Han transcurrido 14 años desde la última vez que el PLN ganó una elección. Y lo hizo, por cierto, con solvencia. La única presidenta que ha tenido Costa Rica, Laura Chinchilla, llegó aupada por la bien calificada gestión de su antecesor, el también verdiblanco Óscar Arias Sánchez. Y ganó sobrada en primera ronda. Pero esos tiempos quedaron atrás. Hoy la exmandataria no es integrante de esas filas. Las abandonó cuando se cansó de luchar por el adecentamiento de prácticas y mañas internas contra las cuales no pudo hacer mucho. O mejor dicho, nada. Con ella se fueron de la agrupación muchos viejos dirigentes. Claro que quedaron muchos otros más. Pero sin norte. Sin brújula y perdiendo cada vez más respaldo. Así perdieron en el 2014 con la vergonzosa auto inhabilitación de Johnny Araya, quien dejó botada la candidatura. Luego en el 2018 ni siquiera lograron llegar a segunda ronda. Y en el último torneo, un candidato desconocido, les ganó. Liberación Nacional, el partido que vive de sus victorias y hazañas pasadas, sigue siendo la minoría más grande en la representación parlamentaria, pero parece no encontrarse a la altura de las exigencias de los tiempos para intentar acaso recuperar algo de la gloria perdida. Para muestra un botón: la asamblea plenaria de celebración de sus 73 años de existencia el pasado 12 de octubre, quedó truncada frente a un desacuerdo impensable: algunos pretendieron volver atrás con una convención cerrada, tras décadas de haber cruzado la barrera de las convenciones nacionales abiertas. Liberación Nacional padece la misma enfermedad que ataca a muchos partidos políticos tradicionales hoy en las democracias. Su desgaste suma a los reclamos ciudadanos por la poca efectividad en la resolución de problemas, la mucha desconfianza, la desinformación, la permanente polarización y, como no, la emergencia de liderazgos de corte autoritario, que golpean la mesa y que seducen a no pocos votantes como adalides en contra de la corrupción. Aunque la repliquen también. Sobre el futuro del PLN conversamos mañana con el exministro y politólogo, Roberto Gallardo.

Reiterar que el conflicto en Oriente Medio tiene repercusiones que trascienden por mucho los escenarios de la guerra, es una obviedad. Pero situar esas cajas de resonancia tan cerca de nosotros como en Nicaragua, ya nos pone un poco más atentos. Y no es que se trate de un hecho novedoso, pues la presencia iraní en América Latina es de larga data. Lo que sucede ahora es que en respuesta a la decisión del régimen de Ortega-Murillo de romper relaciones con Tel Aviv, Israel denunció que esa ruptura unilateral es un paso más en la consolidación del poder de Irán en la región, pues además de Managua hay operaciones en curso en Venezuela y Bolivia. Y el señalamiento fue más explícito, pues esa presencia diplomática, militar y de intercambio comercial -dijo- siempre va aparejada con la gestión clandestina de actores que suponen un peligro para las democracias de la región, por supuesto incluyendo a Costa Rica. Amir Rockman, el cónsul de Israel en San José, no especificó la naturaleza de la acción de esos grupos o personas extremistas, pero aseguró que Irán se mueve con soltura en el territorio de sus aliados y aprovecha para potenciar la desestabilización política en los países vecinos, mediante el financiamiento de campañas de desinformación por redes sociales. También alertó acerca del peligro de la utilización de los flujos migratorios como escudos humanos para infiltrar agentes hacia terceros países. Por ello y considerando los antecedentes de presencia de extremistas en Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú es que no podría descartarse la existencia de células de Hezbolá (la milicia más poderosa de los proxis iraníes) en América Latina. Para abordar este tema conversaremos mañana con Cónsul Rockman y con el relacionista internacional Bryan Acuña.

A dos semanas del supermartes (5 de noviembre) la campaña electoral estadounidense es una encarnizada lucha del día a día por la capitalización de los muy pocos y ansiados votos electorales que marcarán la diferencia para quien logre hacerse con la victoria. En los siete estados pendulares (claves para ganar) los sondeos del New York Times y el Washington Post del lunes mostraban empate.   La adrenalina está a tope. El tono de las narrativas también. Por supuesto no faltan las ofensas tan características en las alocuciones del expresidente Trump (nada nuevo en su retórica, por chocante que sea) lo que avizora horas de muchísima intensidad. También, por supuesto de desinformación.   Y para sorpresa de nadie, hasta de estrategias que se saltan las normas electorales. El hombre más rico del mundo, Elon Musk confeso trumpista, subió su apuesta y desde el sábado regala un millón de dólares entre los electores que suscriban un documento de apoyo a la primera y segunda enmienda constitucional (libertad de expresión y derecho a portar armas). Esto podría parecer legal, el asunto es que quien quiera firmar la adhesión (por lo demás innecesaria porque nadie está cuestionando la Constitución) debe estar registrado como votante. Y ahí radica la burla a la ley que prohíbe pagos y sorteos por votar. Lo cierto es que en los últimos días de la campaña Musk repartirá 18 millones de dólares a razón de un millón diario.   La campaña de Harris se ha decantado por una estrategia con un sello tradicional de los demócratas haciéndose acompañar por figuras muy reconocidas y queridas del espectáculo. El domingo celebró sus 60 años con Stevie Wonder en una iglesia de Georgia. Y a partir del lunes recorre el cinturón del óxido (Pennsylvania, Michigan y Wisconsin) acompañada por la excongresista Liz Cheney, que se ha convertido en una pieza muy importante para intentar arrebatar votos a los republicanos.   Para detallar lo que sucede estos decisivos días previos nos enlazamos con el politólogo costarricense radicado en Texas, Alfonso Rojas.

La situación actual ya es de por sí es preocupante, pero cuando se proyecta a futuro saltan las alarmas de la emergencia. Hoy 215 mil adultos mayores no tienen ninguna protección económica formal, lo que repercute en su calidad de vida y bienestar integral, pero también implica enormes presiones sobre los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Pero el panorama es aún más desafiante si consideramos que solo el 44% de los adultos mayores gozan de una pensión contributiva básica, en tanto el 17% acceden a los pocos recursos que brinda una pensión del régimen no contributivo (apenas ₡82,000 al mes). Estos datos se desprenden del IV Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica, que subraya la necesidad de establecer una pensión contributiva básica, que solvente esta situación. El estudio, como ya sabemos, sostiene que a pesar de los esfuerzos del Estado costarricense en materia de seguridad social, persisten brechas de inequidad especialmente en el área de vejez y envejecimiento. Las personas adultas mayores que no poseen pensión dependen de sus familias, redes de apoyo o programas de asistencia social, pero ese soporte no siempre es suficiente y la mayoría se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias informales o a vivir en pobreza extrema. Por eso, la Superintendencia de Pensiones lleva adelante un proceso nacional de diálogo intersectorial que aspira a concretar una reforma integral a los sistemas de pensiones. Para analizar este desafío país conversaremos mañana con Mauricio Soto, director de riesgos de la SUPEN.

Nuestra convivencia está caminando por linderos peligrosos. Estamos atravesando líneas rojas que abren un abanico de preocupaciones reales no solo respecto de los derechos políticos de las mujeres, sino también de los Derechos Humanos en sentido amplio. Las últimas amenazas de muerte contra las diputadas Andrea Álvarez y Sofía Guillén, así como las recibidas por la Contralora General de la República, Marta Acosta, constituyen hechos de descomposición que no se deben minimizar. La violencia, los discursos de odio y la polarización como manifestaciones sociales son inaceptables. Y, en particular, la violencia dirigida contra las mujeres en la política, “no solo amenazan su integridad física, emocional y profesional, sino que también tienen un impacto devastador para la sociedad costarricense, ya que socava los principios democráticos de nuestro país”. Tal es el señalamiento del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Este llamado se une a otras manifestaciones de rechazo y solidaridad emanados de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros sectores que advierten que es imperioso poner un alto a este clima de intimidación que amenaza a las personas que dentro de la institucionalidad ejercen responsabilidades y trabajan para que el estado social de derecho siga garantizando derechos y libertades. Ponemos foco en estas alarmas con la diputada Andrea Álvarez Marín y con Marcela Piedra, coordinadora del recientemente creado Observatorio de Violencia Política contra las mujeres.

Siempre tratamos de buscar explicaciones a los procesos económicos a partir de nuestra propia realidad, sobre todo cuando no nos alcanza el dinero, los precios no bajan, no hay posibilidad de ahorro y nos ahogan los intereses de préstamos y tarjetas. Pero según lo sostiene James Robinson, ganador del Nobel de Economía 2024, hay poderosas razones estructurales: “la pobreza y la desigualdad en América Latina están profundamente arraigadas en el colonialismo y la explotación de los indígenas”. Él junto con Daron Acemoglu y Simon Johnson, recibirán el galardón por sus estudios en busca de respuestas a las razones entre la prosperidad de unos países y el lacerante rezago de otros. Por cierto que la suya, es una teoría determinista muy controversial, sobre todo cuando tras siglos de emancipación vivimos en economías más abiertas al comercio internacional, con atracción de inversiones e innovación y tecnología como aliados de la producción y generación de riqueza. Y hablando de desequilibrios debemos entender qué sucede con la pregonada "economía jaguar" costarricense y sus claras señales de mayor distorsión entre el gasto y la recaudación de impuestos. Claro que no es una sorpresa para nada lo que está ocurriendo. El asunto de la consolidación fiscal simplemente no se resuelve con discursos ni tampoco con recortes a mansalva que solo producen mayor inequidad y problemas de corto, mediano y largo plazo. El economista Jose Luis Arce nos recuerda que el ajuste fiscal quedó a medio camino y lo más preocupante es que los actores políticos no están haciendo nada para encarar la situación. Para resumirlo en una sola palabra: indolencia. Con Arce, Director de Análisis y Estrategia de CFS Capital conversamos en Hablando Claro.

¿Qué son los estados bisagra y cuál es su importancia en las peculiares elecciones de los Estados Unidos? ¿Por qué en esa nación no se define a la ganadora/or de la contienda de acuerdo al sistema que tenemos nosotros en Costa Rica que marca la victoria para quien logre el mayor número de votos de los ciudadanos? Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada y Carolina del Norte son los estados decisorios que tienen la llave para abrir la puerta a la Casa Blanca a Kamala Harris o a Donald Trump, el próximo martes 5 de noviembre. Se les conoce como “estados bisagra”, porque su inclinación definitiva marcará si conceden los votos electorales al Partido Republicano o al Demócrata. Esto hay que entenderlo en el marco del sistema electoral estadounidense, en el cual la ciudadanía no elige directamente a los gobernantes, sino que lo hace a través de delegados que, de acuerdo con el tamaño de cada estado, tienen determinado número de votos electorales. Ganará la elección el o la aspirante que consiga 270 de esos preciados votos. En las elecciones de 2016 cuando la candidata demócrata Hillary Clinton perdió frente al republicano Donald Trump, él se impuso en estados que le otorgaron mayor número de delegados, pese a que ella ganó la votación popular por un amplio margen. Aquí el juego radica en que el mayor número de estados están ya previamente asegurados para cada color político (azul para demócratas y rojo para republicanos), pero los siete que citamos, no lo están, y dependiendo de su elección final determinarán al ganador del torneo. A menos de tres semanas del llamado supermartes (el día de la elección) no hay ninguna certeza de hacia adonde se inclinarán los votos electorales de esos preciados siete estados, pues aunque el promedio de todas las encuestas le dan la ventaja a Harris, todas marcan esa ventaja dentro del margen de error. Para conocer este aspecto fundamental del proceso electoral estadounidense conversamos con el periodista Eduardo Ulibarri Bilbao.

Decir que envejecer es un proceso natural que empieza mucho antes de los 65 años es una obviedad. Pero aspirar a que ese proceso sea determinado por la dignidad para procurar el mayor bienestar posible, ya nos sitúa frente a un inmenso desafío nacional. Un desafío de políticas públicas concertadas entre actores públicos, privados y no gubernamentales para derribar muchos prejuicios respecto del envejecimiento y para asegurar condiciones de realización y plenitud a un segmento cada vez mayor de la sociedad. Consideremos que en solo 20 años, Costa Rica duplicará su actual población de adultos mayores. Vencer los mitos en torno a las personas mayores, es uno de esos retos: que no son capaces de aprender cosas nuevas, que no saben tomar decisiones, que tienen menos capacidad de adaptación al cambio, que con incompetentes, que son como niños, que padecen siempre de mal humor y depresión y, un perjuicio muy acentuado, que la relaciones sexuales quedaron sepultadas con la juventud. Cambiar esos preconceptos errados, no es solo responsabilidad personal, sino que compete al ecosistema familiar y de políticas públicas. Necesitamos proveer condiciones que garanticen una red de cuidados paliativos de calidad a las personas adultas mayores más vulnerables y sus familias, servicios de salud, un sistema de pensiones y una serie de acciones inclusivas que refuercen la calidad de vida. Es lo que promueve la campaña "Envejecer Plenamente" de la Fundación Partir con Dignidad y el Colegio de Psicólogos, conjuntamente con la alianza de la, Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, la Organización Panamericana de la Salud y varias empresas privadas. En el mes de la Persona Adulta Mayor conversamos mañana con el Dr. Ernesto Picado Ovares, geriatra paliativista y creador de la Fundación Partir con Dignidad y con la psicóloga especialista en gerontología Rebeca Ramírez.

