mayoría republicana. El presidente de la Cámara de representantes Mike Johnson no quiere que se deje pasar el voto, no lo pueden hacer solos los demócratas porque están en minoría, entonces tendrían que conseguir no sólo votos de algunos republicanos, pero también los votos de algunos demócratas, que son los más de izquierdas del partido que de momento no se planean  votar el paquete de ayuda financiera, porque el paquete también incluye ayudas a Israel."           RFI: Según altos oficiales del ejército estadounidense, el tiempo corre y de no recibir financiamiento de aquí a mayo, las operaciones relacionadas con Ucrania se pueden quedar sin fondos suficientes. Carla Martínez Machain: "Lo vimos recientemente con la caída de Avdíivka en manos de los rusos hace pocos días,  básicamente fue por falta de armas, porque los rusos tienen superioridad aérea, pero la ayuda financiera de Estados Unidos va a importar muchísimo Y eso va desde municiones hasta los aviones de caza F-16 como hemos oído recientemente  Si parece que les van a entregar algunos Dinamarca, Holanda, pero eso solo va a alcanzar para uno o dos escuadrones. Se va a tener que continuar con el programa de entrenamiento de los pilotos  de los caza F-16 y para eso también se necesita que se apruebe el paquete de ayudas financieras.”   

RFI entrevistó a la especialista en Defensa Carla Martinez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo, sobre las tensiones entre demócratas y republicanos en torno a la ayuda militar a Ucrania, mientras este país entra en su tercer año de guerra contra Rusia. 'Los congresistas más de extrema derecha, los que apoyan a Trump, no están respaldando a Ucrania', subraya la especialista. El gobierno del presidente Volodimir Zelenski ha hecho un llamado a sus aliados internacionales, rogándoles que no bajen los brazos y sigan enviando ayuda militar. Sin embargo, en Estados Unidos, este apoyo se ha convertido en un punto de fricción política entre los partidos y, de manera más general, en la población.El Senado estadounidense aprobó a principios de febrero un paquete de 90.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, impulsado por la administración Biden y apoyado por un pequeño grupo de republicanos, a pesar del rechazo del precandidato republicano Trump, favorito en la campaña de ese partido.El proyecto debe pasar a la Cámara de Representantes y eso no será tarea fácil, explicó a RFI la especialista en Defensa Carla Martinez Machain, profesora de la Universidad de Buffalo."Tradicionalmente, al menos en los últimos 30 años, los republicanos han sido un partido internacionalista que ha estado a favor de las intervenciones militares de Estados Unidos. Recordemos a George W. Bush. Hoy en día, en cambio, vemos que los republicanos están divididos. Los congresistas más de extrema derecha, los que apoyan a Donald Trump, no están respaldando a Ucrania. Esto se ha convertido en una lucha política interna en el sentido de que, básicamente, si se aprueba, es percibido como una victoria política para Joe Biden", sostiene Carla Martínez.El forcejeo político en torno a esta cuestión comenzó con una solicitud de los republicanos en el frente migratorio."Esto empezó como una negociación en la que, a cambio del paquete de financiamiento a Ucrania, los republicanos querían una reforma migratoria en la frontera sur. Pero en este punto, creo que eso no se va a realizar y va a tener que negociarse solamente la ayuda financiera a Ucrania. Del Senado, la solicitud de ayuda financiera ahora pasó a la Cámara de Representantes. Pero ahí, en la Cámara Baja, hay mayoría republicana. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no quiere que se deje pasar el voto. Los demócratas no pueden hacer aprobar esto solos porque son minoritarios en esta cuestión. Entonces tendrían que conseguir no solo los votos de algunos republicanos, sino también los de algunos demócratas, en particular aquellos que son más de izquierda en el partido, los cuales por el momento tampoco planean votar a favor del paquete de ayuda financiera porque incluye ayuda a Israel", resume esta especialista.Según altos oficiales del ejército estadounidense, el tiempo corre y si no se recibe financiamiento para mayo, las operaciones relacionadas con el apoyo a Ucrania pueden quedarse sin fondos suficientes."La reciente caída en manos de los rusos de Avdiivka se debió básicamente a la falta de armas. Los rusos tienen superioridad aérea. Por eso, la ayuda financiera de Estados Unidos va a tener muchísima importancia. Es una ayuda que cubre desde municiones hasta, por ejemplo, aviones caza F-16, como ha sido evocado últimamente en las noticias. Parece que Dinamarca y Holanda van a entregar varios de estos aviones a Ucrania. Algunos vienen también de Estados Unidos. Pero esto no va a alcanzar escasamente para formar uno o dos escuadrones. Y también hay que continuar el programa de entrenamiento con los pilotos de los cazas F-16. Para esto último también se necesita que se apruebe el paquete de ayuda financiera", puntualiza Carla Martinez Machain, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Buffalo en el estado de Nueva York.

Las profundas divisiones internacionales en torno a las guerras de Ucrania y Gaza quedaron patentes en la primera jornada de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Brasil. Una reunión que se realiza en medio de la tensión diplomática entre Israel y Brasil por la guerra en Gaza. Esta es, sin embargo, una oportunidad para Lula para demostrar su capacidad de negociación y liderazgo. La reunión de ministros del G20, que se celebra a orillas de la sublime bahía de Río de Janeiro, debatirá este jueves la "reforma de la gobernanza mundial". Se trata de un tema de gran interés para Brasil, que quiere dar más peso a los países del Sur en instituciones como la ONU, el FMI y el Banco Mundial. Las otras dos prioridades de la presidencia brasileña del G20 son la lucha contra el hambre y el calentamiento global.En medio de estas conversaciones se han colado, sin embargo, la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza. Temas que - pese a la posición contraria de Lula al accionar de Israel y de declararse neutro en la práctica sobre la guerra a Ucrania - no le afectan políticamente como explica Héctor Sampier, director del instituto de políticas públicas de la Universidad Estatal PaulistaYa hubo una reunión entre Lula y el envido de los Estados Unidos, reunión cordial. La tensión diplomática es entre la diplomacia brasileña y la diplomacia israelí. En general, inclusive la reunión con el representante norteamericano, inclusive la declaración de Estados Unidos, que obviamente fue crítica a Lula, fue tibiamente crítica porque es lo que corresponde, es el único país que apoya incondicionalmente a Israel. De manera general Brasil siempre tuvo una buena relación con los Estados Unidos, Brasil tiene un general brasil de la nativa en la linea en la cadena de comando del Comando Sur, eso quiere decir una cadena estratégica fuertemente establecida. Pero claro, cuando va en búsqueda de autonomía en un mundo que cada vez está más tenso en relación a una mudanza que se avecina en ese sistema internacional, es considerado una tensión pero son juegos normales en la política internacional. El conflicto en Medio Oriente no es el único tema sobre el que tiene que hacer equilibrismo Brasil, en tanto que líder del G20, a esta cita acudió también el canciller ruso Serguei Lavrov. Explicaciones sobre este tema de Héctor Sampier, director del instituto de políticas públicas de la Universidad Estatal PaulistaBrasil también ha buscado interceder en la guerra en Ucrania y Blinden ha asegurado que no hay condiciones actualmente para una mediación diplomática. Brasil se declaró neutral, condenó la invasión rusa a Ucrania pero se declaró neutral al punto de negar el envío de municiones para los tanques alemanes que serían enviados para Ucrania. Es decir, Lula es reconocido internacionalmente por su capacidad de negociación y en medio de poco liderazgo político internacional que tenga posibilidad de transitar entre ámbitos políticos antagónicos, Lula es uno de ellos. Va a ser una reunión interesante. 

La justicia estadounidense escuchará nuevos testigos y recibirá nuevas pruebas en el caso de Juan Orlando Hérnandez. RFI habla con Michael Vigil es exjefe de operaciones internacionales de la DEA quien espera "un tsunami" de pruebas ahora en el caso. Aún puede negociar un acuerdo para colaborar con las autoridades estadounidenses y dar más nombres JOH, el acrónimo por el que es conocido en Honduras donde también presidió el Congreso, está acusado de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, según la fiscalía neoyorquina, recibió "millones de dólares" de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, igual su hermano Tony Hernández y el colaborador de éste Geovanny FuentesJuan Orlando Hernández reitera que es inocente y víctima de una venganza. Lo cierto es que dos años después de haber condenado a su hermano Tony Hernández, la justicia estadounidense escuchará nuevos testigos y recibirá nuevas pruebas. Michael Vigil es ex jefe de Operaciones internacionales de la DEA y ha afirmado en la antena de RFI: "Van a presentar bastantes evidencias. Hay una narco libreta que le pertenecía a Magdaleno Meza, que estaba vinculado con Tony Hernández y Juan Orlando, y en esa narco libreta tiene los iniciales J o H. Juan Orlando Hernández Meza estaba en una prisión en Honduras y entraron otros presos armados con cuchillos, con armas de fuego y le dispararon. También hay conversaciones que están grabados, Van a ver narcotraficantes que van a vinculados con Juan Orlando, se van a formar a un tsunami que dice la misma cosa corrupción y el narcotráfico".Juan Orlando Hernández podría ser sentenciado a cadena perpetua y aún puede negociar un acuerdo para colaborar con las autoridades estadounidenses y dar más nombres. La DEA ya lo tenía señalado desde que era congresista, pero eso no impidió que Washington firmara acuerdos migratorios con el expresidente."Estados Unidos no va a cerrar las puertas completamente con un país, porque sabemos perfectamente bien que muchas veces tenemos que navegar por la corrupción de estos países. Entonces seguimos con nuestra investigación. Muchas veces se demoran muchos años, entonces muchas personas del Comando Sur yo creo que tampoco sabían que la DEA estaba llevando a cabo una investigación porque la DEA no va a compartir esto con todo el mundo hasta que se llegue a lograr una acusación formal. Esa época estaba Donald Trump como presidente, tenía buena relación con Juan Orlando porque Juan Orlando paraba las caravanas y con la otra mano estaba haciendo actividades criminales." nos relata Michael Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA. AntecedentesHernández alega que durante su gestión se aprobaron leyes contra el narcotráfico, como la que facilitó su propia extradición.No es habitual ver a un expresidente siendo juzgado en una corte estadounidense. Antes que él, fueron condenados por la justicia estadounidense el panameño Manuel Antonio Noriega, en 1992, y el guatemalteco Alfonso Portillo, en 2014.El año pasado, el exsecretario de Seguridad Nacional de México, Genaro García Luna, el funcionario mexicano de mayor rango en sentarse en un banquillo en Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, entre otros cargos. El próximo 24 de junio está previsto el anuncio de su condena, tras ser retrasado en varias ocasiones.

El partido del presidente dominicano, Luis Abinader, fue el ganador de las elecciones municipales de este fin de semana, un triunfo que, según expertos, abre el camino a su reelección en las presidenciales de mayo. Luis Abinader pone rumbo a su reelección como presidente de República Dominicana tras la victoria aplastante de su Partido Revolucionario Moderno en las elecciones locales realizadas el pasado fin de semana. Aun con los datos provisionales, el PRM, habría obtenido la victoria en 30 de las 32 provincias dominicanas. Un triunfo que lo consolida como el primer partido político del país a tan sólo tres meses de que se celebren las elecciones generales y presidenciales.Análisis del politólogo internacionalista dominicano, Luis González.RFI: ¿Cuáles serían las claves de la victoria apabullante del PRM en las elecciones locales del país? Politólogo Luis González: El gobierno del presidente Luis Abinader y él, como persona, está bien medido todavía, independientemente del desgaste de cuatro años. Llegó al poder en momentos difíciles para el planeta con la pandemia y aún así él ha mantenido a flote el país. La economía está entre 4.ª y 5.ª de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Somos la potencia turística del Caribe, superando 10.3 millones de turistas. Inversión extranjera, alianza público privada. Creo que esa ha sido la razón. Y segundo, que la oposición, desafortunadamente, aunque plantearon que iban a una unidad, no hubo tal unidad y es todo lo contrario. Yo creo que está más dividida que nunca. Precisamente es significativo que los opositores PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Revolución Dominicana, el PRD, hayan constituido la alianza de rescate llamada RD. ¿Esta es la única vía, la única opción de derrocar a Betancur en las elecciones generales?Es que precisamente le decía ellos han planteado eso, pero eso es semántico. Realmente no hay tal unidad. Creo que el presidente Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta, aún se unan, aún estén consolidados. Se puede hacer la lectura de que el dominio político del Partido Revolucionario Moderno obedece también al cansancio que pudo ejercer en la ciudadanía esos años seguidos en los que gobernó el Partido de Liberación Dominicano, hoy el mayor partido de la oposición. Sí, totalmente de acuerdo. Venían de 16 años consecutivos (2004- 2020). Es más difícil para ellos conectar. ¿Cómo pueden decir que van a resolver los problemas nacionales y tuvieron 20 años, 16 consecutivos y no los resolvieron? Es complicado para ellos. Mientras tienen a un partido que se está consolidando. Leer también'República Domicana no puede pacificar sola a Haití', dice analista Iván GatónEl presidente en funciones, Luis Abinader y el exmandatario Leonel Fernández, serán los dos grandes candidatos en la pugna por la presidencia dominicana el domingo 19 de mayo, sin que ningún candidato supere el 50% de los sufragios. La segunda vuelta estaría prevista para el 30 de junio. 

El próximo 21 de abril Ecuador celebrará un referéndum en plena guerra contra las pandillas y el crimen organizado. El Gobierno de Daniel Noboa planteará una consulta en la que el tema principal será la seguridad y si dar más poder al Ejército en su lucha contra los grupos criminales.  El 9 de enero, tras la toma en directo de uno de los principales canales de televisión de Ecuador por un grupo armado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretaba el estado de emergencia en el país.  Este hecho fue la gota que colmó el vaso tras meses de extrema violencia e inseguridad en Ecuador. Ha pasado casi un mes de aquello y ahora el Gobierno anuncia un referéndum para el próximo 21 de abril, donde el tema principal será la seguridad: Si dar o no más poder al Ejército para acabar con el crimen organizado y la extradición de connacionales.  Daniel Pontón, experto en análisis en violencia y seguridad en Ecuador, lo analiza para RFI: "Las 20 preguntas que se quedaron en 10. Se tratan varios temas de seguridad, elevación de pena, el tema de la extradición y algunas cosas más, que evidentemente no necesitan una consulta para llegar a ellas, salvo el tema de la extradición, que creo que es el tema más sensible. En este proceso se requiere una reforma constitucional".Este referéndum es un termómetro político, marca un poco la dirección que el Gobierno debe tomar de acá en adelante.Para Pontón, la consulta servirá para asentar una política al respecto: "Este referéndum es un termómetro político, marca un poco la dirección que el Gobierno debe tomar de acá en adelante. Debe ser sostenido con políticas de largo plazo o acciones de largo plazo. Me parece que todavía no existe una claridad al respecto por parte de la del poder político". El referéndum planteado por Noboa se dará en un contexto de guerra contra una veintena de bandas criminales en Ecuador, que han causado, solo en 2023, más de 8.000 muertes en el país."Somos conocidos los últimos años por ser un país que ha tenido un nivel muy explosivo de la violencia. Y no solamente de violencia, sino también muchos actos muy sanguinarios como terrorismo y disputas de bandas criminales carcelarias", explica Daniel Pontón. ¿El nuevo Nayib Bukele?Ante tal violencia, el presidente lo tiene claro. Más militares y más cárceles. Algunos ya le ven como el próximo 'Nayib Bukele', aunque otros, como el profesor Daniel Pontón, no lo tienen tan claro: "Son proyectos de cárcel relativamente pequeñas. Tengo entendido que son cárceles que no tendrán más de 1.000 personas cada una. La cárcel de Nayib Bukele es de más de 40.000 personas. Si sumas las dos cárceles que ha prometido, no sumarán más de 2.000 o 3.000 personas. Ni de lejos es una megacárcel al lado de la de El Salvador"."Ecuador  también ha tenido ya construcción de megacárceles. Correa las creó y no fue una buena experiencia para el Ecuador, porque ahí se originó la parte del problema actual", concluye el experto.Los resultados del referéndum se sabrán el próximo 5 de junio. Mientras tanto, desde que el país entró en estado de emergencia, se han detenido ya a más de 7500 personas y se han confiscado 50 toneladas de droga.  

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició una gira por África. Este jueves se reunirá con su homólogo egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi. Posteriormente viajará a Etiopía para asistir a la Cumbre de la Unión Africana. Lula busca renovar la descuidada relación que Brasil tuvo con este continente durante los años de Bolsonaro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició una gira por África para renovar las relaciones que ya tenía el gigante suramericano con este continente y que fueron descuidadas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, presidente entre 2029 y 2022.En sus dos primeros mandatos, de 2003 a 2011, Luiz Inácio Lula da Silva llevó a Brasil a todos los rincones del mundo, al continente africano. Viajó 30 veces, abrió embajadas en Liberia, Sierra Leona y Ghana, que serían cerradas posteriormente por Bolsonaro. Ya anunció la reapertura de estas y otras sedes diplomáticas y aunque no lo diga expresamente, sus viajes a esa región del mundo, y concretamente su política exterior africana, tiene un objetivo a largo plazo que nos explica Natalia Barceló, profesora en la Universidad de la República y experta en la política exterior de Brasil.“Hay muchos países de África que tienen proyecciones muy positivas de crecimiento económico, pero que también lo han tenido, digamos, a lo largo de las últimas décadas. Y creo que Brasil ha sabido aprovechar esta bonanza en materia de cooperación económica, comercial, en intercambios comerciales. Después de China, Brasil es uno de los países que tiene más cantidades de inversiones extranjeras directas en el territorio africano. Brasil ha jugado un rol fundamental para la inclusión de este continente en la toma de decisiones que son relevantes para el mundo. Por eso creo que tiene gran importancia esta gira que está iniciando el presidente Lula da Silva por ese continente”.África también mira con buenos ojos a Brasil. Prueba de ello es que la Unión Africana ingresó al exclusivo bloque del G20 gracias al apoyo del mandatario brasileño. “Aquí no hay que olvidar que Lula participará también en lo que es una cúpula de jefes de Estado y de la Unión Africana en Etiopía, de bloques que de alguna manera buscan proyectar y coordinar aspectos vinculados a la integración energética, de infraestructura. Y bueno, esa adecuación y esa necesidad de tener más voces, de tener un mundo más multipolar, creo que en el caso de Brasil, pero también en este caso de la Unión Africana, lo ha adoptado digamos como una pauta a desarrollar y que en este tercer gobierno de Lula da Silva es retomado con muchísima más fuerza, con más contundencia”, puntualiza Natalia Barceló.Un cálculo de la ONU estima que para 2050 África concentrará un cuarto de la población mundial.

2024 se anuncia como el año electoral más grande de la historia de México por la cantidad de cargos en juego, más de 20.000, incluida la Presidencia de la República, gobernantes estatales y municipales. Pero también puede ser histórico por la violencia electoral. En este proceso, la ONG Laboratorio Electoral reporta 33 personas que han sido asesinadas, entre ellas 16 aspirantes. La coordinadora de la ONG, Daniela Arias, explicó a RFI que tanto los aspirantes de Morena, el partido en el poder, como los de la oposición, se han visto afectados de igual manera.“Encontramos que el partido que más casos de violencia electoral sufre es Morena por la presencia que tiene el partido en el país. Es mayoritario, ocupa 21 gubernaturas, la mayoría en 22 congresos locales y muchísimas municipalidades. Ese nivel de presencia en proporción nos deja ver una mayor cantidad de personas asesinadas en ese partido", puntualiza. "Cuando hacemos el zoom sobre casos de aspirantes por partido político, no hay mucha diferencia entre aspirantes de Morena versus aspirantes de la oposición, como de partidos como el PAN o Movimiento Ciudadano, que es un partido que va por vía propia”, destaca Arias.Algunos de los políticos que han sido asesinados son Ricardo Taja Ramírez, quien buscaba ser presidente de Acapulco por Morena, el partido en el poder; Giovanni Lezama, quien aspiraba a ser diputado federal por el Partido Acción Nacional de la oposición; o el caso de Miriam Nohemí Ríos, del partido Movimiento Ciudadano, también de oposición. El número de asesinatos podría incrementar en los próximos días, cuando los candidatos oficialicen su registro.“Pensando en que todavía nos falta todo febrero va a ser el mes en el que las y los aspirantes van a empezar a inscribirse. Nos llama la atención que incluso antes de empezar, digamos esta misma etapa que empieza el 15 de febrero de este año, ya tengamos pues 33 personas asesinadas, entre ellas 16 aspirantes. Nosotros esperamos que no, pero existe la posibilidad de que durante este mes haya un repunte de los casos, justamente para evitar que las personas se registren como candidatas de manera oficial ante la autoridad electoral, como ya ha pasado en otras elecciones”, explica.En las elecciones de 2018 fueron asesinados 145 políticos, de los cuales 48 eran candidatos.

En la misa de domingo, Javier Milei y el Papa Francisco tuvieron su primer encuentro en el Vaticano. Es la primera vez que se ven frente a frente antes de la audiencia programada para el lunes 12 de febrero, donde podrán hablar extendidamente. La posible visita del Papa a Argentina es un tema importante para Milei, cuyo gobierno es contestado en las calles de su país.  Disruptiva, como su campaña política, la vista de Javier Milei en El Vaticano.Hace años, Milei llamó al sumo pontífice “imbécil”, “representante del maligno” y cuando era candidato lo acusó de “injerencia política”. Ahora que es presidente de Argentina su postura ha cambiado y busca una buena relación con “el argentino más importante de la historia”, como se refirió al Papa horas antes de la misa.   Con este encuentro Milei espera acercarse al Vaticano, algo necesario para guardar a su importante núcleo de votantes conservadores con el que cuenta. El analista político argentino Germán Galarza dijo a RFI que “la Carta de Javier Milei enviada al Papa fue decisiva para llegar al electorado conversador” que estaba alarmado por aquellos propósitos.Galarza puntualizó que Milei, al destacar en la carta que su gobierno heredaba “una situación compleja en materia económica” y por lo cual le expresaba su necesario acompañamiento, Milei le pidió indirectamente al Papa que avalara sus medidas gubernamentales.En la carta también se puede leer que su visita “traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos”.Un argentino sin regresarOtro tema importante que Milei quiere cerrar con la Santa Sede es la potencial visita del Papa Francisco a Argentina. Hasta ahora, Jorge Bergoglio no ha regresado a su país de nacimiento como Papa. De momento el Vaticano ha dado indicios positivos de que el viaje tenga lugar antes de que acabe 2024, pero sin confirmación oficial. De conseguirlo, sería un importante logro para Milei, no solo ante sus votantes conservadores."En un contexto socioeconómico muy complejo, que venga el Papa, la imagen de Milei podría ser favorable porque sería el presidente que logró que regresara a Argentina", dijo Germán Galarza.En una entrevista con Vatican News, el actual arzobispo de Buenos Aires Jorge Ignacio García Cuerva manifestó la impaciencia que hay por ver a Francisco en Argentina, cuya visita sería "el encuentro del pastor con su pueblo".Aunque también reconoció las suspicacias políticas en torno a una figura cuyas afirmaciones y omisiones se siguen con lupa en su país: "a veces, los argentinos a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco, y lo hemos metido en el barro de nuestras discusiones"."Ojalá el presidente y lo convenza y lo tengamos" este año en Argentina, dijo a radio Mitre el ministro del Interior, Guillermo Francos, que acompaña a Milei en la visita a Roma y el Vaticano.

Ya inhabilitado por propagar noticias falsas, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro podría afrontar incluso la cárcel. El exmandatario afronta una investigación por tentativa de golpe de Estado por intentar revertir los resultados de las últimas elecciones que dieron la victoria a Lula da Silva. Un presunto plan con aires trumpistas, que pasaba por alentar las protestas de la población, sembrar dudas en el sistema electoral y para culminarlo, llamar al Ejército para prorrogarse en el poder. El 8 de enero de 2022, seguidores radicales de Jair Bolsonaro tomaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasil, irrumpiendo en la sede del Congreso e intentando entrar en el Palacio de Planalto.Intención final de desplegar al EjércitoPor lo ocurrido en aquella fecha, se investiga ahora al expresidente por "tentativa de golpe de Estado", que se ha plasmado en una gran operación policial este jueves en Brasil. El exmandatario ha tenido que entregar su pasaporte. La operación involucra además a otros cuatro generales y a dos exministros. Los implicados habrían tratado de revertir la victoria de Lula da Silva en las elecciones.Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, explica las similitudes con lo intentado por Donald Trump en Estados Unidos, alentando dudas sobre el sistema electoral y llamando a la revuelta, pero en este caso, con la intención final de desplegar al Ejército.Según él, se dio “al estilo de Trump”, con “la cuestión de las redes sociales, las mismas fake news, que van a crear un enojo de parte de la población acerca de la democracia, de los sistemas políticos”. “El estándar sería un golpe militar tradicional”, recalca, pero la idea era, después de las manifestaciones en Brasilia, “llamar a los militares para garantizar la ley y la orden”.¿Qué impacto sobre sus seguidores?No en vano Bolsonaro, ya inhabilitado por propagar noticias falsas, habría preparado incluso un decreto para consolidar el alzamiento. Ahora podría afrontar penas de cárcel.En la segunda vuelta de las elecciones logró el 49% de los votos. ¿Cómo afrontarán sus seguidores la actual investigación sobre su candidato? La respuesta podría ser menos radical de lo esperado.Para Marcos Cordeiro Pires, hay que dividirlos entre “aquellos que son personas conservadoras” y “los militantes de extrema derecha”. El profesor estima que, en cuanto a “la gente que no es ideológica, que tiene una percepción acerca de la familia o la cuestión de la economía, que es pobre y más conservadora”, Lula puede “disminuir su polarización”.

En Viña del Mar, miles de voluntarios aportan su ayuda a las víctimas de los incendios, colaborando en lo que se puede a pesar del fuerte impacto psicológico que esto implica. Por nuestra corresponsal Yasna Mussa, desde Viña del MarAunque el centro de Viña del Mar, en la costa, está nublado y fresco, la realidad en las entrañas de los cerros de esta ciudad turística y conocida por su festival de música, es muy distinta. Allí el sol golpea fuerte mientras miles de personas trabajan en cadena en una red de solidaridad que se va construyendo cada día.Impacto psicológico y físicoMaximiliano Águila viene llegando de remover escombros y junto a un grupo de jóvenes bañados en cenizas llega a recobrar fuerzas al hotel O'Higgins, hoy convertido en centro de acopio. “Muy difícil, ya que el impacto psicológico más que físico del trabajo es bastante fuerte. Ya las familias están bastante acabadas, no quieren saber nada realmente. Aparte que la ayuda para allá fue escasa, es complicado llegar con manos”, cuenta a RFI.Junto a él y a un grupo de al menos 30 jóvenes, viene Amparo, quien desde Santiago decidió cambiar el rumbo de sus vacaciones de verano y sumarse a ayudar por la urgencia de la situación. “Están devastadas. Creo que si me pasara a mí querría que la gente me pudiera ayudar porque yo como persona que acabo de perder todo creo que no me querría hacer cargo de mi casa. Igual había niños con los que traté de jugar también”, explica.Ninoska Bouillet, oriunda de Maipú, una comuna de Santiago, está instalada bajo un toldo revolviendo una enorme olla humeante. Dice que su hijo convocó a toda la familia para venir a ayudar: “Mi hijo Jonathan juntó en Maipú cositas, llegó a Quinteros y de ahí nos vinimos en caravana. En familia. Ahora estamos haciendo un consomé de pollito”.Es una organización que ha surgido casi siempre de manera espontánea, y que hoy tiene un ritmo distinto, con calles repletas de personas de diversos orígenes y condiciones colaborando en lo que se puede, aportando comprometidos con levantar esta parte del país que fue arrasada por las llamas.“Para que no sientan que están solos”Desde Valparaíso, una ciudad que conoce muy de cerca las consecuencias de los megaincendios, llegó un sindicato con 30 personas y un carro con comida para repartir durante el día.“Somos un grupo que trabajamos en Caleta Abarca. Somos comerciantes. Muchos somos de Viña, otros de Valparaíso, y nos nace de corazón porque somos de aquí, somos de la zona. Gracias a Dios nuestras casas no se vieron afectadas. Nosotros ya vivimos el incendio de 2014, pero gracias a Dios ahora no hay nadie afectado en el grupo que estamos acá”, expresa Emilio.Nelson Araya nos cuenta que trajeron más de 500 almuerzos para repartir: “Si igual vivimos eso, fue algo bien trágico, pero ahora vinimos acá a apoyar a la gente, para que no sientan que están solos. Porque a uno cuando le pasan estas tragedias lo primero que piensa es que está solo y no es así”.

Todavía impactado por la noticia, Chile dice adiós al empresario, al parlamentario y al dos veces presidente del país, fallecido en un accidente de helicóptero. ¿Qué legado deja Sebastián Piñera? “En ese accidente un helicóptero capotó, había cuatro tripulantes. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el ex presidente Sebastián Piñera”, comunicó la ministra de Interior, Carolina Tohá, en una rueda de prensa.Figura política destacadaChile, todavía impactado por la noticia, dice adiós al líder de una derecha distinta, al que hizo temblar a la izquierda chilena, al empresario, al parlamentario y al dos veces presidente del país, pero también al creador de las piñericosas por sus desafortunados errores que acabaron siendo legendarios memes en redes sociales.Hasta sus últimos días, Sebastián Piñera fue una figura política destacada en Latinoamérica. “Su principal legado político es primero tomar, darle identidad propia a la derecha, a la centroderecha de base liberal, hacer una distinción con lo que fue el Gobierno de dictadura militar. Él toma distancia de todo ello, incluso votó No en el plebiscito del año 1988, es decir, en lo político tuvo una clara posición de defensa de la democracia y de estar en una agenda claramente internacional de protección de medio ambiente, de inclusión de las diversidades sexuales, de protección de la mujer, de ampliación de derechos a los ciudadanos”, cuenta para RFI en español, Guillermo Holzmann, analista político y académico de la Universidad Valparaíso de Chile.Leer tambiénChile: Se multiplican los homenajes al expresidente Piñera tras su muerteLuces y sombrasUna carrera política de luces, pero también de sombras. Se enfrentó a varios estallidos sociales de los que fue acusado por organizaciones internacionales de vulnerar los derechos humanos, y también a importantes casos de corrupción por su uso de información privilegiada y financiamiento irregular. El caso Bancard, el Penta o el Cascadas le llevaron a acusaciones constitucionales de las que fue absuelto.Su primer mandato quedará marcado por ser el primer presidente de Chile de derechas desde el retorno a la democracia en 1990, y en general, su carrera política, por impulsar la Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario. Sus dos mandatos le supieron a poco y muchos ya le veían como el próximo candidato a las presidenciales de 2025.“Probablemente estando en buenas condiciones físicas e intelectuales, probablemente hubiese ganado. El vacío que deja Piñera ahora en la centroderecha es importante. Es un vacío de liderazgo”, recalca Holzmann.Los que lo conocían lo señalaban con cariño como un "descarado". Como un "listillo" que amaba volar con su helicóptero por el Lago Ranco. Y paradójicamente, fue su pasión la que le robó sus alas. Hoy Chile se viste de luto durante tres días para despedirse de Sebastián Piñera.

Los custodios de las cárceles cumplen un papel esencial en las cárceles mexicanas. Algunos de ellos son víctimas, otros, victimarios. De una forma u otra, todos son testigos de primera mano de lo que sucede dentro de las prisiones, desde el corazón del sistema carcelario. Radio Francia Internacional entrevistó a una custodia. La llamaremos Gabriela. Lleva muchos años en este ingrato y desgastante trabajo. Ella conoce centímetro a centímetro diversos penales donde ha trabajado, así como el funcionamiento, legal e ilegal del sistema penitenciario.RFI: ¿Las prisiones cumplen su función de readaptación social?Gabriela: No, porque son un negocio muy lucrativo. Existen demasiados intereses creados, en especial económicos y la delincuencia organizada cogobierna los reclusorios. Los centros penitenciarios en México no son para la readaptación como manda la ley, sino que son una fuente de extorsión a los presos y sus familias; también son centros operativos del crimen organizado.¿Las autoridades participan?Son cómplices. Claro que lo saben y se benefician de ello. De hecho, ellos venden lujos y trato preferencial a los “padrinos” es decir, a los presos de mucho dinero y poder que disfrutan una zona especial. Para ellos, la prisión puede ser un hotel de lujo, para los pobres, un infierno. Los privilegios no solo se traducen en comodidad y entretenimiento dentro de las celdas de los padrinos, sino el no ser enviados a un penal de alta seguridad, donde la disciplina es de hierro. Los privilegios son muy caros. También se puede comprar una fuga. La evasión de presos que hemos tenido fueron pactadas desde muy arriba. Físicamente es imposible salir, a menos de que todo esté acordado. En los videos de los hoy prófugos, se les ve con traje y folders llenos de papeles. La ilegalidad se practica desde las más altas esferas del penal. Un botón de muestra es Antonio Hazael Ruíz Ortega que cuando fue Subsecretario del Sistema Penitenciario, acumuló trece fugas de cárceles de la Ciudad de México.El personal del penal extorsiona a los presos y a sus familias. La venta de estupefacientes está exclusivamente en manos de los miembros de los cárteles. Si a un custodio se le ocurre vender drogas en el penal, firma su sentencia de muerte. Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, pero se alquilan. En los centros penitenciarios, con dinero, se puede conseguir lo que sea.¿Puede suceder en México lo que pasó en Ecuador, donde la fuga de un preso de altísima peligrosidad, desembocó en mucha violencia callejera y muertos?Sí, sin duda puede suceder lo mismo acá. El crimen organizado ha crecido tanto que ya es un poder en sí que compite, que se enfrenta a los poderes establecidos por la ley. El crimen organizado ejerce un gran despliegue de violencia para proteger a sus cabecillas. Además, no hay que perder de vista que actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión de Tepito están en una guerra abierta contra el Cártel de Sinaloa por el control de los 13 centros penitenciarios de la capital del país y 24 del Estado de México. No pelean dentro y fuera de los penales solamente por el monopolio de la venta de droga dentro de las cárceles, sino porque éstos son centros de extorsión y centros de operaciones.La necesidadGabriela tomó este peligroso y desgastante trabajo por pura necesidad. Aunque tiene estudios universitarios, no encontró otra oferta laboral. Nuestra entrevistada nos confió: “Al principio, cuando el entrenamiento, yo lloraba en las noches, todo me dolía y estuve a punto de tirar la toalla, pero cuando el padre de mis hijos – que siempre me menospreciaba- me dijo que yo no tenía la capacidad, que no podía con el paquete, me enojé muchísimo. Por el puro coraje y por mi orgullo herido, terminé el entrenamiento y me convertí en custodia. Actualmente hay muchas madres solteras en este trabajo”.¿Y qué hacen las custodias mujeres cuando hay un motín?Hacemos de tripas corazón y cumplimos los protocolos. Además, en cuanto damos la alarma, los helicópteros con tropas especiales aterrizan en el patio del penal mientras otras unidades llegan por tierra. Con ellos no se juega.

La sanción llega tras un acuerdo entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Estados Unidos para el envío de armas a Ucrania. El banano es un elemento fundamental en la economía y las exportaciones del país. No obstante, más que buscar un golpe económico, parece que Rusia pretende dar un toque de atención diplomático al país, según el presidente la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador. Rusia impone una sanción a la importación del banano de Ecuador. Ha sido la respuesta de Moscú al anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aceptar un canje de sus armas soviéticas por otras más modernas de Estados Unidos, que destinará las armas antiguas en el frente en Ucrania para ser utilizadas contra las tropas rusas.Sin embargo, lo que suena a importante castigo económico, ya que el banano supone el 2% del PIB nacional ecuatoriano y Rusia es su principal comprador, tiene echa mano a un argumento de otra naturaleza.Las autoridades rusas aseguran que la decisión llega tras detectar restos de la mosca jorobada en los envíos, pero la sanción no se aplica contra el producto, sino contra cinco empresas exportadoras de esta fruta. Un detalle, que como explica a RFI Franklin Torres presidente de FENABE, la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, deja claro que se trata de un asunto diplomático y no sanitario."Sólo cinco empresas, en realidad, de las más de 40 empresas que llegan a Rusia. Entre ellas está la del que es dueño el actual ministro de Agricultura en la actualidad. Y eso de alguna forma, creo, le da algún tinte político a la situación. Tiene que entender las declaraciones del presidente de la semana anterior, que nosotros creemos que fueron un poco desatinadas porque de alguna forma no podemos tratar a uno de nuestros principales socios comerciales, sobre todo con la sensibilidad geopolítica que tenemos en la actualidad debido a tantas guerras que tenemos, y que debió haber sido un poco más tino a las declaraciones del presidente".Esas cinco empresas proveen un 15% de los bananos exportados y sus ventas podrían, al menos a corto plazo, ser asumidas por otras compañías.Aún así, entre enero y noviembre de 2023, Ecuador exportó bananos por un valor de 689 millones de dólares y un 21% fue a Rusia. Por ello Franklin Torres pide una doble solución: por un lado cerciorarse de que se respetan los estándares de producción, y por otro, que el Gobierno acerque posturas con Rusia, importante aliado comercial."Pienso que Ecuador tiene que, de alguna manera, corresponder a ese toque con una medida primero técnica, tenemos que reforzar las medidas de seguridad, de bioseguridad, de asepsia, de higiene, y obviamente la diplomática, que de alguna forma tiene que subsanar ese impase que ha habido y que de alguna forma nos está abriendo brechas con un socio comercial no solo para banano a Rusia llega a banano, flores, aguacate, pitahaya, cacao y eso realmente podría tener un impacto muy fuerte dentro de la economía ecuatoriana".Además, el peso de esta fruta en la economía del país es fundamental, dando trabajo a 300.000 familias de forma directa. Por ello, es preferible que el problema no se enquiste a largo plazo.

Manifestantes paralizaron este 5 de febrero las principales ciudades de Haití, enfrentándose a la policía, para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Se agota la confianza para el primer ministro interino de Haití, Ariel Henry. Al sufrimiento de la población, que sigue sumida en una ola intensa de violencia e inseguridad, se suma ahora el desapego y el escepticismo de los pocos actores políticos que habían apoyado a Henry hasta la fecha.“Expresión del rechazo de la población”Por ello, la sociedad civil del país convocó movilizaciones antigubernamentales que se iniciaron el domingo y que tienen previsto finalizar el 7 de febrero, fecha que conmemora la caída de la dictadura impuesta por el clan Duvalier, y día en el que Ariel Henry tenía previsto finalizar su mandato.“Hay mucha incertidumbre porque anunciaron manifestaciones, movilizaciones, huelga… Es un poco la expresión del cansancio y de la indignación de la población: después de 30 meses de un gobierno provisional totalmente ilegal e ilegítimo, las condiciones de vida son pésimas desde el punto de vista económico, social, y la inseguridad ha empeorado. Así que es un poco la expresión del rechazo de la población a esta forma de gobierno y la forma de dominación del imperialismo norteamericano”, explica a RFI Camille Chalmers, profesor de Economía y de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Príncipe.“Juego bastante confuso”Las actuales protestas en Haití han generado una cierta confusión entre la población, ya que entre los impulsores de estas movilizaciones destacan el ex policía y ahora líder paramilitar Guy Philippe, a su vez uno de los impulsores del golpe de Estado de 2004, y el exsenador Jean-Charles Moïse, el mayor líder de la oposición.“Guy Philippe fue encarcelado en Estados Unidos. Sé que reconoció sus actividades de narcotraficante y que regresó al país con un discurso muy sorprendente, aprovechando un poco el cansancio de la población para decir que quiere hacer una revolución. Discurso bastante sorprendente que no tiene nada que ver con su pasado. Jean-Charles Moïse había tenido un peso político importante, pero fue un poco desacreditado por la confusión en su alianza con un ala de la extrema derecha. Así que no tiene el mismo peso político que tenía hace como cuatro o cinco años”, comenta Chalmers.El profesor subraya que hay “una confusión enorme en la coyuntura política”, debida a que “los métodos y la visión política de Philippe no tienen mucha diferencia con el accionar de las bandas, e incluso alguna gente prevé una cierta alianza entre las pandillas y Philippe. Así que es un juego bastante confuso”. “Y también hay la hipótesis que todo eso puede llevarnos a una nueva ocupación militar extranjera de Estados Unidos”, agrega.La situación de inseguridad que experimenta el país por la acción de grupos criminales ha provocado el éxodo de más de 300.000 personas dentro de su propio territorio. Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.

Los contrapoderes en El Salvador están cada vez más asfixiados por la concentración de poder de Nayib Bukele. Un juez independiente y un periodista de El Faro explican a RFI cómo funcionan las cloacas del poder del modelo del presidente. Por nuestro enviado especial a El Salvador, Carlos HerranzPartiendo de la base de que el actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ganará las elecciones este domingo, el magistrado Antonio Durán expone el riesgo al que se enfrenta el país.Leer tambiénVicepresidente salvadoreño a RFI: si funcionarios negociaron con maras, ‘hay que castigarlos’“El éxito de Bukele es la propaganda”“Todo va a depender del domingo. Si el presidente logra una mayoría calificada, de 41 diputados, con eso va a tener mayoría calificada para nombrar a los funcionarios de elección de segundo grado. Esto es fiscal general de la República, el Ministerio Público en general, procuradora general de la República, procurador de Derechos Humanos”, explica Durán.“Si la gente le da ese voto de confianza, vamos a ir directo a que él logre concentrar todo el poder político. Y lo ha hecho manipulando sentimientos, emociones de la gente, porque él ha roto las reglas del juego. Se ha puesto por encima de la ley. ¿Están conscientes de que estas resoluciones que han habilitado la reelección son a todas luces inconstitucionales? El éxito de Bukele es la propaganda, es la construcción mediática de su figura”, recalca el magistrado.Leer tambiénBitcoin: ¿Convence a los salvadoreños la apuesta de Nayib Bukele?“Hasta el cuello con el tema de las negociaciones con pandillas”De hecho, la prensa independiente es un reducto. Muchos de los periodistas del medio El Faro han tenido que salir del país. Gabriel Labrador, aún desde El Salvador, pone el dedo en la llaga. Según él, las negociaciones bajo cuerda con las pandillas son la cuestión más espinosa para Bukele.“Bukele está hasta el cuello con el tema de las negociaciones con pandillas, que ya incluso están siendo ventiladas en una corte de Estados Unidos, donde hay pandilleros salvadoreños procesados, algunos ya detenidos”, comenta.Leer también‘Va a ganar con el 90%’: Bukele encara las elecciones con una enorme popularidad en El Salvador“Hay grabaciones de funcionarios del Gobierno de Bukele, testimonios de pandillas en las que ellos dan cuenta de la vigencia del pacto del Gobierno de Bukele con las estructuras de pandillas para, por un lado, el Gobierno, favorecerse de los índices bajos de homicidio, y por otro lado, las pandillas, obtener ciertas prerrogativas en las cárceles, Las estructuras de liderazgo en las pandillas con este pacto tenían ciertas preferencias y comodidades”, detalla Gabriel Labrador.Algunas voces independientes incluso han señalado a RFI que tienen preparados planes concretos para escapar del país si la presión sobre ellos aumenta.

Cerca de 25.000 personas están confinadas desde hace varios días y en riesgo de quedarse sin alimentos en pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, en el departamento del Caquetá. Esta situación se debe a amenazas de las disidencias de las FARC, informaron las autoridades. Un audio atribuido a un supuesto jefe guerrillero circula entre los pobladores desde la semana pasada: "Nadie puede transitar por el río (...) No vaya a ser que caiga por ahí gente inocente (...) Todo el mundo quieto", advierte la grabación."Existe una restricción a la movilidad sobre los ríos Orteguaza y Caquetá que perjudica principalmente" a dos comunidades indígenas cercanas a la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, explicó el gobernador departamental Luis Francisco Ruiz en entrevista con Blu Radio."Es inminente un enfrentamiento""Esta zona del Caquetá ha sido históricamente una zona de presencia guerrillera, sobre todo las FARC. Después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las FARC, aparecieron grupos residuales. Hace ocho días, llegó la información de que iba a ser imposible salir por bote, que es la única vía que se puede tomar en esa zona porque es una zona selvática. El anuncio es que puede demorarse unos 15 o 20 días más este bloqueo", comenta para RFI el periodista Gerald Bermúdez, quien acaba de regresar.Según el gobernador Ruiz, "es inminente un enfrentamiento" en la región entre el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, estructuras escindidas del grueso de la guerrilla que firmó un acuerdo de paz en 2016."Son zonas en disputa y controladas por los grupos armados. La información que nos dieron es que es una orden de la Segunda Marquetalia, no del Estado Mayor Central. Esa es la información que nos dieron de parte de las comunidades, lo cual genera zozobra. Pero sí hay presencia y hay una disputa desde hace unos tres o cuatro años por esta región, entre ambos grupos", precisa Bermúdez.Posibilidad de desabastecimientoUnas "25.000 personas aproximadamente" están aisladas por las restricciones en los ríos en una zona donde el "único acceso al momento es por vía acuática", aseguró Ruiz. En los últimos diez días sólo han podido ingresar "dos barcazas (...) con alimentos no perecederos", que fueron distribuidos en el casco urbano del municipio de Solano y poblaciones cercanas."En poblaciones como Solano, como Milán, que son cascos urbanos, algunas personas podrían estar sufriendo desabastecimiento. También otras poblaciones que no necesariamente son campesinas, que necesitan pues del abastecimiento de combustible, por ejemplo, para las plantas eléctricas que les proveen energía eléctrica, o necesitan harina, trigo... ", detalla Gerald Bermúdez."Ya había sucedido en otra parte de ese río una amenaza similar. Y cuando la población decidió pedir a las empresas de transporte que por favor hubiera movimiento fluvial, se hizo a despecho de las órdenes y después de eso asesinaron al gerente de esa empresa de transporte que lo hizo", subraya el periodista.  Y con la AFP

Desde el 7 de septiembre de 2021, la criptomoneda bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. Una política impulsada por el presidente Nayib Bukele, que aspira ahora a su reelección. ¿Es positivo el balance de esta medida? Por nuestro enviado especial a El Salvador, Carlos HerranzA 40 kilómetros de San Salvador, está la playa del Zonte, apodada la Bitcoin Beach, un pueblo de turismo de surf internacional donde un donante quiso crear la primera economía circular de bitcoin del mundo.Bitcoin BeachGustavo tiene un pequeño hotel en esta playa: “Yo utilizo bitcoin para hacer cobros, más que todo cobros. Más que todo se utiliza con el extranjero, personas que vienen desde el exterior y lo utilizan para hacer sus pagos, ya sea en alimentación, hospedaje”, cuenta.Raquel es camarera en uno de los restaurantes de primera línea de la Bitcoin Beach, y también explica que “la mayoría de los turistas pagan con bitcoin”. Según ella, es muy fácil de usar: “Nada más va a recepción, dice que va a pagar con bitcoin y ahí ya pone el número de cantidad de bitcoin que va a utilizar. Y así ya hace la transferencia. Es súper fácil y rápido”, asegura.Dos años luego de que El Salvador asombrara al mundo, convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una divisa oficial, el balance no ha sido el esperado. La economista Julia Evelyn ha estudiado a fondo el uso de esta criptomoneda, pese a la opacidad del Gobierno. Para ella, “es un balance negativo”.Un balance negativoEsta política pública de Nayib Bukele tenía dos objetivos que no se han cumplido, estima la economista: “Uno, aumentar la inclusión financiera de la población salvadoreña que no tiene acceso a servicios financieros en la banca. Entonces él pretendía que este 70% de la población que está excluida de la banca formal, a través del bitcoin pudiera realizar transacciones, pudiera realizar depósitos, pudiera tener ahorros... Sin embargo, eso no se ha cumplido debido a que el 88% de la población salvadoreña no utiliza bitcoin”.“En segundo lugar, el otro objetivo era contribuir a la dinamización de la economía salvadoreña y a la creación de empleos, pues lamentablemente tampoco eso se ha podido cumplir. Menos del 1% de las micro y pequeñas y medianas empresas de El Salvador utilizan el bitcoin en sus transacciones”, recalca Julia Evelyn.El experimento empezó con varias compras por parte del Gobierno de Bukele. El monto exacto del bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe con exactitud, ya que el Gobierno no lleva un registro público. Una opacidad denunciada por los críticos a Bukele.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, viajó este jueves a Bruselas para hablar del Mercosur con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta reunión se da en un contexto de fuertes manifestaciones de campesinos. Los franceses consideran que hay una desleal competencia al interior de Europa, la cual se agravaría si se permite el libre comercio con Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y próximamente Bolivia.  No obstante, el acuerdo sigue en negociaciones, y esta situación podría llevar a los mandatarios de ambos lados del Atlántico a replantear sus exigencias, más allá de los temas agrícola y medioambiental. En los últimos meses, el Mercosur ha tenido avances, pero más retrocesos debido a las normas ambientales exigidas por Europa. Con las manifestaciones de los campesinos que se oponen a dicho acuerdo comercial, este tema resurge en la opinión pública europea.“Un intercambio de concesiones”Pero si se quiere hablar seriamente del Mercosur, el economista Antoine Bouët, de la Universidad de Bordeaux, considera que no se puede reducir este tratado exclusivamente a productos agrícolas: “No podemos separar la parte de la agricultura de los otros sectores. No podemos imponerles a los sudamericanos un acuerdo que abriría a su industria tecnológica, especialmente que beneficie a la importación de tecnología proveniente de Europa, y nosotros no concederles nada en cuestiones agrícolas”.“Este tratado también incluye recursos minerales. Pensamos, por ejemplo en Argentina, que cuenta con mucho litio, en Bolivia, que está en trámites de ingreso y recordemos que el litio es esencial para la producción de baterías y vehículos eléctricos. Un tratado de libre comercio es sobre todo un intercambio de concesiones”, añade.Agricultura contra tecnología“Desde nuestra visión sudamericana tenemos una situación inversa”, comenta por su parte Oscar Guillén, becario doctoral del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, en la Universidad Nacional del Sur, Argentina.Coincide con el economista Antoine Bouët, y precisa las cuestiones tecnológicas: “Lo que para el caso europeo representa la agricultura en términos de competitividad y competencia, para nosotros a la inversa, lo representaría todo el desarrollo tecnológico. Hay que ir más allá de lo que se está discutiendo y se deben hacer concesiones que sirvan a ambas partes”.“Nosotros necesitamos, a nivel del Mercosur, vender los productos en donde tenemos ventajas comparativas básicamente, que son todos los agrícolas, y también necesitamos traer todo lo que no se produce acá en términos de media y alta tecnología”, analiza.“Situación de win win”Mientras Francia pone atención a los temas agrícolas, Alemania está interesado en la industria farmacéutica, automotriz, aeronáutica. Por su lado, Uruguay, país cuya producción agrícola representa la mayor parte de sus exportaciones, pide liberar los obstáculos comerciales europeos. “Así como la Unión Europea tiene exigencias, América Latina y en el caso de Mercosur también tiene exigencias. Entonces el pacto se cierra cuando estemos en una situación de win-win, que por supuesto es lo deseado para las partes”, concluye Oscar Guillén.El tratado comercial del Mercosur podría integrar a 800 millones de habitantes.

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se encamina a ganar la reelección en los comicios de este domingo 4 de febrero. Su política contra la inseguridad convence a la mayor parte de la población. Por nuestro enviado especial a San Salvador, Carlos HerranzVendedores ambulantes desfilan alrededor de la plaza Gerardo Barrios con la Catedral Metropolitana al fondo y enfrente el contraste del moderno y suntuoso edificio de la Biblioteca Nacional, regalo de China terminado hace tan sólo unos meses.La limpieza es absoluta, el pavimento renovado y los militares casi en cada esquina de este centro histórico de San Salvador, por el que ahora, a diferencia de hace tan solo dos años, sí que deambulan turistas.“Yo lo apoyo”Mauricio, jubilado de 73 años, está sentado en la plaza y nos dice claramente lo que sucederá en las elecciones del domingo: ‘Por qué va a ganar el presidente Bukele? Él va a ganar con el 90%. Yo lo apoyo. Usted anda libre aquí, no es como antes que usted no podía venir aquí porque rápido la delincuencia lo mataba a usted.Erlinda, de 48 años, es una de las vendedoras ambulantes de esta plaza. A la pregunta de si va a votar por Bukele, contesta: “Sí, claro que sí porque hay una gran mejoría aquí en El Salvador. La seguridad más que todo. Antes estaba tremendo”.A su lado pasa Saúl, 56 años, que trabaja en la administración pública: “Bueno, es buen presidente. Ha llegado a quitar toda la escoria mala que había en este país”.La enorme popularidad de Bukele se percibe a cada paso. Los sondeos apuntan a una victoria apabullante que comprobamos incluso tardando en encontrar una voz crítica o mínimamente matizada.Una oposición debilitada“Se ve como que sí, hemos mejorado, pero más que todo en la ciudad. Pero en lo que es agricultura, ha bajado, ya no les ayuda. En lo que es escuelas, no se ve la mejoría. Las promesas que hizo con las escuelas no las cumplió”, denuncia María, de 40 años, que tiene un puesto de tortillas.La oposición se juega el domingo no quedar en la irrelevancia más absoluta. La disidencia son reductos. Francisco y Ernesto forman parte de una asociación de trabajadores retirados. Nos reciben en su local a tan solo unas cuadras del centro.“Entonces esto ha llevado a una serie de abusos y capturas que han sido noticia a nivel internacional, violaciones a personas. El régimen de excepción para Bukele es su mayor logro. Para él, porque en las demás áreas ha sido un fracaso total”, explican.“Se le va a dar poder al fiscal para que él designe quiénes son terroristas y ahí nosotros corremos peligro. ¿Por qué? Porque si nos califican como terroristas, esta central sindical, van a venir a meterse aquí””, recalcan.Los dos partidos tradicionales que durante tres décadas controlaron el escenario político del país, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido Alianza Republicana Nacionalista, han perdido gran parte de sus bases de apoyo a pesar de sus insistentes discursos de renovación.No logran recuperarlas ni hacer frente a la popularidad de Bukele, que ha generado un estado de satisfacción en materia de seguridad ciudadana bajo una premisa colectivamente asumida: el fin puede justificar los medios cuando el historial de violencia se hace insoportable. 

Tras la inhabilitación de María Corina Machado, la principal opositora al gobierno de Nicolás Maduro, este martes Estados Unidos anunció la restauración de las sanciones contra Venezuela. Con esta decisión, se detendría por el momento lo acordado en Barbados (elecciones libres, liberación de preso políticos y el levantamiento de sanciones económicas) Pero prudencia, pues Estados Unidos actuaría a partir del mes de abril, cuando se decida si se renuevan o no las facilidades comerciales que Washington otorgó a Maduro. Estados Unidos anunció que implementará nuevamente su política de sanciones contra Venezuela, principalmente contra su sector energético, pero como en la mesa de negociaciones hay quienes se levantan y se van, y más tarde se vuelven a sentar, el economista Francisco Rodriguez, de la Universidad de Denver, considera que es muy temprano para conocer si Estados Unidos cumplirá lo anunciado, y en todo caso, cuáles serían las consecuencias: “Todavía hay mucho por definir. Todavía falta mucho. El momento más importante es abril, que es en el momento en el que se puede renovar o no la licencia 44”, estima el economista.Revertir la licencia 44La licencia N°44 a la que se refiere Francisco Rodríguez es una de las licencias otorgadas por Washington que prevé medidas de alivio para Venezuela respecto al petróleo. Otra es la N°43 que autoriza transacciones de Minerven, empresa minera perteneciente al gobierno venezolano, y la licencia 41, otorgada especialmente a Chevron para extraer petróleo.No creo que vamos a ver un efecto inmediato hasta que se revierta la licencia 44. La licencia 43, que es la que cubre a la compañía estatal de minería Minerven, hasta ahora no había tenido mayores implicaciones prácticas. Esa reversión de la licencia de Minerven creo que es esencialmente simbólica. Incluso si se da una reversión de la licencia 44, que es la licencia petrolera”, comenta Francisco Rodríguez.“Lo que hay que entender es que, hasta ahora, no hay ninguna compañía petrolera mayor que esté usando la licencia 44, por lo menos para extracción de petróleo, porque Chevron está utilizando la licencia 41, que fue la que obtuvo en el 2022, una licencia específica que probablemente se mantenga”, subraya.Relaciones comercialesLas sanciones de los Estados Unidos también podrían perturbar las relaciones comerciales que tiene Venezuela con otros países. “Aquí también mucho depende de la práctica. Por ejemplo, si el Gobierno de Estados Unidos decidiese que va a revocar la licencia 44 en abril, pero sin embargo le envía una señal a las compañías de Europa de la India que pueden seguir operando en Venezuela y/o comerciando con Venezuela, entonces el impacto no sería tan grande”.“Si Estados Unidos señala explícitamente, como lo hizo a lo largo de los últimos años, que está dispuesto a sancionar a compañías extranjeras que comercian con Venezuela, a pesar de que eso no está involucrado directamente en la jurisdicción de las licencias emitidas por Estados Unidos, entonces ahí sí podría ser un efecto mayor”, concluye el economista.Como respuesta, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales que se trata de un grosero e indebido chantaje por parte de los Estados Unidos.

Demian Duarte, trabajador en la televisora estatal de México, es uno de los 300 periodistas afectados por la filtración de datos de los comunicadores acreditados a las conferencias de prensa matutinas presidenciales.  “Me enteré a través de las redes”, nos cuenta Duarte. “En el proceso de acreditación, entregamos datos personales, copias de nuestras identificaciones, nuestro domicilio, nuestros teléfonos y entonces obviamente es una situación en donde sí te alarma saber que tus datos, el lugar donde vives, donde trabajas, pueden estar expuestos a quién sabe qué intereses.Se filtraron sólo los datos de los periodistas acreditados a las mañaneras lo que puede ser un indicio de por dónde ha podido llegar este hackeo, según el periodista.“Va como muy dirigido y se trata, me queda clarísimo a mí, de una cuestión de sembrar incertidumbre. El ataque y la vulneración de la base de datos fue muy específicamente puesta sobre quienes participamos en la mañanera. Hay periodistas que estamos de parte del proyecto o el proceso que encabeza el presidente y a quienes están en contra. Y es muy interesante porque muchos de los datos que se dan a conocer tienen que ver con eh grupo de periodistas que tenemos, de cierta manera, pues una empatía”, explica.El escándalo que supuso este “hackeo” fue descubierto por Víctor Ruiz, fundador de la firma de seguridad cibernética Silikn, quien denunció en la red social X la filtración de los nombres y datos personales los periodistas.“En la empresa de ciberseguridad en la cual estoy colaborando hacemos un ciber patrullaje continuo. En este caso estábamos realizando esta actividad de monitoreo y nos encontramos con una base de datos que nos llamó la atención, a diferencia de otras que hemos encontrado anteriormente, no estaban pidiendo ningún tipo de dinero por descargarlas”, nos dice Ruiz. “Al corroborar esta base de datos vimos que se trataba de una base de datos real que contiene datos de alrededor de 300 periodistas. Decidimos avisar con la finalidad de que pudieran tomar algunas medidas de precaución, inclusive pues levantar algún tipo de denuncia”, agrega.  A la espera de que se resuelva la investigación, el presidente del gobierno Andrés Manuel López Obrador acusaba a sus adversarios políticos de esta filtración al mismo tiempo que reconocía el falló en la seguridad asumiendo acciones legales contra los responsables.

Argentina atraviesa una crisis habitacional, que se evidencia en la dificultad de acceso a las viviendas de alquiler, algo que es notorio en la ciudad de Buenos Aires. El precio de publicación de departamentos de dos ambientes se multiplicó por cuatro a lo largo de 2023, según cifras del gobierno de la capital. La situación se ha visto potenciada por la muy alta inflación general y por el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Javier Milei en diciembre. Reportaje del corresponsal en Argentina Natalio CosoyEl decreto dejó sin efecto la ley de alquileres de 2020, que garantizaba contratos de un mínimo de tres años y que establecía, tras una modificación, actualizaciones semestrales con un índice que promediaba el aumento de los salarios y de la inflación.Para los propietarios e inmobiliarias, el decreto ayudó a abrir el mercado, pero para los inquilinos ha significado un incremento en los precios, que algunos fueran fijados en dólares, algo que estaba prohibido antes, y una modificación en los plazos y formas de actualización de la renta a pagar.Incremento del alquiler del 25% del precioEn diciembre de 2023 Romina Mamani, una docente de 43 años, se enteró de que la renovación del contrato que había apalabrado con la propietaria del departamento que alquila y en el que vive con su hijo de 15 años, ya no regía. Para firmar uno nuevo iba a tener que aceptar un 25% de aumento por encima de lo que había acordado originalmente.Dijo que no y se puso a buscar alternativas. “No encontré nada, y todo lo que era por la zona o aledaño eran números exorbitantes, precio moneda extranjera, dólar, y regulado por IPC”, dice a RFI.El IPC es el índice de precios al consumidor, que es el que mide la inflación. Si un alquiler aumenta según ese índice es difícil, por no decir imposible, que Mamani pueda sostenerlo con su sueldo de docente, especialmente cuando la inflación en Argentina ya es del 211% anual.“Hay una situación gravísima, de contratos muy cortos para vivienda, de tres meses, seis meses, un año, aumentos de entre el 300 y el 500%”, explica Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una organización de la sociedad civil que busca proteger los derechos de aquéllos que alquilan una vivienda, como Romina Mamani.Para Muñoz, el decreto de necesidad y urgencia, mediante el que el gobierno dio libertad de negociación en el mercado de alquileres, ha ido en detrimento de los inquilinos.Los propietarios aplauden la medidaSin embargo, propietarios e inmobiliarias consideran que el decreto fue positivo. Claudio Vodanovich, secretario general de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios y ex secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, cree que, gracias al decreto, el mercado se estabilizará y aumentará la oferta.“Va a producir, por un lado, el descenso de los precios, la posibilidad del inquilino de poder optar entre distintas alternativas para su vivienda, y también el acomodamiento de los precios”, asegura.Por ahora, ésta no ha sido la experiencia de Romina Mamani, que no encontró otro lugar para vivir que pueda pagar y cuando quiso volver a aceptar la oferta de la propietaria, se encontró con que la única alternativa que le daba era firmar un convenio de desalojo.Un convenio por el que tiene garantizada la vivienda hasta junio de 2024, pero cuando llegue ese mes deberá irse del departamento.“Yo estoy buscando, y mis contactos también están buscando. El tema es que encuentre a alguien que no me pida una locura y por eso me dijeron que espere”, nos cuenta.Hasta entonces el Congreso o la Corte Suprema podrían rechazar el decreto y que vuelva a entrar en vigencia la Ley de alquileres de 2020. También puede ser que el decreto quede vigente.En cualquiera de los casos, si la inflación sigue siendo tan alta, las condiciones que encontrarán Romina Mamani y otros que están buscando vivienda para alquilar seguirán siendo complicadas.

Colombia enfrenta desde hace varios días una serie de incendios que han alcanzado incluso los cerros que rodean la capital de Bogotá, con graves consecuencias para la calidad del aire. Además de la crisis climática general del planeta, una experta en meteorología señala que el fenómeno de El Niño intensifica esta situación. Por el momento, Colombia ha perdido más de 17mil  hectáreas de vegetación a causa de los incendios, lo que equivale a 25 mil canchas de fútbol.En el Páramo de Berlín (departamenot de Santander), los frailejones, plantas endémicas de alta montaña que crecen al ritmo de 1 cm por año de altura fueron reducidos a cenizas .Y buena parte del país está en alerta indicó la directora del Instituto de Meteorología Nacional, el IDEAM, Ghisliane Echeverry: “Tenemos, a nuestra actualización del mediodía (del viernes 26 de enero), más de 900 municipios amenazados por incendios forestales esto es prácticamente casi todo el país”.Leer también"Este sol no picaba así antes": el fuego sorprende a los Andes colombianosDesde la semana pasada, Colombia lucha contra varios incendios que afectan bosques, ecosistemas montañosos en los que nace el agua y los cerros aledaños a Bogotá. Según el IDEAM, esta situación se debe a tres factores, su directora, Ghisliane Echeverry:  “Lo que está sucediendo en este momento es que además de ser temporada seca, está intensificado ese efecto por un fenómeno de fondo que es el fenómeno del Niño; (esto) está haciendo que esta sea una época mucho más seca de lo habitual y además estamos dentro del marco de una crisis climática."Acabamos de cerrar el año 2023 como el año más caliente de la historia y eso también está afectando por supuesto, las temperaturas en todo el territorio nacional. Municipios como Jerusalén (departamento de Cundinamarca) ha alcanzado 40.6 °C de temperatura. Esa es la temperatura más alta que ha alcanzado este municipio para un mes de enero. Esto puede indicar que también estaría configurándose el enero más caliente, teniendo en cuenta que tenemos datos de 30 años de seguimiento a la temperatura".Estado de calamidad decretadoEl presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de calamidad para movilizar fondos adicionales y ha solicitado ayuda internacional si los bomberos nacionales llegaran al límite de su capacidad.En Bogotá, la calidad del aire se vio afectada por los incendios con niveles altos de partículas finas. Paula Henao, jefa de bomberos de la capital: “Hemos tenido sectores afectados donde hemos recomendado no realizar deporte al aire libre, usar tapabocas, se ha suspendido clase en algunos colegios, pero digamos que la calidad del aire no está afectada en todas partes, está afectada en las zonas donde se han venido presentando los incendios”.Según las previsiones de IDEAM, el fenómeno el Niño que agrava el calor en Colombia podría durar hasta el mes de abril.

En el puerto mexicano de Acapulco, 32 personas siguen desaparecidas tres meses después del paso de Otis, un huracán de categoría 5 que dejó un saldo de 52 muertos y 250.000 viviendas afectadas. Raphael Morán entrevistó a Cristina Sánchez, esposa de un marino desaparecido. Fernando Parra trabajaba como maquinista en el yate Litos, una embarcación turística de 30 metros del puerto de Acapulco. El pasado 24 de octubre, junto con otros tres tripulantes, se quedaron a bordo más tarde de lo habitual para cuidar la embarcación, a pesar de la inminente llegada del huracán Otis. Estaban en una pequeña bahía, no lejos del puerto, cuando el huracán tocó tierra con vientos de 270 km por hora. Cristina Sánchez, su esposa, sigue sin noticias de él."Ellos estaban anclados en Puerto Marqués y se movieron a una zona situada en la base naval donde, por protocolo, la mayoría de las embarcaciones siempre se refugiaban. Se esperaba que el huracán fuera de categoría 2, pero escaló conforme transcurría el día, llegando a categoría 5, según recuerdo. La última comunicación que tuve con él fue aproximadamente a las 10:30 o 11:00. Él me dijo que se estaban preparando para el huracán", relata Sánchez.Al día siguiente, se descubrió la magnitud de la catástrofe. Otis dejó 250.000 viviendas afectadas, cerros enteros sin vegetación y cientos de embarcaciones desaparecidas. Cristina Sánchez hace un recuento de las búsquedas desde entonces."Las primeras búsquedas fueron privadas, a cargo del dueño de la embarcación y de los familiares. Después comenzó la búsqueda de la Marina mexicana. Prácticamente todas las embarcaciones en Acapulco resultaron dañadas y se hundieron. Por ejemplo, la embarcación Litos era de fibra de vidrio y teca, por lo que prácticamente se desbarató. Encontraron los motores detrás de la roqueta, hundidos. También han estado encontrando restos de artículos personales, ropa por ejemplo", apunta.Tras realizar protestas, los familiares de desaparecidos en el huracán Otis lograron que la Marina mexicana realizara búsquedas cotidianas. Hace unos días, Cristina Sánchez acompañó una de estas misiones en la zona donde podría haberse hundido el yate donde trabajaba su esposo."A estas alturas, seguimos con la esperanza de recuperar los cuerpos de nuestros familiares. Queremos que sigan buscando. Aquí en la bahía de Acapulco hay una zona hacia la cual se dirige el viento, una zona de arrastre de todas las embarcaciones. Puede ser que ahí, debajo de los escombros, haya restos, pero si no los mueven nunca va a haber manera de poder sacarlos", subraya.A esta desgracia se suma la inmensa tarea de la reconstrucción del puerto. El costo de los daños se estimó en 15 mil millones de dólares.

En Argentina, los diputados revisan el megapaquete de la llamada “ley ómnibus”, que contiene más de 500 artículos para flexibilizar el derecho laboral, impulsar privatizaciones y eliminar las elecciones primarias obligatorias. Pero el Gobierno del ultraliberal Javier Milei quiere también modificar varias leyes de protección del medioambiente para impulsar actividades económicas, lo que despierta las alarmas de los ecologistas. Tras una movilización de decenas de organizaciones ecologistas, el Ejecutivo argentino dio finalmente marcha atrás a la modificación de varias leyes ambientales en el marco de la llamada “ley ómnibus”.Quema de camposEn su versión más reciente, el proyecto que será presentado a los diputados ya no incluye modificaciones a la ley de protección de los bosques que hubieran permitido otorgar permisos de tala de madera en zonas protegidas. Sin embargo, el Gobierno mantiene su intención de debilitar la ley que regula la quema controlada de campos y pastizales, actualmente sometida a una autorización previa.“¿Para qué se hace la quema de campos, de pastizales y humedales, si es para modificar el uso del suelo? Los terratenientes se encuentran en la posibilidad de hacer una quema controlada, o sea, tratar de quemar una determinada zona, cuando sabemos que, en una crisis climática de sequía, es absolutamente imposible hacer una control de quema. Y después termina ocurriendo lo que ya ha pasado en Argentina: desastres, incendios forestales en humedales y bosques nativos”, denuncia Diego Salas, director de programas de la ONG Greenpeace región andina.“Lo que plantea esta modificación que pretende la ‘ley ómnibus’ es que el pedido de autorización de la quema, si no hay una respuesta porque el análisis conlleva más de 90 días, se daría por aprobado automáticamente. O sea, superado ese plazo, sería un sí, estás autorizado a seguir quemando tus campos, cosa que es absolutamente ridícula, ¿verdad?”, subraya Salas.Zona periglaciarLa ONG teme también que el Gobierno modifique la definición de las zonas que rodean los glaciares para eventualmente autorizar actividades económicas actualmente prohibidas: “Los glaciares, es una ley argentina que debería aplicarse en el mundo porque protege no sólo la zona glaciar, que es la reserva de agua dulce más importante que tiene la humanidad, sino que también protege la zona periglaciar, que es aquella que resguarda el glaciar. Para entender lo que sería la zona periglaciar, sería como la nevera que contiene el hielo. Ahora con la nueva versión estaría prohibido desarrollar actividad sobre la zona periglaciar también, pero pone en jaque y en cuestión la definición de la zona periglaciar, por lo que le estarían cambiando el nombre a la nevera”, detalla Diego Salas.La presentación ante los diputados argentinos de este paquete de desregulación masiva debería iniciar la semana entrante.

Desde principios de 2024, crece la polémica en Chile acerca de la actuación del cantante Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Un artista que corea narcoversos y que ha abierto un debate sobre la narcocultura en Chile. El cantante mexicano Peso Pluma ha conseguido a sus 24 años incomodar a todo un Estado con sus narcoversos, y especialmente a la política chilena, al poner de nuevo sobre la mesa el debate de los narcocorridos debido a su próxima presencia en el Festival de Viña del Mar 2024.Un fenómeno “muy importante”Este debate pilla a Chile en un momento sensible. El país enfrenta una grave crisis de seguridad, con un aumento de la violencia y los asesinatos por arma de fuego.Ahora, con la actuación de Peso Pluma en el mítico festival, de nuevo surgen las preguntas: ¿El narcocorrido es un estilo musical que sólo le pertenece a México? ¿Es apología de la violencia? ¿Qué hay detrás de todo esto? “La narcocultura en Chile se está desarrollando de manera muy rápida. México, Colombia y luego Chile tienen una producción de narcocultura, sobre todo visual, importante. Está en la música, en las noticias y en todas partes, pues entonces es algo que está muy cercano a la realidad. Figuras como Peso Pluma son parte de este fenómeno. Es un fenómeno muy importante”, explica a RFI Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor en la Universidad de San Diego Imperial Valley y experto en narcocorridos.“Celebración del narcotraficante”La narcocultura no es algo nuevo. Según el profesor Ramírez, quien lleva años estudiando este fenómeno, los primeros narcocorridos datan de 1930, aunque asegura que han ido evolucionando con los años. “Los primeros corridos eran corridos donde había una moraleja o un juicio moral sobre el narcotráfico y el narcotraficante. En los nuevos corridos, ese juicio moral ha sido suspendido y vemos una celebración del narcotraficante. Vemos que son corridos panegíricos, es decir que hacen una alabanza”, denuncia.Detrás de este fenómeno socio-musical, hay una nueva forma de consumo de la música que poco tiene que ver con seguir las canciones al pie de la letra: “Los jóvenes escuchan esas canciones, pero no la consumen de manera acrítica, sino que la consumen de manera crítica. Reconceptualizan el mensaje. Hay un corrido que se hizo muy famoso, ‘Dijeron que no la iba a lograr’. Ese verso lo tomaron decenas de jóvenes en TikTok y entonces ponían esa frase, ‘Dijeron que no la iba a lograr’ y ahora miren”, detalla Juan Carlos Ramírez Pimienta.Miles de jóvenes hicieron de ese verso su historia. “Dijeron que no la iba a lograr y conseguí mi maestría”, publica una joven de Estados Unidos. “Dijeron que no la iba a lograr y abrí mi propio negocio”, cuenta otro desde El Salvador. Y así hasta miles de videos en internet. Quizás, como dicen, la música no es de quien la canta sino de quien la siente y ya... o quizás no.

RFI entrevistó a Rocío Suárez, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans de México, sobre el asesinato de Samantha Fonseca, excandidata de MORENA al Senado y activista de la comunidad LGBT. Fonseca es la última persona trans asesinada en ese país, que se ha convertido en el segundo con más asesinatos de personas trans en el mundo, solo superado por Brasil y Estados Unidos.  Samantha Fonseca fue asesinada el domingo después de haber visitado una cárcel en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Con este crimen, ya son 5 los "trans-feminicidios" cometidos en el país norteamericano desde que arrancó 2024.Esta situación dramática no es nueva para esta comunidad, dijo a RFI Rocío Suárez, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans en México."Esta ola de trans-feminicidios en México es una constante. Nosotros documentamos el asesinato de personas trans desde 2007. Es un tema de violencia que se ha dado durante todo este tiempo y que refleja estas realidades de falta de políticas públicas en favor de las personas trans. Es importante señalar que en varias legislaciones se tipifican los llamados crímenes de odio. Sin embargo, incluso esta tipificación no ha tomado en cuenta la violencia hacia las poblaciones trans".Sobre la acción del gobierno para luchar contra este fenómeno, si las autoridades han lanzado iniciativas, un plan de ayuda, o al menos investigaciones integrales y exhaustivas de los hechos, Rocío Suárez se muestra escéptica."El Gobierno no ha iniciado ningún plan de ayuda. Se han realizado investigaciones integrales y exhaustivas de los hechos, pero en México no existen sanciones ejemplares respecto a los discursos de odio emitidos por servidores públicos. Es necesario que se tomen medidas para sancionarlos", sostiene Suárez.De acuerdo con el monitoreo de asesinatos Trans 2023 de Transgender Europe, América Latina y el Caribe fueron las regiones que registraron el mayor número de personas trans y de género diverso asesinadas entre el 1° de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023."En América Latina se concentran 3/4 de los asesinatos de personas trans de todo el mundo. Este dato muestra que la violencia hacia las personas trans se ha concentrado (en esta región). El otro punto que también es importante señalar es por qué no se habla de otras regiones. Una de las razones es que estas violencias están invisibilizadas".¿Ocurre también este fenómeno en otras regiones de América Latina? “Así es. Las organizaciones hemos logrado un nivel de especialización que nos permite acceder a esta información de mejor forma. Y las redes sociales también han jugado un papel muy importante para la difusión y la denuncia de estos casos”.Según datos de la organización Letra Ese, en 2022 se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+ en México por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género. Esta cifra representa un aumento en relación con la de los años anteriores, 78 para 2022 y 79 para 2021.

En el año fiscal 2023, el canal de Panamá ingresó 3.344 millones de dólares por el tránsito de embarcaciones y la prestación de diversos servicios. Mientras que este año, las medidas restrictivas harán que el canal de Panamá ingrese de 500 a 700 millones de dólares menos por peajes. Panamá ya está estudiando alternativas para que los efectos del Niño no pasen factura a su economía.  El 2024, la economía panameña se enfrenta a un gran desafío, el canal de Panamá se seca. En los tres primeros meses del año fiscal que comienza en septiembre, ha habido 791 transitos menos, esto es un 20% menos de arga que en el mismo periodo del año anterior, eso se traduce en menos peajes y en un aumento del precio de los cupos para poder pasar. Olmedo Estrada, economista y secretario general del Colegio de Economistas de Panamá, ha señalado en la antena de RFI: "El canal requiere de mucha agua para poder tener los niveles de calado suficiente para el tránsito de embarcaciones de gran tamaño. Entonces, el fenómeno del niño,que este año nos ha atacado muy fuerte,  y eso ha obligado al Canal de Panamá, a su Administración, a disminuir la cantidad de tránsitos diarios de 35, 38 que se mantenían hasta 25. Esto va a representar entre 500 y 700 millones de dólares este año de ingresos menos. Y eso va a afectar a la economía".El canal funciona con agua de lluvia que obtiene de los lagos Gatún y Alhajuela y ya estan explorando otras alternativas para conseguir agua.    La situación se complica porque la cuenca de la vía marítima abastece de agua a casi la mitad de los 4,2 millones de panameños.Las alarmas también se han encendido con la construcción, ya programada, de nuevas potabilizadoras, que competirán con el canal por el agua."Es algo inédito y que realmente nos nos pone en una situación donde tenemos que buscar alternativas  para los próximos años. Para que cualquier efecto del fenómeno del niño no nos haga tanto daño a la economía" dice en RFI  Olmedo Estrada, secretario general del Colegio de Economistas de Panamá, y añade: "se están buscando fuentes alternativas con ríos muy cercanos a la cuenca del canal, pero también se está investigando la posibilidad de transformar el agua salada a agua dulce. Esa es otra alternativa que está en la mesa. Tiene un alto costo, pero este lo vale porque realmente el negocio del tránsito del canal es  muy lucrativo  y está aportando muchos ingresos a Panamá".El canal de Panamá ingresó en el año fiscal 2023, 3.344 millones de dólares. Une en 80 kilómetros el océano Pacífico y el mar Caribe y por él pasa el 6% del comercio marítimo mundial, sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.Ante la incertidumbre por restricciones algunas navieras han decidido transportar su mercancía por otras rutas. La danesa Maersk, una de las más importantes del mundo, anunció hace días que los buques que operan entre Oceanía y América comenzarán a evitar su navegación por el Canal.

La policía de Ecuador detuvo este 19 de enero a dos sospechosos del asesinato la víspera del fiscal antimafias César Suárez, cuando el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados.  Las autoridades reconocieron que "no tenía custodia policial permanente", pese a la violencia y las amenazas. “Me amenazaron en diciembre del año 2023, según el panfleto, porque no estaba aliada del crimen organizado. Lo enviaron por WhatsApp. Desde ahí mantengo la custodia policial”, cuenta Heidy Borja Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces en la provincia del Guayas. Como otras personas del gremio, continúa ejerciendo a pesar de las amenazas.El asesinato del fiscal César Suárez, en plena calle en Guayaquil, ha puesto de manifiesto las numerosas fallas de protección a los fiscales, jueces y abogados que se encargan de casos muy peligrosos. Suárez estaba investigando, entre otras cosas, el ataque al canal TC Televisión.“¿Por qué lo mataron? Pues la primera vulneración que tenemos los jueces y fiscales en el Ecuador es porque no tenemos un sistema de protección. No hay garantías mínimas de seguridad. Sobre todo, una persona que tenía un alto riesgo debido a que manejaba muchos casos contra la corrupción, muchos casos contra la mafia y la delincuencia organizada, no de ahora, sino desde hace varios años”, explica la jueza.“Inclusive era un fiscal quien siempre tenía delegaciones por parte de la fiscal general para que realice muchas investigaciones, tanto en la provincia del Guayas como en otras provincias, donde se refleja un alto índice de criminalidad. De lo que tengo entendido, si tenía protección policial y eso es algo que tendrá que averiguar la Policía Nacional, si cumplieron con la protección al fiscal. Evidentemente no, ya que fue asesinado”, recalca.Plazos y disponibilidad presupuestariaHeidy Borja Hernández lamenta que, aunque existe un protocolo de protección policial, no funciona. “Existe un acuerdo ministerial, número 0150, que fue aprobado por el ministro del Interior en diciembre del año 2023, en el cual modifica el nuevo protocolo para conceder protección policial a los funcionarios judiciales que lo requieran, sea por amenaza o porque se encuentran en riesgo. Lo lamentable de este protocolo es que prácticamente concede un plazo de 15 días para que te den custodia policial. Es decir, yo soy amenazada de muerte y tengo que esperar máximo 15 días que me den protección policial”, denuncia.Leer tambiénAsesinan al fiscal antimafia y anticorrupción César Suárez en Ecuador“Así mismo, este protocolo exige que el Consejo de la Judicatura emita una certificación de disponibilidad presupuestaria para que se pueda cubrir el gasto de hospedaje, alimentación y viáticos de la custodia policial. Y en muchos casos en que un juez o fiscal es amenazado, nosotros, los jueces y fiscales en nuestro bolsillo, terminamos asumiendo esos gastos. Y también para cubrir los gastos de un seguro médico privado y un seguro de vida, porque tampoco te lo da el Estado ecuatoriano”, subraya asimismo la jueza.Jueces con miedoLo más preocupante según ella es que “claro que hay miedo en los jueces, sobre todo en los jueces penales. Y ese miedo afecta mucho el desempeño de nuestras funciones, porque tú estás teniendo jueces con miedo. Eso afecta mucho a la salud mental de los jueces y todo eso tiene que considerarse. Por eso, no es simplemente que estamos reclamando como síntoma de rebeldía”.“Aquí ya estamos protestando porque es nuestra vida la que está en riesgo. Nosotros no nos vamos a conformar con que simplemente emitan un acuerdo de condolencia y ya está. Lo que queremos es que más vidas no se pierdan cumpliendo nuestras funciones, sobre todo los buenos jueces y fiscales en este país. Si esto es un conflicto interno armado, todos tenemos que articular esfuerzos y todos tenemos que estar protegidos”, concluye Heidy Borja Hernández.

El puerto belga de Amberes, uno de los principales puntos de entrada a Europa para los cárteles sudamericanos, interceptó en 2023 un volumen récord de cocaína, que alcanzó las 116 toneladas. Les hablamos de esas rutas que cruzan el Atlántico y de por qué se ha multiplicado la exportación de cocaína. La cocaína se produce particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, aunque hay otras plantaciones pequeñas e incipientes como en Guatemala, por ejemplo. Carolina Sampó, experta en las rutas de la cocaína del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en Argentina, nos explica que su producción se ha multiplicado en los últimos tiempos en América Latina.“Una inundación”“Introducen cambios tecnológicos que permiten alcanzar mayor cantidad de cocaína. Hay más hectáreas cultivadas y de esas hectáreas cultivadas, además, sacó más cocaína. Se está hablando más o menos de 2.000 toneladas de cocaína pura. Esa cantidad es anual. Eso quiere decir que eso se puede multiplicar por cuatro, cinco, ocho. Estamos hablando de realmente una inundación”, explica Sampó.Y, añade la experta, “en el caso de la región Colombia, Perú, Bolivia, en menor medida porque es el productor más chico de los tres, tienen que sacar su cargamento por todos los puertos que les sea posible. En el caso de Perú, el Callao, en el caso de Colombia, la bahía de Cartagena, Guayaquil en Ecuador, Brasil, la ruta del río Solimões, la ruta caipira, las rutas tradicionales de salida de cocaína”.“Innumerables formas de mover la cocaína”A esto hay que añadir otros puertos, otras rutas alternativas como puertos en Uruguay, Argentina o Chile en el Cono Sur. Se usan barcos contenedores o veleros, incluso submarinos. La cocaína es escondida entre la mercancía, por ejemplo, entre las frutas. “Cuando vos envías un contenedor, en general siempre tocan los mismos puertos. Por eso no es casual que muchas de las incautaciones se den en Rotterdam, en Amberes y en Hamburgo”, dice Sampó.“Se han descubierto innumerables formas de mover la cocaína dentro de los contenedores. En esto tenemos dos problemas. El primero es que muy pocos contenedores se escanean, entre 2% y 5% del total de contenedores que se mueven a nivel mundial. Segundo, no todos los escáneres tienen la misma definición. Por ejemplo, muchos de los escáneres que se usan en América del Sur no pueden detectar la cocaína si ella está escondida con productos congelados, porque la densidad del hielo es parecida a la densidad de la cocaína. Y lo que se hace en muchos casos es se utiliza papel aluminio para esconder, debajo de la fruta, del bien que vas a mover, la cocaína”, detalla la experta.Perú y Ecuador han advertido recientemente de que la mafia albanesa controla una parte del narcotráfico en su territorio. Este miércoles, fue capturado justamente en Lima, adonde había llegado procedente de Brasil, Oltjon Belulaj, un albanés de 33 años y requerido por Francia, que le acusa de haber importado un contenedor frigorífico con un cargamento de cocaína a un puerto de Bretaña.

En México, la iniciativa presidencial para que los mexicanos se jubilen con una pensión equivalente al 100% de su último salario suscita interrogantes entre varios sectores. ¿Cómo se financiará? El gobierno intenta tranquilizar a los empresarios afirmando que el estado asumirá la mayor parte del coste.  El 5 de febrero el Congreso recibirá un texto para reformar las pensiones. Valeria Moy, economista y directora del Imco, Centro de Investigación en Política Pública no nos escondía su sorpresa. “Ni siquiera sabemos cómo se va a fondear ni de qué trabajadores se habla, porque claro, hay que ver la dinámica poblaciones del país: si son para todos los trabajadores, para los que se retiren este año o los que se retiren el año que entra. No tenemos idea”.“Normalmente, estos cambios tienen que tener cierta gradualidad, porque le pueden meter una presión una presión importante a las finanzas públicas o al propio sistema financiero”, recuerda Valeria Moy. “Sobre cómo se va a implementar, no tenemos ni idea. [El presidente] solo ha dicho que el objetivo es tener una tasa de reemplazo del 100%”.La tasa de reemplazo - nivel de la pensión con relación al sueldo recibido durante el periodo de actividad – varía del 40% en países como Japón y Canadá hasta superar el 90% del sueldo en naciones como Holanda y Portugal. En México, esta tasa es de 62% para un trabajador con salario promedio.En estos momentos en México, hay dos sistemas que conviven entre los cotizantes. Uno que se rige por un sistema de solidaridad por el que los trabajadores financian a través de impuestos las pensiones de los jubilados y otro sistema por el que se aporta a una cuenta individual de cada trabajador a la que tiene acceso cuando uno se retira, llamado Afores.“Hoy por hoy si una persona que empezó al sistema de Afores se retira, tendría una tasa de reemplazo del 30% que se muy baja. Pero con la reforma de 2020, un joven de ahora, que empiece a cotizar en 2030 –por la reforma que ya se aprobó -, tendría una tasa de reemplazo de alrededor del 75% que ya no es una mala tasa de reemplazo”, prevé Valeria Moy.La economista advierte sin embargo que “una tasa de 100% suena muy bien, me encantaría, pero ¿quién lo va a pagar? Cuando además tenemos un país donde el mercado laboral está completamente segmentado entre un mercado laboral formal que cotiza a la seguridad social y un mercado informal o independiente que no cotiza”.“Uno de los grandes problemas es que la mayor parte de la población ocupada lo hace de manera informal: 56 de cada 100 personas que trabajan, lo hacen de manera informal”, recuerda Valeria Moy.“Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemorice, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”, adelantó el presidente López Obrador, al anunciar su reforma.Su partido, Morena, deberá sin embargo buscar los votos de la oposición para alcanzar la mayoría necesaria para dicha reforma.

Bernardo Arévalo llega al poder con unas finanzas bloqueadas. Su antecesor, Alejandro Giammattei, le dejó congelado su presupuesto y por el momento no puede concentrarse en cómo va a cumplir lo que prometió en campaña. Bernardo Arévalo dejó en claro que su principal lucha será contra la corrupción, pero la pobreza aparece también como uno de los grandes problemas que aquejan a Guatemala: de sus 17 millones de habitantes, más de la mitad son pobres.“Ejecutando el presupuesto vigente de 2023”Para Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, los planes de Arévalo se complican ahora que se ve obligado a usar el plan presupuestal diseñado por Alejandro Giammattei, su antecesor.“El mecanismo, la última acción que hizo el expresidente Giammattei, fue sancionarlo porque ese presupuesto fue aprobado por el Congreso. Esta era la propuesta que el Ejecutivo le presentó al Congreso el 2 de septiembre. El Congreso la aprobó el 30 de noviembre”, explica.“El presidente Giammattei lo sancionó, pero el acto de aprobación del Congreso fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, debido a esa acción, en 2024 el ejercicio fiscal arrancó y al día de hoy estamos ejecutando el presupuesto vigente de 2023 en 2024”, prosigue Barrientos.Ampliación del techo globalEn 2023, el presupuesto fue de 14.300 millones de dólares, y de acuerdo con el economista, el Gobierno de Arévalo ha pedido que a esta cifra se le aumenten unos 800 millones de dólares.“El Gobierno del presidente Arévalo en 2024 está ejecutando el presupuesto de 2023. En este caso se evitan los problemas más graves, pero no es un escenario ideal. Por ejemplo, la proyección de ingresos tributarios y la meta de recaudación que está vigente para 2024 claramente está subestimada, porque este es un presupuesto que tiene un techo global muy por debajo de lo que el entonces equipo de transición le solicitó.Entonces, es muy probable que el Gobierno vaya a querer acudir al Congreso para pedir, ahora sí, una ampliación del techo global y tener mejores posibilidades de cumplir sus promesas de campaña y lo que ellos plantearon en su plan de Gobierno”.La deliberación de la Corte de Constitucionalidad definirá si las finanzas siguen el camino trazado por Giammattei o dan paso a uno nuevo y liderado por Bernardo Arévalo.