El delicadísimo tópico del narcotráfico y sus supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo fue la gota que derramó el vaso de las tensiones que han caracterizado las relaciones de diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en esta administración. Y en ese escenario, el jueves se vivió una jornada marcada por acusaciones (veladas unas, otras muy directas) e improperios. Los ánimos venían caldeados hace días. Pero fue en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde el choque terminó de elevar el tono el jueves con las revelaciones del Fiscal General que llegó a la sesión sin convocatoria; es decir, por su expresa voluntad. Carlo Díaz decidió refutar en la sede del Congreso los señalamientos continuos del oficialismo sobre su labor y en síntesis soltó tres perlas: una, que es objeto de seguimientos extraños con vehículos incautados a narcotraficantes y que están bajo control de la policía de Casa Presidencial. Dos, que desconocidos pagaron 350 mil dólares en Bitcoins para hacer campaña de desprestigio en redes sociales en su contra y también en contra de la Sala Constitucional y, por último, (a quien le cayera el guante que se lo plantara) que sentiría vergüenza si no hubiera sido invitado en días pasados (junto con Director del OIJ) al seminario de la oficina de Control de Drogas de los Estados Unidos en Atenas, Grecia. Este fue el preámbulo de la sesión legislativa que, esa misma tarde si logró lo que el oficialismo había alcanzado a posponer el miércoles: la aprobación (38 votos contra 6) precisamente de la investigación de los posibles vínculos de la administración Chaves con grupos ligados al narco. En ambas jornadas deliberativas hubo insultos y tonos elevados y fuera de micrófono, denunciaron legisladores de oposición, los gobiernistas Barrantes y Cisneros amenazaron con posteriores vendettas, "les van a pasar factura" sin decir cómo o quiénes la pasarían. El gobierno en respuesta al sainete acudió a un expediente inédito: el viernes emitió un video con los jefes policiales de todo el país atacando a los diputados de oposición. La expresidenta Laura Chinchilla reaccionó frente al inusual desplante, "si Costa Rica tuviera fuerzas armadas ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas", en una clara alusión al hecho de que los policías no deben inmiscuirse en asuntos de política de acuerdo con lo que reza nuestra Constitución Política. Sobre la configuración de esta nueva narrativa política que está llenando de toxicidad el debate público, conversamos mañana con los analistas Mario Quirós y Daniel Calvo.

Si va a contraer matrimonio ya no solo lo podrá hacer en una iglesia católica o ante un notario público. Ahora las parejas pueden asistir al Registro Civil y sus oficinas en todo el país y casarse sin pagar un cinco. Gratuitamente. Y si, por el contrario, el amor acaba, es posible obtener el convenio de separación, por gestión personal o mediante un apoderado con escritura pública. Costa Rica está estrenando un nuevo Código Procesal de Familia que establece cambios significativos en la tramitación de casos de esta materia, pero también en pensiones alimentarias, violencia doméstica y asuntos de niñez y adolescencia. Las normas procesales ahora vigentes se aplicarán en todos los procesos de nuevo ingreso. Como soporte, por los temas que trata, el nuevo cuerpo de ley pone especial atención en la utilización de un lenguaje accesible que garantice a todas las personas entender fácilmente cada caso. Para aprender y puntualizar acerca de estos cambios conversaremos con el juez y gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial, Eddy Rodríguez Chaves.

El envejecimiento de la población implica una serie de desafíos que requieren de planificación y ejecución de políticas públicas sostenibles y a largo plazo. En Costa Rica, un 10 % de la población total del país tiene más de 65 años. Un 53 % son mujeres y el 47 % son hombres. Ya sabemos que ellas viven más años que ellos. Dramático resulta ser que casi la mitad de ese medio millón de personas adultas mayores (215 mil) viven sin protección económica formal, lo que atraviesa transversalmente otras áreas prioritarias de la calidad de vida como la salud, la alimentación, el acceso a servicios, las redes de apoyo o los programas de asistencia social, en muchos casos no para bien vivir, sino apenas para sobrevivir. Peor aún, esta circunstancia de empobrecimiento se verá acrecentada, dado que en los próximos años la población adulta mayor irá creciendo, con un alto porcentaje en condiciones de vulnerabilidad. Como está claro, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado en materia de seguridad social, persisten entonces importantes brechas por solventar. Para profundizar en el tema conversaremos con Agustín Gómez y Carlos Murillo, del programa, Observatorio del Envejecimiento del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

La tecnología ha acompañado la evolución humana, pero cada vez más se avizoran enormes avances y peligrosos desafíos. Y no lo dice cualquier persona, lo asevera el británico Geoffrey Hinton, profesor emérito de la Universidad de Toronto en Canadá, quien a sus 76 años fue anunciado este martes como Premio Nobel de Física, por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. "Va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la atención médica… pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control", fueron sus primeras declaraciones al ser notificado del galardón. Dependemos de grandes conglomerados que dictan sus reglas y nos dejan a la deriva de sus decisiones, pero al mismo tiempo se construye jurisprudencia para defender los derechos humanos tecnológicos. La poderosa red X, de Elon Musk, tuvo que pagar $5.2 millones para liquidar las multas que tenía pendientes con el estado brasileño. Pero el caso no está cerrado aún. El juez de la causa, Alexandre de Moraes, estudia si ordena el restablecimiento de la red o mantiene el bloqueo, dada la acusación penal impuesta por desinformación y delitos de odio en Internet. La conversación digital en Costa Rica nos muestra la misma problemática de un aumento de la polarización, el deterioro de la convivencia y el crecimiento de los discursos de odio. Para atender estos tópicos conversamos con el especialista en estrategia digital y producción de contenidos, Esteban Mora.

Verdad de progrullo: la reactivación económica requiere de la constante evolución de políticas públicas en apoyos diversos a los emprendimientos de mipymes. El objetivo, claro está, se orienta a que esas medidas generen empleos, formalidad y encadenamientos. Pero no todos los caminos conducen a Roma y lo que puede parecer lleno sentido común, no siempre encuentra tierra fértil para concretarse en buena cosecha. Para ir al grano, llaman la atención dos hechos que, pretenden favorecer estos apoyos, pero que enfrentan rechazo del gobierno de la República. El primero tiene relación con el proyecto del diputado, Eliécer Feinzaig de rebajar el precio de los boletos aéreos, tanto en impuestos como en tarifas aeroportuarias, en los viajes que se realicen a Centroamérica y República Dominicana, siempre y cuando se hagan dentro de la región, el otro país mantenga igualmente costos bajos y el boleto no supere los $126 ida y vuelta. Desde el inicio el Ejecutivo adversa la iniciativa y para torpedearla la fracción oficialista llenó de mociones la discusión argumentando que los turistas que viajen a Costa Rica disminuirían su actual estancia promedio de 13 días para ir a conocer los otros destinos de la región aprovechando esos vuelos baratos. De acuerdo con las proyecciones del oficialismo, hasta 170 mil familias encadenadas a la actividad turística se podrían ver afectadas. Organizaciones como la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo apoyan esa tesis. El segundo proyecto que adversa categóricamente Hacienda (tanto que el ministro ya anunció que si se aprueba en segundo debate lo vetará) es la rebaja del pago del impuesto de renta para trabajadores independientes. Por ahora la iniciativa está suspendida, pues los oficialistas, con apoyo de dos diputados del PUSC, la enviaron a consulta a la Sala Constitucional. La iniciativa del Frente Amplio aumenta la base para que estén exentos quienes generen ingresos mensuales hasta por ₡520 mil, ya que a hoy la tasa afecta a quienes logran ingresos de apenas ₡348 mil al mes. Según el jerarca hacendario, los frenteamplistas obviaron un preacuerdo de compensar, por otro lado, los 7 mil millones que se dejarían de recaudar anualmente al favorecer a los trabajadores independientes más pobres. Para ampliar sobre ambos temas conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Un duopolio global. Una lucha de David contra Goliat. Es la batalla en un pequeñísimo país que se atrevió a imponer una comisión máxima (1.25%) en las transacciones con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Seamos claros, en términos generales el control del precio es una herramienta de uso calificado, pero cuando hay fallas de mercado pueden ser muy beneficiosas para los participantes en las transacciones. Y si hablamos de tarjetas de crédito, claramente somos la inmensa mayoría, sea como comerciantes o como consumidores y usuarios de bienes y servicios. En este caso, la falla del mercado la constituye el hecho de ambas transnacionales ocupan el 90% del mercado mundial y, por tanto, tienen capacidad para imponer (incluso de común acuerdo) sus propios precios. Dicho esto, ¿cuál es la batalla que se está peleando en Costa Rica? Desde finales del 2020, gracias a una ley de la República, el Banco Central estableció un tope máximo a las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito. Y desde entonces, Visa y Mastercard han adversado en estrados judiciales locales (hasta ahora sin éxito) ese tope, específicamente para los extranjeros que vienen al país, es decir para quienes utilizan tarjetas de crédito extendidas fuera, alegando que el país solo puede imponer topes para el mercado interno. ¿Qué dice el Central? El Banco se sostiene en la potestad de ley para haber establecido ese tope y no dejar las comisiones a la libre. También dice que los sistemas no pueden diferenciar entre tarjetas expedidas en el país y tarjetas emitidas fuera, por lo que si se derogan los topes, eso afectaría a todos por igual. Comisiones más altas significarían automáticamente precios más elevados para los compradores y menores ganancias para los comercios. El caso es que Visa y Mastercard no ceden y ahora la batalla se ha trasladado al Congreso, pues pretenden mediante proyectos de ley (abanderados por la bancada del PUSC) derogar el tope máximo y volver a las tasas libres. Claramente, el mayor problema de esta reglamentación costarricense, no es el pequeño tamaño de nuestro mercado, sino el hecho de que este tope sea un espejo que usen otros países mucho más grandes en volumen y monto de transacciones, aunque ciertamente tanto la Unión Europea como el Reino Unido sí tienen comisiones muy bajas. Tan bajas que andan por el orden de entre 0.2% y 0.3%. Para profundizar acerca de este interesante tema conversamos con Carlos Melegatti y Ana María Cerdas, de la División de Sistemas de Pago del Banco Central.

Termina la semana con varios hechos relevantes en la geopolítica global, de los que indudablemente el más significativo es la escalada de acciones bélicas en Oriente Medio con varios frentes abiertos que complican la atención de la crisis humanitaria y, por supuesto, alejan las pocas posibilidades que de por sí ya se tenían, de encontrar un alto al fuego. Gaza, Siria, Yemen y Líbano son escenarios de las tensiones crecientes entre Israel e Irán, que ponen en entredicho la estabilidad de la región. De este lado del mundo, la primera presidenta de México tomó posesión del cargo. Claudia Sheinbaum mostró su cartera llena de promesas en lo que denomina el segundo piso de la “Cuarta Transformación”, el pomposo nombre con el que Andrés Manuel López Obrador pretende pasar a los anales de la historia azteca. La gran interrogante respecto del nuevo sexenio será cuánto margen de maniobra e independencia tendrá la mandataria para gobernar, siendo que llega tan atada a las decisiones estructurales que le dejó plasmadas el muy poderoso ahora expresidente. Mientras tanto, a solo un mes de la elección presidencial en los Estados Unidos, el único debate de J.D. Vance y Tim Waltz los candidatos a la vicepresidencia, no movió la aguja de las preferencias electorales. Un empate entre Kamala Harris y Donald Trump mantiene en vilo a medio mundo. Para poner en perspectiva estos hechos conversamos  con el relacionista internacional, Carlos Cascante.

La tecnología no es neutral. En absoluto. Y por ello su acceso, uso y abusos nos ponen delante de nuevos desafíos en Derechos Humanos. Por tanto, sin dejar de lado las deudas del pasado tanto como los incumplimientos del presente en materia de derechos humanos básicos, tanto los tribunales nacionales de justicia constitucional como las cortes internacionales, deben abocarse a la tarea de proteger a las personas para, por un lado, dotar a todos del derecho a internet como pieza básica para el acceso a otros derechos (de modo que no profundicemos brechas y establezcamos apartheids tecnológicos) y al mismo tiempo protegerlas en cuantas usuarias- de la capacidad dañina (destructiva) de las herramientas comunicativas de hoy que, por lo demás, evolucionan tan vertiginosamente. Así de grandes son los retos que imponen las nuevas tecnologías en materias como el ejercicio de la libertad de expresión e información, el derecho a la privacidad, los neuro derechos (con un potencial benéfico enorme pero también delicadísimos), el impacto de la inteligencia artificial y el derecho al trabajo, la ciberseguridad y cómo no, el poderío inmenso de las corporaciones dueñas de las plataformas. Sobre los nuevos criterios y los nueve desafíos que impone la automatización a la defensa y protección de los Derechos Humanos, conversamos con la experta Catalina Botero, ex-relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

Algunas líneas en política no deben cruzarse. No todo se vale. Y no pararse encima de la separación de poderes es una de esas líneas rojas que han sido tradicionalmente respetadas en nuestra democracia. Pero ahora, parece que se nos va haciendo costumbre presenciar ataques así. En los últimos días, le ha tocado el turno al Ministerio Público. Frente a la investigación en curso del caso barrenador, el Ejecutivo ha acusado al Fiscal General de abuso de poder, de ser “mandado”, de ser corrupto… en fin, ya nada sorprende. Por suerte, las réplicas a este hecho tan grosero no se hicieron esperar. Y no solo desde el Legislativo. Para citar únicamente dos casos, un grupo de 46 organizaciones nacionales expresaron su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial. Exigen respeto a la división de poderes y a la protección de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política. Al mismo tiempo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló lo peligroso que significa pretender afectar la función del Poder Judicial como garante del respeto de la supremacía constitucional y de la custodia de los derechos y garantías en ella establecidos. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando en una injerencia indebida”. Antes de esos pronunciamientos, el mismo líder del MP se había manifestado de manera categórica. Don Carlo Díaz garantiza que las acciones que lleva adelante la organización que dirige son propias de un Estado de derecho donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución. Para hacer un repaso obligado y comprensivo del papel fundamental que cumple el Ministerio Público como encargado de trazar y ejecutar la política de persecución penal conversamos con el ex fiscal general, Francisco Dall’Anese.