Este 14 de enero está previsto que Bernardo Arévalo asuma el cargo como presidente de Guatemala tras vencer en las pasadas elecciones. Sin embargo, la transición se ha visto llena de obstáculos e intentos para invalidar los comicios por instituciones afines al oficialismo, lo que el presidente electo ha calificado de intento de golpe de Estado. Ante tanta presión, Estados Unidos se ha mostrado como aliado inquebrantable de Arévalo. La ofensiva del Ministerio Público de Guatemala para evitar la presidencia de Bernardo Arévalo ha llegado en muchas formas. La Fiscalía general, afín al Gobierno actual y dirigida por María Consuelo Porras, ha maniobrado, de momento sin éxito, para invalidar los resultados electorales y desmontar el Tribunal electoral.“Esperamos que ese apoyo internacional se mantenga”Arévalo ha buscado apoyo en la comunidad internacional. A Estados Unidos se ha desplazado varias veces en busca de garantías para poder asumir su presidencia este domingo. No en vano: allí se encuentran medio centenar de magistrados, exiliados tras ser perseguidos legalmente en Guatemala.Una de ellos es Thelma Aldana, ex fiscal general del país: “Estados Unidos y la comunidad internacional han estado apoyando al pueblo guatemalteco para que se respete su ejercicio democrático al momento de elegir al presidente Bernardo Arévalo. Y como sabemos que ha sido atacado de diferentes formas mediante el Ministerio Público, con amenazas de muerte, entonces ha habido un apoyo muy, muy importante de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y de otros países. Y nosotros esperamos que ese apoyo internacional se mantenga para Guatemala, para ayudar a la democracia del país”, asegura.Posibilidad de sancionesEstados Unidos ha bloqueado parte de sus fondos a Guatemala, además de sancionar a varios de sus funcionarios por corrupción. Para Pamela Ruiz, analista de Centro América del International Crisis Group, Washington tiene claro que con Arévalo, las relaciones serán más fluidas y transparentes que con el actual mandatario Alejandro Giammattei.“Bajo la administración de Giammattei, lo que se ha visto es que ha sido un poco tensa esa relación en términos de que Estados Unidos llegó hasta un punto de removerle fondos a Guatemala. Ahora bien, lo que sí hemos visto entre conversaciones entre Estados Unidos y Bernardo Arévalo, es que los países tienen ciertos temas que son de mutuo interés, como el tema de migración, así como la prevención del tráfico de droga y mejorar la transparencia en las entidades o las instituciones guatemaltecas, ya que también la administración de Arévalo viene con un plan anticorrupción”, subraya la analista.De hecho, si finalmente hay alguna maniobra que impida la llegada de Arévalo a la presidencia, Pamela Ruiz cree que Estados Unidos reaccionará con dureza: “Creo que los senadores han sido muy claros en que primeramente se podría remover todos los fondos que entran a ese país por medio de USAID. Creo que veríamos tal vez una nueva lista de nombres, ya sea a la Lista Engel, removiendo, quitando visas. También hay la posibilidad de que se agreguen personas a la lista de Magnitsky. Y también creo que vendrían unas sanciones para el país de Guatemala, que creo que no es ni conveniente para Guatemala ni conveniente para Estados Unidos”, recalca.Por su parte, el presidente saliente Alejandro Giammattei ha considerado estas acciones como intentos de injerencia extranjera.

Se cumple un mes de mandato de Javier Milei como presidente de Argentina. Desde que el 10 de diciembre jurase el cargo, el libertario y ultraliberal mandatario no ha perdido el tiempo, con numerosas reformas y derogaciones para desregularizar la economía y recortar el gasto público, que ya han tenido su impacto y no han estado exentas de protestas en las calles. Se cumple un mes desde que Javier Milei asumiese la presidencia de Argentina, prometiendo una política de choque para enmendar la maltrecha economía del país, y lanzase su famosa advertencia: “Y lamentablemente tengo que decírselos: de nuevo, no hay plata”.En este mes, el nuevo presidente ha lanzado numerosas reformas para desregularizar la economía y privatizar empresas públicas. Dos iniciativas destacan: la “ley omnibús” (ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y el Decreto de Necesidad y Urgencia, que derogan y modifican cientos de leyes principalmente en esos dos sentidos.“Precoz y caótico”Para el analista político e historiador argentino Lucas Doroñuk, este mes de Milei refleja mucha acción en poco tiempo y eso es difícil de digerir: “Si yo tengo que ponerle un título corto, hasta televisivo, sería ‘Precoz y caótico’. Desde el punto de vista político es muy precoz, muy rápido, muy inmediato. Intenta tener un shock verdadero y caótico, por también lo que ha generado en la sociedad, porque es mucha la incertidumbre que se tiene hoy en día”, estima.El recorte del gasto público ha puesto fin a muchos subsidios, lo que a juicio de Doroñuk ha hecho mella en su popularidad: “Hay encuestas de encuestadoras privadas que dicen que, por cada día de gestión de Milei, bajó un punto su popularidad. Que la gente votó a Milei porque Milei prometió que le iba a arreglar la economía, porque lo que a la gente le molesta es el bolsillo. Y sobre todo hay algo particular, que es que Milei enfocó su discurso en contra de lo que él denomina ‘la casta’ y con una quita de subsidios inconmensurable, que la está pagando la gente. Estamos hablando de lugares muy sensibles de la economía como combustibles, transportes, energía, góndolas, carnes…”, explica.“No hay relación” con los sindicatosOtro aspecto fundamental fue lanzar la reforma del mercado laboral, que al igual que el despido de funcionarios, le ha valido varias protestas y la convocatoria de un paro general para el 24 de enero. Los sindicatos han sido la principal oposición a Milei en este mes de mandato.“La relación no existe porque Milei fue muy crítico con los sindicatos. Su tendencia ideológica cree que no debe existir la mediación con un sindicato, y los sindicatos de alguna manera, o al menos los líderes sindicales, son de otro color político. Es decir, no hay relación’, subraya el analista político.De momento, los tribunales están poniendo trabas a su reforma laboral. Esa batalla legal se une a la que afronta en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras, por lo que la puesta en marcha de sus reformas necesita de negociaciones. De ahí las críticas que ha sufrido igualmente por querer aprobar una ley de emergencia que le permitiría tener potestad sobre temas en los que en situaciones normales sólo el Parlamento puede legislar.

El precio de la gasolina en Cuba registrará un aumento de más del 500% a partir del 1 de febrero como parte de una batería de medidas para tratar de disminuir el fuerte déficit fiscal. Según el ministro de Economía, Alejandro Gil, es "insostenible" continuar vendiendo el combustible a precios subsidiados. Mauricio de Miranda, economista cubano y experto en economía internacional y desarrollo valora la situación en RFI  El gobierno cubano anunció el lunes un aumento del precio de los carburantes. La gasolina normal, la especial, el diésel y todos los combustibles se verán afectados por esta subida de 500%. Así, el litro de gasolina normal pasará de 25 pesos cubanos (20 centavos de dólar) a 132 pesos (1,10 dólares), lo que equivale a un aumento de 528%, mientras que la especial aumentará de 30 (25 centavos de dólar) a 156 pesos cubanos (1,30 dólares), lo que representa +520%, detalló el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, en la televisión estatal.El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez, precisó este martes por el mismo medio que las empresas del Estado y los porteadores privados podrán comprar el combustible "a precios mayoristas", que solo aumentarán en un 50%.Mauricio de Miranda, economista cubano y experto en economía internacional y desarrollo, ha señalado en RFI: "la razón por la cual el Gobierno menciona la necesidad de cambiar estos precios, de incrementar los precios, se debe fundamentalmente a una tasa de cambio que el gobierno cubano utilizó equivocadamente. Y a pesar de que la mayor parte de los economistas advertimos cuando establecieron esa tasa de cambio, que esa tasa de cambio no era una tasa de cambio que se ajustaba a las condiciones del mercado, era una tasa sobrevalorada. Es decir, habían sobrevalorado el peso cubano y las tarifas de los combustibles las ajustaron a una tasa de cambio de 24 $ por uno, cuando en realidad en el mercado en ese momento el peso cubano se estaba cotizando en el mercado informal a 40 $ por dólar, luego subió a 50 a 100, a 150 ha superado ya los 250 $ por dólar"Según el ministro de Economía, Alejandro Gil, es "insostenible" continuar vendiendo el combustible a precios subsidiados con relación a otros países. Sin embargo, los salarios de la población no aumentan en la misma escala. Esta subida de precios, sumada a las consecuencias de la pandemia, el fortalecimiento de las sanciones estadounidenses y las debilidades estructurales del país golpearán al ciudadano de a pie."En primer lugar, van a subir los precios de montones de productos y servicios. Lo primero es el transporte. Hoy precisamente en horas de la tarde habrá un programa de televisión que yo trataré de ver a través de Internet, donde se van a anunciar las tarifas de transporte. Ya veremos si apegados a una medida que han querido utilizar en otras ocasiones y que ha demostrado un rotundo fracaso que es establecer precios topados. Vamos a ver si el gobierno vuelve a apelar a la medida de topar los precios de los privados, pero el transporte público tendrá que subir también. Ahora, eso también va a afectar a todo el sistema productivo, porque todo el sistema productivo funciona con combustible. El sistema eléctrico funciona con combustible. Entonces esto va a golpear por supuesto el bolsillo, sobre todo de las personas con menores ingresos, además de elevar notablemente los costos en toda la actividad económica" sentencia el economista Mauricio de Miranda en RFI. Según estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2%, mientras que la inflación alcanzó el 30% en 2023.Cuba, con 11 millones de habitantes, afronta una crónica crisis de combustibles, agravada en abril de 2023. El gobierno también confirmó un incremento del 25% en la tarifa de electricidad a partir de marzo para los grandes consumidores en el sector residencial. También habrá un aumento en la factura del gas licuado y el agua, así como una reforma de la cartilla de racionamiento, la famosa "libreta de abastecimiento".

Al menos un millar de migrantes volvió a organizarse este 8 de enero en el sur de México en una caravana rumbo a Estados Unidos, tras acusar a las autoridades locales de incumplir sus promesas de otorgarles permisos para transitar por el país. Detrás de una enorme manta que reza "Éxodo de la pobreza" y al grito de "¡No somos criminales! ¡somos trabajadores internacionales!", los extranjeros sin papeles reanudaron su marcha en el estado de Chiapas (sur), fronterizo con Guatemala, saliendo de la localidad de Arriaga al amanecer. El grupo está compuesto por familias enteras, en su mayoría de origen venezolano y numerosos centroamericanos.Estos migrantes habían lanzado una caravana de miles de personas el 24 de diciembre desde Chiapas, decididos a llegar a Estados Unidos para pedir refugio por razones humanitarias. Pero la columna se dispersó el 2 de enero, luego de que autoridades migratorias prometieron atender sus demandas, entre ellas que les otorguen salvoconductos para poder circular por México. Una promesa que incumplieron, según los migrantes.“Todos venimos con mucho miedo”“Primero nos prometieron una visa para trasladarnos libremente hasta la Ciudad de México y de ahí esperar nuestra cita, de lo cual nada era cierto. Más bien fuimos ultrajados, nos robaron, nos asaltaron. La misma gente de migración, la misma gente de la policía por cada alcabala que pasamos son 300, 200 pesos, no los tenemos”, cuenta un migrante procedente de Monagas en Venezuela, que viaja con su mujer y su hijo de tres años. Otros han denunciado que en los albergues les cobraron unos 25 dólares y les robaron algunas de sus pertenencias.¿Cómo, en estas condiciones, encontrar la fuerza para seguir? “Vamos a paso de vencedores con un poco de hambre, pero vamos luchando y evadiendo cada punto de control que se nos hace, porque pasamos uno y nos ponen cinco más adelante. Y tenemos huyendo de un país donde la miseria y el hambre sobrepasan nuestros límites como humanos”, prosigue el hombre.“Mi objetivo es cruzar la frontera y llegar a Texas. Yo era político en Venezuela, entonces me han venido persiguiendo, y como todos venimos con mucho miedo”, agrega, subrayando que los migrantes salen por hambre y por necesidad.“Tenemos regadas familias por todas partes”Entretanto, activistas e integrantes acusaron al Gobierno mexicano de abandonar a su suerte a los extranjeros que subieron el martes a los autobuses que fletó el Instituto Nacional de Migración con la promesa de regularizarse a cambio de disolver el grupo.“El día 2 y 3 de enero en Mapastepec, Chiapas, se entregaron aproximadamente 3.000 personas, donde eran puras familias, pura gente vulnerable, con la promesa de un documento donde se comprometían a regularizarlos, a darles una tarjeta válida en todo el territorio nacional por un año. ¿Qué fue lo que pasó? Los repartieron en cuatro o cinco albergues de Chiapas, no les dieron nada y los tuvieron encerrados. Y a los demás los fueron a dejar a San Pedro Tapanatepec, Villahermosa o lugares muy distantes, a sabiendas de que la gente no tiene recursos, a sabiendas de que separaron [familias]”, explica a RFI el coordinador del Centro por la Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, quien encabeza esta caravana.“Migración no reconoció como familiares a los padrastros, no reconoció, por ejemplo, a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Entonces tenemos regadas familias por todos lados”, añade. Entre las personas desaparecidas, les falta encontrar a “12 personas que ya está buscando, incluso, la Fiscalía General”, precisa.Los caminantes esperan que en dos días más la caravana totalice a 10.000 personas. El grupo calcula llegar en los próximos días al estado de Oaxaca.

En Ecuador el presidente Daniel Noboa anunció el jueves que construirá dos cárceles de máxima seguridad, inspirado en el modelo impulsado por su par salvadoreño Nayib Bukele. Los detalles con Alejo Schapire. El presidente ecuatoriano afirma que las dos nuevas cárceles serán igualitas a las de Bukele, ya que serán construidas por la misma empresa y con el el mismo diseño utilizado para las prisiones de México y El Salvador.RFI: La primera piedra de estas construcciones se colocará el próximo 11 de enero. Estarán ubicadas en la amazónica provincia de Pastaza (este) y en la costera Santa Elena (suroeste). ¿En qué se caracterizan? Daniel Pontón es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad Central del Ecuador, experto en seguridad.Daniel Pontón: "La particularidad de estas cárceles es que son de alta seguridad, modelos adaptados del contexto anglosajón que se ha ido imponiendo en varios países como solución al crimen. Pero en particular en El Salvador tuvo la característica de que sus cárceles son de 40.000 personas, no sé si existen a nivel mundial cárceles tan grandes, que tienen como propósito la incapacitación de las personas, para nada les interesa la rehabilitación, para nada interesa que esta gente salga, sino que básicamente tienen la lógica de ser contenedores sociales".      RFI: El presidente Noboa ha advertido que su plan es separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan 460 presos muertos. ¿Cuáles son los méritos y las carencias de las cárceles anunciadas en el contexto de Ecuador? Daniel Pontón.Daniel Pontón: "El mérito es que por lo menos está poniendo el ojo en las cárceles, pero el grave problema del crimen en Ecuador es un problema latente y creo que el germen de eso es el problema carcelario. Por lo menos el presidente tiene claro que si no interviene en las cárceles el problema del crimen va a ser muy complicado de arreglar. Eso es lo positivo, lo negativo es que el modelo en si no ha sido pensado en clave de su capacidad, porque el plan penitenciario no solo implica su estructura, implica todo un modelo gestión. Ese es gran parte del problema. Eso le pasó a Correa, porque el también creó cárceles grandes con lógicas de 'super-max', no obstante años más tarde colapsó ese modelo por que el modelo de gestión fue corrompido, se implementaron lógicas del pasado, se flexibilizó el control, se manejaron lógicas de autogobierno y eso facilitó el crecimiento de las bandas penitenciarias". RFI: Añadir que el presidente de Ecuador presentó el miércoles los ejes de una consulta popular con la que pretende incrementar las penas para el crimen organizado y asignar más funciones a las fuerzas armadas en un país castigado por el narcotráfico.

En Perú, la Asociación Nacional de Periodistas denuncia un 2023 negro para la libertad de informar con un récord de agresiones a los reporteros. La organización afirma que hubo 352 ataques y agresiones en 2023, un año marcado por las violentas protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La Asociación Nacional de periodistas del Perú informó el miércoles que por segundo año consecutivo, las agresiones contra reporteros superaron las 300 y la del 2023 fue la mayor cifra registrada de agresiones en un siglo.La violencia se dio significativamente en el marco de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, que fueron de diciembre de 2022 hasta marzo de 2023. Las agresiones más frecuentes a los periodistas consistieron en ataques físicos, amenazas y hostigamiento a su labor informativa.  "Lo que estamos viviendo en Perú con la actividad periodística en realidad es una evidencia más de la situación que estamos viviendo en el país. Nos encontramos en un escenario de constante confrontación política, de alta conflictividad social. Esto se está viendo reflejado en ataques a periodistas, medios de comunicación, comunicadores y comunicadoras, personas con ataques con acusaciones judiciales, con detenciones que hemos registrado con algunos intentos, incluso desde el legislativo de plantear leyes que criminalizaban la actividad informativa", explica Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.¿Quiénes están detrás de estas agresiones?  El número mayor de agresores está entre los civiles: "En civiles, si bien vamos a encontrar algunos sectores de manifestantes, de personas que salen a la calle, se movilizan y en medio de la ofuscación y de una continuidad, de un discurso estigmatizante que viene de las autoridades, trascienden y ya hostigan o agreden a colegas. También encontramos grupos radicales, mayormente de extrema derecha, que tienen una visión anti derechos", detalla Chávez.Por otro lado, están los agentes de seguridad: "Las fuerzas públicas han hecho un uso excesivo, se han extralimitado en su función de control del orden, con un uso desproporcionado de la fuerza, generando lesiones muy graves", agrega.De los 352 ataques contra periodistas en 2023, 208 fueron señalados en Lima. 

El martes, el relator de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, pidió explicaciones al Gobierno de Cuba sobre supuestos abusos que sufren personal médico y otros profesionales del país cuando desarrollan misiones en el exterior. Cuba ya rechazó en el pasado esas acusaciones, pero el relator volvió a expresar su preocupación por la vigilancia, abusos, a veces sexuales, explotación a los que se verían sometidos estos trabajadores con un salario en gran parte confiscado. Médicos, pero también marinos, artistas o deportistas cubanos trabajan en el extranjero con contratos establecidos por el régimen caribeño. Retención de pasaporte, del salario, acoso, abusos sexuales son algunas de las acusaciones sobre las que el relator de la ONU ha pedido explicaciones a Cuba. La ONU retomó las denuncias realizadas por la ONG con sede en España Prisoners Defenders.“Retención de salario media del 85%”“Los médicos cubanos, los ingenieros cubanos, los profesores cubanos, los artistas cubanos, los deportistas cubanos van al extranjero a través de empresas cubanas o del propio Estado cubano, con una retención de salario media del 85%”, explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.“El Gobierno cubano negocia 4.700 $ en Calabria y sólo le da al médico cubano 1.200. Entonces están trabajando en Italia por 1.200 $ al mes, por debajo del salario mínimo en dicho país. En otros países pasa a un nivel muy superior, por ejemplo en Catar son 700 $, que es por debajo del nivel de la pobreza, cuando el Gobierno cubano cobra hasta 13.000 $ por cada médico”, ejemplifica.Vigilancia e intimidaciónAparte de la explotación económica, Javier Larrondo denuncia la vigilancia e intimidación a la que están sometidos estos trabajadores cubanos: “El régimen cubano impone su legislación en el exterior, de tal modo que si dejas el trabajo tienes ocho años de prisión por el Código Penal, artículo 176. Pero además tienes otra legislación que regula las misiones y que te dice, por ejemplo, entre los deberes de los colaboradores, que tienes que informar de tus relaciones amorosas o de amistad con cualquier persona del país donde trabajas, a tu jefe de misión. No puedes salir, tienes toque de queda, no puedes hablar con nadie”, detalla.Pero según él, “hay algo todavía mucho peor”: el 50% de los médicos que salen tienen hijos chicos “porque los eligen con ese arraigo en Cuba para que no se escapen”. Y si eligen dejar el trabajo, “como no los pueden meter ocho años en prisión, lo que hacen es impedirles volver a la isla en ocho años”.Según la ONG Prisoners Defenders, son entre médicos, enfermeras y otros profesionales unas 50.000 personas que viven esta situación de abusos por parte de funcionarios cubanos.

A 30 años del levantamiento zapatista y 40 de su formación, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas sigue luchando por democratizar el país sin tomar el poder. En un contexto de agresiones paramilitares y de grupos del crimen organizado, las comunidades campesinas resisten y han fortalecido sus instituciones propias. A pesar de los grupos paramilitares, de los ataques de grupos del crimen organizado, del olvido y el desdén de los gobiernos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo celebraron tres décadas del levantamiento armado y cuatro de su formación. Con marimba, baile, tamales, obras de teatro, poemas y conciertos, las comunidades zapatistas lo hicieron en grande.En la última semana del 2023 y en la última noche del año en el caracol en Dolores Hidalgo, en Ocosingo, jóvenes y niños de diversas comunidades presentaron un festival cultural. El 31 de diciembre hubo un desfile de los soldados zapatistas en el que, en lugar de marchar, bailaron, donde en lugar de los himnos a la lucha, hubo música popular. ¿Por qué? Para burlarse de la marcialidad de la vida castrense.Al terminar el desfile militar, el Subcomandante insurgente Moisés dio un largo discurso en tzotzil y en “la castilla” es decir , en español, donde recordó a los desaparecidos de México, a los zapatistas caídos en combate, a la lucha contra el capitalismo salvaje y la defensa de la autonomía, la dignidad y la tierra.Sobre la madre tierraEl vocero oficial del EZLN dijo en su mensaje que la tierra es común, la tierra no es de nadie sino de quien la trabaja. “La propiedad debe de ser del pueblo y común, y el pueblo tiene que gobernarse a sí mismo”, dijo. “No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender”, afirmó asimismo.Quien alguna vez fue el vocero, traductor y puente del EZLN, el Subcomandante Marcos, hoy capitán Marcos, se ha ido retirando de la vida pública y no se le vio en la celebración. Hasta hace pocos años todos reflectores apuntaban a su persona desdeñando a los comandantes indígenas, por esto, desde hace años, el capitán Marcos hizo mutis.La metamorfosisA lo largo de varios meses y de 20 comunicados, los zapatistas han explicado cómo será la nueva estructura del movimiento, en la que los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas del Bueno Gobierno se transformarán a Gobiernos Autónomos Locales (GAL) que responden a la asamblea de cada población sin importar lo chica o grande que sea.El poder, de esta manera, pasa al núcleo de cada población, de cada comunidad que se organizará de manera regional para crear así los Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. En otras palabras, los GAL serán el organismo más importante de la toma de decisiones zapatistas. Todos estos cambios están encaminados a repartir el poder de manera más horizontal y enfrentar de la mejor manera los embates y las agresiones tanto de del crimen organizado y/o paramilitares, como el de las grandes empresas.Transformación permanenteLos zapatistas se transforman constantemente; si una estrategia no les funciona, buscan otra. Si un camino no los lleva hacia donde quieren, buscan otro. Como cualquier organización tienen conflictos internos, crisis, pleitos, y hasta deserciones, sin embargo, a tres décadas de su aparición en público y cuatro de su fundación, siguen luchando por lo mismo: autonomía, libertad, justicia, democracia y contra el mal gobierno.Actualmente, el mayor peligro, el mayor flagelo es el crimen organizado, cuyos ejércitos salidos del infierno tienen en jaque al país entero. Los zapatistas han hecho propuestas muy concretas para democratizar el país que han puesto en práctica y por lo menos a ellos, les han funcionado.

Culminó el primer año de presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil con puntos positivos respecto a su programa económico. El desempleo cayó en un 7.5% en el primer trimestre y la inflación parece controlada. Sin embargo, sigue habiendo muchos desafíos y mucha incertidumbre.  El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, inició un nuevo mandato convulso el 1° de enero del 2023. Pocos días después de su investidura, Brasil presenció un inédito asalto del Congreso por parte de seguidores de Jair Bolsonaro, perdedor de las elecciones.  La polarización sigue vigente, pero superado ese violento episodio, los brasileños hoy están en condición de juzgar la gestión de Lula da Silva en función de sus resultados.  Este primer año de mandato ha permitido resultados positivos, como una baja del desempleo. Este alcanzó el nivel más bajo desde el 2015. La inflación se mantuvo por debajo del 5%.Reciclaje de programas de años anteriores“Hubo el remplazo del techo de gas y realizó ajustes microfiscales”, recalca Thiago Vidal, director de análisis político de la red Prospectiva Public Affairs LATAM en Brasil. "También hubo la reforma tributaria, pero ésta no vino del gobierno sino del Congreso. Sin embargo, hay retos en términos de política pública porque estos programas son reciclajes de programas de gobierno del PT de años anteriores, como la Bolsa Familia, la farmacia popular o el programa de aceleración del crecimiento”. “No hay una política sectorial y sobre todo no hay una política industrial”, afirma el analista. Para 2024, Lula da Silva enfrenta además un desafío político mayor: las elecciones municipales de octubre. Debe cumplir promesas electorales como la protección de la Amazonía. Enfrenta también la inseguridad ciudadana, tras una ola de criminalidad en los estados de Río de Janeiro y Bahía. 

En Cuba las fiestas de fin de año han sido opacadas por la grave crisis económica que azota el país. El Gobierno de Miguel Diaz Canel presento un paquete de medidas ante el Parlamento para dinamizar la economía y reformar las instituciones. El plan aún no ha sido revelado del todo, pero se multiplican las críticas, y sus detractores denuncian un paquete neoliberal. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel admitió que el nuevo plan económico presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular podía acrecentar determinadas problemáticas, pero descartó crear un paquete neoliberal contra las poblaciones más pobres. Aún los detalles quedan por descubrirse, pero para el economista Arturo López Levy de la universidad de Denver, en Estados Unidos, ese plan es necesario y debe basarse en el impulso del empresariado y así como en el freno la inflación."Lo que el Gobierno cubano se ha propuesto es controlar la espiral inflacionaria y procurar un plan de reactivación económica a través de ajustes importantes. Yo creo que llamar a ese ese conjunto de medidas de subida de impuestos, de reducción de gastos, "un paquete neoliberal" es simple y llanamente una exageración, porque son medidas que desde el punto de vista económico son racionales", explica el economista. Impacto en la clases populares"La preguntas a plantearse son dos -prosigue López Levy- ¿Es necesario un ajuste? Sin lugar a dudas, una situación hiperinflacionaria como la que ya está viviendo Cuba no es razonable ni saludable para ninguna economía. La segunda pregunta habría que hacerse es: ¿Ese ajuste tiene que ser pagado por los sectores más populares? Yo creo que sin lugar a duda los sectores más populares van a tener que pagar un costo, porque la lógica económica indica que tiene que haber una reducción del gasto público y también de incentivos al creciente y aciente sector empresarial son imprescindible para la reactivación económica". Se habla de alzas tarifarias en los servicios básicos como la electricidad y el gas. ¿Serán las poblaciones más desfavorecidas las más impactadas?Nuestro entrevistado inisite: "Que las clases populares van a sufrir, no me queda ninguna duda. Va a haber cortes importantes y aumentos de precio en áreas como el consumo de electricidad, el transporte, la alimentación… Ese paso de lo que ellos llaman 'subsidios a productos' a 'subsidios a las personas' va a traer un coste importante a sectores de lo que en Cuba se podría llamar, o en el resto del mundo, una clase media baja e incluso clase trabajadora". Leer tambiénCuba: ¿Qué desafíos esperan a Miguel Díaz-Canel para su segundo mandato?Unas de las causas de la crisis son la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones de Washington. Sabiendo que el país tiene planificación centralizada y un predominio de la empresa estatal, ¿cuáles serían las medidas que aplicar de manera urgente?En la mayoría de los casos, están hablando de cuestiones que son mera racionalidad de economía básica."Cuba está viviendo en condiciones que pueden ser calificadas de hiperinflacionaria y eso es un problema real para la reforma, para el cálculo de los actores, para su visión estratégica, para la inversión... Para un mero plan de negocio, eso se convierte en un desaliento muy importante, así que creo que las medidas habría que preguntarse si van a ser suficiente, pero yo creo que la mayoría de los casos están hablando de cuestiones que son mera racionalidad de economía básica", conlcuye.

Nace la primera asociación nacional de víctimas de pederastia de la Iglesia en Bolivia. Bajo el nombre Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, pretende erigirse como un lugar seguro en el que las víctimas puedan compartir sus historias para poder avanzar con sus vidas y a la vez, poner fin a la impunidad. Ya hay 500 afectados que hablan por primera vez después de décadas de silencio.  La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, primera asociación nacional de víctimas de pederastia de la Iglesia en Bolivia va creciendo. Cada día se suman más víctimas a la lista de los que fueron abusados sexualmente en el país por los curas católicos. “La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de abuso sexual eclesial nace a partir de una necesidad de organizarnos. A principios de mayo el periódico ‘El País’ saca a la luz el diario de un pederasta. Se destapa toda una ola de abuso sexual de un cura en el colegio internado Juan 23. Los jesuitas hábilmente abren canales de escucha para captar a las víctimas. A muchos les han cooptado con trabajo. Todo este tiempo, estos 40 años, están acostumbrados a resolver las cosas bajo la mesa”, explica a RFI el presidente de esta asociación, Wilder Flores.El sacerdote español Alfonso Pedrajas confesó haber abusado de unos 85 menores entre los años 60 y los años 2000. El jesuita falleció y nunca tuvo que responder ante la institución ni la justicia. Mientras tanto, y tras el escándalo que fue revelado por el diario ‘El País’, Bolivia, inició una investigación.“El segundo perpetrador, Francesc Peris, tenía persecución penal en España y lo traen a Bolivia y lo ponen como director del internado, donde comete sus fechorías. Después, otro caso que tenemos muy grave el padre Luis Tó. Él tenía sentencia penal por violación de una niña de ocho años en España. Y lo traen aquí y lo llevan al Alto de La Paz. Lo ponen a cargo de la formación Catequesis de niños, de novicios, como responsable de moral sexual y ética”, explica Flores.40 años de abusos sexuales reconocidos y encubiertos por la Iglesia, que no se han denunciado hasta ahora.  “Cuando nos pasó todo esto éramos niños. 12, 13, 14, 15, hasta 16 años máximo. Entonces, ¿a quién vas a contar? ¿Quién te va a creer cuando piensas que has sido el único? Estábamos bajo su absoluta responsabilidad. Reemplazaban la figura paterna, la autoridad paterna. Ejercían todo el poder sobre nosotros. Entonces ¿cómo denunciar? ¿Quién nos iba a creer? Era realmente complicado”, recuerda a RFI Wilder Flores.

Miles de migrantes se congregaron en el extremo sur de México para hacer la ruta en caravana hacia Estados Unidos. La iniciativa responde a que las autoridades mexicanas impiden la libre circulación de los migrantes negándoles permiso de tránsito con el objetivo de limitar las llegadas a la frontera norte. La caravana de los migrantes va desde la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, y pretende llegar a la frontera norte de México, el paso para llegar al territorio estadounidense. Unas 10.000 personas, entre ellas latinoamericanos, africanos y asiáticos partieron el domingo pasado.“Nosotros con dignidad vamos a caminar hasta alcanzar nuestro objetivo. Son 24 nacionalidades, principalmente de Honduras, Cuba, de Haití, pero también hay gente de Nicaragua, de Guatemala, Salvador, República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, Venezuela, Brasil. Tenemos también a iraníes, paquistaníes, hindúes, gente de Siria, China, Bangladesh y de varios países de África”, explica a RFI Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana que viaja con el grupo de migrantes.Decidieron emprender el camino tras haber pasado varios meses varados en Tapachula en situación de extrema pobreza. Desde el domingo, la caravana va creciendo y los migrantes se van sumando en el camino. Ya serían 14.000.“Es gente muy necesitada, varada en Tapachula desde hace siete u ocho meses, que no es atendida por el Instituto Nacional de Migración, y esa es la razón por la cual hemos decidido caminar. Estamos en el tercer día de caminata y se ha incrementado el número caminando por la carretera costera de Chiapas. Yo creo que es el mayor movimiento de seres humanos de tal magnitud caminando juntos”, afirma García Villagrán.“Yo creo que es la primera vez en la historia del sureste de México que, en las carreteras, en vez de ver árboles y se ve mujeres y niños caminando. Creemos que al salir de Chiapas vamos a tener un contingente de 16.000 personas y de ser así va a ser mucha gente la que va a llegar a la Ciudad de México”, advierte el director del Centro de Dignificación Humana.Desde el mes de septiembre, el Instituto Nacional de Migraciones no estaría otorgando permiso para circular por México, dejando una situación humanitaria caótica como lo denuncian las ONG de Tapachula.“El Estado mexicano nos ha dejado a expensas del crimen desorganizado, es decir, de los cárteles, porque al negarse a dar documentación y a cumplir la ley y los reglamentos de migración, así como de asilo en México, los migrantes han decidido irse con los coyotes, con los traficantes de humanos y esto ha puesto en riesgo a muchas mujeres y niños, por lo cual la única forma segura es caminar diez y hasta 12 horas diarias, bajo un sol aquí en la costa de Chiapas apabullante”, explica.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el flujo de migrantes aumenta en estos últimos meses y en las últimas semanas, la policía fronteriza estadounidense dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que semanas previas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Tren Interoceánico, un transporte de pasajeros y mercancías que va del puerto de Coatzacoalcos, en el Atlántico, al de Salina Cruz, en el Pacífico. Con esta obra México abre una nueva ruta comercial para ir de un océano al otro, pero los expertos aseguran que el Interoceánico no representa una competencia para el Canal de Panamá, ya que los trenes y barcos tienen sus propios clientes. Al inaugurar el Tren Interoceánico, López Obrador dijo que los mexicanos recordarán el 22 de diciembre de 2023 como el día en el que las aguas del Pacífico y del Atlántico se enlazaron con la tierra, gracias a este tren que llevará pasajeros y mercancías por más de 300 kilómetros, la distancia que separa las costas mexicanas en esta estrecha parte del país.   No obstante, al atravesar montañas, ciénagas, y bosques de niebla, se calcula una extensión de vías férreas de 1 200 km, que pasarán por 11 poblaciones y donde se pretende crear polos industriales.  El Canal de Panamá era hasta entonces la vía más rápida para atravesar mercancías de un océano al otro, y dada la cercanía de México con Estados Unidos, este tren podría ser atractivo para las empresas.“La comunicación interoceánica conlleva dos tipos de transporte: trasladar el contenedor a la plataforma del tren, y de ahí llevarlo a la costa este de Estados Unidos y Canadá. Esto supone otra alternativa para la empresas, sobre todo las asiáticas”, asegura José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México.El mandatario mexicano reiteró que en ningún momento pretende competir con el Canal de Panamá, y aunque quisiera, el tránsito por tierra es muy diferente del marítimo.“El tren mexicano está planteado para cargas generales. Con lo cual, no se puede hablar de una competencia directa, sino de una oferta complementaria. Sin embargo, cualquier iniciativa que abra una nueva vía de transporte, compite con las existentes. La cantidad de viajes o frecuencia del tren y la oferta que le haga el mercado podría llegar a ser competitivo”, detalló a RFI Jesús Martínez Marín , Director de los Estudios universitarios de logística y negocios marítimos del TecnoCampus (Universidad Pompeu Fabra).El tiempo para llegar de un océano al otro será de siete horas, y por el momento sólo hay una salida por día en ambos sentidos. 

El fin de año no está siendo fácil en Argentina. Las medidas de ajuste del flamante Gobierno de Javier Milei, asumido el 10 de diciembre pasado, ya están impactando en la economía, especialmente en una fuerte escalada de precios, que tiene preocupada a la población. Milei dijo que su programa de ajuste es inevitable para estabilizar la economía, y advirtió que será duro y empeorará las condiciones de vastos sectores de la población. En un local de venta de cotillón de Buenos Aires, que en este momento está enfocado a las fiestas, con disfraces de Papá Noel, guirnaldas y pelotas para el árbol de Navidad, la gente está haciendo fila para pagar sus compras.“Nunca se sabe”“Tuve que bajar un montón las compras, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que ahora venga algo mejor”, afirma Cinthia, una empleada administrativa de 31 años, que hizo una pequeña compra.Franco, que trabaja en la tienda, dice que la inflación hace que los precios puedan cambiar repentinamente: “Hay muchas cosas que no tiene precio, por ende, hay mucha gente que viene a preguntar qué pasó con los precios, si aumentó, si va a seguir aumentando, y es algo que nosotros no sabemos exactamente. Entonces, sí, le tenemos que decir ‘mirá, estos son precios de hoy, ya el día de mañana esperemos que siga el mismo, pero nunca se sabe’”, subraya.La inflación ya era muy alta, pero se aceleró tras la devaluación de más del 50% del pasado 12 de diciembre, lo que generó aumentos de precios que en algunos casos estuvieron por encima del 100%.Un combo “muy explosivo”Eso, sumado a las fuertes medidas de ajuste que anunció el Gobierno de Javier Milei, tendrá profundas consecuencias, según Leandro Bona, economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.“Yo no estimaba que la devaluación fuera tan alta. Va a tener un impacto todavía más fuerte de lo esperado. Así que son meses donde vamos a rozar, tal vez la hiperinflación, que es un 50% mensual. Y con una muy fuerte caída de los ingresos reales, un aumento muy fuerte de los precios de vuelta y se le agrega el aumento del desempleo. Así que es un combo realmente muy, muy explosivo en términos sociales: esto va a disparar la pobreza y la indigencia de manera notable”, indica el economista.“La tradición no se puede perder”De regreso en el local de cotillón, Carlos, que llegó desde Venezuela a Argentina hace seis años, también está de compras y sorprendido por la inflación: “Desde estos últimos 15 días ha sido un aumento total y desmesurado y han aumentado mucho las cosas. Pero sí, he tenido que ajustarme”, cuenta. Pero en lo que tiene que ver con las fiestas, incluso en ese contexto de ajuste, Carlos cree “que la tradición independientemente de la situación no se puede perder”.Por ahora, vienen las fiestas, y el foco, como dice Carlos, estará en la celebración y las reuniones familiares. Pero el trasfondo del ajuste, la inflación y sus efectos, no desaparece. Y podría acrecentarse a medida que avancen las semanas.

Pocos días tras haber asumido su cargo como presidente de Argentina, Javier Milei se enfrenta a su primera protesta general por el ajuste económico con el que busca equilibrar las cuentas del país. Este 22 de diciembre, el Sindicato de los Trabajadores del Estado Nacional convocó a una Jornada Nacional de la Lucha. RFI entrevistó a Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “En principio es la primera respuesta a lo que nosotros decimos un ajuste brutal, regresivo, que se está descargando sobre las espaldas de los trabajadores, de las jubiladas y los jubilados, y los sectores populares”, empieza explicando Rodolfo Aguilar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).“El Gobierno ha decidido declarar la guerra”“En el caso particularmente de los estatales”, precisa a RFI, “el Gobierno ha decidido declarar la guerra, adelantando que va a combatir el empleo militante y, por supuesto, refiriendo a que va a llevar adelante despidos masivos de todas las áreas estatales, además de privatizar, traspasar a manos de sectores privados numerosas empresas públicas”.Leer tambiénFuerte debate en Argentina ante las medidas económicas de Milei“Frente a esto, nosotros hemos decidido llevar adelante la primera medida de fuerza nacional, una medida que intenta frenar políticas que hasta aquí han destruido el poder adquisitivo de los salarios y de todas las jubilaciones”, agrega Aguilar.“Tenemos una economía que va a caer”A la pregunta de sise manifiestan por el legado del pasado gobierno o por lo que está por venir, el sindicalista contesta que “nosotros veníamos sufriendo con el anterior gobierno la falta de respuestas a las principales demandas que teníamos los trabajadores. El anterior gobierno termina con un 45% de pobreza, la mitad de los trabajadores en la informalidad, el 60% de todos los asalariados formales pobres y el 80% de las jubiladas y los jubilados bajo la línea de la indigencia. Ahora el Gobierno de Milei pretende aplicar un programa de ajuste y se nos ha mentido porque la motosierra, el recorte, está lejos de pasar por la política y se está aplicando sobre la gente y sus derechos”.“Lo cierto es que nos están llevando al peor de los infiernos, porque en muy poco tiempo tenemos una economía que va a caer. Con el aumento de la inflación, esto va a ser imposible para las argentinas y los argentinos”, concluye Aguilar.

En menos de un mes, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, deberá asumir la presidencia. Desde su paso al balotaje, la Fiscalía guatemalteca ha hecho de todo para impedir que llegue al poder. Ante esta situación, la comunidad internacional reitera día tras día su apoyo para que asuma el cargo, pero sobre todo Estados Unidos, un país con quien Guatemala tiene una larga historia de dependencia y problemas compartidos. Todos contra la Fiscalía de Guatemala. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, y los aliados de este país de Centroamérica, han condenado los intentos del Ministerio Público para impedir que Bernardo Arévalo, el presidente electo, tome el poder el próximo 14 de enero. Incluso lo han llamado como un “intento de golpe de Estado”. En esta historia, Estados Unidos se ha mostrado muy interesado.Institucionalidad“La relación con Estados Unidos ha sido históricamente una relación de dependencia. Tratan de asegurarse de que en este caso particularmente, no se rompa la institucionalidad”, explica a RFI Daniel Matul, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Costa Rica.“Primero, porque no les conviene tener una inestabilidad que pueda luego contagiarse a El Salvador, Honduras, Nicaragua. Segundo, porque hay una serie de compromisos internacionales desde la salida de la famosa CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, por mantener una institucionalidad que aparente estar funcionando. Creo que además la lucha contra la corrupción se ha convertido en el principal tema, digamos, de la relación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala. Y se ha hablado mucho del papel de los tribunales, de su debilidad institucional y creo que esa parte también le interesa mucho a Estados Unidos”, detalla el especialista.InmigraciónStephanie Lissette Rodríguez, autora del reporte “Elecciones 2023 en Guatemala, una democracia en crisis” publicado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), puntualiza que la migración también es un tema de interés para Estados Unidos, puesto que los acuerdos bilaterales son fundamentales para atender la crisis humanitaria en esta región.“Creo que el tema de la inmigración juega un papel importante porque en Guatemala, es un tema muy importante que seguramente el próximo gobierno va a tener que abordar. Y creo que el acompañamiento no debe durar hasta el 14 de enero, sino que debe continuar. Han sido muy solidarios con nosotros en diferentes momentos, sobre todo desde los Acuerdos de Paz, hace casi 30 años. Entonces, ojalá sigan acompañando sobre todo a la ciudadanía en esta lucha por tener un país democrático”, enfatiza Rodríguez.Además de la cooperación internacional, Rodríguez recuerda que el respaldo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para garantizar la juramentación es un hecho sin precedentes.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa dio su primer gran paso para reformar la economía del país. Este martes el Congreso aprobó una ley que facilitará las inversiones extranjeras, el flujo de capitales y la creación empleos. Aunque para ello se crearán unas seductoras "zonas francas", donde las empresas pagarán menos impuestos, algunos especialistas consideran que lo primero que buscan los inversores es una sociedad estable y segura.  El pasado martes 19 de diciembre, Daniel Noboa se declaró “muy contento” después de que el Congreso aprobara la Ley de eficiencia Económica y generación de Empleo que, según dijo “va a beneficiar a los jóvenes y va a poder ayudar a traer inversión extranjera”. Con estrategias liberales, Noboa pretende sacar a Ecuador de una crisis marcada por el desempleo y la violencia. Pero por más que le apueste al capital extranjero, especialistas como Raúl Aldaz, economista e investigador en la Universidad San Francisco de Quito, consideran que los inversionistas buscan ante todo estabilidad. “La ley o las estimaciones oficiales que esperan recaudar casi 900 millones de dólares para el año 2024. El 2023 lo vamos a cerrar con un déficit de 5.000 millones”, destaca Aldaz. “Entonces en magnitud estamos muy lejos de resolver el problema de fondo, que necesita una reforma tributaria más profunda”.  El economista explica que esto no va a facilitar una inversión extranjera y que se esperan señales de un país mucho más estable en cuanto a política pública, incluyendo la tributaria. “La generación de empleo, la creación de nuevos trabajos es uno de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, es decir, es una economía que le cuesta generar nuevas plazas de trabajo”, dice. "3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal"En vísperas de la aprobación de la, diferentes gremios se organizaron para manifestar su rechazo al considerar que sus garantías laborales se encontraban en riesgo.  “De cada 10 ecuatorianos, únicamente tres tienen empleo, el resto está en la informalidad”, dice a RFI Juan Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores de Ecuador. “Y con esto lo que van a hacer es agravar la situación. Al implementar zonas francas, que es el mecanismo y el mensaje para generar empleo en los jóvenes, se aplicaría un contrato que puede ser renovado una y 100 veces. Estos nuevos mecanismos de ley van a agudizar aún más a quienes generamos la riqueza que somos de los trabajadores”, afirma. El gobierno de Noboa se encamina ahora a reformar las leyes energéticas.  

La intervención militar y policial de este 18 de diciembre en la cárcel de Tacumbú, en Paraguay, tenía como objetivo trasladar a un jefe narcotraficante que dominaba el penal y recuperar el control del recinto. ¿Tendrá un impacto real? “Con firmeza y determinación hemos realizado una operación histórica y sin precedentes con el fin de construir un país más seguro para nuestras familias”, declaró el presidente paraguayo Santiago Peña, sobre la sorpresiva “Operación Veneratio” que terminó con la captura y el traslado a otra prisión del narcotraficante paraguayo Javier Rotela. “Hoy el Gobierno de Paraguay dijo basta a un modelo penitenciario que convertía a las cárceles en verdaderas escuelas del delito y del crimen”, señaló Peña en su mensaje.Clan RotelaEl narcotraficante se había hecho con el control interno de la prisión de Tacumbú, desde donde manejaba a su vez el tráfico de drogas en los centros urbanos de Paraguay.El criminólogo y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP), Juan Alberto Martens, describe para RFI la figura de Rotela: “Javier Rotela es una persona con una trayectoria delictiva amplia. Criminológicamente, un delincuente de alto riesgo, que empezó muy abajo en la estructura criminal, siendo pequeño distribuidor de drogas, hasta convertirse en la cabeza de lo que se llama Clan Rotela o La Jungla, que es una estructura criminal a la que están adheridas unas 7.000 personas dentro del sistema penitenciario, y que está presente en prácticamente todas las penitenciarías de varones”, explica.“Y desde la cárcel Tacumbú, que es la Penitenciaría Nacional, coordina la venta al menudeo de estupefacientes al área metropolitana de la capital y otras ciudades, capitales departamentales”, añade.Rotela fue capturado en el sector conocido como La Jungla, inexpugnable bajo su dominio desde hace varios años, y trasladado de inmediato al penal militar Viñascué, en las afueras de la capital.“Eso era absolutamente innecesario”Pero para el profesor Martens el operativo gestionado por el Gobierno para anular la capacidad de Rotela no acabará con el actual sistema de corrupción penitenciario. Obedece más bien a un lavado de imagen a favor de Peña que acaba de cumplir sus 100 primeros días de mandato bajo un delicado índice de popularidad.“Lo que pasó se dio en un momento político de mucha impopularidad en los 100 días de Gobierno. El Gobierno necesitaba una foto de tapa al estilo Bukele, populista, violatorio de los derechos humanos, incluso presentando a personas semidesnudas en televisión, sacando fotos”, denuncia Martens.“O sea, eso era absolutamente innecesario desde la perspectiva del control territorial al interior de las cárceles, pero sí necesario para aumentar la legitimidad y para aumentar un poco la imagen caída por tomas de decisiones impopulares en los últimos meses”, prosigue.“Entonces, si no hay una reforma estructural del sistema penitenciario, si no hay un combate claro a la corrupción y si no hay una decisión de cumplir las leyes dentro del sistema penitenciario, esto va a pasar a una anécdota de aquí a poco”, concluye el criminólogo.Paraguay es el cuarto país en el mundo con más presos sin condena. El 65 % de las personas privadas de libertad están esperando un juicio. El hacinamiento en las cárceles hace que la tasa de población carcelaria supere las 16.000 personas.  

En entrevista con RFI, Marco Antonio Gandarillas, Director Ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), dice que las inversiones de empresas chinas en América Latina son 'rechazadas en muchos casos por la población local' y su principal problema es que 'afectan los derechos ambientales'. China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina aportando una financiación de más de 140 mil millones de dólares a nueve países de la región para mega proyectos, entre otros, el Tren Maya y el megapuerto de Chancay en Perú. Pero, ¿qué hay detrás de esta relación e interés comercial?"La relación entre América Latina y Chine se ha vuelto muy vibrante. En lo que va de 2023, alrededor de siete presidentes de los países más grandes de América Latina han tenido visitas a China o se han reunido con importantes jefes, empezando por Lula en Brasil. En todos los casos se han firmado una serie de acuerdos. Brasil firmó más de 30 acuerdos nuevos con China en áreas estratégicas para Brasil y también para China", dice Marco Antonio Gandarillas, Director Ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB),Varias investigaciones, entre otras, las del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA), señalan que estas inversiones son peligrosas para los derechos sociales y medioambientales de los países concernidos. Al menos en una decena de casos, los proyectos carecían de una licencia ambiental adecuada y afectaban a zonas protegidas."Son áreas problemáticas desde el punto de vista social y ambiental. Las empresas chinas seleccionan donde deciden invertir en la región y tienen en muchos casos el rechazo de la población local. Su principal problema es que afectan derechos ambientales", agrega Gandarillas.La falta de transparencia de muchas de estas negociaciones y ciertos oscuros acontecimientos han hecho que salten las alarmas sobre el interés de China en Latinoamérica y viceversa.El 31 de octubre de 2022 en la televisión Telemazonas de Ecuador, el periodista Fernando Villavicencio, denunció un claro caso de corrupción entre empresas chinas y el gobierno ecuatoriano en ese entonces: "Provenían desde China y ¿quién autorizó el ingreso de este acero? La empresa fiscalizadora de la familia del ministro", denunció el periodista en ese entonces. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, siendo candidato a la presidencia de Ecuador.La caja de Pandora, sin embargo, ya se había abierto. Varios periodistas ecuatorianos han publicado una investigación, "Los secretos de la deuda china", en la que denuncian el caso PetroChina, corrupción, negligencias, violación de tratados ambientales y derechos humanos, pero también censura informativa."[En los contratos con las empresas chinas] hay cláusulas de confidencialidad para que los países no divulguen la información completa e integral a su población sobre sobre las condiciones del financiamiento de China", apunta Marco Antonio GandarillasLa relación entre los países de América Latina y China navega entre dos aguas. La necesidad de esos países de crecer y seguir desarrollándose y la preocupación de no poder proteger uno de sus bienes más preciados, sus recursos.

El Gobierno de México presentó este 14 de diciembre un polémico informe que indica la localización de 16.681 personas, reportadas como desaparecidas, en el marco de un registro nacional que reúne un total de más de 110.000 casos. Una mayoría fueron asesinadas en un contexto de guerra de carteles ligada al narcotráfico. “Echamos a andar a partir del 1ro de mayo de 2023, la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16.681 personas”, anunció Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Es decir, un 15% de los más de 110.000 casos que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cifras que las ONG de las familias de las víctimas, y los politólogos, ponen en tela de juicio.“Maquillar los números”“De acuerdo con la información de los grupos de búsqueda, es decir, de los colectivos que están conformados por madres, esposas, hijas, parejas de las personas desaparecidas, no nos refieren que haya este nivel de localización de personas. De hecho, no tenemos como tal un registro que pudiéramos verificar nombre por nombre con nombres, direcciones, teléfonos, casos en concreto de cuántas personas están efectivamente localizadas. Hay esta presunción de que el Gobierno federal quiso reducir de manera artificial y maquillar los números. No tengo la certeza de que sean reales”, explica David Saucedo, consultor en programas de gobierno y analista en seguridad pública.“Pongo un ejemplo”, prosigue. “El presidente Manuel López Obrador refiere constantemente que hay una reducción en el número de homicidios. Es una cifra que él ha presentado como muestra del éxito del Gobierno en el combate a la inseguridad, pero en paralelo hay un incremento de las personas desaparecidas. Entonces, por un lado, tenemos una reducción del número de homicidios aparente, y por el otro, un incremento del número de personas desaparecidas. Es decir, las personas desaparecidas no están desaparecidas, muchas están muertas y no están localizando los cadáveres. Es decir, no hay una reducción de homicidios”, subraya el analista.“A costa de su propia vida”Estos homicidios son producidos en su gran mayoría por grupos de crimen organizado, en el marco del narcotráfico. Los colectivos y familiares siguen buscando. “La labor más importante que están haciendo los grupos de búsqueda, las organizaciones no gubernamentales, es la labor que no realizan las autoridades, de estar investigando a costa de su propia vida, las narcofosas, recuperando cadáveres, haciendo labores de antropología forense”, indica David Saucedo.“Obviamente no tienen ni el presupuesto ni la capacitación para hacerlo, pero lo están intentando. Es algo de mucho mérito porque incluso los grupos de crimen organizado ya han dirigido sus ataques en contra de los buscadores y buscadoras de personas”, concluye.Se espera que en los próximos meses, las ONG tengan acceso a las carpetas de investigación, aún confidenciales.

Chile realizará el domingo 17 de diciembre un plebiscito constitucional en el que los ciudadanos deberán elegir si respaldan o desechan la propuesta de texto que entregó el Consejo Constitucional al presidente Gabriel Boric. Pero muchos han perdido el entusiasmo en este largo proceso. El país ha batido su propio récord asistiendo como nunca a las urnas durante los cuatro últimos años. Entre elecciones de autoridades, plebiscitos y consultas ciudadanas que han ido en un vaivén de ideas políticas desde la revuelta social de 2019.“La gente ya está aburrida”Hoy en las calles de Santiago se respira un ambiente distinto al de los últimos comicios. Hablamos con Catalina, madre y joven trabajadora, quien no ve muy bien el sentido de la votación del próximo domingo 17 de diciembre.“Yo creo que este año no hay mucho interés por leer la propuesta ni por nada del asunto en general. La gente ya está aburrida, está cansada de este proceso tan tortuoso que ha sido, por así decirlo. Así que voy a votar porque tengo que ir a votar, pero no muy feliz”, dice Catalina.Y es que el desgaste político y social que ha significado este camino y lo que algunos ven como un cierre del proceso que comenzó el 18 de octubre 2019, se ha traducido en un desinterés general.“Nada me gusta de esta propuesta”Las principales demandas por las que la ciudadanía salió a las calles para protestar contra la desigualdad y exigir mejores pensiones, sistema de salud y una serie de derechos sociales, parecen cada vez más lejos de concretarse.Cecilia, por ejemplo, es una mujer jubilada que salió a la calle para conseguir mejores pensiones y aún siente que no ha ganado nada: “Yo voy a votar en contra. Nada me gusta de esta propuesta. No favorece para nada a la mujer. Y segundo, yo lo único que quiero, yo soy pensionada, es que pueda salir la ley de pensiones. Eso es lo más necesito”, afirma.El cambio de rumbo ha sido innegable: de una propuesta catalogada como progresista y feminista a otra en la que se impuso una mirada conservadora en un proceso liderado por la derecha. Todo en menos de un año.“Hay que votar no más”Pero además, y como en las ocasiones anteriores, la participación en este plebiscito es obligatoria. De lo contrario, quienes se abstengan arriesgan el pago de multas que podrían alcanzar los 200 euros.Esa es la única razón que tiene Edison para ir a votar este domingo: “Hay que votar no más. Por sí o por no hay que votar. Ahí vamos a ver”. Admite que perdió el entusiasmo, “porque las otras veces que ha pasado lo mismo no hemos ganado nada. Nadie ha ganado nada. El pueblo al menos. Pura pérdida de plata esa asamblea que hacen. En cambio, esos recursos podrían ocuparlo en otro lado”, explica Edison.

El nuevo gobierno ha presentado un paquete de urgencia para evitar la hiperinflación de Argentina, justo cuando el país registra 160,9% de inflación.  El Ministro de economía de Argentina, Luís Caputo, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida y anunciar el paquete de medidas de urgencia para paliar la crisis que atraviesa Argentina. “Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia, un país donde los argentinos somos cada vez más pobres”, afirmaba Caputo.  Un paquete que medidas que suponen el mayor recorte económico que se recuerda en el país: devaluación de la moneda un 50%, suspensión de obras públicas, reducción de subsidios de energía y transporte, reducción de funcionarios... El presidente Javier Milei fue claro con sus ciudadanos: “No hay plata”, y no dude en advertirles que vendrán tiempos difíciles. Lo hace justo cuando el país se encuentra con un 160,9% de inflación.  “Pienso que el comercio, que es donde yo trabajo, va a recibir el golpe más fuerte. Si ya estuvimos tanto tiempo en crisis, que estemos un tiempito más para poder salir adelante, me parece que aguantamos el golpe”, cuenta Tatiana Victor, una vendedora de Buenos Aires, entre risas.  Un paso atrás para coger impulso Una terapia de choque, según Milei, es un paso atrás para coger impulso con un impacto que afectará, especialmente a la clase trabajadora. Ariel Slipak, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, para RFI: “El gobierno entrante fue muy hábil en tejer un discurso, en donde se le atribuyen los costos de estas medidas a los 100 años de decadencia Argentina. Estas medidas va a generar un importante incremento en el costo de vida para la población Argentina, en general. Tanto al menor ingreso, como la de ingreso medio”. A pesar de la polémica que generan estos ajustes, el Fondo Monetario Internacional ya ha respaldado estas primeras medidas. Un beneplácito que no convence a los expertos por el historial previo que hay entre Argentina y el FMI.Leer tambiénMilei promete un "shock" económico al asumir la presidencia de ArgentinaArgentina está atada a un programa con el FMI por la deuda de 45.000 millones de dólares que contrajo en 2018. Antes de abril de 2024, el país está obligado a cancelar 10.000 millones de dólares con organismos internacionales y acreedores privados. “Es bastante lógico que el Fondo Monetario Internacional reaccione de esta manera, porque en general, sonplanes de ajuste y megadevaluaciones, incluso en renegociaciones de deudas, que en el caso argentino, no se llevará a cabo”, explica Slipek.  No todos son recortes. El nuevo gobierno también ha anunciado que aumentará el monto de ayuda social porque, la crisis irá peor en los próximos meses y la clase obrera será la que más se verá afectada con el aumento – aún más- de precios de los productos básicos y la devaluación de la moneda.  Un inicio de legislatura dura pero, tal y como afirmaba este miércoles el ministro de Economía, el gobierno prefiere “decir una verdad incómoda que una mentira confortable” a los argentinos.  

Se estima que, al mes, 16.000 personas realizan este vía crucis migratorio ."Las personas migrantes suelen ser un fin, no solo para las autoridades sino también para el crimen organizado", afirma Melisa Vértiz, secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria Familias enteras con niños llegan por tierra o por las aguas de río Suchiate entre México y Guatemala. Todos huyen de lo mismo. De la violencia de las pandillas, la persecución política o la crisis económica, y todos buscan lo mismo: alcanzar el sueño americano."Quiero un futuro para mis hijos, para mi familia. En Venezuela no hay. Por eso decidí tomar rumbo a EE. UU. a pie", Julio Andrade, venezolano y migrante.    Según el Centro de Dignificación Humana, un millón de migrantes procedentes de distintas partes de América del Sur han llegado este año a México. Un pico de migración histórico que ha colapsado, aún más, el sistema migratorio mexicano. Melissa Vértiz Hernández, Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. "No hay un perfil concreto. Suelen ser personas que buscan oportunidades de trabajo. Buscan también posibilidades de atención médica o inclusive buscan asilo en México". Se estima que, al mes, realizan este vía cruzis migratorio unas 16.000 personas, pero no todos consiguen llegar a su destino. Este año, 90 personas han fallecido en el intento de llegar a pie a EE. UU.  Aunque 2022, fue aún peor. Cerca de 900 personas murieron, según las ONG’s. Las organizaciones piden a los gobiernos mayores infraestructuras para acoger a los miles de migrantes que llegan diariamente a Tapachula. Un territorio conocido también como la cárcel méxicana a cielo abierto, donde los migrantes quedan atrapados entre las mafias y la corrupción administrativa. Situaciones límite que llevan a muchos, a pagar hasta 90.000 pesos, unos 5.000€ a las mafias para poder llegar a EE. UU. "Las personas migrantes suelen ser un fin, no solo para las autoridades sino también para el crimen organizado", afirma Melisa. Leer tambiénMiles de migrantes atrapados al sur de la frontera de MéxicoLas caravanas migratorias se han convertido en todo un símbolo en Latinoamerica, a las que cada vez se unen más migrantes que recorren a pie miles de kilómetros. No hay edad ni un perfil concreto, advierten las organizaciones. “Cada vez se ven más familias enteras cruzando a pie la región para buscar una vida mejor. Huyen de las pandillas, de la persecución política, de la falta de trabajo...”. México ha endurecido sus políticas migratorias, y muchos señalan a EE. UU., como responsable de este endurecimiento."Hemos identificado que cuando hay algún tipo de negociaciones con el gobierno de EE.UU. se empiezan a endurecen las medidas, como por ejemplo, la creación de la Guardia", señala Melissa. En 2023, México registró un 60% más de migración Este año, México ha visto incrementada la migración irregular un 60%. Las organizaciones insisten y presionan al gobierno mexicano para que trabaje en medidas efectivas, ya que “los migrantes no dejaran de llegar” afirman.Las ONG’s advierten de la necesidad de invertir en una mayor infraestuctura pra recibir a migrantes que no van a dejar de llegar, porque ellos lo tienen claro: alcanzar el sueño americano a cualquier precio.  Leer tambiénDesarticulan caravana de migrantes en Tapachula

En Guatemala empezó el juicio por el asesinato del francés Benoît Maria, quien trabajaba en una ONG en el país. En agosto de 2020, murió tiroteado en una emboscada, y aún no se saben los motivos del crimen. Benoît Maria había trabajado durante 20 años en apoyo a las comunidades indígenas mayas en el desarrollo agrícola, cuando fue asesinado fue el 10 de agosto de 2020, a la edad de 52 años, mientras conducía su camioneta en un camino hacia el pueblo indígena de San Antonio Ilotenango, en el departamento de Quiché.“Una sentencia condenatoria”Tres años después se abre el juicio por esta causa en el que sólo una persona, Diego Tay Vicente, ocupa el banquillo de los acusados, enfrentándose a la familia de Benoît Maria que defiende el abogado Edgar Pérez Archila.“Hay un sentimiento todavía de incertidumbre. Obviamente no están acostumbrados al desarrollo de estos juicios. El tema de la aceptación de cargos generó dudas. Sin embargo, el debate apenas está iniciando en estos momentos. Vamos a discutir con la familia para explicarles, pero sí hay esta situación de evaluación de cómo está la traducción, porque no hablan español”, explica el abogado.Según él, estarían “satisfechos con que el Tribunal logre entender la hipótesis acusatoria en el sentido de que hay una responsabilidad del señor Diego Tay Vicente en la ejecución de los hechos en contra de la vida de Benito Maria. Una sentencia condenatoria, con eso estaríamos satisfechos. Es decir, que el tribunal dé como acreditado que efectivamente los hechos fueron cometidos por la familia Tay Vicente y en este caso por el señor Diego Tay Vicente”.“Cuál es el móvil?”Benoît Maria es recordado a día de hoy por sus compañeros como un activista de vocación que desde joven tuvo el deseo de involucrarse en una ONG rural internacional. Desde su asesinato, su entorno aún se sigue preguntando cuáles fueron los motivos del crimen.“Todos tenemos exactamente la misma interrogante. ¿Cuál es realmente el móvil, el motivo? Porque el que se maneja ahora a través de la hipótesis del Ministerio Público es que al señor Benito María lo mataron por no haber pagado un peaje. Sin embargo, todavía se tiene la duda si realmente fue por eso. Pero ésa es la acusación y la investigación que se ha realizado es que los rumores que habían en la comunidad era que efectivamente no pagó un peaje y que era un roba niños y por eso tomaron la decisión de quitarle la vida”, subraya Edgar Pérez Archila.La justicia francesa también es competente para investigar en este caso. Paralelamente a las investigaciones en Guatemala, se llevó a cabo una investigación preliminar en Francia al mismo tiempo que en febrero de 2021 se nombró a un juez de instrucción en el Tribunal de Casación de París.

En Honduras, niñas, niños y adolescentes son víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, así lo alerta la Agencia de la ONU para los Refugiados  (ACNUR), que junto con la Coalición contra la vinculación jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), trabajaron en el primer informe sobre esta situación. El estudio se llama “La Tarea Pendiente” e incluye recomendaciones jurídicas para luchar contra este grave problema.  Por Laura Valentina Torres  “La Tarea Pendiente” es el primer informe de recomendaciones jurídicas, que recolecta cifras, recomendaciones y prácticas para mitigar un problema poco conocido y poco visible, y sin embargo muy grave: el reclutamiento forzado por bandas criminales de niños y adolescentes.Honduras tiene una alta tasa de homicidios, doble a la de Guatemala y cinco veces más que la de El salvador. Los principales grupos delictivos son las pandillas y "maras", quienes además de llevar el mando de la violencia en el país, reclutan forzadamente a niños, niñas y adolescentes vinculándolos a sus clanes.Los menores en condiciones de pobreza, exclusión social y difícil acceso a la educación, son el "caldo de cultivo" para este reclutamiento, según Rodrigo de la Barra, oficial de protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados, l’ACNUR, en Honduras al micrófono de RFI: "Estos grupos se presentan como "buenos amigos" que van a ayudar a los niños, niñas y adolescentes a superar la precaria situación y poco a poco los van involucrando en tareas cada vez más significativas y por supuesto, más conectadas todavía con el crimen, hasta el momento en que comienzan a hacer parte efectiva del grupo."En el caso, por ejemplo, de los niños, hemos observado en nuestro trabajo en las comunidades, que muchas veces son empleados como informantes, lo que se conoce coloquialmente como “banderas”, incluso son colocados a hacer cobros de extorsión y llegan hasta a obligarlos a hacer narcomenudeo.“En el caso de las niñas, observamos que muchas veces son forzadas a ser pareja de los integrantes de los grupos, produciéndose incluso en algunos casos matrimonios forzados.Es importante entender que los niños, niñas, y  adolescentes que han sido reclutados, lo han sido de una manera forzada, y a muy temprana edad.” concluye Rodrigo de la Barra.Escuche aquí el programa de radio:Víctimas y no actoresLos que caen en la red, se ven obligados a realizar actividades criminales. Los que no, pero estuvieron en riesgo, optan por partir.El 10 %  de las quejas presentadas a la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)  por desplazamiento interno en Honduras, fueron a causa del reclutamiento infantil, y  de los  247 090 desplazamientos entre 2004 y 2018, 1853 hogares aseguraron también, que el reclutamiento forzado de menores, fue la razón de su partida.Y aunque el gobierno trabaja ya en conjunto con el ministerio público y con las instituciones locales, la articulación de los sistemas de protección de niñez, trata y desplazamiento interno, son todavía en Honduras, "una tarea pendiente".

Con la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que suspendió indefinidamente las corridas de toros en la capital mexicana, se reabre la puerta a su regreso. La batalla no ha llegado a su fin aunque los animalistas admiten que es un "paso atrás".  Desde hace un año y medio, las corridas de toros en Ciudad de México dejaron de celebrarse tras la decisión de un juez federal de prohibir los espectáculos taurinos en la Monumental de Ciudad de México, la plaza más importante del país, por las denuncias de distintas organizaciones animalistas. Un ataque contra el medioambiente y la degradación del toro, según organizaciones animalistas, que parece que puede volver a las plazas de la capital mexicana tras el levantamiento del veto por parte del Alto Tribunal de México. Aunque no es una decisión en firme, los taurinos ya celebran este último paso. Por el lado de los animalistas, según Jerónimo Sánchez, Director General de ANIMAL HEROES, es "un paso atrás para coger impulso".  No es la primera vez Una polémica tradición que no es la primera vez que se prohíbe en México, pero para explicarlo hay que remontarse a varios (o muchos) años atrás.No es un misterio que la "fiesta brava" fue importada por los españoles. La primera corrida registrada en México se celebró en 1526, en la Plaza del Marqués con el virreinado. Aunque, ya en 1867 se prohibieron, por primera vez, por motivos administrativos hasta 1920.Para los defensores de los animales, ahora es momento de avanzar;"Es insostenible, es insoportable, es inmoral, es ilegal que todavía se siga permitiendo la gallística, la tauromaquia, las carreras de cabos. O sea, ya no puede ser tolerable ya esto ya tiene que acabar la violencia ejercida a cualquier ser humano o cualquier ser vivo tiene que parar", afirma Gabriela Ramirez, activista antitaurina.  Tras años de celebración, en 2013, el estado de Sonora volvió a prohibir las corridas de toros, y a este estado le siguieron otros, como: Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo o el último, Guadalajara. Una prohibición que se expande y que continúa creando polémica.La tauromaquia: 80.000 puestos de trabajoLos taurinos insisten en que el toro genera, solo en México, 80.000 puestos de trabajo directos y 140.000 indirectos. Para ellos, prohibir las corridas supondría ir en contra de la libertad de expresión y de asociación. Así lo expresaba el joven torero mexicano, Isaac Fonseca, en una manifestación a favor de la tauromaquia: "¡Exijo libertad, exijo que se respeten mis derechos! Sobre todo, porque es mi fuente de empleo, y de tantos otros que estamos aquí". En cambio, Jerónimo Sánchez, Director General de ANIMAL HEROES, afirma que, "jamás se han aportado pruebas, cuando se han pedido, sobre los datos de la cantidad de puestos de trabajo que genera la tauromaquia". Además añade que, en México las plazas de toros cada vez, se utilizan más a menudo para conciertos que para las propias corridas. "Si fuera solo por las corridas, que ya le digo que no se llenan las plazas. La gente del toro no podría subsistir". Leer tambiénEl debate de las corridas de toros, ¿arte o tortura? La batalla sobre la vuelta de los toros a México no ha llegado a su fin. Aún queda esperar a la sentencia que puede ser recurrida en segunda instancia. También, los mexicanos esperan el famoso referéndum, que prometió el presidente López Obrador hace ya un par de años, y que sigue sin llegar. 

La UNESCO ha declarado el ceviche peruano Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero sus orígenes llevan cientos de años generando debate.  La UNESCO acaba de declarar el ceviche peruano como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De nuevo, la gastronomia demuestra que no es solo una cuestión de comer, también es identidad, cultura y territorio.  Existen tantas cocinas en el mundo como pueblos, pero si rebuscas entre ellas, al final, solo hay una cocina. Entonces, ¿de dónde viene el ceviche? ¿Es realmente peruano? ¿Español? ¿Árabe? O ¿japonés? Durante cientos de años, el origen incierto del ceviche ha despertado dudas y ha levantado polémicas por sus distintas maneras de prepararlo. Incluso, la manera en cómo se escribe: seviche, ceviche, cebiche... Sin saber, en muchas ocasiones, que todas están aceptadas por la Real Academia Española. El prestigioso chef peruano, José Antonio del Castillo, cuenta para RFI la importancia de este platillo para los peruanos: "La receta más veraz y la que los cocineros respetamos y consideramos importante, es una que viene de los primeros habitantes del norte del Perú, que son los moches. Los pescadores moches, que son inicialmente los que comían el pescado con sal y ají. No tenían cítrico, era pescado salado curado y con ají. Hay muchas otras versiones, pero digamos que esta es la que más se ajusta al ceviche, que ya es una filosofia en Perú".  ¿Árabe? o ¿español?La primera hipotesis lanzada por el ensayista peruano Federico More, en 1952, afirmaba que la palabra ceviche proviene del vocablo “cebo”, que era una manera despectiva con la que se referían en el siglo 16 a un plato de escaso valor, crudo y pequeño.  Años después, apareció otra teoria que cada vez cobra más fuerza. El ceviche también proviene del vocablo árabe iskebech (escabeche en español), que a su vez es un préstamo de la palabra persa que significa vinagre.  Hasta día de hoy, nadie ha conseguido resolver el misterio de los orígenes del ceviche. Algunos historiadores españoles creen que la receta peruana fue influida por los colonos españoles. Según ellos, cuando los españoles llegaron al Perú, fusionaron sus productos con los locales, y las “esclavas blancas”, moriscas esclavidazas, fueron las encargadas de guisar esos productos, adaptando su estilo a la cocina del Perú.   "El ceviche nos enseñó a los peruanos a valorar la biodiversidad que tiene nuestro país y aprender a valorar todo aquello que interviene el agricultor, el productor de limones en el norte, el trabajo del pescador artesanal...", afirma José Antonio del Castillo. Leer tambiénEl cebiche, el barco insignia de la cocina peruana que conquistó el mundoUn plantillo de cineEl ceviche no entiende de clases sociales ni fronteras, y ha conseguido conquistar hasta al expresidente Alberto Fujimori, quién celebró su 71 cumpleaños en la cárcel con un buen ceviche. También, Robert de Niro, que quedó tan fascinado por la comida peruana y este platillo, que decidió emprender un restaurante peruano en Hollywood.  Es tal el prestigio que se ha convertido en uno de los principales platos de grandes restaurantes pero desde hace años el ceviche está en peligro, como consecuencia de la sobrepesca y su éxito. Es por eso que distintas asociaciones y presitigiosos chefs de Perú, como Javier Vargas, piden a las autoridades regular la pesca para evitar que el ceviche acabe siendo un platillo en peligro de extinción. "El ceviche nos hace amar más lo nuestro, respetar más. Y por ende, hacer que la gente lo valore más", sentencia el chef del Castillo. El ceviche ha demostrado una vez más que más importante que la propiedad de un plato, es su historia. Es por eso que, a partir de hoy se convierte en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Tres misiones de investigación y 83 entrevistas de Amnistía Internacional han determinado que El Salvador vive una de sus peores crisis democráticas desde la guerra civil entre 1980 y 1992.  Violaciones masivas de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho, deterioro grave del acceso a la información pública...  Este martes, Amnistía Internacional ha hecho publico un informe demoledor, en el que denuncia el preocupante deteriodo de los derechos humanos en El Salvador. Desde el pasado marzo de 2022, el país vive en un estado de excepción con el objetivo, según el presidente, de acabar con las pandillas. ¿Estamos ante el fin de las pandillas, pero también ante el fin de los derechos humanos en El Salvador?  Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, nos cuenta para RFIla situación que se vive en El Salvador. "La seguridad no puede conseguirse a costa de violar derechos humanos. Cuando se violan derechos humanos, también hay inseguridad para las personas. Cuando tú sustituyes la violencia de pandillas, por la violencia que comete el estado, en definitiva, estás continuando una situación de inseguridad. Estas detenciones masivas se producen muchas veces sin que haya ninguna justificación ni evidencia de una investigación previa, ni nada", explica. Según el último informe de Amnistía Internacional, desde que empezó la "guerra contra las pandillas" hace 20 meses, en total se han detenido a 74.000 presuntos pandilleros. La mayoría sin proceso judicial y sin pruebas. Además, el informe refleja que, actualmente hay más de 300 personas desaparecidas y casi 200 personas fallecidas bajo custodia policial. "Es difícil saber exactamente cuántas personas son pandilleros y cuántos no. Precisamente, no hay información transparente y esa es una de las críticas que también estamos haciendo. Hay familias que ni siquiera saben a dónde se llevaron a sus familiares, dónde están, en qué condiciones están... Pudimos hablar con muchas personas que, efectivamente, no tenían vinculación con pandillas. Quizás tenían vinculación porque vivían en una zona similar, o por familiares. Incluso algunos habían sido denunciados anónimamente, sin saber el motivo", denuncia Piquer. Cuando hablamos de El Salvador y Nayib Bukele es inevitable hablar de las pandillas, aunque, según Ana Piquer, las violaciones de Derechos Humanos en el país van mucho más allá. "Algunos de los elementos que identificamos tienen relación con la libertad de expresión y el derecho a la asociación. También, hay vulneraciones de derechos de las mujeres, como la prohibición del aborto en El Salvador", estima. Según Amnistía Internacional, en estos momentos hay dos mujeres encarceladas por llevar a cabo abortos, y otras seis salvadoreñas se encuentran en pleno proceso judicial, por lo mismo.Leer tambiénNayib Bukele: el fin de las pandillas (y los derechos humanos)Tres misiones de investigación y 83 entrevistas de la organización internacional han determinado que detrás del velo de popularidad del sistema bukele, El Salvador vive una de sus peores crisis democráticas desde el fin de la guerra civil entre 1980 y 1992. Mientras tanto, el congreso de El Salvador ha aprobado la licencia para que Nayib Bukele pueda presentarse de nuevo, a una reelección como presidente. Algo que hasta el momento no estaba permitido, según la Constitución del país. 

El domingo, dos masacres dejaron a siete fallecidos en Colombia. Mientras las investigaciones avanzan, el número de muertes asciende y la cifra de masacres se mantiene en Colombia al pasar de los años: fueron 90 en 2023, casi igual que el año pasado. Así lo alertó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en su último reporte del 3 de diciembre. A pocos días de terminar el año, este domingo, dos masacres más se sumaron al escalofriante número de masacres en Colombia: 90 tan sólo en 2023, una cifra que no desciende en los últimos años.“A esta misma fecha, es decir, al 4 de diciembre, el año pasado iban 92 masacres. Entonces, el informe que hemos presentado es un informe de una alerta, especialmente al Gobierno, porque, aunque en los últimos años el número de masacres se ha mantenido: 91 en 2020, 95 en 2021, 94 en 2022, y al día de hoy ya van 90. Es una cifra muy alta para estar en una política de paz total, especialmente con diálogos entre los grupos armados”, explica Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en Bogotá.Pequeñas bandasEn el contexto actual, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha podido reducir este fenómeno de violencia en el país. Era, sin embargo, una de sus promesas de gobierno después de la administración anterior de Iván Duque quien entabló el proceso de paz de 2016. Los cuatro años de la etapa Duque arrancaron en 2018 con 17 masacres, y en 2022, al entregar el mandato a Petro, eran 94.“El Gobierno de Petro se ha centrado especialmente en los diálogos con grupos armados de alto impacto: las Autodefensas Gaitanistas, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN. Pero se ha descuidado especialmente con las pequeñas bandas de las ciudades. Y la gran mayoría de las masacres que se están cometiendo se están presentando en zonas que son pobladas, pero también por microtráfico y por la disputa entre estas pequeñas bandas”, estima González.En este momento, Colombia es el país que mayor índice de criminalidad de Latinoamérica presenta, seguido de México. Ambos ocupan este año la segunda y cuarta posición, respectivamente, dentro del ranking mundial de países más violentos, según datos recolectados por el portal de estadísticas internacional Statista en octubre de 2023.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este jueves una licencia del Congreso para lanzarse a la campaña a la reelección en los comicios de febrero y será reemplazado por la secretaria de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, cercana al mandatario.Las elecciones generales en El Salvador se celebrán el próximo 4 de febrero.  La licencia al popular dirigente fue aprobada con los votos de 67 diputados del bloque oficialista, que controlan el Congreso, mientras 12 diputados votaron en contra. Hay que remontarse a los años treinta del siglo pasado para encontrar una maniobra similar. Los asesores del dictador Maximiliano Hernández Martínez le propusieron que pidiera una licencia y asi optara a seguir en el poder. Emulando al general, Nayib Bukele acaba de hacer la misma jugada. En este 2023 la Constitución continúa prohibiendo la reelección presidencial inmediata, pero con una diferencia, en septiembre de 2021, La Corte Suprema de Justicia habilitó a Bukele a buscar la reelección. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explica en la antena de RFI: "Desde 1983 que se emitió esa Constitución, no nos habíamos enfrentado a esta situación porque todos estábamos en el entendido que el presidente no se puede reelegir, ¿verdad? Obviamente se está dando licencia para que continúe violando la Constitución. La Constitución establece que no puede ser candidato a la presidencia una persona que ha ocupado más de seis meses consecutivos la Presidencia de la República. El presidente Bukele ha utilizado a sus abogados, que ha colocado como magistrados en la Sala de lo Constitucional para pervertir el sentido de la Constitución y posibilitar la reelección", señala. Le reemplaza, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario, trabaja con él desde hace una década, cuando era alcalde. "Dijo no va a participar en la toma de decisiones, ya en la gestión pública...supuestamente ya no, pero sabemos que eso no es así. Su círculo cercano son los que van a estar tomando las decisiones. Osea, la persona que han colocado es su secretaria privada de la presidencia, o sea, una persona de confianza" dice Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana,A pesar de todo, Nayib Bukele goza de una popularidad casi inalcanzable para los opositores en los próximos comicios. "Está por verse si eso se traduce en una votación arrolladora, como ellos lo quieren hacer ver, puede haber un margen mayor para que la oposición obtenga una cuota de poder, pero ya el gobierno y el partido oficial hicieron su movimiento. Hicieron un par de reformas electorales que ponen cuesta arriba las posibilidades de la oposición" sentencia Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana,Las elecciones generales en El Salvador se celebrán el próximo 4 de febrero. La popularidad de Bukele creció desde marzo de 2022 cuando declaró una guerra contra las temidas pandillas que mantenían control territorial y se financiaban con extorsiones, tras lo cual el país recuperó la tranquilidad. Amparadas en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y que es criticado por organismos de derechos humanos, las autoridades han encarcelado a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.

La académica cubana, Alina Bárbara López Hernández, apelará la decisión de un tribunal que la declaró culpable de "desobediencia". La doctora en Ciencias filosóficas y prestigiosa intelectual de la isla se manifestó por los derechos humanos de forma recurrente en solitario en Matanzas desde marzo, cada día 18, coincidiendo con el centenario de la protesta en 1923 de 13 intelectuales contra el entonces Gobierno de Alfredo Zayas. La acusan de desobediencia por no haber acudido a un interrogatorio. Entrevista. RFI: Usted dijo que iban a apelar a la instancia provincial. ¿Cuándo?Alina Bárbara López Hernández: Tenemos hasta el martes para presentarlo. En este caso, la apelación sería una vista, que no es una vista pública porque es solamente la letrada presentando los argumentos donde ella demuestre las violaciones que han existido ya al debido proceso, y una serie de violaciones a las garantías constitucionales en la instancia provincial, pero sería sin una vista pública. De todas maneras, me dice que si yo lo considero necesario se pudiera pedir una vista pública, pero no lo considero necesario porque, en definitiva, la importancia que esto tiene es que atienden los argumentos, deciden para yo tomar también mi determinación. Y lo que queda es esperar, me dijo que después me precisaría la demora, pero no debe ser mucho.RFI:  Usted se manifiesta desde hace un tiempo, pero no pertenece a ninguna organización. Todo el mundo la conoce porque es una prestigiosa académica. Explíquenos por qué decide salir a manifestarse en solitario de forma recurrente.Alina Bárbara López Hernández: Ante todo quisiera aclarar algo, porque muchas personas pueden pensar que a mí me están condenando, llevando a juicio, haciéndome pasar por un proceso legal, porque yo me manifiesto y no es así. El aparato de seguridad del Estado se cuida mucho de no acusar a nadie abiertamente de manifestación, porque es un derecho constitucionalmente establecido. Tampoco condenan por cuestiones relativas a las opiniones expresadas, porque también hay un derecho que tiene que ver con eso, que es en el artículo 56, “libertad de expresión”. El aparato siempre busca subterfugios o pretextos para condenar a las personas por delitos comunes, pero en realidad son delitos políticos. Entonces a mí en este caso la condena es por desobediencia, no es por manifestarme, ni es por decir o por criticar o por escribir artículos críticos contra el gobierno. ¿Cómo es esto? A mí me traen una citación para que yo vaya a la policía porque debo ser entrevistada. Yo me asesoro legalmente, no hay motivos para que yo asista porque nadie me pudo decir si hay una investigación abierta, si yo estoy respondiendo un proceso, si se presume que estoy vinculada con alguna comisión de delitos, si estoy como testigo en algún proceso, como imputada, si al menos hay sospechas sobre mí, nadie sabe nada y yo no voy a una cita a ciegas. Esa es la manera en que durante muchos años el aparato de seguridad del Estado en Cuba lleva amenazando a las personas en esas citas y entrevistas. Entonces te amenazan con diferentes formas: en el trabajo, presionar a tu familia, si tienes un viaje al extranjero, a un evento, en fin, también te puedes limitar para que tú no hagas críticas, para que no hagas una manifestación si la pensabas hacer. A veces incluso para que no des un me gusta en un medio, en una red social o no hagas un comentario así.Entonces cuando yo determino no asistir porque no hay ninguna fuerza legal que me obligue a mí a obedecer una orden que no tiene un motivo ni tiene un fundamento, es cuando a mí me detienen, me acusan del cargo, me instruyen de cargo por desobediencia y me condenan en ese juicio. Entonces, lo interesante es que todavía hoy, cinco meses y medio después del momento en que yo fui instruida de cargos, en el juicio, la abogada preguntó a la teniente que supuestamente era la persona que fue la que me trajo la citación y que la que me debía entrevistar, y la teniente reconoció que ella nunca ha sabido por qué tenía que entrevistarme a mí, que ella no tiene un motivo, que le dijeron que yo tenía que ir y que ella vino a citarme. Entonces usted comprenderá que yo no puedo admitir ser condenada por desobedecer una orden, porque yo no soy militar, yo tengo que obedecer la ley. Y la ley obliga a que, cuando a ti te citan con fuerza legal, tiene que existir un motivo. No puede ser que tú vayas porque ellos quieran y es lo que ocurre. Entonces, esa es todo el quid de la cuestión. En el fondo sabemos que la motivación es política.Ahora sí le voy a responder su pregunta original. Yo llevo muchos años escribiendo, analizando, sobre economía, política, análisis politológico, la sociedad cubana, los temas de políticas gubernamentales, el tema de la justicia social y todo el aumento de la pobreza en Cuba, el sistema político de partido único… Realmente yo nunca he sido una opositora estructurada, organizada. No pertenezco a ningún partido político, a ninguna asociación. Yo soy académica, soy una ciudadana, tengo derechos. Están en la Constitución. Yo no tengo que pertenecer a ninguna organización política para salir y hacer una protesta pacífica o escribir algo. Ese es mi derecho, y lo estoy ejerciendo. Yo empecé desde marzo de este año 2023 a hacer una especie de protesta simbólica en el parque de mi ciudad de Matanza, el Parque de la Libertad, porque en el año 1923 en Cuba, hace un siglo atrás, hubo un grupo de intelectuales jóvenes, críticos, que se unificaron en algo que se llamó “la protesta de los 13”. Eran 13 intelectuales que se pronunciaron públicamente contra el Gobierno de Alfredo Zayas, por un negocio turbio, por una cuestión de un fraude con el erario público. La manera en que eso pasó a la historia fue como “la protesta de los 13” y es el compromiso de una intelectualidad en aquella época en empezar a asumir un camino político. Entonces, ese día 18 de marzo de 2023, cuando hacía un siglo, yo decidí hacer ese acto y lo he seguido haciendo todos los 18, menos en junio porque sí me detuvieron ese día, pero el resto de los meses, y ya son unos cuantos, hago esa acción.Y por lo demás yo lo que hago es escribir. Yo soy articulista, yo soy investigadora, yo soy historiadora, soy ensayista, soy miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba, soy miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Sección de Literatura. Trabajo en una editorial estatal. O sea, yo soy una persona que pertenezco a las instituciones culturales cubanas. Ni siquiera soy una típica opositora vinculada con alguna organización. No, simplemente he decidido ser libre para tomar las decisiones que como académica y como ciudadana yo entiendo que son justas. Yo debo denunciar las cosas que en mi país están mal, y hay muchas cosas que están mal en Cuba. Yo no puedo permanecer en silencio, yo no puedo ver las cárceles con tantos presos políticos y no levantar mi voz. Yo no puedo ver a los ancianos pasando hambre, necesidad, a los jubilados, a las personas asistencias que prácticamente han quedado desamparados y no levantar mi voz. Yo no puedo ver que se haya aprobado una Constitución donde los derechos que establece, que son unos cuantos, sean como una vitrina que el Gobierno utiliza sólo para pararse en los organismos internacionales, ante la ONU y decir miren, aquí están escritos, nosotros respetamos, Cuba es un Estado democrático. No es así, porque esos derechos sí están escritos, pero no permiten que se ejerzan. Y por eso precisamente yo estoy acusada y he sido condenada por un cargo de desobediencia. Entonces, si eso me ha ocurrido a mí, que soy, como usted dijo, una intelectual con cierta visibilidad y reconocimiento, imagínese cómo será para las familias y personas que salieron, que son gente de pueblo, gente sencilla, que no tienen un gran nivel de instrucción, que viven en barrios venidos a menos. ¿Qué pasará con esas personas que están en las cárceles cubanas? Yo no puedo callar.RFI: ¿Cree que usted se ha convertido en una amenaza para el Gobierno cubano y por eso van a por usted y la acusan de desobediencia?Alina Bárbara López Hernández: ¿Qué es lo que ocurre? Yo no soy una amenaza desde el punto de vista de que yo soy una persona pacífica, que nunca he apelado a métodos violentos, que he estado en contra y he sido hasta criticada por eso, por considerar que en Cuba debe existir transformaciones mediante un diálogo nacional en el cual el Gobierno sea también un interlocutor. Claro, yo sí creo que hay que presionar al Gobierno con métodos pacíficos como los que la Constitución misma establece. Manifestaciones pacíficas y protestas pacíficas. Yo sí creo que hay que presionar desde abajo. Pero ni siquiera he negado el carácter de interlocutor del Gobierno. No creo en levantamientos armados. Por lo tanto, yo en realidad no soy tácitamente una amenaza.Ahora, desde el punto de vista que el Estado cubano es un Estado absolutista, totalitario, con ribetes de monarquía, pues claro que cualquier persona que pueda argumentar un discurso propio, que pueda desmontar los falsos discursos manipuladores del poder, que pueda demostrar los grandes errores, las falsedades, los sesgos de la política, la corrupción, lógicamente, en ese sentido sí podría ser una amenaza. Quiero insistir en algo: el Gobierno se presenta como un gobierno socialista y de hecho el partido en el poder, el partido único, es un partido comunista. Eso es una falacia porque para el Gobierno de Cuba, todo pensamiento crítico, toda postura discrepante, sea de cualquier sector ideológico, de cualquier preferencia política, siempre va a ser el enemigo, va a ser un peligro y va a ser satanizado, criminalizado, venga de donde venga. Eso es algo que llevan años haciendo, pero con la entrada de internet a Cuba, las posibilidades de que las personas tengan acceso a la información, que puedan articular opiniones, que tengan acceso a otros medios, pues eso ha abierto un espectro de mayor crítica, de mayor sentido de participación ciudadana. Y yo creo que estamos en un momento interesante en Cuba. Es un nuevo momento histórico donde este modelo de socialismo real, de partido único, no tiene ya nada que dar, ya lo ha demostrado todo y nos toca a nosotros entonces presionar para transformaciones democráticas dentro de Cuba.RFI: Ha recibido el apoyo de otras personas de la academia, de gente que también es prestigiosa. ¿Hay, a su nivel, gente que como usted está dispuesta a no callarse? Alina Bárbara López Hernández: Voy a aclarar algo. Ha habido, yo he sentido y estoy muy agradecida, un enorme apoyo dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Hay una carta que firmaron más de mil personas y otras firmas llegaron después, pero ya habíamos cerrado por las cuestiones de correo e internet que son difíciles en Cuba. Hay muchas personas que trabajan incluso en universidades en Cuba, que trabajan en centros de investigación en Cuba, que son profesionales o jubilados... Yo no puedo decir ni que hay una preferencia etaria, ni ideológica, ni de género, hay hombres, hay mujeres. O sea, yo he sentido un apoyo muy general. Yo creo que soy una persona que he sabido ganarme el afecto y también un poco el respeto de la gente, porque siempre he sido muy clara en las cosas que planteo. Trato de ser muy objetiva, muy comedida, y eso las personas lo agradecen. Yo no tengo un discurso estridente, nunca lo he tenido. Y entonces siento apoyo, verdaderamente hay muchos intelectuales que sí han estado conmigo, pero del gremio específicamente de los historiadores no lo he sentido así, y es normal. Yo eso ni siquiera lo tomo a mal porque un sistema totalitario, aunque esté en una etapa de post totalitarismo, descomposición o demás, genera un control muy grande sobre las ciencias sociales y específicamente sobre la historia, porque la historia genera una narrativa afín al poder cuando es manejada, es controlada, es supervisada, es construida. Es lo que nosotros llamamos la historia oficial, esa historia que propende a mantener las glorias de la clase política que está en el poder. Y cuando intentas un poco revisitar, deconstruir esa historia oficial, bueno, también eres el enemigo. A mí me ha ocurrido porque yo como historiadora he tenido puntos de vista de otras lecturas sobre hechos, figuras, aspectos del pasado, y entonces te acusan de que eres una revisionista.Es complicado porque el sector de la historia es básico para la narrativa gubernamental y por eso hay mucho control. Y yo sé que hay colegas que me apoyan, que yo les simpatizo, pero que no se atreven a decirlo. Y ya le digo, no lo tomo a mal, porque un sistema como este genera muchos tipos de víctimas. Hay víctimas como puedo ser yo o las personas que han sido reprimidas abiertamente por sus ideas políticas. Los que están presos son víctimas mucho peores todavía. Pero también hay víctimas de su propio miedo, de su autocensura. Y las personas tienen que ir reaccionando según sus tiempos. No me gusta imponerle a nadie. Nunca le digo a nadie que por eso es que prefiero decir “voy a hacer esta acción sola”. No porque yo crea que una acción personal independiente pueda marcar definitivamente un cambio. En todo caso pudiera ser un ejemplo. Y a veces los ejemplos y los símbolos también son importantes, pero ni siquiera es eso. Es que yo creo que las personas deben responsabilizarse de manera autónoma e independiente, no responder a convocatorias de nadie. Nosotros hemos sido un pueblo que ha sido convocado constantemente desde que yo soy una niña. Ya tengo 58 años. Yo he sido convocada a todo, a una acción, a una actividad, a un congreso, un evento. O sea, nosotros como ciudadanía, como sociedad civil, no tenemos autonomía alguna. Yo digo siempre “Cuba cambia si nosotros cambiamos”. Que las personas se responsabilicen por sus actos, que cuando vayan a dar un paso lo hagan conscientes, convencidas, con convicciones. Y es lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, ya le digo, en el sector de los historiadores y de las ciencias sociales en general, no ha sido grande el apoyo, pero yo lo interpreto y lo entiendo de esa manera y hasta puedo comprenderlo.