En este momento, Israel libra una guerra en siete diferentes frentes, pero sin duda, resuena y por mucho el foco libanés, aunque también un ataque que dirigió este lunes a 1,800 kilómetros de distancia al puerto yemení de Hudayda que controlan los hutíes. Una clara advertencia a Irán de que el poderío militar tecnológico israelí puede también alcanzarlos. Pero el foco principal, reiteramos, está en Líbano. Tras el asesinato el viernes de una veintena de comandantes de Hezbolá entre ellos su máximo líder Hassan Nazralá (un clérigo de 64 años que dirigió la agrupación la mitad de su vida) que fue posterior al quiebre de las comunicaciones de los hasta ahora poderosos milicianos, los acontecimientos se han desencadenado con extrema rapidez, tanto que en cualquier momento (si no ya cuando usted esté leyendo este texto) parece haber poquísimas dudas que los israelíes incursionarán por tierra en territorio libanés. No había habido un enfrentamiento como el que se está librando en estas tensas horas desde la guerra de 34 días en el 2006, de lo cual en su momento se habría arrepentido Nazralá. A punto de cumplirse un año del atentado terrorista de Hamás en Israel que desencadenó todo este conflicto, la situación en Gaza ha perdido foco internacional. Pero la Unión Europea recordó hoy que cualquier intervención militar en Líbano (lo que ya ocurrió) solo agravará la situación, lo cual equivale a agravar la crisis humanitaria. Desde Teherán, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, instó a un apoyo irrestricto a Hezbolá. Su promesa fue contundente, al afirmar que la muerte de Nasrallah no debe quedar sin una venganza. Y ahí, en Irán, es justamente donde analistas estiman que se centran los objetivos de guerra de Netanyahu: necesitaría, aseguran, involucrar a Irán en una guerra abierta. ¿Será cierto algo así? ¿Para qué? Por otro lado, una gran interrogante que se plantea es acerca del silencio de los países árabes en medio del ensordecedor ruido de las bombas. ¿Por qué no quieren enfrentarse a Israel? Las tensiones siguen creciendo y para analizar las implicaciones de un conflicto de múltiples aristas conversamos con el analista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo.

Las sorpresas del caso barrenador se han encadenado unas con otras en una semana de sobresaltos respecto de las plausibles irregularidades en torno a la adjudicación de la prestación de servicios tercerizados de 138 EBAIS distribuidos en 10 áreas de salud. El último hecho noticioso que nos dejó el viernes, fue la revelación de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA) sobre el nombramiento de una de las imputadas centrales de la investigación en el importante cargo de Gerente General de la institución. María de los Ángeles Gutiérrez, la misma funcionaria del que dependió exclusivamente el criterio técnico del que la Junta Directiva se adhirió para conceder una contrato de diez años a las cooperativas oferentes, ya ostentaba el puesto interinamente. Y en condiciones"normales" seguro que ese hecho habría solo una noticia de registro. Pero la Caja no navega en aguas calmas y cristalinas hace ya dos años. Así que seguro no debería ser sorpresa que doña Marta Esquivel, entre una audiencia y otra de medidas cautelares en el Poder Judicial, decidiera darle a Gutiérrez el puesto en propiedad, el miércoles 25 de setiembre a las 6.42 de la tarde. Con esa línea argumental, seguro tampoco debió habernos sorprendido el barrido barrenador de 300 correos electrónicos y varios archivos de la cuenta de un alto cargo de la institución, según confirmo antes el OIJ, sin detallar nombres. Imposible acostumbrarnos a que esta sea la nueva normalidad de la CCSS con tantísimos retos y desafíos que tenemos en salud pública. A partir de que (seguramente) este lunes conozcamos a las medidas cautelares que se les dictarán a los imputados, también tendremos claro la continuidad o no de la conducción directiva de la Caja. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa proseguirán las repercusiones en el debate político y avanzará la ineludible conformación de una comisión especial investigadora de la cuestionada contratación. Y como no podía ser de otra manera, el Presidente y sus voceros cercanos han aprovechado el caso echando mano de la especialidad de la comunicación política de la casa: tensando las cuerdas de la polarización culpando a los otros poderes (en este caso a la Judicial vía OIJ y Ministerio Público) solo por cumplir con su deber. Para impedirlo, el mandatario dijo "Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar... ojalá podamos llegar en paz a las elecciones del 2026". ¿Más campaña política o sedición? En análisis de coyuntural con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Por muy llamativa que parezca la pirotecnia confrontativa y polarizante del Ejecutivo de turno, no debemos distraernos del fondo de la cuestión y, en punto al caso Barrenador, se trata de la investigación preliminar de supuestos millonarios sobreprecios en la adjudicación de los servicios de salud que reciben más de medio millón de personas, mediante 138 EBAIS. El manejo de los recursos públicos está, desde hace muchos años, claramente establecido en las leyes, los reglamentos y los órganos de control. Todo tiende a evitar condiciones de arca abierta. Pero siempre hay tentaciones. Y tratándose de la Caja, son miles de millones los que se manejan en la institución más grande del sector público costarricense. El Ejecutivo ha intentado lanzar humo para desviar la atención, pero el hecho en investigación es muy serio, tanto que (aunque sea temprano para asegurarlo) podría ampliarse la tipificación de los delitos iniciales o incluso agregar imputados a la causa. Este jueves el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se habrían borrado 300 correos electrónicos y 4 archivos de la cuenta de un “alto funcionario” de la institución. ¿Por qué hacer eso si todo está en orden, como alega Zapote, en clara injerencia, por cierto, de la autonomía de la CCSS? Para ahondar en lo legal y lo político del caso Barrenador conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal y con el politólogo, Sergio Araya.

Este mes, ya pronto a concluir, se celebran los 45 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los mismos 45 años en que los costarricenses tenemos el honor de ser su sede. Lograr asentar aquí a una de las tres Cortes de Derechos Humanos que existen en el mundo, constituyó un camino signado de arduo trabajo, tesón y visión de nuestros líderes políticos de entonces, que se propusieron tener ese faro global de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas. Aprehender y rememorar esta gesta de la una voz de una mujer ilustre a quien el presidente Rodrigo Carazo Odio le encomendó la labor y que ella llegará, sin nunca poder imaginarlo, a ser jueza y presidenta de esa prestigiosa Corte 40 años después, es sin duda alguna un lujo y una lección democrática. Ella es la jurista Elizabeth Odio Benítez, quien nos ilustra con pasión acerca de este logro que nos enorgullece. Con ella conversamos en Hablando Claro.

Los embrollos legales que hoy enfrenta la adjudicación de servicios de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais (nada más y nada menos que por 10 años) no son nuevos. Rodrigo Chaves Robles fue advertido de ese enorme riesgo por el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y más claro no pudo haber sido Álvaro Ramos Chaves: “Yo, al presidente de la República, le había advertido que tuviéramos cuidado con los contratos de tercerización, con procesos de alianzas público-privadas; pueden ser fantásticas, se pueden lograr grandes cosas, pero se tienen que hacer con un contexto de confianza y transparencia y parece obvio que, en este caso, eso no fue lo que ocurrió” Las decisiones de la institución base de la convivencia social democrática de Costa Rica no se pueden adoptar sino dentro del marco legal establecido y con conocimiento técnico profundo, para que no deriven en decisiones que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía. Desde su obligada salida, una serie de hechos sumieron a la Caja en una permanente situación conflictiva de inestabilidad y zozobra, con temas de absoluta relevancia como las listas de espera, el portafolio de inversiones y el obvio desdén de criterios técnicos de las unidades internas de control y fiscalización. Para seguir profundizando y entender el contexto de lo que sucede y sus impactos conversaremos  con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

En mayo del 2004, fiscales del Ministerio Público allanaban las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la casa de su entonces expresidente ejecutivo, Eliseo Vargas, y de la Corporación Fischel. Investigaban el proyecto Finlandia, referido a un empréstito por $39,5 millones, con los que se adquirieron equipos de mala calidad, entre otras anomalías. Veinte años después, el OIJ y el Ministerio Público desarrollaron este lunes allanamientos en continuidad de un proceso de indagación contra la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, así como de otros directivos y funcionarios de la Caja, en la aprobación de sobreprecios al adjudicar los servicios y la administración de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais. Las acciones judiciales tienen asidero en una denuncia de la misma auditoría interna institucional. Se investigan los aparentes delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato en la adjudicación, así como la indagación de otras acciones acometidas para configurar esos ilícitos. El gobierno, por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, minimizó lo sucedido, hablando únicamente del posible delito de prevaricato y calificando como autoritario el proceder de las autoridades judiciales. De inmediato respondió el Fiscal General, Carlo Díaz argumentando que “no se puede hablar de abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías” Para hacer repaso de lo que ha venido sucediendo en la CCSS conversamos con el secretario general del Sindicato de Profesionales en Enfermería, Lenín Hernández, quien ha mantenido una postura sistemática de denuncia ante no pocos hechos controversiales del manejo de la institución.

Este es un asunto que requiere respuesta urgente para 575 mil personas de las comunidades de Cartago y de la zona de Los Santos. De todas las formas posibles se ha sostenido, con base en la realidad y los hechos, que el hospital Max Peralta ya alcanzó sus niveles máximos de su capacidad instalada y, por tanto, de su funcionalidad. Son los pacientes y el personal hospitalario quienes sufren, día a día, las limitaciones estructurales y de espacio, a las que debe agregarse la inadecuada ubicación, cuyas condiciones afectan la gestión de equipos, materiales y labores óptimas que requiere un centro de salud. El 14 de septiembre, durante la celebración de los 203 años de independencia en la Vieja Metrópoli, fue reiterada la queja de la administración Chaves Robles acerca de ese proyecto, tantísimas veces adversado. Nadie sabía el artero golpe que se vendría cinco días después, cuando tras un largo proceso, la empresa mexicana a la que se le adjudicó la construcción se retiró, alegando el perjuicio por la fluctuación del tipo de cambio y la inestabilidad causada por las diferencias entre las instituciones del estado (llámese claramente la oposición del Ejecutivo). ¿Qué sigue ahora? La ciudadanía beneficiaria reclama acción y respuestas. Para escuchar la voz de los pacientes y de los trabajadores de la salud conversamos  con la coordinadora de las Juntas de Salud de Cartago, Rosa Mata Mora y con la doctora Janice Sandí.

Costa Rica alcanzó un tristísimo primer lugar en el mundo como el país con la mayor cantidad casos de acoso estudiantil (bullying) en menores de edad y jóvenes. Así lo reportó recientemente un completo informe de la televisión pública alemana, la cadena DW en español. Para determinar esa posición, el trabajo periodístico se basó en el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2022, que analizó la data de 80 países y en la que Costa Rica reportó que, en ese año, 44% de los estudiantes se sintieron acosados. Las razones por las cuales esto ocurre se analizan con parámetros como la desigualdad social, la violencia crónica que se vive en diferentes comunidades y la falta de recursos adecuados para la atención de estos casos, como lo hemos visto en los más recientes hechos en San Carlos. Con datos aportados por la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, los casos de violencia entre pares (estudiantes-estudiantes) aumentaron un 160% entre los años 2019, 2022 y 2023. Los datos de los años 2020 y 2021 se excluyeron por los posibles sub registros durante la pandemia. Pero esa realidad es solo un reflejo de los comportamientos violentos de los adultos en la convivencia social y familiar: en los hogares, en las carreteras y en general en los espacios públicos. Vivimos tiempos de confrontación, de discursos de odio, de polarización y exaltación digital que promueven el disgusto, el descontento y la violación de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo esperar otra cosa de nuestros niños, niñas y adolescentes si lo que están viendo como ejemplo cotidiano es eso? Para poner atención a los factores de este fenómeno social conversamos  con el psicólogo Milton Rosales.

A tres semanas de cumplirse el primer año (7 de octubre) de la matanza que provocó el grupo insurgente Hamás en Israel, hecho detonador de la guerra que se libra en el territorio palestino de Gaza, un hito histórico en la batalla cibernética cambió este martes y miércoles el estado de la tensísima situación en Oriente Próximo cuando los servicios de inteligencia israelíes (Mossad) habrían infiltrado los dispositivos de comunicación (beepers y walkie takies) del poderoso ejército de Hezbollah (principal aliado de Irán) en Líbano, haciendo virar por completo el escenario de la conflictividad en curso. El recuento de las víctimas refiere en ambas jornadas un balance preliminar de 32 muertos y 3,450 heridos. Hezbollah prometió tomar represalias contra Israel, en tanto Beirut condenó el ataque como una agresión criminal. El sofisticado operativo tuvo como blanco una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones -todas al mismo tiempo- dondequiera que estuviera el portador del aparato de comunicación, causando un baño de sangre con múltiples mutilaciones. De acuerdo con los expertos, se trataría de una operación planeada desde hacía meses y que habría sido llevada a cabo mediante la infiltración en la cadena de suministros, manipulando los dispositivos con placas metálicas que contenían explosivos, antes de llegar a su destino final en el Líbano. En el contexto, en la Asamblea General de Naciones Unidas 142 países pidieron a Israel en una resolución no vinculante (y, por tanto, sin efecto) el fin de la ocupación de los territorios palestinos en 12 meses, mientras el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken nuevamente llegó a Egipto para seguir pugnando por un alto al fuego en Gaza, con ínfimas posibilidades de lograr el objetivo de evitar una escalada en la región y de hacerlo antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero. Para hacer repaso de este álgido momento conversamos  con dos costarricenses que están en Israel, Luis Alejandro Freer y Jovel Álvarez y  analista internacional y profesor universitario, Bryan Acuña.

En las últimas horas, cuatro hechos de mucha relevancia nos colocan de frente a la realidad de la infiltración del narcotráfico en nuestro país. Y no es que no lo supiéramos ya. Solo que en 48 horas el panorama duro y crudo volvió a golpearnos. Costa Rica es espacio para la operación de las estructuras de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, del colombiano cartel del Golfo y, por supuesto, de las propias bandas nacionales. La incautación de una tonelada de droga en un contenedor con harina de yuca que iba rumbo al puerto de Amberes (Bélgica) se logró gracias a un perro especializado de la Unidad de Intervención Especial, luego de que la carga pasara “inadvertida” en la revisión de las pantallas de los muy famosos escáneres instalados en APM Terminals. Esto ocurría casi en simultáneo con el operativo Shark (tiburón) ejecutado por la Fiscalía General y el OIJ, para desarticular una estructura criminal jefeada por el colombiano nacionalizado costarricense, Alexi Meléndez León, uno de los 50 capos más buscados por la DEA de los Estados Unidos. Fueron detenidos también dos gerentes bancarios y un tesorero del BCR, así como el pastor evangélico Juan Luis Barboza de una iglesia de Aguas Zarcas, además de una docena de implicados. Como si todo eso no fuera suficiente, el domingo en plena celebración de la Independencia nos levantamos con la noticia de The New York Times reportando como Costa Rica pasó de ser una meca turística a convertirse en una inmensa bodega de narcotráfico, tanto que en el 2020 superamos a México como el principal punto de trasbordo de narcóticos a Estados Unidos y Europa. Hoy, estamos en segundo lugar, muy cerca de los aztecas. Por supuesto que con ese cuadro de situación, la ola de criminalidad sigue a la orden del día. El reporte fue de un homicidio cada 5 horas, desde el fin de semana al martes. Para seguir analizando esta situación conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

El trasiego ilegal de oro en Costa Rica tiene una logística muy bien afinada que amalgama la extracción, el transporte, el procesamiento, el bodegaje, la comercialización y la exportación del metal a través de rutas y empresas encubiertas. La magnitud del ilícito negocio lo confirman los hechos y los datos duros: 1) En los últimos siete años salieron del país poco más de ₡78 mil millones, según consta en los conocidos registros oficiales DUAS (Documentos Únicos Aduaneros) del Ministerio de Hacienda. 2) De acuerdo con los reportes policiales, solo en el primer semestre de este año el decomiso de cianuro contrabandeado creció en 2.500%. 3) Testimonios recabados en la comunidad de Abangares, donde es legal la minería artesanal, confirman que se están procesando grandes cantidades de material extraído de Crucitas. Así lo revela una amplia investigación del medio digital La Voz de Guanacaste, en conjunto con Interferencia de Radios UCR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicada la semana pasada. Como resultado de ese trabajo periodístico se logró determinar con base en la información del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) que 22 exportadores ilegales de oro, que no pagan impuestos, deterioran la salud de las personas y del medio ambiente. Se trata de 11 personas físicas y 11 jurídicas, siendo la empresa de mayor actividad, entre los años 2022, 2023 y los cinco primeros meses del 2024, Metales Abangares JM S.A. La actividad no es desconocida para la Fiscalía de Legitimación de Capitales, que desde hace cuatro años realiza una indagación por el presunto delito de lavado de activos. Para conocer los alcances de este trabajo periodístico conversamos con Ernesto Rivera y Mercedes Agüero, director de La Voz de Guanacaste y periodista del equipo de investigación respectivamente.

Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia.  Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar. Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia". La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática. Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada. El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública. Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri.

Cumplir 75 años este año (al igual que nuestra Constitución Política) como institución responsable de garantizar la pureza del sufragio es un hito histórico del cuarto poder de la República, nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. El prestigio nacional e internacional que tiene se comprueba cuando calificados estudios y reportes reconocen su incuestionable solvencia. En el año 2023, ocupó el quinto lugar regional en el Índice de Percepción de Integridad Electoral, tal como lo certifican el Royal Military College de Canadá, la Universidad de East Anglia, Reino Unido y la Universidad de Queens. Este año el Índice de Democracia del Instituto V-Dem de Suecia, que es el conjunto de datos globales más grande acerca de democracia, le otorga a Costa Rica 0,94 de 1, en la categoría de índice de democracia electoral. Para celebrar esta fecha y apuntalar sus tareas conversaremos con las magistradas electorales Eugenia Zamora y Zetty Bou.

De acuerdo con el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicado este miércoles, 65 de cada 100 costarricenses estiman que cada día está peor el problema de la seguridad ciudadana y la violenta ola de criminalidad. Solo 17 de cada centenar sostienen que la situación está igual.  Se trata del principal problema que vivimos, seguido de un incremento en la percepción de casos de corrupción. El tercer problema que agobia es la mala gestión del gobierno. Pese a esos resultados que muestran pesimismo y poca confianza en la resolución de los principales problemas nacionales, la popularidad del presidente Rodrigo Chaves Robles se mantiene en un sólido 54%, estancada sí desde las últimas mediciones, pero sin duda muy alta. El rechazo se mantiene en 24% y un 19% lo califica como neutro. Aprobar al mandatario, pero no a sus políticas, va en consonancia con el respaldo a un líder personalista al que viene dando seguimiento este estudio de opinión. Dos datos más muy relevantes del análisis: 90% de las personas encuestadas reconocen un aumento en la violencia contra las mujeres, señalando la poca acción del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en tanto un 60% responsabiliza al gobierno por los femicidios. El otro es que casi la mitad de la población no acepta que se limiten los controles que existen respecto de las potestades del presidente de la República. Para analizar los datos que evidencian desconfianza y respaldo conversamos  con Ronald Alfaro, Director del CIEP/UCR.

Llego el día. Kamala Harris y Donald Trump en un debate cara a cara, que no se sabe aun si resultará ser el único, a dos meses de las elecciones en Estados Unidos. Él con la experiencia de siete debates presidenciales previos. Ella con su primero. Él con un libreto y un estilo inconfundible. Ella con la necesidad imperiosa de definirse políticamente ante el electorado, luego de la ola de popularidad que lograron los demócratas con su convención tres semanas atrás. Ambos técnicamente empatados (48% Trump, 47% Harris) según la primera encuesta no partidaria del último mes, publicada el fin de semana por el New York Times. Trump obligado a romper su techo, ya que el electorado lo conoce bien, por su retórica combativa y al parecer pasando de lado de condenas y escándalos. El examen es diferente para la ex fiscal y actual vicepresidenta. Harris debe concretar su muy reciente popularidad alcanzada y afianzarla en una estructura sólida de propuestas que la den a conocer, pues el 30% de los electores dicen que necesitan saber más sobre ella. Para analizar los resultados del debate conversamos  con el politólogo, Guillermo Barquero, en Hablando Claro.

El panorama en Venezuela es desolador. Así, sin adornos retóricos. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio, terminó saliendo hacia el exilio, gracias a una negociación entre los gobiernos de España y Venezuela.   No había otra alternativa. Porque de lo contrario, habría terminado en la cárcel por las absurdas acusaciones del régimen; algo por supuesto muy delicado para el gobierno de Nicolás Maduro, que ganaba más con quitarse de encima la brasa caliente que significaba tenerlo en el país. Pero ahí, en la clandestinidad, queda María Corina Machado. Será cuestión de horas para que se le inventen unos cargos de delitos inexistentes; a ver si logran terminar de desarticular el liderazgo político más claro de la resistencia interna que ha tenido Venezuela. Por ahora, hay más de 2.500 dirigentes presos, acusados de terrorismo o de cualquier cosa. Los movimientos de protesta social están paralizados por el temor.  La fuerza de la oposición comienza a mostrar síntomas de agotamiento. Mientras tanto, el régimen parapetado con el poder “cívico, militar, policial” seguirá aferrado al poder, desconociendo las presiones internacionales y sin importarle que el éxodo de venezolanos sin proyecto de vida, continúe y, acaso, se incremente. Tanto Edmundo González como María Corina aseguran que la lucha para liberar a Venezuela continúa, pero sin duda la salida del presidente legítimamente electo, marca una nueva página y sobre ello conversamos con el historiador y ex embajador en Venezuela, Vladimir de la Cruz en Hablando Claro.

Este 9 de setiembre se conmemora el día del niño. En nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2022, más de 455 mil pequeños viven en condición de pobreza y pobreza extrema. No hay que explicar mucho acerca de las inmensas responsabilidades (y deudas) que tenemos como sociedad para dotar de condiciones y oportunidades mínimas de acceso a salud, educación, seguridad y un techo digno a esta población. Pero ¿cómo hacerlo con la inversión social en los niveles más bajos de la última década? ¿Cómo hacerlo si la política pública persiste en un enfoque fiscalista que corre a pasos firmes y rápidos con el financiamiento y el pago de la pesada carga de nuestra gigantesca deuda, pero camina cada vez más lentamente en la dotación de recursos a educación de calidad, transporte, comedores escolares y bonos de sostenimiento mínimo para los más vulnerables? ¿Cómo hacerlo con presupuestos públicos cada vez más inflexibles que no dejan márgenes de maniobra para mejorar los servicios públicos? Si vemos el contexto del análisis económico todo gira en torno a colocación de eurobonos, canjes multimillonarios de títulos de deuda, por supuesto importantísimas medidas respecto de las tasas de interés, metas de inflación y tópicos similares. Pero... ¿Y la inversión social? Por cierto que la recaudación fiscal viene a la baja desde noviembre pasado y eso también tiene sus consecuencias. ¿Hemos mejorado suficiente en las diligencias de la recaudación, necesitamos más impuestos, qué otras reformas podríamos poner en marcha para salir del deterioro socioeconómico en el que vive gran parte de la población? Deberíamos estar hablando de todo esto. Pero no. Vamos de una pugna a otra cada semana. Lo último es que Zapote le ha puesto el ojo al nombramiento de la nueva Gerente General del Banco Nacional, Rosaysella Ulloa Villalobos que, con una carrera bancaria de más de 30 años y una calificación sobresaliente en el concurso que se hizo al efecto, fue designada por la Junta Directiva de la entidad bancaria más grande del país. Y ahora el Consejo de Gobierno pide investigar si hubo un "delito", sí, un delito, ¡en la designación!

Desde la antigüedad ética y estética se consideran vías paralelas. O también, como caras de una misma moneda. Por eso, una película (arte) costarricense como expresión estética nos golpea éticamente cuando se atreve a auscultar las profundidades no confesas de la sexualidad femenina y particularmente de la sexualidad femenina de las adultas mayores. Con una narrativa llena de evocaciones entre pasado y presente, que no soslaya la crueldad vital de los distorsionados patrones del sacrificio de las mujeres de ser esposas, madres y forjadoras de familias, dejándose a sí mismas en el olvido, Antonella Sudassassi nos presenta “Memorias de un cuerpo que arde” un docudrama que refleja la vida insatisfecha de tres mujeres, encarnadas en la interpretación de la actriz Sol Carballo. La sexualidad femenina arrebatada y recuperada a la edad adulta como línea argumental es una ventana a la que nos permite asomarnos este filme, reconocido con el premio panorama del público en la reciente Berlinale. Así que ponemos lente en esta obra y lo hacemos con la cineasta creadora y directora, Antonella Sudassassi y con María Lourdes Rivera, sexóloga y educadora.

Dejando un poco atrás los artificios creados en torno a la llamada ley jaguar, en la coyuntura política local al iniciar este último cuatrimestre del año, nos disponemos a conocer las visiones políticas que el gobierno sostiene respecto de cómo atenderá las obligaciones estatales, desde la formulación del presupuesto ordinario para el próximo año, lo que derivará sin duda en nuevas tiranteces entre Ejecutivo y Legislativo. Este no es tema menor, ya que cada vez más sectores manifiestan desencanto con la democracia, en punto a la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que recibe. El panorama en curso presenta claroscuros con la prevalencia de discursos que polarizan la convivencia social, un uso exacerbado de la post verdad y una disputa entre élites. Así se desprende del último análisis de coyuntura del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, al examinar hechos ocurridos de abril a junio pasados, pero la situación tiende a mantenerse así en la recta final de este 2024. Todo hace indicar, de cara al curso del tercer año de la administración actual que cada vez será más difícil encauzar los puentes del entendimiento. Para profundizar acerca de estos hechos políticos conversaremos mañana con el director del OPNA-UCR, Rotsay Rosales Valladares.