El próximo domingo 3 de diciembre, los venezolanos tienen una cita en las urnas, pero no se trata de una elección popular, sino de un referéndum para ponerle fin al conflicto del Esequibo, en disputa con Guyana desde mediados del siglo 19. Entre las cinco preguntas a las que habrá que contestar en el referéndum del 3 de diciembre sobre Esequibo, el Gobierno venezolano consultará si se debe otorgar la ciudadanía a los residentes de este territorio, y también si hay que reconocer, o no, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver este problema.Abogados estadounidenses y un árbitro ruso fueron quienes delimitaron la frontera oriental de Venezuela en la segunda mitad del siglo 19, e Inglaterra obligó al país sudamericano a aceptar dicho trazado en 1901. Durante más de 100 años, los diferentes gobiernos venezolanos han rechazado esta repartición territorial, pero recientemente, con el descubrimiento de las riquezas petroleras de la región, la disputa ha llevado a la Guyana y a Venezuela a fuertes enfrentamientos diplomáticos.“A partir del 2015, todo eso tendió a intensificarse más cuando la Exxon Mobil, haciendo exploraciones sin autorización, encontró bastante petróleo en esa plataforma marina. Y todo eso es lo que ha llevado a que este problema se haya intensificado y haya llegado a la Corte Internacional de Justicia, y que estemos a este nivel de intensidad entre Guyana y Venezuela. Se ve el interés que tiene la transnacional, que es la que está pagando todos los abogados y toda la representación de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia”, indica Claudio Briceño, investigador en la Universidad de los Andes y especialista del Esequibo.Frontera marítima en juegoY aunque sea difícil de acceder a la información de la petrolera Exxon Mobil, el historiador considera que es evidente la intervención del Gobierno estadounidense en este conflicto, a través de esta transnacional.“Eso es una información que no la sabemos, pero estamos seguros que en el fondo eso es lo que está. El Gobierno estadounidense nunca había ido a Guyana desde su independencia en mayo del 66, y es muy extraño que, en el 2020, en plena pandemia, haya ido el secretario de Estado de Estados Unidos”, subraya.“Las transnacionales petroleras están aprovechando todo su poder. Imagínense, nosotros que somos un país petrolero que nacionalizamos nuestra industria en la década del 70, para la década del 40 teníamos un fifty fifty, que era el 50% para las transnacionales y el 50% para nosotros. Actualmente en Guyana, Exxon Mobil tiene el 60% de la renta petrolera y el 40% solamente para Guyana. Es decir, esto es un interés que va más allá de la delimitación y demarcación de la frontera terrestre, porque está en juego ahora lo que es la frontera marítima”, recalca.El Esequibo, esta tierra en disputa, tiene una dimensión de unos 160 000 km2, casi el tamaño de Uruguay.

El régimen de excepción del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el cual pretende acabar con la delincuencia del país, en realidad está acabando con los derechos humanos. “El Modelo Bukele” es el nombre de la política de seguridad que se le ha dado al régimen de excepción decretado por el joven y carismático mandatario salvadoreño. Las polémicas medidas con la que se combaten a las pandillas han sido cuestionadas desde su inicio. No obstante, este régimen autoritario también va contra los defensores de los derechos humanos, pero con métodos diferentes. Noah Bullock, presidente de la ONG Cristosal para RFI.- Hasta ahora en El Salvador, las organizaciones de derechos humanos no se han tenido que cerrar a diferencia de Nicaragua. Sin embargo, en El Salvador hay un acoso administrativo, hay un acoso hacía los  defensores de derechos humanos, que obligan a que las organizaciones tomen decisiones, establecer operaciones afuera del país o bajar el perfil con las esperanza de que no les pase nada. ¿Y qué sucede con las organizaciones más pequeñas que trabajan a nivel local?- Otra cosa es la asociación de los defensores más locales, más comunitarios, quienes están defendiendo los intereses de sus comunidades, como el acceso al agua a temas de medio ambiente, incluso quienes han organizado para denunciar los graves abusos de violación de derechos humanos durante el régimen de excepción. A estas personas, sí que han sufrido capturas de miembros de sus familias, detenciones arbitrarias en el marco del mismo estado de excepción. Nayib Bukele busca la reelección, algo inédito y prohibido por la constitución del país. Si lo logra, ¿estaría rebasando la última barrera jurídica que impediría la perpetuación de su política autoritaria?- En El Salvador, la constitución es muy contundente y clara en su prohibición absoluta a la reelección inmediato de Presidente. La intención de buscar la reelección, implica para el sistema político salvadoreño, que se está agotando uno de los últimos contrapesos que hay sobre poder ejecutivo. Entonces, el escenario para la sociedad civil, para las organizaciones de derechos humanos, después de potenciar la reelección del presidente es aún más incierto, pero yo confío también de que la capacidad de la sociedad de unirse es muy fuerte y muy grande. Es la fuerza que tenemos entre todos nuestro solidaridad.  Leer tambiénEl creciente autoritarismo de Bukele, presidente milenial, 'cool' y tuiteroLa ONG Cristosal publicó este martes 28 de noviembre de 2023, un informe donde detalla la experiencia de 71 organizaciones en El Savador. El texto detalla cómo la supuesta estrategia con la que se combatiría la delincuencia, estaría dirigida contra toda persona que intente cuestionar al gobierno.  

RFI entrevistó a Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales, sobre la difícil situación que viven camioneros salvadoreños que llevan casi un mes y medio bloqueados en Panamá a raíz de las protestas en ese país por las denuncias de inconstitucionalidad de un contrato con la minera canadiense First Quantum. Edwin Rolando Alfaro es camionero y transporta medicamentos con destino a Nicaragua. Este salvadoreño es uno de los camioneros centroamericanos que han quedado bloqueados por las manifestaciones en Panamá. Alfaro guarda la esperanza de poder reunirse pronto con los suyos."La esperanza que hemos puesto en Dios es reunirnos al menos en Navidad. Esperamos que a esta gente [los manifestantes] se les ablande el corazón. Ellos están peleando por su objetivo, pero nosotros somos extranjeros. Nosotros no tenemos nada que ver en el problema que está sucediendo aquí en Panamá", sostiene Alfaro.Las protestas en Panamá estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato firmado por el gobierno que permite a la minera canadiense First Quantum operar por 40 años una mina situada en el Caribe panameño. Desde entonces hay cortes de ruta que han afectado a casi todos los sectores productivos y han ocasionado pérdidas millonarias."Estamos pidiéndole a la dirigencia que nos apoye, porque el gobierno de acá (Panamá) no se pronuncia. El Señor Presidente no da la cara por este problema que tiene con el transporte internacional", agrega Alfaro.Edwin Rolando Alfaro es una de las víctimas colaterales de las protestas en Panamá. Los bloqueos en las vías impiden los desplazamientos por carretera y las autoridades panameñas no pueden garantizar la seguridad de los vehículos ni de la mercancía."Somos [camioneros] guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, costarricenses y panameños. Llevamos un mes y once días acá. No tenemos un baño a dónde ir. Nuestra alimentación y nuestro dinero ya caducó. Hay muchas necesidades de alimentación de los compañeros enfermos. Algunos padecen problemas de presión. Hay personal con diabetes. Tenemos un compañero con una úlcera en un pie. Nuestra estadía está pésima, pésima, pésima", insiste el transportista.Ante esta situación, el gobierno de El Salvador ha expresado su preocupación a través de un comunicado en el cual insta a las autoridades panameñas y a los líderes de la sociedad civil a que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños regresar a su país.Esta es una medida "insuficiente", opina por su parte Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales, quien afirma que la verdadera presión para que se genere este corredor tiene que salir de la presión que ejerza el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele.Raúl Alfaro admite que no tiene una cifra precisa del número de camiones bloqueados. "Nadie tiene ese dato", dice. Según él, podrían ser entre 60 y 100 camiones. Los conductores son de las distintas nacionalidades de Centroamérica, agrega. Y luego insiste en que "la situación es grave. Aquí se necesita una hoja firmada por el mismo Bukele que le diga al gobierno en Panamá lo que él solicita en calidad de presidente" (del Salvador).El transporte terrestre por Centroamérica se ha complicado en los últimos meses debido a las protestas en Guatemala y ahora las protestas en Panamá, donde se reciben diariamente 250 camiones tráiler procedentes de todos los puntos de Centroamérica.

La Corte Suprema de Panamá comenzó este viernes deliberaciones para pronunciarse sobre varias impugnaciones constitucionales al contrato de la canadiense First Quantum que otorga a su mina de cobre en el país un derecho de explotación minera de 20 años, con opción a prorrogarlo otros 20, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para la nación latinoamericana. El mercado mundial del cobre y los inversores tienen el ojo puesto en el fallo del máximo tribunal. First Quantum Minerals se ha enfrentado a protestas masivas desde que el Gobierno panameño firmó el 20 de octubre, un nuevo contrato con Cobre Panamá, una de las más grandes del mundo, luego de que en 2017 ya la Corte Suprema había declarado inconstitucional la concesión hecha a la minera por haberse otorgado sin cumplir con la ley de contrataciones públicas.Lina Vega, abogada ambientalista y presidenta en Panamá de Transparencia Internacional, este nuevo contrato impugnado otorga, sin embargo, mayores beneficios al país centroamericano en términos de compensación."Este logro que el Gobierno presentó no satisface a nadie. La gente ya estaba en otra posición con respecto al daño ambiental a la afectación ecológica y se produjo un rechazo ciudadano a tal nivel, que el Gobierno está ahora mismo en una encrucijada, porque lo que decida la Corte Suprema va a ser probablemente una situación de tener que cerrar la mina". ¿Es esa la expectativa de ecologistas y del movimiento de protesta ciudadano, el cierre de la mina?Sí, la expectativa de los grupos ambientalistas y ha sido ese por mucho tiempo, pero jamás pensamos que íbamos a recibir el apoyo ciudadano al nivel que lo que lo recibimos, sobre todo en las jóvenes que salieron masivamente a la calle contra el contrato. Además, los cambios que se han producido van más allá de este contrato y de esta concesión, porque el Gobierno aprobó una moratoria minera para todo el resto de las concesiones, que habían muchas muchas solicitudes y concesiones en marcha en todo el país.  Un fallo en contra de First Quantum tendría enormes repercusionesLa incertidumbre ya ha hecho desaparecer unos 17,300 millones de dólares o el 50% de su valor de mercado, en aproximadamente un mes. Además, ha afectado a los precios del cobre y podría suponer un duro golpe para la nación centroamericana para el que la muna representa alrededor del 5% de su PIB."Sin lugar a dudas, es una situación complicada solamente, por digamos, lo que vamos a dejar de recibir como consecuencia de la suspensión de esta actividad, sino que seguramente vamos a enfrentar un proceso de arbitraje con la empresa.  Por eso, para nosotros un fallo de inconstitucionalidad en derecho, bien sustentado y bien argumentado, es fundamental como parte de las herramientas que Panamá debe llevar a un juicio arbitral que seguramente viene. También, estamos hablando de una situación complicadísima en términos económicos.  Esa región ha recibido mucho movimiento económico, justamente porque la mina está donde está, y eso va suspenderse.  El tema de la falta de de cobre en el mundo también es un problema, porque es un elemento fundamental para la transición energética, pero al mismo tiempo decimos, nuestra actividad está alrededor del canal. De alguna manera, todas las mentes más lúcidas de este país tienen que sentarse a ver cuáles son las alternativas, porque el país entero ha dicho, "no queremos minería a cielo abierto". No hay nada que hacer allí. Si el fallo del acuerdo fuese a favor de la mina. Yo pronostico una crisis enorme en este país".   Si el tribunal considera inconstitucional el contrato, Panamá se encontraría en una situación delicada, según los abogados, ya que el Gobierno firmó el 3 de noviembre un proyecto de ley que prohíbe nuevas concesiones mineras y sus prórrogas. Esto impediría a las dos partes negociar un nuevo acuerdo.

Este 23 de noviembre fue una jornada de huelga sin precedentes en Quebec con una gran manifestación frente a la Asamblea Nacional. Cerca de 600 mil trabajadores y trabajadoras se movilizaron en todas las ciudades de la provincia canadiense para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. La huelga empezó el 21 de noviembre, y el 95% del Frente Común Intersindical ha votado a favor de una huelga general indefinida. “Vengan a la mesa de negociaciones. A cambio de flexibilidad, estamos dispuestos a mejorar nuestra oferta”, dijo a los sindicatos el primer ministro de Quebec François Legault. Enzarzado en difíciles negociaciones con el sector público, Legault se declaró dispuesto a mejorar la oferta del Gobierno, que consiste en un aumento salarial del 10,3% en cinco años, pero sólo a condición de que los sindicatos acepten una mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo.“El gran esfuerzo definitivamente tiene que hacerlo el Gobierno”“Lo primero es que la negociación se pase en la mesa de negociación, porque uno de los inconvenientes que hemos tenido en las negociaciones con el actual Gobierno es justamente que quieren hacer la negociación en la plaza pública, a través de los medios de comunicación, y eso no hace sino en trabar el proceso. Por ejemplo, ayer hubo una ronda de negociación y no hubo nada a nivel salarial y hoy sale con una oferta anunciándola públicamente delante de todos los medios de comunicación. Y ayer, cuando tuvimos la reunión, no fue capaz de anunciarlo”, denuncia Alfonso Ibarra Ramírez, presidente del Consejo Central de los Sindicatos Nacionales del Outaouais (CCSNO).“En esta negociación, el gran esfuerzo definitivamente tiene que hacerlo el Gobierno, porque hace muchísimos años que el Gobierno no ha dado las condiciones necesarias. La gente está dispuesta a ir hasta la huelga general si es necesario, porque sabemos que hay un atraso a nivel salarial que es de 11.9%, según el Instituto de Estadística de Quebec, y que esta negociación es más que una negociación exclusiva de las condiciones salariales y de trabajo, es una negociación de la cual depende también la supervivencia de nuestros servicios públicos. Y por eso la gente ha respondido de manera tan masiva a la movilización, y por eso la gente está tan indignada, incluso en cólera contra el Gobierno”, subraya.Éxodo masivoEn una rueda de prensa en los pasillos de la Asamblea Nacional, el premier François Legault insistió en la necesidad de que los sindicatos hagan concesiones, sobre todo en lo que respecta a la composición de los horarios de trabajo. Esto se aplica tanto a la sanidad como a la educación. Sólo así podremos mejorar los servicios públicos, aseguró.“La flexibilidad que exige el Gobierno, es el tiempo suplementario obligatorio, por ejemplo, que a veces se les impone a los trabajadores del sector de la salud, que no pueden rechazar y que sin duda, es una traba también a nivel de la atracción y de la retención de la mano de obra. Porque mucha gente, viendo esas condiciones, va a decir ‘bueno, puedo tener un salario que al límite puede ser interesante, pero unas condiciones que no lo acompañan’. Así que van a buscar trabajo en el sector privado o van a irse a otras provincias donde van a tener mejores condiciones”, indica Ibarra Ramírez.“Es el caso de la ciudad donde yo estoy. Nosotros estamos del lado francófono en la región del Outaouais, ciudad de Gatineau. A cinco minutos atravesando el puente está Ottawa, y desafortunadamente hemos vivido un éxodo masivo de trabajadores del sector de la salud en el transcurso de los últimos años, que atraviesan el puente y tienen mejores condiciones salariales. Por ejemplo, hay sectores de empleo donde la diferencia salarial anual puede llegar a 17 o 25.000 dólares. Es bastante. Entonces, cuando nosotros proponemos mejorar las condiciones salariales y de trabajo del conjunto del sector público, pues también es tratando de prevenir ese éxodo masivo que se ha presentado en algunas regiones”, detalla.

Elegido el 15 de octubre pasado frente a la candidata correísta Luisa González, el empresario Daniel Noboa es investido oficialmente este 23 de noviembre como presidente de la República de Ecuador. Hijo de un multimillonario y cinco veces candidato presidencial, Noboa fue elegido con una plataforma neoliberal en unas elecciones marcadas por la violencia que asola el país desde hace varios años. Pocos días antes de su investidura, Daniel Noboa negoció un acuerdo con el derechista Partido Social Cristiano (PSC) y con el partido socialista de su antiguo adversario, el Movimiento Revolución Ciudadana (RC) de Rafael Correa, para formar una alianza en la Asamblea que da al nuevo presidente una cómoda mayoría. Un socialcristiano será el presidente del legislativo, un correísta el vicepresidente y un diputado del partido de Noboa, la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), el segundo vicepresidente.“Romper esa lógica correísmo/anticorreísmo”Para Franklyn Ramírez, profesor de Sociología Política en Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), en esta alianza tripartita todos ganan: “El Gobierno de Noboa tiene un partido pequeño, ADN, casi inexistente, que tiene una bancada muy, muy chiquita en la Asamblea. Entonces, primero Noboa gana un bloque de mayoría que le da gobernabilidad y le aseguraría aprobar dos leyes urgentes que presentará en diciembre, una reforma tributaria y una reforma energética. Y además pacta con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que son partidos con experiencia política, más creíbles, que no van a entrar en los juegos de extorsivo usuales con los que entran las fuerzas pequeñas”, explica.“El Partido Social Cristiano, que estaba de capa caída con esta alianza, recupera una influencia en el Gobierno. Parece que va a tener directamente representantes en el poder ejecutivo, ganó ya la presidencia de la Asamblea... Y la Revolución Ciudadana, me parece, y esto es lo principal, que sale de la marginalidad política que ha tenido estos años, sale del destrato que ha recibido del resto de los partidos políticos”.Entonces, lo que hace Noboa, y este es el gesto más importante, es romper esa lógica correísmo/anticorreísmo que ha dominado la lucha institucional. Pacta con la principal fuerza política, aunque ese pacto no está del todo claro cuál es su alcance, pero por primera vez, sin disputas, sacando la polarización, aislando a estos sectores que representan la política del odio, la intransigencia, la persecución, digamos que de algún modo rompe con esta tendencia que vemos en el resto de América Latina, en que la centroderecha o la derecha moderada le hace el juego a los sectores más extremos y radicales de esa derecha”, subraya Ramírez.¿Una alianza frágil?Algunos analistas estiman que la alianza legislativa de Noboa con la otra derecha y con un partido que, en principio, está en las antípodas programáticas de su gobierno, pende de un hilo. Para Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cdes), “es una alianza que tiene patas cortas. Va a permitir estructurar la Asamblea, negociar las comisiones, pero se va a romper en el momento en que se empiece a discutir cómo se va a fiscalizar los decretos que Noboa tiene preparado para privatizar el sector petrolero, y fiscalizar las obras de hidroeléctricas y concesiones mineras. Hasta ahí va a llegar la alianza y Noboa va a tener que buscar otro tipo de alianzas para pasar procesos de fiscalización y poder repartir el pastel de que va a dejar las privatizaciones”.La izquierda liderada por Luisa González cuenta con el grupo más numeroso de la Asamblea, 51 diputados, y presidirá una de las comisiones más importantes: la de Fiscalización y Control Político, con potestad para iniciar procedimientos de destitución contra representantes electos. Ciertas medidas anunciadas por el Gobierno ya han provocado duras reacciones de la izquierda, como el plan de fusión de los ministerios de Gobernación e Interior. Un "gravísimo error", según el ex presidente Rafael Correa.“Los dos ministerios funcionaban separados y esto dio buenos resultados porque permitía a un segmento de los funcionarios especializarse precisamente en seguridad. Este es un pésimo signo, el de la fusión, porque es un indicador de que habrá continuidad del modelo de austeridad que empezó a implementarlo Lenín Moreno. La fusión viene también con un recorte de presupuesto para gestionarlos, tanto los temas de seguridad como los de gestión política, que deberían ser cuestiones diferentes”, recalca Iturralde.Seguridad y economíaEl presidente Correa dice que la seguridad debe ser gestionada por una autoridad civil. “Así es, ese es el otro cambio. Además de la fusión, se plantea que el Ministerio esté llevado por un policía o por un militar. Es problemático. Primero, porque la autoridad, tanto sobre la policía como sobre la autoridad militar, debería estar siempre subordinada a un civil, constitucionalmente. Pero además, el problema de seguridad en el país ya implica a la propia policía, es decir, la permea. Tener una autoridad, por ejemplo de la policía, podría generar mayores incentivos para que se siga corrompiendo la institución. Como la policía tiene una cierta autonomía respecto al Gobierno, por las diferentes reformas que han existido en el país desde el año 2017 en las que se le ha ido dando autonomía a la policía, se han ido consolidando estructuras que funcionan paralelamente a la autoridad del Gobierno. Y poner en el Ministerio a un policía o un militar fortalecería esas estructuras paralelas que están permeadas ahora por la delincuencia”, analiza el director del Cdes.Otro problema lastra a Ecuador: se trata de esa economía que presenta un déficit fiscal de más de cinco mil millones de dólares. En su visita a Estados Unidos a principios de noviembre, como presidente electo, Noboa se reunió con representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para solicitar préstamos. Una posición contraria a la presidencia correísta, que logró una mejora de la situación social y económica con políticas que le dieron la espalda al FMI.“Es muy grave, porque Ecuador acaba de terminar un programa con el Fondo Monetario Internacional, que implicó un sacrificio social y productivo enorme. Y sin embargo, el problema está intacto. El déficit sigue siendo igual de escandaloso o peor, las reservas internacionales se siguen consumiendo como antes y necesitamos un nuevo crédito con el FMI. Es decir, aunque se demostró que el programa con el Fondo fue un fracaso porque estamos en la misma situación, se vuelve a pedir un crédito que implican nuevas condiciones, con nuevos sacrificios sociales y nuevos sacrificios productivos. Esta solicitud al FMI, además, el presidente Noboa la ha hecho de manera muy explícita, ¿con qué objetivos? Prácticamente le está pidiendo al FMI que financie su campaña porque requiere de esos recursos, dijo, para poder reelegirse y evitar que el correísmo vuelva al gobierno”, denuncia Pablo Iturralde.El joven multimillonario estará en la presidencia hasta mayo de 2025 para completar el mandato dejado vacante por su predecesor Guillermo Lasso. Lasso optó por disolver la Asamblea Nacional para poner fin a una crisis de gobernabilidad tras su implicación en escándalos de corrupción, lo que llevó a la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

El Fondo Monetario Internacional exhortó a Chile a reformar impuestos y pensiones y promover la inversión para financiar las necesidades sociales y avanzar hacia una transición verde. "Chile es un país de ingresos altos pero con pensiones de un país de ingresos bajos", analiza el economista Gonzalo Durán. En su evaluación periódica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó este martes al país suramericano a reformar impuestos y pensiones y promover la inversión para financiar las necesidades sociales y avanzar hacia una transición verde. "Los desequilibrios macroeconómicos que Chile acumuló durante la pandemia se han corregido en gran medida, pero la coyuntura externa sigue siendo complicada", afirman los expertos del Fondo.Según los expertos del FMI Chile, gobernado por el presidente de izquierda Gabriel Boric, necesita "reformar el régimen tributario y de jubilaciones para financiar las necesidades sociales".Gonzalo Durán, académico de la facultad de Trabajo Social en la Universidad de Chile y economista de la Fundación Sol, estima que lo que el FMI busca con sus recomendaciones es destrabar una discusión no resuelta por décadas sobre reformas estructurales que urgen en el país.“El FMI no da indicaciones hacia dónde avanzar, sino que simplemente se solucione. Chile es un país de ingresos altos, de acuerdo a la OCDE, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial y del propio FMI, sin embargo, tiene salarios y pensiones que son de un país de ingresos bajo”, subraya el economista.Pensiones insuficientes“La mitad de las y los trabajadores percibe ingresos al mes que son menores a 530 euros, cuando un arriendo de una pieza algo muy básico puede costar 400 euros. Lo que tenemos es un endeudamiento estructural, más de 11 millones de personas endeudadas, eso es más que la cantidad de trabajadores y trabajadoras sumadas a los desempleados, eso es bastante atípico”, agrega Gonzalo Durán, entrevistado por RFI.El economista estima que el sistema de pensiones se encuentra en crisis estructural: “Hoy día la pensión garantizada que estableció el gobierno es cercana a los 216 euros, que eso es el equivalente al 44% del salario mínimo. El 82% de las pensiones que se pagan en Chile es con cargo al gasto público. Eso parece ser una paradoja rara, porque estamos diciendo que un sistema que está totalmente privatizado, pero el Estado está pagando producto de que las pensiones son tan bajas, entonces es un sistema totalmente fracasado”.El 'candado' del nuevo proyecto de ConstituciónHace un año, fue rechazado en consulta popular el texto de nueva Carta Magna elaborado por una Asamblea Constituyente de corte progresista para reemplazar la Constitución que rige en el país desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. En diciembre, los chilenos acudirán a las urnas para aprobar o no un segundo texto constitucional. Sin embargo, de ser adoptado, el proyecto no resolverá el problema del sistema de pensiones, dice a RFI Gonzalo Durán:“El texto que se está proponiendo hay que considerar que fue elaborado en una comisión ad hoc, con fuerzas mayoritarias de esa comisión que vienen de sectores de extrema derecha. Entonces hay regresiones que son bastante evidentes, como, por ejemplo, en lugar de avanzar hacia un Estado democrático y de derechos sociales que garantice la seguridad social, lo que este texto propone es constitucionalizar el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, cosa que actualmente no lo es, entonces eso le pone un cerrojo o un candado que hace mucho más difícil que en el futuro esto pueda haberse modificado.”“El sistema de las administradoras de fondo de pensiones (AFP) es lo que hoy día tenemos en Chile desde la dictadura, lo que hace es fortalecer la capitalización individual en desmedro de lo que podría ser un sistema con un pilar público de pensiones. Es algo que no va a favorecer a la clase trabajadora de ningún modo”, insiste Durán.En sus recomendaciones, el FMI aboga también por un pacto fiscal que dice contribuya a una economía más equitativa y más dinámica. “Ahí también hay un problema grave en el caso chileno, porque la mayor parte de la recaudación de los impuestos viene por la vía del IVA, que es el impuesto indirecto. Es totalmente opuesto a las naciones del norte global donde la mayor recaudación viene a partir del impuesto directo a la renta”, comenta el economista.“De ahí a pensar en que podamos tener un Estado con mayores derechos sociales donde se financien las necesidades que el pueblo que exigió en la revuelta del año 2019, más bien eso parece estar fuera del horizonte”, anticipa el académico. “Este texto va a apuntar a la estrategia que ocupó el candidato Milei en Argentina, que es básicamente la seguridad, el tema de la migración y están haciendo la campaña en esas coordenadas”, concluye Durán.El FMI destaca asimismo el persistente descontento social por la desigualdad y la inseguridad en Chile. 

RFI entrevistó a los politólogos Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, y Augusto Wagner, de la Universidad Federal de Paraíba, sobre la política exterior del presidente electo argentino Javier Milei. Milei sostuvo que sus dos principales aliados fuera de la región serán Israel y Estados Unidos. ¿Qué pasará con Brasil, su vecino y socio, y con China, rival comercial de Estados Uniods? Brasil había sido hasta la fecha el destino del primer viaje oficial del mandatario argentino cuando asume el poder. El gigante sudamericano no es solamente vecino de Argentina, sino socio del Mercosur y principal socio comercial. Milei va a romper con esta tradición, pues ya anunció que sus principales aliados serán Israel y Estados Unidos, países a los que visitará antes.Con este gesto, el líder de La Libertad Avanza comienza a dar pistas sobre la dirección que tomará su administración en temas relacionados con la política exterior del país. Pero los planes de la política exterior del presidente electo Javier Milei se presentan con una gran incertidumbre, al igual que el futuro de la economía, la lucha contra la pobreza y la inseguridad.Durante su campaña electoral, Milei anunció que rompería las relaciones con "gobiernos comunistas". Preguntamos a la profesora de ciencias políticas de la Universidad de Columbia, Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, quiénes podrían ser los países aliados del futuro gobierno Milei."Entre los aliados naturales de Milei en la región figura Ecuador. Este es un gobierno muy débil y de poca duración, pero, en este momento, está alineado ideológicamente con Milei. Después habría que ver si Mieli mira a la región centroamericana. Ahí hay que considerar el liderazgo de Bukele. Pero, históricamente, Argentina no ha mirado esa región, salvo durante la dictadura y, en ese caso, fue por solicitud de Estados Unidos. Por eso me parece muy difícil que busque por ahí. Yo creo más bien que en materia de política exterior, va a tratar de enfocarse fuera de la región", dice Victoria Murillo, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Columbia.Milei sostuvo que sus dos principales aliados fuera de la región serán Israel y Estados Unidos. Precisamente los dos primeros países que visitará en su agenda. Al mismo tiempo tendrá que ser cauto con Brasil y China, países que no son de su agrado, pero que representaron un tercio del comercio exterior de la Argentina en 2022. Augusto Wagner, politólogo en relaciones internacionales de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, piensa que Milei se enfrentará a algunos obstáculos si aspira a mantener relaciones exteriores con China y Estados Unidos al mismo tiempo."La competición extra regional entre Estados Unidos y China también se hace en Latinoamérica. Estados Unidos, con Biden o con Trump, podrían considerar que la Argentina es un país que, en términos de cooperación, podría hacer que la región tome distancias de China. Ahora bien, yo no creo que este plan tenga éxito, porque China es muy importante no solo para Brasil sino para la misma Argentina en términos económicos. En este sentido, Milei tendrá entonces muchos problemas para tomar medidas de protección o “hedging” ante posibles riesgos o fluctuaciones en las de su país con China y Estados Unidos".

El fentanilo, un opioide sintético, ha causado decenas de miles de muertos en Estados Unidos y algunos sectores acusan a los cárteles mexicanos de ser responsables de esa comercialización. Al margen de la Cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en San Francisco, Amlo se comprometió ante su homólogo estadounidense a luchar contra el tráfico de esta droga.  "La Administración de Biden ha establecido que la mayor cantidad de fentanilo que llega a Estados Unidos y que ya se vende a nivel de la calle, es decir, no ya para fines farmacéuticos, proviene de México y proviene por vías no legales”, explica a RFI, Ismene Ithaí Bras-Ruiz, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió el viernes pasado en San Francisco a luchar contra este tráfico. 'Hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo. Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en los Estados Unidos. Este asunto tiene que ver con nuestros hermanos y es un acto de solidaridad", dijo el presidente mexicano. El tema del fentanilo "ha golpeado bastante a la imagen de México por ejemplo con todo lo que se encontró en un barco en Hong Kong, el cual estaba lleno de fentanilo. Entonces la preocupación, creo que, en términos de la opinión pública, es que México probablemente ya se está convirtiendo completamente en un productor de fentanilo, que es capaz de exportar. Por allí creo que va la idea de hacer este tipo de declaraciones y afirmar de que habrá un mayor control sobre esto para que no sea usado más allá de fines farmacéuticos", explica la experta. Por su parte, Joe Biden le agradeció a AMLO su liderazgo para atender el asunto migratorio, otro de los temas fuente de tensión entre los dos países. “Hemos visto nuestra cooperación para abordar niveles históricos de migración y quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su equipo, lo digo en serio, por la cooperación y su liderazgo al asumir este desafío. Sé que no es fácil. Por eso quiero agradecerle nuevamente, todas las cosas que son importantes para nosotros. No podría tener un mejor socio y aliado que usted señor presidente”, afirmó el presidente estadounidense. 

La Fiscalía de Guatemala pedirá a la Corte Suprema despojar de su inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, por el caso de la ocupación de una universidad en 2022. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019. Según la Fiscalía, los delitos que se le imputan al presidente electo, a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, además de a otros seis legisladores opositores, son "depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias". Los 13 meses que estuvo tomada la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022 significó una plataforma política para candidatos de Movimiento Semilla y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), según la tesis del Ministerio Público, revelada este jueves 16 de noviembre.“Se nos quiere meter presos para callarnos”Poco antes del anuncio, la Fiscalía allanó varias residencias para detener a una treintena de docentes y estudiantes universitarios, por la ocupación de la universidad. Uno de los abogados defensores del caso, Ramón Cadena, está bajo orden de arresto y fue contactado por RFI.“Cuando los abogados actuamos, defendiendo a José Rubén Zamora o defendiendo a Claudia González o defendiendo a la lucha en contra de la corrupción, se nos ataca y se nos quiere meter presos para callarnos”, denuncia Cadena.Por otro lado, “el caso de la Universidad de San Carlos es un caso gravísimo porque el Estado de Guatemala y el rector actual es impune y no ganó las elecciones, cometió un fraude y por eso Walter Mazariegos es el actual rector”, recuerda el abogado, que subraya que es por ese caso que está siendo actualmente “perseguido, a punto de que me metan preso”.“Esta dictadura hay que pararla”Con el caso de la universidad ocupada para denunciar un fraude en la elección del rector Walter Mazariegos, vinculado al gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei, la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Bernardo Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de desestimar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que validó su triunfo en las elecciones. Arévalo, que debería asumir el cargo de presidente de Guatemala el próximo 14 de enero, denuncia un golpe de Estado antes de su investidura.Ramón Cadena, también director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), insiste en que “lo que están haciendo es una barbaridad. Es una barbaridad total y están persiguiendo a gente buena. A mí me están persiguiendo. Yo soy un abogado que he defendido a comunidades toda mi vida y ahora me llaman. Ya se había metido en mi casa un comando militar. Me quedé en Guatemala porque dije ‘me quedo’. No puede ser que me estén persiguiendo por mi trabajo. Mi trabajo es honesto, es claro y yo sigo aquí”.“Esto ya no se aguanta más. Esta dictadura hay que pararla y sólo la puede parar la calle con las poblaciones o la comunidad internacional con las sanciones económicas. Nada más. Es la forma de pararla”, recalca.La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles los intentos de "impedir una transición pacífica del poder" en Guatemala, mientras Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en el cual Arévalo se impuso por amplia mayoría.

En Cuba, 17 personas fueron detenidas según denunció la líder opositora Berta Soler este fin de semana.  Esto sucedió en La Habana, y en las provincias de Matanza y Holguín, en momentos en que acudían a la misa dominical. Soler fue detenida junto a su esposo, Ángel Moya, a la salida de la sede de las Damas de Blanco, hecho recurrente desde 2022. RFI la contactó. Las militantes de las Damas de Blanco han sido arrestadas casi todos los domingos desde que, en enero de 2022, decidieron volver a salir a marchar, tras una larga pausa debido a la pandemia de Covid, para reclamar la excarcelación de los detenidos en las protestas del 11 de Julio 2021, entre otros.Berta Soler, líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, denunció haber estado presa este domingo, así como al menos 17 integrantes de este colectivo: “17 Damas de Blanco fueron detenidas en diferentes lugares aquí en La Habana, lo mismo en Matanzas como en Holguín. Unas 15 mujeres Damas de Blanco pudieron participar en mesas en diferentes iglesias o con sus estrategias que pudieron llegar y participar en mesa oral por la libertad de todos los presos políticos. Pero de estas damas que fueron detenidas, todas fueron liberadas a las seis, cuatro o cinco horas después, excepto una que fue liberada pasado 18 horas de haber sido detenida”, explica.“Desorden público”Los domingos, las Damas de Blanco acuden a la misa católica para pedir la excarcelación de los familiares opositores. Berta Soler lleva más de 60 veces detenida: “Cuando salimos a la calle todos los días, en el caso mío, tenemos a la policía uniformada y el Departamento de Seguridad del Estado, que nos hace un seguimiento donde quiera que vamos tras de nosotras. Lo mismo a pie, con patrulla detrás de nosotras 24 por 24”, comenta.En cuanto a los cargos en contra de las militantes, se trata de “desorden público por violar dispositivos de seguridad. Y también a veces nos ponen por estar indocumentadas. Somos multadas con 30 pesos moneda nacional, con 100. Dos damas de blanco tienen medida cautelar desde el 2021, desde el 2022. Una de estas es Leticia Ramos Herrería, al igual que quien les habla Beta Soler, que es una prisión domiciliar sin ninguna orden por parte de un tribunal o un fiscal. Y bueno, realmente no acatamos esto y seguimos saliendo a la calle”, concluye Soler.El movimiento Damas de Blanco se compone de esposas y madres de los 75 disidentes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante el período de represión conocido como la "primavera negra".

Recta final esta semana para los electores argentinos que deberán elegir el próximo domingo a su presidente. El balotaje es un punto clave para la política latinoamericana. Los líderes se posicionaron en dos bandos. Los que apoyan a Javier Milei y lo que apoyan a Sergio Massa, como es el caso del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, el principal socio económico de la región. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva no dejo lugar al misterio. Eligió el campo del oficialista Sergio Massa como candidato ideal a la presidencia de Argentina."Cuánto podemos crecer juntos”, dijo indirectamente Lula en redes sociales acerca de Massa.El balotaje del domingo se acerca y el mandatario brasileño utiliza el argumento de las buenas relaciones comerciales que hay que proteger entre ambos países.El mensaje de Lula da Silva es económico, pero también diplomático, con fondo de marketing político. “Su declaración se suma a la de otros dirigentes”, dice a RFI Thiago Vidal, director de análisis político de Prospectiva Public Affairs Latinoamérica, en referencia al apoyo por ejemplo de la expresidenta Michele Bachelet.“El tono de la campaña de Massa, ya sea mediante comerciales, propagandas, discursos que ha hecho el candidato o debates presidenciales, se vio muy claramente la influencia de ‘marketeros’, como se les llama en Brasil”, apunta Vidal.A menos de una semana del balotaje, la inflación se sitúa en un 142,7% interanual, uno de los índices más elevados del mundo, mientras la pobreza se calcula en 40% en Argentina."Segunda marea rosa"El presidente brasileño Lula da Silva también declaró que Argentina necesita “un presidente que le guste la democracia, que respete las instituciones, que le guste el Mercosur y América del Sur”.Para Thiago Vidal es una clara crítica al candidato Javier Milei. “Lo ve como si fuera Bolsonaro.  Por su estilo y su discurso, pero también por la relación que hay entre Milei y la familia de Bolsonaro. Milei es un candidato mucho más sofisticado porque maneja bien el tema de la economía. No forzosamente es cierto lo que defiende desde una perspectiva económica, pero lo hace con datos y eso suena mucho más convincente”, explica.El politólogo añade que además Latinoamérica está viviendo una “segunda marea rosa”. “La primera fue justamente en la que participó Lula durante sus dos primeros gobiernos y en la cual participaron los Kirchner en Argentina en aquel mismo momento”. Dice que la marea rosa 2.0 es “muy distinta a la primera porque el 80% del PIB de América Latina hoy está en las manos de presidentes de izquierda o centro izquierda”.Las encuestas indican un empate técnico en Argentina entre ambos candidatos para las elecciones del 19 de noviembre. Expresidentes como el argentino Mauricio Macri, como los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el colombiano Iván Duque y el chileno Sebastián Piñera llamaron por su parte a apoyar a Javier Milei.

El municipio de La Matanza ilustra bien lo que está en juego este domingo en las urnas argentinas. En este distrito de tradición peronista, el más poblado de la periferia capitalina, la crisis económica ha dividido más que nunca a los votantes. Sea quien sea el próximo presidente, deberá reparar posiciones fuertemente contrarias. RFI en español habló allí con electores y militantes de uno y otro lado. Como en muchas otras elecciones argentinas, los 24 ultrapoblados municipios que rodean a la capital Buenos Aires apuntan a ser clave a la hora de inclinar la balanza el 19 de noviembre por el peronista Sergio Massa o el ultraliberal Javier Milei. En este conurbano bonaerense se concentra casi un tercio de la población del país y el peronismo es especialmente fuerte en varios de ellos, como el municipio de La Matanza, el más poblado, con un millón de electores. Aquí, en la primera vuelta, Massa sacó más del 53% de los votos, pero la sorpresa la dio Milei, quien en territorio adverso obtuvo más del 22%.En una esquina de una plaza de una zona comercial de La Matanza con mucha actividad hay un pequeño puesto desde el que militantes de Sergio Massa entregan volantes de su candidato. Paula Cardozo es una de ellos: "¿Por qué voy a votar por Masa? Por los derechos. Por los derechos de mis hijos. Él tiene experiencia como intendente. Por todos los cargos que tuvo, por la experiencia, todo eso me parece importante. Además que es joven, eso también es bueno".A unos kilómetros de allí, frente al taller de autos de su familia, Agustín, que se define como peronista, dice que, aunque votará por Massa, no le está entregando un cheque en blanco. "Hay que estar atento. Si se baja los pantalones con el Fondo Monetario Internacional, hay que salir a la calle a hacer lo que haya que hacer, a reclamar".  Leer tambiénÁspero cruce entre Massa y Milei en el último debate presidencialA pocos metros del taller, en otra plaza de La Matanza, están reunidos jóvenes militantes de Milei con camisetas violetas y la imagen de un león, el ícono del candidato. Aylén Pérez forma parte del grupo y dice que, de llegar a la presidencia, Milei representaría a la que ella llama "la gente de bien": "Yo creo que la gente de bien es la que quiere progresar día a día y el Estado no la deja. Los políticos no los dejan. La gente de bien es la gente que trabaja más de 12 horas por día para poder tener algo y no puede. Yo creo que para esa gente hay que gobernar. Creo que se lo merece".En el grupo no todos recibieron bien la alianza que Milei selló con Patricia Bullrich, la candidata de centroderecha que quedó en tercer lugar en la primera vuelta y a la que antes el candidato liberal criticaba duramente. "No me gustó mucho, sinceramente, porque hay muchas ideas controversiales entre los dos", dice Nahuel Vera, quien al final terminó aceptando el acuerdo. "Como dicen algunos, 'en tiempos de defender la patria, hay que aliarse'".Más allá de las críticas que sus seguidores puedan hacerle a Milei o a Massa, las de uno y otro lado son visiones de país prácticamente irreconciliables. Eso planteará un gran desafío para la convivencia en Argentina, gane quien gane el domingo 19 de noviembre.

La justicia ecuatoriana estudiará a finales de noviembre el pedido de una mujer con una enfermedad incurable para 'legalizar la eutanasia', anunció la Corte Constitucional. Se trata de Paola Roldán, de 42 años y quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Roldán interpuso en agosto una demanda contra el artículo de la Constitución que castiga con entre 10 y 13 años de prisión a 'la persona que mate a otra'. Hace 3 años Paola Roldan recibió el diagnostico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La enfermedad ha paralizado su cuerpo y la obliga a usar un respirador mecánico. Ella se ha convertido en un referente en Ecuador al luchar jurídicamente para que la eutanasia sea legal en su país."Sé que quizá esta Corte no lo acepte, pero eventualmente esto llegará, porque es el derecho humano más básico que existe", dice Paola Roldán.  La eutanasia es considerada un delito en Ecuador, por lo que Paola Roldan demandó ante la corte institucional de Ecuador, la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que "la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años".Para uno de los abogados de Roldan, Farith Simón, el caso de su clienta reabrió un debate público que estaba aparcado en Ecuador:"Las condiciones del caso Paola son especialmente dolorosas. Ella es una mujer muy inteligente, 42 años, joven, tiene un hijo pequeño, está enamorada profundamente de su esposo, ella tiene una inteligencia, una lucidez, una claridad para reflexionar y presentar sus temas. Paola lo que dice es 'yo quiero poder decidir, eso no significa necesariamente que voy a hacerlo, pero quiero poder tomar la decisión porque sé que voy a morir y esa muerte puede ser muy dolorosa'. El debate público que se ha abierto ha dejado claro que el país tiene una posición mayoritariamente favorable a la posibilidad de que las personas decidan el bien morir, morir dignamente".A la espera de que el próximo lunes se celebre una audiencia pública en la corte constitucional, que contará con el testimonio de Paola Roldan, muchos otros enfermos terminales se han visto esperanzados y reflejados con este caso. César Paz-y-Miño Cepeda, médico genetista, investigador en genética en la facultad de ciencias de la Salud Eugenio Espejo en la universidad UTE, explicó a RFI que después de lo que ha pasado con el caso de Paola Roldán "hay otros pacientes que dicen 'yo quisiera también entrar en esta opción', 'también quiero tener este derecho'. Los médicos que manejamos pacientes terminales con enfermedades raras entendemos perfectamente los sufrimientos de estas personas. Y hay otro mensaje importantísimo: evitar el ensañamiento de la medicina con pacientes terminales, evitar el ensañamiento social y familiar con pacientes que tienen estas enfermedades que los hacen sufrir y enfrentarse a lo que podríamos llamar un 'suicidio asistido', la eutanasia, como está hablándose ahora'.La eutanasia directa está prohibida en la totalidad de países de América Latina a excepción de Colombia donde la eutanasia fue despenalizada en 1997, para convertirse en ley en 2015.

Gustavo Petro ha evitado condenar el ataque del grupo islamista del 7 de octubre, pero sí ha acusado al primer ministro israelí Bejamin Netanyahu de crímenes de guerra, y además apoya la iniciativa de Argelia para llevar al dirigente israelí a la Corte Penal Internacional (CPI). El canciller colombiano Álvaro Leyva estuvo presente en el “Foro de París sobre la Paz” y durante su paso por la capital francesa habló con RFI sobre la postura del gobierno colombiano en el conflicto palestino-israelí. El mandatario argelino, Abdelmadjid Tebboune, publicó un mensaje dirigido a los defensores de los derechos humanos pidiéndoles que llevaran a Israel ante la CPI por los “crímenes que está cometiendo contra los palestinos en Gaza”. Tebboune considera que sólo así se podría acabar con una “impune ocupación israelí” realizada durante décadas.El pasado 9 de noviembre, Petro publicó en su red social X que "Colombia va a coadyuvar" la propuesta argelina.RFI: ¿Qué significa la iniciativa de ‘coadyuvar’ la denuncia de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra Benjamin Netanyahu?Álvaro Leyva: Esto significa que tendría más interés para que haya una visión de justicia más amplia. El presidente dijo “coadyuvar a Argelia” pero en realidad se coadyuva la ‘filosofía’ [de la propuesta] pues Argelia no forma parte de la Corte Penal Internacional.RFI: Tampoco Israel.Álvaro Leyva: Efectivamente, tampoco Israel, pero eso no quiere decir que no haya que buscar una solución. Veamos el caso de Rusia, en el cual también se está actuando a través de la CPI: son llamados de atención y yo creo que son propicios.RFI: ¿Por qué Gustavo Petro no ha condenado el ataque de Hamás contra civiles, en el cual murieron 1 400 personas, además de los secuestros?Álvaro Leyva: Es una manera de ver las cosas. Él lo que condena es la integridad y la intensidad del conflicto. Y para dirimir el conflicto, él se basa en una decisión que no es de hoy ni de hace cinco ni diez años. Se trata de la decisión de 1947, y que no se ha querido aplicar: reconocer dos naciones con fronteras claras, dos países, dos Estados, y que se tienen que respetar el uno al otro. En su origen milenario, se trata de una sola comunidad que surge en Mesopotamia.  Y si hablamos de Hamás, pues se le puede atacar hoy, pero mañana aparecerán diez.RFI:  El mandatario colombiano se ha abstenido de condenar el pogromo del 7 de octubre, no obstante ha hecho una equivalencia acusatoria entre la Franja de Gaza y los campos de concentración de Auschwitz que para muchos es chocante.Álvaro Leyva: Lo dejo a su juicio de valor…RFI: ¿Usted no tiene uno?Álvaro Leyva: ¿Es chocante? Claro que todo es chocante. ¡Qué más chocante que ver caer a los niños de un lado y otro como si nada hubiera ocurrido!RFI: ¿Se puede construir la paz con Hamás, que gobierna la Franja de Gaza después de haber ganado las elecciones y en cuya carta fundacional tiene la eliminación de Israel y de los judíos?Álvaro Leyva: Palestina no es Hamás. No se le puede atribuir a los niños palestinos esta barbaridad. Esto no se puede hacer porque se perdería toda autoridad moral.RFI: ¿Cuál sería entonces el interlocutor palestino para hablar sobre los procesos de paz?  Álvaro Leyva: Para encontrar un interlocutor, primeramente, ambas partes deben detener las hostilidades. Un alto al fuego. Después, convocar a una conferencia mundial en la que tienen que participar todos. No sólo los amigos de un sólo lado. Yo me he tomado la libertad de hablar con varias personas. Me han llamado de Arabia Saudita para decirme que la posición de Gustavo Petro ayuda. El mandatario colombiano no es un “sabelotodo”, pero es una posición que, por fortuna, hoy comienza a darle la razón.

Cinco deportistas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos Santiago-2023 que finalizaron el domingo, y que se quedaron en Chile, solicitaron refugio esta semana, informó la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá. En la madrugada o corriendo, cada atleta tuvo que burlar la vigilancia de los oficiales de seguridad cubanos.  La ministra chilena de Interior informó este miércoles que cinco deportistas cubanos ya solicitaron refugio y se reservó dar más detalles, añadiendo apenas que otro atleta ya había hecho el mismo pedido. En total son 11 los atletas que se fugaron del régimen cubano para vivir en Chile. El abogado de los atletas, Mijaíl Bonito, contó a RFI su escape, digno de la época de la Guerra Fría."Para algunos de los atletas cubanos fue realmente complicado escaparse porque a su llegada a Chile les retuvieron los pasaportes. Cuando salían a la calle, siempre estaban acompañados por algún oficial de la seguridad cubana que viene en la delegación o por los jefes de la delegación, que son miembros del Instituto Nacional de Deportes de Cuba. Estos son funcionarios gubernamentales que están vigilando lo que hacen los atletas. Por eso, todos tuvieron que escaparse de ellos de una u otra manera. Por ejemplo, uno de ellos salió a las cinco de la madrugada de la Villa Panamericana. Otras tres muchachas salieron de un juego, llegaron a la villa y, en lugar de ducharse y cambiarse de ropa, recogieron las mochilas que tenían y se fueron. Pero cuando iban saliendo, se toparon con oficiales de la delegación y tuvieron que esconderse  y ponerse a correr. Todos ellos tuvieron literalmente que escaparse", explica Mijaíl Bonito.Y, ¿cómo se encuentran los atletas después de haberse librado de los funcionarios cubanos? El abogado Mijaíl Bonito estima que albergan "muchas esperanzas y están más tranquilos que en los días anteriores. El estrés ha disminuido bastante. Ya el gobierno chileno ha respondido positivamente a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado que se hicieron, las cuales fueron como la mitad de las solicitudes. Ahora van a comenzar los procesos. Eso también implica que se les otorga un visado temporal que después se prorroga automáticamente mientras el proceso continúe. Por lo tanto, ya están cubiertos por esa protección. Esto era lo principal que estábamos buscando. De esta manera se logran otros mecanismos de protección complementaria. Desde ese punto de vista, estamos muy tranquilos", concluye el abogado de los atletas, quien considera que “el Servicio Nacional de Migraciones (de Chile) se ha comportado de la forma usual. Gracias a Dios la institución chilena, por regla general, funciona correctamente y, en este caso, lo ha demostrado".Según cifras del régimen cubano, desde 2022 hasta la fecha, 187 atletas cubanos de alto rendimiento han dejado la isla.

En Brasil, la policía informó el miércoles de que arrestó a dos individuos en Sao Paulo que planificaban "actos terroristas" en el país. La prensa local indicó que estas dos personas estaban respaldadas por el grupo islamista Hezbolá y tenían por objetivo a la comunidad judía.  La policía indicó que las dos detenciones en Sao Paulo permitieron "interrumpir la preparación de acciones terroristas y obtener pruebas del posible reclutamiento de brasileños para cometer actos extremistas en el país".El operativo se apoyó en 11 redadas tanto en la ciudad paulista como en Brasilia y el estado de Minas. El blanco de los detenidos: Sinagogas y otros edificios judíos, según señala el sitio de noticias brasileño UOL.Fuentes policiales citadas por TV Globo aseguraron que los investigadores sospechan que los detenidos tienen lazos con el movimiento islamista libanés Hezbolá y que recientemente habían viajado a Beirut.Andrei Serbin Pont es presidente de la CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: "Sabemos que se detuvieron a dos personas en Sao Paulo. Una de esas se la detuvo en el aeropuerto de Guarulhos llegando del Líbano en un vuelo. Fue detenido en Guarulhos y a partir de esto habría salido el pedido de detención de otros dos brasileños que están en el Líbano en este momento"."Las fuentes también indican que esto fue un trabajo de Inteligencia brasileña en conjunto con Inteligencia de Israel -prosigue-. ¿Por qué? Estos dos elementos nos dan a pensar que esto no es solo la Policía Federal en Brasil investigando el tema sino que hay un trasfondo de cooperación entre agencias de inteligencia brasileñas y de Israel y monitoreando a personas que se encuentran no solo dentro de Brasil, sino fuera de Brasil. Nos da a pensar de que realmente es una amenaza real o latente o legítima".Dos sospechosos más en LíbanoSegún la prensa brasileña, la policía pidió a Interpol emitir un pedido de arresto contra otros dos sospechosos con doble nacionalidad brasileña-libanesa que actualmente están en Líbano."El hecho de que hay dos pedidos de capturas que surgen de esta investigación y de estos arrestos para dos sujetos en el Líbano, va a ser interesante ver la interacción con las autoridades libanesas. Ver si sale más información sobre cómo estaba armada esta estructura y cómo estaban reclutando. No es lo mismo, estar reclutando dentro de una comunidad en particular, con ciertas similitudes o que compartan ciertos elementos identitarios, que si ese reclutamiento está vinculado más con incentivos financieros o con otro tipo de asociaciones con grupos preexistentes", concluye Andrei Serbin Pont.Entretanto, el Gobierno israelí confirmó este miércoles que sus servicios de Inteligencia, la Seguridad brasileña y otras agencias internacionales frustaron un ataque terrorista en Brasil planificado por el Hezbolá y financiado por Irán.

En El Salvador, partidos opositores y abogados presentaron el lunes y el martes solicitudes para que el Tribunal Supremo Electoral anule la candidatura de Nayib Bukele a la reelección inmediata por considerarla inconstitucional. Bukele, que goza de un récord de popularidad por su mano dura contra el crimen de las pandillas, asegura tener allanado el camino para renover su mandato en 2024.  El partido de oposición salvadoreño Nuestro Tiempo, centrista, y dos abogados presentaron este martes sendas solicitudes para que el Tribunal Supremo Electoral anule la candidatura presidencial de Nayib Bukele. El lunes lo hizo la derechista y exgobernante Alianza Republicana Nacionalista, Arena.Esto llegó luego de que Bukele obtuviera el viernes la luz verde del Tribunal Supremo Electoral para presentarse a los comicios presidenciales del 4 de febrero, aunque la oposición repita que la reelección está prohibida por la Constitución. El actual mandatario contó con el aval de magistrados de la Corte Constitucional nombrados por un Congreso dominado por el oficialismo.De este modo, Nayib Bukele parece tener el camino allanado para continuar en el poder. RFI entrevistó al respecto a Tiziano Breda, investigador para América Latina del Instituto de Asuntos Internaciones de Italia: "Lo que estamos enfrentando es la crónica de una victoria anunciada. Bukele primero que todo, hace fuerza por su popularidad y basa esta candidatura en la voluntad del pueblo, en el argumento populista de que al final de cuentas la mayoría de la población quiere que su gobierno se mantenga y por tanto, tiene el derecho a elegirlo otra vez"."Además, está claramente la falta de alternativas políticas, ya que los partidos políticos tradicionales todavía siguen muy debilitados. Además, hay un tercer elemento que creo que es del panorama regional. Algunos países vecinos como Nicaragua y Honduras, forcejearon Constitución para permitir la reelección", continúa. Control de las instituciones¿Queda entonces algún obstáculo para impedir que Bukele se presente a un nuevo mandato? Responde Tiziano Breda: "En principio los órganos que pudieran obstaculizar o reclamar en contra de la candidatura de Bukele son la Corte Constitucional y la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y el Tribunal Supremo Electoral"."El problema -continúa Breda- es que Bukele ya ha pensado en esto y en cuanto su partido Nuevas Ideas tomó el control absoluto de la Asamblea Legislativa en 2021, inmediatamente procuró reemplazar dos tercios de la Corte Suprema, incluida la sala constitucional, y llenar todas las instituciones de fieles. Por lo tanto no hay independencia real en esos otros poderes del Estado que haga pensar que de alguna forma se pongan en contra de esta candidatura". A la espera del fallo de los recursos contra su candidatura, Bukele continúa su plan para permanecer en el poder aupado por una popularidad del 90 % de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la oenegé Latinobarómetro 2023.

El diputado independiente Roberto Arroyo explica a RFI que la izquierda y la derecha tuvieron la oportunidad de sacar adelante una nueva Constitución, pero 'no fueron capaces de proponer algo que realmente defienda a la gente'. El diputado de derecha Diego Schalper estima, en cambio, que el nuevo proyecto de Constitución 'mejora bastante la situación constitucional del país' en frentes como la seguridad pública, la custodia del medio ambiente y el resguardo del derecho de las mujeres. La ceremonia de entrega oficial del proyecto de nueva Constitución en presencia del presidente Boric se celebra este martes. Trece meses después del primer intento fallido, el nuevo proyecto constitucional chileno está abocado muy probablemente al mismo desenlace que el primero, según indican las encuestas.En la primera ocasión fueron los oficialistas, en su mayoría, quienes plantearon la remodelación de la Carta Magna. Esta vez les tocó el turno a los miembros de la derecha y la ultraderecha."Ha surgido un texto de base creado por los expertos el cual ha derivado en algunas modificaciones introducidas por el Consejo que buscaban empatizar con algunas demandas ciudadanas bastante sentidas", dijo a RFI el diputado de derecha Diego Schalper.El texto que ha resultado de ese proceso, según este diputado, "mejora bastante la situación constitucional del país en materia de seguridad pública, custodia del medio ambiente, resguardo del derecho de las mujeres, derechos sociales, así como reforma al sistema político”. Esos avances, según él, hubieran sido “posiblemente difíciles de impulsar desde el Congreso".¿Qué sigue de aquí en adelante para Schalper? "Esperar la deliberación de la ciudadanía que tiene la última palabra el 17 de diciembre. Nuestra expectativa es que se apruebe este texto, que sin duda le devolvería la estabilidad al país".A pesar del optimismo de Sharper, los sondeos apuntan a un amplio rechazo del nuevo reajuste constitucional como ocurriese en septiembre de 2022. Para el diputado independiente Roberto Arroyo las razones de este muy probable nuevo fracaso no son tanto de orden jurídico y político, sino que responden a una disociación con la ciudadanía a la hora de elaborar la nueva propuesta constitucional."Ambos sectores políticos han tenido cada uno una oportunidad porque tuvieron mayoría en cada uno de los procesos. Pero en ninguno de ellos fueron capaces de sacar algo que realmente defienda a la gente", estima Arroyo. Sobre el estado de ánimo de la sociedad chilena ante el reto de dotarse de una nueva Constitución, el diputado Roberto Arroyo estima que "la gente está cansada de este segundo proceso y tampoco hay ánimo ni fuerza ni dinero como para hacer un tercer proceso. Hemos pasado por tantas votaciones en tan poco tiempo que la gente ya no desea seguir en este propósito. Al mismo tiempo, la gente sí necesita y quiere que le solucionen las demandas sociales que siempre han pedido, ya sea en salud, vivienda y educación, así en la lucha contra la violencia y garantizar la seguridad en las calles".El nuevo texto será sometido a plebiscito el próximo 17 de diciembre. En caso de rechazo, la posibilidad de introducir cambios a la Constitución actual quedaría en manos del Congreso ya que la ley vigente no reconoce un tercer proceso constitucional.

Martes 5 de noviembre de 2024 es la fecha prevista para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. A un año de la contienda electoral, las encuestas y los analistas políticos consideran que los estadounidenses podrían asistir a las urnas y encontrar en las papeletas el nombre de los mismos candidatos de 2020: Donald Trump y Joe Biden. Sin embargo, en los últimos tres años el mundo ha cambiado, y los Estados Unidos, también. La pasada elección de 2020 dejó profundamente dividida a la sociedad estadounidense, y el actual contexto internacional vino a aumentar sus diferencias. Para conocer el estado actual de la contienda electoral, RFI conversó con el politólogo Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida.RFI: A un año de la contienda electoral, quince candidatos aspiran a la presidencia de los Estados Unidos: nueve republicanos y cuatro demócratas. ¿Cuál es la situación actual del partido republicano? Eduardo Gamarra:  Donald Trump es el líder indiscutible del partido republicano. Eso ha hecho que paralelamente haya una campaña entre candidatos que ni juntos llegan al 20%. Además, en este partido están sucediendo cosas completamente ilógicas: en total Trump tiene 91 cargos en los diferentes procesos penales.No obstante, mientras cada acusación lo debilita judicialmente, paralelamente él se fortalece electoralmente. Esa paradoja es muy difícil de explicar. Yo dudo que cualquiera de los candidatos republicanos pueda tener un impacto al final. La contienda entre los demás podría interpretarse entonces como una contienda para elegir al vicepresidente de Trump.RFI: Del lado de los demócratas, pareciera que el presidente Joe Biden tiene camino libre para ser el abanderado de este partido. ¿Qué podría obstruirle esta aspiración?El ‘talón de Aquiles’ del presidente es su edad. Es un presidente octogenario. A veces da la imagen de debilidad, en un contexto mundial extremadamente complicado. Además, tiene un partido completamente dividido, con un ala progresista (o de izquierda) que no está contenta con él. Y ahora le ha tocado una situación muy compleja respecto al tema de Israel, pues esta corriente de los demócratas considera que Biden no está haciendo lo suficiente respecto al tema palestino.El presidente Biden actualmente está enfrentando una candidatura muy débil de un congresista [Dean Phillips] que nadie lo conoce. Quizá, en los próximos meses veamos surgir otro movimiento con alguien un poco más joven.  RFI: En las elecciones pasadas, las de 2020, no había ni guerra en Ucrania, ni un conflicto bélico entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, ni los Estados Unidos experimenta una huelga tan grande como la reciente liderada por los trabajadores de la industria automotriz. ¿Cómo está influyendo este contexto en la contienda electoral?Eduardo Gamarra: Primero hay que observar que hay contradicciones tanto del lado de los republicanos como de los demócratas.Hay un sector muy importante dentro del partido de los republicanos que no piensa que ya es hora de dejar de financiar a Ucrania. Entonces, ellos, como partido de extrema derecha, tienen la mayoría en la cámara baja. Entonces el paquete económico que envió el presidente Biden que proporcionaba ayuda a Israel y a Ucrania ha sido dividido. Ahora los republicanos envían un paquete a la cámara alta en el cual mezclan temas domésticos con externos. Concretamente, para que haya un financiamiento a Israel, los republicanos piden reducir la recaudación de impuestos, es decir, el funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos (IRS).Y del otro lado se encuentra dividido el partido demócrata, cuya ala progresista no quiere brindarle ninguna ayuda a Israel, pero sí exige ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.  Estos van a ser temas de campaña en los próximos meses.  

Este 2 de noviembre, el partido Semilla, la plataforma política que ganó las elecciones presidenciales en Guatemala, ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. Desde su inesperado pase al balotaje, a finales de junio, el entonces candidato Bernardo Arévalo ha visto pasar un desfile de demandas y decenas de citas ante tribunales para impedirle llegar a la presidencia. Las batallas las han librado, y los militantes aseguran que esta acción no será la excepción. El 31 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala validaba los resultados de las elecciones generales. Oficialmente Bernardo Arévalo es declarado presidente electo, así como su bancada.No obstante, en esta batalla que parecía concluida, el partido Semilla recibió este jueves un último golpe: el Tribunal Supremo Electoral validó la orden de un juez penal para inhabilitar al partido. La razón, la misma de siempre: irregularidades en el proceso de inscripción.“Ordenamiento jurídico específico para los partidos”El jefe de la bancada de Semilla en la nueva legislatura, Samuel Pérez, explica a RFI que esta acción de la justicia electoral guatemalteca es ilegal: “Hay un recurso de apelación, que vamos a trabajar en cuanto nos notifique el Tribunal Supremo. Pero hay algo importantísimo que es lo más fundamental de todo esto: un juez penal, que es lo que está pasando en este momento, no puede, bajo ninguna circunstancia, cancelar ni suspender un partido político. Él se encarga de la persecución penal, no puede hacerla en contra de una organización política”, apunta.“Hay un ordenamiento jurídico específico para los partidos, que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La autoridad que puede cancelar o suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral, no un juez penal. Y esa diferencia es importantísima y por eso, en este caso, se les tiene que caer eventualmente, porque no hay, digamos, procedimientos para suspensión de un partido ni una bancada en el Congreso a partir de una resolución de un juez”, precisa.“Miedoa perder el modelo de corrupción y de impunidad”Samuel Pérez, quien vivió de cerca todos los enfrentamientos jurídicos, las manifestaciones y obstáculos de la contienda electoral, considera que los ataques contra Semilla provienen de los actuales gobernantes, quienes temen perder sus privilegios.“Yo diría que hay una motivación profunda de temor de las autoridades actuales, que básicamente tienen miedo a perder el modelo de corrupción y de impunidad que han sostenido a sus partidos políticos y sus estructuras criminales dentro del Estado, y que un partido como Semilla va a llegar decidido a acabar con eso de una vez por todas”, señala.“Entonces continúan con ataques de intentar amedrentar, de intentar amenazar, aunque sepan que es completamente ilegal lo que están haciendo. Todavía les quedan algunos recursos, no son legales, pero que sí tienen una motivación política clarísima de intentar ya no necesariamente tumbarse el proceso electoral, pero sí intentar tumbarse el partido porque, digamos, permite continuidad del proyecto en el largo plazo. Y eso también es un objetivo que ellos quieren evitar que suceda”, concluye Pérez.Bernardo Arévalo tomará posesión el 14 de enero de 2024.

Bolivia rompió esta semana relaciones diplomáticas con Israel mientras Colombia y Chile decidieron llamar a consultas a sus embajadores en el Estado hebreo. Después de la guerra en Ucrania, Latinoamérica vuelve a marcar posiciones y alineamientos en el ajedrez global con el conflicto en Gaza. Para analizar la situación, RFI conversó con Víctor Mijares, director del Observatorio de Seguridad Global en Colombia. RFI: Frente al conflicto en Gaza, Bolivia fue el primer país de la región en romper relaciones con Israel. ¿La izquierda de gobierno en América Latina se encamina a este tipo de escenarios?Víctor Mijares: Hay una tradición de tener una relación muy cercana con la causa palestina por parte de la izquierda mundial y muy específicamente la latinoamericana. Y es muy probable que, si bien no todos los gobiernos de izquierda tomen la misma decisión, sí podría haber una tendencia a un distanciamiento e incluso una crítica, en algunos casos mucho más directa y otros casos más indirecta, a las acciones militares que está tomando Israel sobre el territorio de Gaza en contra de Hamás. Sobre esto se ha hablado mucho, se ha discutido acerca de distintas izquierdas y distintas derechas, pero parece que cuando nos encontramos en situaciones de crisis como esta nueva guerra en Oriente Próximo, pues la polarización vuelve a sus niveles más extremos y también más simplistas en cuanto a esa ubicación ideológica, por parte sobre todo de los gobiernos latinoamericanos.RFI: Por ejemplo, Colombia, ¿qué posición ha tomado desde el principio del conflicto? Víctor Mijares: La posición de Colombia ha sido tomada directamente por el presidente Petro, incluso desautorizando a la propia Cancillería de Colombia que había tenido de algún modo una posición bastante cercana a Israel. Recordemos que Colombia tiene a Israel como su segundo proveedor en materia de armamento. La posición del presidente Petro ha sido la de crítica muy, muy dura directamente a Israel, y a su vez se le ha criticado a Petro de no haber hecho ningún tipo de señalamiento en contra de Hamás. Porque muchos países latinoamericanos, como por ejemplo el Brasil de Lula, sí mantuvieron una posición de cuestionar y de condenar a Hamás y luego criticar a Israel por las acciones en Gaza.RFI: Entonces digamos que Brasil ocupa ahora una especie de zona gris. ¿Qué postura está tomando y qué objetivo podría tener?  Víctor Mijares: Este nuevo Gobierno de Lula es un poco el relanzamiento de la política exterior brasileña. Pasa también por tratar de ser un mediador. Por supuesto, aquí el juego es muy difícil. Es muy difícil porque es el juego de la equidistancia estratégica que está tratando de llevar adelante Brasil. Con lo cual queda muy difícil, no solamente por su poco peso económico y militar en el mundo, sino también por sus dificultades internas y frente a esas polarizaciones tanto domésticas como internacionales, que pueda efectivamente asumir un rol mediador en un conflicto tan difícil como este.RFI: Si hablamos en cuanto a población, vemos posiciones muy distintas entre la chilena y la argentina, por ejemplo. Chile tiene la mayor población descendiente palestina, mientras que Argentina tiene una gran población judía. ¿Qué papel juegan esas comunidades a la hora de pesar en cuanto a relaciones y diplomacia? Víctor Mijares: Estas comunidades son muy importantes porque hacen por supuesto todo el cabildeo para tratar de llevar a sus gobiernos a tomar ciertas decisiones. Desde el punto de vista de la población en general, pareciera que más allá de algunos grupos movilizados, los asuntos internacionales -sobre todo asuntos apremiantes como la guerra de Ucrania o la guerra en Gaza- no están convocando tanto a la opinión pública latinoamericana. Se siguen viendo como problemas muy lejanos, que ya se ha entendido que tienen repercusiones en materia económica, por ejemplo, como lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania y todo el impacto que tuvo en combustibles, en fertilizantes, alimentos, etc., pero se siguen viendo como temas lejanos.

Más de 7 000 personas partieron el lunes de Tapachula, en el sur de México, con destino a la frontera con Estados Unidos. En su mayoría se trata de migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos. Según los organizadores, esta nueva caravana masiva se produce debido a la preocupante situación humana en Tapachula, donde los migrantes se han amontonado a la espera de documentos de tránsito. Tapachula, Chiapas, se ha convertido en "Tapachula-Haití", ironiza Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos sin fronteras y organizador de una  nueva caravana con unos 7 000 migrantes que partió esta semana del sur de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, pero también para denunciar los riesgos que enfrentan durante su camino y la lenta administración mexicana. En entrevista para RFI, Mujica explicó que la situación en Tapachula es desoladora. “Las caravanas nos son más que un síntoma de lo que está pasando en la zona sur, por ello, la única opción que le queda al Instituto Nacional de Migración (INM) es contenerlos [en esta parte del país]”, alertó. “Para ellos es un infierno”, resumió Mujica. Los migrantes, recién llegados, viven en las calles cuyas condiciones deterioran su salud.Por otra parte, el aumento de migrantes en esta ciudad sureña de México ha hecho que el panorama de la urbe cambie, tanto que los precios de las rentas ahora son más elevados. Con mensualidades que van de los 400 a 800 dólares, “todos los tapachultecos han hecho un negociazo ahí”, dijo Mujica.Regresar a la caravana   Compuesta en su mayoría por centroamericanos, haitianos y venezolanos, algunos, dice Mujica, lo hacen por segunda vez. Tal es el caso de una familia de haitianos que partió primeramente en una caravana, pero que fueron deportados, y que decidieron intentar la travesía nuevamente. “De una familia de cinco”, precisó Mujica, “dos podría ser secuestrados o asesinados. Yo por eso ya no los invito más”.El objetivo de estas caravanas ha adquirido, en los últimos meses, un tono que reclama al gobierno mexicano la autorización de permisos de tránsito para llegar a la frontera con Estados Unidos “sin ser detenidos o deportados”. Estos permisos son otorgados por Instituto de Migración a cuenta gotas, cuando no cancela sencillamente su emisión, y a precios que no pueden pagar los migrantes.“Lo obtienes si lo pagas. La gente que viene en las caravanas, que no tiene dinero para pagar, que tiene niños y que tiene que decidir si come, si los duerme en un parque o en la calle. Su única esperanza es sobrevivir”.Además, el crimen organizado está encima de los migrantes, por eso con esta movilización se trata de salvar vidas y que los migrantes no sean secuestrados.Este año las autoridades han desactivado caravanas enteras entregando permisos de tránsito.Washington acordó recientemente con el gobierno de Venezuela un plan para deportar a ciudadanos de ese país que hayan ingresado ilegalmente después del 31 de julio. En tanto, México se comprometió con Estados Unidos a recibir a los migrantes indocumentados y entregarlos a las autoridades de sus países de origen.

Este 29 de octubre en Colombia, el triunfo fue para la política tradicional. Con un 55% de participación ciudadana, las alcaldías de las ciudades principales del país quedaron en manos de opositores o candidatos desligados del gobierno izquierdista de Gustavo Petro. ¿Cómo se explica este giro inesperado, después de un último periodo de gobiernos que se alejó de las líneas políticas tradicionales? Colombia vuelve a elegir a sus candidatos conocidos. Después de cuatro años caracterizados por gobiernos atípicos para la historia del país, la izquierda oficialista perdió los comicios regionales en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y aunque la mayoría de los elegidos se muestran críticos con el presidente, su diversidad ideológica impide pensar que son parte de un mismo movimiento.“Cierta estabilidad”Según Andrés Segura, experto en gobierno y política pública, no se trata de una elección exclusivamente partidista: “Más allá de leerlo como de partidos o de izquierda a derecha, el país volvió a su zona de confort. Es decir, esos son los políticos de siempre. Los otros nos rompieron el corazón, no está funcionando. El presidente Petro ha generado muchas polémicas y muchas decepciones. Entonces como que volvamos a los que sean bonitos, pero que al final nos pongan otra vez en cierta estabilidad. Y eso fue lo que paso en general en las administraciones regionales”, estima.Gustavo Petro obtuvo solo dos de las 32 gobernaciones del país, lo que representa una derrota simbólica que baja sus proyecciones para negociar las nuevas políticas que regirán los gobiernos locales de 2024 a 2027.Disyuntiva“Lo que demostró Petro es que no pudo organizar políticamente al Pacto Histórico. Entonces lo que va a ver es que, en sus reformas, cuando entra a negociar los apoyos de los partidos, pues tendrá una posición débil”, subraya Segura.El experto señala que entonces Petro estará “nuevamente en la disyuntiva que siempre lo ha caracterizado”. Es decir, o “regresa otra vez al punto moderado con el que inició el gobierno el año pasado, y en ese caso tendría que habilitar mucha negociación burocrática”, en un “escenario donde pueda empezar a entregar cuotas burocráticas a diferentes partidos para buscar apoyos”.O bien, “la que ya pasó a principios de este año, que fue en su primera crisis, que en vez de buscar ser moderado, lo que hizo fue radicalizarse y entonces replegar fuerzas y consolidar un núcleo que le garantizara la lealtad entre sus seguidores”, concluye Segura.

RFI entrevistó al periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero sobre el anuncio que hizo el presidente Bukele de que aspiraría a su reelección, lo que va en contravía de la Constitución de El Salvador.  El presidente Bukele confirmó que se presentará a la reelección como presidente de El Salvador. Algunos índices le dan un apoyo en la población de hasta el 90% gracias, principalmente, a una dura política contra las pandillas, amparada en un estado de excepción que tras su declaración en 2022 ha sumado 72.000 presos en las cárceles nacionales.Sus detractores defienden que la Constitución no permite la reelección continuada. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que el propio Bukele había cambiado a cinco magistrados previamente, hizo una nueva interpretación del texto que sí le habilita para presentarse en los comicios de 2024. RFI habló al respecto con el periodista de investigación salvadoreño Fernando Romero.“El tema de popularidad es indiscutible. Definitivamente el presidente tiene un apoyo mayoritario en El Salvador. El punto específico es la legalidad o la constitucionalidad de ese acto de buscar una presidencia por aclamación popular. Para eso existe también en la Constitución salvadoreña un artículo según el cual el poder emana del pueblo. El pueblo tiene el poder de poner y quitar gobernantes, pero ese mismo artículo te dice, atención, que, aunque el poder emana del pueblo, ese poder que emana del pueblo estará limitado por esa misma Constitución”.Bukele llegaría a las elecciones de 2024 con la victoria prácticamente garantizada, muy por encima de los dos partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, los cuales se han quedado con un peso político minoritario.El periodista Fernando Romero considera que estas formaciones han tenido su responsabilidad en la ostentación de poder indiscutible que tiene actualmente el presidente. Sobre la responsabilidad de la popularidad de Bukele, Romero considera que “es culpa 100% de los partidos que ahora son oposición, los cuales en su momento fueron gobierno. No hubo mejoras en lo social, no hubo mejoras en infraestructura y lo que más le ha dolido al ciudadano salvadoreño es haber sabido, en la década anterior, a través de investigaciones periodísticas logramos contarle a la gente que estos partidos, cada cual por su lado, buscaron el apoyo de las pandillas para tener apoyo político”.De hecho, el propio periodista de investigación considera que Nuevas Ideas el partido del presidente ganará los próximos comicios de manera clara, se presente o no Bukele como cabeza de cartel.

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe llega a su fin este viernes. El objetivo fue preparar a Latinoamérica para la COP28, prevista a finales del año, en Dubái. Este jueves, 30 ministros de Medioambiente de la región elaboraron su “nueva hoja de ruta”, sin abundar en el espinoso tema de cómo financiar las acciones que limiten el calentamiento del planeta. En 2015, con la firma del Acuerdo de París, los países se comprometieron a trabajar a lo largo del siglo 21 para limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1,5 grados. Y aunque este objetivo es necesario e inapelable, el Acuerdo de París vino a ampliar las brechas de las desigualdades, pues muchos países no cuentan ni con el capital ni con las tecnologías necesarias para abandonar el petróleo y otras energías fósiles.Perdón o canje de deudasPara Sandra Guzmán, directora de la ONG Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, el primer paso sería reconfigurar el sistema financiero internacional: “El tema fundamental es transformar el aparato del sistema financiero. Actualmente hay una conversación internacional sobre modificar la operación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros bancos multilaterales para que sus instrumentos de financiamiento no endeuden tanto a los países, que haya nuevas y mejores condiciones de acceso a préstamos por ejemplo, con mejores condiciones de pago, que las tasas de interés no sean tan altas y que se busque que, cuando se trate de proyectos más sostenibles, las condiciones sean todavía más flexibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tratamiento de la deuda es un paso inmediato”, explica.El perdón de las deudas podría ser un instrumento financiero, así como el canje de deuda: “Es una medida importante porque, en lugar de pagar la deuda, vas a poder pagar por acciones en materia de cambio climático, ayudar a llevar a cabo algunas políticas y digamos, para algunos países que están fuertemente endeudados (por ejemplo, Argentina o algunos otros casos), que en lugar de pagar esa deuda, puedan invertir en acción climática. Es un avance”, subraya Guzmán.El caso PetroGustavo Petro, desde que tomó la presidencia de Colombia, ha expresado su interés en las cuestiones ambientales, y también en cómo financiar los proyectos encaminados a cumplir el Acuerdo de París.“El presidente Gustavo Petro de Colombia ha sido un vocero muy importante para generar nuevos mecanismos de financiamiento.  ¿De dónde vamos a sacar más ingresos? Esto, por ejemplo, viene a través de esquemas de tributación. Internacionalmente se ha hablado de que hay que hacer tasas, por ejemplo, a los que más contaminen, a los que más ganan, a los que más emiten...”, comenta la experta.“El presidente ha sido muy enfático en generar estos nuevos mecanismos innovadores que permitan ampliar aún más la recaudación de recursos que permitan a su vez reinvertir en acción climática”, recalca.En la COP 27 de Egipto, Gustavo Petro calificó a las conferencias sobre el cambio climático como un fracaso, pues nadie se compromete a dejar de consumir energías fósiles.

Desde el inicio de su sexenio, en 2018, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra a la Suprema Corte de Justicia, y esta semana logró una alianza con el legislativo para aprobar una ley que reduciría el presupuesto de todas las instituciones del poder judicial. Se trata de unos fideicomisos estimados en 15 mil millones de pesos (800 millones de euros) que pasarían a los programas sociales del mandatario, quien ha dicho que prefiere crear becas que continuar pagando los exorbitantes salarios de los magistrados de 700 mil pesos mensuales (unos 35 mil euros).“Equilibrio entre poderes”Aunque sólo le falta publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador continúa justificando los recortes al poder judicial.Sin embargo, de acuerdo con Luis Miguel González, director editorial del diario mexicano El Economista, estas instituciones ya operan con precariedad: “En México, el poder judicial tiene un porcentaje del PIB de 0,25%, que es mucho menor al que tienen, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Chile. México no ha valorado presupuestalmente al poder judicial como se merece”, explica.“De fondo es un asunto mucho más político. Tiene mucho más que ver con el equilibrio entre poderes que con asuntos presupuestales. Esta discusión por los fideicomisos es una vuelta de tuerca. Es el presupuesto como una manera de establecer quién manda, si el poder ejecutivo o el poder judicial”, subraya el periodista.“Totalmente incongruente”El mandatario mexicano ha declarado que los recursos de los fideicomisos serían destinados a becas de educación básica, o para repartirlos en las arcas de las 32 entidades federales, algo que no tiene lógica desde el punto de vista económico, dice a RFI Miguel González Ibarra, investigador en la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía.“Evidentemente, es una decisión de López Obrador de tratar de subordinar al único poder que continúa autónomo, porque en realidad, desde el punto de vista económico, él está creando nuevos fideicomisos, y entonces 15 mil millones, 13 mil millones, no pintan, y está creando unos nuevos para subvencionar sus obras en el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. Y eso le está dando recursos”, comenta el académico.“Entonces”, prosigue, “resulta totalmente incongruente desde el punto de vista económico, que trate de quedarse con los recursos de un fideicomiso que afecta a un poder autónomo y que va a afectar a cerca de 60.000 personas, y todas no son de la Suprema Corte. La Suprema Corte sólo representaría en los recursos menos del 7%. Son en realidad los jueces de circuito, los jueces que están realmente atendiendo a la población”.Funcionarios de tribunales federales ya anunciaron que promoverán una acción de amparo para resguardar los fideicomisos. Si pasara a tribunales, esta ley podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, encargada de dar el fallo final.  

Mientras Panamá organiza una cumbre climática preparatoria de la COP28, las calles de la capital han sido desbordadas por las protestas en contra de los nuevos contratos concedidos el viernes, de manera exprés, por el Legislativo y el presidente Cortizo, a la empresa canadiense First Quantum Minerals que podrá seguir explotando la mayor mina de cobre de Centroamérica. Los ambientalistas denuncian daños irreparables a los ecosistemas. Las manifestaciones en contra de la minera canadiense First Quantum Minerals, que representa ella sola el 4% de la economía panameña, estallaron este lunes, coincidiendo con la Semana del Clima de América Latina y el Caribe. Hubo cierre de caminos, enfrentamientos entre policías y manifestantes y paro de actividades.Para Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el descontento de los habitantes es tan grande que no han prestado atención a esta cubre regional. "Al Gobierno -dice Ramos a RFI- solamente le interesa el problema por una cuestión de imagen, realmente no le interesa el ecosistema ni el manejo ambiental interno del país. Para la sociedad esta cumbre ha pasado totalmente de largo y la mayoría de la población no tenía idea de que se realizaba esta semana y las coyunturas han coincidido con la aprobación del contrato minero".En 2017, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el contrato ley. No obstante, el mandatario panameño, Laurentino Cortizo aprobó el pasado viernes una nueva versión del contrato para explotar una zona boscosa del norte de Panamá.Se trata de un contrato leonino, de acuerdo con Liliana Guevara, directora ejecutiva del CIAM: "El contrato es leonino porque lesiona la soberanía de nuestro país, limitando las posibilidades de que el Estado panameño ejerza competencias públicas. Así pues, les da la facultad de producir energía y agua y de vendérnosla"."Les permite crear toda una serie de actividades económicas dentro de esa concesión que nada tiene que ver con la explotación minera. Esta mina supone una gran deforestación y destrucción irreparable de zonas y de fuentes hídricas que van directo a las comunidades de la región. Esos daños inestimables no pueden ser compensados. Es una relación realmente injusta", concluye Guevara.De continuar vigente el nuevo contrato, la minera canadiense podría operar durante los próximos 20 años.