Esta es la significativa historia de una voluntad (aún) incumplida. En 1975, Lorne Ross y Agnes Spencer (él costarricense y ella inglesa) le donaron a la comunidad de Santa Ana -gracias a un acuerdo con el Estado- un terreno de 52 hectáreas con el objetivo de proteger las nacientes de agua, los humedales y el bosque de la zona; un corredor biológico y de tránsito de aves migratorias. El sitio estuvo varios años descuidado y pasó por varias instituciones, hasta que en 1993 se dio en administración a la Fundazoo. En 2014 la Municipalidad y la comunidad tenían listo un proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Lorne Ross, pero una decisión judicial le extendió 10 años más el derecho de uso a la citada fundación. En el largo camino recorrido hasta hoy el panorama sigue siendo incierto, pues existe una pugna irresuelta: mientras los santaneños buscan alcanzar un marco regulatorio para convertir ese sitio en el Parque Natural Urbano Lorne, Ross (como espacio cultural, recreativo y educativo) la diputada oficialista Pilar Cisneros pretende que el Ministerio de Ambiente y Energía construya ahí un parque con fuentes de agua (similar a uno existente en la ciudad de Lima) cuyo anteproyecto -se ha informado- habría costado $30 mil de fondos públicos, pero que aún no se conoce. Mañana miércoles conversamos con dos de las líderes comunitarias que abanderan el proyecto, Paula Blanco Cantillo, Catalina Obregón, ex regidora y representante de los herederos de la familia Ross.

Hasta hace tres años los recortes a los presupuestos se hacían en la Asamblea Legislativa, ahora no. Ahora la tijera la aplica desde antes el Poder Ejecutivo. Ha sido tal situación que desde Cuesta de Moras ya en varias oportunidades se exige la restitución de las severas rebajas. Este año, además, la disputa será mayor dado que por primera vez le corresponderá al legislativo la definición del monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). El viernes el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para el 2025 por ₡12.4 billones y aún cuando esa cifra entraña una disminución del 1.9% respecto del plan de gastos del año en curso, Acosta argumentó que llevaba un incremento para la inversión social, una reducción del pago de la deuda y un saludable aumento de ingresos sanos para su financiamiento. Pero las primeras reacciones de preocupación no se hicieron esperar , particularmente por el debilitamiento de programas sociales y rebajas específicas en Educación, Trabajo y Obras Públicas, entre otros ministerios. Para poner atención en los claroscuros de este nuevo plan de gastos conversamos mañana con la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez.

Nunca en la historia republicana del país se ha rechazado la reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para hacerlo, el constituyente previó que tal veto solo sería posible con 38 votos; mayoría calificada. En la práctica entonces, los magistrados en Costa Rica permanecen en el cargo de forma vitalicia, hasta que deseen jubilarse o fallezcan. Pero los tiempos cambian. Y cambian mucho. De unos años para acá, el cuestionamiento acerca de las condiciones y requerimientos que la Asamblea Legislativa debe considerar para elegir a un/a magistrado/a o para sellar su reelección hacen parte de un intenso debate público. Dejó de ser un asunto de élites políticas, aunque ellas pesan, claro, pero las decisiones deben ponderarse con mucho mayor cuidado. Además de todo, la elección ahora es mediante voto público. Se trata pues, de tema político de primer orden. Aun en casos en los que se perfilara como de un mero trámite, como por ejemplo en punto a la reelección del magistrado presidente de la Sala Segunda Porfirio Sánchez. Francamente, era casi que un formalismo. Hasta que el pasado 20 de agosto el abogado y ex-juez Mario Rucavado hizo públicas sendas objeciones a dicha reelección. En el historial de Sánchez aparece el grosero rechazo a una acusación de acoso sexual contra un diputado años atrás, sentencia que debió enderezar un tribunal de trabajo superior de Sánchez Rodríguez, a la sazón juez. También se registra en su expediente cómo le negó derecho de lactancia a una defensora pública y para no dejar dudas de su conducta contra los derechos de juezas y magistradas, pidió derogar años después al acuerdo de Corte Plena que estableció en su día la paridad en los altos cargos de dirección política de ese cuerpo colegiado. Un señalamiento serio es el relativo a la mora en su despacho. La concentración de atrasos da cuenta de 869 casos con retrasos promedio de más de un año (388 días) Peor aún, tiene 769 casos de litigio laboral y de riesgos laborales con retrasos de ¡827 días! Como si todo eso no fuera suficiente, Rucavado denunció que Sánchez cometió un acto obsceno delante de una funcionaria judicial. Posteriormente, la jueza Silvia Arce, dio un paso adelante y se identificó como la víctima del hecho. Y a partir de ahí, la reelección de este lunes 2 de setiembre se ha convertido en un tema neurálgico que roza la integridad y la confianza en el Poder Judicial y ha puesto en batalla a la Asamblea Legislativa y a no menos de una veintena de organizaciones de mujeres que se oponen a la reelección, en tanto el magistrado acudió (acaso desesperado) a las poderosas armas de la judicialización del caso y también ha recibido apoyo de un grupo de empleados del Poder Judicial, aunque prácticamente todas las organizaciones gremiales y sindicales han preferido guardar sepulcral silencio. Para analizar este caso conversamos mañana con Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, Claudia Paz y Paz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y con Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres.

Costa Rica es un país caro. Carísimo. Esto lo damos por sentado. Pero… ¿Cuán cierto es? Al analizar de manera comparativa los precios con el Programa de paridad de poder adquisitivo OCDE-Eurostat (2007-2020) resulta que nuestros precios son más bajos que países de esa organización. Pero al compararnos con el Índice Mundial del Costo de Vida, también 2007-2020, sí tenemos costos más altos que los países de América Latina. Tenemos precios más altos en pan, cereales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, leche, queso, huevos, pescado, frutas, vegetales y papas. Y como si eso no fuera ya bastante también somos más caros en transporte, educación y salud. Esto ocurre por factores tales como prácticas monopolísticas, y consecuentemente, falta de competencia, barreras arancelarias y la estructura del gasto del Estado. Todo ello según se desprende de un tal estudio del Banco Central de Costa Rica. Para profundizar en este tema que nos afecta a todos conversamos con la responsable de este informe, la economista Melissa Vega Monge.

Las marchas en defensa de la inversión pública para la educación, conjuntan una gran diversidad de agrupaciones sociales, gremiales y políticas, como respuesta a los excesivos recortes presupuestarios de la administración actual. En la contraofensiva, el presidente Chaves asegura que dotar de recursos económicos, en particular a las universidades públicas, solo sería posible restándole fondos a la educación primaria y secundaria. Ahora abre el abanico y asegura que también se afectarían los recursos para vivienda, salud y hasta obras comunales. Esto resulta contradictorio con la argumentación de que la economía goza de buena salud y que somos campeones de la OCDE en atracción de inversiones, aunque ciertamente la realidad fiscal muestra deterioro por la falta de generación de empleo que reactive más la economía y la recaudación impositiva. La lucha no acaba con la voluminosa marcha de este miércoles, más bien abona a la polarización social. Para poner en balanza esta coyuntura conversaremos con Raquel Loría Quesada, presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) y con Gilberth Díaz, secretario general del sindicato de educadores costarricenses (SEC).

Costa Rica es una democracia resiliente y resistente que cuenta con un respaldo amplio, generalizado en la población y sólido en el tiempo; condiciones que nos hacen sobresalir en la América Latina y El Caribe. Pese a ello, los niveles de satisfacción reflejan más bien valores intermedios. En síntesis, los ticos somos fieles creyentes en la democracia, pero estamos insatisfechos con su funcionamiento. Entonces tenemos una democracia resiliente, pero amenazada y a prueba. Estas afirmaciones, así de categóricas, se desprenden del capítulo Costa Rica del Informe Barómetro de las Américas 2023, que fue dado a conocer esta semana y cuenta con el apoyo de las universidades de Vanderbilt y de Costa Rica, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa Estado de la Nación. De acuerdo con el estudio, el 86 % de los costarricenses identificamos al país como una democracia y para un 72 % de nosotros es la mejor forma de gobierno. La satisfacción con el sistema alcanza al 61 %. Un elemento valorado como significativo en el estudio es que el 36 % de los costarricenses muestran alto apoyo al sistema y alta tolerancia, dos condiciones ideales para la estabilidad democrática. Ahora bien, si bien es cierto son buenas calificaciones (somos el segundo país de la región adepto al sistema) los apoyos no son los mismos que a inicios de siglo, ni mucho menos que a los valores que registrábamos allá por la década de los años 80. La insatisfacción particularmente deviene tanto de la percepción y los datos objetivos de la criminalidad, como de la percepción dañina de la corrupción en la política. Amenazante resulta entonces que más de la mitad de la población estaría dispuesta a justificar que líderes actuaran al margen de la ley para lograr que la democracia fuese más efectiva, lo que nos pondría a transitar por terrenos escabrosos. Este amplio estudio da muchísimos insumos. De los más interesantes respecto de la sociedad que somos, son las percepciones sobre la migración que nos muestran ciudadanos sensibles, tolerantes y abiertos; 61 % está de acuerdo en los mismos derechos, 82 % no tiene prejuicios con tener de vecino a un migrante, un 60 % respalda que reciban servicios sociales, un 81 % está de acuerdo con que tengan derecho a ciudadanía y dos de cada tres costarricenses estiman que los nicaragüenses son buenos para apuntalar las actividades de la economía nacional. Para hacer un acercamiento al estudio conversaremos con el autor del informe, Ronald Alfaro.

Seguir culpando a las administraciones anteriores del profundo deterioro del sistema educativo no solo no sirve de nada, sino que además termina profundizando las brechas entre la Costa Rica limitada con acceso a educación privada y la Costa Rica mucho más numerosa que depende exclusivamente de la educación pública. Como bien sabemos, la profundización de los problemas pasados se traduce en rezagos en los aprendizajes, una crisis de gestión, la mayor cantidad de órdenes sanitarias en centros educativos y la menor inversión en una década, reducción signada por una incomprensible inacción política del MEP y su jerarca en la defensa de sus presupuestos. La dura radiografía del Estado de la Educación plantea que entre muchos desafíos que debemos acometer sin dilación, cuatro son los más urgentes: recuperar la inversión venida a menos, reducir la pobreza de los aprendizajes, inyectar calidad y conectividad en los ambientes de aprendizaje y mejorar la formación y contratación de los docentes. Para seguir profundizando acerca de esta situación conversaremos con Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación del proyecto Estado de La Nación.

Lo sabemos bien: la erosión de la democracia en nuestros días está ligada a la crisis de los partidos políticos, a la polarización extrema del sistema y consecuentemente de la convivencia social. En el epicentro de la cuestión observamos la profundización de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, así como el deterioro educativo y de la prestación de servicios públicos. Todo ello sin dejar de lado los impactos del crimen transnacional organizado. Estas afectaciones generan altos niveles de decepción ciudadana. Obviamente, los problemas de la desafección democrática son multicausales, pero se ven potenciados por la prevalencia de la desinformación, las verdades a medias y mentiras construidas, que generan mayores grietas y afectaciones en lo social, lo cultural y lo identitario. Para seguir debatiendo en esta línea conversamos con el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora.

En la política internacional americana el jueves fue un día de sabor agridulce. El tribunal de justicia chavista terminó por consolidar (como se anticipaba) el robo de las elecciones venezolanas del 28 de julio. Y los jueces fueron más allá, anunciaron sanciones contra los líderes de la oposición, girando más las tuercas de la tirante sociopolítica en ese sufrido país. Mientras tanto en Estados Unidos, culminaron los cuatro días festivos de la Convención del Partido Demócrata con el discurso de la Vicepresidenta y candidata Kamala Harris quien esbozó en un discurso corto, conciso y concreto las grandes líneas de lo que sería su política doméstica con énfasis en oportunidades para la clase media; así como su política internacional en respaldo de los aliados estadounidenses tanto en la crisis de Ucrania, como en el conflicto en Oriente Profundo, en un giro complejo, pues reafirmó el derecho del pueblo de Israel a la defensa y la seguridad al tiempo que defendió también el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación y a terminar con el sufrimiento en Gaza. Ponemos énfasis en la campaña electoral estadounidense este viernes con el politólogo Alfonso Rojas.

Una  vez más el diputado opositor Ariel Robles formuló en un control político fuertes  denuncias  contra acciones y omisiones de actual administración, que tienen como escenario la provincia de Limón.  “Es crucial que el presidente esté enfocado en los sectores más vulnerables y no inmerso en una embriaguez de poder que le impide ver la realidad de las personas”. Y esas realidades son las denigrantes condiciones de trabajadores de empresas bananeras que estarían incumpliendo la legislación laboral no observando salarios mínimos, ni mucho menos horas extras, incurriendo en prácticas deleznables como pagar con comida la jornada laboral y despidiendo a trabajadoras que se atrevan a denunciar prácticas de acoso sexual.   Otra denuncia refiere que una reciente decisión de Japdeva, afectaría de manera directa a más de 100 familias, quienes se verían imposibilitadas de acceder a bonos de vivienda. En seguimiento a sus gestiones haciendo eco de las irregularidades en Gandoca Manzanillo también conversaremos con él acerca de los 26 allanamientos de esta semana. Todo esto en la antesala de  la gira anual que el gobierno realiza para celebrar el día de la persona  negra y la cultura afrodescendiente el 31 de agosto. Conversamos entonces con el diputado Ariel Robles.

El 2020 quedó marcado en el calendario como el año de mayor cantidad de femicidios en el país con 28 asesinatos. Para analizar esta realidad un grupo de especialistas en la materia recopilaron datos e información acerca de cada uno de esos 28 dramas con sus contextos e historias. El objetivo fue entender esas tragedias, identificar entornos de prevención y recomendar acciones para fortalecer las políticas públicas que protejan más y mejor a las mujeres. Precisamente uno de esos casos fue el de María Tacsan. Y aunque en un primer juicio su esposo el médico Carlos Pérez, resultó absuelto, este lunes en un nuevo proceso fue hallado culpable y deberá descontar 35 años de cárcel. Pero como sabemos no a todos los femicidios alcanza el brazo de la justicia pronta y cumplida. El Informe de Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 que realizó la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres, sintetizado como “autopsias psicosociales”, confirmó los factores que prevalecen en este tipo de asesinato. Factores tales como la pobreza, la exclusión, el crimen organizado y la violencia machista, entre otros. Para conocer más detalles y aportar a la permanente sensibilización de esta problemática nacional conversamos con las investigadoras Ana Hidalgo y Teresita Ramellini.

Desde siempre, pero particularmente desde la pandemia por SARS-CoV-2 quedamos notificados que viviremos con más frecuencia entre epidemias y distintos grados de importantes diseminaciones de virus y bacterias. La semana pasada, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global por emergencia de salud pública debido a la rápida transmisión de la enfermedad Mpox (conocida como viruela del mono), dado el peligro exponencial del aumento de casos; por ahora más de 15 mil en 12 países. Aquí en Costa Rica sumamos en la primera quincena de agosto 16 mil casos de dengue, un incremento significativo respecto del año pasado, cuando se inició un brote que sigue circulando con los serotipos tres y cuatro, motivo de preocupación, ya que hay mucha población vulnerable sin inmunidad. Entre tanto, los dos últimos reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, confirman que vienen en aumento los contagios de covid (480 casos nuevos y 80 hospitalizaciones solo en los primeros días de agosto). Y para rematar, las autoridades sanitarias reportaron como sospechoso, analizaron y posteriormente descartaron un primer caso de Oropouche, un virus que se transmite por un insecto conocido como jején. Durante este año se han reportado más de 7,700 casos en Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia, por lo que la Organización Panamericana de la Salud aconsejó fortalecer la vigilancia y control de vectores, así como mantener informada a la población. Para hacer repaso de estas alertas de salud pública conversamos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Venezuela e Israel, son dos de los focos de alta tensión, que siguen sumando atención global dadas las repercusiones que sus conflictos derivan. Israel sigue a la espera de una respuesta a sus últimos ataques (uno en Gaza y otro en Líbano) lo que exacerba las posibilidades de una guerra, contenidas desde hace meses, debido a los complejísimos intereses que constituyen de telón de fondo en la guerra en Gaza. Analistas sostienen que tanto Hezbollah como Irán están atrapados en sus avisos de represalias contra Israel. Mientras continúan las conversaciones esta semana en Doha, Naciones Unidas urge un alto al fuego para poder vacunar a la población dada la alerta de un primer caso de polio en 25 años en el territorio gazatí. Al otro lado del mundo, la oposición venezolana inicia la semana sumando un triunfo a la convocatoria, tanto interna como externa, de apoyo a sus gestiones y de repudio al régimen de Nicolás Maduro, pero no se vislumbra aún una salida al conflicto derivado de la voluntad electoral vulnerada el 28 de julio. Para poner en foco en esta parte de la agenda internacional conversamos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Cada 10 meses asistimos al tortuoso camino de la negociación del financiamiento de la educación superior pública, que antes se hacía cada 5 años. Hoy, esto se ha convertido en un elemento más que abona a la polarización. La última negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se dio en el 2010, dejo un crecimiento del 81% de esa partida presupuestaria, sin contar con los fondos para la Universidad Técnica Nacional entre ese año y el 2015. Para el siguiente año se tomó la decisión de hacer la negociación anualmente dadas varias circunstancias como la situación fiscal, un cambio en la metodología del Banco Central para estimar el Producto Interno Bruto (PIB), el hecho de que no estuviera listo el Plan Nacional de Educación Estatal (insumo básico para la negociación) y fuertes amenazas en la Asamblea Legislativa de variar el destino de esos recursos a otros programas e instituciones. Desde entonces se viene realizando ese diálogo cada año, con el acuerdo de garantizar que el 1.5% del PIB fuera para las universidades. Pero en los últimos tres años esta discusión se ha convertido en un campo de disputas, reproches y distanciamiento entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Para poner esta situación en perspectiva conversaremos con la rectora del Tecnológico de Costa Rica, María Estrada y el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Cuando sin razón aparente pagamos más por un producto, deberíamos volver la mirada hacia el Puerto de Caldera para encontrar, al menos, parte de la respuesta de ese encarecimiento. El sobre costo de muchas mercaderías obedece a los significativos atrasos en la descarga de los contenedores por el congestionamiento de esa terminal portuaria. Por Caldera ingresan el 80% de las importaciones que llegan a Costa Rica en insumos, materias primas y otros bienes que requieren muchos sectores para la producción nacional tales como maíz, hierro, acero, soya, trigo, arroz y abonos agrícolas. Y por ese mismo punto salen muchos de los 1.500 productos que exportamos al mundo. Sin duda es un lugar estratégico que debería tener condiciones óptimas, pero sus usuarios indican que la ineficiencia encarece el abastecimiento, lo cual impacta los costos, lo que consecuentemente aumenta el precio final al consumidor y nos resta competitividad. Caldera opera a un 108% de su capacidad, cuando las mejores prácticas internacionales indican que la ocupación no debe superar un 60%. Los datos de la decimoquinta Encuesta de Perspectivas Empresariales de la Cámara de Industrias advierten que las empresas que usan la terminal pagan sobreprecios de entre $251 y $400 por contenedor y deben esperar un tiempo promedio de 8 a 14 días para tener la carga disponible una vez que llega al puerto. El desafío es doble, por un lado, mejorar las obras que hoy tiene este centro logístico portuario y por otro, planificar otro puerto que cumpla con las condiciones de crecimiento y proyección de la economía nacional. Para analizar el tema conversaremos con Sergio Capón y Arturo Rosabal, presidentes de las cámaras de Industrias y de Comercio, respectivamente.

Hoy, al igual que en 1992, cuando la escritora Anacristiana Rossi publicó “La loca de Gandoca” para exponer en una novela mezcla de ficción y realidad la lucha por la preservación del Refugio mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, esa inacabada batalla está más vigente que nunca. Y por suerte, a diferencia de aquellos años, hay una inmensa vitrina pública y mediática que acompaña la lucha de pobladores locales, ambientalistas y políticos decentes que alzan la voz fuerte, firme y clara para seguir resistiendo ante la voracidad de quienes persisten en vulnerar el patrimonio que aún nos queda en el Caribe Sur. Pero claro, si esto es así, solo es por una razón: están vigentes también los poderosos intereses económicos que quisieran urbanizar (de poder hacerlo, claro) toda la orilla del exótico caribe costarricense. Y son intereses que se heredan por generaciones de padre a hijo. No es ficción. Como tampoco lo es una investigación judicial en curso por múltiples incumplimientos de instituciones como el INDER (antes IDA) y el SINAC del Ministerio de Ambiente, que dieron paso a una nueva cesión de cuestionados permisos de tala de árboles en zona protegida. Pero esta no es la misma lucha de 32 años atrás. Si bien es cierto el dinero fluye, y seguramente mucho más, hoy contamos con un inmenso acopio de jurisprudencia por la consolidación de la Sala IV. También tenemos una protección que se incorporó en nuestra Constitución Política (art.50) como derecho fundamental "a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". Así que como dice el historiador Iván Molina hoy la novela y la loca gozan de excelente salud... Y con la fuerza acumulada de los años persiste implacable en su denuncia que tiene eco en cientos de miles de personas. Por eso nos enorgullece mucho conversar con Anacristina Rossi.

La crisis político electoral venezolana es un verdadero juego de tronos signado por una creciente tensión, la participación activa de varios países de la región ejerciendo presión sobre un acorralado gobierno de Caracas y, por supuesto, la consabida represión policial que siembra terror con sus detenciones ilegales contra activistas políticos de la oposición mediante la llamada "operación tun tun". El punto central es que Maduro, a falta de las actas del Consejo Nacional Electoral (cne) ha pretendido ganar tiempo judicializando la elección y por ello ha proclamado que lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia (tsj) que es uno de sus órganos satélites (no un poder independiente como en una democracia real) será "santa sentencia y ley sacrosanta de la república" Claro, y el tsj dirá que el sistema electoral fue hackeado y que por eso no aparecen las actas y que el 28 de julio sí habría ganado Maduro bla, bla, bla, bla. El problema es que esa burda pretendida salida a la crisis no sería aceptada por Brasil que se ha distanciado claramente de la troika de apoyo al régimen que mantuvo inicialmente con Petro de Colombia y el saliente López Obrador de México. Luis Ignacio Lula da Silva es hoy, junto con el estadounidense Joe Biden, el más poderoso opositor a los planes de perpetuación de la cúpula bolivariana. Según ha trascendido, el mensaje de Estados Unidos a Maduro es claro: o se marcha por propia voluntad a un exilio dorado con garantía de no persecución o será detenido. Por el momento, Maduro no parece inclinado a ceder, pero la situación interna es complejísima. Por un lado, la oposición se mantiene cohesionada y Edmundo González Urrutia, el presiente electo, ha recuperado fuelle tras la amenaza de detención, misma que se ha lanzado contra la líder indiscutible del proceso María Corina Machado. Pero por otro, hay severos distanciamientos y disputas entre la misma cúpula gubernamental, algunos de los cuales no pueden ni verse: Vladimir Padrino López, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saad y algunos otros, todos con sus propios planes de escape en caso necesario. Mientras tanto, el Centro Carter, el único observador internacional aceptado por el régimen de Maduro, ha certificado que, con base en las actas mostradas al mundo por la increíble estrategia diseñada por la oposición, Edmundo González Urrutia efectivamente fue el ganador de las elecciones del domingo 28 de julio. ¿Caerá el régimen venezolano esta vez? Lo conversamos con el historiador, analista y ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Orosí II, la quinta etapa de la ampliación del Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, era (y es) fundamental para garantizar agua potable a 638,000 personas de 14 cantones metropolitanos; la mayoría josefinos, además de uno cartaginés y otro herediano. Sin duda una obra pública indispensable. Los cambios de cuatro presidentes ejecutivos de Acueductos y Alcantarillados, (tres de ellos durante este gobierno) así como la inestabilidad y remociones de varias gerencias, serían parte de las razones por las cuales en noviembre pasado se perdió un crédito de $400 millones del BCIE para su construcción. Ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, las autoridades de AyA no lograron explicar las razones de esta situación. Esa mega obra aportaría 2,500 litros de agua por segundo, con una infraestructura de 42 kilómetros de tuberías y casi nueve km de túneles, una nueva planta potabilizadora en Patarrá y cuatro tanques de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos cada uno. Desde el año pasado, la crisis de suministro del líquido en el área metropolitana se ha venido agudizando. En abril de este año Juan Manuel Quesada, el actual jerarca de AyA, informó que Orosí II “es la prioridad número uno” en la cartera de 179 proyectos de la institución, pese a que no cuenta con los estudios necesarios, mucho menos con el financiamiento; lo que lleva a prever próximos veranos de racionamientos. Para analizar las implicaciones del rezago en infraestructura hídrica conversamos con el especialista en temas de agua y saneamiento, Saúl Trejos.

En un mundo marcado por la desigualdad, los datos que arroja nuestra situación son aún más desalentadores que los de muchas otras latitudes: solo considerando el grupo de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupamos el último escalón de la tabla. Sí, pese a nuestra inversión de décadas en salud, educación y pensiones, somos la nación con más disparidad de ingresos entre los ricos y los pobres. ¿Por qué esto es así? Entre otros factores se nos señalan las condiciones de la estructura salarial (obviamente de quienes logran acceder a un empleo formal) el enorme porcentaje de la gente en la informalidad y las conocidas condiciones de inequidad que sufren las mujeres para ser parte del mercado laboral. Y si por la víspera se saca el día -como reza el viejo adagio- las perspectivas no son nada buenas porque, solo para citar un aspecto fundamental de resolución, la OCDE nos recomienda mejorar los resultados educativos. Y eso no ve. Por el contrario, en esta administración afrontamos recortes presupuestarios severos en educación lo mismo que en otros rubros de la inversión social neurálgica, amén de carecer de otras políticas públicas también relacionadas con aspectos tributarios. En pocas palabras tenemos una economía que crece y una sociedad que, en su inmensa mayoría, no recibe los beneficios de ese crecimiento. ¿Cómo entender esto? Lo conversamos con el economista José Luis Arce.

“Padre. Tío. Esposo. Maestro. Entrenador. Guardia Nacional del Ejército. Excongresista. Gobernador de Minnesota”. Así se presenta Tim Walz en sus redes sociales. Pero mucho más que eso analizó Kamala Harris para escogerlo como su compañero de fórmula para correr por la presidencia estadounidense. La aspirante surfea con buen viento y condiciones su batalla contra Donald Trump. Agrupó el apoyo de su partido, ha logrado una recaudación récord de donaciones y las encuestas la colocan ya codo a codo frente al contrincante. La designación de Walz, informó el New York Times, surgió de un grupo de candidatos que tenían un mejor reconocimiento de nombre y estados de origen más ventajosos políticamente. Para ampliar en qué fortalece su designación la corta carrera electoral de la actual vicepresidenta de Estados Unidos conversaremos con el analista, periodista y ex embajador, Eduardo Ulibarri.