RFI entrevistó a Mariana Aparicio, profesora de Relaciones Internacionales de la UNAM, sobre la Cumbre Inmigración realizada en el sitio arqueológico de Palenque, en el sureño Estado mexicano de Chiapas. Una decena de países latinoamericanos pidieron a las naciones que reciben migración irregular como Estados Unidos, pero sin mencionarlo, que revisen su política migratoria. Entre los 13 puntos del comunicado final de la Declaración de Palenque figuran el de exhortar a los países destino a que abandonen políticas y prácticas que vulneren los derechos humanos de los migrantes y replantear la deuda externa. Muy notable ha sido la ausencia de Estados Unidos en esta reunión. Para Mariana Aparicio, profesora de Relaciones Internacionales de la UNAM, esto podría significar el deseo de los vecinos del Sur de tener su propia política migratoria."Si bien es cierto que Estados Unidos no fue invitado, eso podría sugerir que es una iniciativa propia del Estado mexicano para tener un nivel de interlocución y diálogo con sus pares en América Latina y el Caribe. Todo parece indicar que se trata de una propuesta del gobierno mexicano para recordarle a sus vecinos del Sur que existen una serie de proyectos y programas y que México está en posición de cooperar y apalear la crisis migratoria. Por supuesto que hay que celebrar este diálogo entre los países, pero a partir de los resultados de la cumbre, pues parece que no hay nada nuevo que no se haya dicho anteriormente", dice Aparicio.Estados Unidos comenzó a externalizar este año su control migratorio con las llamadas oficinas de Movilidad Segura, que ya funcionan en Guatemala y Colombia. Estas nuevas medidas son criticadas por la forma en que son seleccionados los migrantes, pero la Cumbre en Palenque no ofreció ninguna alternativa, según Mariana Aparicio."A mí no me parece que esta Cumbre esté dando una opción alternativa porque al final lo que busca los migrantes es llegar a Estados Unidos, independientemente de dónde estén esperando para la cita", subraya la profesora de la universidad mexicana UNAM.Cuba y Venezuela pidieron el levantamiento de sanciones económicas, pero Estados Unidos difícilmente aceptaría esta propuesta, analiza también Mariana Aparicio."Las sanciones económicas que implementa Estados Unidos responden a una decisión de política interna de ese país. Es muy complicado establecer, obligar o que exista una modificación de la política interna de Estados Unidos respecto a uno de los instrumentos económicos y comerciales que tiene ese país para implementar en otro país y que modifique su comportamiento. La Asamblea General de Naciones Unidas, año tras año, el 98% de los países miembros, votan en una resolución para exhortar al gobierno de Estados Unidos a eliminar las sanciones económicas. Lo que se conoce comúnmente como ‘el bloqueo’. Pero Estados Unidos no ha hecho caso a lo que la comunidad internacional expresa", concluye.El mandatario mexicano anunció que en su próxima reunión con Joe Biden, programada para noviembre, le pedirá levantar las sanciones por razones humanitarias.

Preguntamos a varios electores de la candidata que llegó tercera en la primera vuelta, la opositora macrista Patricia Bullrich, por quien votarán dentro de un mes en el balotaje entre el candidato oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei. Ese casi 24% de los electores será decisivo. Un reportaje de Alejo Schapire, enviado especial de RFI. La zona de Barrio Norte en Buenos Aires amaneció con caras largas, en particular el barrio de Recoleta, donde se concentra el voto duro para Patricia Bullrich, quien no logró calificarse para la segunda vuelta.Los votantes de Juntos por el Cambio, partido creado como una coalición republicana anti-kirchnerista, enfrentan ahora la disyuntiva del balotaje entre el opositor y neoliberal Javier Milei, que ofrece medidas y un estilo que muchos juzgan extremo, y Sergio Massa, al que algunos consideran un peronista moderado. El voto en blanco es otra opción.En un café nos cruzamos con Adriana, psicóloga, y su amiga Estela, que trabaja en una inmobiliaria. Ambas votaron por Patricia Bullrich. "Yo creo que la gente que votó a Patricia va a ser muy difícil que vote a Milei porque tienen miedo de los cambios abruptos que él quiere llevar a cabo. Lo de la 'motosierra', ese cambio así'.'Este país fue, es y será peronista' Milei ha salido en campaña con una motosierra prometiendo cortes severos al gasto público, incluyendo la desaparición de varios ministerios. Adriana aclara sin embargo que "hay muchas cosas en las que coincido con Milei, pero uno ya es grande [adulto] y también pienso que este país fue, es y será peronista".Su amiga Estela aclara que ella es "un poquito más cerrada" que su amiga y por eso va a votar por Milei, aunque se muestra fatalista sobre el resultado final. "Soy anti-peronista, siempre lo he sido. Ellos gobernaron los últimos 20 años. Solo cuatro años no gobernaron. Y sin embargo le echan la culpa a Macri. Pero bueno, este es un país peronista y tenemos lo que nos merecemos".También cruzamos a Cecilia, jubilada: "Anoche pensé: ¿y si voto en blanco? Seguro que no votaré por Massa. Votar por Milei… vamos a ver. Yo lo único que le pido a Milei es que baje la agresividad. Pero no entiendo a nuestro pueblo. Hay mucha inseguridad, hay mucha pobreza y seguimos votando algo que nos está castigando. No entiendo".Juan es abogado y está indeciso: "Tengo un mes por delante de mucha reflexión porque no comparto las medidas que quiere impulsar Milei. Por un lado, la dolarización, el tema de la eliminación de un montón de sectores del Estado que a mi criterio son estratégicos. Tengo un mes de mucha reflexión por delante para ver cómo se van encaminando y posicionando los diferentes candidatos".

En su reciente visita a China, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, invitó a su homólogo chino, Xi Jinping, a visitar la Antártica chilena,  visita que éste último aceptó y, aunque no quedó una fecha agendada, podría concretarse el próximo año, informó la comitiva parlamentaria que acompañó a la delegación chilena. Pero China podría poner en peligro este santuario de la naturaleza protegido hasta ahora por el Tratado Antártico. Chile, el país más austral del planeta, también es la puerta a la Antártida, donde las capas de hielo llegan hasta los 5 kilómetros de grosor. Es aquí donde vendría Xi Jinping, el mandatario chino, cuyos intereses extractivistas contrastan con las políticas de protección actuales de este santuario de la naturaleza.Karen Manzano, profesora de la Universidad de San Sebastián y especialista de la Antártida chilena expresó: "Chile desde que empezó a trabajar en el sistema del Tratado Antártico, (firmado en 1959), siempre ha tenido una posición de protección de los recursos naturales, sin embargo, la relación de China con la Antártida, ha sido en muchas ocasiones de explotación y de exploración."China va en una intento de competencia para ver qué hacer sobre los recursos de la Antártida y ¿por qué uno puede observar estos datos? porque en junio pasado se adoptó la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA)  y una de las cosas que quiso hacer Chile y Argentina fue potenciar las áreas marinas protegidas y uno de los votos en contra fue precisamente de China, porque acá había claramente intereses en torno a la industria pesquera".“La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos”, se puede leer en el artículo primero del Tratado Antártico de 1959. Y aunque en el año 2048 los 12 países signatarios se reunirán para revisar el texto, Luis Valentín Ferrada, Director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, considera que la esencia del Tratado no debería ser modificado, por el bien del planeta: "Hasta el año 2048 está prohibido cualquier tipo de actividad con los minerales que hay en la Antártica activamente. A partir de esa fecha se abre la posibilidad de volver a discutir un eventual régimen de explotación de minerales. Desde esa perspectiva imagínese, ¿qué pasaría si las costas antárticas empiezan a ser explotadas? ¿Qué pasaría si hay derrames de petróleo en la Antártica? Todo eso afectaría directamente al Chile americano también."Chile debiera ser un país especialmente preocupado de la preservación del medio ambiente antártico. Piénsese que muchas de los ventajas que tiene Chile, la riqueza pesquera que tiene gracias a la Corriente de Humboldt, en gran manera se debe, a nuestra cercanía con la Antártida. "Yo espero que la Antártica permanezca siempre como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Pero claro, los distintos países miran conforme sus objetivos e intereses, que es lo que está sucediendo ahí", concluye Luis Valentín Ferrada.Además de Chile, el gigante asiático trabaja sus alianzas con Argentina para así, intervenir en la geopolítica del continente antártico.Escuche los reportajes: Amundsen y el capitán Scott: "A la conquista del Polo Sur"Jean Baptiste Charcot: el puerto de Havre le consagra una muestra al gran explorador de la AntártidaPlantas de la Antártica que producen sus propios filtros solares

Elecciones presidenciales este domingo 22 de octubre en Argentina. Entre los favoritos para suceder a Alberto Fernández se encuentra la sorpresa de esta elección, Javier Milei. Nacida al calor de las redes sociales, su figura carismática atrae a los electores más jóvenes, una novedad ya que hasta ahora solían acompañar al kirchnerismo. Un reportaje de nuestro enviado especial a Buenos Aires, Alejo Schapire. De nuestro enviado especial a Buenos Aires, Alejo SchapireEn la década pasada, el kirchnerismo pareció tener el monopolio del voto joven. Las agendas de las políticas de género, la legalización del aborto, una economía que permitía una mayor asistencia social atraían a una generación que se reconocía en estas banderas.Hoy, el voto joven está migrando hacia una propuesta en las antípodas, el neoliberal Javier Milei, defensor de un capitalismo sin complejos y socialmente conservador.Salimos al centro de Buenos Aires a hablar con quienes van a poner su nombre en la urna. Nicolás tiene 21 años y se coloca en una esquina el uniforme de repartidor de comida a domicilio antes de subirse a la bicicleta: "Voto por Milei por la propuesta que tiene, el cambio que propone y unpoco salir de estos 100 años de gobierno, él propone capitalismo, hoy en día estamos en un gobierno que es socialista..."Son muchos los repartidores que dicen que van a votar a Milei, pero no solo. Tomás es desocupado y tiene 24 años. Lo cruzamos caminando por la avenida 9 de julio, nos cuenta lo que le atrae del candidato libertario: "Es alguien nuevo, que no tiene antecedentes, por éso mismo". La novedad, la falta de antecedentes,  parece ser uno de los mayores atractivos de Javier Milei. Sol es tucumana, del norte argentino, y estudia diseño en la facultad. Ella explica su voto por Milei: "Porque quiero algo diferente para la Argentina. Alejo Schapire: ¿Qué es lo que más te seduce de él?  Sol: "Su locura, necesitamos a alguien que esté loco como él, para que cambie las cosas. La gente que está ahora, como que no hace nada, no impone ni siquiera autoridad" Alejo Schapire: ¿Qué cambio te gustaría más que haga (Milei)?Sol: "El dólar" Sin la épica de kirchnerismo, la nueva generación de electores han encontrado en Javier Milei a un loco como dicen, pero cuya propuesta seduce por ofrecer un horizonte económico previsible atado a una moneda confiable, lo que en la Argentina de hoy no es poco. Desde Buenos Aires, Alejo Schapire para RFI.Sobre el mismo tema, programa Escala en París:El fenómeno Milei: 'Nadie saltó tan rápido de la televisión a las puertas de la Casa Rosada'Otro reporte de nuestro enviado especial a Buenos Aires:'Espero que traiga dólares': la inflación, factor determinante en los comicios argentinos

A tres días de las elecciones presidenciales en Argentina, la inflación y el costo de vida son temas que pesan en las elecciones presidenciales. Con nuestro enviado especial en Buenos Aires, Alejo Schapire.El barrio de Retiro, en Buenos Aires, es un bastión de la oposición al gobierno kirchnerista. En Argentina, la inflación del 12% por ciento mensual y del 138% en el último año, está desbocada.En este día primaveral, en el mercado de alimentos frescos, el constante aumento de precios y las elecciones presidenciales del domingo están en boca de todos.“Es una locura y lo peor de todo es que el sueldo nuestro está en el mismo lugar”, comenta a RFI una clienta.Lucía es profesora. Hace las compras con su bebé. “La inflación va a seguir subiendo. Si se sabe que el lunes va a saltar el dólar, no importa quién gane”, dice y añade que sin duda votará por Patricia Bullrich.Alejandro tiene 42 años, es terapeuta y está preocupado por los precios. Sus hábitos de compra cambiaron. “No sube todo a la vez, pero uno va notando que todo sube. Ahora compro algunas cosas con tarjeta de crédito. Yo tengo mellizos, tengo perros, o sea que compro con tarjetas la comida de los perros, los gastos grandes, los pañales y sé que por lo menos el 12% me lo come la inflación”, explica.“No hay chance que vote este gobierno”, señala.Mientras muchos prefieren no decir por qué candidato van a votar, si por el oficialista Sergio Massa, el ultraliberal Javier Milei, la centroderechista Patricia Bullrich o la izquierdista Myriam Bregman, otros lo declaran sin vueltas."Milei está un poquito loco pero no me importa"Facundo es empleado de la pescadería del mercado. A los 17 años, vota por primera vez y lo hará por Milei.“Porque me gusta la forma de hablar. Porque espero que traiga dólares”, dice.En menos de dos días, explica, se le acaba el sueldo. “Me sustento de los animales. Vendo los huevos de la gallina. Me sale bien alguna vez. Está un poquito loco Milei, pero eso no me importa mientras que cambie acá”.En este contexto de inflación récord, el salto a lo desconocido es algo que muchos votantes de Javier Milei están dispuestos a dar.

El gobierno mexicano dio un paso importante para esclarecer el caso de Ayotzinapa. Por primera vez, reconoció que el ejército estaba al tanto de lo que pasaba el día de la desaparición de los estudiantes y que además los militares tenían información en tiempo real. Acceder a los documentos del ejército sigue siendo una de las batallas de los padres, así como conocer qué sucedió con sus hijos. “El Gobierno de México ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes”, así concluía a finales de septiembre Alejandro Encinas, al mandato de la Comisión por la Verdad, una institución del Gobierno mexicano creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Aunque, al presentar su segundo informe, Alejandro Encinas haya señalado al Estado mexicano como responsable, el gobierno esperó hasta el martes 17 de octubre para aceptar que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues su servicio de inteligencia contaba con espías en la región.La declaración es importante al provenir del gobierno, pero para Mario González, padre de uno de los jóvenes, esto no es ninguna novedad. “Tenemos años gritando esa misma consigna. Toda esta información que están sacando apenas, pues viene del GIEI. Esto no es nuevo pero desafortunadamente nadie lo había dicho a cielo abierto como lo ha hecho Encinas”, opina González, entrevistado por RFI.“A nosotros siempre nos habían dicho que no había información como tal de saber el paradero de los muchachos o saber qué había pasado”, añade.Leer también"El Estado nos negó información": GIEI entrega último informe sobre desaparecidos de AyotzinapaInformación negadaLos padres han perdido el acceso a la información del ejército, la cual siempre les ha sido negada. “No había absolutamente nada, mientras que nosotros ya sabíamos que sí existía”, recuerda González. “Hay muchas líneas de investigaciones a donde estaban arrojando datos duros, que hubo participación y movilización en los momentos críticos del ataque a los muchachos”.Además, la reciente condecoración del general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa, cuando sucedió la desaparición de los estudiantes, sería una paradoja.“No sé qué tantos pactos tan fuertes tengan el presidente con el ejército, porque recordemos que él fue el primero que obstruyó la verdad”, denuncia el padre del estudiante desaparecido. “Él fue el que dijo no se van a declarar los muchachitos y nadie los va a tocar, es un delito grave”.Mario González dice que para los familiares de los desaparecidos va a costar mucho trabajo obtener respuestas.Los padres han solicitado la entrega de 800 documentos relacionados al espionaje militar. El gobierno mexicano sigue sin responder.

Con Patricia Bullrich, la oposición de centro derecha de Juntos por el Cambio busca volver al poder tras la gestión de Mauricio Macri (2015 - 2019). En un país carcomido por la corrupción y la crisis económica, la ex ministra de Seguridad promete mano dura, terminar con el kirchnerismo y garantizar una mejor gobernabilidad frente a su gran rival a su derecha, Javier Milei.  "Tener seguridad, tener impuestos razonables, tranquilidad, certezas, terminar las incertidumbres, un gobierno que tenga reglas claras y duraderas". Así resume Patricia Bullrich su propuesta con la que intenta proyectar una imagen de mujer fuerte, que no se doblega, y que impone orden.Bullrich, de 67 años, es politóloga. Pertenece al ala más dura de Juntos por el Cambio, aunque comenzó su carrera política en los 70 como militante de la juventud peronista.Leer tambiénJavier Milei, el ultraliberal que rompió el molde político de ArgentinaA fines de los 90 formó parte del gobierno de la coalición de centro La Alianza, que terminó en forma anticipada con la traumática crisis financiera de 2001. Luego fue diputada y entre 2015 y 2019 fue ministra de Seguridad de la Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri.En una economía en crisis, con una inflación interanual de casi el 140%, Bullrich promete combatir el aumento de los precios, aunque suele ser cuestionada por su falta de solidez al explicar sus propuestas en esa materia. "Yo vengo a terminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas, más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación comprás sin sorpresas, podes comprar una casa. Sin inflación no la compras. Es así de simple y duro."Leer tambiénSergio Massa, el 'malabarista' candidato oficialista y de oposición a la vezAdemás de sus compromisos en economía y su promesa de orden y lucha contra el narcotráfico, la otra gran bandera de Patricia Bullrich es terminar con el kirchnerismo, la variante del peronismo que es la socia mayoritaria de la coalición que hoy gobierna el país. En un acto de campaña, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, Sergio, cuenta que lo que valora de la candidata es "la experiencia que tuvo ya con Macri, que sabe lo que se le viene y creo que está preparada para eso. Después estoy tranquilo con respecto a todo lo demás y esperando a que se termine para siempre el peronismo, o el kirchnerismo, como lo quieran llamar."Leer tambiénCon ilusiones y dólares, así llega Milei a los corazones argentinos En las primarias de agosto, Juntos por el Cambio sacó el 28% de los votos. Pero su interna fue la más competitiva, y hay que ver si los votos del otro candidato, el actual alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, quien tenía una propuesta más de centro, terminan yendo mayoritariamente a Bullrich o no. Otros analistas aseguran que esa interna le habría hechoperder terreno frente a los dos otros favoritos, el peronista Sergio Massa y el ultraliberal Javier Milei.

En Colombia, rige desde el martes 17 de octubre un cese el fuego entre el ejército y el EMC, el principal grupo de disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Ambas partes instalaron una mesa de negociaciones para alcanzar la paz a pesar de un acercamiento complicado y tenso. Es la disidencia más importante de la ex guerrilla de las FARC. El grupo de Estado Mayor Central (EMC) agrupa alrededor de 3.000 hombres.Los disidentes afirman que no estaban de acuerdo con algunos puntos del acuerdo de paz y desmovilización de 2016. Alegaban, por ejemplo, que otros grupos armados iban a ocupar las zonas liberadas.Esta semana el gobierno colombiano abrió una mesa de negociación con el EMC. ¿Qué se sabe de este grupo armado? “En algún momento, algunos de sus líderes o comandantes tuvieron una relación con las hoy extintas FARC”, dice a RFI Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC.Estos grupos han crecido de manera notoria, explica Restrepo. “Hoy en día son responsables del mayor número de acciones violentas que han ocurrido en el país. Es un indicativo de lo formidables que son en términos de la capacidad de generar violencia, miedo y terror en Colombia”.Acerca de cómo calificar estos grupos, Restrepo dice que “no las llamaría insurgentes porque este no es un cuerpo armado organizado, es más una federación, una agrupación sombrilla que reúne muchos grupos que incluso en ocasiones están enfrentados entre ellos”.Esta “disidencia”, como se le conoce también en el país, es la principal responsable también de gran parte del tráfico de narcóticos y su producción en Colombia.Cese al fuegoAún falta precisar los puntos de la agenda de negociaciones, pero ya hay una decisión concreta. Se ha decretado un cese al fuego bilateral por tres meses. “Un primer logro significativo”, según el directos del CERAC.“Ya inicialmente, a comienzos de este año, el gobierno había decretado unilateralmente un cese al fuego al que adhirió este grupo, pero que no cumplió. Esto no llevó a una reducción de la violencia, sino que los niveles de violencia se mantuvieron”, apunta Restrepo.Opina que la negociación ha sido “muy desestructurada”, aunque esto “se ha logrado resolver en parte por el acompañamiento de la comunidad internacional, los diferentes países garantes, la Iglesia católica, incluso la participación de la misión de Naciones Unidas que han logrado presionar a las partes para darle más estructura a la negociación”.En paralelo, el gobierno colombiano mantiene conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Ambas negociaciones se enmarcan en el proceso de paz total prometida por el presidente Gustavo Petro.

El más novato de los candidatos a la presidencia argentina irrumpió en la política hace apenas dos años con promesas de transformación tan radicales como su vocabulario. Javier Milei se define como libertario y apuesta a ganar las elecciones del 22 de octubre en primera vuelta. Las encuestas se inclinan más por un ballotage frente al peronista Sergio Massa o a la conservadora Patricia Bullrich. Javier Milei es el más disruptivo de los candidatos a la presidencia de Argentina. Es economista de formación y es el postulante que menos historia tiene dentro del Estado. Su primer cargo público es su puesto actual como diputado nacional, al que llegó en 2021 tras haber fundado La Libertad Avanza (LLA), un movimiento libertario en temas económicos pero conservador en lo social.Su ejercicio profesional se había concentrado en el sector privado. Entre otros, prestó sus servicios en las empresas de Eduardo Eurnekián, una de las personas más ricas de Argentina, con intereses en los sectores de energía, aeropuertos, infraestructura y agroindustria.Antes de ser diputado, Milei se convirtió en una figura pública por su persistente aparición en programas de televisión, en los que expresaba posiciones críticas respecto al manejo de la economía y otros asuntos públicos de manera muy histriónica y con un aspecto más de rockero despeinado que de político tradicional.Leer también‘Milei aprende que para competir tiene que convertirse en una mezcla de bufón, profeta y sabio’Su discurso se centra justamente en cuestionar lo que denomina "la casta", el 'establishment' de la política local. "El modelo de la casta parte de una premisa nefasta, que dice que donde hay una necesidad hay un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos."Milei considera que deben recortarse dramáticamente los gastos del Estado. Entre sus propuestas se encuentra la de dolarizar la economía, o al menos lanzar una libre competencia de monedas que, dice él, desembocaría en una dolarización, y cerrar el Banco Central.También prevé privatizar empresas públicas, bajar impuestos y llevar adelante una reforma laboral. Milei, quien se presenta como libertario, anarcocapitalista y, minarquista, también tiene posiciones conservadoras y de derecha. Niega la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura, se opone al aborto legal y quiere que la educación sexual integral deje de ser obligatoria en las escuelas.Para sus seguidores, el principal activo de Milei es simplemente ser diferente. En un acto del candidato en la localidad de San Martín, en las afueras de Buenos Aires, Elvio, uno de sus votantes asegura a RFI en español que "la seguridad que me da Javier Milei hoy en día, a mí y creo que a un montón de gente, es que no es político, y todo lo que él dice nace del sentido común."Leer tambiénEl ultra Milei capitaliza la bronca para asaltar la presidencia de ArgentinaEn las primarias de agosto, La Libertad Avanza sacó el 29,86% de los votos. El sistema electoral argentino preve la victoria con la mitad más uno de los votos o con el 40% y una diferencia de diez puntos con el segundo más votado.La esperanza de Milei es ganar en primera vuelta este 22 de octubre, el mismo día en que  cumplirá 53 años.

La sorpresa finalmente se confirmó y Daniel Noboa será el próximo presidente de Ecuador. Hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, el nuevo presidente es relativamente desconocido como político. Ante sí tendrá numerosos desafíos, el principal, frenar la ola de violencia en Ecuador ¿Qué esperar de su presidencia? Al decir “mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia”, Daniel Noboa tiene muy claro cuál es el primer desafío que debe afrontar tras su sorpresiva y finalmente victoriosa carrera a la presidencia: la violencia, en un país que cerró el año pasado con más de 2.500 crímenes violentos, y donde uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, fue asesinado en plena campaña por sicarios. El hecho de que sean elecciones anticipadas hace que su mandato no sea completo, sólo durará hasta 2025.Violencia: “El tiempo es muy corto”“La diferencia de Noboa frente a otros candidatos más bien de derecha, es que no tenía un discurso tan autoritario basado en el punitivismo penal, pero sus propuestas tienen que ver más con la militarización de los puertos, el uso de tecnología de punta, especialmente de origen israelí, para controlar las fronteras, los puertos, las aduanas”, explica a RFI Alexis Medina, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Besançon.Pero, señala, “el problema es que el tiempo es muy corto para resolver un problema estructural tan fuerte como es el de la violencia en Ecuador. Y por otra parte, esta ola de violencia tiene que ver con eventos que también escapan al control del presidente, es decir, tiene que ver con la reconfiguración de las rutas del narcotráfico en particular”.Economía y medioambienteOtro reto es relanzar la economía: “Daniel Noboa intentó construir la imagen de un hombre joven, pragmático, más bien como de centroizquierda. Pero detrás de este discurso y de toda la comunicación política, finalmente lo que él promueve es un modelo de desarrollo bastante clásico”, comenta Alexis Medina.“Uno de sus proyectos”, precisa el profesor, “es atraer las inversiones extranjeras creando zonas francas, es decir, zonas donde las empresas transnacionales que se instalen no paguen impuestos y donde también se puedan aplicar normas laborales específicas que no sean las del código laboral que se aplican en el resto del país”.Además, contará con el problema de que sus ingresos por petróleo se verán mermados tras el plebiscito a favor de terminar con la explotación del yacimiento del Parque Nacional Yasuní. Los pueblos indígenas pueden suponer además una feroz oposición ante cualquier política contraria al medioambiente.“También dependerá de la resistencia que susciten sus reformas entre los movimientos sociales, en el movimiento indígena que es el más poderoso. Puede ser en reformas laborales, puede ser en reformas que busquen acentuar el extractivismo, digamos, extender la frontera petrolera, profundizar la minería a gran escala, ese tipo de cosas”, concluye Medina.

Sergio Massa es el candidato para las elecciones presidenciales de Argentina del próximo 22 de octubre por Unión por la Patria, la coalición peronista que hoy gobierna el país. Llega con el peso de ser el actual ministro de Economía, en un contexto de profunda crisis, que se agravó en su gestión, y con el objetivo de convencer a la gente que un eventual gobierno suyo será diferente al del actual presidente, Alberto Fernández. ¿Quién es Sergio Massa? "Los que creemos en el trabajo registrado, los que defendemos el derecho de nuestros trabajadores..." decía Sergio Massa en un reciente acto proselitista. Para enfrentar a los dos candidatos de la derecha el 22 de octubre (Javier Milei y Patricia Bullrich), el candidato peronista pone cada vez más el acento en la defensa de los derechos de los trabajadores, que siempre ha sido la bandera histórica de ese movimiento político.Si bien se sumó al peronismo hace décadas y hoy es candidato de una coalición peronista de centro izquierda, Massa comenzó a hacer política en su adolescencia en las filas de un partido liberal, la Unión de Centro Democrático.Abogado, de 51 años y ministro de Economía desde agosto 2022, Massa es hoy uno de los tres principales socios de la coalición peronista que llegó al poder tres años antes, junto al presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner, hasta ahora la más poderosa de los tres.Pero si Cristina Fernández representa una suerte de izquierda dentro del peronismo, Massa está más cercano al centro. Tiene buenos vínculos con diversos sectores de la política, el empresariado, los sindicatos y en el extranjero.Su gran desafío es intentar demostrar que un gobierno que lo tenga como presidente será distinto del actual, que lo tiene como jefe de Economía. En un acto en la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, Massa hacía referencia a ese malabarismo asegurando tener "el coraje para hacer los cambios que hagan falta, para cambiar los funcionarios y las medidas que hagan falta, para empezar un nuevo gobierno y una nueva etapa en la política argentina."A los votantes de Massa les preocupa sobre todo qué podría pasar si gana uno de los otros candidatos. Uno de ellos es Martín, para quien "los candidatos que tenemos en frente son muy contra el pueblo. Nosotros somos gente del pueblo y esto es lo popular, el Justicialismo es un partido popular, de la gente del pueblo, de la gente humilde y trabajadora."En las primarias de agosto, Unión por la Patria sacó el 27,28 por ciento de los votos.En un espectro en el que la opinión pública parecer partida por primera vez en tres tercios, pocos especulan con una victoria en primera vuelta. La apuesta del oficialismo para el 22 de octubre es clasificar a la segunda ronda contra Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, para intentar entonces ganar la presidencia.

Líderes indígenas anunciaron que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo. En la antena de RFI, el constitucionalista Edgar Ortiz ha afirmado que si bien es cierto Giammattei no puede remover a la fiscal de forma propia, "sí que puede pedir la renuncia como jefe de Estado Líderes indígenas guatemaltecos anunciaron el pasado jueves que mantendrán los bloqueos en carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo, tras fracasar una reunión con el gobernante Alejandro Giammattei y delegados de la OEA. Seis representantes de organizaciones indígenas conversaron en la Casa Presidencial, en la capital, con Giammattei y una misión mediadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), y pidieron al mandatario solicitarle la renuncia a la polémica fiscal Consuelo Porras.  Sin embargo, Giammattei les dijo que por ley no puede hacer ese pedido, dijo a periodistas el líder indígena Luis Pacheco, dirigente de la organización de 48 cantones del municipio de Totonicapán (oeste).En la antena de RFI, el constitucionalista Edgar Ortiz ha afirmado que si bien es cierto Giammattei no puede remover a la fiscal de forma propia, "sí que puede pedir la renuncia como jefe de Estado, como representante de la unidad nacional y se está escudando en un falso formalismo legal" y explica Ortiz un precedente en 2020 cuando ya pasó. Sobre una posible vía de salida al bloqueo, Ortiz afirma en RFI :"Hay que apelar a la virtud cívica y esperar que más interlocutores se unan en esa narrativa y también exista que la corte constitucional tome acciones contra estos funcionarios y yo diría que la presión internacional es importante en momentos clave. Estamos viviendo un golpe de estado a cámara lenta. Evidentemente no son claros como los golpes militares del pasado, pero los movimientos nos llevan a ese punto y es importante que la comunidad internacional lo reconozca"Desde hace 11 días, miles de manifestantes mantienen los bloqueos para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.Los tres funcionarios, calificados por Estados Unidos como "corruptos" y "antidemocráticos", son señalados por el opositor Arévalo, de 65 años, de orquestar un "golpe de Estado" para evitar que asuma el poder el 14 de enero.Además del cierre de vías, un grupo de manifestantes ocupó el miércoles una hidroeléctrica en el norte del país, aunque esta se mantiene en funcionamiento, de acuerdo con el vocero del Ejército, Rubén Tellez.

Ecuador vuelve este domingo a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentan la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa. Los comicios se llevan a cabo en un clima de violencia, enrarecido tras el asesinato del aspirante presidencial Fernando Villavicencio. Ecuador vota en medio de un estado de excepción debido a los altos niveles de violencia, decretado por el presidente Guillermo Lasso un día después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, en agosto.En estas elecciones anticipadas por el mecanismo de “muerte cruzada”, en las que Lasso evitó el juicio político disolviendo la Asamblea Nacional, llegaron al balotaje presidencial las figuras de la izquierdista Luisa González y el derechista Daniel Noboa.En entrevista con RFI, Simón Pachano, profesor de Flacso Ecuador, consideró que la población ecuatoriana se encuentra frente a dos incertidumbres sobre el desarrollo de la jornada electoral del próximo 15 de octubre.Por un lado, los dos candidatos no eran favoritos, “ni conocidos públicamente. El electorado recién comenzó a conocerlos durante la primera y la segunda vuelta”, a pesar de que González y Noboa era legisladores. Pachano estimó que fue hasta el debate presidencial del pasado 1ro de octubre que el electorado ecuatoriano tuvo claridad de quiénes eran los candidatos.Y el segundo factor que explica el clima de incertidumbre está relacionado con la violencia que azotado al país. El asesinato de un candidato presidencial en plena campaña electoral fue “un hecho inédito en Ecuador y que creó una situación muy grave y de confusión en el electorado”, dijo.La violencia y la segunda vuelta En un contexto de violencia, no menos de 7 personas vinculadas al magnicidio del candidato Villavicencio fueron asesinadas en prisión, se impuso naturalmente el tema de la inseguridad.Leer tambiénSéptimo sicario colombiano muere en prisión relacionado con asesinato de Villavicencio“Es el tema que preocupa más a la ciudadanía”, reiteró Pachano. “En todas las encuestas aparece como la preocupación mayor de la ciudadanía, pero los planteamientos de los dos candidatos son muy generales: equipamiento y profesionalización de las entidades policiales, militares, etc. Pero no hay una visión de conjunto en eso.Las últimas encuestas publicadas indican un virtual empate técnico entre los candidatos, aunque con una leve ventaja para el aspirante de derecha.

En pleno invierno Sudamérica vivió temperaturas récords que superaron holgadamente los 40 grados. Los expertos en medioambiente de la región apuntan a la deforestación masiva en país como Brasil y Bolivia y parecen impotentes ante el poderío de la agroindustria que genera recursos "demasiado" altos y vitales para cualquier Estado.  La ciudad boliviana de Villamontes vivió el 22 de agosto una jornada "histórica": En pleno invierno los termómetros marcaron 45° grados centígrados. Fue la temperatura más alta registrada en esta época del año en el hemisferio sur. Un día después, Paraguay rompía su propio récord invernal con casi 42°C. Son cifras que disparan las alarmas en todos los países de la región por las consecuencias que ya se están sintiendo, por ejemplo, en la agricultura.También le quita el sueño a los expertos en medio ambiente. ¿Cómo explican ellos el fenómeno sudamericano? Sandra Quiroga, ingeniera ambiental y activista climática en Bolvia  explica a RFI en español que la región no escapa a la modificación del clima a nivel global:  "Lo que pasa es que en Sudamérica están los principales países del mundo que, como Brasil y Bolivia. Entonces, el sacar los bosques y la cobertura arbórea, en cualquier país del planeta que sea, aumenta el riesgo del aumento de la temperatura. Y esto se explica porque los bosques y las áreas verdes minimizan los efectos del calor en el municipio, departamentos o país donde se encuentran."Leer tambiénLa Amazonía profunda de Colombia, a la espera de una política eficaz contra la deforestaciónAparte del fenómeno El Niño, relacionado con el calentamiento climático en el océano Pacífico oriental ecuatorial, la explotación de los suelos agrava una situación ambiental que choca con otro imperativo mayor: la necesidad económica de una región emergente. Para Quiroga "Sudamérica se está convirtiendo en la región que proporciona alimentos a otras potencias, como China. Es el caso de Brasil, cuya mayor cuota de exportación de carne va al gigante asiático. Y esa producción se ve reflejada muy claramente en muchas zonas de la Amazonía que han sido totalmente deforestadas para la producción agrícola. Lo mismo ocurre en Bolivia, Paraguay o Argentina." Pero a pesar del diagnóstico, la experta boliviana expresa cierta impotencia sobre una eventual toma de conciencia de los gobiernos. "Creo que no hay una forma de ir para atrás porque al final de cuentas todos los sectores productivos generan demasiados recursos económicos, no solamente para ellos, sino también para el país. Creo que hoy, la parte ambiental, muy ligada al tema del la modificación del clima, no puede competir con los recursos económicos que producen los pequeños y grandes empresarios" de la agroindustria.

República Dominicana anunció la reapertura parcial de su frontera con Haití, cerrada hace un mes, para reactivar las exportaciones hacia el país vecino, pero mantuvo "de manera indefinida" el bloqueo a la migración. Esto ocurre de cara a la eventual llegada de una misión internacional de la ONU a Haití. Un giro que podría encarrilar el dialogo entre vecinos. República Dominicana ha anunciado la reapertura parcial de su frontera con Haití, cerrada hace un mes, para reactivar las exportaciones hacia el país vecino, pero mantuvo “de manera indefinida” el bloqueo a la migración. Bajo “estricto control militar”, los pasos limítrofes abren hoy miércoles 11 de octubre, a las 8 de la mañana locales, informó el portavoz del gobierno dominicano, Homero Figueroa, tras una reunión del Consejo Nacional de Seguridad sobre nuevas medidas en la frontera.Nelson Espinal Baéz, abogado dominicano experto en mediación ha afirmado en RFI: "la República dominicana empieza a flexibilizar su posición, dando pasos concretos y precisos para abordar esto de la mejor manera posible. Habrá una posibilidad de comercializar bienes y servicios entre los dos países, restringido, pero ya es un paso de cara a una mesa de negociación"La tensión entre ambos países aumentó en los últimos tiempos, en gran parte debido a la crisis de gobernabilidad que vive Haití a causa de la acción de grupos criminales que Puerto Príncipe no ha logrado controlar. Huyendo de esta situación, decenas de miles de haitianos cruzaron la frontera hacia Dominicana, pero en muchos casos acabaron siendo deportados por el gobierno de Abinader.Espinal Baéz subraya en RFI: "al no haber un estado organizado en Haití, eso es terreno para mucha ilicitud. Yo presumo que una vez entre la fuerza internacional en Haití y recobren ellos y el estado el monopolio de la violencia, entonces mejorará la relación entre ambas.  Porque ese es uno de los temores de las autoridades dominicanas, ante la ausencia de autoridad, mantener la frontera abierta en estos momentos"El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció hace un mes que cerraría las fronteras con su país vecino.En febrero de 2022, el mandatario había inaugurado las obras para la construcción de una “verja perimetral inteligente” —una mezcla de muro de hormigón armado y estructuras metálicas— para bloquear el paso en las "áreas más pobladas y sensibles de la frontera".“La República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país (Haití) ni resolver el resto de sus problemas", dijo entonces Abinader.Haití, el país más pobre de América, es el segundo socio comercial de Dominicana, receptor del 8,4% de sus exportaciones, que rondaron los 1.040 millones de dólares en 2022.

El pasado 7 de octubre, la Comisión Experta recibió la propuesta de la que sería la futura Constitución de Chile. Para llegar a esta versión, los 50 integrantes del Consejo Constitucional, donde la derecha tiene la mayoría, mantuvieron intensos debates desde el pasado mes de junio, repletos de acuerdos, desacuerdos e inconformidades. La Comisión tiene hasta el 12 de octubre para expresar sus observaciones. Con el golpe de Estado de 1973, Augusto Pinochet tomó la presidencia de Chile, y aprobó en 1980 la actual Carta Magna que rige al país y que durante muchos años fue el símbolo del neoliberalismo latinoamericano.En ese momento el mundo aún estaba dividido por el muro de Berlín, los científicos apenas comenzaban a entender el vertiginoso calentamiento del planeta y en Europa, las instituciones del Estado de bienestar se reforzaban.Este 2023, la posible aprobación de una nueva Constitución brindaría a la nación chilena una normativa a la altura de los desafíos del siglo 21, o retrocedería en el tiempo.“Uno pensaría que esta Constitución debiera mirar a los próximos 30 o 50 años en adelante y no se ven normas que vayan en ese sentido, sino más bien nos estamos quedando con el statu quo”, comenta Ximena Insunza Corvalán, profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.“Lo primero que ve en esta relación que hay entre la Comisión Experta y el Consejo Constitucional es tratar de reponer este Estado social y democrático en el artículo primero, para que sea el horizonte de la Carta Constitucional de nuestro país. El haberla puesto ya en el artículo segundo, da un indicio de la ideología que hay detrás de aquellos que eran mayoría en este Consejo Constitucional. Entonces, en el contexto completo de este texto constitucional, uno no ve necesariamente que es una Constitución progresista que pueda hacerse cargo de estos problemas”,subraya la investigadora.Insunza lamenta que este proyecto constitucional no apostara por un equilibrio entre la protección del medioambiente y la extracción de recursos naturales, imperativos para el desarrollo del país: “Si uno ve el capítulo 13, que es el capítulo de Medio Ambiente, podemos decir que es una Constitución más bien noventera de los años 2000, que no necesariamente tiene los resguardos necesarios para hacer frente a lo que va a ser esta crisis que estamos viviendo. Las cosas se pueden hacer de manera muy distinta y es ahí donde muchas veces encontramos resistencia y no tenemos la normativa suficiente para imponer condiciones”.  El próximo 17 de diciembre, los chilenos regresarán a las urnas para aprobar o rechazar esta Constitución.

Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y Costa Rica, Rodrigo Chaves, se desplazaron el 6 de octubre hasta la región de Darién para abordar juntos la crisis migratoria. Y aunque los dos mandatarios apuestan por una migración controlada y segura, su estrategia tendría que enfrentar primeramente a las corporaciones ilegales que controlan el paso por esta selva, y que además han creado un sistema financiero para migrar. Durante esta reunión, y con una clara simpatía hacia la política migratoria de Estados Unidos, el mandatario costarricense abogó para que los países "emisores" y los "de paso" de migrantes aseguren que la gente migre “de manera legal, ordenada y humanitaria". En la misma línea, su homólogo panameño añadió que los países acuerden urgentemente estas medidas y así "evitar el viacrucis inhumano" por el Darién. "No esperemos que lleguen a la frontera con Texas, hagámoslo antes", subrayó.No obstante, los testimonios recogidos por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la ONG Médicos sin fronteras contrastan con la estrategia de los Estados Unidos.Violencia, peligro y deudaResbalar por precipicios, morir ahogado, ser secuestrados por criminales, presenciar violaciones y sufrir un sentimiento de impotencia ante las amenazas de los delincuentes, son algunos de los testimonios recopilados por la OIM y Médicos sin fronteras.Además de esos peligros, Xavier Castellanos Mosquera, subsecretario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asegura que los migrantes que están cruzando El Darién sufren físicamente las extremas condiciones ambientales. “Tienen su piel completamente carcomida por mosquitos, por animales de la selva”, dijo.“En el caso del Darién, hay algo que es mucho más grave y que casi nadie quiere mencionar”, alertó Castellanos Mosquera. “Existen “bancos comerciales dispuestos a dar préstamos a comunidades para que inicien la ruta migratoria. Las familias se endeudan para hacer acuerdos con coyotes. Eso es algo que hay que averiguar”, resaltó.Los testimonios recogidos afirmaron que al llegar a Colombia hay organizaciones ilegales que imponen las reglas para cruzar. “Uno paga, uno pasa”, dijo uno de ellos. “A ti te secuestran hasta que pagues”, contó una mujer’. Los mandatarios, que decidieron sobrevolar áreas como Río Tres Bocas, Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, comunidades utilizadas por migrantes en su ruta a través de la selva del Darién, no pudieron constatar lo relatado.México convocó a los jefes de Estado de la región a una reunión el próximo 22 de octubre, con el objetivo de “lograr resultados efectivos a corto y largo plazo” sobre esta crisis migratoria.El Darién, se ha convertido en un multitudinario paso de migrantes por el que hasta finales de septiembre habían cruzado más de 400 000 personas, según el ministerio de Seguridad de Panamá. La mayoría son venezolanos (más de 265.000), ecuatorianos y haitianos, aunque también hay asiáticos y africanos.Tras atravesar esta inhóspita selva, de 266 km de largo, los viajeros intentan llegar a Estados Unidos a través de América Central y México.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden aprobó el uso de fondos para ampliar el muro fronterizo con México, una decisión calificada de "retroceso" por su par Andrés Manuel López Obrador. Esto mientras el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el jefe de la diplomacia Antony Blinken y el fiscal general Merrick Garland se encuentran en México para hablar de migración y de una estrategia conjunta contra el tráfico de fentanilo. Como ocurre con el tema migración, la retórica de Estados Unidos y México respecto al creciente tráfico y consumo de fentanilo es disonante. Para Washington, es un problema de salud pública, pues esta droga se ha cobrado más de 100 mil vidas en el país, pero pide a México enfrentar el flagelo con seguridad.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusa por su parte a los políticos estadounidenses de hacer propaganda y utilizar a su país como chivo expiatorio del número récord de sobredosis en Estados Unidos. ¿Puede haber una estrategia conjunta?“México no tiene un problema en materia de salud”“No se trata de una estrategia conjunta, se trata más bien de una serie de directrices impuestas por el Gobierno de Washington al Gobierno de México. Porque México no tiene un problema en materia de salud, sino un problema de seguridad, pero derivado de las imposiciones de Washington”, explica David Saucedo, experto en seguridad.“No hay en México como tal una crisis de consumo de fentanilo, por la más elemental de las razones: para los grupos de narcotráfico que se dedican a la comercialización y fabricación de fentanilo, es más rentable vender el producto en Estados Unidos. En México apenas tienen detectadas 10 ciudades donde hay consumo de fentanilo, son muy pocas. El número de muertes producto de esta nueva droga también es un número reducido”, subraya Saucedo.Entonces, dice, “los grupos de narcotráfico que se dedican a esta actividad comercializan con el objetivo en México de pagar gastos operativos, pero el grueso de la producción, que llega a granel desde China o el empastillado de fentanilo que se genera aquí en México, es llevado a Estados Unidos”.“Estrategia de contención”Toda esta cacofonía que hay en la retórica, tanto de Estados Unidos como de México sobre la estrategia a seguir, trasluce que no hay una política pública para combatir este flagelo del fentanilo.“Lo que hay es una estrategia de contención que tiene distintas vertientes. La vertiente punitiva, persecutoria, la vertiente internacional de presionar al gobierno chino: México se subió a la presión diplomática en contra de China por petición de Washington. Hay una estrategia de difusión del uso de esta sustancia que neutraliza la sobredosis para reducir el número de muertes producto de la ingesta de fentanilo. Hay una presión en contra del cártel de Sinaloa, identificado por Estados Unidos como la organización criminal que más hace envíos de fentanilo. Hay una petición desde la época de Joe Biden para que los puertos del Pacífico sur de México se cierren a los precursores químicos”, detalla David Saucedo.“Sí hay una política pública, lo que falla, evidentemente son los indicadores de éxito. De acuerdo con las propias autoridades estadounidenses, quizá el impacto, en el mejor escenario, sea de tan sólo 20%. Yo creo que es menos todavía. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Ese es el impacto real de sus políticas. Es decir, pasa el 80% de los precursores del fentanilo hacia Estados Unidos. Esta estrategia global, pero inducida por Estados Unidos hacia México, es una estrategia fallida”, concluye el experto en seguridad.

Se cumplen cuatro días de paro indefinido, bloqueos y protestas de las autoridades indígenas en Guatemala. A la consigna de "Adiós Consuelo", los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de orquestar un golpe de Estado para evitar que el electo presidente Bernardo Arévalo asuma la presidencia. RFI entrevistó a Álvaro Montenegro, jurista y fundador de la organización de la sociedad civil Justicia Ya. RFI: Consuelo Porras está señalada de bloquear investigaciones y criminalizar a jueces y fiscales. Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos y le retiró la visa de entrada al país. Desde las últimas elecciones en Guatemala, la fiscal ha estado más cuestionada que nunca. Álvaro Montenegro, usted es jurista, fundador de Justicia Ya y líder de las protestas anticorrupción de 2015. ¿Quién es esta figura que encabeza el Ministerio Público en Guatemala?Álvaro Montenegro: Ella es una persona que tiene un arraigo muy cercano a las élites militares del país y desde que llegó en 2018 ya llegó con el ánimo de desbaratar la lucha anticorrupción. Este combate había tenido un auge muy fuerte desde 2015, cuando el pueblo salió a las calles en contra de la corrupción y logró la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien ahora se encuentra condenado y encarcelado.En 2022 ella se eligió en un contexto de muchas amenazas, de mucha criminalización, en contra del ente que estaba evaluando los expedientes para fiscal general. De hecho, este ente, que se llama Comisión de Postulación, no quería que ella fuera reelecta y no la había incorporado en la lista final, pero ella amenazó con investigar a algunos miembros de esta comisión y luego plantearon un amparo ante el Tribunal Constitucional y este ordenó que la incorporaran a la lista.RFI: El presidente electo, Bernardo Arévalo, acusa directamente a la fiscal Porras de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma la presidencia.Álvaro Montenegro: Ella es la autora más visible de lo que en Guatemala se le conoce como pacto de corruptos. Sin embargo, alrededor de ella hay militares señalados de violaciones a los derechos humanos, empresarios comprometidos con la corrupción, con financiamiento ilícito de partidos políticos, defraudación fiscal.Ha tenido muchas denuncias de ilegalidades de un uso indebido del derecho penal y ha utilizado delitos por analogía, que es una violación flagrante del derecho penal y de los derechos humanos. Es decir, ha inventado delitos.Cuenta con el apoyo del presidente Giammattei y cuenta con el apoyo de esta élite que se ha beneficiado de estos años. Ahora está teniendo un papel protagónico para proteger al sistema corrupto.Tratando de evitar que Bernardo Arévalo llegue a la presidencia del país, ha iniciado investigaciones contra gente del partido Semilla y contra miembros del Tribunal Electoral con el ánimo de sembrar miedo, criminalización, tal como lo ha venido haciendo contra jueces y fiscales, periodistas y activistas que han luchado en favor de la justicia.RFI: En caso de que el presidente Bernardo Arévalo asuma el poder, como lo decidieron los ciudadanos guatemaltecos en las urnas, ¿cuál será el futuro si Consuelo Porras sigue en la Fiscalía? ¿Cuál será la relación de ella y el Gobierno?Álvaro Montenegro: Parecería que esa relación es insalvable. Ella todavía tiene un mandato de más de dos años. Sin embargo, el presidente Arévalo ha estado solicitando su renuncia. Las calles están solicitando su renuncia. Hay un bloqueo masivo en las carreteras del país, incluso afuera de la sede de la Fiscalía. Parecería que la única manera viable de que haya gobernabilidad en el país es la salida de ella.

La campaña electoral en El Salvador arrancó el 3 de octubre. El presidente Nayib Bukele es el favorito según las encuestas, pese a las denuncias sobre la inconstitucionalidad de su candidatura a la reelección y sus estrategias para garantizarse un gobierno con control en el legislativo y el territorio. La campaña para las elecciones del 4 de febrero, en las que el presidente Nayib Bukele buscará una polémica reelección, arrancó este martes en El Salvador.Bukele anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección después de que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema lo habilitara para un segundo mandato, lo que desató una polémica pues la Constitución no lo permitía.Previo al inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció una reorganización de la división del país, que reduce el número de municipios de 262 a 44.Además, el mandatario pidió al legislativo, de amplia mayoría oficialista, reducir antes de las elecciones la cifra de congresistas de 84 a 60.Al micrófono de RFI, Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana que defiende el Estado de derecho, denuncia una estrategia de control electoral de parte del presidente salvadoreño que, según las encuestas, podría ser reelegido. “Esta reforma no busca mejorar la representación, no busca modernizar el sistema electoral, o sea, no es como dijo el gobierno, economizar fondos. Hacer más ágil la gestión municipal, llevar más obras, sino que el trasfondo de las reformas es concentrar poder”, advierte Escobar.“Lo que busca el gobierno es mantener o ampliar el control sobre la Asamblea Legislativa y tener control territorial por medio de las municipalidades. Esa es la lógica de esa reforma. Obviamente a nivel municipal, puede llevar un componente financiero. Tener control sobre las obras municipales, tener control sobre los presupuestos municipales porque han rediseñado las circunscripciones a modo de que el partido Nuevas Ideas pueda ganar 40 de los 44 concejos municipales si se repiten los resultados de 2021”, sostiene Eduardo Escobar.Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados al Congreso unicameral. Más de seis millones de salvadoreños están convocados a las urnas.En el caso de la Asamblea Nacional, el partido Nuevas Ideas de Bukele buscará mantener las dos mayorías que tiene: “la mayoría absoluta y la mayoría calificada, porque con los resultados de 2021, si se repitieran, el partido puede ganar hasta el 83% de las diputaciones”, anticipa el activista.La ONG teme también violaciones a las leyes electorales. El Tribunal Supremo Electoral ya ha recibido denuncias de campañas anticipadas. “El presidente estuvo publicando un video donde decía que si ganaba la oposición volvían las pandillas a la calle, entonces era campaña electoral”, alerta Eduardo Escobar.Escuche la entrevista completa con Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana:

Reportaje de Natalio Cosoy en Buenos Aires con seguidores de Javier Milei, favorito en las elecciones presidenciales argentinas, cuando restan un poco más de dos semanas para los comicios. En Buenos Aires, cientos de personas ven pasar a Javier Milei, que recorre unos 200 metros en la parte trasera de una camioneta regalando autógrafos y agitando una motosierra, el símbolo del recorte de gastos del Estado que promete hacer. Además de acabar con "la casta", como el candidato libertario denomina al establishment político, Milei promete grandes cambios. Entre otros, dolarizar la economía, algo que, según varios expertos, es muy difícil y riesgoso.Pero esta propuesta entusiasma a sus seguidores, como a Leandro, un joven de 19 años que sostiene un billete gigante de 100 $ con el rostro de Milei en el centro: "Al haber una economía dolarizada, la gente va poder ahorrar e invertir. Por ende, yo podría tener capacidad de ahorro para poder proyectar a futuro las metas que yo quiero a nivel personal".Aunque se pensaba que los varones jóvenes como Leandro constituían el núcleo del voto a Milei, la realidad es más compleja. "Hay una transversalidad en el votante de Milei. Este candidato rompe con la lógica de grieta que vemos siempre entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Milei saca votos en lugares pobres y ricos. Esto es algo que se constata en todo el país. La cantidad de votos que sacó es bastante estable", dice Juan Ignacio Beavis, codirector de Beta Lab. Esta consultora de datos electorales realizó un análisis que dio cuenta de que el candidato libertario atrae votos de todo tipo de sectores y por eso no representa un fenómeno de clase ni geográfico.En el acto de campaña de Milei, una mujer está junto a su hija adolescente, ambas están sonrientes, tomándose una foto frente a un vehículo que tiene impreso el rostro del candidato. La madre, que se llama Eleonora, votó en su momento por Cristina Fernández de Kirchner y luego por Mauricio Macri, quienes fueron por años los principales rostros de la grieta política argentina. Hoy ambas votan por Milei. "Al final de cuentas, son cuatro años. Al resto de los políticos ya los venimos escuchando desde hace varios años, llevan más de 40 años en sus curules. Votar por Milei es algo nuevo para darle un poco de aire al país, me parece".Mientras cantan "se van, se van", los simpatizantes de Milei se ilusionan con que tras las elecciones presidenciales se dé el cambio que ellos tanto anhelan. Ocurra lo que ocurra, la llegada de Milei ya ha reconfigurado el escenario político de Argentina.

'Me han convencido de que soy el candidato. Voy a ser candidato. Me han obligado', dijo el ex presidente Evo Morales sobre su candidatura presidencial para 2025. El silencio del presidente Luis Arce sobre sus propias intenciones de ser reelegido suscita interrogaciones. RFI entrevistó al politólogo Marcelo Arequipa sobre lo que pasa en el MAS.  Manuel Terradillos, RFIEl ex presidente boliviano Evo Morales no ocultaba sus intenciones hace unos días de convertirse en candidato en 2025. El congreso que su formación, el Movimiento al Socialismo (MAS), inicia este martes puede servir para escenificarlas.La reunión llega en plena división entre los seguidores del ex presidente y líder de la formación, motivado para presentarse a los comicios de 2025, y los del actual presidente Luis Arce, quien no ha indicado si buscará la reelección.La ruptura es tal que los Arcistas no conceden legitimidad a la cita. De hecho, el propio Luis Arce no asistirá. En 2024 tendrán lugar las elecciones primarias para determinar a los candidatos. ¿Qué buscan los seguidores de Evo Morales, el Evismo, con la organización de este congreso?"Quieren cerrar filas en torno a la candidatura de Evo Morales, es decir, garantizar su candidatura para el 2025", dice a Radio Francia Internacional el politólogo Marcelo Arequipa. "El Evismo no está dispuesto a esperar al año 2024, momento en el que se tienen que llevar adelante las primarias electorales en Bolivia y se necesita tener sellada y certificada la posibilidad de que solamente Evo Morales va a ser candidato", agrega.Pero, ¿por qué Luis Arce no confirma su candidatura? ¿Qué está esperando?"Luis Arce tiene que jugar ahora mismo una suerte de malabarismo. Por un lado, a la población en general tiene que mandarle el mensaje de que está preocupado por los temas de gestión y no por la discusión interna dentro del MAS ni por su posible candidatura presidencial. Si la gente comienza a percibir que Luis Arce quiere ser candidato, que quiere aspirar a la reelección, en ese momento se generaría otro tipo de problema, pues una parte de la población podría alejarse del presidente Luis Arce y quitarle respaldo", sostiene.Para Marcelo Arequipa, esta ruptura se mantendrá hasta las primarias, aunque no cree que pase excesiva factura al MAS en cuanto a una posible desafección de sus seguidores."Es posible que para un sector del votante del MAS, el sector, digamos, simpatizante, pero que no está tan cerrado en términos de militancia, esto puede generar cierta desafección con ese partido político. Pero para que se genere esa desafección, esto tendría que venir acompañado de una propuesta alternativa. En contraparte, es decir, en el bloque de las posiciones políticas, tiene que haber una alternativa y, al menos por ahora, ésta no existe", sostiene Marcelo Arequipa.Arequipa no descarta que una parte del MAS quiera tratar de buscar una salida anticipada de Luis Arce del poder, pero considera igualmente que la situación social en el país no es tan negativa como para poder provocar una caída del presidente.

'La diversidad es necesaria e indispensable', dijo el Papa el sábado en la Plaza San Pedro durante el Nuevo Consistorio, al ordenar a 21 nuevos cardenales. RFI entrevistó al cardenal salvadoreño monseñor Gregorio Rosa Chávez sobre el alcance de estas nominaciones. La veintena de cardenales ordenados por Francisco provienen de los cuatro continentes: cinco son latinoamericanos, tres argentinos, un colombiano y un venezolano. Otro hispanohablante se encuentra en la lista, además de un cardenal de Malasia y otro de Sudán del Sur, países que nunca habían tenido cardenal. También se observa una dimensión política en la ordenación con la inclusión de un cardenal de Hong Kong.¿Cómo resumir el significado de estas nominaciones? "Periferia y proximidad a la vez", explicaba el viernes el nuevo cardenal arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo Cano. "Necesitamos aprender a funcionar en nuestras iglesias, responder a las necesidades de los pobres y las esperanzas que llegan a nuestras parroquias. Queremos integrarlos. También debemos escuchar a los migrantes y adaptar nuestras comunidades a estos desafíos que enfrentamos en cada ciudad y pueblo", agregó Cobo Cano.De los actuales 137 cardenales electores, casi tres de cada cuatro han sido nombrados por el papa Francisco, lo que aumenta la posibilidad de que su sucesor comparta su visión de una Iglesia más inclusiva y progresista. En este contexto, RFI entrevistó al cardenal de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, desde el Estado Pontificio. ¿Está el Papa preparando el futuro, especialmente su sucesión, con la ordenación de estos cardenales afines a su línea?"Creo que estamos avanzando en esa dirección; él está preparando su sucesión para que esa visión desde los más necesitados no se pierda en la futura Iglesia", respondió monseñor Rosa Chávez. "Esta intención es evidente en la lista de nombres que él ha elaborado gradualmente en sus diez años de pontificado. Estamos claramente yendo hacia donde el mundo debería dirigirse, según el Papa Francisco", afirma el cardenal salvadoreño, quien cumplió 80 años en 2022 y, por lo tanto, no podrá votar en el próximo cónclave para la sucesión de Francisco.En cuanto a la creación de estos nuevos cardenales de las periferias, monseñor de la Rosa Vega también dijo a RFI que la mejor manera de resumirlo es "unidad en la diversidad" y "preferencia por las periferias".En este contexto, monseñor Rosa Vega citó el reciente viaje de Francisco a Francia como ejemplo: "El Papa solo visitó el puerto de Marsella por los migrantes. Su elección es clara, apoyando a los más vulnerables y dando voz a los que no la tienen. Es un mensaje valiente y poderoso, respaldado por el extraordinario testimonio del Papa. Las periferias están siendo desprotegidas y oprimidas. El hecho de que el Mediterráneo se haya convertido en el cementerio más grande del mundo, como dice el Papa, es un drama que afecta profundamente a Europa y la obliga a tomar decisiones éticas, no simplemente pragmáticas. El Papa ha sido extremadamente claro en este aspecto".

La pobreza en Argentina alcanzó a 40,1% de la población al cierre del primer semestre de 2023, según cifras oficiales publicadas este 27 de septiembre, a semanas de una elección presidencial marcada por la crítica situación económica. El instituto estadístico estatal Indec informó además que la indigencia, que señala a las personas que no alcanzan a cubrir los gastos alimentarios básicos, se ubicó en 9,3%. Una situación que empeora mes a mes porque la inflación sigue desbocada. Tres factores explican el alto porcentaje de pobreza en Argentina, el primero es de índole estructural. Tras un pico del 52% tras la crisis del 2001, el porcentaje se estancó a partir del 2008 en un 28% con algunos altibajos. Una tasa que nunca se ha podido revertir.Clase media afectadaEl segundo factor es la pandemia que paralizó la producción y el comercio, y el tercero, la inflación estratosférica actual del 120% anual. Esto ha generado el nacimiento de nuevos pobres. “Hay una inflación que carcome y cada vez limita más la capacidad de compra de la familia. Los nuevos pobres son gran parte de esa clase media afectada”, explica Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina.“Argentina se caracterizó, a diferencia de otros países de América Latina, al tener una clase media muy expandida, gran parte de la población era de clase media. Teníamos también lo que se denomina movilidad social ascendente. Los hijos están mejor que los padres y esos padres estuvieron mejor que sus abuelos. Esa es otra cuestión que se rompió, que no es tan generalizada como era antes”, detalla.“Escenario laboral precarizado”Una situación muy preocupante, señala Donza, que pasa por salir de la precarización del mercado laboral: “La situación es preocupante, sobre todo por la tendencia que tiene Argentina de ir deslizándose a cada vez situaciones peores. Ya hemos probado diferentes tipos de gobiernos con diferentes pensamientos, tanto políticos como económicos, y ninguno logró la solución total”, estima.Sobre todo, recalca el investigador, “porque la calidad de vida de la población está muy asociada a la calidad del mercado de trabajo. Y el escenario laboral argentino es un escenario laboral precarizado. Hay solamente un 35% de los trabajadores ocupados que están en un sector dinámico, formal de la economía, como sería una economía de un país central”.“Es la estructura productiva que no pudo acompañar el crecimiento del país y el crecimiento poblacional, y no pudo generar los puestos de trabajo. En eso habría que focalizar para encontrar la solución”, concluye Eduardo Donza.

Venezuela y la Guyana llevan más de 100 años disputándose el territorio del Esequibo, un terreno que comprende más de dos tercios del territorio de la Guyana y que Caracas considera que le fue usurpado durante el colonialismo británico. La Corte Internacional de Justicia debe fallar si, como lo han solicitado las autoridades guyanesas, prevalece el Laudo Arbitral de 1899, favorable a sus intereses fronterizos, mientras Venezuela pide una negociación para determinar dónde establecer la línea de separación entre ambos países. “Yo, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy listo para reunirme con usted muy pronto”, dijo el mandatario venezolano, pidiendo una reunión de alto nivel a su homólogo guyanés.El motivo, una disputa que lleva más de 100 años abierta, el diferendo por el territorio del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Caracas considera que le corresponden unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. El contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia.Laudo vs. acuerdoGuyana defiende el Laudo Arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales.Venezuela, por su parte, defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar.“Si la Corte decide que el laudo es nulo, entonces Venezuela y Guyana deben volver al Acuerdo de Ginebra y escoger otro mecanismo establecido en ese acuerdo para delimitar la frontera. Una vez que la Corte decida que el laudo es nulo, la frontera entre Guyana y Venezuela, que se estableció en 1899, pierde validez y nosotros como países, debemos entonces delimitar el territorio”, explica a RFI Alejandro Fleming, exviceministro de Exteriores venezolano y doctor en relaciones internacionales.Recursos naturalesEl territorio es además rico en recursos naturales, como el petróleo. Desde 2015, ExxonMobil ha hallado varios yacimientos importantes, y las autoridades guyanesas han abierto procesos de licitación para su explotación, algo que Caracas rechaza.Alejandro Fleming asegura no obstante que ése no es el motivo de la controversia: “Sin duda alguna es un territorio con muchos recursos naturales. Pero no es ésa la razón que nos lleva a nosotros a reivindicar que no se ha devuelto el territorio. ¿Por qué? Porque es una demanda de Venezuela, una solicitud venezolana desde el siglo XIX. No sabíamos que allí había petróleo”, afirma.Ante los recelos actuales que apuntan a una posible operación militar venezolana, el diplomático los rechaza totalmente: “Nosotros, que somos promotores del Acuerdo de Ginebra, promovemos una solución pacífica de controversia. Esa ha sido siempre la prioridad de Venezuela”.

El juicio por los sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado nuevamente sin fecha definida, informó este martes el poder judicial. El juicio por los sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht, en el que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), fue postergado nuevamente sin fecha definida, informó este martes el poder judicial.La diligencia estaba programada para celebrarse del 1 al 18 de agosto, pero fue postergada entonces porque la jueza a cargo aún estaba analizando las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. Ahora, ha vuelto a ser pospuesta por el mismo motivo.El tribunal "dispuso no llevar a cabo la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht", prevista para el miércoles, "debido a que aún se encuentran en la etapa de admisibilidad las pruebas que serán usadas durante el juicio", notificó en un comunicado.Según la nota del órgano judicial, la nueva fecha para la celebración de la audiencia "será fijada oportunamente".Martinelli y Varela, los dos últimos expresidentes panameños, están imputados por este caso por recibir presuntamente dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos.También está acusada otra veintena de personas, incluidos varios exministros.En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.En Panamá, la compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas. "No sabemos en realidad cuánto nos costó. Hay un cálculo que está alrededor de los 1000 millones de dólares. Fueron 19 contratos. Fue el país donde la empresa logró más contrataciones públicas en base a controlar la voluntad política de los gobiernos que se sucedieron", subraya Olga de Obaldia, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, fueron condenados en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólaresSin embargo, los hijos del expresidente no pueden ser juzgados en Panamá por un tribunal ordinario al contar con fuero penal por ser diputados del Parlamento Centroamericano."Este juicio es un juicio donde se está llamando a 38 personas que no fueron las únicas involucradas. Hay un número multiple de personas que estuvieron involucradas y que por distintas razones no están enfrentando la justicia en este momento, y hay delitos que prescribieron", lamenta Olga de Obaldia.Martinelli buscará junto a su esposa como candidata a vicepresidenta un nuevo mandato en las elecciones de 2024, pese a estar condenado en primera instancia por blanqueo de capitales.La investigación sobre Odebrecht, de 2.829 tomos, comenzó por una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015.Con AFP.

Este martes se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, con muchos interrogantes sobre quiénes estuvieron implicados, con las miradas puestas en el Ejército, y qué hicieron con los jóvenes. El presidente López Obrador se reunió con las familias para entregarles una nueva serie de documentos, pero siguen sin ver satisfechas sus demandas. Nueve años sin respuestas. Hace nueve años, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, desaparecieron cuando trataban de hacerse con unos autobuses con los que viajar a Ciudad de México para participar en una manifestación. La versión oficial del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto acusó a policías locales y al crimen organizado del asesinato y desaparición de los cuerpos.“No es suficiente”Sin embargo, investigaciones posteriores echaron por tierra esa afirmación e incluso salpicaron al Ejército. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, señaló que soldados conocían los hechos, pese a negarlo inicialmente, e incluso pudieron ser testigos. Tras años de investigación, el GIEI dio por concluida su misión, ante la falta de colaboración del Ejército y la imposibilidad de acceder a los documentos necesarios.Varios militares han sido detenidos, pero como explica a Radio Francia Internacional Isidoro Vicario, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero y representante legal de las familias, no es suficiente: “De los 14 que han sido detenidos, dos son de alto mando, pero para los padres y madres eso no es suficiente porque no han aportado la información para saber del paradero de los 43 estudiantes”, dice.Para los familiares, ya no se trata tanto el castigo a los responsables, sino de saber qué es lo que pasó y dónde están sus hijos. “Y para saber a estas alturas, tras nueve años, es indispensable contar con toda la información de las instituciones”, recalca Vicario.“No hay mucha diferencia”El cambio de Gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con sus promesas de llevar ante la justicia a los responsables, dio nuevas esperanzas a las familias que poco a poco se tornaron en decepción ante la falta de avances claros hasta la fecha. Un desgaste que no ha provocado, no obstante, que pierdan la esperanza de recuperar a sus hijos.Según Isidoro Vicario, hay “sobre todo mucho cansancio físico y emocional, pero aun así, mantienen la esperanza de saber la verdad de lo que ocurrió con sus hijos. Por lo menos los padres y madres lo han manifestado también de manera pública, que mientras no tengan pruebas contundentes y científicas de qué fue lo que pasó con los estudiantes o que no tengan pruebas para decir que los estudiantes ya no estén con vida, siguen manteniendo esa esperanza de exigir la presentación con vida de sus hijos”.Vicario subraya asimismo que los familiares dieron “un voto de confianza” a la administración de AMLO, diferente de cuando ocurrieron los hechos bajo el mandato de Enrique Peña Nieto con el PRI. Pero “con el transcurso de los años están viendo que no hay mucha diferencia. Pues no, no hay mucha diferencia”, a pesar de un discurso de apoyo a los padres, lamenta.Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes, señaló por su parte que la investigación del Gobierno de AMLO se acerca más a "la verdad histórica", como se llamó a la pesquisa del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival.

Dolarizar la economía es la propuesta central del candidato presidencial ultraliberal Javier Milei, para acabar con la inflación. Durante los últimos meses, economistas de diferentes partes del mundo han intentado entender qué pasaría si la moneda nacional es sustituida por el dólar. Y aunque concluyen que dicha propuesta es inviable, los fieles a su movimiento no dudan de él, pues han encontrado en Milei la promesa de estabilidad y justicia que buscaban desde hace años. La dolarización “más que una solución, pone en evidencia la acumulación de fracasos de los diferentes gobiernos”, explicó a RFI Ariel Wilkis, investigador en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES). “Lo que Milei está proponiendo es un castigo a la clase política argentina”.“Cortarle la mano a los políticos es la metáfora que él utiliza para indicar que dolarizando la economía las autoridades no pueden apretar el botón de la emisión monetaria. Le habla entonces a una sociedad que dice: lo que nos han ofrecido hasta ahora ha fracaso, probemos con algo que no hemos intentado. Ahí está su clave del éxito”, aseguró.Un proyecto sin fundamentosJavier Milei, quien desde las elecciones primarias de agosto se convirtió oficialmente en el candidato favorito a la presidencia (30% total de los votos), tendría que demostrar cómo la dolarización resolvería los problemas del país frente a los políticos de carrera Sergio Massa, abanderado de la expresidenta Cristina Kirchner, y la exministra del Interior, Patricia Bullrich.No obstante, el candidato sólo ha agregado una línea a su discurso: dolarizar no se hace de la noche a la mañana. “Se trata de una fórmula muy atractiva para comunicar cómo se puede resolver el problema de la estabilidad [económica]”, aseguró Wilkis, quien además recordó que en este país el dólar sirve como referente popular, desde mediados del siglo XX, pues al saber qué está pasando con esta moneda, los argentinos saben qué está pasando con la política y la economía del país.Además, Wilkis destacó que la propuesta de dolarización ha tendido tanta fama por el complicado contexto económico que atraviesan los argentinos, ya que “hay proyecciones de que la inflación va a llegar a 150%, y anteriormente la sociedad argentina ya ha sufrido periodos hiperinflacionarios”.“Esto que se experimenta y se sufre cotidianamente produce una demanda de una promesa desde la política para solucionar la inflación. Milei ha dado con la promesa. Pero también promete castigar a los culpables de la situación económica de Argentina: los políticos”.Las elecciones generales están programadas el próximo 22 de octubre, pero las encuestas pronostican un balotaje entre Milei (con 32% a 35%) y Massa (con 29% y 32%), ya que la ley exige un 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos, y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al principal opositor. Esta segunda vuelta tendría lugar el 19 de noviembre.

Ser periodista en la Amazonía brasileña, y denunciar la corrupción o la violación de leyes y derechos humanos o medioambientales, se puede traducir en amenazas y hasta puede costar la vida. El informe "Las tierras quemadas del periodismo en Amazonía", de Reporteros Sin Fronteras, revela hasta 66 ataques contra la libertad de prensa en la región, incluyendo dos asesinatos, en el plazo de un año. Llevan una diana en la espalda. Así describe Reporteros Sin Fronteras (RSF) la situación de los periodistas en la Amazonía de Brasil. El informe de la ONG "Las tierras quemadas del periodismo en Amazonía" revela que entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de este año, hubo 66 ataques contra la libertad de prensa en la zona.Múltiples temas tabúes“Ya sean agricultores, ganaderos, madereros, buscadores de oro o directivos de empresas mineras, quienes acaparan la tierra y los recursos naturales buscan silenciar cualquier voz que denuncie abusos y vulneraciones de los derechos humanos y de la legislación medioambiental”, reza el informe.“Los temas tabúes o los temas que más han generado represalias han sido política nacional, pero también local, involucrando temas de la administración y las municipalidades en la región de Amazonía, pero que siempre involucran casos de corrupción, y también, por supuesto y con mucha énfasis, temas socioambientales, la acción de las minerías, crímenes ambientales en la región, conflictos de tierra con las comunidades tradicionales y pueblos indígenas”, detalla para RFI Artur Romeu, director de la oficina regional de Latinoamérica de Reporteros Sin Fronteras.De los 66 casos registrados, 16 estaban precisamente relacionados con investigaciones sobre la industria agrícola, la explotación minera, los pueblos indígenas y los derechos humanos. El más destacado fue el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira por personas ligadas al narcotráfico en el Valle del Yavarí. Sin embargo, estas agresiones tienen muchas formas y caras.Amenazas variadas“El fotorreportero que ilustra la portada del informe se llama Edmar Barros, es un fotorreportero brasileño que está justamente fotografiando un área de quemada en el sur del estado de Amazonas en 2023, y al regresar de la misión de su cobertura, recibe llamadas en las cuales dicen que si continúa a dar visibilidad a las quemadas, él mismo va a terminar quemado”, ejemplifica Artur Romeu.Las amenazas toman varias formas, añade: “Amenazas de muerte, impedimentos de cobertura, acoso judicial, acoso moral, destrucción de equipo, robo de equipo, destrucción de medios, de las instalaciones de medios de comunicación locales”.Reporteros Sin Fronteras destaca que es necesaria una mayor involucración de las autoridades para aplicar las leyes y proteger la labor de los periodistas y los medios, así como una mayor educación mediática para prevenir la propagación de noticias falsas que tienen como objetivo desviar la atención o incluso justificar estas violaciones de derechos.

Son más de 400.000 los migrantes que han cruzado Honduras en el presente año, dirección a Estados Unidos. Más del doble que en 2022 en su totalidad. Todo un desafío para un país a la hora de asistir a aquellos que van de tránsito, pero también a los que, por falta de medios, no consiguen completar su camino ni pueden regresar a sus países, quedándose varados en Honduras. El flujo de migración en Centroamérica, rumbo a Estados Unidos, sigue al alza. En lo que va de año, casi 420.000 personas cruzaron Honduras hacia el norte, más del doble que el año pasado al completo, cuando fueron 188.000, según su Instituto Nacional de Migración. Proceden principalmente de Venezuela, Cuba, Ecuador y Haití.Nuevos rostrosEl migrante medio ha cambiado. Ya no son hombres que quieren enviar remesas a sus familias, sino también familias al completo. El múltiple perfil de estos desplazados añade un grado de complicación al encontrarse también personas mayores o con discapacidad.“Detrás de la migración hay varios rostros. Hay un rostro de mujer, hay rostros de niñez, hay rostros de adultos mayores y ahora un rostro más presente, el de discapacidad. Personas con discapacidad de diferente tipo, discapacidad auditiva, visual, física, que refleja un poco cómo el grupo familiar va arrastrándose, la familia en conjunto buscando una nueva oportunidad. Y esa población, creo que hay que hacer un esfuerzo por contabilizarla más, porque es parte de esas múltiples pobrezas de la población”, explica Roberto Bussi, director de País de la fundación Ayuda en Acción en Honduras.“Explotación sexual comercial”Trojes y Danlí, en el sur, cerca de la frontera con Nicaragua, son dos de los puntos calientes de entrada. Poblaciones pequeñas, que se desbordan fácilmente. Las autoridades han llegado a habilitar autobuses para facilitar que los migrantes atraviesen el país. Sin embargo, no todos tienen los medios económicos o la fortaleza física y la salud para aguantar el viaje. Surge ahí un segundo desafío.“Van quedando poblaciones que ya no tienen recursos. Ves en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula, en las principales ciudades, que ya hay una población importante de venezolanos, haitianos, pidiendo dinero en la calle para cubrir sus necesidades. Se estacionan, digamos, acá”, subraya Bussi.“Y esto lleva a otro tema, de explotación sexual comercial, que es otro riesgo importante, muy poco documentado, pero hay casos importantes de eso. Puede haber algunas comunidades, como adolescentes, mujeres, jóvenes, chicos y chicas, que se ven expuestos a esa precariedad”, recalca.Los que sí consiguen cruzar Honduras tienen aún mucho camino por delante antes de alcanzar Estados Unidos: deben pasar por Guatemala y México. Este último también afronta desafíos: allí un operador ferroviario ha debido inmovilizar 60 trenes de carga, ante la gran cantidad de migrantes que trepaban para cruzar la frontera con Estados Unidos, corriendo el riesgo de padecer amputaciones o incluso perecer atropellados por los vagones.

La declaratoria se produce cuando Argentina conmemora 40 años desde el regreso a la democracia y enfrenta el desafío de la ultraderecha. El Gobierno ha celebrado que el anuncio “constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan el terrorismo de Estado” La Unesco ha declarado patrimonio Mundial al Museo Sitio de Memoria ESMA, creado en 2019 en el lugar donde funcionaba el mayor centro clandestino de detención del país. Alega el organismo que es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en las décadas de los setenta y ochenta sobre la base de la desaparición forzada de personas.  “Es el símbolo más prominente del terrorismo estatal”, determinó la conclusión del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. "La memoria hay que mantenerla viva para que las malas experiencias no se repitan. En la ESMA se expresó lo peor del terrorismo de Estado. Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Algunos fueron perseguidos, algunos fueron detenidos, casi todos fueron sometidos a torturas; otros terminaron exiliados, muchos fueron asesinados y muchos desaparecieron de la faz de la tierra”, dijo el presidente Alberto Fernández desde Nueva York, donde acudía a la Asamblea de la ONU. "Logramos esto porque hubo muchos y muchas que caminaron antes, en los momentos de dictadura y en los peores momentos de democracia denunciar la impunidad. Un largo recorrido que empezó a tener otra mirada  a partir del momento en el que la política pública abrazó la lucha de esos organismos por los Derechos Humanos" dice para RFI Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina.La dictadura argentina puso en funcionamiento alrededor de 700 centros clandestinos de detención y tortura en todo el país. El espacio integrado en la lista del Patrimonio Mundial este martes fue “el centro clandestino más emblemático de Sudamérica”, según detalla la Secretaría de Derechos humanos, que comenzó las gestiones para presentar la candidatura ante la ONU en 2015"Hoy la ex-ESMA no es de los argentinos sino de toda la Humanidad" concluye Pietragalla en nuestros micrófonos. A unas semanas de las elecciones argetinas, esta declaración tiene un sentido especial ya que llaman la atención las voces nostálgicas con la dictadura como la de la candidata a vicepresidenta por la extrema derecha Victoria Villarroel junto a Javier Milei. "Es una declaración que nos viene muy bien en este momento. Lo que es el negacionismo, el avance de discursos de odio sobre todo en la figura de Villarroel, que reivindica la dictadura....La declaración es un decir ''nunca más' a esos discursos" señala Rodolgo Llansón, abogado de víctimas que pasaron por el Esma, en RFI.Los edificios de la antigua ESMA se ubican en un predio de 17 hectáreas que fue cedido a principios del siglo pasado al Ejército. 

La crisis diplomática entre Haití y República Dominicana podría convertirse en una crisis humanitaria, según advirtió este 18 de septiembre la ONU. Haití, que recibe al menos el 25% de los alimentos de su país vecino y que depende de la importación de medicamentos, podría agravar su crisis social tras el cierre total de la frontera. ¿Es responsable la gestión del Río Masacre?  La construcción de un canal en el Río Masacre, que llevaría agua hacia Haití, provocó que República Dominicana cerrara su frontera a sus vecinos el pasado 15 de septiembre. El río es a la vez un límite natural, fuente de agua para ambas poblaciones, y también un problema más a las ya complicadas relaciones entre ambas naciones. ¿Cómo repartir justamente un recurso natural?“Los intereses de ambas naciones no están en conflicto”“Este tema está estructurado o reglamentado por un acuerdo del año 1929, pero lamentablemente nunca se negoció lo que se llama un protocolo de implementación de esos acuerdos. Una aproximación posible es a través de las vías legales internacionales, pero soy de opinión de que es perfectamente posible una negociación”, contesta para RFI el abogado dominicano Nelson Espinal Báez, experto en negociación y mediación.“Lo que hay es un conflicto de posiciones, no un conflicto de intereses. Los intereses de ambas naciones no están en conflicto. Al contrario, a República Dominicana le conviene que ese pueblo tenga agua y que tenga electricidad, que tenga desarrollo agropecuario. Clave es la gestión eficiente del mismo y que no venga a dañar los intereses de República Dominicana. Y es perfectamente posible desarrollar una propuesta, una solución de ganancia para ambas naciones”, subraya el abogado.“Un pretexto para otra cosa”El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, habría aceptado la creación de este canal en mayo de 2021. Es por esta razón que el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre considera que podría haber otros motivos que llevaron a Santo Domingo a tomar medidas radicales.“No hay razón para que República Dominicana tome esa posición de cerrar la frontera. Y yo creo que más que una posición técnica, hasta política, hay otros intereses. Es como si esta situación es un pretexto para otra cosa. En el caso dominicano, creo que [hay] temas políticos, electorales, y en el caso haitiano, bueno, la debilidad institucional es lo que explica todo eso”, explica.El próximo 1ro de octubre se celebrarán las elecciones primarias de las agrupaciones políticas dominicanas. En mayo de 2024 serán las presidenciales.

Fernando Botero falleció el pasado 15 de septiembre, en Mónaco. Tenía 91 años. Sophia Vari, su esposa, había fallecido en mayo pasado. La obra de Botero, presente alrededor del mundo, abarcó temas universales como el dolor y la indiferencia, y también la violencia en América Latina. Fernando Botero descubrió que al deformar la realidad con curvas renacentistas y voluminosas, semejantes a frutas jugosas que dan ganas de tocar, el espectador puede comprender con mayor claridad situaciones de la vida cotidiana, pero también situaciones más complejas, y de todos los tiempos, como la serie sobre el Viacrucis, donde representa el dolor y la indiferencia.“No es un viacrucis que se apegue a la visión que tiene el Vaticano. Botero aborda este tema y lo despoja de todo animo sobrenatural. Incluso hay tres obras donde Cristo no es golpeado por un soldado romano, sino por un policía. El maestro Fernando Botero trabajó estos personajes con una forma muy personal de entender la vida de Cristo. Hay una obra monumental y muy conmovedora que muestra a Cristo crucificado, en el Central Park de Nueva York. Muestra cómo algo enorme, podría no parece importarle a nadie; la vida continúa”, explicó a RFI Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia.Botero fue un artista universal, pero también profundamente ligado a su natal Colombia, así como a sus problemas.“El tema de la violencia en la obra de Fernando Botero estuvo presente a lo largo de toda su obra, sobre todo la violencia en Colombia. Hay dos cuadros titulados ‘motosierra’, para referirse a dos momentos donde la violencia fue sistemática en el país: los años 40 y 50, período que quedó en la memoria histórica colombiana. Y luego, a finales de los 90 y comienzos del siglo XXI, donde esa motosierra representaba una forma más reciente de la violencia, donde se descuartizan cuerpos, personas vivas, por parte de los paramilitares”, explicó el sociólogo y teórico del arte, Elkin Rubiano, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.Además de donar una parte de sus obras a museos colombianos, Fernando Botero también donó cuadros de Picasso, Miró y Bonnard. Murió acompañado por su hija y nieta tras vivir varios años con la enfermedad de Párkinson. 

Cuba recibe este fin de semana a más de una centena de países en la cumbre extraordinaria del G77+China. Durante este viernes y sábado, jefes de Estado y representantes de gobierno del "Sur global" mantendrán una serie de discusiones sobre el actual orden de las relaciones internacionales. Con la Agenda 2030, las potencias mundiales se presentan en la cumbre extraordinaria del G77 en Cuba. Su vocero, el secretario de la ONU, António Guterres, ha reiterado que defenderá en la isla caribeña este proyecto que podría garantizar el combate a la pobreza y la lucha contra el cambio climático.Orden global injustoY aunque suene muy global, Ernesto Domínguez López, historiador e investigador en la Universidad de la Habana, explica que esta visión del mundo es ambigua, pues los países del Sur aún tienen mucho que decir sobre la actual política internacional. Este encuentro, precisa, podría llevar a “discusiones, incluso en algunos casos intensas”.“La Agenda 2030, y prácticamente todos los proyectos que se han generado dentro de las Naciones Unidas, son expresiones de la correlación de fuerzas precedente que implica, por supuesto, un desarrollo desigual”, estima el analista.Y según él, es interesante ver que “algunos medios dicen que la convocatoria es para lograr un orden global menos ‘injusto’, y entre comillas injusto, como si realmente fuera una locura pensar que el orden global es injusto, cuando en realidad lo que vemos es un orden desigual. Si entendemos que la desigualdad es típicamente una injusticia, me parece que es muy claro que hay niveles de injusticia importantes en ese orden global”.Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró en conferencia de prensa que al término de la cumbre se pretende publicar una declaración conjunta sobre “los principales obstáculos de acceso al desarrollo de los países del sur” e hizo un "llamado al establecimiento de un orden económico internacional nuevo".“Espacios para el diálogo”Dada la numerosa presencia de jefes de Estado y de representantes de alto nivel, Domínguez López consideró que en esta cumbre habrá espacios de diálogo "en los cuales puede haber acuerdo y concertación, considerando que la Agenda 2030 toca aspectos que realmente son vitales para el desarrollo futuro y para incluso la supervivencia de la humanidad”.“Pienso que va a dar espacio a contradicciones importantes y va a ser interesante ver cómo esto se manifiesta, porque evidentemente no toda la representación ni todos los Estados y gobiernos de ese G77+China tienen posiciones similares. Hay una gran diversidad de enfoques y en las condiciones en que estamos, esto es un evento que puede dar resultados importantes de impacto, o también existe la posibilidad de que no llegue a ninguna parte, que está claro en esto no hay un camino preestablecido que nos permita saber de antemano qué va a salir de esta cumbre”.Después de las Naciones Unidad, el G77 es la segunda agrupación más grande del mundo, con 134 países, incluida China, que se identifica como un país del Sur global. 

Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2024 y Nicolás Maduro trata de acumular apoyos. El presidente venezolano se ha desplazado a China, uno de los principales acreedores del país latinoamericano, en busca de más inversiones con las que paliar la maltrecha situación de su economía. El presidente venezolano Nicolás Maduro cierra este jueves una visita de siete días a China en las que ambos países aseguran haber elevado su nivel de cooperación y entendimiento. Maduró visitó varias ciudades antes de llegar a Pekín para el plato fuerte, la reunión anunciada por su homólogo Xi Jinping.“Cuanto más líquido mejor”¿Qué busca Maduro? Según explica a RFI el economista venezolano Ángel García Banchs, inversiones en el sector del petróleo, pero sobre todo, liquidez: “Desde un enfoque de economía política no es otra cosa sino dinero, recursos. Cuanto más líquido mejor. Pues hay unas elecciones que se tienen que llevar a cabo, y por supuesto no alcanzan de la factura petrolera, dado que contrario al objetivo de China, que siempre contribuyó para que Venezuela produjese más petróleo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que la producción petrolera se ha desplomado”.De acuerdo con el Centro de Investigación Chino Latinoamericano, la deuda de Venezuela con el gigante asiático supera los 11.000 millones de dólares. Para García Banchs, las inversiones chinas tenían como fin el acceso al petróleo venezolano, pero la corrupción ha impedido que estas ayudas potencien el desarrollo del sector en el país latinoamericano, lo que ahora lleva al recelo de Pekín. “Una cosa es la China y la relación de China con Venezuela hace digamos, 15 años atrás, y otra cosa es hoy. La verdad es que los entregables prometidos nunca llegaron. ¿Cuáles eran esos entregables? Una industria petrolera que incrementara su producción para poder garantizar a China por la vía del acuerdo bilateral hacerse de recursos petroleros, en este caso distintos commodities que tiene Venezuela, pero fundamentalmente petróleo. Y esa asignación de recursos hacia la corrupción en vez de hacia el desarrollo de la industria, ha significado que evidentemente los entregables no han llegado”, precisa el economista.“La confianza se perdió”Con motivo de la visita, ambos países han anunciado la firma de hasta 31 tratados, los principales de índole económico. Sin embargo, García Banchs entiende que se trata más bien de un gesto que de una inversión real.“Puede llegar algo, sí, pero jamás llegaría lo que desea Maduro que llegue y será para mantener las relaciones, pero no para escalarlas ni nada por el estilo. Digamos, sobre todo más promesas es lo que pueden venir, más que entregas de liquidez de aquí a las elecciones, por una razón muy sencilla: la confianza se perdió”, concluye el analista.