Las personas víctimas de los malos manejos de Coopeservidores comenzarán a recibir a finales de este mes los montos que estableció el proceso de resolución de esa malograda entidad financiera. Como sabemos, la intervención y la legislación vigente, lograron rescatar el 100% de los dineros de aquellos ahorrantes con montos de hasta ₡6 millones. El Banco Popular determinó las condiciones de entrega de esos recursos para el próximo miércoles 28. Esto incluye los ahorros a la vista y los certificados de depósitos a plazo. El resto de inversionistas con sumas por encima de seis millones recibirán, además de esa cantidad, la mitad del resto de lo que tenían invertido. Ahora es importante que se dé seguimiento a las condiciones establecidas y evitar que inescrupulosos puedan engañar o timar a quienes inician los procedimientos para obtener su dinero. También es importante saber qué ocurre con los procesos de investigación judicial para, ulteriormente, sentar las responsabilidades legales de este descalabro. Sobre el tema conversamos con el responsable de la resolución de Coopeservidores, Marco Hernández.

Tres hechos relevantes nos permiten poner en perspectiva cómo fluyen los hechos políticos en el arranque del octavo mes del año. La intempestiva presentación de una nueva versión del proyecto de ley que se impulsa llevar por la vía del referéndum. Apenas vio la luz y ya arrastra cuestionamientos. El segundo es otro fallo de la Sala Constitucional ordenando al Ministerio de Hacienda reintegrar ₡62 mil millones al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). El ministro de Hacienda reaccionó anunciando que para honrar esa deuda rebajará los presupuestos de varios ministerios. Ambos asuntos llegaron a una Asamblea Legislativa que culminó el jueves con una trifulca de reclamos y endosos de culpas por los raquíticos resultados de otro periodo perdido de sesiones extraordinarias, responsabilidad de la administración Chaves Robles. Los enfrentamientos dejaron en claro que ya la mayoría de la oposición perdió el temor a la retórica de Zapote y acusan no poco hartazgo. Así condimentadas continúan las agrias relaciones entre los dos poderes de la República, en tanto, se sigue agudizando la crisis de violencia criminal junto a otros desafíos nacionales. Para poner en coyuntura el inicio de agosto conversaremos con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez.

Otro año y la más grande movilización de personas en el país ya está en camino hacia la casa de la Negrita, en Cartago. Pero este 2024 se conmemoran los 200 años de la proclamación como Patrona de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles, cuya devoción es un hito con ribetes espirituales y culturales únicos. El hallazgo de su figura, de 20 centímetros, allá por el año 1635 nos ubica en el sincretismo de ese momento al mezclar características de la tradición cristiana-europea con elementos de la cultura indígena y negra, propias de nuestra Nación. Su proclama como patrona nacional se da en un contexto histórico de hechos que se suscitaron en el proceso de conformación de las bases como un Estado, como la Independencia y la Anexión del Partido de Nicoya. En torno a esto hay una serie de anécdotas, retazos de la vida de personajes y de acontecimientos a su veneración que se celebran cada 2 de agosto. Para hilvanar algunos de estos aspectos haremos repaso con el historiador, José María “Milo” Junco.

Las repercusiones políticas, posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad ante la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, de la primera versión del proyecto de ley que se impulsa llevar a referéndum, siguen agriando y agitando el debate nacional. De inmediato el Poder Ejecutivo, sin siquiera conocer el fallo en su totalidad y lo que debería resolver la Sala Constitucional acerca de dos acciones pendientes, vuelve a polarizar el tema entre buenos y malos; seguidores y detractores, lo cual sigue abonando a una narrativa que sigue deteriorando la confianza en el papel de las instituciones en su labor de fortalecer la convivencia democrática. Enmarcado este como un tema distractor de la discusión de otros desafíos que se dejan de lado y seguir una orquestación que desde el Poder Ejecutivo se impone. Ya varias de las fracciones legislativas, exceptuando la oficialista, señalan con diferentes matices que la segunda versión de la denominada ley jaguar mantiene vicios de inconstitucionalidad, lo cual sigue abonando al enfrentamiento. En el otro lado la ciudadanía recibiendo diferentes versiones, alejando a importantes sectores de la discusión con argumentos y obtener elementos para conocer tener los verdaderos objetivos de seguir inflamando la crispación social y la desinformación. Para analizar estas repercusiones conversaremos con el politólogo, Sergio Araya.

Tanto como sigue escalando las tensiones internas en Venezuela, igual hay movimientos de países y organismos internacionales, para mostrar sus posiciones. La comunidad internacional observa y mantiene un seguimiento cercano, para ir ajustando sus posturas y acciones, dadas los intereses políticos, económicos y las condiciones geopolíticas en torno a este hecho, que se pueden ir tornando en situaciones más complejas. Toda gira en torno a los resultados, y la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro, lo que ha tenido diferentes abordajes, que van desde el reconocimiento y felicitación de los países cercanos, como el rechazo y desconfianza de los que exigen la entrega y transparencia en la revisión de las actas electorales. En las últimas, mientras recrudecen las manifestaciones, los señalamientos de responsabilidades de muertes, consecuencias por la agitación y amenazas de arresto de los liderazgos opositores, se han suscitado hechos como la conversación entre los presidentes Lula da Silva y Joe Biden en que abordaron el tema de la importancia de la divulgación de las actas y lograr condiciones de normalización. El gobierno de Costa Rica ofreció asilo político a Edmundo Gutiérrez, Corina Machado y a quienes se mantienen en la sede de la embajada de Argentina en Caracas. Para poner en perspectiva el peso de la presión internacional en solucionar y salvaguardar a la ciudadanía venezolano conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Todos los artículos consultados son inconstitucionales. Esta es la síntesis del fallo de la Sala Cuarta, ante la consulta realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el proyecto de la Ley Jaguar. Las razones de este fallo fueron justificadas por el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, al indicar que el proyecto de ley afecta las atribuciones constitucionales que tiene la Contraloría General de la República y le quita herramientas importantes para que este órgano ejerza las funciones que le atribuye la Constitución Política. El TSE solo consultó 5 de los 9 artículos, no obstante, un grupo de diputados presentó otra consulta con la totalidad del proyecto, aún pendiente de resolución. Ahora los magistrados electorales deberán revisar el fallo completo. Para ahondar en esta decisión conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Venezuela vivió una nueva jornada calificada como una carrera de obstáculos y sin integridad electoral. Seis horas después del cierre el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó los resultados con el 80% de las mesas escrutadas, con 51% para Nicolás Maduro y un 44% para Edmundo González y un 4% al resto de los 8 candidatos presidenciales. La plataforma opositora no reconoce los datos del órgano electoral y sostiene, que con el 40% de las actas transmitidas y que tiene en su poder, ganaron con el 70% de los votos. Y que esto se sabe en Venezuela y en el mundo. El órgano electoral denunció y solicitó una investigación a la Fiscalía de un supuesto acto que habría interrumpido el sistema de transmisión de los datos de las actas electorales. Pareciera una estrategia para intentar detener las denuncias, que el grupo opositor, habría señalado problemas al cierre de las urnas con la recepción de esa información. A partir de esto queda abierto el espacio de las acciones que emprenderá el grupo de González y en el marco de las declaraciones de Perkins Rocha, vocero del comando de campaña de González Urrutia, de dar la vida por la verdad del resultado. Todo el proceso ha sido denunciado de irregularidades que implican cambios arbitrarios e incumplimientos a los acuerdos de Barbados, firmados por el gobierno y la oposición en el año 2023, para otorgar garantías a las elecciones. La ruta opositora fue compleja, primero con la inhabilitación de la líder Corina Machado, la imposibilidad de inscripción de Corina Yoris hasta aglutinarse bajo la candidatura de Edmundo González Urrutia. Se fue escalando a problemas de registro de votantes en el extranjero, cierre de fronteras para que personas no pudieran ingresar, imposibilidad de observadores internacionales para tareas de verificación. Cerradas las urnas, largas horas de espera para el primer boletín del CNE, denuncias acerca de interrupción de datos de mesas electorales. El oficialismo tras el cierre de las mesas negó toda posibilidad de fraude y que nadie podría revertir los resultados de su triunfo. Para hacer un primer balance conversaremos con los ex embajadores en Venezuela, Ricardo Lizano y Vladimir de la Cruz de Lemos.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó una sentencia a favor de Costa Rica en el arbitraje por Industrias Infinito, en el caso de la mina Crucitas. Esto evita un pago por $398 millones, pero aun así Crucitas sigue siendo un tema nacional, ambiental, social y económico que no se logra resolver. Y encontrar cómo solucionar podría ser como “abrir una caja de Pandora”, ya que oscilamos entre quienes insisten en que tenemos allí un yacimiento de 2 millones de onzas (el de los cerros Botija y La Fortuna) con un valor al precio actual de $5 mil millones. Y otro en la saprolita (formación geológica en la roca), que es explotada de manera ilegal. Ambas situaciones nos colocan en posiciones como la del presidente Chaves dispuesto a abrir el tema a la extracción o buscar soluciones ambientales y sostenibles. La explotación de las dos minas identificadas sería una tarea enorme, de un gran costo de inversión y con daños ambientales que seguirán profundizando los problemas que se enfrentan que nos pondrían en disputa incluso con Nicaragua, por la contaminación de las aguas. La extracción minera no es un cajero automático que se le puede solo sacar, sin que haya graves consecuencias, como hay en otros países con este tipo de actividad. Para tener más elementos técnicos de este tema conversaremos con el geólogo ambiental y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.

Conmemoramos 200 años del inicio del proceso de agregación del Partido de Nicoya a Costa Rica. La decisión del aquel 25 de julio de 1824 constituyó un hito en el que poblaciones indígenas, ladinas y españolas de Nicoya, Santa Cruz y Villa Guanacaste (hoy Liberia) adoptaron por mayoría el acuerdo de agregación. En otras palabras, no hubo unanimidad. En Villa Guanacaste vivían hacendados nicaragüenses que no comulgaban con semejante iniciativa, como si lo estaban nicoyanos y santacruceños, que tenían muy estrechas relaciones con Puntarenas. Fue una época muy intensa en acontecimientos políticos, económicos y territoriales que constituyen el marco ideal para la producción de Grupo Columbia de nuestra tercera radionovela: La Voluntad de la Pampa. Para celebrar esta fecha patria hilvanaremos hechos reales con trazos de esta producción en una muy interesante conversación con su creador, el periodista e historiador, Rodolfo González Ulloa. Fotografía: Angélica Castro/ UCR.

La detención de Maickel Villegas Rodríguez, un venezolano de 27 años, que intentó entrar a Costa Rica el 12 de julio infiltrado en un autobús que trasladaba migrantes desde Panamá hacia la frontera norte de nuestro país, activó un mecanismo policial de cooperación internacional. Villegas es un delincuente peligroso. Miembro del tren de Aragua, una organización de crimen transnacional. Él junto con otros sujetos habrían asesinado en marzo pasado al teniente Ronald Ojeda, un opositor del gobierno de Nicolás Maduro que tenía la condición de refugiado en Chile. Al informarse de su detención, las autoridades chilenas solicitaron como mecanismo preliminar, la detención con fines de extradición y este lunes la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente González oficializó ante nuestra Cancillería, la solicitud de extradición. Se trata, pues de un caso de extrema prioridad para el gobierno suramericano. InSight Crime (una fundación dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad Latinoamericana) califica al tren de Aragua como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela. Tiene 4 mil miembros que operan en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile y cada vez van extendiendo más sus tentáculos, pues Transparencia Venezuela dice que ya están en Brasil y Costa Rica y el gobierno de Joe Biden, asegura ya está también en Estados Unidos. Para conocer acerca del caso específico de la extradición y para dimensionar la peligrosidad de esta corporación del delito, conversamos con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente y con el experto en seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Retchnitz.

Las ramificaciones de la tala y extracción de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se extienden mucho más allá de los límites del cantón limonense de Talamanca, llegando hasta la sede del Gobierno central en Zapote. Sus implicaciones ya tienen expediente de investigación, personas detenidas y una copiosa serie de hechos y evidencias. La fuerza del caso golpea a quienes han querido minimizar responsabilidades que van más allá del principal implicado, el empresario Allan Pacheco Dent y su empresa Playa Manzanillo, SA. Las raíces llegan al Ministerio de Ambiente y Energía y al hoy cuestionado Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. La Fiscalía Ambiental allanó la Municipalidad de Talamanca, debido a una aparente entrega anómala de aprovechamiento forestal, en una zona que desde el año 2019 la Sala IV había determinado era inconstitucional delegarla a manos privadas, pues se trataba (y se trata) de terrenos que son parte del patrimonio natural del estado. Al no cumplirse con la orden de delimitación del refugio (SINAC e INDER) se habría concretado el ilícito de cambio de uso de suelo en áreas de bosque y humedales. Y como si todo esto no fuera suficiente, la trama se complicó más por las relaciones cercanas de Pacheco Dent con el mandatario Chaves Robles que han llevado a establecer muchas visitas a Casa Presidencial, celebración de fiestas en una propiedad familiar del empresario y actividades de entrenamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidad policial de fuerzas especiales adscritas al Ministerio de la Presidencia. Aún hoy, el mandatario sigue defendiendo los permisos otorgados por el gobierno para la tala. Para ahondar en la materia conversamos con el diputado Ariel Robles Barrantes quien lidera el control político del caso.