Según un informe presentado por la ONG Global Witness, al menos 177 personas "defensoras de la tierra y el medioambiente" fueron asesinadas en 2022 en todo el mundo. Además, el reporte indica que el 88 % de los crímenes tuvieron lugar en América Latina, con Colombia encabezando la lista de países con más ataques mortales dirigidos a activistas ambientales. Defender el medio ambiente o los territorios indígenas se puede pagar con la vida. Entre 2012 y 2022 se produjeron 1.910 asesinatos de estos activistas en todo el planeta y siete de cada diez de ellos tuvieron lugar en países latinoamericanos, según un informe de Global Witness.Si atendemos solo al pasado año, son casi nueve de cada 10. Tierra de importantes recursos naturales y medio ambientales, el alto activismo en la región, mezclado con la impunidad de los perpetradores, da lugar a un cóctel explosivo. Laura Furones, coautora del estudio, lo ha explicado en la antena de RFI: "En Latinoamérica se dan varias circunstancias a la vez. Por un lado, es una región en la que hay organizaciones de base muy fuertes que hacen mucho trabajo de defensa del territorio y del medio ambiente. Pero precisamente por esa defensa que hacen, por esa visibilidad que tienen, son más atacadas tal vez que en otras regiones. Esto lo que denota es, por un lado, una falta de protección efectiva por parte de los gobiernos y unas tasas de impunidad absolutamente desorbitadas. Muy pocos casos terminan con gente enjuiciada y mucho menos con gente en la cárcel".Según el conteo de Global Witness, de los 177 asesinatos ocurridos mundialmente, 139 de ellos fueron en distintos países de Latinoamérica. Colombia fue el país más peligroso. Allí tuvieron lugar 382 muertes en estos 11 años. Brasil fue el segundo con 376. En México y Honduras se superó holgadamente el centenar de asesinatos. Además, la Amazonía, pulmón del mundo y sus poblaciones indígenas, se ha convertido también en blanco fácil. "Uno de cada cinco asesinatos a nivel global sucede en la Amazonía. Es decir, es una zona donde los ataques son muy importantes, no solo a nivel regional, sino a nivel global y donde también tenemos una presencia muy importante de ataques a pueblos indígenas. Las comunidades se encuentran en una situación particularmente vulnerable y también paradójica. Son posiblemente de las que más labor de defensa están haciendo, pero también son las que están siendo particularmente atacadas. Y esto es por varias razones. Por un lado, están en una situación de importante vulnerabilidad porque están alejados de los centros donde se toman decisiones, alejados de los centros donde se hace justicia. Pero además, por otro lado, estamos hablando de pueblos que tienen una lucha histórica por la defensa de sus territorios. Muchas de ellas todavía no tienen ni siquiera los títulos de sus tierras, tierras ancestralmente que les corresponden, asegurados a nivel legal" ha afirmado Laura Furones. Además, no solo se trata de asesinatos. En ocasiones los activistas son objetos de ataques digitales para minar su imagen o por la vía legal. "Pongamos por ejemplo, una persona defensora se opone a un proyecto de extracción minera en una zona boscosa de Colombia o en la Amazonía brasileña. Lo que hace a lo mejor esa empresa es llevarla a juicio porque considera que alterando el orden público considera que ha hecho actos terroristas, cuando a lo mejor lo único que está haciendo es manifestarse de forma pacífica dentro de la legalidad. Lo que pasa es que una vez se ha metido en un proceso judicial, la persona defensora está obligada a asistir a los juicios, a pagar los costes de un abogado. La vida de la persona de repente consiste en defenderse legalmente. Es un David contra Goliat. Es una defensa de una persona que a lo mejor puede ser un pequeño campesino, una persona indígena, un activista local frente a maquinarias empresariales con departamentos legales muy, muy poderosos. De ahí la razón de que sea una estrategia tan efectiva de silenciamiento" sentencia Furones en RFI .En este último sentido, Global Witness considera que las empresas tienen que buscar un papel conciliador, negociando no solo con gobiernos, sino también tendiendo puentes con las comunidades locales. El informe ha sido presentado en vísperas de la COP28. Los líderes mundiales se reunirán el próximo noviembre en Emiratos Árabes Unidos para discutir la situación climática actual. Un espacio en donde es urgente también abordar la protección a todos aquellos que defienden la vida en el planeta, y que por ello, la de ellos corre un gran riesgo.

Tras una extensa lista de denuncias medioambientales durante los últimos años, el olvido de este tema en la pasada Cumbre Amazónica y el interés de la UNESCO por visitar la zona, el Gobierno venezolano se decidió a dar un primer paso en la lucha contra la minería ilegal, desalojando a más de 11.500 mineros ilícitos que operaban en el Parque Nacional Yapacana. Pero, ¿es suficiente esa operación? Hace unos días, militares de Venezuela destruyeron 86 "estructuras clandestinas" utilizadas "para ejercer la minería ilegal", ubicadas dentro del Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas. Una acción que fue aplaudida por la ONG SOS Orinoco a pesar de que esta zona sea solo un pequeño punto de una extensa área en el sur del país que sufre el mismo problema.“Estas minas están en auge”“El desalojo de más de 11.000 mineros en Yapacana es un hecho, pero eso no es suficiente, porque en Yapacana está demostrado que puede haber cerca de 20.000 mineros. Entonces todavía quedan muchos mineros. Los testigos en el terreno dicen que han sacado a los jefes guerrilleros que están encontrando en las minas y que ahora los que están controlando las minas son los propios militares. Y que todavía hay minas importantes como la mina El Cacique, que es como el centro operativo de Yapacana que no se ha desalojado”, explica a RFI Cristina Burelli, directora de la ONG.Por otro lado, recalca, “este operativo en Yapacana lo aplaudimos, pero tiene que haber operativos en toda la zona sur del Orinoco, en las cabeceras del río Orinoco, en el Parque Nacional Canaima, en La Paragua, en el Caura, en el Cerro Duida, el Parque Nacional Duida... Todo el sur está lleno de minas ilegales y estas minas están en auge. Están creciendo. Entonces, hacer un operativo en una esquina del Yapacana es insuficiente”.La consecuencia de la minería ilegal y el Arco Minero no únicamente se limita a la tala de árboles y destrucción de sabanas, sino también se traduce en la contaminación del agua y los ríos por la presencia del mercurio que se usa para amalgamar el oro.Suministro de combustibleSegún Cristina Burelli, este desalojo masivo no será suficiente para acabar con esta práctica prohibida, ya que Maduro sigue permitiendo el suministro de combustible a todos los operarios que explotan las 23 minas ilegales contabilizadas en el Parque Yapacana.“Si Maduro realmente quiere acabar con la minería ilegal, lo que tiene que hacer es dar la orden a la CVM, la Corporación Venezolana Minera, de detener el suministro de combustible a todas las minas del sur de Venezuela. Entonces, no podemos hablar de un solo lugar que es Yapacana y decir que con eso es un ejemplo que se está acabando con la minería ilegal en Venezuela, no”, enfatiza.La minería ilegal en Venezuela está acabando no solo con uno de los recursos naturales y energéticos del país, sino también con los parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosferas y territorios indígenas de un aérea que abarca el 12% del territorio de esta nación.La ONG SOS Orinoco, crítica con el gobierno, indicó que para agosto de 2023 unas 23 minas ilegales afectaban 3.316 hectáreas del parque Yapacana.

Con ocasión de los 50 años del golpe de Estado contra Allende en Chile este lunes, RFI entrevistó a Peter Kornbluh, autor de 'Pinochet desclasificado: Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile'. Le preguntamos sobre el papel que desempeño Estados Unidos en los eventos que dieron inicio a casi dos décadas de dictadura militar.  La administración Biden publicó documentos secretos sobre el golpe de Estado en Chile. Se trata de los informes diarios que recibió el entonces presidente Richard Nixon del 8 al 11 de septiembre de 1973.Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Chile del Archivo Nacional de Seguridad en Washington, estima que "no hay revelaciónes ni informaciones importantes en esos documentos, pero han salido muchos otros documentos en estos años, incluyendo los documentos operacionales de la CIA y otros que son de la Casa Blanca".Para este investigador, lo más importante en esos documentos es una llamada telefóbica entre el presidente Nixon y su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, en los días posteriores al golpe. "Nixon dice a Kissinger que, sobre el rol de los Estados Unidos, 'no se pueden ver nuestras manos'. Y Kissinger responde: 'Bueno, no lo hicimos nosotros'. Se refería al hecho de que los agentes de los Estados Unidos no estaban ahí al lado de los militares el 11 de septiembre, ayudándoles en el golpe de Estado. Y sigue Kissinger. 'Quiero decirle que los ayudamos. Estados Unidos creó las mejores condiciones posibles para fomentar el caos, desestabilizar la economía, crear problemas grandes contra Allende y su gobierno", sostiene Peter Kornbluh.Algunos parlamentarios socialistas chilenos hicieron un pedido mediante la embajada de Estados Unidos para que se desclasifiquen miles de documentos que van de 1970 a 1994, pues según ellos hay ciertos puntos que deben esclarecerse."Hay documentos sobre el caso Orlando Letelier y Ronni Moffitt (su colaboradora) que fueron asesinados en las calles de Washington D.C. por agentes de la DINA.  Esto es un acto de terrorismo internacional que fue ordenado por Pinochet. Mis fuentes me han dicho que hay un borrador de un juicio contra él para juzgarlo. Toda la evidencia se encuentra en un lugar. Obviamente esto puede ser relevante inmediatamente, pues en Chile hay un debate sobre el carácter de Augusto Pinochet, sobre su rol, etc. Obviamente Pinochet fue el violador más grande de los derechos humanos y los Estados Unidos tienen documentos que demuestran que era muy corrupto".

Cuando China invitó a los países de América latina y el Caribe a unirse a la "Ruta de la seda", aseguró que se trataba de una plataforma para una cooperación mutuamente benéfica desde el Cono Sur hasta México. China es hoy un socio comercial esencial para la región. El análisis de Eduardo Daniel Oviedo, investigador en Argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario y sobre todo un conocedor de los vínculos de Pekín con Latinoamérica. RFI: Diez años después de haberse echado a andar La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) (en inglés: Belt and Road Initiative, BRI), ¿cómo les va a los países latinoamericanos?, ¿quiénes ganan y quienes pierden? Eduardo Daniel Oviedo: En la relación entre China y América Latina en el marco de la franja y la ruta no podemos decir que haya ganadores absolutos o perdedores absolutos. Hay casos muy claros de Estados ganadores en la relación comercial con amplios superávits que le permiten a esos países a cumular divisas y mantener estables sus monedas. El caso de Brasil, de Chile o México, en donde si bien tiene déficit comercial, México importa muchos manufacturados que luego ensambla y exporta hacia Estados Unidos, Canadá o los venden en México; obteniendo un beneficio. Entonces esos países tienen un círculo virtuoso. En otros casos, hay perdedores, como el caso de Argentina, país exportador de materias primas y China, país importador de materias primas. En esta relación que podría ser muy positiva, hace 15 años que tiene déficit comercial. Allí aparece China como una suerte de prestador, de cooperador ante los problemas financieros argentinos, y se inicia la suerte de cooperación financiera que yo la denomino como un círculo vicioso, en donde tenemos déficit comercial y luego viene China a resolver nuestros problemas financieros a partir de ya haber obtenido esos déficits comerciales. O sea, ¿podríamos decir que es una dependencia financiera de un país como Argentina frente a China? En el intercambio, es ese centro periférico, pero a su vez también tiene una relación norte sur, porque la mayoría de los países de América latina son países del sur, son economías periféricas, son economías, digamos algunas intermedias, y China es un país ya del norte, no un país del sur. No existe ese modelo de cooperación sur-sur que utópicamente los chinos plantean. Eso existía en la década del 70 del siglo pasado, en la década del 80, donde las economías tenían una proporción similar o parecida. Hoy China es la segunda economía del mundo y los países de América latina están posible en el puesto número 16,17,18. Entonces ahí se marca esa relación norte-sur. Sin embargo, los países occidentales critican la iniciativa y acusan a Pekín de querer extender su influencia geopolítica y estratégica en la región. Estados Unidos se vea amenazada también su influencia en lo que durante décadas se consideró como su patio trasero. China tiene en estos momentos al menos cuatro iniciativas: La franja y la ruta, La comunidad de destino humano, La iniciativa de Desarrollo Social y La iniciativa de desarrollo y de seguridad global. Esas cuatro iniciativas, yo diría que es un poco la búsqueda de institucionalizar el poder chino en el mundo. Es decir, China se ha transformado en una potencia de gran envergadura, y está viendo cómo obviamente alcanza un rol mayor que sería el de superpotencia. En este caso está planteando algunas iniciativas, como las llaman ellos, que son marcos regulatorios que buscan consolidar ese poder que tiene China en El Mundo. Esa es un poco la clave. Obviamente que tiene que ser mirada el caso de La franja y la ruta como una iniciativa geopolítica, económica, financiera e incluso de otras índoles, porque la comparación puede ser en diferentes ámbitos. Además de la influencia geopolítica y estratégica de China, algunas oenegés acusan a los proyectos chinos a que se llevan a cabo en América Latina de violar los derechos humanos, sobre todo de no respetar las normas medioambientales… Sí, hay muchos proyectos que han tenido consecuencias desagradables para muchas poblaciones. El primer caso, recordemos allá por la década del 90, la célebre minera Shoukan, que estuvo a realizando inversiones en Perú y tuvo un impacto muy negativo en las comunidades aborígenes. La pesca es otro tema también muy sensible. En países como Ecuador, Perú, incluso también en Argentina, donde ha habido no solamente numerosos incidentes con pesqueros en el mar argentino, sino también se ha cuestionado a China por sus prácticas violatorias de distinta índole en los barcos que operan, por ejemplo, en el Atlántico Sur o el impacto en algunas otras comunidades respecto a inversiones. En estos momentos en Argentina es claro que también China está buscando la forma de mitigar esos impactos. Pongo un ejemplo, en el caso de la pesca en el océano Atlántico sudoccidental, lo que se está tratando de hacer es mecanizar el proceso de trabajo en el barco. De esa manera, limitar el uso de mano de obra y, por ende, también evitar las condenas o críticas que se realizan a China, no solamente a cómo es el tratamiento de los recursos que se pescan, sino también al tema de Derechos Humanos. Entonces creo que China está buscando mitigar de alguna manera y tratando de aprender en estos últimos años de qué manera se pueden hacer proyectos de inversión en América latina e ir restringiendo ese impacto tanto en el medio ambiente como en las comunidades.

La Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión histórica este 6 de septiembre para impedir que se encarcele a las mujeres por interrumpir su embarazo. Los jueces aprobaron un amparo presentado por una asociación para anular el artículo del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto al considerarlo inconstitucional. Las ONG que defienden los derechos reproductivos en México llevaban años esperando este fallo. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia validaron por unanimidad el amparo del GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, y despenalizaron el aborto a nivel federal.Despenalización del aborto“Lo que resolvió la Corte es que, para estas instituciones federales, es decir, instituciones de salud que están regidas por el Código Penal Federal y que están en todo lo largo y ancho del país, el aborto debe dejar de ser considerado como un delito. Entonces, por primera vez en nuestro país tenemos una decisión en relación con la despenalización del aborto, que tiene un alcance nacional sin que necesariamente alcance a todos los servicios del país”, explica a RFI Rebeca Ramos, la directora de la asociación civil GIRE.“En cuanto a los efectos concretos de esta decisión, detalla que “por ejemplo, una mujer que es derechohabiente del Seguro Social y que vive en el estado de Campeche y tiene un embarazo de ocho semanas no deseado y quiere interrumpirlo, pueda acudir a su hospital del Seguro Social, solicite ese servicio y le sea proveído”, prosigue Ramos.“Antes del día de hoy, esa misma mujer en Campeche no podía acudir ni a el hospital estatal ni al hospital federal, al del Seguro Social. Hubiera tenido que viajar, por ejemplo, al estado de Veracruz o a la Ciudad de México para poder interrumpir ese embarazo no deseado”, añade.Estrategia “de mayor alcance”Aún quedan etapas para que este proceso sea total: “Es un fallo histórico definitivamente, aunque todavía nos falta en México que 20 estados del país modifiquen sus códigos penales. Es decir, todavía no podemos decir que es ley en absolutamente todo México, porque hay estos dos ámbitos, el federal y el local. Pero logramos que a nivel federal el aborto deje de ser considerado un delito. Sí es una resolución histórica en ese sentido”, comenta Ramos.“Esta acción no únicamente se hizo en contra del Código Penal Federal, sino que hemos presentado amparos junto con organizaciones de cada uno de los estados en donde el aborto sigue siendo un delito. Entonces, es una estrategia nacional de mayor alcance y esperamos que tarde o temprano, se resuelva en el mismo sentido que se resolvió el día de hoy, y que el aborto deje de ser un delito ahora sí, en todos los códigos penales de México”, concluye la directora del GIRE, precisando que este proceso tomará aún meses y meses.

Las autoridades cubanas denuncian una red de trata que opera desde Rusia para reclutar cubanos que participen "en operaciones bélicas en Ucrania"  La cancillería aclaró que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y que actuará enérgicamente contra quienes desde su territorio participen en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento Una red de trata que opera desde Rusia para reclutar cubanos que participen "en operaciones bélicas en Ucrania" fue identificada por autoridades de la isla, que iniciaron procesos penales contra personas involucradas en este tráfico, informó el lunes la cancillería. El ministerio del Interior "trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania", dijo la cancillería en un comunicado. El canciller Bruno Rodríguez aseguró que el gobierno cubano "actúa con la fuerza de la ley" contra esas operaciones, en un mensaje en su cuenta de la red social X.  El diario América TeVe de Miami dio a conocer el pasado viernes los testimonios de dos adolescentes que se encontraban en Cuba cuando fueron reclutados bajo engaño por personas que los contactaron por Facebook para trabajar como albañiles en obras de construcción en Ucrania junto al ejército ruso.En declaraciones a RFI, el investigador Arturo Pérez Levy, experto en Cuba de la universidad de Denver, señala que "muchas veces buscan personas desesperadas, en situación muy precaria para reclutar. La red ha sido descubierto y la han tratado como una red criminal". En este sentido,  las autoridades competentes iniciaron "procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades", señaló el comunicado.La cancillería aclaró que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y que actuará enérgicamente contra quienes desde su territorio participen en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o "mercenarismo" para que sus ciudadanos tomen las armas contra cualquier país. Sin embargo, según voces expertas la posición de Cuba en este sentido no ha sido clara. "Una de las cuestiones que ha traído una verdadera confusión ha sido la posición cubana y a veces una actitud de acercamiento muy fuerte con Rusia a partir de una relación muy difícil con EE.UU. donde la administración Biden ha incumplido la grna mayoría de sus promesas de restaurar la polìtica de Obama respecto a Cuba" explica Pérez Levy en la antena de RFI.  "Cuba tiene una posición desesperada económicamente y ahí es donde ha aparecido una mayor dispoiciión a buscar alianzas. El gobierno cubano quería hacer una reforma y dijo querer aprender de Rusia. En lo positivo y lo negativo""Cuba nunca ha votado sola en Naciones Unidas. Por eso se ha abstenido sin condenar pero tampoco rechazar la condena a la invasión a Ucrania. Se ha dado cuenta ahora que es un intento de involucrar a Cuba en una condición a la que no quiere ser arrastrada"   remata Pérez Levy en RFI. Moscú y La Habana han estrechado desde el año pasado sus relaciones en términos políticos y diplomáticos, mientras que representantes del gobierno de Vladimir Putin han expresado su voluntad de apoyar a Cuba en medio de su peor crisis económica desde la implosión del bloque soviético en 1991.  A finales de 2022, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con Putin en Moscú y este año sendas delegaciones de empresarios y oficiales han visitado ambos países.

La Justicia chilena dictaminó que 31 de los 33 mineros atrapados en la mina de San José en 2010 recibirán indemnización por su traumática experiencia. Dos mineros no se unieron a la demanda. “Tengo el privilegio de informarles que todos los mineros rescatados, incluyendo el señor jefe de turno, don Luis Urzúa, están en perfectas condiciones”: de este modo se anunciaba en 2010 el final de la operación de rescate del accidente minero más mediático que se recuerde en América.Trece años después, 31 de los 33 trabajadores que pasaron 68 días atrapados en la mina San José, a 720 metros de profundidad, recibirán una indemnización por parte del Estado chileno. Fue la resolución de un juicio bastante largo y complejo que estableció finalmente la responsabilidad del Gobierno en el accidente que sepultó a los mineros de Atacama.“Resguardar las medidas de seguridad”“Nos pone contentos que se logre establecer que en este caso no solamente existía responsabilidad de los entes privados, sino también de los entes públicos, cuya finalidad es resguardar las medidas de seguridad, y que en este caso no se habría cumplido. Y por eso nos deja contento el fallo, que es un fallo no común dentro de la jurisprudencia chilena y permite establecer la responsabilidad del fisco en los hechos”, comenta a RFI el abogado de las víctimas, Jorge Ríos.El Estado de Chile deberá pagar en total 1,4 millón de dólares, es decir unos 46 mil dólares a cada minero: “Lo fijado por el tribunal de segunda instancia, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, es de 40 millones de pesos chilenos, y eso lo deberían recibir por medio de un procedimiento interno que se gestiona para el cobro, en este caso en Chile, en aproximadamente tres, cuatro meses, que es lo que se demora internamente el Estado de Chile en pagar”, detalla el abogado.Tantos años después del accidente, la mayoría de los mineros involucrados habían perdido la esperanza de percibir una indemnización, que fue recibida con agrado y sorpresa. Según Jorge Ríos, “los 31 mineros de los 33 que accionaron en contra del Estado estaban contentos, principalmente porque se había logrado establecer que en este caso no era el único responsable la empresa, la minera San José, sino que también había negligencia, lo que se conoce también como falta de servicio, por parte de los órganos públicos chilenos, quienes no salvaguardaron el cumplimiento de las medidas de seguridad dentro de la mina”.“Cambio en sus vidas”A pesar de poner punto y final de manera jurídica, los mineros supervivientes de la mina San José tendrán difícil poner un epilogo a un accidente que les cambió sus vidas para siempre. “Este hecho difícilmente pueda ser olvidado. Por el contrario, todos han sufrido un cambio en sus vidas. Han tenido que abandonar la profesión que ellos tenían, que era de mineros. Actualmente la mayoría se dedica a otras actividades. Si bien judicialmente se terminaría el tema para ellos, personalmente este hecho continúa”, subraya su abogado.Luis Bustos y Juan Illanes fueron los únicos dos de los 33 mineros de Atacama que decidieron no sumarse a la demanda contra el Estado por decisión personal.

En Ecuador, cerca de 60 guardias y policías fueron retenidos por rehenes que se rebelaron durante cerca de 2 días la semana pasada. El episodio de violencia se produce en un contexto de intervenciones militares en las cárceles para tratar de restablecer el orden. Pero el sistema carcelario de Ecuador paga el precio de los drásticos recortes presupuestarios de los gobiernos de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso. Por Raphaël MoránLas cárceles ecuatorianas vivieron un nuevo episodio de crisis. A la larga lista de motines sangrientos que causaron 431 muertos desde 2021 se añade la toma de rehenes de la semana pasada.Ecuador: coches bomba y toma de rehenes en las cárceles, la ola de violencia continúaReos de 6 cárceles retuvieron cerca de 60 guardias y policías durante al menos 2 días. A pesar de sus promesas de mano dura, el presidente Guillermo Lasso cuyo mandato llega a su término, no puso fin al caos en las cárceles heredado del mandato de Lenin Moreno.Recordar que Ecuador está en plena campaña electoral para la segunda vuelta. Se enfrentarán Luisa González, candidata correísta contra Daniel Noboa, hijo de un millonario. Pero no cabe duda que el tema de la violencia carcelaria estará presente en esta contienda.Escuche el análisis de Carla Álvarez, experta en temas de seguridad:Entrevistada: Carla Álvarez, profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo que prometió luchar contra la corrupción aún no ha asumido su cargo pero ya enfrenta un primer obstáculo. Las autoridades electorales confirmaron su elección, pero al mismo tiempo suspendieron su partido, el Movimiento Semilla. Una decisión muy criticada por la comunidad internacional. ¿Cómo afectará esta decisión al presidente electo? La suspensión del Movimiento Semilla, partido del presidente electo Bernard Arévalo, genera confusión en Guatemala. Las autoridades electorales tomaron esta decisión siguiendo la orden del juez Freddy Orellana en el marco de una investigación del fiscal Rafael Curruchiche por supuestas inscripciones irregulares de afiliados en la creación del partido en 2017. Sin embargo, tanto Orellana como Curruchiche aparecen en la lista de los funcionarios centroamericanos corruptos señalados por Estados Unidos.“Es sumamente grave”Alejandro Balsells, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Guatemala, denuncia en RFI una ofensiva política: “Guatemala tiene desde 1985 una ley electoral y de partidos políticos que tiene rango constitucional y, en consecuencia, tiene mayor jerarquía que cualquier norma ordinaria. A los partidos políticos no se les puede aplicar ninguna ley ordinaria, sólo se les puede aplicar la ley electoral y de partidos políticos. En consecuencia, una decisión de un juez, por cierto, bastante cuestionado, a solicitud de una fiscalía, también bastante cuestionada, que consigue una orden de suspensión del partido que salió ganador en una elección, pero además con base en una ley que ni siquiera es el Código Penal, es sumamente grave”.“Lo que estamos viendo en Guatemala es un ataque político, pero orquestado desde el poder, utilizando herramientas judiciales. Aquí es un golpe de Estado lo que están tratando de hacer, pero como ya en América Latina no valen los cuartelazos, están utilizando a los jueces”, insiste Balsells.“Arévalo ya fue oficializado”Varios expertos indican que la suspensión del partido implica que los 23 diputados del Movimiento Semilla ya no podrán participar en comisiones legislativas. ¿Afectará esta decisión al presidente Bernardo Arévalo para gobernar?“Obviamente eso es lo que tratan ellos de afectar, de confundir. Lo que existe muchísimo en Guatemala es un deseo por confundir a una población, y recordemos que buena parte de la población guatemalteca no tiene la escolaridad mínima. Pero el presidente Bernardo Arévalo, incluso ya fue oficializado por la autoridad electoral y ya no hay nada que hacer ahí”, contesta el experto en Derecho Constitucional.El partido Semilla del presidente electo impugnó la decisión del tribunal electoral. Por su parte, la Organización de Estados Americanos estima que la suspensión del partido se da "sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado".

Los profesores chilenos piden que el Estado salde con ellos una deuda que entienden que fue contraída en los años 80, cuando hubo un aumento general de los sueldos de los trabajadores públicos que no llegó al sector de la educación por falta de recursos. El Gobierno de Boric ha presentado propuestas para financiarla con impuestos a los ricos y el sector minero que de momento no han prosperado.  En 1981, el Estado chileno delegó el manejo de los colegios a los municipios. Sin embargo, las autoridades locales no aplicaron los aumentos salariales previstos por la ley por falta de recursos. Decenas de miles de docentes quedaron entonces perjudicados con sueldos bajos y pensiones miserables de alrededor de 200 dólares. Reparar esta deuda es una de las ocho reivindicaciones del movimiento de docentes chilenos.Carlos Díaz Merchant, líder del colegio de docentes de Chile, detalla estas demandas: “La deuda histórica es una situación que sufrieron en el año 81 los profesores cuando se produjo el traspaso desde los colegios del estado a los municipios. En ese momento se produjo un aumento salarial importante para todos los trabajadores del sector público, pero a los profesores ese aumento no se les otorgó”.“Por lo tanto – continúa -, queda una deuda que se mantiene con estos profesores. Inicialmente eran más de 100.000, hoy quedan 60.000. Están identificados, pero desde el año 81 no se les ha pagado esa bonificación, ese aumento salarial, que en su momento operó para todo el sector público, incluidas las Fuerzas Armadas. Hoy en día estamos pidiendo la reparación de la deuda, no el pago íntegro, porque es una cifra muy grande, pero por lo menos una reparación a la deuda”.El problema de financiaciónLas reivindicaciones que sometieron al ministro de educación incluyen también un cambio al modelo de financiamiento de la educación en Chile. ¿Por qué?“Aquí tenemos es el sistema de financiamiento por ‘vouchers’ en el que el Estado no se hace cargo, sino que entrega a privados recursos para que operen la educación, o en su defecto a municipios”, explica Díaz Merchant.El profesor pide que el Estado se involucre más: “Indudablemente nos parece que debemos avanzar a un sistema de financiamiento basal en el que el Estado se haga cargo de financiar la educación para todas y todos, porque hoy en día el problema que tenemos es que el financiamiento de la educación tiene en el abandono a la educación pública, porque no llegan los recursos y no están las posibilidades de arreglar los establecimientos educacionales y porque en definitiva no hay las condiciones mínimas garantizadas para que se pueda desarrollar la educación que los estudiantes se merecen”.Leer tambiénProfesores marchan en Chile para reclamar millonaria deuda con la educación públicaEl Colegio de Docentes de Chile también pide instaurar la jornada escolar completa, así como un plan para acabar con la violencia en los colegios.En marzo pasado la oposición rechazó una reforma fiscal del presidente de izquierda Gabriel Boric que buscaba aumentar los impuestos a los más ricos y al sector minero. Sin esos recursos adicionales, el Gobierno careció de financiación suficiente para cumplir con la promesa del presidente de saldar la deuda del estado con los docentes chilenos. Pero el mandatario insiste y presentará una nueva propuesta.

Es muy probable que el próximo año México proclame por primera vez a una mujer al frente de la Presidencia de su gobierno. Las encuestas y la recta final de la precampaña en los dos partidos mayoritarios así lo apuntan, ya que del lado oficialista la exalcaldesa de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, toma una ligera ventaja, mientras que del lado opositor la favorita es la senadora Xóchitl Gálvez. La recta final de las precampañas presidenciales en México empieza esta semana para el oficialismo y la oposición con un resultado que parece previsible: las elegidas de aquí al 6 de septiembre serán mujeres.Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita junto con el excanciller Marcelo Ebrard en la carrera por la postulación presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda nacionalista), que ocupa el poder desde 2018.Del lado opositor, la senadora derechista Xóchitl Gálvez es la favorita en la encuesta que la confronta con otra mujer, Beatriz Paredes, del partido -antes hegemónico- PRI. De ascendencia indígena otomí y de origen popular, Gálvez recibió el apoyo de un pilar del partido derechista PAN, Santiago Creel, también precandidato que declinó a su favor.“Cambio en los patrones de conducta y percepción”Sin embargo, no será la primera vez que una mujer de este país se presente a las elecciones generales, explica a RFI Ricardo de la Peña, secretario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE): “Ya había habido candidatas a la Presidencia de la República desde tiempo atrás, en 1994 Celia Soto, en 2012 Josefina Vázquez Mota. De forma tal que la presencia de mujeres a nivel de candidatura a la Presidencia no es algo extraño. Lo que sí es extraño es que esta vez pareciera que las principales contendientes serán mujeres, muy factiblemente, y que es posible que para el 2024 haya una primera presidenta de la República”, detalla.Según De la Peña, esto “forma parte de un cambio en los patrones de conducta y de percepción de la relación entre géneros por parte de la sociedad mexicana. Y forma parte de un recambio de cultura que participa de un proceso a nivel mundial”.“No es previsible una elección muy abierta”En el caso de que tanto Gálvez como Sheinbaum sean las elegidas por sus grupos políticos, se divisaría un confrontamiento muy reñido durante la campaña electoral como lo anuncian las encuestas.“En principio, las mediciones más serias muestran una condición relativamente cerrada entre Morena y sus aliados, y lo que es el bloque opositor que hoy día conforma el Frente Amplio por México. De manera tal que no es previsible una elección muy abierta y en todo caso, el resultado final va a depender de factores y de sucesos que están por el momento fuera de cualquier capacidad predictiva”, subraya Ricardo de la Peña.Para conocer al candidato a la presidencia de Morena habrá que esperar al 6 de septiembre, mientras que del lado opositor se conocerá tan sólo tres días antes. 

Guatemala ha reforzado la seguridad del presidente electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y su dupla, la vicepresidenta Karin Herrera. RFI habló con el abogado del partido Semilla sobre las amenazas y las medidas cautelares para protegerlos. La Comisión Interamericana de DDHH pidió medidas cautelares y el Gobierno de Guatemala anunció que refuerza el círculo de seguridad. Guatemala ha reforzado la seguridad del presidente electo del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y su dupla, la vicepresidenta Karin Herrera, ganadores de las elecciones con el 58% de los votos. Y es que se han descubierto presuntos planes para eliminarlos, según anunció el gobierno. RFI habló con el abogado del partido Semilla sobre las amenazas y las medidas cautelares para protegerlos. La primera alerta se dio el 20 de agosto, después de que se descubrieran supuestos planes para atentar contra Arévalo y Herrera. La segunda se dio en el marco de una investigación a bandas criminales gracias a las escuchas que estaba haciendo la policía. El abogado del Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero ha recalcado en la antena de RFI: "Sobre el primer caso no tenemos acceso a mayor información soibre quién podría ser el autor; pero en el segundo caso sí sabemos que hubo una estructura criminal que también está bajo investigación por parte del ministerio público a través de la fiscalía correspondiente. Ellos ya estaban investigando por otro hecho relacionado con la estorsión a una empresa y así es como llegaron a la información sobre un posible atentado contra el binomio presidencial". La Comisión Interamericana de DDHH pidió medidas cautelares y el Gobierno de Guatemala anunció que refuerza el círculo de seguridad. "Ya hemos establecido un programa para establecer los círculos de seguridad. Ahora se van a fortalecer esos círculos" subraya Juan Gerardo Guerrero. Estas amenazas se añaden a un panorama complicado por las acciones del Fiscal Rafael Curruchiche que mantiene abierta una investigación contra el partido ganador por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados para su conformación en 2017. "Estamos convencidos que la legitimidad que nos otorgó 2.441.661 ciudadanos nos da la fortaleza para asumir el 14 de enero la presidencia" dice Juan Gerardo Guerrero, abogado del partido Semilla de Guatemala.

Entrevistamos a Jimmy Guevara, comunicador social nicaragüense exiliado en Costa Rica, sobre la decisión del régimen de Ortega de cancelar la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús, con lo que todos los bienes de los jesuitas en ese país pasan al Estado. También fue confiscada la Universidad Centroamericana por acusaciones de "terrorismo".  Todos los bienes de los jesuitas en Nicaragua han pasado a manos del Estado, incluyendo la emblemática Universidad Centroamericana de Managua (UCA) que era gestionada por la orden católica. En la UCA, ha estudiado una buena parte de la élite nicaragüense, incluida la sandinista. Para muchos, se trata de una estocada mortal a uno de los bastiones del libre pensamiento."Perder la UCA es perder uno de los últimos bastiones de conciencia que quedaban en Nicaragua", dijo a RFI Jimmy Guevara, graduado en Comunicación Social en esa universidad."En Nicaragua, la educación está controlada mayoritariamente por la dictadura. Las escuelas privadas, los colegios privados, las universidades privadas como la UCA, eran los últimos centros donde uno podía recibir una educación sin adoctrinamiento", afirma Guevara, quien se encuentra exiliado desde hace cinco años en Costa Rica.A los estudiantes matriculados en la Universidad Centroamericana les quedan pocas opciones, explica. "Se les ha dicho que continúen bajo el nuevo mandato de la universidad, la cual va a tener nuevos rectores. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes no están de acuerdo en quedarse. Muchos han intentado ir a otras universidades, por ejemplo, la Universidad Americana", precisa Jimmy Guevara, director del medio Criterios.El problema es que "la dictadura mandó a decir a esas otras universidades que se les prohibía matricular a los estudiantes de la UCA. Por eso, la única opción que están dando a los estudiantes matriculados en la UCA es regresar a la universidad que tomó la dictadura o quedarse sin estudiar".¿Cómo analiza Jimmy Guevara lo que ha hecho el régimen nicaragüense con la UCA?"Es una embestida (de las autoridades nicaragüenses) contra toda la juventud y contra las personas que, de alguna manera, piensan que hay que cambiar las cosas y rebelarse dentro de Nicaragua. También es un ataque directo hacia la Iglesia, lo cual no es nuevo. Aquí en Nicaragua tenemos a un monseñor preso, Rolando Álvarez. Es un ataque directo también a la Iglesia católica", sostiene.Jimmy Guevara no descarta que la confiscación de esta universidad esté motivada asimismo por razones materiales. El régimen estaría "buscando de alguna forma oxígeno económico", es decir, "robarse las propiedades privadas, confiscarlas y luego venderlas". Según él, ya se ha visto que las autoridades venden las propiedades que han confiscado. "Seguramente esto es como una forma que ellos encontraron para tener un respiro económico".

En entrevista con nuestra emisora, el candidato derechista a la silla presidencia ecuatoriana, explicó que, de ser electo, el principal objetivo de su gobierno será luchar contra el desempleo en su país. Daniel Noboa habla con seguridad y con voz fresca. Tiene apenas 35 años y podría convertirse en el presidente más joven en la historia de Ecuador. Ha tenido un ascenso espectacular en los comicios presidenciales, logrando un sorpresivo segundo lugar en las elecciones del pasado domingo.Tras asegurar haber sido víctima de un atentado con disparos, se enfrentará a la candidata del correísmo, la izquierdista Luisa González, en la segunda vuelta, prevista el próximo 15 de octubre.Daniel Noboa es casi un desconocido en política, aunque proviene de una familia con trayectoria: es hijo del ex candidato a la presidencia Alvaro Noboa, y nieto de Luis Noboa Naranjo, uno de los empresarios más importantes del país.En esta entrevista, contó a RFI que su principal preocupación, de ser electo presidente, es reactivar el empleo seguro en su país, donde están en proceso de cierre 40.000 de las 184.000 empresas que existían hace un año: Explica también el apoyo obtenido por parte de los jóvenes y de las mujeres ecuatorianos, quienes votaron mayoritariamente por él.

En Bolivia, el divorcio entre el presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales, parece ya irreversible. El Movimiento al Socialismo (MAS) debe decidir qué candidato presenta para los comicios de 2025 y la fractura no hace más que ahondarse día tras día entre estos dos ex aliados que quieren repetir en la Presidencia. La situación podría incluso desembocar en dos Congresos y en dos candidatos. No es un fenómeno nuevo en América Latina: un presidente escoge a su sucesor, lo aúpa y, una vez instalado en el poder, se convierte en su principal rival. Ocurrió en Colombia, entre Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos; en Ecuador, entre Rafael Correa y Lenín Moreno; y ahora se repite el guión en Bolivia, entre el presidente Luis Arce y el exmandatario y líder del MAS, Evo Morales. Y eso que Arce fue ministro de Economía de Morales del 2006 al 2017 y es presentado como el padre del milagro económico boliviano.¿Por qué ahora hay esta fractura? Para entender esta pugna entre estos dos sectores del MAS hay que remontarse a la elección de Arce como presidente en 2020 en medio de la crisis política que estaba viviendo Bolivia.“Todo el movimiento al socialismo sabía que Luis Arce simplemente era un candidato de emergencia que posteriormente, pasado el mandato del 2025, Evo Morales iba a retornar a la presidencia de Bolivia”, explica Gabriel Villalba Pérez, Director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAC de Bolivia.“Ese es el principal óbice que se encuentra actualmente en el movimiento al socialismo, porque el presidente Luis Arce y todo su equipo de la mano, fundamentalmente de David Choquehuanca, asumen que ellos podrían repostularse con las siglas del movimiento al socialismo y ellos podrían continuar pasado el 2025 una gestión más”, agrega.Esto podría desembocar en una escisión del MAS que se está cristalizando en acusaciones entre lo que el analista llama MAS orgánico y MAS burocrático, incluso con enfrentamientos como pudimos ver el fin de semana pasado durante el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia: 450 heridos y dos directivas, una reconocida por el gobierno y otra por Morales. Ante este panorama, ya se habla de una tercera vía, la que podría representar Andrónico Rodríguez de 34 años, sindicalista cocalero y presidente de Senadores. “Creo que Andrónico Rodríguez va a ser el presidente de Bolivia, pero no el 2025. Creo que le falta una madurez política que todavía no está consiguiendo. Él es bastante joven y los espacios donde le ha tocado estar la presidencia de la Cámara de Senadores no ha sido del todo gratificante para que se siga fortaleciendo su liderazgo político a nivel nacional”, estima Villalba Pérez.“Sin lugar a dudas es un personaje muy importante de la política boliviana. El futuro del proceso de cambio me animaría a decir, pero creo yo que le debe también muchísimo a Evo Morales, porque es el vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba puesto en ese cargo justamente por Evo Morales. Podríamos decir el pupilo de Evo Morales en una construcción de evolución de ese sujeto histórico indígena, originario y campesino, que sin lugar a dudas tiene que cohesionar mucho más al ámbito rural con el ámbito urbano. Y esa va a ser su ganancia”, concluye el director del CENAC.

El diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez explicó a RFI las razones del triunfo de Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, así como el inmenso desafío que significa 'recuperar un Estado' que ha caído en manos de 'un grupo de criminales'.  Tras romper todos los pronósticos, Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, pasó a la segunda vuelta y venció a la ex primera dama de la Nación, Sandra Torres. Arévalo, quien a escasos 20 días de las elecciones solo contaba con un 2% de las intenciones de voto, fue elegido presidente con el 58% frente al 37% de su rival. Este resultado causó sorpresa inclusive en las propias filas del movimiento."Trabajamos para alcanzar un resultado favorable. Sin embargo, esta diferencia no es algo que teníamos proyectado. Me parece que nadie esperaba este resultado", dijo a RFI el diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez.Las claves del éxito de la candidatura de Arévalo son, entre otras, "el hostigamiento de parte del Ministerio Público en medio de un régimen de corrupción e impunidad que nunca antes se había visto en Guatemala. Semilla es un partido completamente diferente, con un proyecto pensado para construir un futuro en donde quepa todo el mundo. La otra razón es que la juventud se volcó masivamente para apoyar a Semilla. Hicieron un trabajo de militancia sin ser afiliados o afiliadas al partido. Esto fue una clave fundamental", sostiene Samuel Pérez.El Movimiento Semilla es progresista y Guatemala es un país de mayoría conservadora y de tradición gobernante de derecha. ¿Qué piensa de esto el diputado guatemalteco?"En realidad, nunca nos enfrentamos a una batalla ideológica, sino contra un grupo de criminales que tiene capturado el Estado. Ese Estado tenemos que empezar a recuperarlo para que las instituciones empiecen a funcionar a favor del pueblo. Este régimen de corrupción no le da resultados absolutamente a nadie más que a ellos mismos. Ellos son un pequeño grupo que tiene que legitimarse, además, a partir de la fuerza y la represión, en lugar de hacerlo a partir de resultados sociales", arguye el diputado Samuel Pérez.Sobre la primera impronta que aspira dejar el Movimiento Semilla, el diputado Samuel Pérez no duda en decir que es "combatir la corrupción". Un proceso que, según él, "no pasa solamente por reformas institucionales y medidas de políticas públicas, sino también por decisiones políticas. Mucho de lo que sucede con respecto a la corrupción en Guatemala es porque tiene el aval o el consentimiento de los presidentes de turno. Ellos se roban el dinero del pueblo y se lo dan a sus diputados, a sus financistas, mediante plazas en los ministerios, proyectos, contratos con el Estado o dinero en efectivo bajo la mesa. Un dinero que es del pueblo de Guatemala", concluye Pérez.Bernardo Arévalo asumirá el cargo de presidente el 14 de enero de 2024.

Hace un año, los pandilleros tomaron el barrio de Village de Dieux (Pueblo de Dios), a un paso de Carrefour-Feuille, el barrio que ha sido atacado esta semana al norte de la capital de Haití. Hasta el momento las fuerzas policiacas no han dado ninguna respuesta para lo que ha sucedido en estos dos barrios. Los pandilleros aprovechan la fragilidad del gobierno para expandir su territorio.   “Escuché a los pandilleros entrar a la casa de los vecinos, violarlos y matarlos” cuenta aterrado un habitante de Carrefour-Feuille, el barrio que ha sido atacado en las últimas semanas por los pandilleros de Gran Ravine.“Saquearon las viviendas, y a lo que no podían llevarse, le prendían fuego. ¡Imagínese! Mi hijo de nueve años ha sido testigo de esas escenas. Estará traumatizado el resto de su vida. Yo mismo estoy traumatizado. Me pregunto si debo ver a un especialista, porque me estoy volviendo loco”.  Como este hombre, quien por razones de seguridad se guarda el anonimato, otros habitantes del norte de Puerto Príncipe, son víctimas de los ataques y matanzas, algunos han logrado esconder a sus familias mientras ellos defienden sus casas sin ninguna ayuda. Muchos acusan al gobierno de dejarlos a merced de las bandas criminales.“Las autoridades nos entregan a esta carnicería. En las noches no podemos dormir. Los criminales atacan a la gente, a las ancianas, a las embarazadas, a los niños. Retroceden sólo cuando no tienen municiones. Es el caos total", contó a RFI otro habitante, cuyo anonimato también es asegurado por seguridad.  Un gobierno sin gobierno Según un primer balance de organizaciones de defensa de derechos humanos en Haití, al menos 10 mil habitantes han huido de esta barriada ante el avance de las bandas armadas. Pero no es la primera vez que un éxodo así ocurre en Puerto Príncipe. De acuerdo con Joseph Harold Pierre, economista y politólogo haitiano, el mismo fenómeno sucedió hace un año, en el Village de Dieu,  donde “más de 30 000 perosnas en menos de un mes tuvieron que abandonar sus hogares por esa misma situación”, dijo a RFI.El politólogo precisó que las autoridades no han podido entrar hasta ahora al Village de Dieu, lo que lo convierte en el primer barrio a completa merced de los criminales, y dada su cercanía con Carrefour-Feuille, era evidente que los pandilleros expandieran su territorio hacia este barrio, del cual han sido expulsados unos 5 000 habitantes.“Las personas que huyeron de Carrefour-Feuille están ahora en las calles, en las casas de amigos, en la intemperie. Y el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Nunca ha dado respuesta”, expresó Harold Pierre, escéptico de que el gobierno vaya a tomar medidas.Haití, el país más pobre de América, ha estado sumido desde hace años en una crisis económica, política y de seguridad, agravada por la violencia de las pandillas criminales que dominan áreas del país. Las estrevistas fueron realizadas por Stefanie Schüler y Carlos Pizarro

RFI entrevistó a David Saucedo, analista de seguridad en México, sobre el hallazgo de los restos de cuatro personas en una finca del estado de Jalisco durante las pesquisas para localizar a cinco jóvenes desaparecidos cuyo cautiverio y probable asesinato fue difundido en violentas imágenes que han conmocionado al país. Los restos óseos y los cuatro cráneos con huellas de calcinación hallados no permiten determinar los rasgos físicos, la edad y el sexo de las víctimas. La Fiscalía del estado de Jalisco informó que los investigadores forenses trabajan para identificarlas.Se sospecha que pueda tratarse de los restos de un grupo de jóvenes de entre 19 y 22 años que desapareció en la localidad de Lagos de Moreno el viernes 11 de agosto. Según testimonios, son amigos desde la infancia. El padre de uno de ellos reconoció que los restos encontrados podrían pertenecer a su hijo y sus compañeros, pero prefiere aguardar el informe de las autoridades.El analista en seguridad David Saucedo dijo a RFI que este caso "seguramente se dio en el contexto de un reclutamiento forzado durante el cual los obligaron asesinar a sus propios compañeros. En México, sabemos desde hace tiempo que el Cártel de Jalisco Nueva Generación, para fortalecer una especie de 'muralla' que trata de levantar para impedir que el Cártel de Sinaloa avance hacia su vasto imperio, ha estado reclutando y contratando jóvenes. Su propósito es incorporarlos a su red de sicarios. Para ello tienen centros de entrenamiento donde los obligan a cometer un acto atroz. Éste suele ser un asesinato o bien la ingesta de carne humana. Esto lo han contado los propios reclutas que han logrado escapar de esos centros del Cártel Jalisco Nueva Generación". Estos asesinatos han recordado a muchos mexicanos el caso de tres estudiantes de cine, ocurrido también en el estado de Jalisco, que fueron hallados muertos en 2018. En su momento, ese hecho causó una conmoción tan grande como la que se está produciéndose hoy.David Saucedo subraya a este respecto que "es una conducta sistemática del Cártel Jalisco Nueva Generación el secuestro de jóvenes de entre 15 y 25 años. En ese caso, los jóvenes eran, efectivamente, estudiantes de cine. Todo parece indicar, de acuerdo con las últimas investigaciones, que ellos fueron confundidos. Fueron reclutados en un centro de llamadas y llevados con engaños para su incorporación en una red de seguridad privada. Les prometieron un empleo de alto salario con todas las prestaciones. Todo ello mediante engaños. Fueron llevados a lo que era, en realidad, un centro de reclutamiento de ese cártel".  Conmoción por difusión de imágenes En el caso reciente de los cinco jóvenes desaparecidos, existe una imagen y un video de ellos que fueron difundidos en redes sociales. En la fotografía se observa a los cinco jóvenes arrodillados y maniatados. En el video se ve el momento en el que uno de ellos es atado con un objeto contundente y un cuchillo cerca de otros cuerpos que yacen en el suelo.Sobre el impacto de estas imágenes, David Saucedo recalca el hecho de que "fue la opinión pública, los medios de comunicación, los que finalmente generaron la presión suficiente para que hubiera una reacción por parte de las autoridades estatales y federales, pues éstas se habían mantenido omisas. Empezaron a circular videos en redes sociales en donde se les ve sometidos, maniatados, hincados. Incluso uno de ellos se le proporciona un machete y con ese machete decapita a uno de sus compañeros. Solamente cuando estas imágenes circularon en redes sociales las autoridades se pusieron a la obra".Hace poco, el gobernador del Estado de Jalisco dijo que prohibía las investigaciones de la policía local por un ataque que se había producido precisamente contra cuerpos de seguridad de ese estado. ¿Cómo interpretar esta instrucción?"Sí, es una actitud un poco extraña del gobernador de Jalisco estar solicitando de manera insistente que sea el gobierno federal el que se haga cargo de la seguridad de su propio Estado. En México, las soluciones que se dan en materia de seguridad tienen que ser soluciones locales, evidentemente con el respaldo del gobierno federal. La alta violencia homicida que se vive en Jalisco se debe en parte a esa actitud distante que ha tenido su gobernador en la atención de los delitos de alto impacto, específicamente, el crecimiento de las mafias criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene su nombre, justamente, porque su cuartel principal se encuentra en el estado de Jalisco, es decir, esta organización criminal liderada por Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ha crecido y florecido justo bajo el sexenio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Es gracias a la actitud de brazos caídos del gobernador Alfaro que ha germinado este grupo y que está rivalizando a nivel nacional con el cartel de Sinaloa".

El Canal de Panamá, una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, padece el impacto del cambio climático.  Los buques comerciales se enfrentan a largas colas y retrasos para atravesar el Canal debido a una prolongada sequía en el país centroamericano agravada por el fenómeno del Niño. Bordeado al oeste por el océano Pacífico y al este por el mar Caribe, y atravesado de sur a norte por un canal donde transita el 6% del comercio marítimo mundial, Panamá depende esencialmente del agua. La crisis climática se ensaña con el líquido precioso. Lluvias diluvianas o sequías extremas traen nefastos impactos para la economía y la vida del país. “El cambio climático definitivamente llegó para quedarse, estamos viendo eventos cada vez más continuos, más extensos, y más intensos también en su efecto. Este año estamos viendo un pronóstico del Niño, que es de escasez de lluvia, que ya inició realmente y se va a conectar con la próxima estación seca. Vamos a tener un Niño mucho más extremo e intenso que lo que hemos tenido en años anteriores”, explicó a RFI Oscar Vallarino, biólogo marino que trabajó durante 20 años en el Canal de Panamá.“¿Por qué? -prosigue-. En estos momentos estamos supuestamente en época de lluvias, que es cuando el canal aprovecha para llenar los lagosm para tenerlos a su máximo nivel operativo. Es de 27 metros en el lago Gatún, que es por donde transitan los buques en diciembre. Así, cuando comienza la temporada seca en enero, los lagos esta llenos y se pueden administrar y pasar la temporada seca sin tener que hacer restricción de calado”.La actual situación ha llevado a los gestores del Canal de Panamá a reformular la logística para adecuarse a la escasez de agua: “En este momento el canal está tomando varias medidas para poder lograr optimizar y ahorrar agua. Han reducido el número de buques que transitan por el canal, lo han bajado a 32 buques por día”.Además, deberán portar menos carga para facilitar la flotabilidad: “Eso además dando una restricción de calado. Entonces los buques que vienen ahora posiblemente no pueden pasar totalmente cargados y tienen que descargar y mandar esos contenedores por tren o por camiones”, continúa Vallarino, quien advierte de que en con las actuales condiciones, las medidas deberían mantenerse unos 10 meses.El exceso de agua también causa problemasMás del 50% de agua potable que consumen los panameños viene de las aguas crudas de los lagos que administra y opera el Canal. Las lluvias extremas e inundaciones, consecuencia del cambio climático, terminan por dejar sin agua potable al país, tal como ocurrió en 2010. “Llegó el momento que el Canal tuvo que abrir todas las compuertas de los embalses para dejar que el agua fluyera hacia el mar, porque seguía lloviendo y no había ya forma de seguir embalsando esa enorme cantidad de agua”, aclara nuestro invitado.“Como hubo extensas lluvias, ocurrió lo opuesto, el lago Alajuela se llenó de turbiedad porque la lluvia produjo muchos sedimentos de los lados del lago. Se requirieron varios días antes de que se pudieran bajar los niveles de turbiedad en la potabilizadora de Chilibre para dar agua potable. Hubo mucha restricción de agua potable en las ciudades”“El cambio climático afecta en ambas vías. Si hay mucha agua, no es bueno y si hay escasez de agua tampoco lo es”, concluye. La autoridad del Canal de Panamá afirma que la gravedad de la sequía que enfrenta actualmente no tiene precedentes históricos, ni siquiera es comparable con la última sequía de 2019 y 2020. 

Hubo 951 líderes populares y 317 excombatientes firmantes de la paz asesinados en seis años de paz. Estos números y las historias que están detrás aparecen en el informe “Reclamar y morir: exterminio de liderazgo social de base en Colombia 2016 2022”, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep-Programa por la Paz). RFI entrevistó a los autores del estudio, Claudia Bahamon, abogada, y Carlos Garaviz, filósofo. RFI: Ustedes son investigadores sociales del Banco de datos en derechos humanos y violencia del  Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y coautores de este informe, cuyas cifras de homicidios son tan altas como el grado de impunidad que los rodea… Claudia Bahamon (CB):  Las cifras de impunidad son altísimas, casi el 90% de los casos que llegan a la justicia, porque claramente no todos llegan pues uno de los grandes inconvenientes es que la mayoría de presuntos responsables están en el anonimato. Pero también está el segundo problema, y es que no se cuenta con una confianza en la institucionalidad. Y esto también influye en que los índices de impunidad sean altísimos, que se continúe eso que llamamos la 'guerra sucia', precisamente porque se perpetúan los hechos y no se tiene juridico resultado alguno. ¿No hay un perfil de los agresores?CB: La mayoría de casos, como se ve en el documento, son hombres armados, encapuchados, que se movilizaban en motocicleta, personas sin identificar… De los 951 casos de asesinatos a líderes y lideresas, 682 no ceuntan con información de los presuntos responsables. En los casos restantes, los responsables son el Estado colombiano, a través de la fuerza pública, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, y también grupos de guerrilla y paramilitares. La investigación también reporta 128 agresiones como una forma de represalia contra los familiares de estos líderes y exguerrilleros. Carlos Garaviz (CG): En últimos quizás cinco años esto se ha venido disparando en relación con las familias como una manera de intimidar y de decirle a los líderes, pero sobre todo a los excombatientes y a sus familiares: 'ojo con los que se vayan a meter a X o Y grupo porque les puede pasar esto'. Y es un hecho muy grave porque afecta el derecho internacional humanitario y además horroriza el conflicto que vivimos, pues una cosa es la libre personalidad del combatiente que decide tomar armas y otra cosa es el familiar que no está metido en armas. Entonces se degrada el conflicto de por sí. ¿Hay un perfil específico de estos 317 excombatientes de la guerrilla de las FARC que le cumplieron a la paz, que firmaron el acuerdo y que han sido asesinados? CG: Hay dos hechos. Uno es que desde que se dio el proceso de paz el 24 noviembre del 2016, que fue la última rectificación del acuerdo, se desintegró la guerrilla. Por un lado, están en los que se acogieron al proceso y, por otro, los que no se acogieron, que son los que llamamos disidencias. Este nuevo grupo de disidencias empezó a presionar a aquellos que siguieron la vida civil y no optaron por las armas y que, por no hacerlo, los fueron amenazando y asesinando. Muchos de estos asesinatos tienen una característica y es que son a líderes en sus territorios. Algunos quisieron montar, por ejemplo, microempresas y tenían un liderazgo en ese sentido y eran las cabezas visibles de estos centros donde el Gobierno los acomodó. Y algunos, incluso, eran líderes sociales también en sus zonas rurales, presidentes de Junta de acción comunal, o no necesariamente de Junta de acción comunal, sino que tenían un liderazgo propio por su formación. Es decir, las víctimas son implementadores de la paz, tanto aquellos que han sido excombatientes como aquellos que no han estado en una guerrilla, pero que están a la cabeza de procesos sociales para sus comunidades sobre la base de la implementación del acuerdo de paz… CB: Parte de acabar con los procesos y con las voces de los liderazgos sociales es exterminar los procesos de base, es exterminar  todos aquellos impulsos y  lo que ya se está desarrollado en la lucha por los territorios, en la lucha por la igualdad, en la lucha por tener una perspectiva desde lo territorial, desde las comunidades étnicas, campesinas, negras y, precisamente, es buscar que no se pueda continuar con estos procesos organizativos. En la investigación no solo hablamos de asesinatos, sino también hablamos de los atentados y de  amenazas queson una clara señal del enfrentamiento directo y total a estos procesos de base por los que tantos años han luchado quienes vieron en el acuerdo de paz  una posibilidad de desarrollar sus acciones y emprender otras en sus territorios. CG: En últimas, con el fin de querer acallar su liderazgo en la región y que se vayan de la misma para que no molesten a los industriales o a los dueños de la tierra donde precisamente esos líderes están protestando. El informe de ustedes reclamar y morir también da cuenta de líderes y de lideresas que han sobrevivido a los ataques, pero que son víctimas de mutilaciones, pérdidas de órganos, heridas, disfunciones orgánicas y traumatismos y, además, 36 casos confirmados de desaparición forzada en estos 6 años de paz.  

Reputada como un paraíso, Hawái se convirtió en un infierno a causa del incendio que arrasó la localidad de Lahaina, en la isla de Maui, causando al menos un centenar de muertos, si bien las autoridades temen que la cifra se pueda triplicar. RFI recogió el testimonio de dos habitantes sobre lo que espera a los sobrevivientes, en particular, a los migrantes latinoamericanos.    El guatemalteco Roland Monzón se encontraba en Hawái por motivos familiares cuando ocurrió la tragedia. "Ese día tuvimos aquí vientos de unos 50 kilómetros por hora. Yo salí a caminar un poco ese día y el viento me empujaba. Esos vientos fueron los que provocaron que el incendio fuera mucho más grande en toda el área de Maui. Además, como hay mucha madera, el bosque y los techos, también muchas estructuras de madera, el fuego se propagó muy rápido. La gente trató de huir, algunos se lanzaron al agua y otros tomaron sus vehículos. Algunos tuvieron que bajarse de los vehículos y trataron de escapar como pudieron", dijo Monzón a RFI.La comunicación con Maui es ahora mismo imposible, a no ser a través de los militares o por la ayuda de urgencia. Monzón precisa que "el acceso para turistas y para los ‘no locales’ está efectivamente cerrado. No se puede entrar a la ciudad de Lahaina. Mucha gente que está buscando a sus familiares desaparecidos tiene que hacer cola afuera. Las autoridades los tienen varados ahí, no los dejan pasar, pero ellos no se quieren retirar e insisten en buscar a sus seres queridos", explica.Según las autoridades del condado de Maui, las llamas destruyeron más de 2700 inmuebles en la región occidental de la isla, en su mayoría residencias. Esto representa el 87% de los hogares. Por eso, la prioridad de los voluntarios y las ONG es asistir y dar cobijo a los miles de desplazados, entre ellos, a los inmigrantes.Alejandra Guadalupe Ramírez, originaria de Lahaina, presta ayuda a varios de ellos procedentes de América Latina. "Mucha gente de Lahaina trabajaba en los hoteles y los restaurantes. Todos ellos se quedaron sin nada, perdieron sus casas, sus empleos y todo su dinero. Lo peor de todo es que no tienen pasaportes ni cualquier otro tipo de documento de identificación para poder irse de la isla. Están bloqueados. Ahora estamos tratando de conseguir dinero para esos inmigrantes, pues ellos no van a poder aplicar a las ayudas del gobierno. Cuando yo fui al voluntariado el primer día, conocí a una familia de cubanos. También hay argentinos, mexicanos, guatemaltecos, hay de todo. Uno de los problemas más grandes que estamos viendo es que los consulados no quieren venir a Maui, no quieren venir porque piensan que es peligroso. Eso es muy triste", subraya.Las autoridades han lanzado varias investigaciones para descubrir por qué no hubo sirenas que alertaran a la gente del peligro o por qué la compañía eléctrica no cortó la corriente a tiempo. Estos incendios son los más letales del último siglo en Estados Unidos.

A principios de agosto, el gobierno cubano lanzó su “Programa para la bancarización del país”, con el cual pretende incentivar las trasferencias electrónicas para así reducir el uso de efectivo. Estrategia moderna, pero la población cubana, acostumbrada a salir con bolsas llenas de billetes para pagar sus cuentas, desconfía del funcionamiento de la bancarización dadas las deficientes infraestructuras, la falta de educación financiera y la escasez de modernos celulares entre los habitantes. Incluir a Cuba en la economía electrónica es uno de los nuevos objetivos del gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de acuerdo con un comunicado. Con esta estrategia, se podría también aliviar la presión sobre los bancos, donde son normales las largas colas de personas esperando para poder sacar su dinero, y se podrá tener un mayor control de las transacciones. El Banco Central de Cuba ha dado un plazo de seis meses para crear las condiciones necesarias para esta bancarización.Y aunque esta acción es positiva teóricamente, el economista cubano Omar Everleny explicó a RFI que la Isla no está preparada para un cambio tan rápido debido a la deficiente infraestructura técnica. “Es un proceso en el que Cuba está atrasado desde hace mucho tiempo. Las personas no usan las tarjetas para los pagos”, aseguró Everleny. “Muchos locales no tienen terminales para utilizarlas”.Además de dicho impedimento material, el economista cubano asegura que una parte de la población cubana carece de educación financiera pues, “la población cubana está envejecida, no todo el mundo sabe usar las tarjetas y, sobre todo, los Smartphone (teléfonos celulares)”, necesarios para este tipo de transferencias. “No todo el mundo tiene un buen teléfono”.Everleny destacó que dicha estrategia financiera “no se puede hacer por decreto, aunque teóricamente bancarizar es muy bueno porque puedes realizar todas las transacciones por vías electrónicas”.Desde que el gobierno implementó una reforma monetaria en enero de 2021, cada vez es más común que los cubanos lleven consigo fajos de billetes en bolsas o mochilas para pagar una simple cuenta de restaurante o un servicio en un taller mecánico.Controlar el efectivo"Hay hoy un nivel de efectivo importante que está fuera del sistema bancario. Ese dinero no circula en los circuitos lógicos de la economía y solamente se transa entre personas naturales", explicó el lunes Joaquín Alonso, presidente del Banco Central, en un programa de la televisión estatal.No obstante, limitar el flujo de efectivo puede tener un impacto en la producción de bienes, ya que las empresas no podrán importar los elementos necesarios para ello, principalmente las pequeñas y medianas empresas (PyMES), obligadas a utilizar dólares para este tipo de acciones.De acuerdo con Everleny, las autoridades cubanas no venden las divisas por canales oficiales a las PyMES, por lo cual tienen que adquirirlas “por la vía informal, y la vía informal te exige el pago en efectivo. Si tu presionas al privado para que no importe ahora porque no puedes sacar efectivo para comprar la divisa, [el privado] va disminuir las importaciones, y si disminuyen las importaciones disminuyen las producciones. Entonces en un mundo donde hay una escasez de productos no puedes tomar unas medidas que afecten la producción”, explicó.Leer tambiénCuba tiene que importar casi el 100% de sus alimentosIncentivar la educación financieraOmar Everleny considera que la bancarización sí puede funcionar, siempre y cuando no se imponga, y esté acompañada de estrategias para promoverla.  “¡Que no sea por decreto!”, exclamó.  “Mejor que si se paga la electricidad o el teléfono mediante una transacción, se obtenga un descuento”, puso como ejemplo.El gobierno cubano aceptó en un comunicado que lleva años de retraso en la bancarización y que aún es largo el camino para normalizar en la ciudadanía las transferencias electrónicas. “¿Qué actividades son las que más demanda la población y cuánto se ha avanzado en la bancarización de ellas?, ¿qué queda por bancarizar?, ¿qué servicios u ofertas se brindan sin que medie el efectivo?”, son algunas de las preguntas que se hace el gobierno cubano.

¿Por qué fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato segundo en intenciones de voto para las elecciones presidenciales de Ecuador? El ex periodista había imputado al Gobierno de Guillermo Lasso, pero también de Rafael Correa de estar infiltrados por el narcotráfico, apunta Diego Pérez Enríquez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos estudios nacionales de Ecuador. Este miércoles, Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, era asesinado a balazos mientras se retiraba de un acto de campaña. La investigación apunta a una ejecución por parte de sicarios.Los seis detenidos por el asesinato son colombianos, informó la policía de este país azotado por la violencia del narcotráfico. Un presunto atacante que murió tras un cruce de balas con agentes de la seguridad del experiodista es de la misma nacionalidad.Por otro lado,  Villavicencio había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña de parte del detenido líder del grupo Los Choneros, con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.Antiguo periodista, Villavicencio otorgaba un papel especial en su campaña la lucha contra la corrupción y la violencia de las bandas. ¿Por qué fue asesinado? Diego Pérez Enríquez es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos estudios nacionales de Ecuador. “La razón por la que Fernando Villavicencio termina en el centro de este conflicto y este asesinato es que él se opuso muy abiertamente a las organizaciones criminales que habían penetrado el Gobierno. Fue muy explícito en mencionar que había una penetración del crimen organizado, del narcotráfico en el Gobierno actual, pero también en el Gobierno de Correa. De hecho, hay declaraciones de dos días antes de ayer que fue el asesinato en las que él incluso vinculaba a la policía. Señalaba que había una falta de acción de la policía, y él era muy explícito en estos términos, o de señalar los vínculos perversos del crimen organizado con el Estado”.Un asesinato con un objetivo claro, pero que también podría servir para hacer llegar un mensaje de miedo. No obstante, según Diego Pérez Enríquez, sin visos de provocar que los demás candidatos reculen en temas de seguridad, sino todo lo contrario. "Un mensaje muy fuerte"“Este crimen da un mensaje muy fuerte para los actores políticos de señalar que algo está sucediendo, y ese algo es una condición de guerra entre el crimen organizado y los actores de la sociedad civil. Yo dudo que esto sirva para que los candidatos sean más cautelosos en cuanto a sus posiciones. Al contrario, me parece que todos, no solamente que han rechazado el crimen, sino que han mencionado la necesidad de pensar en articular respuestas de algún tipo por parte del Estado y además han señalado que sería interesante construir propuestas conjuntas entre los candidatos”.La ejecución de Villavicencio tendrá por lo tanto, según Pérez Enríquez, un efecto amplificador que hará que la lucha contra el crimen organizado y la violencia de las bandas sea aún más prioritaria en la campaña. Tras el crimen cometido, Ecuador decretó el jueves el estado de excepción por 60 días y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el hecho.El estado de excepción permite el patrullaje de militares en las calles y busca garantizar el desarrollo de los comicios.

Un informe de The Economist revela que los países latinoamericanos cuentan con los elementos necesarios para situarse a la vanguardia a nivel mundial en la alimentación, los recursos mineros y la energía en el próximo siglo. No obstante, contar con las materias primas no es una garantía. A nivel alimentario, Latinoamérica produce ya un tercio del vacuno, el maíz, las aves de corral y el azúcar que se oferta a nivel mundial, y hasta un 60% de la soja, cuyo principal comprador es el gigante chino. No obstante, la región cobra una mayor importancia en cuanto a sus recursos mineros, por su riqueza en minerales necesarios para la transición ecológica. De aquí procede un tercio del cobre mundial y hasta un 60% del litio, especialmente de Chile, Argentina y Bolivia, un elemento fundamental en la fabricación de baterías.Sin embargo, contar con altas reservas no es garantía. En el pasado, fueron el wolframio o el salitre los materiales demandados y la tecnología avanza.“El potencia minero de Latinoamérica es una realidad. Si bien es cierto que pueda transformarse en una potencia, la cuestión es que pueda desarrollar sus recursos de forma responsable y también teniendo en cuenta el avance de la tecnología”, explica a RFI Javier Rojas, director de la consultora Argentina Mining.“Por ejemplo, si hablamos de litio hoy, el momento del litio es ahora porque uno no sabe por cuánto tiempo más ese mineral va a ser posible su utilización en las baterías. Quizá el día de mañana aparece una nueva tecnología que lo deja obsoleto a este mineral. Entonces es como cuando hay un freno en la actividad exploratoria de los proyectos, eso hace daño al desarrollo, pero el potencial es concreto de Latinoamérica”, sostiene.El pero que a Latinoamérica se le puede poner en este campo su poca inversión. Solo un 0,6% de su producto interior bruto va a investigación y desarrollo. Como resultado, la producción de bienes como las baterías con estos minerales se hace en países extranjeros mejor equipados. Hay cierta analogía con la propia extracción de los minerales, donde el capital es extranjero.“Muchas de las inversiones que se realizan en minería en general son de alto riesgo. Para dar, un ejemplo de 100 proyectos que se exploran uno se transforma en mina, entonces esencialmente en Argentina, la exploración se lleva a cabo por empresas, ya sea de Canadá, de Australia, de menor medida de China y de Estados Unidos”, resalta.El tercer elemento es la energía. Tanto en energía verde, con el ejemplo de Brasil, donde el 45% del consumo energético procede de renovables, como fósiles: Argentina, Brasil, Guyana y México podrían producir 11 millones de barriles diarios de petróleo en 2030, tanto como produjo el año pasado Arabia Saudita, uno de los gigantes mundiales.

Este domingo, los argentinos votan en las primarias obligatorias, de donde saldrán los candidatos que se medirán en las presidenciales de octubre. Los electores acuden a las urnas en el marco de una inflación de 115% anual y niveles de pobreza de 40%. El corresponsal de RFI en Buenos Aires conversó con votantes preocupados por la situación económica. El domingo 13 de agosto se llevarán a cabo en Argentina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO, previas a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Son internas en las que vota todo el padrón electoral para determinar quiénes serán los candidatos de cada fuerza política que competirán en las presidenciales. También funcionan como un primer termómetro electoral. La coalición oficialista, la peronista Unión por la Patria presenta dos fórmulas para presidente y vice, aunque solo una es realmente competitiva, la que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa.La verdadera disputa de las primarias será dentro de la coalición de oposición de Juntos por el Cambio, de centro derecha, en la que se enfrentan el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich.Otro candidato que podría hacer una buena elección según las encuestas es Javier Milei, actual diputado y relativo novato en la política, que presenta una propuesta libertaria en lo económico y conservadora en lo social.Con ese escenario de cara a los comicios, y en el marco de una crisis económica en la que la inflación se encuentra por encima del 115% anual, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, salió a conversar con habitantes de ese país en la ciudad de Buenos Aires."La gente se ajusta"En esta zona céntrica de la ciudad de buenos aires hay muchos comercios y vendedores ambulantes. Uno de ellos es Ezequiel, que tiene 25 años y hace más de siete que vende churros aquí y explica cómo repercute el aumento de precios en su trabajo."Capaz que la gente por ahí se ajusta, ¿viste? Por la inflación que tenemos, porque la gente cada vez se ajusta más. Antes lo vendíamos a 300 pesos [0,5 dólares en el mercado no oficial], ahora vale 500, y la gente ya se ajusta”, explica a RFI.Los argentinos enfrentan una persistente pérdida de la capacidad de compra de sus ingresos, entre otras cosas por la altísima inflación. Desde 2015 el salario mínimo real cayó más de un 30%. “Yo soy trabajadora estatal, y el sueldo no alcanza, siempre va detrás de la inflación, por lo tanto, con esta realidad, la verdad es que nosotros los argentinos vamos a estar cada vez más pobres”, cuenta Rosa, que tiene 57 años y les pide a los candidatos que prioricen las necesidades de la ciudadanía.“Primero que se pongan a trabajar por el pueblo argentino, que dejen de lado esta mezquindad que tienen entre ellos de criticarse, de no existir una continuidad en las políticas públicas, porque eso es lo que pasa, asume uno, critica y mientras tanto el pueblo es el que sufre”, agrega.Hay en general un clima de decepción y desengaño en este año electoral. Es algo que manifiesta, por ejemplo, Nelly, de 49 años.“Primero, te soy sincera, me gustaría que se vayan todos, porque son muy repetitivos, no varía el gobierno por más que suba quien suba, no varía. Siempre terminamos con los sueldos bajos. Yo tengo una antigüedad de 28 años en una escuela estatal y cobro 150.000 pesos [unos 250 dólares], de cocinera”.“Y bueno, alquilo con 55.000 pesos, tengo que tener otros trabajos aparte, changas que hago los fines de semana para subsistir, pero bueno. No me compro ropa, voy a las ferias, o bueno, lo que deja mi hija trato de no engordar como para que me entre”, cuenta a RFI.Así, que cambie esta situación de ingresos que no alcanzan es la demanda central de los votantes que irán a las urnas el 13 de agosto.

Joe Biden pone fin de manera práctica a la minería de Uranio en los alrededores del Gran Cañón. El presidente de Estados Unidos ha anunciado el nombramiento como monumento nacional de la zona, restringiendo de manera permanente su extracción. La decisión ha sido hecha pública en Arizona, primera parada de dentro de una gira por el oeste en la que quiere destacar su apuesta por la protección del medioambiente de cara campaña para las presidenciales de 2024. La decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de nombrar “monumento nacional” una vasta zona alrededor del Gran Cañón tiene una implicación importante por la que activistas y tribus llevan años peleando.El nuevo estatuto de estas tierras, de una superficie de 400.000 hectáreas, pondrá fin de manera definitiva a la minería de uranio en la zona. La extracción de este mineral está restringida desde 2012 de manera temporal, pero ahora la prohibición será permanente.Dentro del Gran Cañón no hay ninguna mina activa, pero sí en los alrededores, además de haber proyectos y solicitudes para nuevas puestas en marcha.Según el grupo conservacionista hispano HECHO, además de la preservación histórica y turística, hay un riesgo muy importante, como explica su portavoz Daniela Zavala.“Salvaguarda las fuentes vitales de agua para la vida silvestre y millones de personas en la región. La minería de uranio aquí en Arizona ha causado estragos en el pasado, especialmente en las tierras de las comunidades indígenas. En el 2008, varias agencias gubernamentales, tribales y federales identificaron 29 fuentes de agua con niveles de uranio que excedían los estándares de agua potable segura en la nación navajo”, subraya.“El río Colorado recorre 277 millas a través del Parque Nacional del Gran cañón y la extracción de uranio alrededor de este ícono de Arizona era una amenaza para esta fuente de agua crítica para alrededor de 40.000.000 de personas que dependen de ella”, destaca Zavala.¿Pero es necesario minar uranio en la zona? Según la Administración de Información Energética nacional, en 2021, último registro antes de la guerra en Ucrania, Estados Unidos apenas producía el 5% del uranio consumido por sus centrales nucleares. El resto, lo importaba.Además, según The Grand Canyon Trust, con las estimaciones más optimistas el uranio potencialmente minable en la zona apenas supone el 2,5% de las reservas nacionales. Unas cifras que para Daniela Zavala no justifican el riesgo.“La cantidad de uranio que se puede extraer del Gran Cañón es insignificante y el riesgo de extraer uranio en estas áreas de tierras públicas alrededor del Gran Cañón no valen la pena. El riesgo por esa cantidad de uranio que se puede extraer”, concluye la militante ecologista.La administración Biden ha confirmado no obstante que esta decisión prohibirá los nuevos proyectos de explotación de uranio, pero no afecta los derechos mineros ya existentes.

Se abre la cumbre de países de la Amazonía, con la intención de que los presidentes de la región puedan exponer sus preocupaciones y alternativas en su empeño por salvar el pulmón de la tierra. La cita se presenta como un llamado de urgencia para frenar las altas tasas de deforestación en la Amazonía, así como el extractivismo y la agresión contra sus culturas e identidades. Carlos Lazary es el director ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica es un organismo intergubernamental construido por ocho países miembros Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es el único bloque socio ambiental de países dedicado a la Amazonía. La última reunión de presidentes de los países miembros se realizó en el 2009 en la ciudad de Manaos, Brasil. Anteriormente se habían reunido en 1989 y en 1992.RFI: ¿Cuáles son los objetivos principales de esta cumbre 2023?Carlos Lazary: Es fortalecer la cooperación amazónica y la institución que los países han creado para lidiar con este tema, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que ahora cumple 21 años. Este año, el tratado ya tiene 45 años y el objetivo es generar todo un avance en materia de monitoreo de la Amazonía y de incorporación de otros actores en ese proceso de construcción de la cooperación.Incluye entes subnacionales, los gobiernos estatales, las alcaldías, la participación de la población de la región amazónica, que son más de 40 millones de personas, los pueblos indígenas, los ribereños u otras comunidades locales.Hay otros objetivos como retomar las redes de diálogo y cooperación entre las universidades y los centros de investigación. La Cumbre va a reforzar también la producción en la región de la mejor información disponible y garantizar que ésta sea la base para las políticas públicas en la región.Los problemas son comunes y las soluciones deben ser de todos, en conjunto. Por ejemplo, el tema del mercurio, los temas de la salud en la región, la disminución de la biodiversidad, el tema de recursos hídricos, el monitoreo de la calidad del agua, el flujo de los ríos.Todo esto formará parte de la declaración y creo que eso va a ser reforzado en los discursos de los presidentes ahora en Belém, después en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, y más tarde en la COP28 de Dubái.Leer tambiénCumbre en Brasil busca hoja de ruta para salvar la AmazoníaRFI: ¿No será lo más difícil poner de acuerdo a todos los países miembros en un frente común?Carlos Lazary: Hay muchos denominadores comunes. Lo que hemos logrado hasta ahora aprobar por unanimidad son los programas de bosques, el programa de biodiversidad, el memorando de manejo integral de fuego. Incluso un gran proyecto que acabamos de aprobar y que inicia a fines de este año: el mapeo de los acuíferos en toda la región amazónica, lo que va al acceso a agua potable, agua fresca de calidad. Los países han apoyado todo un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar los problemas de saneamiento básico de ciertos sólidos y también la cuestión del plástico.RFI: En la reunión previa, la Secretaría de la OTCA anunciaba que falta una mayor presencia del Estado para enfrentar los crímenes que se han incrustado en la Amazonía, como los ilícitos ambientales.Carlos Lazary:  Era una parte importante de la Organización de Naciones Sudamericanas, la Unasur, que infelizmente considero es un revés diplomático de los países. Dejaron que se desactivara esa organización y creo que el gobierno Lula hace muy bien de tratar de impulsar su reactivación.Tenía avances en temas de confianza, de infraestructura y logística y de seguridad pública, apuntando específicamente a los temas de los ilícitos en toda la región, incluyendo la Amazonía. Esos eran los tres pilares grandes de la Unasur. Pero como la Unasur todavía no está reactivada, estamos listos para trabajar en la cuestión de ilícitos, apenas tengamos el apoyo de los países. Mi opinión es que debemos empezar por un trabajo muy fuerte en materia de inteligencia.RFI: ¿Con qué se irá satisfecho después de estos dos días de cumbre?Carlos Lazary: Para nosotros es muy importante que se camine hacia la construcción de una voz amazónica, que los países puedan coincidir y llevar este compromiso a todos los foros. Mostrar que los países están efectivamente comprometidos en trabajar en conjunto. Al mismo tiempo tiene la capacidad y la voluntad de lidiar con ese gran desafío que es el desarrollo sostenible de la Amazonía. Estamos atentos a los discursos de los presidentes: que el compromiso sea con la mejor información científica disponible como base para la construcción de las políticas públicas.

¿Salvar la economía o la naturaleza? El 20 de agosto, los ecuatorianos acuden a las urnas. Votan en unas elecciones presidenciales anticipadas para buscar al sucesor de Guillermo Lasso, pero también tienen cita para participar en un referéndum. La pregunta a la que deberán responder es si mantienen el petróleo que está bajo el parque nacional Yasuní y así preservar la naturaleza y los pueblos indígenas, o dan luz verde para seguir explotando el crudo. Después de 10 años de lucha, el colectivo YASunidos consiguió que sea el pueblo ecuatoriano el que decida directamente si el Gobierno ecuatoriano continúa la explotación de los recursos del subsuelo, o deja intacto el crudo de los tres pozos “Yasnuí-ITT” (ITT se refiere a la letra inicial de cada yacimiento: Ishpingo, Tiputini y Tambococha), también conocido como bloque 43.Estos pozos se encuentran en el Parque Nacional Yasuní, una de las regiones más biodiversas del mundo, en pleno corazón del Amazonas ecuatoriano. Es una región de un millón de hectáreas desbordada por la naturaleza y donde pueblos indígenas viven aislados voluntariamente, y de una fauna y flora excepcional.De allí se extraen cada día unos 55.000 barriles de crudo, alrededor del 11 % de la producción nacional. De poner fin a la explotación, la compañía petrolera estatal, Petroecuador, estima que el perjuicio en rentabilidad sería de unos 1.200 millones de dólares al año. Es por ello que para los ecuatorianos existe un dilema entre la preservación de este santuario de biodiversidad y las necesidades económicas. “El planteamiento ambiental es importantísimo, y también la protección de los pueblos no contactados. Sin embargo, la economía ecuatoriana atraviesa problemas muy serios en su balanza comercial en estos momentos. Tienen números en rojo en el financiamiento fiscal, y por lo tanto requiere de esos recursos”, explicó a RFI Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Así como Ecuador exporta el crudo, también depende fuertemente de las importaciones de los derivados del petróleo, los cuales son fuertemente subsidiados. Es por ello que el politólogo alerta sobre la posibilidad de que el costo de importación de la gasolina, por ejemplo, sea más alto que la exportación del crudo, en caso de dejar de extraer este recurso. “Ecuador dejaría prácticamente de ser un país petróleo porque los ingresos ya no serían significativos”, dijo. El dilema del “Sí pero No”Entonces, un triunfo del Sí a dejar intacto estos pozos del corazón del Amazonas ¿cerraría el debate sobre la explotación? A esta pregunta el politólogo responde con una rotunda afirmación.“Sí, porque este pozo es prácticamente el único que permanece en explotación dentro del Yasuní”, sostuvo. Además, Pachano estima que, tras una hipotética cancelación de esta fuente energética, acciones similares podrían extenderse a otras partes del país, ya que los grupos ambientalistas tomarían más fuerza. Se plantearía entonces “hacer lo mismo en otros campos petroleros que se encuentran también en la Amazonía”, concluyó. De ganar el Sí en la consulta, Petroecuador tendría un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción de petróleo.Ramón Correa Vivanco, gerente de la compañía petrolera, juzga insuficiente este plazo de tiempo. “Volver la selva a su condición original, eso toma muchísimos años”, manifestó en un video gubernamental.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha recomendado usar de nuevo cubrebocas en razón del aumento de casos positivos de COVID-19 en México en junio y los cambios en el comportamiento del virus, concretamente, en el número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico.  Aunque la UNAM estima que la situación se encuentra en relativa calma y las condiciones generales son favorables, recomienda, teniendo en cuenta la situación de México y de la universidad, continuar con las medidas generales de prevención de contagios, en particular en el caso de las personas más vulnerables.El uso de la mascarilla, símbolo de la pandemia, fue recomendada por la universidad para los lugares cerrados, así como el aislamiento de los enfermos. México decretó el final de la emergencia sanitaria por COVID el 9 de mayo.El regreso a la mascarilla y otras medidas preventivas ante la llegada del frío despertó críticas, algunas violentas en el mundo político. El aspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña, de Morena, por ejemplo, llamó cretinos a los responsables sanitarios de la Universidad.Sobre las recomendaciones de la Universidad UNAM, RFI entrevistó a Laurie Ann Ximénez Fyvie, doctora en Ciencias Médicas de la UNAM y autora de los libros "Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México" y "Las vidas que no contaron ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia?"."Es una recomendación responsable y atinada", sostiene Ximénez Fyvie, y agrega: "No creo que haya debido levantar las alertas. Pero la conversación en torno a la pandemia se ha polarizado y politizado. Ahora es complicado saber en dónde está la verdad en medio de tanta retórica. La UNAM hace una indicación absolutamente sensata porque el virus, a pesar de que la emergencia sanitaria ha sido levantada en el mundo, sigue circulando. En México la enfermedad del COVID 19 continúa representando una de las diez principales causas de muerte. Estas recomendaciones deberían de ser universales y permanentes", concluye.La experiencia de vivir con la pandemia, el confinamiento, las dificultades para ver a sus seres queridos y despedirse de ellos, de los niños creciendo con mascarilla, dejaron una huella profunda en la humanidad. A esto se añade la desconfianza e incluso teorías conspirativas sobre las vacunas."Creo que esto va a terminar siendo un tema de análisis de sociólogos, de expertos, de por qué es que se ha dado esta polarización. Hay gente que no cree en el virus y no quiere vacunarse; otros, quieren ponerse cubre-bocas, dicen que no les importa, a pesar de haber visto que millones de personas alrededor del mundo murieron a causa de la enfermedad. Y también hay el otro extremo, es decir, la gente que pretende que todos debemos encerrarnos, no salir, no ir a reuniones, usar el cubre-bocas las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Son dos polos que no ayudan en nada".Por su parte, el subsecretario de Salud de México admitió que el número de contagios ha aumentado, pero pidió no exagerar el uso masivo de la mascarilla. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno de México ya declararon el fin de la pandemia por COVID-19.

Desde la cárcel, Donald Trump podría ganar las elecciones, convertirse en presidente, y hasta “autoperdonarse”. Trump, quien comparece este jueves ante un tribunal de Washington, ha integrado el proceso judicial en su campaña política con el cual asegura incrementar su popularidad entre los republicanos. El ex presidente Donald Trump calificó este miércoles de “gran éxito” su última inculpación penal por haber tratado de revertir el resultado de las elecciones de 2020. El magnate ha decidido convertir las acusaciones en su contra en el eje de su campaña, sabiendo que puede contar con una base republicana que lo sigue apoyando masivamente.El magnate, favorito para quedarse con la candidatura republicana para las elecciones de 2024, no parece preocupado de los cargos que se le acusa ni de los procesos judiciales. “Lo más importante es entender que, independientemente de los cargos, de que se lleve a cabo un juicio e inclusive de que lo encuentren culpable, Donald Trump puede ser el candidato del Partido Republicano, puede ganar y puede ser presidente", aseguró a RFI Eduardo Gamarra, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida.“Inclusive podría llegar a ser Presidente aún si es encontrado culpable”, destacó.Aún con cargos y procesos judiciales en curso, la Constitución de los Estados Unidos permite a sus ciudadanos de aspirar a la presidencia del país, como está sucediendo actualmente con Trump, de acuerdo con Gamarra. Sólo el delito de insurrección podría inhabilitarlo.“Nadie se ha cuestionado si a un presidente se le encuentra culpable de un acto criminal. Entonces, como es una situación sui géneris podría llegar a una situación en la que el ex presidente Trump se reelija a pesar de toda esa situación a la que se enfrenta. La situación es tan extraña que inclusive estando en la cárcel, sentenciado en la cárcel, podría ganar las elecciones y ser presidente. Él podría llegar a la presidencia y auto perdonarse”.Trump, la fascinación del delincuente justoTrump ya se enfrenta a un proceso penal por negligencia en la gestión de documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y por pagos de dinero a una actriz porno antes de las elecciones de 2016. Pero la nueva inculpación no parece tampoco dañar su amplia ventaja frente a otros candidatos republicanos. ¿Cuál es el secreto de Trump para tener una base tan fiel, dispuesta a seguirlo a pesar de todo?“Hay una población que se siente desplazada, que piensa que sus valores y su cultura están siendo remplazadas por los nuevos inmigrantes de este nuevo Estados Unidos”, asegura Gamarra. “Sobre todo un Estados Unidos urbano, que tiene los valores de la diversidad, del multiculturalismo y eso no lo entendemos a cabalidad, no lo entendemos a profundidad, y es eso lo que capturó Trump. No sé si él mismo lo cree, pero lo capturó Trump”.A los tres cargos que pesan sobre Trump podría seguirle un cuarto, si se le inculpa por presionar a funcionarios para tratar de alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en el estado sureño de Georgia.

Según el Informe Global de Amenazas de FortiGuard Labs para el año pasado, Latinoamérica fue el principal blanco de los hackers. México, Brasil, Colombia y Perú fueron los mayoritariamente los objetivos de los 360.000 millones de intentos de ciberataques que se dieron en la región el año pasado. Para el experto Camilo García, una solución es una mayor concienciación a nivel ciudadano, ya que son ellos las principales víctimas de estos ataques.  Latinoamérica es la principal región del mundo blanco de ciberataques, indica el Informe Global de Amenazas de FortiGuard Labs para 2022.Fueron 360.000 millones de intentos de hackeo. La amenaza más recurrente es el ransomware, o pedido de rescate de datos que han sido capturado por los hackers. Los países más atacados fueron México, Brasil, Colombia y Perú. Aunque el hackeo más espectacular ocurrió en abril de 2022 en Costa Rica, interrumpiendo los servicios gubernamentales y obligando al presidente a declarar una emergencia nacional.¿Qué falta en la región para proteger mejor a la ciudadanía de estos criminales anónimos? Camilo García es editor del sitio MuchoHacker.lol y se dedica desde hace años a esta problemática."Debería empezar a construirse una conciencia de lo digital desde los ciudadanos, desde las personas comunes y corrientes. No desde los Gobiernos, no desde las diferentes ideas políticas, sino de la persona que puede recibir en su Whatsapp un mensaje electrónico que busque el robo. Es ahí donde existe una mayor vulneración", explicó a RFI. Compartir la información para combatir los ataquesPara el editor, también debe haber cambios en la gestión del problema en el sector público: "Como por ejemplo en Australia. Tienen un track, que es una página web pagada por el Gobierno, donde hacen público el tipo de ataques que se tiene". "Si estamos ante un ataque a través de mensajes de texto donde te quieren robar claves, esa información no puede estar al alcance de 3 o 4 investigadores cibernéticos  o personas de inteligencia. Esa información debe ser pública, transparente. Si se detecta, todo el mundo debe tener acceso", concluye.Además, uno de los problemas que enfrenta Latinoamérica es que es una de las regiones que más tarda en poner parches a sus programas después de ser objeto de un ciberataque.

Un centenar de peruanos fueron detenidos en las últimas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, en el marco de las celebraciones por el día de la independencia. Así lo denunció la red de abogados de Perú. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, así como el cierre del Congreso. El pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración de 202 años de Independencia del Perú, cerca de 100 personas fueron detenidas en Lima tras una nueva jornada de protestas organizadas contra la presidenta interina del país, Dina Boluarte.“Tenemos también heridos”, destaca a RFI Jose Balarezo, miembro de la red de abogados del Perú. “Han sido de perdigones y también de bombas lacrimógenas en los testículos y en diversas partes del cuerpo”. Apunta que algunos se encuentran en estado crítico. “Tenemos algunos casos de ciudadanos que aún no llegan a sus domicilios y son de diferentes lugares del país”.  Balarezo asegura que ha habido situaciones en las que falsos policías o fiscales han realizado visitas a los manifestantes.Derecho de defensa limitadoEl abogado de los detenidos acusa al gobierno del mutismo que existe sobre un pronunciamiento oficial de los arrestos al mismo tiempo que denuncia en su gremio una limitación al derecho de defensa.“Hemos tenido 49 casos en las jornadas pasadas, por los cuales todavía no hay un pronunciamiento claro de parte del Estado peruano”, dice. “Vemos limitado también nuestro derecho de defensa, ya que en las comisarías no se brindan las facilidades a los abogados. Existe la pretensión en el caso del Perú de apartarse de la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo cual sería mucho más grave aún”, indica Balarezo.El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Alberto Otárola, anunció que Dina Boluarte acudirá a la región Puno, donde aún siguen las protestas sociales, con la intención de establecer un proceso de reconciliación nacional.

Colombia reclama a Estados Unidos el regreso en extradición de Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de los paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y designado recientemente por el mandatario Gustavo Petro para trabajar en su gobierno, como gestor de paz. Es uno de los jefes paramilitares más temidos de Colombia: Salvatore Mancuso azotó al país en los años 90 con crímenes como desaparición forzada, masacres y despojos de tierras. Según la Fiscalía General de la Nación, en los últimos tres años, el ente le ha imputado a Mancuso más de 20.000 actos delictivos.Las miles de acusaciones son una de las razones que causan polémica actualmente en Colombia, principalmente en la oposición, sobre el eventual regreso al país y como gestor de paz de tan sanguinario líder paramilitar.Orden de capturaEsta semana la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la orden de captura con fines de extradición de Mancuso. La magistrada Alexandra Valencia, perteneciente a este tribunal explica que la decisión se tomó al conocerse que el ex paramilitar buscaba ser deportado de Estados Unidos a Italia y no a Colombia, como lo ordena la justicia del país suramericano. “La orden de captura tiene como único propósito garantizar la comparecencia del señor Mancuso al país, una vez en territorio colombiano, integrarse a los programas de resocialización de la Agencia para la Reintegración, que son programas obligatorios, orgánicamente sustanciales, a quienes han cometido gravísimos crímenes contra la población civil colombiana, y en ese sentido, culminar su proceso en Justicia y Paz”, detalla Alexandra Valencia. La Corte Constitucional colombiana estudia desde este jueves una tutela que hizo Salvatore Mancuso, en la que insiste que ya cumplió su pena en Estados Unidos y que si regresa a Colombia, tiene que quedar en libertad.Aunque hasta ahora, todas las instancias judiciales han confirmado que alias “El mono” debe quedarse preso si pisa territorio colombiano, la magistrada afirma que su libertad es un escenario posible: “Esa sería una decisión del juez, de los jueces, que tienen el conocimiento de estos procesos, y las opciones que podría considerar el juez sería dejarlo en libertad de acuerdo a los criterios que maneja la jurisdicción, o si tiene unos requerimientos adicionales pendientes que quede a disposición de los requerimientos judiciales pendientes”.“Esperamos se vinculen al proceso”Según Luis Emil Sanabria Durán, presidente de la organización Redepaz, uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro es que Mancuso contribuya a que sus herederos del conflicto, como el Clan del Golfo, que quedaron después de la desmovilización de su grupo paramilitar AUC, salgan de la violencia y se vinculen a la “paz total”, una bandera del gobierno del mandatario colombiano.“La apuesta del presidente Gustavo Petro, que recoge el anhelo de muchos sectores de la sociedad que trabajamos por la paz, en relación con dialogar con todos los grupos armados, incluye, por supuesto, estos herederos del paramilitarismo. En esa medida, el Clan del Golfo y otras expresiones, esperamos que se vinculen al proceso, se abran a esas mesas y se acojan a la justicia. Y por supuesto, que haya también un escenario de diálogo social que permita que las regiones en donde estos grupos han operado tradicionalmente superen la exclusión, la pobreza, la corrupción y otros males que se manifiestan allí”, comenta Sanabria Durán.  El mandatario Petro no ha especificado el rol que cumplirá Mancuso, ni si recibirá una retribución económica por su labor como gestor de paz. Mientras tanto, las familias de las víctimas del conflicto esperan que con su regreso se termine de esclarecer el paradero de cientos de cadáveres y se conozca la verdad sobre quién patrocinó a los paramilitares.

Después de 40 años fueron entregados a sus familiares los cuerpos de más de 30 personas, en su mayoría niños, de una comunidad campesina de la región peruana de Ayacucho que en los años 80 fue diezmada por el sangriento conflicto entre las fuerzas armadas y el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Todos recibieron retratos de sus muertos, reconstituidos por un dibujante. Con ellos estuvo RFI en español. Oronccoy es una apartada comunidad campesina, ubicada a más de tres mil metros de altura en la región andina de Ayacucho, que fue el epicentro del conflicto armado interno entre el Estado peruano y el grupo maoísta Sendero Luminoso que remeció el país desde 1980 hasta mediados de los años 90.Cuatro décadas más tarde, fueron entregados a sus familiares los restos de 31 personas asesinadas durante esos sangrientos enfrentamientos. Veintidós de estas víctimas eran niños, lo que revela la brutalidad de este conflicto.   Oronccoy fue arrasada por la violencia. La población quedó entre dos fuegos. Los años más duros fueron los de 1984 y 1985 tras los cuales la comunidad quedó despoblada. Cuando terminó el conflicto algunos regresaron y el presidente de la comunidad, José Carlos Ramírez, dice a RFI en español que en 1980 la comunidad tenía más de mil habitantes y ahora son entre 250 y 300. Valentín Rimachi, ya anciano, no recuerda su edad. En quechua cuenta que los militares mataron a su esposa y sus cuatro hijos, uno recién nacido, que ha recibido los restos de ella y su hijo menor, y espera algún día también poder enterrar a sus otros hijos.   Fidelia Orihuela tenía 21 años y estaba embarazada cuando la policía mató a su esposo, sus hijas de dos y cinco años, su padre, su madre y su suegra. Huyó de Oronccoy, ahora ha regresado para enterrar a sus hijas y su suegra.“Estábamos en el monte, los policías han venido y lo han matado a toditos. Me escapé de ahí, pero toda la gente se ha muerto”, recuerda Fidelia, mientras las lágrimas caen por su rostro marcado por el dolor. En la comunidad se entremezclan la tristeza al recordar a sus muertos con la tranquilidad de poder enterrarlos después de tanto tiempo. Justiniano Rivas recibió los restos de su esposa y seis hijos. Estaba acompañado de sus otros hijos y su segunda esposa. Su hija Luisa Rivas dice que poder enterrarlos y saber dónde están alivia algo el dolor. “Ahora estamos felices, acá tenemos sus cuerpos presentes”, señala. Ana Huamán tenía cuatro años cuando los militares mataron a su padre. Obligados por Sendero habían dejado el pueblo y vivían en una cueva. “Mi papá se fugó para abajo. Cuando corrió, los militares le habían lanzado granadas. Yo corrí detrás suyo gritando ‘papá, papá’. Mi mamá me agarró de mi mano y me tapó la cara con su falda para que no vea. Recordar es triste. Cuando no conoces a tu padre, no sientes su cariño y es difícil”. Retratos para reparar la memoria y poder llorarAna, y todos los familiares, recibieron un retrato dibujado de su padre, como parte del proyecto “Retratos de Memoria” para que las familias, que en su gran mayoría no tienen fotos, tengan un recuerdo de las víctimas.   “Me he sentido triste, ahora más o menos estaré acompañada”, dice la mujer al recibir el dibujo con el rostro de su padre. Simeón Corahua recibió también los restos de su mamá y cuatro hermanos, encontrados en una fosa común. Tiene otros familiares que todavía no puede enterrar. Entre lágrimas recuerda cuando los militares mataron a su familia.“Los metieron a una casa, sesenta personas han matado ahí. Yo estaba en otro sitio. De mí no queda más familia, solo yo”, recuerda llorando. Simeón recibió emocionado los retratos de sus familiares. “Parece que estuviera viendo a mi familia”.El autor de los retratos es el dibujante Jesús Cossio, quien habla del proyecto “Retratos de Memoria” del cual es uno de sus impulsores: “Es un proyecto de reivindicación, de reparación para tratar de cerrar dentro de lo que se pueda el duelo por los desaparecidos por la violencia.  El proyecto es dibujar rostros de personas de quienes los familiares no tienen fotografías o tienen fotografías deterioradas. El momento de la entrega es un momento muy especial”.Este proyecto es apoyado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC por sus siglas en francés), que acompaña y apoya a las familias en el proceso de búsqueda, restitución y entierro de los desaparecidos. Este apoyo incluye acompañamiento psicológico, asesoría para los trámites que deben hacer en este largo proceso, traducir al quechua la información que dan las instituciones y financiamiento del viaje a Oronccoy de los familiares que ya no viven en la comunidad.   “Nuestro principal interés es asegurar que los familiares participen en este proceso de búsqueda desde el inicio y hasta el fin, desde la denuncia de una desaparición hasta la entrega del cuerpo y un entierro digno", dice Ángel Porras, representante del Área de Personas Desaparecidas y sus Familiares del CIRC Ayacucho. Y agrega que "brindar una respuesta positiva a las familias es para nosotros muy importante. Con el proyecto ‘Retratos de Memoria’ obtienen este retrato y realmente los familiares están muy agradecidos porque tienen físicamente una imagen que les va acompañar, a la que le pueden ponerles flores y frente a la cual llorar.”Los restos óseos encontrados e identificados, puestos en pequeños ataúdes blancos ,fueron velados por la comunidad en la rústica capilla de adobe. Les pusieron flores y velas, y a los niños, muñecos encima de los ataúdes. Fueron enterrados en el cementerio del pueblo entre cantos en quechua.

En Ecuador, el equipo periodístico a cargo de la investigación que llevó a juicio político al presidente Guillermo Lasso denunció estar bajo amenaza. Tres periodistas del medio investigativo La Posta dicen ser blanco de mafias presuntamente vinculadas con el Gobierno. Dos de ellos tuvieron que salir del país. “El Gran Padrino”: así tituló el medio ecuatoriano La Posta su investigación sobre una trama de corrupción y narcotráfico y los presuntos vínculos con el Estado. Un trabajo que dio inicio en mayo pasado al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y por el que tres periodistas están amenazados.“Alianza entre el Gobierno y la mafia”Luis Eduardo Vivanco, cofundador del medio digital, explica a RFI tener la certeza de una amenaza contra él, Andersson Boscán y Mónica Velásquez, con el “ingreso al país de un equipo de criminales con esa misión”, tras la cual “se tomó la decisión de que Anderson Boscán y Mónica Velásquez salgan del país”. Además, se supo que en un “teléfono celular extraído de una escena del crimen” involucrando el Gobierno y la mafia, “se encontraron imágenes de seguimiento de los criminales al equipo periodístico de La Posta”.  El caso que destaparon involucra al cuñado y mentor de Lasso, un perfil influyente llamado Danilo Carrera Druet, y a la mafia albanesa que opera en Ecuador. El nexo entre los dos era Rubén Cherres, “el mejor amigo del cuñado del presidente”, quien “ubicaba en puestos estratégicos del Estado a funcionarios, para luego proceder también en esas instituciones a cometer actos de corrupción”.“Esa alianza entre el Gobierno y la mafia fue revelada por nuestro medio de comunicación, y en ese contexto, tanto el Gobierno como la mafia se convierten en nuestras dos principales amenazas”, afirma asimismo Vivanco.“El presidente ha jurado venganza”“Nuestra investigación llevó al juicio político al presidente y por lo tanto a la terminación anticipada de su mandato y la desilusión del Parlamento. Entendemos que el presidente de la República ha jurado venganza en nuestra contra. Tanto es así que paralelamente a este tema de seguridad, enfrentamos por presión del Gobierno varias acciones judiciales en nuestra contra, que están en Fiscalía General, aumentando el perfil de riesgo, la hostilidad y la presión a este equipo periodístico”, prosigue el periodista.   Vivanco denuncia también que, incluso tras la salida de sus colegas, las autoridades no les proporcionan seguridad, en un clima generalizado de inseguridad y violencia: “El punto es que no tenemos ningún apoyo en seguridad. Hemos, con nuestros limitados recursos, tratado de fortalecer la seguridad nuestra y de nuestras familias, pero sin duda, es insuficiente. Hasta este momento no hemos tenido ninguna comunicación del Estado ecuatoriano, ni Policía, ni Fiscalía, ni ninguna entidad preocupada por tratar de garantizarnos la vida”.

El grupo de expertos independientes que investigaron la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en México,  concluyeron sus trabajos y reprocharon al Estado mexicano responsabilidad en el crimen por su insistencia en ocultar información del caso, en especial el ejército mexicano. En México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIEI,  entregó este martes su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, casi 9 años después de los hechos ocurridos en Iguala, en el estado de Guerrero.La investigación, lanzada en 2015, ha tumbado la versión oficial y evidenciado que el Estado y en especial el ejército mexicano, encubrió su participación, así lo explica la abogada Ángela Buitrago, miembro del Grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI), encargado de investigar el caso.¿Cuáles son sus principales conclusiones, en especial sobre el actuar de las autoridades del Estado? Cuando nosotros vemos la participación el 26 y 27 de septiembre de todas las autoridades que hemos ido descubriendo a lo largo de esta investigación, lo que sabemos es que todas las autoridades supieron, conocieron y tenían información muy relevante sobre el 26 y 27 de septiembre, por parte del Estado mexicano, se ha reconocido un crimen de Estado, se abrieron los archivos, pero posteriormente cuando empezamos a llegar a ciertos puntos y a ciertos temas, se vuelven a cerrar. Ustedes rastrearon minuciosamente los movimientos de agentes en Iguala esa noche del 26 de Septiembre ¿Qué se evidencia? ¿Un monitoreo constante de los jóvenes por parte de las autoridades? Si, inclusive desde antes de que había órdenes expresas, porque seguían a los muchachos minuto a minuto desde muchos años atrás, tenían gente infiltrada en la escuela que reportaba los movimientos de los muchachos. Ahí vemos cómo desde las horas en que salieron, en las horas tempranas, hay información sobre hacia dónde van, qué hacen, con qué buses, cuántas personas y la llegada a Iguala. Entre las 9:20 y las 10:15 tenemos un vacío de información no justificado por el patrón que venían desarrollando todas las instituciones, pero además, también se niega la posibilidad de que tengan esa información cuando se sabe que ellos tenían telefónicamente información de muchos de los grupos que estaban actuando en ese caso. Ha habido ocultamiento, de cierto modo, ustedes también denuncian que en realidad se les restringió acceso a pruebas. ¿Cómo se ha dado eso? Sí, efectivamente, pues una de las peticiones del GIEI para mantener dos integrantes del grupo desde septiembre del año pasado hasta esta fecha era que nos entregaran toda la información, toda la inteligencia, la de operativa, la de terreno, absolutamente toda, para poder hacer la búsqueda correspondiente de los desaparecidos. Esa información se ha negado, esa información no la han entregado en toda su integridad y por eso seguimos diciendo que efectivamente falta información que es relevante. Su capítulo de investigación se cierra y ahora se entrega material a la fiscalía especial dedicada al caso. ¿Qué seguimiento habrá que darle? Correcto. Ahí quedan una serie de líneas de investigación que se han ido sugiriendo a través del tiempo, quedan recomendaciones dentro del informe y queda todo el análisis que surge como nueva evidencia a partir de este sexto informe. ¿Se  puede imaginar que esto algún día pase a la justicia internacional? Digamos que nosotros no somos personas llamadas a tomar esa decisión. Los requisitos para pasar existen, son requisitos que están reglamentados por el sistema regional y por el sistema internacional, por la Corte Penal Internacional. Son delitos que tienen esa connotación delitos internacionales, pero obviamente serán los representantes los que tomen la decisión correspondiente. La magnitud de este caso revela también un sistema de operación de la justicia, a través de la tortura como un método estandarizado para las investigaciones prácticas que hacen impune la posibilidad de sanción.  Escuche la entrevista completa

Las autoridades han dado caza a una red internacional de tráfico de personas que llegó a amasar más de 45 millones de euros de beneficios tras hacer entrar al menos a 5.000 cubanos en la Unión Europea ilegalmente, aprovechando Serbia como punto de llegada al otro lado del Atlántico. Una operación conjunta de la Policía de varios países europeos, entre ellos España, Alemania y Serbia, ha puesto fin a una red de inmigración ilegal desde Cuba, que ayudó a entrar a unos 5.000 cubanos sin los documentos en regla a la Unión Europea, con destino a España e Italia principalmente. 62 personas han sido detenidas, 25 de ellas cubanas gracias a una investigación lanzada en 2021.Viaje por Serbia y Macedonia del NorteInicialmente, el grupo trasladaba a los migrantes de Cuba a Rusia aprovechando las buenas relaciones entre ambos países. Sin embargo, con el inicio de la invasión de Ucrania, el viaje pasó a hacerse a Serbia, donde hasta hace un mes, no era necesario un visado, sino una carta de invitación. Desde allí, había un primer desplazamiento a Macedonia del Norte y a Grecia.“Proporcionaban alojamiento cercano a la frontera con Macedonia del Norte. Desde la frontera comenzaban el desplazamiento en grandes grupos hasta Grecia. A veces realizaban el traslado en vehículos, pero en la mayoría de las situaciones lo hacían a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas”, explica a RFI Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional española. “Además”, añade, “aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes que en ocasiones eran menores, se producían estafas, robos e incluso transferían a mujeres a otros grupos criminales para ser explotadas sexualmente”. Documentación facilitadaLa siguiente etapa era el viaje final, principalmente a Italia y España. La red de tráfico de personas entregaba la documentación necesaria a los migrantes para moverse por la Unión Europea. En ocasiones, no era necesario falsificar los documentos.“Para viajar por la Unión Europea, la organización criminal facilitaba documentación falsa o bien DNI auténticos que constaban en bases policiales como sustraídos o extraviados, aprovechando el gran parecido físico al migrante. De esta forma, podían embarcar en un vuelo a España sin ser detectados”, detalla Ana Ramón.Se estima que el grupo logró 45 millones de euros de beneficios, cobrando unos 9.000 euros por traslado a cada uno de esos 5.000 cubanos que ayudaron a entrar ilegalmente en territorio de la Unión Europea. Igualmente, las autoridades se han incautado de 18 bienes inmobiliarios, 33 vehículos y 144 cuentas bancarias, además de una suma de dinero en efectivo que no ha trascendido.

La democracia en América Latina ha perdido apoyo en la última década y, en cambio, crece el respaldo al autoritarismo, reveló la última encuesta de Latinobarómetro. El Salvador es el país latinoamericano donde se registra la mayor satisfacción con la democracia. RFI entrevistó al politólogo Daniel Grimaldi, uno de los autores del estudio. "La democracia, lejos de consolidarse, ha entrado en una recesión" en América Latina, advirtió la socióloga Marta Lagos, directora de la corporación Latinobarómetro, al presentar los resultados de la encuesta realizada a 19,205 personas en 17 países de la región. El estudio muestra que solo el 48% de los latinoamericanos apoya hoy la democracia como régimen político, lo que marca una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% de 2010.Al mismo tiempo, el apoyo al autoritarismo ha aumentado. Un 17% de los latinoamericanos respaldó la expresión "un gobierno autoritario puede ser preferible" frente al 15% que lo hacía hace 13 años. "Latinoamérica es una región vulnerable que está abierta a los populismos y regímenes antidemocráticos, con un claro retroceso de las democracias", alerta el reporte.El Salvador: la satisfacción con la democracia duplica el promedio regionalDe acuerdo con la encuesta, El Salvador es el país latinoamericano donde se registra mayor satisfacción con la democracia, con un 64%, más del doble del promedio regional del 28%. Le siguen Uruguay (59%) y Costa Rica (43%).Desde 2019, El Salvador es gobernado por Nayib Bukele, quien puso en práctica una dura política de persecución hacia las pandillas que le ha valido una tasa de aprobación de más del 90%, pese a que esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.En septiembre de 2022, Bukele anunció su decisión de buscar la reelección después de que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución que habilita la reelección presidencial. La medida es criticada por diversos organismos que alertan sobre el creciente autoritarismo de Bukele.Sobre el creciente apoyo a El Salvador, el politólogo Daniel Grimaldi, director Ejecutivo de la Fundación Chile 21, explica que "cuando a los ciudadanos se les pregunta por la democracia, más que pensar en los 'principios' que rigen la democracia, lo que subyace para ellos en la pregunta es una 'evaluación' de los gobiernos que se consideran demócraticos. Lo que pasa es que hay gobiernos que se consideran demócraticos, pero que son incapaces de solucionar los problemas que atañen a la gente, entre otros, proveer salud y educación, luchar contra la delincuencia".Es a partir de las evaluciones negativas que hace la gente sobre el desempeño de los gobiernos que se dicen democráticos que "pueden surgir figuras autoritarias como una alternativa", subraya Grimaldi. "Además, si son eficaces, como es el caso de Bukele, hay gente que está dispuesta a brindarles su apoyo", agrega. .El Salvador de Bukele, un caso de 'electo-dictadura'El estudio de Latinobarómetro no se aplicó en Nicaragua en 2023, el país número 18, porque no existen las condiciones de seguridad para los encuestadores en la dictadura de Daniel Ortega. El informe también subraya que en Nicaragua y Venezuela gobiernan hoy dictaduras que, si bien celebran procesos electorales, estas no son democráticas, motivo por el que no se consideran en el análisis de las elecciones.El estudio recuerda asimismo que "los dictadores no se eligen". Sin embargo, subraya que en América Latina algunos de ellos sí han sido "elegidos", lo que el organismo considera "una manera 'blanda' de llegar a ser dictador". Por eso en el informe se las llama "electo-dictaduras":"Lo que señala el informe de Latinobarómetro es que hay gobiernos autoritarios que llegan al poder por la vía democrática, como es el caso de Bukele. Llega por la vía de las elecciones, pero luego se transforma en un gobierno autoritario. Entonces ahí también hay una confusión sobre los principios de la democracia desde los mismos gobiernos que se sirven de la democracia y luego la tuercen", puntualizó Daniel Grimaldi a RFI.De acuerdo con Latinobarómetro, actualmente Uruguay es el país que más apoya la democracia, con un 69%, seguido de Argentina, con un 62%; Chile, con un 58%; y Venezuela, con un 57%.Sobre el caso de Uruguay, el politólogo Daniel Grimaldi comentó lo siguiente a RFI: "Uruguay es el país donde más se adhiere a la democracia. Ahí los ciudadanos son los más reticentes a aceptar un gobierno autoritario. Uruguay es una sociedad donde vemos que funcionan el Estado de bienestar y las políticas sociales de manera relativamente mejor que en otros países. Podríamos decir que los países del sur que han desarrollado democracias con una mejor distribución de las recompensas en la sociedad, una mejor distribución del ingreso, unos mejores niveles de educación, salud, etcétera, tienen más propensión a que los ciudadanos puedan valorar la democracia".La encuesta se efectuó entre el 20 de febrero y el 18 de abril y tiene un margen de error del 3%.

El entusiasmo del presidente Boric por los actos conmemorativos del 50 aniversario del golpe militar contrasta con un ambiente cuanto menos indiferente en Chile. Una reciente encuesta revelaba que el 36% del país piensa que los militares "tenían razón" dando el golpe en 1973. Y casi la mitad de los chilenos opina que el régimen de Pinochet fue "en parte bueno y en parte malo". A unos meses de los 50 años del Golpe (se cumplirán el próximo 11 de semptiembre), y de gira por Europa, Boric quiso reclamar consenso. Este jueves en la Universidad de la Sorbonne, en París, reconoció "los avances en los 30 años de Democracia, sin lugar a dudas. Pero aún son muchas las deudas que Chile arrastra en materia de verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición. Mientras nos sigan faltando nuetsros desaparecidos, no vamos a dejar de buscar". El mandatario chileno, frente al auditorio del anfiteatro Richelieu, pidió ademas desde su "ingenuidad provinciana", una condena común para garantizar unos principios básicos. Asi "se obtendra para el presente el valor universal de los derechos humanos. Y comprometernos a que, cuando en Democracia tenemos problemas, vamos a resolverlos con más Democracia", en alusión a las palabras de Allende en su histórico discurso frente a la ONU. Escándalos recientes dentro del Gobierno de Boric han empañado el carácter conmemorativo del aniversario. El propio coordinador del evento tuvo que dimitir entre críticas de banalización de la dictadura.En conversación con RFI, Máximo Quitral, historiador y politógolo chileno de la Universidad Tecnológica Metropolitana, asegura que no ve un país unido en la conmemoración. "Vamos a vivir unos 50 años con el país bien convulsionado. También ocurre por un sistema educacional que no ha enfatizado en aspectos de la memoria".Para Quitral, sectores de la derecha del país tampoco aceptan que la dictadura se instale como "un mecanismo de memoria permanente". El politólogo reconoce que los problemas internos de Chile pueden servir de munición para "solicitar gobiernos más duros", y que existe "un cierto relajo con respecto a las dictaduras". "Corresponde hacer un trabajo que demuestre a la ciudadanía que no se pueden repetir hechos que empañan la historia de nuestro país", concluye Quitral. Este debate sobre el golpe de Pinochet entre las nuevas generaciones llega bajo el mandato del presidente que nació al final de la dictadura. La falta de unidad contrasta con el ejemplo de Uruguay hace pocas semanas.

La suspensión por parte de Rusia del acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro, que permitía a Ucrania vender millones de toneladas, traerá diversas consecuencias a América Latina. La más evidente, el aumento de los precios de los alimentos, que ya castiga la región desde el inicio de la guerra, aunque muchos países productores podrían beneficiarse. El fin del corredor seguro para los cereales ucranianos ya castiga a los mercados de todo el mundo, y América Latina no será una excepción. Este nuevo escenario podría sin embargo beneficiar a países productores de la región, como Argentina, Brasil y Paraguay.Pero este repunte comercial podría ser un arma de doble filo, especialmente para muchos países del Caribe, muy dependientes de las importaciones provenientes del Mercosur, y cuyos niveles de inflación podrían dispararse.Precios internacionalesMarcelo Elizondo, presidente de la Cámara de Comercio Internacional de Argentina, vaticina un impacto casi inmediato, aunque coincide con todos los expertos en que no nos encontramos ante el shock que sufrieron los mercados al inicio del conflicto. “Latinoamérica se auto abastece. Yo no veo problemas de escasez. Sí veo algunos problemas de precios. El incremento de los precios de las exportaciones agrícolas en Latinoamérica también genera impacto inflacionario adentro de Latinoamérica, porque suben los precios internacionales y Latinoamérica produce para su mercado con los mismos precios internacionales que hacia afuera”, explica Marcelo Elizondo.“En el hemisferio sur, recién ahora están en un proceso de siembra de la próxima cosecha. Estamos en pleno invierno, por lo que buena parte de la producción ya se vendió y la próxima producción quizás se venda cuando el impacto del levantamiento de este acuerdo ya haya pasado”, agrega. “No necesariamente habrá más hambre”Preocupa también que se recrudezca la hambruna, en una región donde el 6% de la población padece hambre, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, la buena salud actual de los stocks mundiales, o el fin de la sequía en Argentina, han reducido considerablemente la dependencia de Ucrania.“Como siempre sucede, cuando suben los precios, también sube la producción. Entonces, la relación global de stock a consumo ahora está alrededor del 33%, está por encima del promedio de los últimas tres o cuatro décadas y es más preocupante en el caso de Haití. Pero Haití más que trigo, lo que compra es arroz. El trigo es un producto calórico, pero Latinoamérica también tiene muy diversificada su producción interna”, detalla Eugenio-Diaz Bonilla, analista del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.“No estoy diciendo que no hay impacto, lo que estoy diciendo es que no necesariamente por esto sólo va a haber más hambre en Latinoamérica. Los precios, si bien subieron, están todavía por debajo del salto muy fuerte que hubo al inicio de la guerra”, recalca el investigador.Además, productos esenciales en la agricultura de América Latina, como el azúcar, el café o la soja, siguen exponiéndose a los problemas globales de la cadena de suministro de fertilizantes y pesticidas.

Los dos candidatos que disputarán la presidencia de Guatemala en una segunda vuelta el próximo 20 de agosto, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, arrancaron sus campañas. En la historia de Guatemala, nunca se había vivido un proceso electoral tan caótico y que pusiera fuertemente en riesgo la democracia. Luego de una serie de retrasos que hicieran que el Tribunal Supremo Electoral tardará 17 días para oficializar a los dos candidatos de la segunda vuelta, la población salió a las calles con pancartas, consignas y tambores a defender su voto y el proceso electoral. Ex políticos se pronunciaron en las redes sociales, y la población indígena convocó a un paro nacional para defender el proceso electoral como nación."Semilla sin duda va a llegar a la presidencia"La ciudadanía en general y seguidores del partido Semilla acudieron a las afueras del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras, y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y para demostrar su descontento porque dicha entidad intentó eliminar a su candidato, Bernardo Arévalo, de las elecciones."La verdad para nosotros fue un momento de alegría cuando vimos que pasó a la segunda vuelta, porque nadie lo esperaba. Nosotros votamos de corazón, sabíamos que votaríamos por el correcto, no por el menos peor", dijo a RFI Ana Zamora, de 36 años.Ana recalcó que como familia, votaron por el mismo candidato, pero tienen una preocupación: "Sabemos que debemos luchar con nuestra voz y presencia para que no nos roben las elecciones. Creo que con el tipo de campaña que ha realizado lo ha hecho muy bien, y ahora debe invertir en el interior de la República. Semilla sin duda va a llegar a la presidencia".El voto "será atraído hacia la UNE"Ovidio Monzón, de 64 años, es simpatizante del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que tiene como candidata a Sandra Torres. Según él, "el voto en esta segunda vuelta será atraído hacia la UNE. Tenemos mucha confianza en que esto pueda suceder ya que a nivel nacional se ganaron 19 departamentos de los 22 que se tienen. Nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que se ha realizado". Monzón resaltó que primero hay que "mantener el voto que ya se tuvo, que ha sido un voto duro por muchos años en favor de la UNE, y segundo atraer a ese voto nulo y en blanco que participó en las elecciones, y hacer un llamado a la gente que no salió a votar". La euforia y el escepticismo se siguen manteniendo en la población. Ambos simpatizantes exhortan a la ciudadanía a informarse antes de acudir a las urnas el 20 de agosto, mientras otros promueven que la población se siga manifestando y esté organizada y alerta.

Este martes finalizó en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Entre los acuerdos alcanzados: más inversión europea, o apoyo al proceso de paz en Colombia. Logros que quedaron empanados por una declaración final que expresa "preocupación" por "la guerra contra Ucrania" pero evita condenar la invasión rusa, tras arduas negociaciones que no consiguieron consenso con Nicaragua. Las largas disputas sobre la condena a la invasión rusa, debido a que Nicaragua no aceptaba mencionar a Ucrania en el texto, eclipsó el importante anuncio de una inversión de 50.000 millones de dólares en América Latina, con la cual la Unión europea pretende frenar la creciente influencia comercial de China.No obstante, el hecho de que UE pueda hablar en nombre de todos los países que la integran, es la diferencia más importante al momento de entablar discusiones con otros bloques, como fue el caso con los 33 países de la CELAC, cuyos integrantes defendían exclusivamente sus naciones, de acuerdo con el análisis de Christopher Sabatini, investigador para América Latina del centro de Análisis Chatham House en Londre. “Hemos visto una gran diferencia entre las dos regiones. La Unión europea tiene una estructura, en comparación a la de los 33 países que conforman la CELAC. Al final la CELAC enseño sus dificultades fundamentales. Se puede acordar un tratado de libre comercio entre el Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil) y la UE. Los que no están en el mapa, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. El mensaje está claro: Europa va a colaborar con países que tienen todas las reglas transparentes del mercado, que coinciden con las preocupaciones de Europa y los compromisos de Europa”, aseguró Sabatini.  Otros de los puntos claves de esta cumbre han sido el "apoyo pleno" al proceso de paz en Colombia y al dialogo para unas elecciones libres en Venezuela. Todo un balón de oxígeno político, en un momento en el que muchos dirigentes latinoamericanos cuentan con niveles de aprobación muy bajos en sus países, lo cual hubiese impedido esta reunión como en años pasados, cuando Bolsonaro era presidente de Brasil. “La UE ha abrazo el plan ambicioso proyecto de Petro, es una señal de apoyo internacional muy importante”, destacó Sabatini. “La iniciativa del presidente Macron sobre la situación trágica de Venezuela también es importante para negociar algún tipo de salida. Al final Europa puede liderar de mejor manera que los Estados Unidos, por las sanciones que han impuesto a la región, por la presión de Trump, o por su comportamiento con Venezuela.” Tras la cumbre de Bruselas, Europa busca recuperar el tiempo perdido en sus relaciones con América Latina, y pretende desbloquear este mismo año el acuerdo de libre comercio con Mercosur, en negociación desde hace ya más de dos décadas.

La Corte Internacional de Justicia rechazó el pedido de Nicaragua de extender su frontera marítima sobre territorio colombiano. En este largo litigio, Nicaragua buscaba ampliar su zona marítima cerca de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  Nicaragua y Colombia mantienen un conflicto silencioso, pero sobre todo diplomático, desde hace más de un siglo. En la última década, estaban sumidos en una disputa territorial para determinar dónde termina el mar.En 2012, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega reclamaba derechos sobre el lecho y el subsuelo de una zona del Caribe, que se encuentra más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Dicha extensión entraba en conflicto con la plataforma marítima colombiana que comprende las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este jueves 13 de julio, 11 años después, la Corte falló a favor de Colombia. “Desde el 2012 Colombia ha tenido una actitud desafiante. No le quedó más remedio a Nicaragua que entablar dos nuevas demandas en abril de 2022. La Corte condenó a Colombia y hoy frena las pretensiones que tenía Nicaragua. Es un llamado que hace el juez de la Corte Internacional de La Haya a los dos Estados a que se acerquen para una buena gestión común de esos espacios marítimos que comparten”, opina Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional en la Universidad de Costa Rica.Para Julián Bonilla Montenegro, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, las posibles negociaciones tendrán que poner sobre la mesa cómo repartirse los recursos que se encuentran aquí.Un equilibrio algo complicado en este momento, debido a las tensiones actuales, agravadas incluso por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia.“Si Colombia se negó inicialmente a acatar el fallo de 2012, ¿por qué Nicaragua podría aceptar el fallo de 2023? Esto implica la necesidad de que ambos Estados negocien para poder establecer cómo se podría garantizar una armonización de los espacios marítimos que corresponden tanto a Colombia como a Nicaragua”, dice a RFI.“Debe tomarse en consideración un factor fundamental: el establecimiento de las líneas de demarcación equidistantes entre las zonas costeras - archipelágicas costeras para Nicaragua y archipelágicas para San Andrés, Providencia y Santa Catalina - para poder hacer las proyecciones de lo va a ser el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, de forma que le podrían corresponder ambos Estados. Debe articularse bajo un principio general de negociación, pues la idea sería buscar cuáles son los elementos que beneficiarían de manera equitativa a cada una de las partes”, detalla Bonilla Montenegro.Nicaragua no reconoce los tratados firmados durante la primera mitad del siglo XX, como el de 1928 que establece las fronteras marítimas con Colombia. Juzga que durante esos años el gobierno estaba controlado por los Estados Unidos.

Honduras ha decretado la alerta en 64 municipios por las pérdidas provocadas por la sequía, en ganado y cultivos. Por ese pais atraviesa el Corredor Seco Centroamericano, una zona vulnerable al cambio climático que incluye a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Para solucionar esta crisis la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO,  tomó una serie de acciones para adaptar la agricultura a los nuevos desafíos climáticos. Por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala atraviesa “El Corredor Seco Centroamericano”, una zona vulnerable al cambio climático y víctima de sucesivas crisis alimentarias.  De los 10 millones de personas que habitan allí, el 80% de los pequeños productores viven en la pobreza. Para solucionar esta crisis la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sugirió una serie de acciones para adaptar la agricultura a los nuevos desafíos climáticos.El primero paso es la elaboración de unos mapas regionales que permitan situar los riesgos del cambio climático. Se trata de una decisión acertada para el biólogo Isaías Ramos González, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá ya que "después de la pandemia de coronavirus una de las cosas notorias en Latinoamérica, era que había que iba que incentivar la producción agrícola porque eso garantizaba, que por lo menos la calidad de vida de la población campesina indígena, que se encuentra en esos sectores, no se viera tan afectada por los aumentos externos".  Según datos del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, el 17% de la población económicamente activa de ese país trabaja en esa zona, "es decir que lo que se implementaría es aumentar la producción agropecuaria que ya existe allí, en donde la biodiversidad es baja, pero ya la actividad ganadera y agrícolas se está dando que es la que sustenta los modos de vida en la mayor parte de las provincias de lo que aquí en Panamá se denomina el interior de la República, el sector primario", explica González.Las tonalidades de Panamá, vistas desde el espacio, varían y dividen al país: un verde selva hacia el Caribe y un verde de cultivos resalta hacia el Pacífico, la región donde se debe incentivar la agricultura.

Honduras trasladó a 1.628 presos catalogados como de alta peligrosidad a dos cárceles de máxima seguridad. Entre los reos trasladados hay 802 miembros de la pandilla Barrio 18 que fueron movilizados hacia el centro de detención La Tolva en Morocelí, al oriente del país. En el mismo operativo se movilizaron 826 pandilleros de la Mara Salvatrucha Las autoridades de Honduras trasladaron este martes más de 1.628 presos de alta peligrosidad, miembros de maras y pandillas, a dos cárceles de "máxima seguridad" en el oriente y occidente del país, en el marco de la operación "Fe y Esperanza" lanzada por el gobierno luego de la matanza de 46 mujeres, el 20 de junio. Una imagen a la vista en El Salvador no hace mucho tiempo por parte del gobierno de Bukele. Las autoridades destruyeron previamente una gran cantidad de armas, la pregunta es cómo llegaron esas armas a las cárceles. Al menos 1.105 armas de fuego de diverso calibre, entre regulares y artesanales, y 23.925 proyectiles, han sido incautados durante la Operación Fe y Esperanza en las 25 cárceles del sistema penitenciario de Honduras. Lo hallado en el interior de los centros penales hasta ahora "es apenas el 10 por ciento", según el titular de la PMOP, Ramiro Muñoz, quien recalcó este lunes 11 de julio que mientras él esté al frente de la Policía Militar los privados de libertad "no volverán a controlar las cárceles".En declaraciones a la antena de RFI, Juan Almendarez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura, ha subrayado la importancia de la corrupción de las fuerzas del orden en este asunto. "La primera pregunta que uno se hace es cómo entran armas a la cárcel. Eso es la corrupción policial y militar porque hoy en día existen sistemas modernos de detención de armas y las armas que entraron ahí son la R15 que es muy grande y muy visible. Ellos decían que entraban dentro de la vagina de las mujeres pero eso no puede ser. Es falso, hay cámaras ultramodernas que detectan cualquier situación".Almendarez explica, además, que la mezcla de presos altamente peligrosos como los de las maras con otros de poca o nula peligrosidad contribuye a crear ese ambiente hostil en las cárceles. La operación se realizó en el marco de una serie de medidas impuestas por el gobierno de Xiomara Castro para endurecer la seguridad del país. Entre otras acciones, se prevé la construcción de un penal de máxima seguridad en las Islas del Cisne.

Más de 150.000 migrantes cruzan cada año la selva de Darién entre Colombia y Panamá en busca de una vida mejor. De promedio, una quinta parte son menores, pero en lo que va de este año, la cifra se ha disparado. Emprenden la peligrosa aventura y en ocasiones terminan abandonados o huérfanos tras perder a sus padres en la travesía. En apenas seis meses desde que comenzó el año 2023, más de 40.000 niños migrantes han atravesado la selva de Darién, frontera natural entre Panamá y Colombia huyendo de conflictos, desastres naturales y pobreza. La cifra, notablemente al alza comparada con los años precedentes, fue presentada por el Servicio Nacional de Migración panameño. “Experiencias traumáticas”Procedentes de países latinoamericanos, pero también africanos, estos niños afrontan una travesía peligrosa, llena de ríos caudalosos, paisajes escarpados y animales salvajes. El riesgo físico es evidente, pero igual de importante es el impacto psicológico que pueden sufrir, ya que viven “experiencias traumáticas, al ver a otros niños morir, a personas ahogarse, al ser testigos de una situación de violencia, de abusos, donde personas atacan para robar dinero, abusan de las mujeres sexualmente, etc., al ver personas caerse de un barranco y morir, a sus propios familiares que no aguantan”, detalla David Arosemena, director nacional de Aldeas Infantiles en Panamá.“Entonces, ¿por qué los niños son separados de su familia? Porque a veces las familias son personas muy mayores o con condiciones físicas que no son suficientes para pasar la selva de Darién”, prosigue. Esas personas, que temen no llegar a su destino, “entonces mandan a sus hijos con otras personas extrañas adelante”.En muchos casos, al perder a sus familiares, estos menores son entregados a los conocidos coyotes, que les ayudan a cruzar la selva. Sin embargo, si sobreviven al trayecto, por lo general son entregados a las autoridades, que no siempre están preparadas para acoger a menores en esta situación.“Tratando como criminales”“Los niños, cuando llegaban a Darién, eran recibidos por la policía de frontera, y esta policía de frontera tiene una unidad de niñez, y los niños eran llevados primordialmente a los lugares de detención donde llevaban a personas con condiciones que tienen que ver más con delitos”, precisa Arosemena. Una situación que, según él, va en contra de los derechos humanos: “No es por exagerar, pero si los metes en una cárcel donde van personas que están en conflicto con la ley, los estás tratando como criminales”.Como solución, Aldeas Infantiles ha creado hogares temporales, con ambiente familiar, para que los niños puedan esperar allí hasta que un familiar les recoja. Sin embargo, defienden que el objetivo último será crear las condiciones necesarias en sus países de origen para evitar que se vean obligados a migrar.

Estados Unidos atraviesa una fuerte ola de calor y con estas altas temperaturas el parlamento de Texas acaba de aprobar una ley para eliminar las pausas para que los obreros se hidraten. Las organizaciones sindicales denuncian una medida inhumana y peligrosa que pone en riesgo a los trabajadores En Texas (EE.UU.) en estos momentos el termometro marca en algunos lugares 46 grados centígrados. Temperaturas muy elevadas con las que tienen que trabajar los obreros, los de la construccion por ejemplo, pasan mas de 8 horas fuera. En Austin y Dallas rige desde hace unos años el Water break, la pausa del agua: esto es cada 4 horas se garantiza que los obreros puedan tomar una pausa de 10 minutos para hidratarse y ponerse a la sombra. Sin embargo, una ley de Texas acaba de eliminar esa pausa. Ana González, representante de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Ortanizaciones INdustriales en Texas señala en la antena de RFI: "Lo que están argumentando es que este tipo de leyes, tantas regulaciones, impacta a los pequeños negocios pero esto es totalmente falso. La construcción en Texas es uno de los negocios más lucrativos y esta eliminación es una represalia contra los concilios progresistas y es la forma de decir al estado No"Texas es el estado donde se registran más muertes por calor en trabajadores de la construcción: 42 entre 2011 y 2021, según cifras oficiales. Ana González apunta: "es inhumano y es peligroso. Durante las últimas semanas hemos visto cómo han muerto al menos cuatro trabajadores por un golpe de calor. Se tiene que pasar una ley estatal, es una necesidad inmediata. El 70% de estos trabajadores son inmigrantes y el 50% indocumentados y por tanto, son más vulnerbales a este tipo de situaciones" La pausa para hidratación rige desde 2010 en Austin y desde 2015 en Dallas. San Antonio también estaba en vías de aprobar una norma similar, explica González, pero esta nueva ley se lo impide. Durante las dos últimas semanas de junio, Texas y parte del sur de Estados Unidos atravesaron una severa ola de calor, con temperaturas cerca de los 40 ºC y sensaciones térmicas en torno a 45 ºC.Ya se han emprendido acciones legales para que no se eliminen estas pausas, vitales para evitar dramasEl lunes, las autoridades de la ciudad de Houston presentaron una demanda contra esta ley, porque consideran que atenta contra el derecho que cada ciudad tiene para instaurar sus propias normas. En el caso de Houston, afectaría un programa de la ciudad que otorga cobertura de salud a unos 30.000 contratistas. (Con AFP)

El liderazgo de China en el procesamiento y el refinamiento de minerales (cobre, níquel y cobalto) para la transición a energías renovables es innegable. Pero las empresas chinas han cometido más de un centenar de abusos de derechos humanos y ambientales en 18 países, según denunció en un informe la ONG Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Sobre el caso de las minas Las Bambas, en Perú, RFI entrevistó a Julia Cuadros, fundadora de la ONG Cooper-Acción.  Las Bambas es una mina de cobre situada en las provincias de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, en el sur del Perú, que emplea a miles de personas. La mayoría de ellas vienen de fuera de la región. Desde 2016, la empresa MMG, propiedad de la china Minmetals Corporation, explota esa mina, tras habérsela comprado a una empresa suiza.El eslogan de MMG es "We mine for progress" ('Minería para el progreso'). Desde que adquirió la mina, la empresa china ha estado en la mira de las ONEGES locales. Son ellas las que suministraron los datos al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos para el informe que esa ONG acaba de publicar. En el caso de Las Bambas, la ONG Cooper-Acción denuncia una vulneración a tres niveles. El primero de ellos concierne los derechos humanos fundamentales."A raíz de un convenio suscrito entre la empresa minera y la Policía Nacional del Perú en 2015 y en 2016, la policía disparó contra manifestantes y mató a cuatro personas", dice a RFI Julia Cuadros, socia fundadora de Cooper-Acción. Según ella, ese caso pone de presente dos problemas: "Por un lado, que el Estado peruano permite que su policía nacional le brinde servicios de seguridad a las empresas, lo que es anticonstitucional, si bien existe una ley anticonstitucional. Y lo otro, la responsabilidad de la empresa en solicitar que se dispare a la gente. En cuanto a la reparación que debiera existir, ésta no se da hasta que no se determine de quién es la responsabilidad. Llevamos diez años en un juicio interminable", apunta Cuadros.El segundo nivel de violación es el de los derechos ambientales. "Han ocurrido accidentes ambientales, pero no podemos probar que se ha registrado una contaminación de agua porque la Autoridad de Agua y la Autoridad de Fiscalización Ambiental llega al cabo de dos meses de que se ha producido un derrame de relaves. En ese momento, ya no hay agua contaminada porque el río se la ha llevado. Entonces no se investiga. Pero el tema ambiental ahí está más relacionado con el transporte del mineral que sale desde la sierra hacia el puerto de Matarani. La carretera no está asfaltada, pasan 300 camiones diarios, y entonces el polvo que produce la cantera sin asfaltar afecta a las personas, los cultivos, los animales, el agua. Entonces ahí si hablamos de agua contaminada", explica Julia Cuadros.Y el último nivel de vulneración tiene que ver con los derechos económicos. Aunque una parte de los impuestos debería ir a la región, éstos no llegan porque el Estado concede beneficios fiscales a las empresas y la parte de beneficios de la compañía que se debería invertir localmente, tampoco llega, según Julia Cuadros: "La empresa no quiere. Primero dijo que sí, después dijo que no, la cuestión es que, al final de cuentas, no está funcionando". La ONG Cooper-Accion denuncia también que cada vez que han intentado hablar con las autoridades chinas, siempre han obtenido la callada por respuesta.

En la presentación de su informe anual, la asesora de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio denunció violaciones de los derechos humanos y factores de riesgo de genocidio de los pueblos originarios de Brasil. Los índígenas de la amazonía recorren a diario un camino destruído por máquinarias, con árboles cortados y aguas que se tornan rojas y venenosas. Todo ese mundo que creían conocido ha desaparecido ante sus ojos de la noche a la mañana,  así es la situación que exhibió esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alice Wairimu Nderitu, asesora de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio.Aunque desde hace años los pueblos de la Amazonía, como los Yanomami y Guarani, han tenido que migrar por la devastación de sus tierras, este fenómeno migratorio no ha sido atendido e incluso es una causa de migración aún sin nombre de acuerdo con Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes. “El gran riesgo que corren estos pueblos es la expansión de la frontera extractivista en la Amazonía. En general, se puede ya hablar de una suerte de genocidio silencioso por todas estas actividades sistemáticas que los están afectando”, indica Aguilar.Para Aguilar, “el Alto Comisionado para las Naciones Unidas va a tener que buscar una nueva categoría para todo el proceso de desplazamiento que están sufriendo algunas poblaciones y comunidades indígenas por esta expansión vertiginosa y voraz de la frontera extractivista”. Este genocidio silencioso resulta una paradoja en la política internacional para atenuar el calentamiento del planeta, pues son los pueblos indígenas de la Amazonía los que preservan los recursos naturales, pero están desprotegidos ante la vorágine agrícola, la extracción de energías fósiles y la minería.Según Aguilar, “la minería ilegal es una avanzada de lo que posteriormente va a ser la mineríal egal, porque lamentablemente los gobiernos amazónicos han optado por impulsar minería ilegal para que una vez que se descubran cuáles son los minerales que hay en los territorios, se entreguen las concesiones a empresas nacionales y transnacionales”.Aguilar se refirió a dicho fenómeno como  una “perversión” y un mecanismo que se está implementando en la Amazonía. “Va a urgir una nueva categoría por estos nuevos procesos y estas nuevas realidades que estamos viendo, lo que algunos autores han llamado la geopolítica del cambio climático”. La migración debida a la destrucción de regiones por causas industriales y a los efectos del cambio climático es un fenómeno que actualmente carece de una normativa internacional, el cual desplaza a más 20 millones de personas cada año, según la ACNUR.

Este 3 de julio concluyó la reunión de los cancilleres de los países que integran el Mercosur. "Tener relaciones más equilibradas" es lo que ha pedido Argentina, en un contexto de tensiones por el endurecimiento de las demandas medioambientales de Bruselas. No obstante, las medidas que piden los europeos muestran que la lucha contra el cambio climático no es la misma en todo el mundo, y que las desigualdades tecnológicas y el desarrollo económico de cada región pueden determinar los acuerdos ambientales y comerciales. Los cancilleres del Mercosur abrieron este lunes una reunión con el llamado de Argentina a "actualizar" el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea y tener relaciones más equilibradas entre los dos bloques.“Neoproteccionismo”Las actuales negociaciones con la Unión Europea en términos ambientales dejan al descubierto las desigualdades tecnológicas entre los dos bloques. Para entenderlas, Óscar Fernández-Guillén, economista y docente en la Universidad de los Andes, propone el concepto de “neoproteccionismo”.“El neoproteccionismo es incluso más desigual porque la Unión Europea exige a los miembros del Mercosur cumplir con una especie de compromiso verde que por los niveles de desarrollo quizá sea más difícil de alcanzar. Los países del Mercosur son países en desarrollo, mientras los países de la Unión Europea, en su gran mayoría, son países desarrollados que tienen la tecnología necesaria para emprender procesos productivos que puedan reducir cualquier elemento contaminante. En el caso de nuestros países, ameritan inversiones previas que puedan conducir a esta reducción. Y justamente allí es donde nosotros hablamos de cuestiones de desigualdad en el desarrollo, porque no estamos ahora mismo preparados para asumirlo. Y esto hace la diferencia en ese inter-regionalismo de tipo Norte-Sur, entre el Mercosur y la Unión Europea”, detalla. “La realidad dice lo contrario”Sin embargo, Alemania importa carbón de Colombia, una energía fósil que acelera el calentamiento del planeta, y Francia busca en Chile extraer litio, una industria que destruye ecosistemas… “Lo paradójico de este caso es que, por una parte, la Unión Europea ejerce este tipo de medidas neoproteccionistas, pero por la otra, la realidad dice todo lo contrario. Si miramos los datos del año 2022 en términos de los intercambios comerciales, las principales partidas que se exportaron desde el Mercosur hasta la Unión Europea fueron en primer lugar petróleo e hidrocarburos. Luego, en segundo lugar, el café, en tercer lugar, la soja. Y luego están rubros como maíz, el hierro y la carne. Hay un poco de contradicho a propósito de un acuerdo comercial como el que se sigue discutiendo”, explicaÓscar Fernández-Guillén.Hasta ahora no existe una normativa para ejercer una justicia climática internacional ni la adopción obligatoria de medidas para combatir el cambio climático, excepto las sanciones comerciales como las que la Unión Europea pretende imponer en su acuerdo con el Mercosur.

El Gobierno de Gustavo Petro se traslada a la Guajira, el departamento más pobre del país donde más de 5 mil niños indígenas han muerto de hambre y de sed. El ejecutivo colombiano anunció la creación de una universidad que beneficiará a las comunidades indígenas, y la construcción de un nuevo aeropuerto. Enfocándose particularmente en la escasez de agua y la desnutrición de los menores de edad. En un acto de gobierno inédito, el presidente de Colombia Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, todos los ministros y entidades adscritas trasladaron sus despachos durante la semana pasada al extremo norte del país: La Guajira, el departamento más pobre de Colombia.El ejecutivo colombiano también anunció la creación de una universidad que beneficiará a las comunidades indígenas de la región, la construcción de un nuevo aeropuerto para promover el turismo sostenible y una inversión millonaria para rescatar las Minas de sal de Manaure, las más importantes del país pero a punto de la quiebra, y cuya reactivación favorecerá a 3000 familias generando 400 empleosSusana Muhamad, Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, destaca que los más importante de estas jornadas denominados “Gobierno con el pueblo» fueron las decisiones estratégicas que se tomaron en conjunto con las autoridades locales y los líderes indígenas de los pueblos wayuu.La ministra explicó a RFI que : "Se busca hacer una reforma en La Guajira que permita la llegada de la salud a los territorios dispersos de las comunidades wayuu así como la instalación de la Mesa Técnica Ambiental con el pueblo Wayuu para la Restauración Ecológica de La Guajira. La Guajira es la primera línea de los efectos del cambio climático en el país y por lo tanto es absolutamente necesario este proceso de trabajo."La ministra Muhamad anunció decisiones como proveer agua potable de la represa de El Cercado a toda la Guajra, además de pasos decisivos en el Pacto de Transición energética"En La Guajira el potencial de agua se está utilizando mal, se está utilizando ilícitamente, no hay control y sobre todo las actividades económicas de alto impacto están generando un desbalance del uso del agua. En el decreto de emergencia, se tomará la decisión de priorizar el uso del agua que entraría al Ministerio de Ambiente". Agregó la ministra.

Una investigación en EE. UU. revela la existencia de un nuevo dialecto: el inglés miamense. RFI conversó con el profesor de lingüística de la Universidad Internacional de Florida y descubridor de este hallazgo idiomático. RFI: Una investigación en Estados Unidos revela la existencia de un nuevo dialecto. Philip Carter, según su estudio, la particularidad del inglés miamense, que puede sonar extraño en el resto del país, es que se constituye de calcos del español. ¿Qué son los calcos? Philip Carter: Un calco es una traducción directa de un idioma al otro. Es diferente de un préstamo. Un préstamo es cuando tomamos una palabra de un idioma y lo usamos tal cual en la otra lengua. Un ejemplo de calco sería: “Bajarse del carro” en español, fuera de Miami en inglés se diría “Get out of the car”, pero aquí se escucha que “Get down from the car”, que es literalmente bajarse del carro.“Hacer la fila”, en inglés se dice “Esperar la fila”, pero aquí en Miami se escucha “To make the line” or “To make a party”. Son traducciones directas del español.Luego también hay traducciones o calcos semánticos. Por ejemplo, la palabra “invitar” en español tiene un rango semántico mucho más amplio que en inglés. En español puedes decir “Te invito a mi fiesta”, pero también “Te puedo invitar una cerveza”. Ese sentido semántico no existe con el verbo “invite” fuera de Miami, pero sí se escucha “I invite you to the party” y también “I invite you the beer”.RFI: Usted dice que en Miami hay un dialecto. ¿Por qué se convierte esto en un dialecto? Philip Carter: Porque no es solamente un fenómeno de inmigrantes. Obvio que los inmigrantes, al aprender una nueva lengua, utilizan mucho su lengua materna y hacen este tipo de traducciones. Pero, ¿qué pasa cuando sus hijos nacidos en el nuevo país, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, o hasta sus nietos emplean esas frases? En este caso decimos dialecto porque ya no es un fenómeno de traducciones. Ya es una estructura del habla de la gente nacida aquí.RFI: O sea que es una estructura idiomática que se ha ido pasando de generación en generación.Philip Carter: Exactamente. Una vez que una estructura sea una palabra, un sonido, un fonema, un aspecto de gramática, está aprendido en el habla de personas nacidas en un lugar determinado. Ya no es un rasgo extranjero. En ese caso es un rasgo distintivo de un dialecto nativo del idioma.RFI: ¿Qué diferencia hay entre este dialecto y el spanglish de Estados Unidos? Es decir, los migrantes cubanos latinoamericanos que hablaban un español muy mezclado con palabras del inglés o frases del inglés. Philip Carter: El spanglish es un cambio de código, es una mezcla. Es cambiar entre un idioma y el otro, entre el español y el inglés. Hay muchas maneras diferentes de hablar el spanglish. El spanglish de Miami tampoco es el spanglish que se escucha en Nueva York, que tampoco es el spanglish que se escucha en Texas, en California.Miami tiene un dialecto de inglés en sí que se ha formado, que se ha desarrollado en un contexto bilingüe por el cual tiene la influencia fonética, léxica y gramatical del español. Esa influencia puede ser muy leve, muy ligera, no muy destacable, pero ahí está y se habla entre personas, aunque éstas no hablen nada de spanglish.O sea, hay personas aquí en la tercera generación de cubanoamericanos que hablan inglés, prefieren hablar inglés y aunque hablen un poco de español y entienden español, no hablan spanglish

Volvió a Argentina el avión Skyvan que se usó para los vuelos de la muerte de la dictadura. De la aeronave fueron arrojadas al mar en 1977 tres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. El 14 de diciembre de 1977, las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco fueron arrojadas vivas al mar desde el avión militar Skyvan PA-51. Junto a ellas, esa noche también fueron asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y otras siete personas. Pero ni el mar se tragó a las víctimas, ni la tierra al avión de la muerte. Tras ser localizado, gracias a una investigación periodística, el Skyvan ha sido repatriado a Argentina, tres décadas después, para que no desparezca de la memoria el horror de la dictadura.“Queríamos que el avión estuviese acá, que fuese parte de la historia y que nunca más vuele. Cuando lo vi por primera vez pensé que era el último lugar en el cual mi mamá había estado con vida. Fue una infinita tristeza”, cuenta a RFI Cecilia de Vincenti, hija de la Madre de mayo Azucena Villaflor.Vincenti estuvo presente en la ceremonia de repatriación del Skyvan PA-51 el pasado 24 de junio. Al igual que los otros familiares de las 12 víctimas de este vuelo de la muerte, ella piensa que el avión repatriado debe estar expuesto en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el siniestro lugar donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del régimen militar.Leer tambiénAvión de "los vuelos de la muerte" de la dictadura regresa a Argentina“A la ESMA llevaron tanto a las monjas francesas como a las Madres, los llamados ‘12 de la Santa Cruz’. Después, las titaron vivas desde el avión. Así que contar la historia en un solo lugar, para las visitas, para las escuelas y el público en general, es contar la historia completa, paso por paso. Por suerte con la aparición de los restos nosotros supimos que quien firma la partida de defunción dice que fue una caída de gran altura al mar, y esto demuestra que fue este avión”, relata. Las 12 víctimas del núcleo fundacional de Madres de Plaza de Mayo juntaban fondos a las puertas de la Iglesia de Santa Cruz para pagar un anuncio en el diario La Nación con los nombres de 804 desaparecidos. "Operación de puerta trasera"Fueron señaladas por el capitán de la Armada Alfredo Astiz, quien se había hecho pasar por hermano de un desaparecido y se había ganado su confianza. Astiz indicó a los militares aquellas que tenían ser secuestradas. Tras llevarlas a la ESMA fueron arrojadas al mar con la intención de borrar por completo sus huellas. Pero, años más tarde, aparecieron algunos cuerpos.“La gente empezó a decir que lo que vieron fueron cuerpos que habían caido al mar. Que no eran jóvenes. Encontraron la huella dactilar de una de las personas, de Ángela Aguad, y llevaron todo a la Universidad de La Plata, donde los antropólogos siguieron la investigación. Fueron al cementerio del General Lavalle, cerca del Partido de La Costa, y buscaron una fosa con los cuerpos de Ángela Aguad, de Léonie Duquet, de María Eugenia Ponce de Bianco, de mi madre y de Esther Ballestrino de Careaga”, detalla Vincenti.También recuerda cuando los antropólogos le entregaron los restos. “En el 2000, la mayoría de los puestos en la iglesia de Santa Cruz. Para mi mamá el lugar representativo era la Plaza de Mayo. Ahí pusimos sus cenizas”, cuenta.La aeronave fue localizada por la periodista de investigación Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, junto al fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo hace quince años en Fort Lauderdale, en Florida. El avión de los vuelos de la muerte formaba parte entonces de la flota de una empresa postal estadounidense. El fotografió captó con su lente la funesta placa: “Operación de puerta trasera. No debe ser abierta durante el vuelo excepto órdenes del capitán”. El mecanismo para activarla estaba en el lado del copiloto, una de las evidencias presentadas ante la Justicia que en 2017 condenó a cadena perpetua a los dos pilotos de ese vuelo, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino.A la ceremonia de repatriación del "avión de la muerte" en Buenos Aires asistió la embajadora de Francia en Argentina.

Esta semana se difundió un audio que puede hundir a Donald Trump en el juicio de los papeles secretos: el exmandatario estadounidense admite tener en su poder documentos "altamente clasificados". En Brasil, el Tribunal Superior Electoral decide si Jair Bolsonaro es culpable de abuso de poder y desinformación. No obstante, los dos expresidentes cuentan con un gran caudal de seguidores dispuestos a hacerlos reelegir en la presidencia de sus países. Este martes 28 de junio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil retomó el juicio contra Jair Bolsonaro por ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica durante una reunión con embajadores en julio pasado. En este proceso, el expresidente enfrenta una posible inhabilitación de ocho años.Además, está señalado de crímenes contra la humanidad por difundir información falsa sobre el covid, como negar la pandemia o asegurar que las personas vacunadas en Reino Unido desarrollarían Sida. Trump, por su parte, ha sido condenado por abuso sexual en Estados Unidos.¿Por qué causan fascinación estos dos personajes políticos? “Hay un declive de las autoridades simbólicas. Cada vez tienen menos eficacia los maestros, los abogados, la figura del padre. Entonces, en ese escenario han surgido una serie de personajes que invitan a dejar de respetar lo que tenga que ver con el espacio normativo. Tal como lo profetizó Orwell, el fascismo iba a aparecer bajo la palabra libertad”, indica a RFI Jorge Alemán, psicoanalista y escritor especializado en populismo y extrema derecha.Leer tambiénBolsonaro encara juicio y una posible inhabilitación política de ocho años"Pulsiones de odio"“Se conjuga algo muy nuevo que lo hace diferente a los fascismos históricos: por un lado, se constituyen a sí mismos como transgresores, como los que pueden decir cualquier cosa, y por otro lado, introducen luego desde el poder lógicas homófobas, moralistas, y ahí recuperan todo el momento anterior, conservador y fascista”, detalla.Figuras como Bolsonaro y Trump causan fascinación, por ejemplo, en sectores evangélicos. El pasado fin de semana se vio la acogida de Donald Trump en el Road Majority, una reunión de 30.000 evangélicos de la Coalición Fe y Libertad en Washington.“Desde el momento en que las estructuras simbólicas están perforadas surgen suplencias. Y una de las suplencias más potentes son estas agrupaciones evangélicas”, analiza Alemán. “Hay fascinación, pero es en realidad es una forma de identificación y está relacionada con las pulsiones de odio”, dice.

En Guatemala, sigue el conteo para conocer los resultados finales. Extraoficialmente, ya se sabe que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, se enfrentarán en agosto. No obstante, lo importante de estas elecciones no es quién ganará la segunda vuelta, sino cómo enfrentar la crisis democrática, pues entre los que no votaron, los que votaron en blanco o anularon su voto, suman más del 60% del electorado. La segunda vuelta en Guatemala tendría que ser entre dos candidatos, pero será de tres, pues el rechazo les ganó a todos. En la primera vuelta, un 25% de los votos fueron nulos, y el 40% de los electores no se presentaron a las urnas. Sandra Torres, quien llegó en primer lugar, apenas tuvo un 15% de los votos, y Bernardo Arévalo el 12%.Lograr “interpretar”Además de la corrupción, la migración y otros problemas que ya enfrenta Guatemala, estos resultados electorales sumergen al país en una crisis de representación que deberán enfrentar los dos candidatos en la segunda vuelta.“Ese elemento es tema central o uno de los temas centrales de cara a la segunda vuelta electoral: ¿cómo logran percibir, cómo logran interpretar las dos opciones que van al balotaje, este mensaje contundente, que es histórico en el país, que es la sumatoria del voto nulo, más el voto en blanco, más el abstencionismo?”, pregunta el politólogo y profesor universitario Renzo Rosales.“Evidentemente ha sido muy marcado en esta ocasión, pero atrás de ello hay un mensaje muy fuerte de desafección frente a los candidatos, de desafección frente a los partidos, de desafección del sistema político en general. Y por lo tanto quién logre interpretar, quién logre traducir esto en mensajes asertivos, contundentes, y convertirlos en parte de su propuesta política, creo que puede sacar mayor ventaja de cara a la segunda vuelta”, estima el analista.“Va a ser muy difícil gobernar”La pregunta es si a pesar de este rechazo, podrá gobernar la persona que sea electa. “Va a ser difícil”, responde Rosales. “En Guatemala tenemos obviamente toda una agenda, digamos, ciudadana, de todos los temas rezagados, que históricamente están como los grandes pendientes, pero en la práctica va a ser muy difícil que esto se pueda mínimamente satisfacer”, recalca. “A Bernardo Arévalo, suponiendo ese escenario, le va a ser muy difícil gobernar en estas condiciones de ir como contracorriente. En el caso de Sandra Torres, pues la tendría difícil, pero quizás menos, porque sí tendrá una bancada fuerte en el Congreso, pero además una correlación de actores más favorable. Y ella es muy dúctil, se adapta al mejor postor. Mientras que la propuesta de Semilla es un tanto más fija, está en un proyecto político, digamos, más diseñado, el de la UNE se acondiciona al mercado y a las circunstancias del momento. Entonces yo creo que eso finalmente también pesará mucho para la segunda vuelta”, detalla el politólogo. Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo se disputarán la presidencia de Guatemala en un balotaje el próximo 20 de agosto.

Pablo Solares de la organización Puente Norte explicó a RFI por qué no se espera una participación masiva de los guatemaltecos afincados en Estados Unidos en las elecciones del domingo en Guatemala, a pesar de que pueden hacerlo desde 2019. Ese año votaron escasamente 700 guatemaltecos y en esta oportunidad se espera una cifra similar. Guatemala va a las urnas este 25 de junio en un clima enrarecido por las inhabilitaciones de varios candidatos presidenciales y la persecución a la prensa en un país de emigración por la falta de seguridad y pobreza.Los guatemaltecos de la diáspora tienen un peso económico local a través de las remesas. También podrían tenerlo en la política, ya que quienes residen en Estados Unidos pueden votar desde la pasada elección. El problema es que, de 1,4 millones de guatemaltecos, solo sufragó en ese entonces una cifra irrisoria. ¿Qué va a pasar ahora?“Para contestar esa pregunta la única base que tenemos es la experiencia que se tuvo en la elección anterior de 2019, en la cual únicamente 700 personas votaron en todo Estados Unidos, país que, sea dicho de paso, es el único donde es posible hacerlo”, dijo a RFI Pablo Solares, analista de Puente Norte, organización centrada en el estudio de las migraciones desde Guatemala.Según Solares, una de las principales causas para esta baja participación es “la mala planificación y la mala administración de la elección por parte del Tribunal Supremo Electoral en Estados Unidos. Por eso se especula que en esta oportunidad votará una cantidad no mucho mayor. Estimamos que el peso del voto en el extranjero para Guatemala va a ser nulo o cercano a nulo. Vimos muy poca voluntad política por parte del Tribunal Supremo Electoral de incluir a la población guatemalteca residente en el extranjero para los planes de esta elección”, subraya el analista.Las dificultades que enfrentan los guatemaltecos afincados en Estados Unidos son apenas un aspecto de un proceso electoral cuestionado por la inhabilitación de candidatos, la persecución de la prensa y la corrupción.“En este momento los derechos políticos de los guatemaltecos están siendo vulnerados. Entre otros, la libre participación de los ciudadanos, independientemente de sus orientaciones ideológicas, sobre todo si no son afines al sistema actual, que es percibido como un gobierno corrupto. (También está siendo vulnerada) la participación de los jóvenes y de las personas en el exterior. Guatemala no ha logrado superar todos esos retos”, puntualiza.Según una encuesta publicada este jueves por el periódico Prensa Libre, la primera dama social-demócrata Sandra Torres, encabeza la intención de voto con el 21,3%, seguida por el ex diplomático centrista Edmund Mulet, con 13,4%. Con estos resultados sería necesario una segunda vuelta el 20 de agosto.

Ascendió a 46 el número de mujeres muertas tras el incendio ocurrido el martes en una prisión de Támara, al norte de Tegucigalpa. La tragedia, ocurrida a raíz de un enfrentamiento entre pandillas, pone sobre el tapete las políticas de seguridad contra el flagelo de los grupos criminales y las condiciones de detención en el país centroamericano. Con El Salvador y Guatemala, Honduras forma parte del denominado “Triángulo de la muerte”, plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado.El martes 20 de junio, 46 presas perdieron la vida luego de que reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando en el edificio donde se ubicaban sus rivales de la Mara Salvatrucha y posteriormente le prendieran fuego.Lo ocurrido en Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria que totaliza más de mil muertos en 20 años, no es algo sorpresivo.“En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario y de la entrada de armas, de la falta de seguridad dentro de las prisiones”, explica a RFI César Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch (HRW).HacinamientoLa presidenta Xiomara Castro anunció medidas drásticas, entre ellas destituir al ministro de Seguridad, Ramón Visión, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.“Honduras vive una crisis penitenciaria y es necesaria una reforma amplia, no colocar parches”, comenta Muñoz. “Esa reforma tiene que atajar los problemas estructurales del sistema: uno de ellos es el hacinamiento. Hay el doble de personas en el sistema penitenciario hondureño que la capacidad de las prisiones. Los guardas no consiguen mantener la seguridad dentro. Las personas que están detenidas se ven forzadas en la práctica a integrar pandillas para protegerse”, detalla."Retomar el control"Las prisiones son caldo de cultivo para las organizaciones criminales. “El Estado tiene que retomar el control y ofrecer condiciones dignas para que las personas cumplan su pena y para que se puedan reintegrar en la sociedad. Ese es el objetivo del sistema penitenciario”, concluye el portavoz de HRW.En diciembre pasado, la presidenta hondureña declaró un estado de excepción para enfrentar la violencia pandillera, algo que recuerda las medidas impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año. Las acciones fueron menos espectaculares y no arrojaron claros resultados.

Varias organizaciones internacionales de derechos humanos advierten de irregularidades en el proceso electoral de Guatemala.  La autoridad electoral de Guatemala rechazó la inscripción de candidatos a la presidencia para las elecciones del próximo 25 de junio basándose en motivos dudosos que critican las organizaciones Este 25 de junio, más de nueve millones de guatemaltecos están llamados a las urnas en un proceso no exento de irregularidades y controversias. Organizaciones de la sociedad civil critican la irresponsabilidad de partidos políticos e incumplimientos de las autoridades electorales. La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) alertó que la creciente judicialización y numerosas irregularidades del actual proceso electoral de ese país pueden derivar en que este pierda totalmente su integridad y legitimidad.Carolina Jiménez, directora de la Washington Office on Latin America (WOLA) ha señalado en la antena de RFI: "ha habido diversos obstáculos para impedir la candidatura de diversas personas y luego, otras personas cuyas candidaturas fueron inhabilitadas en el pasado, esta vez sí han sido permitidas para concursar en la elección. Estos criterios arbitrarios lesionan el derecho a la participación política".Entre enero y mayo, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala y las cortes del país dejaron fuera de la contienda a la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera, quien poseía fuertes posibilidades de acceder a una segunda vuelta presidencial, según expertos. Además, el candidato de derecha Roberto Arzú García-Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), fue excluido por un caso de campaña anticipada, que según expertos pudo ser resuelto con sanciones menos severas.Juan Papier, subdirector para las Américas de HRW subraya en RFI: "Lo que está sucediendo en Guatemala es que gobierna un proyecto político cuya principal causa es la impunidad por hechos de corrupción y abuso de poder. Han perseguido a los jueces y fiscales independientes que se atreven a investigar o exponer la corrupción y han tomado venganza con aquellos que investigaron estos casos en el pasaso y ahora van a por los periodistas independientes que publican sobre estos casos en Guatemala y el caso último más conocido es el de José Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión por supuesto lavado de dinero. No es una investigación por una transacción sino una persecucción del ministerio público que hace todo lo posible por silenciarlo". En un comunicado conjunto, HRW y Wola  señalan que las elecciones en Guatemala se realizarán en medio de un "contexto de deterioro del estado"En  este contexto, en pocos días los guatemaltecos tendrán que elegir a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).  

RFI entrevistó al general de policía ecuatoriano William Villarroel sobre el nuevo ataque armado ocurrido en Guayaquil la víspera, que dejó seis muertos y ocho heridos. Hace dos semanas, en la misma ciudad, cinco personas fallecieron, incluido un policía, y otras ocho resultaron heridas en otro ataque. Ambos casos están aparentemente ligados al narcotráfico.  Es el segundo ataque de este tipo en lo que va de junio. Según la policía, se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, algo que se ha vuelto frecuente en Guayaquil. Los grupos ilegales vinculados al narcotráfico se disputan el control del territorio. Así lo indicó el general de la policía, William Villarroel, a RFI."Estos eventos criminales se explican porque (los delincuentes) quieren apoderarse del territorio mediante la violencia. Para ejercer control sobre ciertos territorios, utilizan armas de fuego de corto y largo alcance. Además, Guayaquil es una ciudad con un puerto. También hay grupos delincuenciales que prestan logística. Pueden, por ejemplo, aprovechar el estero para contaminar (con droga) los barcos que zarpan al exterior. Tenemos también el tema del micro-tráfico. Aquí enfrentamos las dos situaciones", resume Villarroel.Sobre las razones que explican el incremento de la violencia y del tráfico de drogas en Guayaquil, el general Villaroel insistió en la característica "portuaria" de la ciudad ecuatoriana, pero también subrayó "el aumento de las plantaciones de coca en Colombia, nuestro vecino país". Es cierto que Colombia ha aumentado sus plantaciones de coca, pero Ecuador superó a Brasil y Colombia en el número de toneladas de cocaína enviadas hacia Europa, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Solo en el primer semestre de 2023, Ecuador decomisó unas 100 toneladas de drogas y en el 2022, más de 200 toneladas.En este sentido, el general de la policía ecuatoriana, William Villarroel, reconoce que "en lo que va del último trimestre hemos tenido más aprehensión de droga en comparación con los meses anteriores". El plan de las autoridades para luchar contra la violencia consiste en "focalizar el fenómeno y por eso se han priorizado los distritos. En particular, la manera como se van a patrullar esos puntos con el eje preventivo, el eje uniformado, así como los operativos que vamos a realizar para las personas, los vehículos y las motocicletas".Los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico también han derivado en matanzas en las cárceles del país, que hasta la fecha han dejado más de 420 presos muertos desde febrero de 2021.

En Estados Unidos, "controlar la imaginación" pareciera un sueño de los republicanos que intentan hacer realidad al prohibir libros en escuelas públicas. Libros que cuenten historias de la comunidad LGBTI o de la comunidad afroamericana han sido retirados de las bibliotecas, principalmente en Florida y Texas. RFI entrevistó a la escritora Ashley Hope Pérez, que conoce bien el problema. “En unos momentos, Illinois se convertirá en el primer estado del país en prohibir oficialmente la prohibición de libros de una vez por todas”, dijo el gobernador de Illinois, el demócrata J. B. Pritzker, quien aprobó esta semana una ley para “prohibir la prohibición de libros”.Prohibir la imaginaciónProhibido prohibir no es una paradoja en Illinois, sino la manera con la que ponen un alto a los llamados de la extrema derecha para censurar libros en un país que se asume la cuna de la democracia moderna.Según Ashley Hope Pérez, autora de Out of Darkness, un libro censurado en Texas que cuenta un romance entre una mexicana y un afroamericano, “estamos en marcha hacia algo no democrático. Pero yo digo a mis hijos: ‘Tenemos que hablar ahora. No podemos esperar ni un día para defender el derecho de pensar’. No sólo es el derecho de leer lo que quieren controlar, es la imaginación, es la posibilidad de pensar en otras vidas, en personas diferentes. Y tenemos que luchar ahora por la democracia, por la posibilidad de imaginar un futuro mejor”. “Los libros sirven para abrir nuestras mentes y queda claro que la extrema derecha de Estados Unidos quiere ver a los jóvenes con las mentes cerradas. Entonces yo veo que el gobernador de Illinois se está defendiendo contra esta amenaza”, prosigue.Luchar por la juventudLos jóvenes son particularmente afectados, estima Ashley Hope Pérez: “Ellos son los que sufren, ellos son los que pierden algo importante. En muchos lugares, los libros que reflejan o amplían el mundo de los jóvenes ya desaparecieron, ya no están en las bibliotecas”, explica.“Es por eso que yo sigo escribiendo y también busco avenidas legales, como una demanda judicial en curso en Florida, que busca ver los libros devueltos a las bibliotecas. Estamos al principio del proceso, pero yo diría que es un principio importante porque señala que lo que está pasando es en mayor parte ilegal y en contra de nuestra Constitución. También señala que luchamos para los estudiantes y su derecho de leer y aprender”, subraya la escritora.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, regresa de China con la promesa de un tratado comercial y financiamiento para infraestructuras. Las obsoletas instalaciones de electricidad están desatando una crisis que Castro busca detener con dinero chino. Algo posible bajo condiciones políticas. Los apagones son ahora parte de la vida cotidiana de los hondureños debido al déficit de generación, transmisión y transporte de la red eléctrica, según informa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras. Y debido a la precariedad del equipo de distribución, se anuncian apagones en todo el país.“China es un sólido inversor”El suministro de energía eléctrica se ha convertido en un problema de seguridad nacional que Xiomara Castro busca resolver con la ayuda de China. “La energía es clave para Honduras, y China es un sólido inversor en este rubro a nivel mundial. China cuenta con un importante capital de inversión y muchos mecanismos de financiamiento para su ejecución”, explica Andrés Raggio, investigador asociado para Asuntos Asiáticos de FLACSO.“En la reunión que tuvo el canciller Eduardo Enrique Reina con altos dirigentes chinos a comienzos de año en Brasil, hablaban de un interés al respecto de que China invierta en el sector de represas hidroeléctricas, justamente para fortalecer a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hondureña. La empresa Powerchina en su versión internacional, Sinohydro, ya ha participado en proyectos de represas en Honduras, en particular con la llamada Patuca 3. De hecho, con préstamos del banco chino ICBC que rondan unos 450 millones de dólares. Y también cabe destacar que hubo cooperación taiwanesa en ese sector”, añade Raggio.“Disolución del poder taiwanés”Atraída por el canto de las sirenas de China, a la presidenta Xiomara Castro no le importó romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán: “Parece que Xiomara Castro ha decidido cambiar la afiliación con Taiwán, cortar los lazos con Taiwán diplomáticamente y establecerlas con China para poder encontrar financiamiento chino para esta nueva presa. Es la segunda presa en este caso que Honduras va a construir con el apoyo de China. Pero parece que esta decisión por parte de Honduras de cortar lazos con Taiwán fue una precondición para el financiamiento chino que van a recibir”, comenta Margaret Myers, directora del Programa Asia y Latinoamérica en Diálogo Latinoamericano.“Es un objetivo por parte de China que es político. Están tratando de convertir a cada uno de estos amigos que mantiene Taiwán en la región, enfocado en la disolución del poder taiwanés en el mundo y es otro ejemplo del éxito chino en cumplir ese objetivo”, señala la especialista.En espera del cumplimiento de China, los hondureños vivirán con apagones de tres a cuatro horas, según la región del país.

La Asamblea Nacional francesa ha fijado sus líneas rojas para aprobar un eventual acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, contra el que se posicionaron la mayoría de grupos.  La presión del sector agrícola sobrevuela el debate. Todos los grupos expresaron su apoyo a los agricultores franceses. Por 281 votos a favor y 58 votos en contra, los diputados urgieron al gobierno de Macron a decir a la Comisión Europea su oposición al pacto si no respeta varios criterios sanitarios, ambientales y climáticos. Los diputados piden que los agricultores sudamericanos respeten las mismas reglas ambientales y sanitarias que en Europa y una cláusula para suspender su aplicación si los países del Mercosur no respetan el Acuerdo de París sobre clima. En Francia, la presión del sector agrícola sobrevuela el debate, como quedó reflejado en el debate en la Asamblea donde todos los grupos expresaron su apoyo a los agricultores franceses.Entrevistada por RFI, Marie Pochon, diputada de Los Verdes señala: "Se trata de un tratado comercial que está en negociaciones desde hace 25 años y cuya entrada en vigor podría agravar la actual crisis climática. La deforestación, por ejemplo, podría aumentar un 25% en la Amzonía brasileña, el pulmón del planeta, y ni hablar de los daños que puede causar a la biodiversidad. Y también este tratado tendría consecuencias terribles para los agricultores de ambos lados del Atlántico". El Mercosur -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- alcanzó en 2019 un acuerdo con la UE tras más de 20 años de negociaciones, pero el pacto no fue ratificado, en parte debido a la preocupación en Europa por las políticas medioambientales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). El clima mejoró con el regreso al poder del izquierdista Lula da Silva en enero, pero las exigencias medioambientales de los europeos, contenidas en un documento adicional al acuerdo presentado recientemente por la UE, han moderado el entusiasmo."No importa cuándo se den a conocer las negociaciones de este tratado, pues por el momento no conocemos nada, nada por parte de la Unión Europea. Es por ello que nosotros votamos contra este acuerdo, que no hace más que reforzar la liberalización económica, que daña a los pueblos, los logros sociales, los servicios públicos y a los agricultores de ambos lados del Atlántico", señala Pochon en la antena de RFI. La resolución de los parlamentarios franceses, que recoge gran parte de las exigencias ya reclamadas por Macron, se produce semanas antes de una cumbre en Bruselas entre los dirigentes de la UE y de América Latina.Hernán Trujillo, profesor de la Universidad católica de Colombia y experto en la Amazonía , ha señalado en RFI: "el mecanismo de la UE es la directriz 9-95 que  señala criterios muy rigurosos para poder comercializar con aquellos países que tengan altos niveles de deforestación" y explica que en tales casos debe efectuarse un seguimiento "de la cuna a la tumba" para identificar toda la cadena que circula 

RFI entrevistó a Isabel Ortiz, adjunta de la Defensoría del Pueblo de Perú, a propósito de las cifras alarmantes que presenta un informe sobre la desaparición de mujeres en ese país titulado '¿Qué pasó con ellas?'. Con los años, la prioridad de las autoridades peruanas a esta problemática se ha reducido, afirma. Las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo de Perú en su informe son demoledoras. Solo en los cuatro primeros meses del año se registraron 3,406 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales se localizaron 1,902, es decir, escasamente el 56%. Esto se explica porque el gobierno peruano no está tomando el tema de las desapariciones como un asunto de agenda prioritario, a pesar de que las cifras aumentan cada año."La cifra de mujeres desaparecidas es bastante alta. Aunque desde 2020 se iniciaron los esfuerzos para luchar contra este fenómeno, en 2023 el tema ha salido de la agenda pública. Tanto los ministerios como el mismo Ejecutivo ya no muestran el mismo interés que antes en lograr avances en la atención de situaciones de desaparición", dijo a RFI Isabel Ortiz, adjunta de la Defensoría del Pueblo.Para ubicar a las mujeres con vida, se requieren búsquedas más especializadas que incluyan, entre otras medidas, "capacitar a todo el personal policial y que, en lugar de tener una sola división de búsqueda de personas desaparecidas con rango local en Lima, la capital, se pueda elevar a una dirección con competencia nacional", apunta Ortiz.Para reducir la cifra de desaparecidas, Isabel Ortiz señala también que sería fundamental formular estrategias de prevención, incidiendo en la investigación de las denuncias presentadas por las víctimas o los familiares."En la medida en que ha ido aumentando la cifra de mujeres desaparecidas a lo largo de los años, porque esta variación no se presenta solamente en 2023, sino también en años anteriores, es necesario activar todas las alarmas estatales con la finalidad de poder formular estrategias de prevención. No hay que trabajar solamente en la atención a las víctimas y familiares que están en torno a procesos de búsqueda, sino también formular estrategias de prevención. Para formular estrategias de prevención eficientes, es necesario poder contar con información del registro de personas desaparecidas, que ésta se base no solamente en la información que se tiene de la denuncia, sino también de su evolución en el marco de una investigación y en qué medida se puede deducir de la investigación que hay algún tipo de correlación entre la desaparición y algún delito específico".Entre enero y abril de este año en Perú se produjeron 60 feminicidios, una cifra que se repite en los últimos años. Por ejemplo, en 2022 se registraron un total de 136 feminicidios, de los cuales 22 involucraban a víctimas dadas por desaparecidas.

El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron este viernes un acuerdo de cese al fuego por un plazo de seis meses. Y aunque dicha tregua fue celebrada a nivel internacional, por el momento no hay ningún acuerdo político. El tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz concluyó este viernes en la capital cubana con un “cese al fuego bilateral nacional y temporal” pero sin acuerdos políticos concretos. “No hemos firmado acuerdos sustanciales” sino sólo “acuerdos de procedimiento”, señaló Antonio García, primer comandante del ELN. A diferencia de las negociaciones de Paz con las FARC en 2016, no se conoce el contenido, hasta el momento sólo se sabe que los 180 días de alto al fuego comenzarán a partir del 3 de agosto. El ELN, ultima guerrilla activa en el país, tiene ambiciones de reformas económicas y políticas, aunque no parece claro que el gobierno de Gustavo Petro esté abierto a aceptar estas condiciones. No obstante, lo acordado en Cuba fue un primer gran paso y la acción más urgente a realizar, de acuerdo con Sergio Guzmán, director de Colombia Risk. “En resolución de conflictos, la prioridad más urgente siempre es detener la violencia. Este anuncio, a pesar de ser inequívocamente positivo, también está siendo recibido con mucho escepticismo. En el pasado, sin embargo, en las ocasiones que se ha hecho, siempre ha habido rompimientos por parte del ELN, entonces respetar el cese al fuego significa una prueba de liderazgo para demostrar si el ELN tiene una unidad de mando”, dijo Guzmán en entrevista para RFI. Además, Guzmán destacó que el gobierno de Gustavo Petro, al ser el primer gobierno de izquierda en Colombia, pudiese establecer condiciones diferentes para llegar a un acuerdo. “Es una oportunidad única, pues no están negociando con un gobierno absolutamente antagónico a sus objetivos políticos y sociales. Y probablemente en el futuro no van a tener un entorno tan favorable para negociar. Ojalá no la estropeen”, concluyó.El canciller cubano, Bruno Rodríguez, anuncio desde La Habana que la cuarta ronda de negociaciones tendrá lugar en la capital venezolana a partir del próximo 14 de agosto. Con más de medio siglo de conflicto armado y miles de muertos, Colombia ha intentado incontables negociaciones de paz con los grupos armados. Aún quedan importantes frentes abiertos, principalmente en el narcotrafico, como el del Clan del Golfo.

Una investigación de The Wall Street Journal afirmó este 8 de junio que Cuba había permitido a China instalar una base de espionaje en la isla, algo que Cuba niega. Y aunque Estados Unidos tilda esta sospecha de “inexacta”, dice seguir muy de cerca los movimientos de Pekín en América Latina y en el Caribe. La noticia del The Wall Street Journal citando a varias fuentes de la Inteligencia estadounidense provocó gran revuelo entre los senadores. Otros medios como la CNN también corroboran la información. Desde la Casa Blanca, el informe fue calificado de inexacto, mientras que el Pentágono rechazó pronunciarse y no confirmó ni negó la información.El emplazamiento de una base china en la isla caribeña, a unos 200 km de la costa de Florida y junto a importantes bases militares, sin duda sería interpretado por Washington como una amenaza sin precedentes. Esta sospecha vuelve a tensar las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático, tras las recientes crisis de los globos espías y las maniobras militares agresivas en el Mar de China. “Siempre ha habido un servicio de inteligencia muy potente de China instalado en Cuba. Tiene más que ver con el hecho de que se vayan a implementar tecnologías muy avanzadas aplicadas a la inteligencia. Puede resultar muy inquietante para el esquema mundial. Muchos quieren ver una pérdida de influencia de Estados Unidos, Pero eso todavía queda lejos”, estima Chema Gil, experto y director de estudios de seguridad de Universae. “Buscan ganar influencia”Este episodio, junto con las últimas crisis diplomáticas entre grandes bloques, evocan lógicamente a la Guerra Fría: “Nunca hemos dejado la Guerra Fría de forma total y absoluta. Pero es verdad, el mundo se aboca a una nueva Guerra Fría. Todas estas acciones de China y demás, yo creo que buscan ganar influencia, ganar espacio en cuanto a elaboración de inteligencia, ganarle a Estados Unidos pasos en su presencia mundial, inquietar al propio Estado norteamericano. Cuba sí se verá beneficiada porque tiene una economía paupérrima, pero no creamos que esas ayudas llegan al pueblo”, recalca Chema Gil. Las fuentes citadas por la prensa estadounidense no detallan si la construcción de la base de espionaje habría comenzado o no. Y el Pentágono, por su parte, aseguró este jueves seguir monitorizando muy de cerca las actividades de un ejército chino en plena expansión.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil aplazó este 7 de junio tras su breve reanudación un juicio decisivo para los pueblos indígenas, en el que se debate la demarcación de centenares de sus tierras ancestrales. Se trata además un revés político para el presidente Lula da Silva. Los pueblos indígenas de Brasil esperan lo que se ha denominado el "juicio del siglo", en el que los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia deberán validar o rechazar la tesis del "Marco Temporal", que sólo reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados por ellos cuando se promulgó la Constitución, en 1988.La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que valida ese límite temporal, asestando un revés al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien se comprometió a proteger a los pueblos originarios."Un impacto enorme"Un fallo a favor de esta tesis supondría además un importante paso atrás en la lucha contra la deforestación de la Amazonía. Especialistas sostienen que las reservas indígenas juegan un papel fundamental en el combate del calentamiento global, como baluarte contra la deforestación, disparada durante la administración del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.En concreto, el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reserva tras una sentencia de primera instancia bajo el argumento de que las comunidades no estaban viviendo allí en 1988.Se trata, según todas las organizaciones internacionales que siguen el caso, de un asunto que "nos afecta a todos". "La decisión del Supremo va a tener un impacto enorme, principalmente las tierras que están pendientes de reconocimiento. Supondría otra violencia adicional el negarles ese derecho a estar en esos territorios. Entonces esperamos que no sea aprobada esta tesis porque sería un desastre para la protección ambiental en la Amazonía y para los pueblos indígenas. Podrían intentar revisar tierras que ya están reconocidas legalmente, sería un desastre para Brasil y para el mundo", explica César Muñoz, director asociado para las Américas en Human Rights Watch."Sería muy contradictorio"Las posibilidades de que centenas de reservas indígenas se vean afectadas son muy reales, lo que supondría un duro revés para el Gobierno. "Es una posición muy dividida en la Corte Suprema y no me extrañaría que consiguieran formar una mayoría para revertir lo que se ha decidido en el Parlamento. Caería alrededor de un tercio, se quedarían en un tercio de lo que son a día de hoy. Es decir, es un perjuicio grande, sobre todo considerando un gobierno como el de Lula, que ha tenido la preocupación de señalar en varios momentos un compromiso muy claro con el medioambiente y muy claramente también con los pueblos originarios", destaca Paulo Velasco, doctor en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ)."Entonces, sería muy contradictorio que durante su gobierno se pasara en el Parlamento este tipo de decisiones. Para eso está la Corte Constitucional, la Corte Suprema para hacer el control de constitucionalidad. Tendrá que negociar con partidos de centro, incluso algunos de centro derecha, para conseguir formar una mayoría mínima, porque no la tiene para nada", recalca Velasco.Centenares de indígenas de todo el país acampan esta semana en la capital para exigir que se declare inconstitucional el concepto del "Marco Temporal". La decisión de este "juicio del siglo", sin embargo, podría tardar aún varias semanas en llegar, puesto que este miércoles uno de los magistrados pidió más tiempo para evaluar el complejo caso. El juicio será reanudado en una fecha todavía por determinar.La deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 31% en los cinco primeros meses del Gobierno Lula, de enero a mayo, en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos divulgados el miércoles por el Ministerio de Medio Ambiente.

Chile se adentra a partir de este miércoles en su segundo intento en dos años por cambiar la Constitución que rige desde la dictadura, esta vez con la derecha radical al frente del consejo que redactará un nuevo proyecto para ser sometido a referendo.  El Consejo Constitucional se instala este miércoles para examinar el borrador redactado por expertos designados por el Congreso. El texto es una versión más moderada del que emanó del primer intento y que fue rechazado por un 61% de los electores.La Asamblea Constituyente dominada entonces por la izquierda proponía un cambio radical del sistema político, legislativo y judicial. Entre otros, establecía el derecho al aborto y otorgaba reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.Compuesto por 51 miembros, el nuevo Consejo Constitucional tiene una amplia mayoría conservadora. Veintitrés consejeros son del ultraconservador Partido Republicano y 11 de coaliciones de derecha tradicional. La izquierda acaparó 16 escaños y se sumó un representante indígena.Gabriel Osorio Vargas, profesor de derecho constitucional y miembro de esa comisión experta señala en la antena de RFI: "Lo importante aquí fue establecer los mínimos que tenían que estar en un texto constitucional. Se estableció un marco en el que los distintos gobiernos podrán sentirse amparados por este marco constitucional y podrán desarrollar su programa de gobierno. En Chile teníamos unja constitución excesivamente programática en la cual muchas veces las ideas, por ejemplo, de la izquierda se encontraban constreñidas por el propio texto constitucional. Ojalá al menos el consejo constitucional no tuviera un comportamiento parecido al que tuvo la convención anterior que fracasó respecto al texto que se le propuso a la ciudadanía". El 17 de diciembre los chilenos deberán pronunciarse sobre el nuevo resultado.Un eventual rechazo dejaría las reglas como están en momentos en que este país de casi 20 millones de habitantes, con una amplia brecha entre ricos y pobres, está más inquieto por la inseguridad o el costo de vida que por un cambio de normas, según los estudios de opinión.La izquierda espera que el nuevo marco en discusión incorporé pocas transformaciones con respecto a la actual Constitución."Creo que existe una idea generalizada de que hay que ponerle punto final al problema constitucional chileno y la única forma es estabelecer un texto que sea representativo y tranversal y que no represente sólo a un sector político" subraya Osorio Vargas en RFI. Del deseo obstinado por cambiar la Carta Magna, los chilenos pasaron al desinterés. Según la encuesta Cadem, el 58% no se ha informado del proceso y un 48% rechazaría la propuesta aún sin conocerla.    Boric, cuyo mandato concluye en 2026, ya anticipó que este será su último esfuerzo por cambiar la Constitución.

Las elecciones locales que se vivieron en México este 4 de junio fueron un simulacro de las presidenciales de 2024. Con el triunfo del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de México, que fue gobernado por el PRI durante 94 años sin interrupción, Morena se presenta desde ahora como una indomable máquina electoral. El triunfo de Morena en 2018, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, causó un terremoto en el sistema de partidos políticos de México: ya no hay izquierda ni derecha, ya no hay liberales ni conservadores, a los mexicanos sólo les queda estar con Obrador o en contra de Obrador.“Un partido con mucha fuerza”La alianza que reagrupa al PRI, PAN y PRD, tres partidos tradicionalmente contrarios pero unidos contra Obrador, perdió este domingo su último bastión dejándole a Morena el campo libre para convertirse en el nuevo partido hegemónico.“Aparece el partido Morena como un partido con mucha fuerza, ganando la mayoría de los espacios en disputa en las elecciones, tanto presidenciales como legislativas y a nivel local, y no se percibe que haya un cambio rumbo a las elecciones presidenciales del año próximo”, comenta Francisco Reveles Vázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).“El triunfo no solamente fue en contra del PRI y sus aliados, sino en contra de un grupo político que le dio sustento al presidente anterior, Enrique Peña Nieto, y a varios otros destacados liderazgos que en otra época hubo dentro del PRI. Sí, es un triunfo no solamente electoral, sino político muy importante para Morena”, recalca el especialista.Prácticas antidemocráticasPor su parte, el politólogo Jacob Villagómez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que Morena se consolidó utilizando las mismas prácticas antidemocráticas que tanto se le reprochó al PRI, como la compra de votos, el acarreo masivo de votantes, y hasta las amenazas.“Este tipo de prácticas no fueron ajenas al proceso electoral tanto de la alianza encabezada por el PRI, PAN y PRD, así como la alianza del partido oficial de Morena, PT y Verde. Ambos bandos incurrieron en este tipo de actividades que son muy común dentro del marco de las elecciones y mucho más en el estado de México que durante mucho tiempo el PRI gobernó y creó una estructura corporativista alrededor de diversos sectores”, explica Villagómez.En este país está prohibida la reelección presidencial, por lo cual el futuro candidato de Morena podría causar un nuevo terremoto político como el de 2018.

A partir de este lunes podrán inscribirse los candidatos a las primarias de la oposición venezolana. Esta cita electoral, prevista el próximo 22 de octubre, se planteó desde la sociedad civil como un mecanismo para presentar un candidato único opositor frente a Maduro en 2024. El politólogo Carlos Romero detalla los retos para la oposición y las incognitas sobre los obstáculos que puede tenderle el oficialismo.  La principal alianza opositora organizará unas primarias para tratar de evitar las divisiones con las que ha llegado hasta ahora a cada cita electoral. La comisión encargada de organizar este proceso, previsto para el 22 de octubre, la integran miembros de la sociedad civil. Por delante se anuncian por lo menos tres retos, dice el politólogo Carlos Romero."Primero, si se va a contar o no con la ayuda y la cooperación del Consejo Nacional Electoral", afirma el docente de la Universidad Central de Venezuela, quien subraya una situación paradójica a este respecto. "Por un lado, el único que tiene la capacidad para garantizar un proceso electoral de esta naturaleza es el Consejo Nacional Electoral. Pero, de otro lado, para la mayoría de los venezolanos, al menos para los que han sido consultados en las encuestas recientes, el proceso primario electoral de la oposición debe ir sin el Consejo Nacional Electora".El segundo reto está relacionado con el voto en el extranjero. Concretamente cuál será la participación: "Los venezolanos en el exterior van a votar, podrán votar, no van a votar, no podrán votar. Esto es un problema", aclara.Un tercer punto son las relaciones con el gobierno. En particular, "si el gobierno garantizará que el candidato presidencial de la oposición, aquel que resulte del proceso primario, no será inhabilitado o perseguido, que no se le quitarán sus derechos".Por el momento, el gobierno venezolano no ha adoptado ninguna posición sobre este dispositivo de la oposición, el cual no deriva de las instituciones. "El gobierno, en cierto modo, ha estado mirando los toros desde la barrera, no ha tomado una posición clara sobre el tema", dice a este respecto Romero. En otras palabras, no está claro si está de acuerdo o no con que el candidato opositor sea producto de una elección primaria.Quedan por resolver, asimismo, algunos temas en el seno mismo de la oposición venezolana. Por ejemplo, "si el gobierno tiene o no influencia en algunos partidos políticos y sectores opositores dentro del proceso electoral primario, es decir, en concreto, si el gobierno está apoyando por debajo de la mesa a alguno de los precandidatos", precisa Romero.Desde ya, varios aspirantes presidenciales se rehúsan a participar. Según Carlos Romero, el mayor desafío es encontrar un consenso en este contexto político y social, empezando por la figura que encarnaría a la oposición. "En este momento, de acuerdo con las encuestas, no hay un candidato o precandidato que garantice la posibilidad de ganar las elecciones en 2024. Por otro lado, la experiencia electoral venezolana en los últimos 20 años ha mostrado que siempre se han presentado obstáculos para un proceso electoral limpio. Por eso hay una gran incógnita sobre cómo va a reaccionar el común de los mortales ante este proceso electoral ya que los ciudadanos, según las encuestas, están en su mayoría pendientes de otros temas, entre otros, cómo sobrevivir ante la situación económica".La lista de candidatos definitivos se presentará en el mes de julio.

Este 31 de mayo, las calles de la capital uruguaya vivieron una manifestación que pareciera de ciencia ficción: los habitantes salieron a reclamar agua potable. Debido a la falta de lluvias, el gobierno decidió tomar agua del Río de la Plata para suministrar el urbano suroeste del país, una acción que pone en peligro la salud de los habitantes. En Uruguay ya no llueve sobre mojado, aquí llueve sobre sequía, pues este país ha registrado durante el último año un tercio de lo que normalmente llueve. La falta de precipitaciones ha llevado a la sociedad uruguaya a uno de los escenarios más temidos del cambio climático: carecer de agua potable. Las autoridades debieron recurrir al Río de la Plata para suministrar agua potable, con alto contenido de sodio.Una marcha en defensa del derecho al agua tuvo lugar este miércoles en Montevideo, la capital uruguaya.“No hubo ninguna planificación”“Hace hoy 26 días que en el área metropolitana, esto es el sur del país en donde vive el 60% de la población uruguaya, estamos sin agua potable. Estamos con agua corriente, pero con niveles de cloruros y sodio por encima de lo permitido, lo que ha llevado a que estemos en una emergencia hídrica. Esta agua es perjudicial para gran parte de la población que tiene problemas de salud y no puede consumirla”, explica María Selva, integrante de la red Amigos de la Tierra en Uruguay.“¿Esto a qué se debe? ¿Por qué llegamos a esta crisis? Estamos atravesando un momento de sequía muy importante, justamente producto del cambio climático, pero podríamos haberla afrontado de otra manera. Sabíamos que esto iba a pasar y no hubo ninguna planificación ni ningún plan de contingencia para la crisis que estamos viviendo”, denuncia.“Sequía extraordinaria”Y si bien es muy temprano para conocer de manera científica cómo el calentamiento del planeta está modificando el régimen de lluvias en Uruguay, Marcelo Barreiro, climatólogo de la Universidad de la República, alerta sobre la vulnerabilidad de la cuenca del Río de la Plata ante las sequías.“Claramente esta es una sequía extraordinaria. Si uno compara con el registro de los últimos 44 años para esa región del suroeste del país, encuentra que no hay ningún registro parecido a este. Algo que quizás sería bueno tener en cuenta es que, de acuerdo con el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en la cuenca del Río de la Plata, que incluye Uruguay, sur de Brasil, Argentina y Paraguay, las sequías a futuro, debido al cambio climático, serían más frecuentes y más severas, pero más cortas en principio. Siempre es bueno tomar un caso así, que afecta la seguridad hídrica de cientos de miles de personas, para prepararse y tratar de que este tipo de situaciones no ocurran en el futuro”, indica el climatólogo.Esta sequía ha provocado pérdidas de unos 2.000 millones de euros, la mayor pérdida económica de Uruguay en los últimos 30 años, declaró el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comienza su cuarto año de gobierno este 1° de juniomanteniendo a su país en Estado de Excepción. A más de un año de ese decreto, la ONG Cristosal publicó un impactante informe en el cual exhibe las condiciones inhumanas que sufren los presos. "Las prisiones ya no son los cuarteles generales de las pandillas, ya no hay fiestas, drogas, grafitis, prostitutas, ni salen órdenes para matar”, decía un año atrás el presidente salvadoreño Nayib Bukele.Sin embargo, las cárceles que desbordan de presos que llegaron sin el debido proceso judicial se han convertido en "campos de concentración", de acuerdo con David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, cuyo informe revela una grave crisis de derechos humanos.“Definitivamente la población privada de libertad bajo el régimen de excepción está en condiciones que sí podemos asemejar a los campos de concentración. De hecho, las personas sufren un hacinamiento extremo. Celdas con capacidad para 15 personas o 20 albergan más de 100 o hasta 200 personas”, asegura Morales.“No se les da alimento suficiente, y el poco alimento y agua que se les da es contaminado. Sufren golpizas, hay denuncias de choques eléctricos, no se les provee medicamentos a las personas enfermas crónicas, ni se les da asistencia médica. Entonces tenemos casos de personas que tenían padecimientos, no se les dio la debida asistencia y murieron. No tenemos ningún indicio de que la Fiscalía General esté investigando estas muertes, a pesar de que algunas tienen estas características de violencia y podría tratarse de ejecuciones extra legales al interior de las cárceles”, denuncia el jefe de justicia transicional de Cristosal.En su informe, la ONG pone de relieve que numerosos detenidos no perteneces a las maras.“Una de los hallazgos más importantes que hemos constatado a lo largo de este año bajo régimen de excepción, es que miles de las personas que son detenidas arbitrariamente no son integrantes de pandillas. Esto es lo que está ocurriendo. Algunos testimonios de personas que han estado en estas prisiones y después de varios meses han obtenido libertad no refieren de que estuvieron detenidos en celdas donde entre el diez y el 30% de detenidos eran personas miembros de pandillas, pero la restante población de detenidos, el 50-70%, eran personas que no tenían que ver con pandillas”, sostiene David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal.

La epidemia de gripe aviar avanza en el continente americano, propagada por aves migratorias.Y su impacto en la fauna silvestre pone en alerta a los veterinarios. El virus ha diezmado al 3% de la poblacion de lobos marinos en Perú y ahora causa estragos en las costas chilenas. Cerca de 9 mil animales silvestres murieron en lo que va del año en las costas chilenas.  Tras ser detectado por primera vez en Norteamérica, el virus de la gripe aviar H5N1 se extendió por 17 países del continente con las aves migratorias. A tal punto que hoy representa un peligro para la salud de los animales tanto domésticos como silvestres, indicó la Organización Panamericana de la Salud. El brote ha llevado a la muerte a 52 millones de aves de corral en EEUU en 2022. Y en Suramérica afecta en particular la fauna silvestre poniendo en peligro la biodiversidad marina. Las autoridades médicas recomiendan mantener distancia con los animales varados en las playas. Y alejar las mascotas también de animales silvestres sospechosos de ser portadores de la influenza aviar. Entrevista de Raphaël Morán con Victor Neira, veterinario y virólogo de la Universidad de Chile:

A pesar de que la justicia argentina la encontró culpable de corrupción, la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue convocando las multitudes, como lo demostró el gran número de seguidores reunidos en Plaza de Mayo la víspera para escucharla. RFI preguntó por qué a María Esperanza Casullo, politóloga de la Universidad Nacional de Río Negro. En feriado por el "Día de la Patria", bajo lluvia en Buenos Aires y frente a la casa de gobierno, decenas de miles de partidarios cantaron "Cristina presidenta", pese a que la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner está sentenciada a seis años de cárcel y tiene inhabilitación por fraude al Estado. Cristina Kirchner evocó en el acto la llegada al poder hace 20 años de su difunto esposo, Néstor Kirchner. A pesar de la inflación galopante y la crisis económica que marca el final del gobierno del presidente Fernández, cercano al kirchnerismo, ella sigue aglutinando a un sector significativo del electorado. Sobre los doce años del Kirchnerismo, cuatro de su esposo y ocho de ella, las opiniones difieren. Están los que no votan al peronismo y rechazan a la dirigente argentina. "Sin embargo, también hay una base de los votantes del peronismo, aquéllos con los que Kirchner tiene una relación muy fuerte. Estos últimos consideran que ese período sí fue económicamente bueno", explica a RFI la politóloga María Esperanza Casullo. "En su discurso de la víspera, Kirchner mencionó un salario en dólares que estaba entre los más altos de América Latina. También dijo que fueron años en los que se progresó en una agenda de corte progresista, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. Se avanzaron asimismo en los juicios a los perpetradores del terrorismo de Estado de la década del 70, etc.". Esto explica, según Casullo, por qué las palabras de la vicepresidenta "resuenan en los sectores peronistas, los cuales están compuestos mayoritariamens por los trabajadores, los jóvenes, así como personas de escasos recursos y excluidos". Descarta ser candidata presidencial A sus 70 años y a pesar de una condena a seis años de cárcel por corrupción, Cristina Fernández quiere mantener su peso en las filas peronistas. En su discurso, defendió sus propios años de gobierno como jefa de Estado, pero reiteró que no será candidata a la presidencia de la República en las próximas elecciones. A finales de abril, Kirchner dijo que había sido "condenada, proscripta e inhabilitada”, si bien la vía a una eventual candidatura presidencial no está del todo cerrada. La politóloga María Esperanza Casullo subraya que "la vicepresidenta argentina tiene varias causas, aunque ella misma ha precisado que le quedan varias instancias de apelación. Como ya lo mencionó antes, Kirchner teme que la Corte Suprema de Justicia, si se presentará poco tiempo antes de las elecciones, pudiera declararla inhabilitada obligándola a interrumpir el proceso electora". El peronismo gobernante aún no decidió si presentará varios candidatos o uno de consenso en las Primarias Obligatorias del 13 de agosto, que definen las postulaciones para las presidenciales.

Los partidos opositores salvadoreños sostienen conversaciones con miras a presentar un candidato común en las elecciones presidenciales de 2024. La coalición podría agrupar a partidos políticos que dominaron la vida política salvadoreña desde los años 80 como Arena y el Frente Farabundo Martí. Un candidato único que rivalizará con el presidente, Nayib Bukele, que busca un segundo mandato consecutivo a pesar de los límites establecidos en la Constitución. Si se confirma la alianza de los partidos de oposición en El Salvador con representantes de la sociedad civil en la elección presidencial de febrero de 2024 supondría un hecho inédito desde hace medio siglo. Los ex rivales de izquierda y derecha el FMNL y Arena podrían unir sus fuerzas para formar un bloque contra el presidente Nayib Bukele que buscará un segundo mandato consecutivo a pesar de que la Constitución del país centroamericano se lo impide. Pero la presidencia cada vez más autoritaria del mandatario de 41 años, muy activo en Twitter y que instauró un estado de excepción para luchar contra las pandillas, amenaza la equidad de las elecciones, advierte Danilo Miranda, politólogo y profesor de la Universidad Centroamericana. “Ciertamente el presidente goza de popularidad, más allá de que pueda ganar las elecciones limpiamente, no van a ser limpias porque la situación institucional favorece excesivamente al oficialismo”, opina Miranda. Para el politólogo, supone un problema lo que él denuncia “una concentración de recursos”. “En las elecciones pasadas el oficialismo concentraba más recursos que todas las demás fuerzas políticas juntas, me refiero a recursos de campaña. Por otro lado, el hecho de que controle las fuerzas de seguridad, que sean leales no al Estado sino al grupo que lo controla, puede despertar suspicacias sobre el papel que estas fuerzas pueden jugar a la hora de las elecciones y es necesario tomar en cuenta que hay denuncias sobre agresiones a periodistas”, explica. Miranda denuncia el autoritarismo de Bukele que se expresa, según él, por el irrespeto a las instituciones. “No existe respecto a la Constitución, se ha invadido militarmente la Asamblea legislativa para intimidar a los legisladores en el periodo anterior y se ha impuesto una Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia afín al oficialismo. Y a parte de los tres poderes del Estado, controla también la Fiscalía”, dice el experto. El principal objetivo de esta alianza de las fuerzas opositoras de El Salvador es poner fin a lo que ellos denuncian como sistema autoritario de Bukele. Queda por ver quién encarnará esta candidatura única que debería confirmarse en los próximos días, según indica el diario 'El Faro'.

Los estados de Arizona, California y Nevada llegaron a un acuerdo histórico para reducir el consumo de agua del río Colorado, amenazado por las intensas sequías de las últimas dos décadas y la crisis climática. Si bien se trata de una solución "temporal", las negociaciones se dilataron durante casi un año.  Un parche temporal, pero inédito. Los estados de Arizona, Nevada y California llegaron a un acuerdo para reducir el consumo de agua del río Colorado, protegiendo así a las comunidades que dependen de él, cuando las grandes sequías de las dos últimas décadas y la crisis climática están golpeando con dureza las reservas hídricas de los embalses alimentados por el río.  Los tres estados de la “cuenca inferior” se comprometieron a reducir unos 3.700 de metros cúbicos el consumo del agua del río hasta 2026, la mitad del recorte se dará a finales de 2024. Según los expertos, el Colorado ha estado en un estado de sequía “casi continúa” durante los últimos 23 años. El famoso río recorre más de 2.300 kilómetros desde las montañas de Colorado hasta Baja California, México, abasteciendo de agua y energía hidroeléctrica a más de 40 millones de personas y una treintena de tribus nativas americanas. Las reglas de geastión del agua del río Colorado "ya son obsoletas"  señala Samuel Sandoval, experto en gestión del agua de la universidad de California en RFI.  "Los acuerdos son de 1900 a 1940, cuatro décadas de muchas más precipitaciones que ahora en esa zona".  "El colorado fue sobreconcesionado" señala este experto en la antena de RFI que nos explica que "si bien es cierto que la agricultura es lo que más gasta agua, los motivos son múltiples. Toda la parte sur de California, el norte de Baja California, Arizona... hay una sobredemanda. El acuerdo “provisional” llega después de casi 12 meses de un acalorado debate y negociaciones sobre un sobreexplotado río del que dependen miles de agricultores y comunidades y en medio de una paulatina crisis por el agua en el oeste de Estados Unidos. Un parche, "están comprando algo de tiempo" subraya Samuel Sandoval, experto en gestión del agua de la universidad de California. Por su parte, el presidente Biden celebró el acuerdo apuntando a que se están usando recursos récord para mejorar la sostenibilidad a largo plazo del río Colorado. “Es algo fundamental para construir un futuro resiliente para los estados, tribus y comunidades de todo el oeste”, declaró el mandatario tras la oficialización del acuerdo. La Administración Biden ya había dado un ultimátum a los siete estados por los que transcurren las aguas del río –Arizona, California, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming y Nuevo México– para la reducción de entre 2.500 y 5.000 millones de metros cúbicos el consumo del agua de esta fuente vital. De lo contrario, el Ejecutivo intervendría con multas. Varios expertos en recursos hídricos coinciden en que se deben renegociar a largo plazo las cuotas del agua del Colorado. 

El politólogo Renzo Rosal, catedrático de la Universidad Rafael Landívar, dijo a RFI que las elecciones generales del 25 de junio en Guatemala son 'las más inestables, las más debilitadas y las más cuestionadas' desde el inicio de la transición política en ese país a mediados de los 80.    Los guatemaltecos van a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes municipales y diputados al Parlamento Centroamericano en un ambiente de creciente tensión luego de que una sala judicial suspendió el viernes provisionalmente la candidatura del empresario Carlos Pineda. Este aspirante a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, que lidera las encuestas, fue denunciado por irregularidades en la designación de candidatos. Tres magistradas en una sesión extraordinaria dejaron "en suspenso" la participación de Pineda al aceptar una impugnación presentada por dirigentes del partido CAMBIO, agrupación política a la que había pertenecido el candidato. "Estamos en una dictadura. Sacándome a mí, que no soy aliado de la corrupción, su plan siniestro y macabro sigue", dijo Carlos Pineda tras conocer la decisión. Pineda ha sido el último candidato excluido del proceso electoral por un tribunal. Autoridades judiciale rechazaron asimismo las candidaturas de la activista indígena Thelma Cabrera (izquierda) y de Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), los cuales se proyectaban como fuertes aspirantes a la presidencia. Para el politólogo Renzo Rosal estas elecciones generales son "las más inestables, las más debilitadas, las más cuestionadas" desde el comienzo de la transición política en Guatemala, es decir, el paso del régimen militar a la democracia a mediados de los 80. Para este catedrático de la Universidad Rafael Landívar, hay numerosos elementos que demuestran que estos comicios no cumplen con los mínimos de un auténtico proceso democrático. El tema de la exclusión de esos candidatos es sin duda el principal. Pero Renzo Rosal detalla otros aspectos, entre otros, el hecho de que no haya una libre competencia de los diferentes partidos, posiciones e ideologías; la existencia de restricciones que no se basan en argumentos legales, sino de orden político, como dejar participar a candidatos que tienen transgresiones legales y excluir a los que no las tienen. Dos candidatas beneficiadas Para este politólogo parecería que hay una tendencia, especialmente de los grupos más tradicionales en términos económicos, incluido el ejército, de "darle bastante impulso a la candidatura de la conservadora Zury Ríos". Se trata de la hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), procesado por el genocidio de indígenas durante la guerra civil (1960-1996) que tiene escasamente un 9,2% en las encuestas. Otra política beneficiada, según él, es Sandra Torres, que ha sido candidata a la presidencia en varias ocasiones. De hecho, Torres fue la Primera Dama de la Nación hace algunos años, cuando era la esposa de Álvaro Colóm (presidente entre 2008 y 2014). Esas son las dos candidaturas que "se está buscando a toda costa, a como dé lugar, de que lleguen a la segunda vuelta, en particular la de Zury Rios", apunta este profesor en Guatemala City. La Unión Europea expresó el fin de semana su "preocupación" por la exclusión de candidatos para los comicios presidenciales del 25 de junio en Guatemala, y pidió a las autoridades que cualquier controversia se ventile pronto y con imparcialidad. "La Unión Europea toma nota con preocupación de las reiteradas decisiones sobre la exclusión de candidaturas electorales", consignó en un comunicado el equipo la UE destacado en Guatemala. El ente europeo abogó para que las autoridades guatemaltecas "garanticen que no se obstruyan las inscripciones de candidatos".

El Consejo Nacional Ecuatoriano tiene hasta el 24 de mayo para convocar las elecciones anticipadas en un plazo máximo de tres meses. Esto quiere decir que en agosto, los ecuatorianos volverán a  votar para elegir a un nuevo presidente y renovar la Asamblea. Y según el panorama actual, el correísmo tiene muchos posibilidades de volver al pode Ecuador se encamina a unas elecciones generales para completar el periodo de cuatro años que inicio Guillermo Lasso, después de que la Corte Constitucional desestimara los recursos contra la disolución del parlamento con la que Lasso esquivó el juicio político. Se abre pues un nuevo capítulo en la vida política ecuatoriana. Una especie de reinicio, un reset, sin Guillermo Lasso y con una nueva Asamblea, según explica Ismael Quintana, profesor de Derecho Constitucional en la antena de RFI: "Con todos los escándalos que tuvo la Asamblea Nacional acá, la gente no le veía bien,  entonces los ciudadanos bien informados, los que leen diarios,  o activos en redes sociales recibieron bien la decisión presidencial. Ahora la gente también espera que el tiempo pase rápido y se tome una decisión y se elija un nuevo presidente. El presidente Lasso no tiene gran popularidad, menos del 15% de aceptación y es por ello que ha anunciado no concurrir en este proceso" Quintana habla claramente de "reseteo" y establece diferencia entre lo que está sucediendo en el vecino Perú. Esto abre la puerta a la vuelta al correísmo, según el constitucionalista. "La única organización política que tiene estructura y preparación para responder a este proceso electoral es el correísmo" dice Quintana en nuestra antena que vaticina una nueva Asamblea con mayoría correísta que tendrá candidato seguramente en segunda vuelta presidencial.  Y sin congreso, como se gobernará mientras, pues  la Corte Constitucional seguirá teniendo un gran protagonismo porque será la encargada de sancionar los decretos ley en materia económica que emita el Ejecutivo. Lasso rechazó los cargos en su contra como motivados políticamente; los partidarios los llaman falsos. Es el primer presidente ecuatoriano en invocar la muerte cruzada, lo que efectivamente reduce a la mitad su mandato de cuatro años. Fue agregado a la constitución cuando Correa era presidente. Algunos vieron la medida como un esfuerzo de último minuto para evitar un juicio político, un cálculo de que los votos estaban en su contra en el juicio político

Grupos armados irregulares extorsionan a ganaderos venezolanos en los estados fronterizos con Colombia. Así lo denuncia la ONG Fundaredes en un informe que detalla que, en algunos lugares, operan hasta 18 grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional. También indican que muchos no denuncian por miedo a represalias y por la inacción del gobierno. “No solamente los criminales cobran un monto de dinero a estos productores, si el productor no quiere pagar, pues se roban los enseres, la maquinaria; el productor no se salva de alguna u otra manera de estos grupos criminales”, explica Adriángela Álvarez, investigadora de la ONG venezolana Fundaredes, que acaba de lanzar una alerta sobre cómo grupos armados irregulares mantienen la extorsión y la amenaza a ganaderos en los estados fronterizos con Colombia: Apure, Táchira y Zulia. Álvarez denuncia un saqueo permanente. “Van desde una elevada cantidad de dinero hasta pedir una cuota mensual de ganado. Así es más o menos cómo actúan las bandas criminales y los grupos armados irregulares en estas zonas de frontera. También es importante decir que el estado Zulia es donde se ve mayormente este tipo de actividad criminal, también en el estado Táchira, Apure y Barinas, pero repito con más énfasis en el estado Zulia”, señala. “Quiero hacer un paréntesis aquí porque el estado Zulia es la entidad con más índices de violencia registrada por Fundaredes desde hace cuatro años, donde existne aproximadamente 18 bandas criminales con alto poder de fuego dedicadas a la extorsión, específicamente la extorsión, homicidios y secuestros. Son secuestros realizados debido a que a veces los productores, los comerciantes, los empresarios se niegan a pagar la llamada “vacuna” o la extorsión que exigen estas personas. Álvarez denuncia que este fenómeno continúa en total impunidad a pesar, dicen, de que las autoridades militares y policiales están al corriente. “El año pasado Fundaredes llevó denuncias a instancias nacionales como Defensoría del Pueblo, como Ministerio Público, sobre todo lo que sucede, no solamente temas de extorsión, sino homicidios, secuestros, desapariciones en la frontera venezolana, sin tener respuesta alguna de estos organismos”, afirma. “Es Lamentable lo que sucede hoy en nuestro territorio. Es lamentable la omisión por parte de las autoridades del estado venezolano a todas estas denuncias que no sólo ha hecho Fundaredes, sino también víctimas de estos grupos armados irregulares. Las personas tienen miedo denunciar también para que no las asesinen, para que no le hagan nada a su familia, para que no la secuestren. Entonces es lamentable lo que vivimos hoy día, porque muchas de estas personas nos dicen para qué denunciamos, tenemos miedo, el gobierno no va a hacer nada, las autoridades no van a hacer nada para protegerlo”, denuncia.

En menos de una semana, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso convocará oficialmente a elecciones legislativas y presidenciales,  tras disolver la Asamblea Nacional en pleno juicio acusado de corrupción. Se abre anticipadamente una batalla de fuerzas políticas, dejando a los ecuatorianos dos alternativas que gobiernen el país. El análisis sobre los escenarios posibles con el politólogo Marco Romero Cevallos. Horas previas a la segunda jornada del juicio que buscaba destituirlo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acabó con una Asamblea Nacional cuya mayoría que lo señalaba por malversación de fondos. Al aplicar la ‘muerte cruzada’, Lasso eliminó al poder legislativo y convocó a elecciones generales, condenando así a su gobierno a concluir en los próximos seis meses. Marco Romero Cevallos, politólogo de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos explica cuáles son las principales fuerzas políticas que tomarán las riendas del país. “La primera fuerza en el país es el correísmo. Tiene una fuerza dura, un poder duro que puede llegar a 20, 25% del electorado en el mejor de los casos, y le da suficiente peso como para pasar a una segunda vuelta. Es verdad que el correísmo salió en las últimas elecciones locales fortalecido, pero también es cierto que eso no es suficiente para asegurar el ganar una presidencia. Pero el nivel de voto duro, de rechazo al correísmo también ha crecido y es muy grande. Y entonces, en ese sentido, cualquier tipo de alianzas puede surgir en ese escenario”. En este marco, ¿cuáles serían esas alianzas? “El nivel de inseguridad que se vive en el Ecuador desde hace por lo menos dos, tres años, ha llevado a colocar el tema de la seguridad como la principal preocupación después del desempleo para la población. Alguna fuerza de ultraderecha que canalice el descontento y con la inseguridad puede ganar un peso importante’, estima Cevallos. En cuanto a qué se puede esperar de los últimos días del gobierno de Guillermo Lasso, el politólogo Marco Romero Cevallos, destaca los siguientes puntos: “Previsiblemente, los ámbitos en los cuales va a concentrar su atención el Gobierno, a mi modo de ver, son tres. Uno, es la cuestión de las leyes laborales. Segundo, el tema de las normas para la seguridad social. Y, en tercer lugar, la privatización de entidades financieras públicas y en particular el Banco del Pacífico”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone hasta el próximo miércoles para convocar elecciones presidenciales y legislativas para completar el periodo de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021. Los comicios se celebrarán en un plazo de 90 días, y Lasso, de 67 años, puede presentarse como candidato.

Autoridades brasileñas, líderes indígenas y movimientos ecologistas participaron en una reunión preparatoria de la Cumbre de países amazónicos que Brasil acogerá en agosto. Los planes de Lula para la OTCA son clave para sus objetivos diplomáticos en su tercer mandato Autoridades brasileñas, líderes indígenas y movimientos ecologistas participaron en una reunión preparatoria de la Cumbre de países amazónicos que Brasil acogerá en agosto próximo, con el propósito de "salvar" al mayor pulmón vegetal del planeta. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, encabezó la reunión junto a otros miembros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que la Cumbre de los días 8 y 9 de agosto, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém, deberá "rescatar" los principios contenidos en el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978. Hernán Trujillo, profesor en la Universidad católica de Colombia y experto en la Amazonía, ha señalado en la antena de RFI que la base es la coordinación entre los países que conforman la Amazonía. "En Colombia el detonante de la deforestación es la ganadería y el acaparamiento de tierras pero en Brasil, lo que explica esta deforestación es sobre todo la ampliación de la frontera agrícola sobre todo asociada a monocultivo de soja y de maíz. Y en Perú es sobre todo la madera ilegal y los cultivos ilícitos. Así que al no haber una uniformidad en las causas que explican la deforestación,  tampoco la hay en las políticas que están procurando detener la deforestación" "No hay un frente común"  resume Trujillo en RFI, como punto de partida para intentar llegar a soluciones regionales para la Amazonía. Sobre la cuestión de si la Amazonía podría llegar a ser patrimonio de la Humanidad, el profesor Trujillo señala que "esto supondría ceder soberanía y ese debate está perdido en Naciones Unidas (...)  aunque esto no está políticamente resuelto".  La cumbre de agosto brindará a los ocho países que integran la OTCA la oportunidad de debatir cómo atraer inversiones, combatir la deforestación, proteger a los pueblos indígenas y fomentar el desarrollo sostenible frente al cambio climático. Los planes de Lula para la OTCA son clave para sus objetivos diplomáticos en su tercer mandato, tras los importantes avances en la lucha frente la deforestación durante su presidencia de 2003 a 2010. También se espera que el presidente francés, Emmanuel Macron, asista a la cumbre regional, en representación de la Guayana Francesa, junto con el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry.

En Laredo, la mayor ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, su alcalde Víctor Treviño dijo a RFI que se ha reducido el número de migrantes que llegan a esa localidad, principalmente por la expiración de la norma conocida como 'Título 42'.  La cantidad de migrantes interceptados en la frontera entre México y Estados Unidos se redujo a la mitad tras el fin de una norma adoptada durante la pandemia de covid-19, informaron las autoridades estadounidenses. La norma en cuestión se denomina "Título 42", una regla sanitaria implementada durante la pandemia que se utilizaba para expulsar inmediatamente a los migrantes. El fin de esta regla preveía una avalancha migratoria. Lo sorprendente es que, al contrario, se ha reducido el flujo de migrantes en los albergues de acogida durante los primeros días. "Hemos visto una cantidad menor (de migrantes). Ayer nos mandaron alrededor de 700", explica el alcalde de Laredo, Víctor Treviño. Según él, la principal razón radica en que el reglamento ha cambiado. Ahora todos los que buscan asilo deben pedirlo primero en otros países, antes de venir a pedirlo en Estados Unidos. "Éste es el primer factor", subraya. Pero hay otros elementos, entre otros, que México está auxiliando a los migrantes y ha puesto a su disposición albergues. "Las autoridades mexicanas también han mostrado cierta habilidad en tenerlos ahí", subraya Treviño. Otro punto para tener en cuenta es que el nuevo reglamento estipula que, si una persona ha sido regresada o deportada más de una vez, corre el riesgo de ser castigada durante cinco años, es decir, que en ese lapso no puede entrar a Estados Unidos. Además, los centros de detención instalados en las otras fronteras exigen ahora que tengan cita para su audiencia en la Corte, pero antes de ser mandados a los centros de asilo o antes de ser liberados en la calle. "Creo que todos estos factores combinados han influido para que no estemos viendo el auge tremendo que estábamos esperando", comenta Treviño. Aunque el número de migrantes ha sido menor de lo que se esperaba en los primeros días, las autoridades en Laredo todavía siguen en "alerta máxima". En particular por un posible hacinamiento en los centros de procesamiento y detención de migrantes. A esto hay que añadir la poca capacidad de los hospitales, los cuales no disponen de una unidad de cuidados intensivos pediátricos. "Uno de los puntos más importantes es que, desde el punto de vista médico, aquí en Laredo estamos desatendidos. No solo no tenemos unidad de cuidados intensivos pediátricos, sino que,  además, hay pocos cupos en los hospitales", precisa Treviño. Si llegan familias con niños, después de haber realizado largas travesías, el alcalde teme que la ciudad no pueda ofrecerles la atención médica suficiente. Las autoridades locales han pedido fondos federales para los asilos no gubernamentales, pero éstos no han llegado y por el momento la ciudad tiene que ofrecer las ayudas. Tras la expiración de la norma "Título 42", el presidente Biden se ha comprometido a duplicar la cifra de refugiados que admite procedentes del continente americano, manteniendo el programa ampliado de permisos humanitarios gracias al cual está aceptando la entrada de hasta 30.000 personas al mes que obtienen un permiso de estadía y durante dos años. El reto del gobierno de Biden es gestionar el elevado número de inmigrantes de forma segura y ordenada hacia Estados Unidos.

El Canal de Panamá es un componente clave de la infraestructura comercial global, pero su funcionamiento se encuentra amenazado por el cambio climático. Alhajuela y Gatún, los dos lagos artificiales que abastecen de agua al Canal de Panamá, han visto sus niveles seriamente mermados por causa de la sequía. Si bien el país centroamericano es uno de los más lluviosos del mundo, los fenómenos extremos cómo el calentamiento global, pueden generar escasez de lluvias, lo que ha obligado al canal de Panamá a reducir el calado de los buques que atraviesan la vía interoceánica,  La situación ha obligado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a limitar por quinta vez el calado de los buques más grandes que transitan por la vía que concentra el 6% del comercio marítimo mundial, principalmente de Estados Unidos, China y Japón. El agua de lluvia es la fuente de energía encargada de mover los barcos por las esclusas, que funcionan como ascensores elevando los buques hasta 26 metros sobre el nivel del mar para que puedan atravesar la cordillera continental. Alhajuela, junto al de Gatún, son los dos lagos artificiales que abastecen de agua al Canal de Panamá, pero ambos han visto sus niveles seriamente mermados por la sequía. El paso de cada barco precisa de unos 200 millones de litros de agua dulce que son vertidos al mar, por lo que Alhajuela y Gatún son vitales Según la ACP, del 21 de marzo al 21 de abril los niveles de agua en Alhajuela descendieron de 69 a 62 metros, mientras que en Gatún bajaron de 25,6 metros a 25, Isaías Ramos, biólogo del centro de incidencia ambiental de Panamá explica a RFI: "El canal afronta el problema de que los volúmenes de agua que se están teniendo, fueron planificados para una situación que no contemplaba los cambios estacionales que se están sufriendo, ni mucho menos el fenómeno del niño y el cambio climático."           .       

Históricamente, El Paso ha sido una ciudad que recibe olas de inmigrantes que venidos del sur van rumbo al norte de Estados Unidos. En 1893 se fundó la Iglesia del Sagrado Corazón para acoger a inmigrantes mexicanos. 130 años después, la ciudad es escenario del drama de miles de personas que llegan huyendo de la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre, la miseria y otros tipos de violencia generalizada. Pero la cada vez más intolerante política migratoria de Estados Unidos les impide el paso. En Texas, a solo cinco cuadras de la frontera con México, el padre Rafael García dirige el albergue Casa del Sagrado Corazón, con capacidad para 150 personas. A este barrio hispano de El Paso, el más pobre de Estados Unidos, llegan miles de inmigrantes cada mes. “Un punto de escala” “Desde diciembre, más del 90% ha sido de Venezuela. Han venido a través de todo lo que es el Tapón del Darién en el sur de Panamá, por todo Centroamérica y por todo México, que para ellos es la parte más difícil por las extorsiones, la corrupción, la violencia, hasta secuestros. Entonces han pasado mucho cuando llegan aquí. Hay mujeres solas, hombres solos, matrimonios, parejas con niños. A veces hay otros familiares también, aparte de papá, mamá y niños”, explica el padre Rafael García. “Ahora hicimos estudios, la mayoría han sido ya procesados por inmigración. El grupo venezolano es el que menos apoyo tiene de familiares aquí en Estados Unidos. Porque muchos de los otros sí tienen a un conocido procesado, ponen su nombre, el patrocinador, y a qué ciudad van, así que la mayoría no se quedan. No es para quedarse aquí, quieren seguir a otros lugares y van a veces a Nueva York, Chicago, Miami. Esto es no más que como un punto de escala”, detalla. “Muchos quieren trabajar” Mientras tanto, muchos migrantes intentan conseguir trabajo, alguna actividad para sobrevivir: “Han ido a trabajar en el campo, la agricultura. Otros han conseguido trabajos para ayudante de construcción… Todo tipo de trabajo. Algunas de las personas que han venido aquí con nosotros son profesionales. O sea, yo ya he hablado con ingenieros, personas que han trabajado en el campo de la medicina, enfermeras, maestros... Entonces son personas que están preparadas. Además tienen profesión. Muchos de ellos quieren trabajar. Vienen porque la situación en Venezuela es pésima y por lo que nos reportan el salario oficial es de 5 a 10 dólares al mes”, recalca el padre Rafael García. “Una de las cosas nuevas es que bajo el Título 8, cuando termina el Título 42, un cierto número de venezolanos pueden ser deportados a México. Hay un acuerdo entre México y Estados Unidos que México va a recibir personas de varios países, no solo de Venezuela”, concluye.

El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó este 10 de mayo una ley con duras medidas contra la inmigración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente. La firma del gobernador Ron DeSantis para aprobar definitivamente la ley contra la inmigración irregular no es una sorpresa, ya que fue él mismo quien la impulsó: “Nadie tiene derecho de migrar a este país. Ningún extranjero. Nosotros determinamos como americanos qué tipo de migración beneficia a este país. Y cuando permitimos la migración no es para el beneficio de los extranjeros, sino para beneficio de los estadounidenses”, afirmó DeSantis. “Es un líder anti inmigrantes” El texto entrará en vigor el 1 de julio y contempla, entre otras cosas, obligar a los hospitales a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, convertir en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida, y exigir a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar. “También es un gasto enorme, creo que son 12 millones de dólares, para trasladar a inmigrantes a otros estados. O sea, básicamente es deportación forzosa. Esto empezó como una broma el año pasado, cuando deportó a un grupo de personas a Martha’s Vineyard. Una broma horrible. Y se ha convertido en una política oficial de la Florida. En ese sentido, es un líder anti inmigrantes”, explica a RFI José Gabilondo, profesor experto en leyes de la Universidad de Florida. Norte y sur DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema "La crisis fronteriza de Biden", el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal, responsable según él de la delincuencia. “Antes de DeSantis, siempre han habido dos Floridas. Al sur tienes una parte más internacional, con elementos progresistas, muy latina, de países variados. Y al norte lo que tienes es un estado que pudiera formar parte de Georgia, o el sur más convencional, blanco. Y siempre la legislatura de la Florida suele favorecer la parte norte”, comenta Gabilondo. DeSantis, de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto. Objetivo 2024 “Loque pasa ahora es que esa dinámica se vuelve un campo de batalla política en cuanto a las elecciones del 2024. Aparte de las cosas terribles que hacen estas leyes, tienen mucho valor simbólico porque implícitamente él está favoreciendo una visión de pureza de la raza, un nacionalismo muy primitivo”, subraya Gabilondo. “Él verdaderamente es un hombre muy disciplinado. O sea, Trump era, decíamos, un payaso, le faltaba disciplina, pero DeSantis no. Hasta ahora se disputan [para saber] quién va a ser el candidato del Partido Republicano, pero él es de los más probables”, concluye el especialista. Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.

El jueves expire el llamado Título 42, una regla activada durante la pandemia que permite expulsar automáticamente a casi todos los que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar. El gobernador de Texas anuncia una militarización de la frontera para evitar la avalancha de inmigrantes que según él va a intentar entrar. Maria de Torres, coordinadora en El Paso-Texas del Servicio Jesuita de Refugiados habla con RFI  El presidente estadounidense, Joe Biden, prevé una situación "caótica por un tiempo" en la frontera con México cuando el jueves se levante la norma que permite expulsar de inmediato a la mayoría de los migrantes. "Está por verse. Será caótico por un tiempo", respondió este martes a periodistas que le preguntaron si su gobierno está preparado para un aumento significativo de migrantes cuando el jueves expire el llamado Título 42, una regla activada durante la pandemia que permite expulsar automáticamente a casi todos los que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar. Horas antes habló con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre las consecuencias del levantamiento de esa norma. Ambos presidentes tienen que coordinarse porque una vez que se levante la norma sanitaria se usará exclusivamente el Título 8, que permite solicitar asilo siempre que la persona pueda convencer de que será perseguida o torturada si regresa a su país, pero también autoriza la deportación acelerada de los demás. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó el envío de cientos de soldados tejanos a la frontera "para ayudar a interceptar y repeler" a migrantes. Maria de Torres, coordinadora en El Paso-Texas del Servicio Jesuita de Refugiados  fue este martes con un equipo a Ciudad Juárez para ver la situación de los inmigrantes  y apuntó en la antena de RFI: "Fuimos para allá con la intención de observar. Anteriormente hemos visto grandes grupos en distintos lugares  pero hoy no lo vemos así. Sin embargo sí pudimos ver gente que está acampando a la entrada del puerto de entrada para los EE.UU. que nos dijeron que estaban ahí porque se lo habían permitido pero que los iban a desalojar el jueves. El número de personas nos sabemos pero eran tal vez unas cincuenta tiendas de campaña, las fabrican como pueden".  Dentro de lo que su equipo pudo obervar, Maria de Torres subraya en la antena de RFI: "La desesperación creciente de las personas porque el temor es que llega el 11 de mayo y se va a cerrar la entrada para ellos de una vez y si no entran antes, ya no van  a poder entrar" dice Torres.  En un intento por prevenir llegadas masivas a la frontera, Biden creó nuevas reglas que animan a los migrantes a pedir cita para sus solicitudes de asilo desde una aplicación móvil. Pero los que se encuentran en Ciudad Juárez se quejan de que la aplicación CBP One no funciona bien.   Título 42 El Título 42, activado bajo el expresidente republicano Donald Trump con el supuesto objetivo de prevenir la entrada al país de gente con covid-19, sirvió en la práctica para expulsar a migrantes sin tener que aceptar sus solicitudes de asilo. Con su expiración los migrantes podrán nuevamente presentar solicitudes de asilo tramitadas por vía judicial, un proceso que puede demorar años. Biden está bajo fuerte presión del Partido Republicano, que reclama una frontera bajo control. Algunos miembros de este partido pronostican la llegada de un millón de personas a la frontera en los próximos tres meses. Y a 18 meses de la elección presidencial, Biden espera que nuevas reglas ayuden a frenar el flujo en la frontera, adonde envió 1.500 soldados adicionales para tareas administrativas.

La Asamblea Nacional de Ecuador, en virtud de una mayoría opositora, aprobó el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El jefe de Estado tendrá que defenderse en el pleno del Legislativo de una acusación de presunto peculado. RFI analiza la noticia con Pablo Medina, profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, la Asamblea Nacional procedió a dar luz verde al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso. Lasso se declara "blanco de un complot político" para intentar destituirlo. El juicio a Lasso, que empezó hace poco más de un mes, contó con el aval de la Corte Constitucional. El mandatario tiene un mínimo apoyo legislativo que lo pone en desventaja para negociar su permanencia en el poder. Pablo Medina, profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito, precisa en RFI  que al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no se le está acusando de peculado sino que se está poniendo en tela de juicio del legislativo su responsabilidad política al no haber tomado las medidas necesarias para evitar un posible peculado.   RFI: Según los acusadores del presidente, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que la compañía pública Flopec tenía una relación contractual en el transporte de crudo; por lo tanto, el presidente conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”. Pablo Medina:  De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el juicio político, la responsabilidad política, se puede determinar incluso si no hay una responsabilidad penal asociada”, explica el politólogo. Tal es el caso hoy en Ecuador pues, “aunque no existe una sentencia penal sobre el delito de peculado, ni siquiera existe en este momento una investigación de fiscalía al respecto, el legislativo si puede hacer un político al presidente por no tomar acciones necesarias para evitar un posible delito contra la administración pública”. Desde este punto de vista, el juicio político en Ecuador está mucho más cercano a lo que en países de regímenes parlamentarios, podría ser visto como un voto de confianza. “Lo que dice la oposición es que existe un caso específico en donde podría existir peculado y dentro de esa posibilidad, el Presidente no habría tomado las decisiones necesarias para evitarlo, en caso de que exista. Es decir, los legisladores no confían en que el presidente haga bien su trabajo para evitar el peculado   RFI:  Si bien no es un juicio penal, ¿qué efectos tendría que el presidente Lasso pierda la confianza de la mayoría de legisladores? La destitución y la censura del presidente de la República que conlleva, además, a una prohibición de ejercer cargos públicos durante un tiempo determinado.  Ese es el castigo que se deriva de determinar una responsabilidad política. Para ello se necesita una votación calificada. El Ecuador tiene un parlamento unicameral de 137 asambleístas. Se necesita una votación de 2/3 de la Cámara, es decir, 92 votos para poder censurar y destituir al presidente, si es que la Cámara decide que, en efecto, no confía en el presidente por su manejo de este caso específico.   RFI:  ¿ Ese es el escenario más posible? Hay tres escenarios que complejizan un poco la situación y que se derivan de la   Constitución que redactamos en el 2008. Nosotros generamos una serie de herramientas que permiten también al gobierno, al presidente, defenderse, entre comillas, de la Asamblea Nacional. El Ecuador tiene una larga historia de bloqueos y de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en la Constitución del 2008 nosotros generamos algunas herramientas, por ejemplo, una que nosotros denominamos la muerte cruzada. No es su nombre oficial, pero es como se la conoce, en donde el presidente puede cerrar la Cámara y adelantar elecciones. La cámara lo puede destituir a él automáticamente, pero todos se van a elecciones. Lo traigo a colación porque el año pasado la Cámara ya intentó destituir al presidente y no alcanzó los 92 votos. Y claro, el problema de esto es que eso no le da incentivos a los asambleístas para destituir al presidente, porque si lo destituyen, ellos también dejan su cargo. Con el juicio político no ocurre eso. Ellos destituyen al presidente, pero ellos permanecen en su cargo.  Esto nos permite al menos dilucidar tres. Uno en donde la Cámara tiene los votos para destituir al presidente. Y simplemente es destituido.  El segundo escenario es que antes de esa votación, el presidente cierra la cámara y nos vamos a elecciones en más o menos seis meses y entre tanto sigue gobernando.  Sin cámara no puede hacer cambios legales salvo de urgencia económica, pero finalmente no tiene el bloqueo de la cámara. Y hay un tercer escenario en donde, en efecto, no hay los votos para su destitución.   RFI: ¿Qué es lo más conveniente para Lasso? El escenario que más convendría al Presidente de la República es justamente que no salgan los votos. Es decir, que una vez llegado a este proceso se mantenga sin necesidad de destituir a la cámara. Y la cámara por sí sola tampoco logra destituirlo.  Su segundo mejor escenario, es que no se vaya ahora, sino en seis meses cuando se celebre elecciones anticipadas. Es decir, el presidente abandona el cargo, pero en sus propios términos, no destituido. Y el peor escenario para él sería justamente que la cámara lo destituya. Entonces, estos son los tres escenarios a los que se enfrenta el Presidente de la República en este momento. Evidentemente, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional es un reflejo de la crisis   social que existe en el Ecuador. La crisis política es un reflejo de eso. Y por supuesto, más allá de que existan o no existan los votos, en este momento, lo cierto es que hemos visto en menos de un año, al presidente sometido a dos procesos que han intentado adelantar su salida del cargo. Y eso da cuenta de que hay un serio malestar social que, si es que no se resuelve a ese nivel, a nivel social, económico, que es de donde surge el malestar, probablemente a nivel político tampoco se va a solucionar y nos enfrentemos a nuevos bloqueos dentro de la política en el marco de este choque entre el Ejecutivo y el legislativo.  

Desde el 2015, la crisis migratoria venezolana ha impactado todos los países del continente, Colombia en primer lugar con unos 2,5 millones de migrantes acogidos. Según las ONU, siete millones de venezolanos dejaron su país. Hasta hace unos años, Bolivia no era considerada como un país de destino, sino sólo un país de tránsito. Los migrantes venezolanos preferían como destino a Perú, Chile o Argentina por la oferta laboral. Pero ahora son más los que deciden instalarse en el país andino con su familia. En la ciudad de El Alto, la casa Luz Verde se llena de risas y de voces. Unos 20 adultos y siete niños, todos venezolanos, se reunieron para pasar el día juntos. “Aquí es como un segundo hogar. Te tratan muy bonito. Te abren las puertas”, comenta uno de ellos. Aquí se puede cocinar, lavar ropa, ducharse y se organizan talleres de información. La fundación Munasim Kullakita abrió este espacio para las personas en situación de calle y para los migrantes, como albergue de día. Los martes están reservados para los “antiguos”, los que ya conocen la fundación, y que están en el país desde un tiempo ya. Como Josué, que vive en Bolivia con su familia desde hace seis años: “Tenía un compadre aquí. Nos dijo de venir. Era de paso. Me gustó aquí y nos quedamos”, explica. “Salir corriendo hacia el cerro” Muchos venezolanos eligen solo pasar por Bolivia, camino a Chile por ejemplo. Allá se puede trabajar en las cosechas, de manzanas, de cítricos o de uva. Pero desde el año pasado las leyes migratorias del vecino chileno se pusieron más duras. “Por lo menos donde yo trabajaba, todos los que éramos venezolanos teníamos que salir corriendo hacia el cerro mientras llegaba Migración. Como teníamos este trauma decidimos mejor venirnos”, cuenta Yosmary. Desde febrero de este año, la frontera entre Chile y Bolivia está militarizada para controlar, y no dejar pasar, a los migrantes sin papeles. Del lado del Perú, la situación conflictiva que vive el país desde hace unos meses influyó sobre los movimientos migratorios. “Bastante varados que nos comentan que estaban en Perú y ganaban más, pero por la crisis se tuvieron que venir. Ya no quieren moverse más cuando ya vuelven en Bolivia”, afirma Grajam, de la fundación Munasim. Las últimas cifras oficiales indican que alrededor de 20.000 venezolanos viven hoy en día en Bolivia, una cifra en aumento pero que sigue siendo bastante baja, comparada con otros países de América Latina.

En Perú, brigadas de la Policía recuperaron los cuerpos de los 27 trabajadores que murieron asfixiados el fin de semana durante el incendio de una mina legal de oro en el sur del país. El fin de semana fue convulso en la localidad peruana de Yanaquihua. Los familiares de los 27 mineros fallecidos tuvieron que esperar largas horas de tensión y nervios a que finalizasen las labores de rescate para recuperar los cuerpos que ya se encuentran en el tanatorio de Arequipa. Cortocircuito “Ha sido un poco difícil el rescate, pero ya se han rescatado los cadáveres y están rumbo a la ciudad de Arequipa. Las víctimas son de diferentes regiones, como de Puno, Cusco, Arequipa. El tema del trabajo hace que atrae esta fuerza laboral. Y bueno, pues se encuentra con la desgracia”, explica a RFI el alcalde de esta localidad, James Casquino. Según las primeras investigaciones, la emergencia se produjo debido a un cortocircuito en el socavón de la mina. El testimonio de los dos mineros que lograron ser rescatados con vida ha sido clave para esclarecer los hechos, aunque aún se espera el informe oficial de los peritos.  “Lo que han podido declarar de manera extraoficial todavía, porque estamos esperando los resultados de las autoridades que competen, es que una tensa humareda en la parte de los socavones ha sucedido y por lo tanto, por asfixia y quemaduras han podido fallecer estas personas”, detalla Casquino. Desde la empresa, “no dan ningún tipo de información por la espera del resultado de todas las investigaciones que se vayan a dar, y no sueltan información de manera oficial diciendo qué cosas habrían sucedido. Lo que podemos indagar y la probabilidad es que haya sucedido un cortocircuito”, recalca. “Empezaron a descuidar el tema de la seguridad” La comarca de Yanaquihua era eminentemente agraria pero la crisis forzó a muchos ciudadanos a buscar mejor remuneración en la minería donde, debido a la sobreexplotación, según Casquino, se descuidaron los sistemas en la seguridad de este gremio. “Por ejemplo, no había mayor control para el tema de extracción tanto como para la empresa privada formal, como también para la empresa minera artesanal y por lo tanto empezaron a descuidar el tema de la seguridad minera, a sabiendas de que tenían algunos antecedentes”, denuncia el alcalde. Perú es el principal productor de oro de Suramérica. El reciente accidente minero en Arequipa es el más grave ocurrido en el país desde el 2000, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas. En la región existen cerca de 15.000 pequeños mineros artesanales en vías de formalización. Hasta el momento, sólo entre 1.500 y 2.000 de estos mineros se legalizaron.

En medio de las críticas por el aumento sostenido de crímenes violentos en la última década en Costa Rica, crímenes que en 2022 han dejado más de 650 homicidios, el presidente Rodrigo Chávez puso en marcha un operativo especial contra el crimen organizado y ha dicho que hará todo lo posible para evitar une estado de excepción al estilo del presidente de El Salvador Nayib Bukele.   Sobre este tema hemos entrevistado a Paul Ulloa, director de noticias y columnista de Radio Monumental de Costa Rica.  Paul Ulloa: El  estado de excepción, constitucionalmente no es en Costa Rica muy fácil de instaurar. Requiere las dos terceras partes del Congreso y la fracción oficialista apenas tiene diez diputados de los cincuenta y siete necesarios y tiene que hacer todo por consenso, y el consenso, y el consenso es no llegar a ese estado de excepción. Se están haciendo todos los trabajos para no llegar al estado de excepción, pero aun así las fracciones legislativas le han marcado la cancha y le han dicho  que ni se le ocurra enviar eso, porque no va a contar con el apoyo de los diputados para crear un estado de excepción. RFI: ¿En qué consiste el operativo especial contra el crimen organizado anunciado por el presidente Rodrigo Chávez quien está cumpliendo ya un año en el poder? Paul Ulloa: Los recursos que tiene Costa Rica son muy limitados, lo que se ha pensado es aumentar el número de oficiales de la fuerza pública. Actualmente  la fuerza pública de Costa Rica cuenta con 8.000 efectivos. Si dividimos esa cifra por la cantidad de territorio  y la cantidad de turnos que hay que hacer es insuficiente. Va aumentar la cantidad de oficiales de la fuerza pública. Para eso ha pedido a la asamblea legislativa un presupuesto extraordinario, que será aprobado prontamente para iniciar la contratación de más  oficiales de policía. Hay otro frente muy importante que es la situación la financiación de scanner en todos los puestos fronterizos. Esa fu una de las promesas de campaña del presidente Chávez que todavía, un año después, no se ha concretado. Costa Rica es una  bodega de una gran cantidad de drogas que va hacia los Estados Unidos. Es un punto de encuentro entre lo que sale de Colombia y lo que va hacia México o Guatemala y más hacia al norte. Es un punto neurálgico en ese sentido y es ahí donde también hay que reforzar un poco, no los  puertos, también las costas y el espacio aéreo.    RFI: ¿Es probable que Rodrigo Chávez pida  en algún momento que Costa Rica se vuelva a dotar de un ejército? Paul Ulloa: No se ve viable. Nosotros no vemos con buenos ojos la instauración de un ejército. Hemos sido testigos de que los demás países hermanos han vivido tremendos episodios históricos de golpes de estado por tener un ejército y a nosotros los costarricenses nos enorgullece no tener una institución militar. Es muy poco probable, y eso conlleva además un apoyo político que jamás tendría el poder ejecutivo. 

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas acusó a México de no actuar con diligencia ante los casos de desapariciones forzadas. Afirmó que el Estado mexicano incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación sobre la desaparición de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe en 2013. Se trata de un dictamen inédito emitido por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, a raíz de un caso en el que afirma que México no cumplió su obligación de investigar la desaparición de un menor de edad por hombres vestidos de policías. La entidad determinó que, de acuerdo con las evidencias, se demostró que la desaparición del joven Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, en 2013, ocurrió en momentos en que se realizaban operativos de seguridad en el estado de Veracruz. El Comité insta al Estado mexicano a acabar con la impunidad en los casos de desapariciones forzadas. “No ha habido una investigación adecuada” “El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el máximo órgano de vigilancia de este terrible fenómeno que es la desaparición forzada. México ha firmado esa convención y se ha comprometido a garantizar que nadie sea desaparecido, y en caso de hacerlo, el Estado está obligado a investigar estos hechos. En este sentido, nosotros hemos insistido en que México tiene un grave problema de desapariciones. Hablamos de más de 125.000 personas aproximadamente desaparecidas”, explica Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coordinador de I(dh)eas, organismo mexicano especializado en litigios de casos de violaciones graves a derechos humanos. “Y lo que hemos destacado con este caso es que no hubo una investigación adecuada, diligente, que permitiera que la mamá de Yonathan estuviese al tanto de lo que pasó con su hijo, que fue subido a una patrulla policial y que desde ese momento no se sabe nada. No ha habido una investigación, dice el comité, diligente y efectiva, como sucede en el 99% de los casos en este país, donde las desapariciones y las violaciones graves a derechos humanos no son investigadas en general”, recalca. “Aceptar la decisión” ¿Qué impacto puede tener este dictamen de Naciones Unidas para el Estado mexicano? “Lo primero que tiene que hacer es aceptar la decisión y creo que eso sería un mensaje positivo. Entonces, para honrar ese mensaje como una democracia consolidada, México tiene que aceptar que se va a comprometer a cumplir con esa determinación. Pero al mismo tiempo la decisión ordena obviamente que se busque a Yonathan, y todas las autoridades de la Fiscalía General y la Fiscalía de Veracruz deberían buscar a Yonathan”, concluye Gutiérrez Contreras. Años después de la desaparición del joven Yonathan Isaac, su madre lo sigue buscando y denuncia hostigamientos e indiferencia de las autoridades. Vio a su hijo por última vez en diciembre del 2013.

En Estados Unidos, el estado de Florida aprobó un duro paquete de medidas migratorias, considerado el más duro de este país contra los indocumentados, que sólo espera la firma del gobernador. Este nuevo proyecto de ley sólo espera la firma del gobernador Ron DeSantis para ponerse en marcha. La ley comprende sanciones como el castigo con multas y cárcel a quienes transporten inmigrantes indocumentados, ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al estado, y prohíbe las licencias de conducción de cualquier estado a extranjeros sin papeles. “Es demasiado preocupante” Con 83 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Representantes de Florida aprobó esta semana este proyecto que Rosa Elera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), califica de preocupante y antiinmigrante: “Este proyecto de ley ha sido visto como antiinmigrante porque está yendo tras las familias que tienen variedad de estatus. Hay personas que están casados con una persona que puede no estar regulada, o hijos que viven con sus padres, que también tienen un estatus diferente, personas que están bajo DACA, que son estudiantes que vinieron a edades de dos o tres o cuatro años como menores, familiares que quieran salir de vacaciones o traer a sus familiares dentro del estado, esas personas pueden ser encontradas como cometiendo una felonía por tener una persona que está con un estatus no regulado. Y eso puede ser hasta 15 años de cárcel. Es demasiado preocupante”, explica. Y es que estos son solo algunos de los cambios que tendría la comunidad migrante con esta ley, de ser firmada por el gobernador Ron De Santis, quien ha hecho de la migración ilegal uno de los discursos principales de su mandato. “Creemos que las fronteras importan y hemos luchado contra la inmigración ilegal en el estado de Florida, hemos puesto a los floridanos primero y continuaremos haciendo esto”, decía el gobernador hace unas semanas ante la Cámara de Representantes. ¿Hacia la Casa Blanca? Diversas organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), aseguran que este paquete legislativo hace parte de un movimiento de campaña política para acceder a la Casa Blanca.  “También en el proyecto de ley se presentó un monto que él quiere utilizar para hacer lo mismo que hizo inicialmente hace unos meses, que fue mover a inmigrantes del estado de Texas a Martha’s Vineyard para hacer un teatro político, y es algo que él planea continuar haciendo con estos fondos en vez de asignar esos fondos a problemas que estamos enfrentando en la Florida”, comenta Rosa Elera. Por su parte, el gobernador DeSantis ha descrito el proyecto de ley como una contrapropuesta a la política migratoria del presidente Joe Biden, que considera como una crisis que amenaza las fronteras estadounidenses.

Guionistas de televisión y cine de Hollywood  iniciaron una huelga por primera vez en 15 años este martes, lo que significa que los programas nocturnos y de variedad serán los primeros en quedarse sin nuevo material. Se quejan de los bajos salarios en la era del streaming. No es una huelga inédita, hay precedente en 2007 El tema en disputa es cómo se compensa a los guionistas en una industria en la que el streaming ha cambiado las reglas de la economía de Hollywood.  El streaming ha multiplicado la cantidad de series y películas que se hacen anualmente, lo que significa más puestos de trabajo para los guionistas. Pero los miembros del WGA dicen que ganan mucho menos y trabajan en condiciones más tensas. Los 11.500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) han arrancado una huelga este martes después de que las negociaciones con los estudios, que comenzaron en marzo, fracasaran en su intento por lograr un nuevo contrato antes de la fecha límite del lunes. La organización de trabajadores busca un mayor pago mínimo, salas de escritura con más integrantes, contratos exclusivos más cortos y revisar el pago de regalías, condiciones que según el WGA han ido disminuyendo en medio de la explosión del streaming. El guionista chileno Ignacio Chascas Valenzuela ha señalado en la antena de RFI: "Las mayores demandas son: mayores ganancias en las plataformas de streaming, es decir los guionistas están porque se les garantice una participación  justa en las ganancias porque ha cambiado la forma en la que se consume y se distribuye el contenido. La segunda es la protección de los derechos de autor, quieren mayor protección en la era digital. Y piden también horas de descanso. Los guionistas quieren garantía de descanso entre horas de trabajo y seguridad laboral. Y también piden la diversidad e inclusión en la industria, presionan para una mayor representación de identidades en el proceso de escritura y producción" Toda la escritura de guiones cesará inmediatamente, señaló el sindicato a sus miembros.El mes pasado, los guionistas votaron abrumadoramente para autorizar una huelga, con el apoyo del 98% de sus miembros. En cualquier caso, no se trata de algo inédito según ha subrayado en RFI Ignacio Chascas Valenzuela: "Tan inédita no es. En el pasado ha habido también huelgas de guionistas que provocaron cambios en la industria del entretenimiento. De hecho en 2007 una huelga logró un acuerdo que aumentó las compensaciones para los guionistas de la era digital."    Esa anterior huelga de la WGA, en 2007, duró 100 días y costó a Hollywood cientos de millones de dólares. En 1988, superó los 150 días. En la tarde noche de ayer se esperaban los primeros piquetes en Los Ángeles. Esta vez, se dice que el WGA tiene un fondo de 20 millones de dólares para ayudar a sus 11.000 miembros durante la huelga. Por su parte, Netflix dijo a sus inversores que tiene suficiente contenido en stock para seguir ofreciendo nuevos espectáculos a sus suscriptores durante mucho tiempo.

Hace unos días, el Senado mexicano aprobó una serie de reformas a la Ley Minera. Estas modificaciones limitan y regulan el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales en el país, eliminan a la minería como una actividad preferente por sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y obligan a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que deseen asentar sus actividades. A falta de que el poder Ejecutivo publique las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Minería en México es una realidad. Una propuesta que, según el Estado, pretende limitar y regular el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales además de obligar a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos donde deseen asentar sus actividades.  “Perjudica la confianza” Sin embargo, esta ley preocupa al actual gremio minero: “Es una ley minera con la cual venimos trabajando. Sin embargo, nuestra sorpresa es que no se tuvo consultas con los que hacemos minería y con los que viven de la minería, y eso llevó a estas situaciones que no pueden ser del total agrado de toda la parte de la minería mexicana”, explica Raul García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. “Perjudica, en primer lugar, la confianza que debe tener el inversionista y el minero. El pequeño minero, el mediano minero debe tener confianza y certeza de que va a poder trabajar un yacimiento mineral sin que el Estado mexicano tenga que decidir sobre muchos aspectos, entre ellos si es un proyecto que geológicamente puede ser viable o no. El Estado mexicano no puede ser el árbitro de la geología. Y también para las comunidades donde nos asentamos, si va a haber crecimiento o no va a haber crecimiento de la industria minera”, estima García Reimbert. “Hablo a nombre de la industria minera responsable. Por pocos que no hacen minería responsable, pagamos muchos, muchos. Alrededor del 85, 90% de la minería es una minería responsable”, recalca. Inversiones extranjeras La nueva reforma que incluye reducir las concesiones a 15 años inquieta a los inversores extranjeros. Principalmente a Canadá que representa la mayor inversión en el sector minero fuera del país: “En México tenemos alrededor de un 45% de las inversiones en minería que son de origen canadiense y ellos invocarían algunas fallas que pudo haber en la ley. Yo no pienso que al día de hoy deba de haber corridas de empresas extranjeras, ni a ellos mismos les conviene. Además, ninguna ley es retroactiva, entonces la mayoría de las minas ahora están trabajando, y la próxima exploración, ya la haremos con un reglamento nuevo, tal como está la ley hoy. Sin un reglamento adecuado, puede ser disruptiva en las inversiones extranjeras”, detalla García Reimbert. El proyecto aprobado por los diputados cambia la denominación de Ley Minera a Ley de Minería, deja a un lado las actividades de exploración como reservadas al Estado permitiendo concesiones en reservas mineras por decreto presidencial, entre otros cambios.

Ante la crisis humanitaria que se agrava cada día en la frontera de Chile y Perú, ambos gobiernos evalúan con Ecuador y Venezuela, la creación de un corredor humanitario. Sin embargo, las organizaciones humanitarias, que ya habían propuesto dicho corredor, temen que la información recabada entre frontera y frontera sirva para fichar a los migrantes. La prohibición del libre tránsito de los 150 migrantes que se encuentran desde hace 15 días varados entre la frontera de Perú y Chile, podría encontrar solución si se pone en marcha un corredor humanitario. Manuel Monsalve, subsecretario de Interior de Chile, informó que el gobierno chileno implementara una serie de medidas para afrontar esta crisis humanitaria. Una de las medidas será la creación de oficinas que recaben la información de migrante. “Las personas que se encuentran en situación irregular puedan registrar su huella, su rostro y su nombre”, destacó el funcionario. “Todas las voces deben ser escuchadas” Sin embargo, las organizaciones humanitarias temen que estos datos sean usados para fichar a los migrantes e impedirles su regreso. La vocera de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, Lorena Zambrano, mostro preocupación ante esta medida de registro de identidad y pide a los gobiernos que tomen en cuenta a las asociaciones humanitarias a la hora de hablar de soluciones, ya que hasta ahora sus propuestas han sido ignoradas en las tomas de decisiones “Seguimos viendo con mucha alarma que estos temas se siguen discutiendo como organismo estatal como si las organizaciones sociales que estamos en el terreno todos los días, no tuviéramos nada que aportar […] Las personas que estamos regularizadas y pertenecemos a estos espacios también deberíamos tener derecho a voz y voto. Nosotros tenemos cosas que proponer y ofrecer”. El próximo 7 de mayo los chilenos saldrán a votar para elegir al Consejo Constitucional. ¿La crisis migratoria podría influir en estas elecciones? “Lamentablemente la xenofobia y el racismo han aumentado, más cuando se sigue tomando la migración como un eje político, en escenas previos a votaciones. Hemos visto con temor como se excarcelan las cifras cuando en la vida real, el índice delincuencial de la migración, es muy poca”. Solución momentánea El ministro del Interior del Peru, Vicente Romero, anunció que se implementará un albergue temporal para los ciudadanos migrantes varados en la frontera con Chile. Estos albergues se encontrarán en los complejos fronterizos de Santa Rosa (Tacna) y de Chacalluta (Arica). Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil anunció la repatriación del grupo de ciudadanos venezolanos varados en la frontera. Para ello, pidió a las cancillerías de Perú y Chile garantías para el aterrizaje de aviones de la aerolínea estatal y ayuda para el abastecimiento de combustible.

El gobierno de Joe Biden anunció la apertura de centros de migración en Guatemala y Colombia para preseleccionar los posibles candidatos a establecerse en Estados Unidos, ya sea para reunirse con sus familias, por cuestiones laborales o para pedir refugio. Con esta medida, la Casa Blanca busca frenar la esperada oleada de migrantes cuando termine el Título 42 previsto el 11 de mayo. La apertura de oficinas en Guatemala y Colombia donde los migrantes puedan tramitar su ingreso a Estados Unidos es parte de la estrategia de Joe Biden para involucrar a los países de Centroamérica en la resolución de la migración ilegal, estrategia que deberá responder a los problemas estructurales que aquejan a los centroamericanos, principalmente el desempleo y la violencia. Cambio climático “El enfoque es acertado en el sentido de que es importante descongestionar el flujo migratorio y la concentración de inmigrantes en la frontera. Nosotros aplaudimos mucho esta iniciativa porque justamente aborda, digamos, distintas causas, especialmente en la crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos”, comentaAna María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “El cambio climático también es un fenómeno que hace que muchas personas tengan que migrar especialmente por la falta de acceso a alimentos. Es importante vincular el tema del cambio climático y los desastres naturales en Centroamérica con el impacto que eso tiene en la seguridad alimentaria. Es un vínculo muy importante que hace que muchas personas tengan que migrar”, subraya Méndez Dardón. Para la WOLA, prosigue, “una estrategia centrada en responder a las necesidades de inmediato, junto con un enfoque en la creación de empleo y la inversión económica y el apoyo a los derechos humanos es una buena estrategia”. ¿Una cooperación compleja? Estados Unidos anunció el establecimiento de las primeras oficinas en Guatemala y Colombia, y pide el apoyo de los países de esta región. ¿Pero los gobiernos de esta región están listos para cooperar? “Para este tipo de medidas se necesitan contrapartes o aliados fuertes. Realmente dudo, en el caso por ejemplo de Guatemala, que Guatemala tenga mayor capacidad. Entonces habría que ver que esto tampoco generaría en el caso de Guatemala, una crisis que se escaparía de las manos, porque como todos saben, Guatemala ahora es conocido por altos grados de corrupción”, contesta la directora para Centroamérica de la WOLA. “Este es un desafío muy grande porque el gobierno de Estados Unidos tiene que cooperar con gobiernos que prácticamente están en medio de un retroceso significativo en la democracia y el Estado de Derecho”, concluye Ana María Méndez Dardón. Canadá y España, países que se suman a la estrategia de Joe Biden, también contarán con oficinas para atender a migrantes de América Latina.

Este domingo 30 de abril se decidirá en Paraguay quién sustituye a Mario Abdo Benítez. En estos comicios en los que, como siempre, se enfrentan los grupos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, irrumpen los jóvenes, cuyo importante número de electores podría definir el actual desempate técnico pronosticado por las encuestas. No obstante, en las pasadas elecciones de 2018 los jóvenes fueron quienes menos asistieron a las urnas. ¿A qué se debe este fenómeno? Paraguay se prepara para elegir este 30 de abril a quien sucederá a Mario Abdo Benítez. En el país sudamericano, los jóvenes representan el 30% del padrón electoral, no obstante, son ellos la franja de la población que menos participa en los comicios. “Estimados compatriotas, este 30 de abril Paraguay participa y expresa su voluntad legítima. (…) Permítanme hacer especial llamado de atención a la franja que menos participa, a nuestros jóvenes”, declaró César Rosell, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, consciente de que la participación de los jóvenes será importante en la contienda entre el Partido Colorado y el Partido Liberal. Un sistema educativo marcado por la dictadura Para Eduardo Tamayo Belda, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en la historia política contemporánea de Paraguay, hay cinco motivos que explican el desinterés de los jóvenes por la participación democrática. “El primero de ellos es el sistema educativo autoritario de Paraguay. Fueron 35 años de dictadura y eso tarda mucho en eliminarse del sistema educativo. Como dice el politólogo Marcelo Laqui, el sistema educativo paraguayo te enseña a respetar la autoridad, no a elegirla. Esto hace que la juventud, en buena parte, no esté interesada en la política electoral. No entienden el concepto de elección como algo propio de la responsabilidad ciudadana”, explica el analista. “Es verdad que, con el paso del tiempo, a cierta edad, entran en el sistema clientelar y laboral, familiar, o profesionalmente necesitan votar para que el político resuelva los problemas que la vida le va presentando. Y es entonces cuando vota para devolver el favor a ese político”, precisa Tamayo Belda. Importancia de las migraciones La desinformación en las redes sociales, la sensación de que todos los políticos son los mismos y el no tener que elegir un partido en esta sociedad polarizada son otros tres motivos por los que muchos jóvenes no acuden a las urnas. Según Eduardo Tamayo, “el quinto motivo es un elemento que está muy relacionado con la situación exterior y la importancia de las migraciones en la sociedad globalizada. Y es que el joven paraguayo, lo que quiere es salir del país, emigrar a un lugar con oportunidades profesionales, con coberturas adecuadas de servicios básicos”. “Esto es algo que ven viable en este mundo tan globalizado. Es un mundo que conocen perfectamente a través de internet y de las redes sociales. Lo ven cada día y encima tienen muchos familiares y amigos emigrados en los que apoyarse para dar ese salto”, recalca el historiador. Este año el voto será obligatorio para los paraguayos, y quien no lo haga recibirá una multa de 98.000 guaranís, unos 12 euros.

En Honduras, en pleno estado de excepción, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza esta semana una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios. Honduras fue el cuarto país más peligrosos para los defensores de derechos humano, según cifras del observatorio Front Line Defenders. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza desde el lunes una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios de Honduras. El país centroamericano encabeza desde hace varios años la lista de los países con la tasa más elevada del mundo, junto a El Salvador, Jamaica, México y Trinidad y Tobago. En respuesta al poder de las pandillas, la presidenta Xiomara Castro declaró desde diciembre de 2022 el estado de excepción en decenas de municipios del país y facultó a la policía para detener a toda aquella persona que, a su juicio, tenga vínculos criminales. Según Leonel George, activista hondureño quien encabeza una lucha contra las mineras en el norte del Honduras esta medida ha agravado la situación de los defensores de los derechos humanos. En enero de 2023, fueron asesinados a tiro Jairo Bonilla y Aly Domínguez, quienes defienden el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Vulnerables ya por denunciar las irregularidades y la corrupción de las empresas mineras y por alertar sobre la devastación de los ecosistemas, los activistas de Honduras se sienten aún más amenazados desde que la presidenta Xiomara Castro estableció el estado de excepción a finales de 2022 y que ha prolongado tres veces desde entonces. “El estado de excepción otorgado ha impedido la libre circulación en el ejercicio de la labor. Desde el Estado se nos ha criminalizado a los defensores y defensoras con fuertes campañas de estigmatización, de odio, y con acusaciones como pertenecer a grupos criminales”, alerta Leonel George activista de la Coordinadora de organizaciones populares del río Agúan, en el norte de Honduras. “Al estar ese estado de excepción, tienen la facultad de detener a quien quieran”, denuncia el activista, entrevistado por RFI. Leonel George quiere llamar la atención de Soledad García Múñoz, la relatora para Asuntos Ambientales que integra la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en Honduras esta semana. “Yo le diría que están en los expedientes de las instancias hondureñas acreditadas las ilegalidades de las empresas mineras y extractivas que han operado con ilegalidad e impunidad”, enfatiza. Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En lo que va del año, 8 activistas han sido asesinados.

Una caravana de migrantes de diversas nacionalidades partió el 23 de abril desde el sureño estado mexicano de Chiapas rumbo a Ciudad de México, en protesta por el incendio que el 27 de marzo pasado dejó 40 muertos en Ciudad Juárez. El grupo está conformado principalmente por migrantes de Centroamérica, Venezuela, Colombia y Haití. En tan solo 24 horas, el número de participantes incrementó a más de 3.000 en la caravana de migrantes que el domingo pasado salió de Chiapas rumbo a Ciudad de México, en protesta por el incendio que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Una iniciativa apoyada por la organización Pueblo Sin Fronteras, que exige al gobierno mexicano el tránsito libre por el país y la desaparición del Instituto Nacional de Migración. “Persecución en contra de la comunidad migrante” “Comenzamos más o menos con unas 2.000 personas, pero se fueron uniendo en el camino y tenemos aproximadamente 3.000. La marcha fue por las 40 personas que murieron [en Ciudad Juárez], pero también es un evento que hacemos anual para visibilizar la situación de la comunidad migrante”, comenta el activista Irineo Mujica. “De alguna manera estamos denunciando la falta de compromiso para poder cambiar esta política, la persecución en contra de la comunidad migrante, y la militarización del Instituto Nacional de Migración”, recalca. En cuanto al Instituto Nacional de Migración, Mujica indica que “ha sido uno de los de los órganos más corruptos e incluso el mismo gobierno ha dicho que quiere reformarlo. Pero no se puede reformar algo que está completamente corrompido y que, aparte de todo, lo volvieron letal cuando lo militarizaron. Entonces es por esa razón que nosotros estamos pidiendo, no su reforma ni cambio de nombre, sino que realmente desaparezca”. “Cruzar hasta los Estados” Aunque la intención de Mujica es llegar a Ciudad de México de aquí a 10 días, varios migrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos. Es el caso del hondureño Glender, procedente de la ciudad de San Luis: “Estoy con mi esposa y mi hija, no hemos comido nada bien en el cruce, pero ahí vamos, haciendo el esfuerzo. Allí yo quiero trabajar porque en mi país no hay trabajo, hay sólo maldad. Los mareros sacaron el trabajo del país, mataron a un familiar”, cuenta el hombre. La situaciٕón en Centroamérica es muy problemática, según Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados: “En verdad son millones de personas en gran crisis humanitaria y la mayoría de ellos están afectados directamente o indirectamente por niveles de violencia como en una guerra. Hay masacres, hay asesinatos por todas partes. Yo me encontré con familias escondidas porque están en peligro de muerte, amenazadas por los grupos armados, narcotraficantes. Hay grupos criminales internacionales y nacionales que están buscándolas. Es increíble verdaderamente lo que está pasando”. En Estados Unidos, Glender no tiene familiares: “No tengo ayuda de nadie, de nadie. No tengo ayuda de nadie. Yo voy solo con mi familia, mi esposa y mi hija”, dice. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde ese país hacia Estados Unidos.

México es el mayor usuario de Pegasus. Así tituló el diario New York Times el pasado martes 18 de abril, revelando cómo siguen siendo vigilados electrónicamente periodistas y activistas mediante el programa israelí adquirido por la Secretaría de Defensa mexicana. Entre los blancos de estos ciberataques se encuentran integrantes de un centro de defensa de los derechos humanos. En 2022, sus móviles volvieron a ser atacados. Un mensaje en el teléfono bastó para que Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, dos activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se dieran cuenta que los estaban espiando. Aguilar cuenta que no es la primera vez que son blanco del programa israelí Pegasus. “Había sido objeto de ataques digitales en 2017 y habíamos presentado una denuncia. El uso de Pegasus se denunció además por otros activistas y periodistas. El año pasado, gracias a un mensaje enviado por propia empresa Apple, tuvimos conocimiento de que nuestros teléfonos podrían haber sido objetos de un ataque por agentes patrocinados por el Estado”, recuerda. Encontraron apoyo en Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, una plataforma que ha publicado informes sobre los riesgos del uso de la tecnología Pegasus. “Y ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años para identificarlo justamente. Citizen Lab es quien puede corroborar que el Centro ProDDHH en estos dos teléfonos había sido atacado con el uso de este malware en cinco ocasiones durante el año 2022”, detalla Aguilar. En 2021, Israel dijo prohibir la venta de Pegasus a países con posibles violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no incluía a México, a quien ya había vendido la tecnología a partir de 2011, en especial a su ejército. María Luisa Aguilar sospecha que las autoridades vigilaron su trabajo como activistas. “Acompañamos a personas que buscan justicia, que han visto sus derechos vulnerados. También trabajamos sobre lo que implica la profundización de la militarización en tareas de seguridad pública y en la vida pública de México. Este ataque muestra que las fuerzas armadas tienen un empoderamiento desmedido y sin control”, dice. Recuerda que los ciberataques ocurrieron en junio y julio de 2022, “cuando estábamos trabajando muy abiertamente alrededor de los asesinatos de dos colegas jesuitas que hacían un trabajo invaluable en la en la sierra Tarahumara, en Chihuahua” y luego en septiembre de ese año “en el contexto del aniversario de los hechos de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014”.  Andrés Manuel López Obrador prometió en 2018 acabar con el espionaje gubernamental. Los miembros del Centro ProDDHH planean presentar otra denuncia, tal como lo hicieron en 2017. “Pero tenemos muy claro que la entonces procuraduría general de la República y ahora la fiscalía no ha hecho una investigación adecuada y profunda del de estos hechos porque no tiene voluntad política y porque no tiene capacidades para investigar este tipo de delitos complejos”, lamenta.

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, agotó todos sus recursos este jueves ante la justicia de Estados Unidos. Este viernes deberá presentarse a las autoridades para iniciar su proceso oficial de extradición a Perú, donde la justicia ha emitido una orden de captura por cargos de lavado de activos en el caso de Odebrecht. Melissa Barra conversó con su abogado peruano, José Roberto Su Rivadeneyra.   RFI: Usted es abogado del expresidente peruano Alejandro Toledo. Este jueves la justicia estadounidense rechazó su último recurso para suspender su extradición a Perú, donde enfrenta cargos de corrupción. Toledo ha estado en arresto domiciliario en California y este viernes a la mañana debe entregarse a un tribunal. ¿Está dispuesto a colaborar? José Roberto Su Rivadeneira:  Yo tengo la conversación con el presidente Toledo, que él sí va a poner a disposición del juez, porque ya en California los recursos se habían agotado. La orden del juez es que el día viernes se ponga a derecho. Una vez que el presidente se ponga a disposición de las autoridades de Estados Unidos, las autoridades del Perú tienen que ir a Estados Unidos para que le entreguen al presidente Toledo y luego lo tienen que trasladar al Perú. Entiendo que esos trámites deben demorar cuatro o cinco días. El ex mandatario interpuso un último recurso ante la Corte Federal del Distrito de Columbia y este fue rechazado. ¿Cuáles han sido los argumentos de su defensa para frenar la extradición? En Estados Unidos, a defensa a través de un hábeas corpus. Cuestionó la decisión del juez Thomas Hixson. Los abogados de Estados Unidos sostienen que no hay una causa probable porque las versiones que sustentan la acusación en Perú son dos testimonios de colaboradores que se contradicen, poco fiables, cuando la documentación sostiene que el señor Toledo no recibió los dineros que le acusan en el Perú. Sin embargo, el juez Hixson consideró en su decisión que esas contradicciones eran importantes, pero no le correspondía a él resolverlas ni analizarlas de fondo, sino a los jueces de Perú. El hábeas corpus ha tenido esto como tema de fondo, una indebida motivación, pero tanto en primera como en segunda instancia no ha caminado. No ha sido de recibo los argumentos de la defensa. Por eso es que está a punto de ejecutarse la extradición. ¿Ahora, una vez que se ubique en Perú, cuáles van a ser los próximos pasos de la Justicia? Cuando el presidente llega a Perú, acá tiene una defensa activa para enfrentar el juicio por el que se le está extraditando, que es el caso Odebrecht, que, dicho sea de paso, no es un proceso que esté para juicio, sino recién empezado el control de acusación, que es un proceso que demora más o menos unos seis meses a más. Sobre él pesa una orden de captura, una detención por 18 meses. Cuando él llega a Perú debe de ir a un penal. Sin embargo, de acuerdo a la información médica que se maneja, se está viendo la posibilidad de poder de repente solicitar que su detención sea domiciliaria, pero eso depende de los informes médicos que se están recabando.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue reelegido sin sorpresas este 19 de abril para un segundo y último mandato de cinco años, con el voto del 97,66% de los diputados del Parlamento. Sin sorpresas, la Asamblea Nacional de Cuba reeligió como presidente a Miguel Díaz-Canel para un segundo y último mandato. Sigue en el cargo cinco años más, un periodo de continuidad y desafíos, especialmente en el ámbito económico, que deberá sobrepasar para frenar el mayor éxodo de la historia reciente del país. Balance con contrastes Ingeniero electrónico de 62 años, el mandatario cubano, que recibió 459 votos a favor de los 462 diputados presentes en la sesión legislativa encabezará su segundo gobierno en un contexto de crisis económica, escasez y descontento popular en la isla comunista, tras dejar un balance con contrastes de su primer mandato. El analista político de la Universidad Internacional de Florida, Jorge Duany, destaca sus reformas: “Dio pie para que se realizaran las empresas privadas, cosa que ocurrió posteriormente, con las pequeñas, medianas y micro empresas. Y últimamente, en el 2022, se aprobó un nuevo Código de la Familia, que también abre la puerta para la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, a pesar de una oposición bastante notable de determinadas iglesias”, estima. Grandes desafíos Los desafíos son grandes. Los cubanos tienen muy presente aún la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 y también la crisis económica que sacude el país. Según Jorge Duany, los problemas son varios: “La recesión económica, la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 por un 11%, el hecho de que todavía hay una gran escasez de comida, de medicinas, de combustible, que agobia a la población, los apagones constantes de la electricidad, una crisis migratoria que no parece terminar... Si bien se ha reducido el número de cubanos que han entrado por la frontera México-Estados Unidos, el año pasado se registró el mayor número en la historia, más de 225.000 cubanos detenidos en la frontera”, subraya. “Quiero decir que esta continua presión económica, política, demográfica va a seguir agobiando a la sociedad cubana, una sociedad que se está convirtiendo en una de las más viejas del mundo. Definitivamente ese es un problema, la incapacidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones para poder satisfacer sus necesidades básicas”, enfatiza el analista. Futuras relaciones con Estados Unidos Para Duany, la cuestión de las futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos “es una gran interrogante, porque por un lado depende en su mayor cantidad de las decisiones que pueda tomar el Gobierno cubano, salvo que estuviera dispuesto a hacer alguna serie de reformas políticas y económicas que el Gobierno de Estados Unidos ha estado reclamando por mucho tiempo. Específicamente la liberación de los presos políticos, sobre todo los que fueron encarcelados después del 11 de julio, la apertura a un sistema de partidos múltiples, las elecciones libres, que van a ser muy difíciles de cumplir. Me parece que esto no está en la agenda de este nuevo Gobierno de Díaz Canel”. “Y por otra parte”, prosigue, “también las decisiones que pueda tomar la Administración Biden de proseguir con una serie de medidas que pudieran relajar las sanciones que impuso la administración anterior de Trump. Hasta la fecha no se han llevado a cabo, excepto medidas que se han tomado para favorecer las remesas de los cubanoamericanos y los viajes a la isla. Pero aparte de esas, parece haber un momento de pausa en la política de Estados Unidos hacia Cuba, y es muy difícil imaginar que se pueda avanzar en la normalización de las relaciones entre los dos países en los próximos cinco años”. Por otra parte, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, arribó la noche del miércoles a La Habana, donde sostendrá conversaciones con el presidente en la última parada de su gira por América Latina, informó la cancillería. Miguel Díaz-Canel gobierna Cuba desde 2018 y es el primer civil en tomar las riendas del país tras los mandatos de los hermanos Fidel y Raúl Castro, que mantuvieron el poder desde el triunfo de la Revolución en 1959.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric está bajo críticas del sector ambientalista tras haber aprobado el lunes un controvertido proyecto de minería. Greenpeace y otras ongs temen que al ampliar la mina Los bronces en la cordillera de los Andes se agraven problemas de abastecimiento de agua y se destruyan los glaciares de forma permanente Las organizaciones ambientalistas están en pie de guerra ante la decisión del Gobierno chileno de Gabriel Boric, que ha aprobado el proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American, la compañía minera con sede en Londres. De forma unánime y bajo ciertas condiciones, el gobierno chileno dio luz verde al proyecto denominado Los Bronces Integral, que consiste en ampliar la explotación de yacimientos de cobre en la región metropolitana y en Valparaíso, sobre la cordillera de los Andes. Una contradicción según Matías Asún, director de Greenpeace Chile. "Muchas de las acciones elevan material particulado, polvo, y ese polvo al depositarse sobre la superficie de los glaciares, hace que el glaciar cambie y aumente el deshielo. Se trata de glaciares que alimentan el sector  oriente de nuestra capital que es el que más agua utiliza. Se le dan proyectos a grandes empresas  cuyo nivel de uso de recursos hídricos es altísimo y eso afecta a la disponibilidad de agua de las personas".  Asún denuncia en la antena de RFI que esto va contra los compromisos adquiridos del propio Boric.  La explotación ya estaba en funcionamiento. El gobierno dice haber aceptado la propuesta por las medidas de compensación ofrecidas por la minera. "Todas las comunas que están tienen hoy problemas de calidad y de disponibilidad del agua y gastan presupuestos millonarios en camiones. Fundamentalmente las medidas en las que el gobierno se apoyó ipara señalar ban asociadas al barrido de calles y a la importanción de calefactores eléctricos para remplazar el uso de leña en esa zona empobrecida dodne el material más barato es la leña. Hay una de esas compensaciones asociadas al nivel de deterioro de los glaciares. (...) No hay ningún daño sobre glaciares que no sea irremediable", señala Matías Asún.  La decisión fue tomada por un comité de ministros compuesto por seis carteras el lunes por la noche y revierte el rechazo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del 2 de mayo de 2022, que argumentó que la iniciativa tendría impactos en la calidad del aire de Santiago de Chile, una de las que sufre de mayor polución en el país sudamericano.

El 18 de abril del 2018, manifestaciones cívicas se extendieron por toda Nicaragua contra la política del Gobierno de Daniel Ortega. La represión dejó al menos 355 muertes de civiles. ¿Cuál es el panorama hoy en día? RFI entrevistó al líder opositor Juan Sebastián Chamorro. Hace ya cinco años que el pueblo nicaragüense salió a la calle en contra del Gobierno de Daniel ortega después de aprobadas unas controvertidas reformas de la seguridad social. El estallido duró varios meses, fallecieron 355 civiles según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 177 opositores acabaron en prisión, entre ellos, siete precandidatos a la Presidencia. Una oposición unida Algunos de ellos, como el líder de Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, se encuentran hoy en el exilio estadounidense. “En primer lugar, un sentimiento de mucha solidaridad con las personas que perdieron a sus seres queridos. Esa injusticia todavía está abierta y esa injusticia es la que motiva a seguir luchando”, expresa Chamorro desde su exilio. Según Chamorro, “Ortega cometió un grave error en provocar la unión más fuerte entre los opositores con echarnos presos a todos juntos. Obviamente, al compartir la experiencia, al comunicarnos adentro con todas las dificultades que había –no nos dejaban comunicarnos, pero sí lo podíamos hacer–, ha generado mayor unidad dentro de la oposición, los liderazgos y en ese sentido, pues la unión está asegurada por parte del liderazgo por la solidaridad que se generó”. Continuar la lucha Por lo tanto, el líder opositor estima que hay que “continuar la agenda de lucha internacional, además de la protesta cívica, pacífica, nacional. En el concierto internacional hay que seguir trabajando, promover causas judiciales en contra de criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad. Es un avance enorme en este tiempo, porque estamos hablando del sistema universal de justicia”. Lo cierto es que Juan Sebastián Chamorro tiene la certeza de que las cosas cambiarán: “El futuro lo veo promisorio. Eventualmente, esta dictadura no se diferencia de las otras que han caído. Por lo tanto, yo visualizo la Nicaragua democrática y libre. La pregunta es cuándo. Creo que, si seguimos trabajando incansablemente por la liberación de Nicaragua, este proceso se va a acelerar”, afirma. El gobierno nicaragüense a través de su Parlamento aprobó una iniciativa de ley que declara el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, mientras que los jóvenes opositores califican esta fecha como Día Nacional de la Memoria de las Víctimas.

Chile estrena un ambicioso proyecto contra el suicidio, fenómeno que se ha disparado con la pandemia de Covid. El programa, llamado Quédate, fue presentado por el gobierno de la Región Metropolitana de Santiago. Con una inversión de 2 millones de dólares, Quédate apunta a llegar a un millón de chilenos afectados directa o indirectamente por la problemática del suicidio. Un fenómeno en alza. Si antes de la pandemia uno de los principales hospitales capitalinos atendía tres casos de suicidio al mes, hoy son tres al día. Chile encabeza estas muertes en América Latina y el Caribe, en sexto lugar. Quédate se apoya en el trabajo mancomunado de siete fundaciones, entre ellas “Para la Confianza”. Su directora ejecutiva, Valentina Correa explica para RFI que actualmente es la apoblacion adulta "quién esta sufriendo el mayor porcentaje de pensamiento o conducta suicida". Otro de los problemas radica en el desconocimiento y la disparidad de cifras sobre el suicidio. El programa Quédate "no sólo tiene que ver con la orientación, la contención, o la superación de un suicidio por parte de los familiares", sino que también "tiene como objetivo que todos nos pongamos de acuerdo en cual es hoy día la data respecto al intento suicida y muerte por suicidio en el país".  Una de las herramientas utilizadas por Quédate, es el chat, accesible a través de www.quédate.cl. Su función primaria es "entregar una orientación en crisis a la persona que sufre, porque entendemos que si nos contactas es porque estás pidiendo ayuda", explica Correa. "Se trata de buscar alternativas en la conversación, para que quedarse sea la opción, y eso va a terminar en una derivación asistida hacia el sistema público, o privado, según la persona".  "Esperamos que nos contacten también los familares, los amigos, que conocen de alguien que tiene pensamientos de muerte, o que quieren despejar algunos tabúes sobre el suicidio. Por ejemplo, está muy instalada la idea de que hablar de suicidio es promocionarlo, y es todo lo contario. Este programa tiene un fuerte componente de sensibilización y promoción.  Las otras fundaciones que participan en Quédate son Katy Summer, Todo Mejora, Círculo Polar, Míranos, ProCultura y José Ignacio.

¿Qué está pasando con el dólar en Bolivia? El billete verde está escaseando. Las reservas en la moneda norteamericana disminuyen desde hace años y desde hace un mes el Banco Central es prácticamente la única vía para conseguirla, creando largas colas de ciudadanos preocupados y el surgimiento de un mercado paralelo. Desde marzo, bolivianos hacen largas colas para comprar dólares ante el Banco Central por ser casi el único lugar donde puede conseguirse el billete verde. El Gobierno rechaza que haya inestabilidad económica y denuncia un brote especulativo de “malos bolivianos”. Lo cierto es que prosperan mercados paralelos que venden dólares por encima del cambio fijo y el Banco Central da plazos de semanas para cumplir con las ventas. ¿Qué hay detrás de esta inusual demanda? “Es bastante preocupante” “La explicación de esto pasa por que gran parte del déficit fiscal que enfrenta Bolivia tiene que ver con el subsidio a los hidrocarburos. Bolivia lleva un régimen de subsidio con un precio de hidrocarburos líquidos, gasolina y diésel fijo desde 2005. Entonces, en los últimos años el costo de estos subsidios a hidrocarburos ha sido creciente y evidentemente, a diferencia de otros ítems del déficit fiscal, esto demanda dólares”, explica Gabriel Espinoza, economista y ex director del Banco Central de Bolivia. “Como el gobierno ha venido enfrentando una caída de ingresos en divisas básicamente porque la producción de gas, que es la principal fuente de ingresos para el gobierno central, ha venido en decadencia, ha empezado a consumir las reservas internacionales del Banco Central. Y esto ha llegado a un límite. Es bastante preocupante. A finales del 2022 y ya para enero y febrero del 2023, se desató las expectativas negativas de las personas y se empezó esta crisis cambiaria que estamos viviendo hoy día”, prosigue. “Presiones inflacionarias crecientes” El temor por la escasez, avivado por las restricciones de compra, no hace más que agravar la demanda de dólares. ¿Qué consecuencias tiene esta crisis para la economía boliviana? “El gran problema es que gran parte de estas restricciones para obtener divisas por parte de importadores, comerciantes y la misma gente que ha depositado sus recursos en el sistema financiero, se está volcando a los precios. Bolivia consume una gran cantidad de productos importados, pues aquellos importadores están viendo que las comisiones de envíos al exterior de moneda extranjera empiezan a subir fuertemente, que empiezas a tener listas de espera para obtener divisas… Hay presiones inflacionarias crecientes que se van a notar recién entre abril y mayo de este año”, detalla el economista. Ante este panorama, el Gobierno boliviano busca fortalecer las reservas internacionales, desincentivar la compra de dólares y luchar contra la especulación. Entretanto, Bolivia amenaza con dejar de ser una excepción en una región latinoamericana castigada por altos niveles de inflación.

Seis años después de haber sido impulsada por el Partido Comunista, la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas ha recibido la aprobación oficial del Congreso.    La media fue aprobada por una abrumadora mayoría: 127 a favor, 14 en contra y tres abstenciones. La nueva ley, que será promulgada por presidente Boric, se implementará de forma gradual. En el plazo de un año la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de cinco años. La medida fue celebrada por la Organización Internacional del Trabajo. Fabio Bertranou es director de la OIT para el Cono Sur de América Latina: "Para la OIT, es un paso muy importante en materia de legislación laboral para Chile porque permite alinear la ley chilena al estándar que promueve la OIT, de 40 horas de trabajo semanales. Y es un paso muy importante para América Latina porque son pocos países que han adoptado este estándar” dice Bertranou. Chile se convierte entonces en el tercer país de América Latina en aprobar la semana laboral de 40 horas, acompañando a Ecuador y Venezuela.  Presentada como el gobierno de Chile como una medida profamilia para mejorar la calidad de vida, hay pequeñas empresas y trabajadores que se preguntan el por pago efectivo de las horas extras, así como del trabajo informal del 27,3%, que escapa a la ley. Fabio Bertranou lo explica así: “Hay una preocupación por parte de algunos trabajadores. Recordemos que esta legislación va a aplicar para trabajadores del sector privado, así que algunos trabajadores del sector público se preocupan porque la composición del salario depende en gran medida de la posibilidad de hacer horas extra. Hay un compromiso por parte del gobierno para monitorear la aplicación de la ley en las empresas y hay una expectativa frente a los entes gubernamentales para que confluyan igualmente en esta semana de 40 horas”. En cuanto a los trabajadores informales, Bertranou opina que, siendo Chile uno de los países latinoamericanos con menos incidencia en la informalidad laboral, de manera que esta ley no tendría un riesgo considerable en el ensamble de los empleados. Recordemos que América Latina es una de las regiones en donde más horas se trabaja al año, con una de las tasas de informalidad laboral más altas, según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Joe Biden calificó de "injusto" el fallo de un juez que suspende el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada. La ofensiva contra el aborto avanza en Estados Unidos. El embrollo legal promete llegar a la Corte Suprema.  La ofensiva contra el aborto avanza en Estados Unidos. La Justicia se expide en estos días sobre la prohibición de la mifepristona, una píldora utilizada en más de la mitad de los abortos realizados en ese país.  Su utilización fue suspendida por un juez federal de Texas, pese a que contaba desde hace 23 años con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  La mifepristona es uno de los componentes de un régimen de dos fármacos que se puede utilizar en Estados Unidos durante las 10 primeras semanas de embarazo. Al margen de esta suspensión, otro juez, de Washington, decidió que 17 Estados no podían retirar el fármaco. El embrollo legal promete llegar a la Corte Suprema.  Por lo pronto, la decisión del juez de Texas de suspender esta píldora es una iniciativa inédita.  Astrid Ackerman es abogada del Centro de Derechos Reproductivos. "Sería la primera vez que una corte atenta contra la aprobación de una medicina que la FDA califica de seguro. Estuvierno muchísimos años revisando el proceso científico. La FDA sigue luchando por el acceso a dicho medicamento".  ¿Qué consecuencias puede tener de prosperar la suspensión de la mifepristona decidida por el juez Kacsmaryk de Texas? Astrid Ackerman responde: "Este juez lo que ha hecho es sumamente radical. Una decisión extrema que puede ser devastadora para el acceso de las mujeres a la salud en EE.UU. El juez tiene un largo historial en pronunciarse contra el aborto y las palabras que usa para referirse al feto muestra esa convicción. Durante el embarazo usa el término "niños por nacer" en vez de "feto"".  Agregar que el presidente Joe Biden se comprometió a luchar contra el fallo, advirtiendo que se trataba de una ofensiva mayor para acabar con el aborto legal en todo el país.   ¿Cómo funciona? La píldora abortiva es diferente a la del "día después", que pueden utilizar las mujeres luego de tener relaciones sexuales para prevenir un embarazo.  La píldora abortiva se toma para inducir un aborto una vez la mujer confirma que está embarazada. De hecho, involucra más de una píldora. La primera, mifepristona, conocida también como RU 486, detiene la continuidad normal del embarazo al bloquear la producción de la hormona progesterona. Otro medicamento, misoprostol, se toma 48 horas después y provoca calambres, sangrado y vacía el útero.  Las píldoras abortivas pueden usarse en casa y no requieren asistencia médica. ¿Cuándo fue aprobada la píldora abortiva?    La FDA dio luz verde a la mifepristona y al misoprostol en el 2000. Se aprobó para su uso hasta la semana 10 de embarazo, luego de la cual una mujer necesitaría abortar mediante otros métodos, como la aspiración al vacío.  El costo promedio de un medicamento abortivo en la organización Planned Parenthood es de 580 dólares, pero puede llegar a costar más de 800.  ¿Es segura y efectiva? El uso de la píldora abortiva durante el periodo de tiempo especificado se considera seguro y efectivo por expertos médicos. Los embarazos se interrumpen con éxito en más del 95% de los casos en los que se usa la píldora, según estudios. Complicaciones serias, como sangrado excesivo, fiebre, infección o reacción alérgica, que requieren consulta médica, son inusuales. La píldora abortiva no funciona para embarazos ectópicos, en los que un óvulo fertilizado crece por fuera del útero, que representan alrededor del 2% de todos los embarazos.

Mientras los contagios por dengue se disparan en Argentina con más de 28.000 casos en lo que va de 2023, las autoridades sanitarias del país tratan de dar luz verde a una vacuna que pueda proteger a las personas frente a los cuatro serotipos de un virus que dejó a 14 fallecidos según cifras oficiales. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba de las contraindicaciones en la única vacuna contra el dengue a nivel mundial, Dengvaxia. Un medicamento que no debe administrarse a personas que no hayan sido infectadas previamente con el virus debido al aumento en la incidencia de hospitalización con síntomas muy graves. A la espera del visto bueno de las autoridades Con este panorama, el único fármaco que tiene buenos resultados de prevención de hospitalización se llama Qdenga, una vacuna desarrollada por el laboratorio japonés Takeda que fue aprobada recientemente en la Unión Europea y que desde hace un mes se está medicando en Brasil, un país que sufrió el pasado año un aumento considerable de casos de dengue. “Que tenga una autorización por otros entes reguladores es algo positivo, porque esos entes reguladores hicieron las evaluaciones y eso está mostrando que los datos sostienen a esta vacuna en términos de seguridad y lo que es su funcionalidad, que es la eficacia. Recientemente, Brasil la acaba de autorizar, así que la ANMAT, que es nuestro ente regulador, muy probablemente termine también dando su visto positivo al uso de esta vacuna”, comenta al respecto Daniela Hozbor, directora del Laboratorio VacSal del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Gestos importantes “Esta vacuna está hecha sobre una plataforma de virus atenuado sobre el dengue 2, pero contiene componentes de los otros serotipos desde el dengue 1 hasta el dengue 4. Entonces, bueno, se suma en Europa, en Brasil, y esperemos prontamente acá en la Argentina, una nueva herramienta de prevención, aunque sabemos que hay otras medidas que ya las podemos estar aplicando, como son evitar los criaderos y la picadura de los mosquitos”, explica la especialista. Subraya que mientras no se haya aprobado en Argentina, no hay que estar de brazos cruzados y no hay que dejar que se acumule el agua en recipientes: “Si tenemos balde, darlos vuelta, si tenemos tanque, ponerle una tapa, si tenemos mascotas, en sus bebederos cambiar frecuentemente el agua… Todo lo que pueda acumular agua y no lo usamos, tirarlo. Todo eso lo podemos hacer y es necesario hacerlo dado el brote que estamos viviendo”, afirma Hozbor. La vacuna Dengvaxia está aprobada en cerca de 30 países de Latinoamérica y Asia en donde la carga de la enfermedad es alta. En Sudamérica la vacuna está siendo comercializada a nivel privado sólo en Paraguay desde noviembre de 2016. El dengue y otras enfermedades causadas por virus transmitidos por los mosquitos se propagan mucho más y más lejos bajo el efecto del cambio climático, advirtió la semana pasada la OMS, que teme repuntes mundiales.

El presidente Lula cumplió 100 días de presidencia tras su elección para un tercer mandato. Sin embargo, su luna de miel con los electores poco ha durado, con una baja popularidad del 38%. A pesar de varias medidas sociales emblemáticas, Lula enfrenta varios retos: ambientales, con la protección de la Amazonia; políticos, con un país fuertemente polarizado y económico, con un margen de maniobra limitado en materia presupuestaria.  En estos primeros tres meses de su tercer mandato, Lula da Silva amplió el emblemático programa de subsidios Bolsa Familia y restableció los criterios originales de este programa que ayudó a reducir la pobreza: se vuelve a exigir que los niños vayan a la escuela y que estén vacunados. Se creó además un subsidio adicional por cada hijo menor. Se anunció también una política de cuotas en los altos cargos públicos para los afrobrasileños y mestizos, marginados en la sociedad. Lula revocó también varias leyes del gobierno que facilitaban el porte de armas. Sin embargo, su aprobación es de solo 38% por cientos según la encuestadora Datafolha, más que Bolsonaro al cabo de 100 días de poder, pero menos que durante sus mandatos anteriores. ¿Cómo explicar esta cifra? Responde el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Fluminense, de Brasil,  Marcial García Suárez:     En materia de protección de la Amazonia, Lula tomó medidas de urgencia pero aún no se ha podido frenar la deforestación: de enero a marzo, el desmonte alcanzó cifras históricamente altas, justo detrás de la que ocurrió en 2022. En el plano internacional, Lula rompió con la política de Bolsonaro y reanuda su ambición de hacer de Brasil una potencia no alineada. Tendió puentes con Venezuela, criticó al presidente de Ucrania y la semana pasada, Brasil se reincorporó al organismo continente Unasur. Entrevistado: Marcial García Suárez, profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. 

En Chile, tras el asesinato de dos agentes policiales el mes pasado, los diputados aceleraron su agenda parlamentaria para aprobar leyes que endurecen la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, una de estas leyes levanta controversias ya que instaura una presunción de legítima defensa que podría incrementar los abusos policiales, según los defensores de derechos humanos. Chile es uno de los países más seguros del continente americano, pero el aumento significativo de la tasa de homicidios (+33%) y de los robos con violencia (+63%) ha empujado ciertos sectores políticos a proponer mano dura contra la delincuencia. Legítima defensa privilegiada Tras la muerte de dos agentes policiales en operación el mes pasado, los diputados tramitaron en urgencia seis proyectos de ley antidelincuencia. Una de estas leyes, llamada "Ley Nain-Retamal", en alusión a dos víctimas, establece una presunción de legítima defensa de los policías y los exime de responsabilidad criminal si disparan en defensa propia o por impedir un delito, salvo si la justicia demuestra lo contrario. El diputado de derecha Andrés Longton es el impulsor de esta reforma: “Lo que ocurre en la práctica es que Carabineros y las policías tienen que demostrar que hicieron un uso legítimo de la fuerza a pesar de haber sido objeto de esas agresiones. Es decir, son imputados por los tribunales, son suspendidos de sus funciones y finalmente son apartados de sus cargos de manera temporal, o de manera permanente muchas veces, y eso inhibe a las policías de poder actuar bajo el amparo de la ley”, explica. “Entonces, ¿qué hace este proyecto a propósito de la legítima defensa privilegiada? Nosotros decimos algo muy simple. Decimos que cuando hay agresión ilegítima contra los policías, contra un tercero, que puede atentar contra su vida o generarle lesiones graves bajo ciertos supuestos, va a haber una presunción legal de que él usó dicho armamento bajo el amparo de la ley. Es decir, las policías no van a tener que demostrarlo, va a tener que demostrarlo la Fiscalía o el creyente que la policía no hicieron uso legítimo de la fuerza”, detalla Longton. ¿Mayor impunidad de los policías? El proyecto sin embargo causa inquietud de organismos internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para América del Sur estima que la propuesta reduce la rendición de cuentas y favorece la impunidad de los policías. El abogado y defensor de los derechos humanos Francisco Cox estima que la Ley Nain-Retamal no es necesaria porque “la policía sí ha estado haciendo uso de sus armsa de fuego y esta inhibición es simplemente teórica”. “De hecho, en los dos casos más recientes, los Carabineros que acompañaban a las personas que fueron asesinadas hicieron uso de su arma de fuego. No se sintieron inhibidos de hacer uso de su arma de fuego. El problema en Chile no es necesariamente de falta de leyes, sino que es de falta de enfoque y dirección de las investigaciones. Y por lo tanto, esas investigaciones se tienen que dirigir a las estructuras de crimen organizado”, recalca Cox. La lucha contra la delincuencia no era una prioridad del presidente de izquierda Gabriel Boric, pero el aumento de los índices de delincuencia y la presión de diputados y senadores conservadores lo llevaron a dar un giro para apoyar la lucha contra el crimen.

El bombardeo de nubes es un proceso químico que implica la dispersión de sustancias químicas en las nubes con el fin de aumentar su capacidad de precipitación. Los expertos consultados por RFI cuestionan su utilidad.  No es una técnica nueva y de hecho, durante el gobierno de López Obrador ya se implementó en el Programa de Estimulación de Lluvias para Mitigar la Sequía en 2021 y 2022. Efecto limitado y alto costo son las principales limitaciones del bombardeo de nubes como recurso para luchar contra la sequía que azota México. Los expertos consultados por RFI cuestionan su utilidad.  Para conseguir esto se utilizan aviones equipados con dispositivos que se encargan de dispersar materiales químicos en las nubes, por ejemplo: yoduro de plata, nitrato de sodio o en su defecto, cloruro de calcio, las cuales ayudan a estimular la formación de cristales de hielo en las nubes y así poder aumentar la probabilidad de que se produzcan precipitaciones. El doctor Luis Ladino de la Universidad Nacional Autónoma de México dice: "Es muy controversial y a día de hoy  ni la Organización mundial de la meteorología recomienda esta estrategia como una estrategia que funcione desde un punto de vista científico". El doctor señala en nuestra antena que si no funciona desde el punto de vista científico es que "no es reproducible. Ellos argumentan que ha aumentado un 25% estas precipitaciones en algunos experimentos. Pero entonces la comunidad científica les puede preguntar que lo repitan y lo demuestren". Para enfrentar la sequía el ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de agua potable del valle de México, aboga por trabajar a largo plazo en la restauración de los recursos hídricos. "A medida que se da un desarrollo urbano desmedido y sin orden, se empiezan a invadir las zonas que normalmente son de recarga. Esto provoca que no se dé infiltración adecuada en acuifero, genera encharcamientos  e inundaciones en las ciudades y entonces empiezas a pelearte con el agua de lluvia en lugar de aprovecharla" sentencia Gutiérrez Marcos en RFI.  Según la Conagua, su monitoreo en las principales presas de México, en al menos tres de los 210 cuerpos de agua se encuentran en su nivel más bajo de agua, es decir, en cero. Su informe dio a conocer que la presa El Peaje, en San Luis Potosí, Copándaro de Dolores, en Michoacán y la presa Divino Redentor, en Querétaro, son las presas con menor nivel de agua.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció la autorización de la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", argumentando que se trata de una "medida urgente para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado". Esto, en medio de una ola de asesinatos, secuestros y ataques a funcionarios públicos. Contrariamente a la idea de Lasso, los especialistas en seguridad ciudadana prevén un aumento de la violencia en el país. La casi unanimidad es latente entre los expertos de seguridad de Ecuador, que coinciden en que la medida establecida por el mandatario Guillermo Lasso de autorizar la "tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal" aumentará la violencia en un país que acabó el pasado año con la mayor tasa de homicidios de su historia. “Ampliar el mercado de armas” Para el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova, es evidente que esta autorización del porte de armas en uso civil es contraproducente para disminuir la violencia criminal: “En el Ecuador,ya tenemos un enorme mercado negro de armas del cual se están alimentando las organizaciones criminales para cometer sus ilícitos. Cuando se crea este decreto ejecutivo, que permite una serie de cosas para la importación de armas por vía legal, para la fabricación incluso de armas en territorio ecuatoriano, lo que se hace es ampliar el mercado de armas disponibles en el país y por lo tanto, facilitar los mecanismos de tráfico”, explica el experto en violencia. “Más aún cuando no contamos con mecanismos para rendición de cuentas y supervisión, ni siquiera del rastrillo que está bajo jurisdicción de Fuerzas Armadas o del que mantiene Policía Nacional. Es más, en los últimos dos años hemos visto cómo de los propios cuarteles de la policía se han robado armas de dotación policial y ahora sirven para los criminales. Es decir, no ha habido ni siquiera capacidad para controlar las armas de dotación propia. Peor aún para hacerlo con armas importadas”, enfatiza Luis Córdova. “Decisión desesperada” Según la exsubsecretaria general de Inteligencia en Ecuador, Carolina Andrade, la medida instaurada por el presidente es el reflejo de la incapacidad y falta de toma de decisión en los recursos del país. “Solamente si vamos a ver los datos históricos, el porcentaje más bajo de uso de armas de fuego en homicidios fue en el año 2017: el 47.6% de los homicidios se cometieron por armas de fuego. El año pasado, en 2022, esto se incrementó drásticamente al 86%”, subraya la politóloga. “Por otro lado, nos alerta esta decisión desesperada en un contexto político donde Guillermo Lasso tiene que sobrevivir a un juicio político, una medida desesperada para buscar generar un guiño a los sectores de extrema derecha conservadores. Y además, es una muestra de incapacidad del gobierno central de haber garantizado la seguridad integral que está en la Constitución como una de sus principales responsabilidades”, recalca Andrade. El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, con Rafael Correa al frente de la Presidencia, quedó suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, siempre bajo unos requisitos legales.

Estamos a un mes de las elecciones presidenciales de Paraguay, previstas el 30 de abril, en las que se decidirán quién sustituye a Abdo Benítez. Unos comicios en los que, como siempre son favoritos los candidatos de los grupos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Parte con cierta ventaja el colorado, Santiago Peña frente al liberal Efraín Alegre, que por tercera vez se presenta a los comicios. 4,8 millones de electores están llamados a las urnas el próximo 30 de abril y estas semanas previas parece que la campaña despierta poco interés. Todo indica que la batalla se libra, una vez más, entre los dos partidos que dominan la vida política paraguaya. El Partido Colorado que ha gobernado el país desde hace 70 años, salvo el paréntesis Fernando Lugo, y el Partido Liberal. Y es que las elecciones políticas paraguayas se celebran casi como si se tratara de un partido de fútbol, un derbi, entre dos viejos clubs conocidos, con un eterno favorito; y con unos electores, que más que votantes, se comportan como hinchas, así lo analiza para RFI el profesor de la Universidad Nacional del Pilar, Marcello Lachi, experto en el sistema electoral paraguayo: "Acá el ser colorado o liberal es una identidad social y eso significa que esos hinchas votan a su equipo. Dos terceras partes de los electores votan según esa afiliación." Este año el capitán de los colorados, el candidato, es Santiago Peña de 44 años, delfín del ex presidente Horacio Cartes, objeto de denuncias de corrupción y por los liberales, encabeza el equipo por tercera vez, Efraín Alegre, de 60 años, pero esta vez acude sin una alianza sólida detrás. Marcello Lachi: "Peña parte con ventaja porque no se pudo construir una alianza muy fuerte. Existen candidaturas de pequeños partidos de izquierda que hace cinco años sí participaron en la alianza que perdió contra el partido Colorado pero esta vez se candidatan a otras personas" sentencia Lachi. El ganador de los comicios sustituirá a Abdo Benítez por un periodo de cinco años en un contexto de fuertes desigualdades sociales y con una tasa de pobreza que subió del 23,5% en 2017 al 27% el año pasado. En los últimos 70 años, solo en una ocasión el Partido Colorado quedó fuera del gobierno en Paraguay, durante la presidencia del exobispo de izquierda Fernando Lugo (2008-12), destituido un año antes de terminar su periodo.  Con una pobreza que en 2022 alcanzó a 27% de la población y fuertes desigualdades sociales, Paraguay tuvo el año pasado un crecimiento de 0,1% del Producto Interno Bruto y una inflación de 8,1%. Sin debate y con encuestas contradictorias Sin que se haya podido organizar hasta ahora un debate entre los dos principales candidatos, los sondeos muestran tendencias opuestas. La encuestadora GEO (Gabinete de Estudios de Opinión) da como favorito a Alegre (38,9%) frente a Peña (35,2%). Mucho más atrás aparecen el candidato antisistema Paraguayo Cubas (10%), el socialista Euclides Acevedo (6%) y José Luis Chilavert, exarquero de la selección paraguaya y del Vélez Sarsfield de Argentina, con menos de 1%. La firma Ati Snead Consultores pronostica en cambio la victoria de Peña (46,2%) ante Alegre (38,7%).

En entrevista con RFI, el economista argentino Marcelo Elizondo estima que la decisión del gobierno argentino de ordenar a empresas del Estado la venta o canje de bonos en dólares por nuevos instrumentos en pesos es 'una mala medida en términos de reputación y de generación de confianza' porque se está mostrando 'una actitud de desesperación'. Argentina necesita dólares para financiar el gasto público y sostener su moneda. Las elecciones se acercan y la opción de un ajuste amplio podría pasar factura política. Paralelamente, la recaudación de las agro-exportaciones ha disminuido por la mala cosecha causada por la sequía. El gobierno argentino ha decidido buscar los dólares en otro lado: obligando a las empresas estatales a vender los bonos que tienen en dólares como ahorro y comprarlos en pesos. El gobierno busca con este mecanismo ofrecer al mercado instrumentos con valor dólar, los cuales son muy demandados en el contexto de incertidumbre y de inestabilidad actual. En Argentina, recordemos, la inflación superó el 100%. La medida también permitirá recaudar fondos emitiendo nueva deuda en pesos. Pero esta decisión ha causado mucho revuelo, sobre todo por lo que se refiere a la agencia que administra las pensiones. La oposición estima que los jubilados pueden verse perjudicados. Aclaraciones con el economista Marcelo Elizondo. "Este tema produce una sensibilización especial porque la Argentina ha tomado históricamente muchas decisiones que han sido contrarias al respeto de los contratos, a la estabilidad y a la seguridad jurídica. El país tiene muy mala reputación y por eso genera una considerable duda. La agencia de administración de las pensiones que se menciona tiene lo que se llama un ‘fondo de garantía’. Estas son, en realidad, inversiones financieras que tienen el respaldo de garantía que no utiliza para el pago de las pensiones. Las tiene como quien tiene una reserva que no se utiliza cotidianamente. Los títulos que (el gobierno) obliga a vender provienen de ahí. De modo que no hay una afectación directa en la capacidad de pago. Donde sí hay una afectación potencial es que, en el caso de que hubiera la necesidad de acudir en el futuro a ese fondo de garantía, lo que hasta ahora no ha ocurrido jamás, probablemente ese respaldo sería menor". Aunque las pensiones no corran peligro y no estemos ante una “pesificación” de la economía, como ocurrió en 2.001, porque no se están tocando directamente las jubilaciones, los efectos de la medida son limitados y dan una imagen nefasta. "Esta medida va a calmar momentáneamente, por muy corto plazo, la demanda creciente de activos en dólares generados por la incertidumbre y la inestabilidad. Por un tiempo aquellos que querían comprar dólares porque temen cierta depreciación o devaluación de la moneda local, pueden comprar estos activos que en el mercado cotizan, además, a un precio muy bajo y tienen un instrumento dolarizado. Entonces puede que esto atenúe la demanda de divisa extranjera y la corrida contra el peso en la Argentina. Pero todo esto es, repito, a muy corto plazo. No es sostenible. En el mediano y el largo plazo, el problema reaparecerá. En términos de reputación y de generación de confianza es una mala medida. Con ella se está mostrando una actitud de desesperación. Se está acudiendo a instrumentos de urgencia que no contribuyen en lo más mínimo a la buena reputación".

Es la primera vez que se adopta este tipo de medida ante el número creciente de amenazas a fiscales, jueces y políticos. En el punto de mira está el crimen organizado mexicano, venezolano y brasileño, grupos que se han implantado en todo el territorio y que están relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás, con el primer tiroteo que hubo, empezaron a aparecer carteles, panfletos, un mono conmigo ahorcado... Y han continuado las amenazas. La última vez, cuando el miércoles hicimos la última demolición, los soldados de los narcos gritaban ‘sabemos dónde vives, sabemos quiénes son tus hijos, vamos a matar a tu mamá’…”, cuenta Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, municipio en el este de Santiago, el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter impulsa la demolición de casas presuntamente relacionadas con el narcotráfico, y lleva meses recibiendo amenazas. No es el único: al menos otros tres alcaldes y dos diputados han recibido amenazas de muerte. Un fenómeno que se ha profundizado en el último año. “Nos ha tomado desprevenidos” “La situación de La Araucanía no es nueva. La violencia empieza en el año 97 con el primer atentado a camiones de una forestal, realizado por la Coordinadora Arauco Malleco en diciembre, pero desde ahí hasta hoy se ha ido profundizando, y sobre todo ahora que estamos enfrentados al crimen organizado, avanzó muy, muy rápido en el último año”, explica a RFI Pilar Lizana, investigadora en crimen organizado del centro de análisis AthenaLab. “Nos ha tomado desprevenidos en ciertos aspectos. Las autoridades han informado de la presencia de cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco, Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Los distintos medios de comunicación del país informaron muchísimo sobre el actuar del Tren de Aragua, estos venezolanos que nacen en el sistema penitenciario de Venezuela y operan de manera bastante extensa en el territorio”, prosigue Lizana. Exportación de drogas Chile se ha convertido en un lugar importante para las actividades de estos grupos sobre todo por su costa, analiza la investigadora: “Somos vecinos del segundo y el tercer productor de coca mundial, Perú y Bolivia. Y nuestra frontera con Bolivia es bastante utilizada para ingresar esta droga al país y después este tipo de grupos transnacionales están tratando de sacarle provecho a nuestra infraestructura portuaria para poder exportarlo por ahí. El informe de Naciones Unidas, que se publicó hace unas semanas atrás sobre la producción de coca, ya ubicó a uno de nuestros puertos dentro de las rutas de distribución”. La unidad de la Fiscalía que investigará las amenazas está dirigida por Héctor Barrios, especialista en crimen organizado que pilotará un grupo de 13 fiscales.

A la espera del informe oficial sobre la violencia, marzo podría ser el mes más tranquilo de la historia de El Salvador en materia de seguridad y criminalidad. Sería según los expertos, la guinda sobre la torta para el presidente Nayib Bukele cuando el país centroamericano cumple un año bajo un régimen de excepción. La intención fue erradicar el alto índice de homicidios generado por las maras o pandillas y las cifras le está dando la razón a pesar de las críticas de los defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos. "Estamos ahora con las cifras de violencia homicida más bajas de las que se tiene registro si tomamos como punto de partida 1992, el año del fin de la guerra civil", dice a RFI en español, el periodista y escritor salvadoreño Roberto Valencia. Este experto en temas de violencia traza una radiografía del fuerte giro que se vive en el país en los ultimos doce meses. "Para El Salvador esto es un hito -continúa- y este año se proyecta un descenso aún más acentuado: se prevén cifras de un solo dígito, en torno a un homicidio por cada 100.000 habitantes, es decir un nivel muy parecido al de los países europeos. Pero Valencia matiza estos resultados. "¿Significan estas cifras que la sociedad salvadoreña ha dejado de ser violenta como lo ha sido en las últimas décadas? No, todavía hay mucha tela que cortar, pero los datos que tenemos sobre la mesa son estos." Vea y escuche también; "En Primera Plana: La tendencia autoritaria se rearma en Centroamérica" Otro dato sirve para entender el impacto del plan de seguridad implantado por el presidente Nayib Bukele en marzo 2022: el 92% de los salvadoreños apoya el régimen de excepción y quienes protestan y denuncian abusos y violaciones de derechos humanos, están en minoría. "Bukele cuenta hoy con altísimos niveles de popularidad pero lo que es surrealista -explica Valencia- es que las encuestas le dan también el apoyo de actores sociales y políticos que no tienen simpatía alguna por su régimen." La otra cara de la moneda Tras la aplicación del estado de excepción, el gobierno salvadoreño ha recuperado el control del territorio nacional, ha golpeado las estructuras de las pandillas y arrestado a decenas de sus líderes. Lea y escuche también: "Noticias de América: ¿Ha conseguido Bukele desarticular las pandillas en El Salvador?" El experto en violencia subraya al mismo tiempo que como denuncian actores importantes de la comunidad nacional e internacional, "se registra una degradación sin precedentes del Estado de derecho y de la democracia en El Salvador y eso tendrá consecuencias en el futuro, cuando ya no exista ese masivo respaldo popular a la política de Bukele. Lo que es más preocupante, concluye Valencia, es la militarización extrema y esa manera de hacer política del oficialismo, que agrede verbalmente a quien el bukelismo considera un rival político."

RFI entrevistó a Julio Raudales, un economista y sociólogo hondureño, sobre el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de establecer relaciones diplomáticas con Pekín. 'Esto forma parte de una tendencia de países de izquierda de la región, explica.  Honduras se une al bando diplomático de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, como parte de la agenda ideológica y económica de la presidenta hondureña Xiomara Castro. A diferencia de otros países centroamericanos que han anunciado en el pasado de forma oficial y abrupta su ruptura con Taiwán, por ahora, la mandataria hondureña solo ha anunciado el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín. Sin embargo, este alineamiento supone de facto el reconocimiento de una sola China, la República Popular. ¿Por qué Honduras rompe con un país que ha sido históricamente amigo y ha tenido décadas de relaciones? ¿Por qué precisamente ahora, en un contexto de guerra y bloques entre Occidente y el eje China-Rusia? Julio Raudales, economista y sociólogo hondureño, ha analizado para RFI las motivaciones de este movimiento y sus repercusiones en las relaciones políticas de América. "China está buscando fuentes de financiamiento para megaproyectos, ya que la situación fiscal del país está bastante grave desde hace algunos años. El gobierno hondureño actual tiene una inclinación hacia la izquierda y cuenta con el apoyo de un grupo de países latinoamericanos como Venezuela y Cuba. En este sentido, esto forma parte de una tendencia. Otros países también han roto con Taiwán, lo cual forma parte de la agenda del actual gobierno. Es el péndulo político e ideológico: ahora se inclina hacia la izquierda. Da la impresión de que esto es irreversible. Evidentemente, hay una mayoría de personas que piensa que esta no es la decisión más acertada en estos momentos". ¿Qué impacto tendrá este movimiento en el tablero político de América y del mundo? "En un contexto de guerra en Europa, una guerra que también ha dividido al mundo y probablemente afectará la relación que actualmente tenemos con Estados Unidos, un aliado que todo el mundo sabe que está del lado de Taiwán, esto tendrá algunas repercusiones. Sobre todo, en lo que respecta a la cooperación. China es el cooperante más grande del país. Esto matiza mucho el mapa político mundial, especialmente si consideramos que Europa está inclinándose cada vez más hacia la derecha. Espero que la presidenta y su equipo hayan medido las consecuencias y los beneficios de este acercamiento con China, y que los elementos positivos superen a los negativos". Si se confirma la ruptura de Honduras con el gobierno democrático de Taiwán, esta última solo contará con 13 países que la reconocen oficialmente en todo el mundo. Como respuesta y para consolidar sus escasos aliados, la presidenta taiwanesa anunció una visita oficial a Guatemala y Belice para la próxima semana.

En Estados Unidos, la Nación Navajo, continúa la lucha por sus derechos sobre el agua del río Colorado. La Corte Suprema escuchó esta semana los argumentos de los estados implicados, mientras que los nativos americanos denuncian un bloqueo por parte del Gobierno federal, al que acusan de no representar sus intereses en la causa.    La industria, el cambio climático y la sobrepoblación están llevando a los estados bañados por el río Colorado a tener que reducir el uso de sus aguas. Quienes más sufren esta situación son los nativos de la Nación Navajo, con un alto porcentaje de población sin acceso al agua potable.   Este pueblo ocupa un territorio de más de 70.000 km² entre los estados de Arizona y Utah y Nuevo México, mientras estos tres estados se ven envueltos en una larga batalla judicial por el agua.   Los navajos denuncian que el gobierno federal no está defendiendo sus intereses en el caso. “En esta batalla, se va a determinar qué cantidad de agua necesita la Nación indígena para vivir. El gobierno está diciendo que ellos no necesitan tanta agua, aunque supuestamente tiene un deber de defenderlos”, explica Andrea Carmen, directora del Consejo Internacional de Tratados Indios. "La corte más alta de Estados Unidos está escuchando el caso, aunque el gobierno de los Estados Unidos tiene su propio interés”, detalla.  La conferencia sobre el agua de la ONU Estados Unidos, por su parte, alega que el Tratado de 1868 no le obliga a abastecer de agua o suministros a estos territorios. A la espera del fallo de la Corte Suprema, que históricamente se considera poco favorable a los nativos americanos, los navajos defienden su lucha recordando la inviolabilidad de los tratados.   “En los primeros días de la colonización, los reconocieron como naciones de igual estatuto. Son compromisos entre dos naciones y las tierras, territorios y recursos, incluyendo agua. Esto está respaldado por el campo internacional”, ahonda Andrea Carmen.  El Consejo Internacional de Tratados Indios defiende esta semana su posición en la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua en Nueva York. 

En Ecuador se investiga como delito de terrorismo el envío de sobres con explosivos a medios de comunicación. Hasta cinco periodistas recibieron este lunes dispositivos pendrive que debían estallar al ser insertados en el computador. Solo uno de ellos funcionó, y no hubo que lamentar heridos graves en este nuevo ataque contra la libertad de prensa.   De los cinco pendrives detectados hasta la fecha, solo llegó a estallar el dirigido al periodista Lenin Artieda, quien se encuentra con unas leves lesiones en la mano y en la cara.  Estos periodistas de diferentes medios públicos y privados de Ecuador tienen en común una gran visibilidad mediática y un marcado carácter político en defensa de la democracia.    Todos los sobres, cargados con un material explosivo de tipo militar, provienen de la provincia costera de Los Ríos. De ellos, dos se enviaron a Quito, y tres a Guayaquil, importante puerto de exportación de cocaína, y escenario de violentas disputas entre bandas narcotraficantes.    Las organizaciones de periodistas, sin embargo, piden que no se dé por hecho la autoría de una organización criminal organizada, y que no se descarte en la investigación la motivación política.  “Podría ser un atentado de carácter político, dado que Ecuador está en medio de un escenario de incertidumbre, de inestabilidad política, marcada por el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso”, analiza César Ricaurte, director de Fundamedios, ONG por la libertad de prensa en Ecuador.  “Estos profesionales hacen periodismo político y en los últimos meses semanas han expresado su opinión sobre la necesidad de preservar los valores democráticos y la estabilidad democrática en el en el país. Cuando se producen en estos hechos, están rodeados de una cierta impunidad, no avanzan las investigaciones”, ahonda.  350 agresiones contra la prensa en 2022 "Las primeras investigaciones creemos que van en la línea correcta”, agrega Ricaurte. “Solo nos preocupa que se intente atribuir directamente, sin más elementos, al crimen organizado. Confiamos en que las autoridades sigan conduciendo estas investigaciones con celeridad y con rigurosidad”.   En 2022, uno de los peores años jamás registrados para la prensa en Ecuador, cuatro periodistas fueron asesinados y se cometieron más de 350 agresiones o atentados.   Las ONG llaman a las autoridades a reforzar los mecanismos de protección y los otros protocolos de los medios para acabar con estos ataques. 

Los participantes de la pasada marcha por el día internacional de la mujer en San Salvador levantaron este año una bandera que se está convirtiendo en un símbolo de la lucha por la libertad de abortar. Se trata del caso "Beatriz contra el Estado de El Salvador", que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aceptaron tratar a partir de este miércoles 22 de marzo. La decisión podría sentar un precedente sobre la prohibición total de la interrupción del embarazo en el país centroamericano. Por Vladimir Chamorro, desde San Salvador Beatriz, cuyo verdadero nombre se desconoce, era una joven salvadoreña con lupus, a quien en 2013 el Estado negó un amparo legal para interrumpir su embarazo, pese a que un comité médico concluyó que era imposible la vida extrauterina del feto que se gestaba en su vientre. Alejandra Burgos, miembro de la Red de defensoras de Derechos Humanos, exige que se condene al estado salvadoreño. "Lo que esperamos es que la Corte IDH condene al estado salvadoreño, dice la activista. Que esto sirva para generar medidas de no repetición, que implique no solamente la reparación para la familia de Beatriz, sino también para despenalizar el aborto en El Salvador y en las Américas." Lea también: Aborto: La Corte IDH analiza el caso "Beatriz contra el Estado de El Salvador" Mientras varios países de América Latina están dando importantes pasos a favor del derecho al aborto legal, El Salvador sigue siendo el furgón de cola. Es una de las pocas naciones en el mundo que aún lo prohíbe totalmente. Sara García, de la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto, asegura que en un país en el que el aborto es caratulado como homicidio agravado, con penas de hasta 50 años, las mujeres no tienen más alternativa que "la cárcel o la muerte". "El estado salvadoreño le falla a las mujeres de manera sistemática cuando sigue penalizando el aborto, cuando no escucha al movimiento social, cuando vemos que hay una ausencia de educación sexual. Pero también hay mujeres criminalizadas. La alternativa que tenemos es la cárcel, por eso que para nosotras, Beatriz significa la mujer que se atrevió a denunciar y ahora nosotras acuerpamos su lucha por la justicia". Lea también: Francia: Macron promete un proyecto de ley para consagrar el aborto en la Constitución Esta agrupación ciudadana registra al menos 180 mujeres encarceladas por abortar a causa de emergencias obstétricas en las últimas 2 décadas. Si bien la lucha de las organizaciones feministas ha logrado la liberación de decenas de ellas, aseguran que la gestión del presidente Nayib Bukele y del actual Congreso, con mayoría oficialista, representan un importante retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Lo achacan a algunas decisiones como la de archivar en 2021 una propuesta de reforma a la ley penal, llamada Reforma Beatriz, la cual buscaba despenalizar el aborto en 3 causales: cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviables la vida fuera del útero y, finalmente, por violación. Las organizaciones de mujeres esperan que una resolución de la Corte IDH a favor de Beatriz permita retomar el debate sobre la despenalización del aborto en el país. El Estado no le permitió realizar el aborto Originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, Beatriz tenía 20 años cuando le confirmaron en febrero de 2013 su segundo embarazo, ya diagnosticada de lupus y tras un primer parto de riesgo. Un mes después se diagnosticó malformación congénita en el feto incompatible con la vida, con "probabilidad de que ella muriera" si se extendía el embarazo. Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a sabiendas de la inviabilidad del feto, hasta que se le practicó una cesárea. El bebé murió cinco horas después. También consideran que fueron violados sus derechos a la vida privada y familiar al permanecer internada casi en la totalidad de los 81 días. El Estado no le permitió desde un principio realizar el aborto. Apeló a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador y esta determinó que "no ha lugar" a la interrupción del embarazo. La muerte de Beatriz a consecuencia de un accidente no ha hecho que su familia desista en buscar justicia por su caso.

El IPCC publicó este lunes su sexto informe sobre el calentamiento global y sus consecuencias, con propuestas para frenar el aumento de la temperatura.  En América Latina, ya se ven los estragos de las olas de calor, con inundaciones y supersequías que se han sucedido desde el inicio del año. En el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los años más calurosos que se registran actualmente serán algunos de los más frescos dentro de una generación. Es preocupante si se tiene en cuenta que en los últimos meses se registraron en varios países de América Latina, temperaturas récords. “La ciencia indica que cuando el incremento de la temperatura sobrepasa el 1,5°C, respecto al periodo preindustrial, hay una gran posibilidad de eventos catastróficos”, explica a RFI Manuel Rodríguez Becerra, cofundador del Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, y señala que ya se han visto algunos de estos eventos. “En general todos los países deben tener como prioridad hoy en día la adaptación a los eventos climáticos extremos, que incluyen no solo las olas de calor que ha ido creciendo en frecuencia y en intensidad, sino también las olas de lluvias torrenciales e inviernos extremos como por ejemplo padecen en Colombia y Perú, con grandes inundaciones”, indica Rodríguez. Destaca asimismo la zona andina, donde vive un gran grupo poblacional en montaña. Ahí las olas de calor no van a ser semejantes a las que se ven al nivel del mar. Sequías y hambruna El calor extremo en 2023 ha reducido en Argentina sus dos principales cultivos: la soja y el maíz. “¿Qué hacer para lidiar con olas extremas de calor? Es mas difícil que con las inundaciones. Con las inundaciones hay formas para evitar que sean tan masivas, con obras de ingeniería y soluciones basadas en la naturaleza. Pero en lo que se refiere a las sequías y a las pérdidas de cosechas, hoy en día no tenemos forma de enfrentarlo. Se requiere generar técnicas agrícolas y variedades de productos que aguanten las embestidas de las grandes sequías. Lo que significa es que puede haber hambre”, apunta el experto. El verano austral acaba de terminar en el hemisferio sur. Según la dirección de Meteorología de Chile, febrero finalizó como el más caluroso de la historia en la zona centro-sur del país. Durante ese mismo mes, se registraron mega incendios que devoraron cientos de miles de hectáreas de bosques y en el que murieron 26 personas. Si bien parte de estos incendios fueron iniciados por manos criminales, la sequía favoreció la combustión.

Perú cumplió el viernes 17 de marzo 100 días de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. La sucesora de Pedro Castillo es acusada de llevar a cabo una brutal represión de los simpatizantes del exmandatario. A esta acusación se suma ahora la de racismo en el uso de la violencia. En Perú, se cumplieron 100 días de protestas contra el gobierno de la presidente Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo por su fallido autogolpe. Una ola de violencia se ha apoderado del país, con actos de vandalismo y represión policial. La organización Amnistía Internacional cuenta hasta 76 personas fallecidas, en su mayoría manifestantes que murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. Amnistía Internacional además ha denunciado este viernes 17 de marzo que la represión tiene características racistas. “La fuerza letal ha sido más pronunciada en regiones a pesar de que el número de incidentes violentos ha sido semejante en Lima como en regiones”, apunta Madeleine Penman, investigadora regional para las Américas de Amnistía internacional. “Se han usado armas letales de munición viva en regiones como Ayacucho, Apurímac y Puno. En Lima hemos visto uso indebido de armas ‘potencialmente letales’, como gas lacrimógeno, etc”, explica Penman, quien analizó estos datos comparando con datos del censo respecto a etnicidad. "Discriminación arraigada" “Todos estos datos van acompañados de discursos desde líderes en Perú que plantean a las personas del sur del país como gente que no tiene derecho legítimo de protesta”, dice. Según Amnistía, este racismo en la represión se enmarca en un fenómeno mayor. “Hay un sesgo racista en cuanto a la respuesta policial. Hace parte de un contexto de discriminación arraigada en Perú en cuanto a grupos de la población cuyos derechos han sido pisoteados por décadas”, analiza Madeleine Penman. Los partidarios del expresidente Pedro Castillo siguen exigiendo la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.

El cultivo de coca se disparó un 35% entre 2020 y 2021, alcanzando un nivel récord, según un informe de la ONU publicado este 16 de marzo, que señala además la aparición de nuevos centros de tráfico en el sureste de Europa y África.   Entre 2020 y 2021, el cultivo de la coca aumentó un 35%, según un informe de la ONU publicado este jueves. El documento indica que en 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos de cultivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Cambios enormes” en la industria agrícola ¿Cómo se explica este récord de 2021? Las mejoras en el proceso de transformación de la coca es una de las claves, explica a RFI Francisco Thoumi, miembro del Comité de Asesores Científicos del Informe Mundial sobre las Drogas: “Eso pasó en Colombia mucho antes. La producción, la productividad ha aumentado. El contenido de cocaína en el arbusto, en las hojas ha aumentado. En Colombia ha habido épocas en donde se disminuyen los cultivos y aumenta la producción. Y eso está ocurriendo. Ha ocurrido en Perú y Bolivia también. Es decir, es lo más normal, porque la industria agrícola en el mundo ha tenido cambios enormes en los últimos 100 años”. Además de la expansión del cultivo de arbusto de coca, la ONUDD explica este fuerte aumento por "las mejoras en el proceso de transformación" del arbusto de coca en clorhidrato de cocaína. Una vez recogidas, las hojas se entregan a químicos que las mezclan con gasolina, cal, cemento y sulfato de amonio para obtener una pasta blanca. Después se enriquece esta pasta con un cóctel de ácidos y disolventes. “En Perú el gobierno ha tenido más control territorial que en Colombia, pero en los últimos años se ha debilitado mucho el control con todos los cambios políticos que ha habido, es decir, seis presidentes en cinco años y la mayoría en la cárcel”, recalca. Nuevas rutas del narcotráfico Con Colombia y Perú, Bolivia es otro de los países que concentran los campos de cultivos de coca. “Los campesinos que llegaron al Chapare venían de la sierra y venían organizados en ‘sindicatos’ que tenían normas de comportamiento bastante rigurosas, había orden. Yo sospecho que desde que Evo tuvo que salir, los controles sociales disminuyeron sustancialmente y eso permite que haya aumentos más fáciles en los cultivos ilícitos”, comenta Thoumi. La demanda está en aumento constante. En la última década aparecen nuevas rutas del narcotráfico, como el sureste de Europa y África: “En el caso de África, creo que con toda la migración, ha surgido una cantidad de redes de transporte ilegal que posiblemente han facilitado también el tráfico de drogas. Las mismas redes que hay para el tráfico de personas se pueden usar para cualquier otra cosa”, detalla el experto. En 2021, las incautaciones de cocaína alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas de droga.

Argentina y Ecuador atraviesan una crisis diplomática que ha llevado a ambas naciones a retirar a sus embajadores. El desencadenante: una ex ministra de Transporte y Obras Públicas ecuatoriana condenada por corrupción logró fugarse del país hacia Venezuela, tras permanecer desde 2020 refugiada en la embajada argentina en Quito. "Esperamos que este impasse sea solucionado pronto", dijo este miércoles el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín en una entrevista, refiriéndose a la crisis diplomática en la que están sumidos Ecuador y Argentina. "Un rompimiento diplomático con Argentina sería una medida contraproducente”, agregó. A raíz de la crisis se encuentra una ex funcionaria de Transporte y Obras Públicas. María de los Ángeles Duarte vivía desde 2020 en la embajada argentina en Quito. La ex ministra del entonces presidente Rafael Correa había encontrado allí refugio tras ser condenada por la justicia de su país a 8 años de cárcel por corrupción. Según la fiscalía ecuatoriana, Duarte formó parte de estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado. El fin de semana, la mujer se fugó para viajar a Venezuela y se presentó en la embajada argentina en Caracas el martes 14 de marzo, lo que provocó la furia del gobierno de Ecuador. Quito retiró en protesta a su embajador en Buenos Aires, Xavier Monge, y Argentina convocó al suyo, Gabriel Fuks. "Consecuencias inesperadas" ¿Cuán grave es esta crisis? “Es un problema que va a traer consecuencias inesperadas para ambos países”, responde a RFI Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. “Hubo un pedido directo del presidente Fernández de Argentina al presidente Lasso de Ecuador para que le permitieran salir a Duarte. El gobierno ecuatoriano oficialmente respondió que no podía hacerlo porque ella tenía ya una sentencia judicial y por lo tanto esto viene a romper esa situación, que aparentemente había quedado trancada con la conversación entre los dos presidentes”, detalla. Las consecuencias para ambos países pueden ser de índole comercial, aunque según Pachano, los intercambios entre Ecuador y Argentina son poco significativos. “Puede tener consecuencias más bien en el plano de las de la alineación de los países en América Latina. Los temas que se debaten, por ejemplo, revivir o no a Unasur, las posiciones dentro de la OEA. En todo caso, el enfriamiento de relaciones entre dos países siempre es complicado”, agrega. La cancillería argentina sostiene que "no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas a ejercer custodia sobre Duarte", mientras que del lado ecuatoriano, el canciller Holguín afirma que “en el mejor de los casos hubo negligencia en el cuidado de la señora (Duarte) y en el peor de los casos hubo complicidad en su fuga"

Recta final en Guatemala para el cierre de las inscripciones con miras a las elecciones generales del 25 junio. Los aspirantes para los comicios presidenciales, legislativos y municipales tienen hasta el 24 de marzo para tener su nombre en las papeletas. Pero por el momento, varios aspirantes han visto su candidatura rechazada, lo que despierta preocupación y denuncias de fraude. No parece claro cuáles son los criterios que está utilizando el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para validar o rechazar candidaturas a las elecciones generales. El partido de izquierda, Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), denuncia un “fraude electoral” tras ver descartado a su binomio, integrado por la líder indígena Thelma Cabrera y el ex procurador Jordán Rodas, vedado por una denuncia penal previa. El político de derecha, Roberto Arzú, también fue rechazado. En cambio, Manuel Baldizón, un político que aceptó haber lavado dinero y fue sentenciado a 50 meses de prisión en Estados Unidos, fue aceptado. Una incoherencia que subraya el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad del Ismo, Edgar Ortiz Romero: “En el caso de Manuel Baldizón, el argumento del Tribunal Electoral es que él fue condenado en Estados Unidos y no en Guatemala, por lo tanto esa sentencia no tiene validez en este país, pero en otro caso, el del candidato a la alcaldía (reelección en Cuilapa, Santa Rosa) EsvinMarroquín, le fue negada su inscripciónporque tiene una decisión de extradición de Estados Unidos por temas relacionados al narcotráfico. El Tribunal explica esta decisión dada la importancia del cumplimiento de Tratados Internacionales de colaborar con la justicia de otros países, con lo cual uno se pregunta cómo el Tribunal resuelve un caso que una sentencia extranjera no tiene efectos en Guatemala y en otro caso que sí”. Algunos analistas se preguntan ¿qué hay detrás de esta aparente arbitrariedad? Si se trata de un sesgo político o de incompetencia del ente electoral. Para el profesor Ortiz Romero “los criterios son poco claros” ya que “no es tan fácil decir que el tribunal responde a un actor u a otro, pero sí vemos que mide con distinta vara a distintos actores”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a Guatemala a garantizar el "ejercicio de los derechos políticos" para que los candidatos puedan presentarse a las elecciones generales.

El mismo presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de no permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, incluso reforzó su compromiso con el Acuerdo Climático de París. Por eso la decisión de su administración de aprobar el proyecto petrolífero Willow en Alaska, es considerado por muchas organizaciones como contradictorio, porque podría afectar el hábitat de las comunidades nativas, también opuestas al proyecto.  El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de que no iba a permitir nuevas perforaciones de petróleo y gas en terrenos federales, además se comprometió con el Acuerdo Climático de París para luchar contra el cambio climático, por lo que la decisión de su administración de aprobar un proyecto petrolífero en Alaska, es considerado por muchas organizaciones como contradictorio. El proyecto Willow está situado en una zona conocida como Reserva Nacional de Petróleo en tierras estatales, y podría afectar a las comunidades nativas que se oponen al proyecto. “Sabemos que el presidente Biden comprende la amenaza existencial del clima, sin embargo, está aprobando un proyecto que precisamente descarrila sus propios objetivos climáticos, es decir hay una gran contradicción en esta situación”, dice preocupado Robert Valencia, estratega de medios en español para la organización estadounidense Earthjustice. Legisladores de Alaska y patrocinadores del proyecto petrolífero, aseguran que Willow creará miles de empleos y contribuirá a la independencia energética de Estados Unidos. Se prevé una producción máxima de 180.000 barriles de petróleo al día. No obstante, numeras organizaciones medioambientales y de las comunidades nativas se oponen vehemente.  De ser llevado acabo, el proyecto Willow será gestionado por ConocoPhillips, una multinacional estadounidense de extracción, transporte y transformación de petróleo. Se prevé tres áreas de perforación de las cinco solicitadas inicialmente por la empresa, con aproximadamente 219 pozos. El objetivo es producir 576 millones de barriles de petróleo en unos 30 años, según estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras (BLM por su sigla en inglés). Y la emisión de 9,2 millones de toneladas de CO2 al año, que representa el 0,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos en 2019. Aprobado durante el gobierno de Donald Trump, el proyecto petrolífero Willow fue detenido temporalmente por un juez en 2021. Una nueva revisión por parte del gobierno de Joe Biden lo revivió. Ante la amenaza de su aplicación Earthjustice “está analizando los detalles de la decisión final, pues es posible que haya litigios ya que no parece que el Departamento del Interior haya solucionado la gran cantidad de fallas legales que nosotros y otros socios, hemos identificado para la agencia de hecho antes de esa decisión”, explica Robert Valencia y añade: “exactamente no podría dar detalles, pero si podría decir que la actividad preliminar de ConocoPhillips es increíblemente destructiva y dañina”. Earthjustice insiste: "dicho proyecto pondría en peligro el refugio de vida silvestre más grande que queda en la región polar. Willow es hogar de osos polares, bueyes almizcleros, cientos de miles de aves migratorias y una de las manadas de caribúes más grandes que quedan en el norte polar. Alteraría y dejaría estragos en el área no desarrollada más grande de los Estados Unidos”. Por otra parte, el gobierno de Biden pretende prohibir la perforación sobre una gran zona del Océano Ártico que bordea la Reserva Nacional de Petróleo.

El presidente de Chile Gabriel Boric cumple este 11 de marzo un año al frente del gobierno de Chile, con un duro revés en el Congreso tras el rechazo a su reforma tributaria, pero consolidando un repunte en las encuestas. Este sábado 11 de marzo se cumple el primer año de Gabriel Boric a la cabeza de Chile. Expertos aseguran que es un gobierno que se ha ido consolidando tras el inicio difícil, saliendo de la crisis sanitaria por la Covid-19 y del estallido social de 2019 y sus secuelas. El presidente chileno priorizó los problemas de seguridad ciudadana, el manejo de la inmigración, así como el crecimiento económico. Según las últimas encuestas, la aprobación de su gestión es cercana al 39%. “Apoyo progresista” “Ha tenido oposición crítica en el Parlamento, pero no ha tenido una oposición social como tuvo el gobierno de Sebastián Piñera de derecha, en sentido de una desorganización social y de la población crítica del gobierno, saliendo a la calle… Eso no ha pasado, ha sido un año bastante tranquilo socialmente”, explica a RFI el economistaAndrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), en Santiago de Chile. “Creo que refleja que es un gobierno de centroizquierda, que ha prometido transformaciones, entonces la población le ha dado cierto apoyo progresista, con una agenda de cambios limitada por la realidad chilena”, recalca el economista, agregando que los incendios de enero y febrero contribuyeron también a aumentar su popularidad. Rechazo de la reforma tributaria Este primer año ha sido marcado por el rechazo a una nueva Constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, proyecto con el que el gobierno se había comprometido, y más recientemente, por el rechazo de la Cámara de Diputados a una reforma tributaria que buscaba financiar su ambicioso plan de reformas sociales. “Esta reforma tenía varios acápites. Le iba a subir los impuestos al ingreso, también fortalecía la atribución del servicio de renta y de impuestos internos en Chile. Con los recursos que se iban a recaudar, se iba a financiar la Pensión Garantizada Universal, que es una especie de pensión básica que, financiada con recursos del Estado, beneficiaría a las personas de menor renta y renta media. También se incluía un impuesto al patrimonio de las familias más ricas. Entonces el paquete tenía un contenido redistributivo, pero eso fue rechazado”, detalla Solimano. Según el economista, las motivaciones del rechazo“pueden ser desde obstruccionismo parlamentario hasta defensa de intereses de las personas de alta renta que tienen influencia en la acción legislativa de Chile”. “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual como están”, fustigó el mandatario la noche del miércoles. Muchos analistas destacan que Boric ha consentido algunas decisiones del Congreso, aunque se haya opuesto a ellas en la época como diputado, como la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un tratado comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico.

En el mundo se cuentan 287 feminicidios políticos en 58 países por un periodo de tres años, según un informe independiente llamado "Femmes à abattre" (mujeres a eliminar) y publicado este 8 de marzo. Uno de los paises más afectado por el fenómeno es Colombia, con 150 feminicidios en los últimos 10 años. El término "feminicidio político" existe desde hace varios años y ha sido utilizado por mujeres políticas, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet para denunciar los atropellos e impedimentos de los que fue víctima durante su mandato por ser mujer. También ha sido utilizado en todo el mundo por sociólogas, o periodistas expertas en derechos de la mujer. Sin embargo, este término no tiene valor jurídico y tampoco ha sido investigado o cuantificado, hasta que el colectivo Youpress Francia decida dedicarse a hacer un balance mundial de lo que considera un "feminicidio político", es decir, el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer y tener un rol en alguna causa política y social. Por su género y lucha El equipo de trabajo, constituido de mujeres periodistas independientes, llamó la investigación “Femmes à abattre” (mujeres a eliminar). En esta, aseguran que hubo 287 feminicidios políticos en 58 países por un periodo de tres años. Se trata de la primera investigación dedicada a ese fenómeno con el objetivo de que sea reconocido en las legislaciones. "El término feminicidio político significa que la activista fue asesinada tanto por su género que por su lucha. Nunca ha sido objeto de ninguna investigación. Tampoco este crimen está reconocido por ley en ninguna parte del mundo", explica Leïla Miñano, una de las autoras del informe. En Francia, "Vanesa Campos, una mujer trans trabajadora sexual de Perú, recibió varios disparos en el cuerpo en agosto de 2018 por parte de miembros de una banda que acosaban, violaban y robaban a ella y a sus compañeras. Vanesa fue identificada como la líder de la lucha contra esta banda, ya que se había organizado para defenderse. Los criminales actuaron para recuperar el control del territorio, acabando con su resistencia, según el fiscal en el juicio", recuerda Sophie Boutboul, otra de las autoras de la investigación. El caso de Colombia El informe explica que Colombia registra el mayor número de feminicidios políticos, unos 150 en total en los últimos 10 años. "En Colombia, el peligro es tan importante que hasta la vicepresidenta Francia Márquez y la consejera especial para los derechos de las mujeres Clemencia Carabalí han escapado a varios intentos de asesinato", afirma Leïla Miñano. "Hay un proverbio sudamericano que dice: 'querían enterrarnos pero no sabían que éramos semillas'. Este proverbio ha sido recogido en los movimientos feministas. Semillas es también el nombre que se han dado a sí mismas las herederas de Marielle Franco, asesinada en 2018 en Brasil. Nuestro trabajo es también sacar a la luz a todas las que siguen llevando la lucha de las que ya no están", agrega Sophie Boutboul, quien subraya que el feminicidio también incluye la intimidación con el fin de terminar con el rol político de la víctima. Según el documento publicado en París, entre los países más afectados están Irán, Irak, Kenia y Colombia, y existen zonas grises como Rusia y China, donde es imposible investigar acerca de los feminicidios .

RFI entrevistó al profesor Joseph Harold Pierre sobre la situación en Haití, donde están llegando armas de alto calibre de manera ilegal en cantidades cada vez mayores (ONU). En un país que sufre niveles de violencia sin precedentes en décadas, 'una intervención militar extranjera es necesaria', sostiene Pierre.  En Haití, pistolas y, en ocasiones, ametralladoras pesadas "se importan hoy clandestinamente, en un contexto de deterioro rápido y sin precedentes de la seguridad”, dice un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Para algunos, el primer paso para salir de esta crisis sería el reforzamiento de la policía para combatir a las bandas de delincuentes. El profesor Joseph Harold Pierre, consultor internacional en Puerto Príncipe, piensa sin embargo que hay un paso previo. "El fortalecimiento de la policía haitiana es necesario, pero no es el primer paso. No es la primera etapa. La primera etapa es una intervención militar para acabar con las bandas criminales. O tal vez las dos cosas podrían hacerse de manera conjunta". ¿Por qué?   "Porque la policía haitiana no tiene la experiencia ni los efectivos. Tampoco tiene las armas para luchar contra las bandas y el fortalecimiento institucional va a tomar mucho tiempo". ¿Cuántos policías hay en Haití? "Unos 13.000, pero menos de 10.000 están trabajando. Estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes. Es decir, tenemos en Haití menos de un policía por cada mil habitantes. Y en el caso haitiano, necesitaríamos como 10 o 15 por cada mil habitantes. La situación de seguridad en Haití es grave". ¿Considera usted viable esa intervención extranjera con el actual gobierno? "No, por la sencilla razón de que el gobierno no tiene la capacidad para ello. En particular, para orientar la misión. Pero se ve claramente que es necesaria una intervención militar en Haití porque la situación de violencia se ha ido agudizando. Hoy, salir a la calle en Haití es un acto muy intrépido para cualquier haitiano. Hay dos organismos multilaterales, la CELAC y la CARICOM, que tienen la voluntad para hacerlo, pero no tienen la capacidad. Por eso no se vislumbra por el momento una intervención militar extranjera, aunque sea necesaria. Algunos esperarían que esa intervención militar viniera del lado de Estados Unidos o de Canadá. ¿Qué piensa usted? "Son, efectivamente, los dos países más influyentes de la comunidad internacional en Haití. Y si consideramos las diásporas haitianas, la mayor parte de ellas se encuentran en Estados Unidos. Son los países que sí tienen, digamos, la capacidad (para conducir una intervención militar). Pero no solo eso, yo diría que tienen también la responsabilidad política de intervenir en Haití, pero esos países no están en eso". El año pasado la ONU registró 1359 secuestros y más de 2000 muertes en Haití, un tercio más que el año anterior.

La conferencia mundial sobre los océanos culminó en Panamá con 341 compromisos de gobiernos para proteger el ecosistema marino, que contemplan fondos por casi 20.000 millones de dólares. Al cierre de la conferencia el viernes, la canciller panameña, Janaina Tewaney, anunció que se sellaron "341 nuevos compromisos" para combatir la contaminación, la pesca ilegal y otras amenazas al mar, que implican fondos por 19.970 millones de dólares. En ese foro Francia anunció que se sumó al "corredor" de conservación en el Pacífico Tropical, creado por Estados Unidos, Panamá y Fiyi, para "ampliar la cooperación al servicio de la protección de los océanos y de la biodiversidad marina", según el secretario de Estado francés para el Mar, Hervé Berville. En diciembre, el conjunto de los gobiernos del mundo se comprometió a proteger el 30% de las tierras y océanos para 2030. Un desafío imposible sin incluir la altamar, de la que solo está protegida en torno al 1%. La altamar comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país. Pese a que representa más del 60% de los océanos y casi la mitad del planeta, ha sido ignorada durante mucho tiempo ya que la atención se ha centrado en las zonas costeras y las especies emblemáticas. Carrera contrarreloj en la ONU En paralelo, los países miembros de la ONU seguían trabajando el sábado por la mañana, tras una noche en vela, para intentar superar sus divisiones y alcanzar un tratado que proteja la altamar, un tesoro frágil y vital que abarca la mitad del planeta. Tras quince años de intercambios informales y formales, los negociadores sobrepasaron ya de varias horas las dos semanas de la tercera ronda de diálogos en menos de un año en Nueva York. Las negociaciones han sido una montaña rusa en los últimos días, y el sábado por la mañana los delegados seguían reunidos a puerta cerrada. "Todavía tenemos que aclarar algunas cuestiones, pero estamos avanzando y las delegaciones están mostrando flexibilidad", aseguró la presidenta de la conferencia, Rena Lee, en una breve sesión plenaria celebrada hacia la 01H30 de la madrugada local.   El capítulo altamente político del reparto de los potenciales beneficios procedentes de los recursos marinos genéticos estaba ausente del último proyecto de texto. "Está claro que siguen intentando con todas sus fuerzas conseguir un tratado hoy, de lo contrario ya habrían tirado la toalla", estimó Nathalie Rey, de la Alianza de Alta Mar, que agrupa a unas cuarenta ONG.

El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades de Guatemala liberar al dueño de un periódico opositor arrestado en julio pasado y frenar las investigaciones contra comunicadores de ese medio. El martes pasado, un juez guatemalteco abrió un segundo proceso penal contra José Rubén Zamora, presidente y dueño del diario opositor El Periódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021. Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala. "Impedir la crítica" El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades liberar a Zamora y frenar las investigaciones contra los comunicadores de ese medio.  La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones y las calificó como "un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión".  "Los periodistas en estos momentos sentimos que hay un acoso, un intento del poder público para impedir el libre ejercicio de la profesión, impedir la crítica. En el caso del periódico que dirigía el periodista José Rubén Zamora, quien está preso desde hace más de un año, supuestamente la acusación es de lavado de dinero, pero enseguida se iniciaron procedimientos penales en contra del personal del periódico, la administración, los financieros y últimamente los periodistas", detalla para RFI Byron Barrera, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). "Eso violenta el sistema legal, violenta el sistema democrático, porque existe un procedimiento de Tribunales de Imprenta, establecido por una Ley de Emisión del Pensamiento que tiene carácter constitucional, y los jueces y el Ministerio Público saben que el procedimiento establecido es de Tribunales de Imprenta especiales para juzgar situaciones de injuria, calumnia o difamación en que los periodistas se puedan ver envueltos. Sin embargo, ahora se están penalizando estas faltas y eso es lo grave, porque está causando la sensación en los medios de prensa, en los periodistas, de que existe una persecución de hecho", subraya Barrera. "Se ve como un castigo" Según el presidente de la APG, si el rotativo El Periódico está particularmente en la mira, es porque "hay un antes y un después de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que funcionó bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, la CICIG: cuando el gobierno anterior de Jimmy Morales expulsó a la CICIG, se inició una especie de venganza contra todas las personas que estuvieron apoyando la lucha contra la corrupción. Y una de ellas fue precisamente El Periódico, que siempre ha generado un espacio de investigación y de denuncia. Pues la percepción que hay es que efectivamente se trata de un caso de persecución". Además, si bien "ha habido muchos casos con acusaciones de mayor gravedad donde se le ha dado medida sustitutiva, arresto domiciliario a personajes de la política, en cambio, en el caso de José Rubén Zamora, lo tienen prisionero, incomunicado, en condiciones infrahumanas, y entonces esto se ve como un castigo a la labor que él hizo en favor de la lucha contra la corrupción", recalca. Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37.500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría. El periodista, de 66 años, se autocalifica como un "perseguido político" y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción. El gobierno estadounidense se dijo este jueves "preocupado" por las investigaciones contra los periodistas en Guatemala y estimó que "criminalizar" el trabajo de la prensa "socava las normas democráticas", afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price. Y con la AFP

Tesla construirá su primera fábrica de Latinoamérica en Monterrey, México. Será la más grande de la región y tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló con el magnate Elon Musk sobre el cuidado del agua que su empresa tendrá que tener ya que ésta escasea en el norte del país, así como de la posibilidad de venderle litio como materia prima para la fabricación de los autos eléctricos. Tesla busca fabricar 20 millones de vehículos eléctricos anuales para finales de esta década, por lo que su séptima fábrica, la primera que se situará en América Latina, será de gran importancia para alcanzar este objetivo. Estará en la ciudad de Monterrey, norte de México. Ventajas “Es bastante evidente que el norte del país, iniciando por la ubicación geográfica, tiene una ventaja bastante fuerte en términos económicos. Pero también sabemos que México como país tiene una ventaja en términos de la mano de obra calificada y no calificada, en términos de sueldos. En específico, [el estado] Nuevo León tiene características muy especiales para la inversión extranjera. Una de ellas creo que siempre ha sido la fortaleza de las instituciones que se tienen aquí”, explica Kelyna Siliceo, analista económica en Monterrey. Se desconoce la fecha en la que Tesla iniciará las operaciones, así como los empleos que generará: “Sabemos que en el caso de las plantas, como la de Tesla, se va a invertir una cantidad grande en infraestructuras y también en términos de empleo, se espera que eso sea un multiplicador del bienestar social”, subraya la analista. El sector automotriz representa un tercio de las exportaciones de México. En 2022, el país produjo 3,3 millones de vehículos y exportó 2,8 millones principalmente a Estados Unidos. Actualmente hay 39 plantas en territorio mexicano, y Tesla será la primera dedicada a producir solamente autos eléctricos, cuya demanda aumenta en América Latina. Reservas de litio “La principal ventaja al momento de generar la instalación es la cercanía con algunas de las fuentes de litio. Sabemos que en el país existe una buena fuente de recursos”, recalca Siliceo. México tiene importantes reservas de litio en el estado norteño de Sonora. Aunque el mineral se nacionalizó hace un año, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dijo por teléfono al dueño de Tesla, Elon Musk, estar abierto a una negociación. Lo expresó en su programa matutino: “El litio es de los mexicanos, pero si se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los sonorenses, a los mexicanos, se llega a un acuerdo”. López Obrador también aseguró que le pidió al magnate estadounidense que se comprometiera a tener un plan de protección del agua en la planta de Monterrey, ya que hay escasez en la región y el año pasado hubo restricciones en el consumo.

La muestra de división en el gabinete de Gustavo Petro podría dificultar la legislatura, al primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. El cese de tres ministros de su gabinete pertenecientes a las carteras de educación, deporte y cultura llegaron luego que un medio local divulgara una carta dirigida al mandatario por estos ministros, donde cuestionaban los impactos fiscales y de presupuesto de un proyecto de ley que busca ampliar el papel del Estado en el sistema de salud. Sobre la agenda del legislativo aún quedan otras ambiciosas reformas como la de las pensiones, la agraria, o la laboral. Sin embargo, la reforma referida al sistema de salud, ha despertado las críticas de la oposición. El analista de riesgos políticos, Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis, conversó con RFI remarcando que esta fractura en el gobierno de Petro puede traer consecuencias. “Varios de los ministros en particular el ministro Gavidia, quien había sido ministro de salud han narrado que la reforma busca perseguir al privado que ofrece servicios de salud, y que la mayoría de colombianos encuestados por el mismo gobierno consideran muy buena la gestión de su actual empresa promotora de salud”. El especialista agrega que, con estos cambios, el gobierno de Petro quiere mostrar una voz unificada. “El gobierno está mandando un mensaje no solo a los que disienten al interior del gabinete, si no al público en general.  El gobierno quiere mostrar, una voz unificada. Una ruptura del gabinete es una muestra de inestabilidad, en otras reformas que el gobierno también planea presentar en el curso de la presente legislatura”.   La reforma de salud será limitada En la dificultad de aprobar el texto original de la reforma de salud coincide Consuelo Ahumada, profesora de ciencias sociales de la Universidad Externado de Colombia. “El servicio es muy deficiente con la gran mayoría de la gente, sobre todo con los de menores recursos, eso se vio en la pandemia. Se llaman aseguradoras, pero en realidad no aseguran nada”. Para Ahumada, los recursos de salud vienen del Estado y que las aseguradoras privadas lo que hacen es administrar esos recursos. “Si en todos los casos la reforma va salir, pero va hacer limitado. Los partidos fuertes que tienen senadores, van a pasar su propio modelo, comparar algunos controles, algunas medidas. No sé hasta qué punto le puedan quitar el negocio a estos privados”. El mandatario colombiano, por su parte, aseguro respetar la diversidad de opiniones en el seno de la coalición y hace gala de unidad con sus compañeros de centro, liberales y de la derecha moderada.