Joe Biden tiró la toalla. El presidente de los Estados Unidos -lo sabe el mundo entero, porque al mundo entero le interesa y mucho la campaña estadounidense, no correrá ya por la reelección y endosó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien salta a la primera fila de la escena y se mueve rapidísima buscando apoyos. "Mi intención es ganar esta nominación". Ganarla, reconfirmarla, consolidarla. A pesar de la revuelta demócrata, las apuestas corren a favor de que ella será la candidata oficial, pero, claro, tendrá que llegar a esa orilla para sortear la corriente. Este mismo domingo la segunda de la Casa Blanca obtuvo el respaldo de los Clinton, aunque no de los Obama, ni de Nancy Pelosi. Aún. Otros poderosos del partido y considerados candidateables como el gobernador de California Gavin Newson o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, sumaron su adhesión. Don dinero también. Solo en las primeras cinco horas tras el anuncio del retiro de Biden y el traslado de la estafeta a Harris, la campaña recaudó 27.5 millones de dólares. Los donantes se reaniman. A los republicanos no les gustó para nada la jugada. Aunque no podían manifestar sorpresa. La noticia era más que esperada por propios y extraños. La reacción luego de la buena racha de las últimas semanas, fue la de amplificar los adjetivos descalificadores contra Biden y Harris. La especialidad de MAGA. No faltaron opositores duros que hasta se atrevieron a sugerir que el mandatario no debe terminar su período, argumentado que si no está en condiciones para hacer campaña tampoco lo está para llegar a enero como comandante en jefe. Lo cierto es que vivimos en tiempo real la que está considerada como la campaña electoral estadounidense más convulsa de las últimas décadas y para ponerle foco conversaremos con el analista político, Constantino Urcuyo Fournier.

Desde el 2015, nuestro Istmo atraviesa cambios significativos en materia migratoria: cada vez son más las mujeres y los menores de edad no acompañados quienes migran, a diferencia del pasado cuando este era un fenómeno de hombres solos. También, cada vez las migraciones se producen en grandes grupos y, finalmente, cada vez se observan más desplazamientos forzados debido a la violencia y la persecución política, es decir, ya no solo como desafío de oportunidades económicas. También por supuesto, continúa la migración laboral, de paso, de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Esta es una de las conclusiones de los actuales flujos migratorios, que vemos en nuestras ciudades y territorios. Así se desprende del estudio “Nuevas dinámicas del corredor migratorio de Centroamérica y República Dominicana (CARD)” del Estado de la Región. La transformación de estos éxodos los debemos entender por el aumento en cifras, las expectativas de estas personas y los impactos de una realidad política, económica excluyente y en deterioro social constante. En este mosaico, Panamá resulta relevante, ya que la zona del Darién se ha convertido en paso obligado para quienes sueñan con llegar a los Estados Unidos; personas provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití y latitudes lejanísimas como Afganistán y otras naciones asiáticas. El flujo es tal que entre el 2019 y el 2023, los registros marcan un aumento exponencial de 30 mil a 520 mil seres humanos. De allí que el nuevo presidente canalero, Raúl Mulino, indicó apenas asumiendo el cargo que gracias a un acuerdo con Estados Unidos cerrará el paso por la selva. Es decir, el muro norteamericano se correrá de México a Panamá. Para poner en perspectiva esta realidad conversaremos con los responsables de esta investigación, Andreas Feldman de la Universidad de Illinois y Alberto Mora del Estado de la Región.

La iniciativa de construir una cárcel con carpas nos asaltó de repente. De tan inusual idea (no existe que sepamos en el mundo, al menos en el mundo desarrollado, una cárcel así), se conocen solo algunos ribetes, no las costuras del proyecto, que nos ayuden a comprender su posible viabilidad. Claramente, unas carpas no resolverían el problema de hacinamiento carcelario, que dicho sea de paso no sabemos a ciencia cierta de cuánto es. Lo cierto es que el gobierno tenía un camino de varias semanas recorrido en esto. Hoy sabemos, a partir de la destitución del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, que una delegación de una empresa española estuvo en la sede ministerial presentando la eventual “solución”. Sabemos también por información documentada del diario La Nación, que el Ministro Gerarld Campos y la Viceministra Carolina Castro viajaron a España a ver modelos carcelarios sí, pero no de carpas, sino de los habituales de concreto y cemento. Pero también le devolvieron la visita a los empresarios en cuestión (la compañía se llama ARPA) en Zaragoza para, según le reportó Justicia a La Nación, “hacer un estudio de mercado para la contratación de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario”. No se conocen mayores detalles de la oferta de estas denominadas soluciones móviles y campamentos modulares, tampoco del montaje, de los materiales de los toldos, de la ubicación que tendrían, ni de las sensibles condiciones de seguridad. Se desconoce asimismo el costo del entoldado, de los compromisos de mantenimiento, así como de todos los ajustes necesarios para poner en operación la iniciativa. El presidente -que defiende el modelo- ha mencionado que se requieren más espacios carcelarios ante la eventual aprobación de la reforma a la ley de prisión preventiva y lo cierto es que todo parece indicar que a falta de planificación, surgió una salida a la carrera altamente cuestionable que ahora nos tiene en esta nueva discusión. Para ampliar sobre el tema conversaremos con el ex ministro de Justicia, Fernando Ferraro y el ex director de Adaptación Social, experto en temas penitenciarios, Guillermo Arroyo.

Un joven senador de Ohio, blanco, excombatiente de Irak y en un pasado ya olvidado muy crítico del expresidente Donald Trump, fue justamente el elegido por el ya nominado oficialmente candidato presidencial opositor, para ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos de ganar, claro está, el torneo electoral del primer martes de noviembre próximo. La duda se despejó ayer apenas abriéndose el telón de la magna convención partidaria en Wisconsin, un ritual de cuatro días que culminará el jueves precisamente con el discurso de aceptación de Trump, que luce como todo un héroe en estos días luego de que sorteara el intento de magnicidio que un chico de tan solo 20 años pudo ejecutar el sábado debido a los severos fallos de seguridad del Servicio Secreto y la policía de Pensilvania. James David Vance, conocido como JD Vance, y a quien el Presidente Biden catalogó como "un clon de Donald Trump" por su ahora incuestionable cercanía en ideas y propósitos -empezando por su férrea oposición a la migración- tiene exactamente la mitad de la edad del expresidente con lo que equilibra, solo por ese lado, la fórmula presidencial republicana. ¿Qué implicaciones tiene esta nominación? ¿Es cierto que los éxitos y la buena estrella de las últimas semanas tienen la posibilidad de acrecentar mucho más la diferencia en intención de voto para el exmandatario? ¿Cambiará su línea discursiva Donald Trump para dejar de atizar hogueras, luego del traumático suceso del fin de semana, o seguirá siendo quien en esencia es? ¿Qué pueden hacer los demócratas para revertir esta buena racha de sus rivales? ¿Será Biden si o si el nominado en la convención demócrata el próximo mes? Continuamos tomándole el pulso a la campaña de los Estados Unidos y conversamos con el relacionista internacional Carlos Cascante.

Debido a una peligrosa mezcla de factores físicos emocionales y culturales, en la que confluyen malas prácticas de ingesta calórica y sedentarismo, la obesidad va ganando tallas en Costa Rica. Y claro que eso ya lo sabíamos, pero ahora además está documentado en “Un vistazo a la salud 2023”, informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La báscula es inmisericorde y señala que 7 de cada 10 costarricenses padece de sobrepeso, lo que incide en enfermedades no transmisibles como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares. En el citado reporte, solo Estados Unidos y México están por encima de nosotros. Y cuando de obesidad se trata, el estudio nos ubica con un 31 de cada 100 personas en esa condición, la segunda cifra más alta de la región, solo superados por los mexicanos. Una de las causas de esta situación es el consumo de alimentos poco saludables con alto contenido en carbohidratos, sodio, azúcares y ricos en grasas saturadas. Si bien el país cuenta desde el 2018 con una “Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad”, esta política pública decididamente ha sido insuficiente. Peor aún, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que para el año 2060 la incidencia de obesidad llegaría al monumental 94% de la población. Para analizar cuánto de esfuerzo personal y cuánto de acciones nacionales debemos emprender, conversaremos con la nutricionista, María Marta Ortiz del programa Costa Rica Saludable.

El inicio de la semana nos recibe con las implicaciones de varios hechos políticos, hilvanados por las narrativas de confrontación y de crispación social, tan puestos en boga. En el plano internacional, el disparo el sábado contra el expresidente Donald Trump en un mitin republicano es ya uno de los hechos más relevantes de la trepidante campaña electoral estadounidense, justo en la antesala de su nominación oficial como candidato y, por supuesto, al que le sacará todo el millaje imaginable. Y en el patio interno, la remoción del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien se opuso al proyecto de instalar una cárcel de carpas, sin que se hayan hecho públicos aspectos básicos del proyecto que cuenta con el respaldo del presidente Chaves, pero que se había manejado en absoluto silencio, justo hasta que se produjo la destitución que por cierto no fue la única de la última semana. Uno de los hombres de mayor confianza del mandatario -si no el que más- fue sorpresivamente trasladado del Ministerio de Comunicación al de Cultura y Juventud. Acerca de las razones de este movimiento de ficha, no se sabe nada aún. Tampoco quién será el reemplazo. En el telón de fondo continúa la espera de la resolución de la constitucionalidad de los contenidos del referéndum. Para acomodar y ampliar acerca de estos temas conversaremos con Eugenia Aguirre Raftaco, subdirectora del Observatorio de la Política Nacional y coordinadora del Observatorio de la Política de los Estados Unidos.

El cambio climático y los eventos extremos que experimentamos son la mayor amenaza para la humanidad. Ya sean las olas de calor con sus noches tórridas o las sequías, la fuerza de los eventos hidrometeorológicos o el aumento del nivel de los océanos y mares, todo está presente al mismo tiempo en el grito de la Tierra. Los impactos en la salud con las enfermedades en las vías respiratorias o las que se transmiten por diversos vectores. La inseguridad alimentaria dadas las condiciones de degradación de los suelos, que inciden en la producción de alimentos y las fuentes de agua. Y a la desnutrición por carencia, se suman las migraciones forzadas por causas climáticas. Y como si todo no fuese suficiente, año a año se profundiza la destrucción de infraestructura vial, hospitalaria, educativa, de viviendas y acueductos. Europa se prepara para un verano de temperaturas elevadas; nuestra región para una temporada de huracanes que, con solo el paso Beryl, uno de los primeros, nos anuncian meses complicados, África y Asia acumulando pasivos ambientales y vulnerabilidad de sus poblaciones. En nuestro país acabamos de transitar la segunda peor sequía en 10 años y eventos de lluvia fortísimos y focalizados ya han causado estragos en comunidades de Cartago, Puntarenas, Alajuela y Heredia. Este es un tema de urgencia en la agenda pública y por eso conversaremos con el director ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

¿Cómo observa y cómo valora hoy el ejercicio del poder como presidente? ¿Cuáles son las fortalezas y las complejidades de un sistema político fragmentado con evidente deterioro de sus liderazgos? ¿Es suficiente la arquitectura institucional que nos sostiene para salir avante con los retos que enfrentamos? ¿Qué modificaciones le haría? ¿Cuál es el balance (o el desbalance) que observa en el sistema de pesos y contrapesos de los poderes formales y fácticos de nuestra democracia? ¿Es la Contraloría General de la República un órgano que cogobierna? ¿Hay necesidad de modernizarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Valió la pena el costo político de la reforma fiscal del 2018, a pesar de lo limitado de su alcance? ¿Cuáles contrapesos -en el ejercicio de la negociación política- le resultaron más difíciles de equilibrar? ¿Lo nuestro es incapacidad de diálogo o mera mezquindad de los actores? ¿Cómo recomponer el sistema de partidos políticos? ¿Podemos sortear un gobierno populista en el 2026? ¿Tiene viabilidad futura el Partido Acción Ciudadana? Estas y otras preguntas se las hacemos al expresidente Carlos Alvarado Quesada, 27 meses después de haber dejado el cargo.

El objetivo -tras declarar la resolución de Coopeservidores- sigue siendo rescatar los activos buenos y garantizar al 97 % de los depositantes físicos y jurídicos la recuperación de la totalidad de sus recursos. Por otro lado, los activos de mala calidad -como ya sabemos también- serán liquidados. En esa línea se anunció el cierre de la sede de San Carlos. Las restantes 17 agencias permanecerán abiertas. Al menos por ahora. Así de contundentes las acciones que se siguen para ir despejando en lo posible la compleja situación de asfixia en la que cayó la cooperativa, gracias a los pésimos (y ocultos) manejos de sus dirigentes. Pero, por supuesto, eso no despeja todas las incertidumbres. El punto de dolor de la resolución son las grandes sumas que tenían allí invertidas las asociaciones solidaristas. Según la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (FECASPRI), visualizan la posibilidad de recibir el 75 % de las inversiones que realizaron, aunque expertos en la materia no son tan optimistas. En ese carrusel de noticias transcurren las emociones de las 168 mil personas inversionistas y ahorrantes. Para aportar más elementos de análisis acerca del proceso conversaremos con el economista, José Luis Arce.

Los franceses lo dejaron claro una vez más. Le negaron a la extrema derecha el poder al que aspiraba para conducir el gobierno. Al relegarlos al tercer lugar (143 escaños) le otorgaron el primer sitial a la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP) (182) una alianza compuesta por La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista Francés. En tanto, Juntos, la agrupación del Presidente Emmanuel Macron, logró el segundo lugar (168).   Los personajes (no los únicos, pero sí los más connotados) del proceso son Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, el de mayor peso en la coalición ganadora. Por supuesto, el mandatario Macron (168) y Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional, quien señaló que solo se ha postergado el triunfo que sus ideas ultraconservadoras tendrán, más tarde que temprano.   Pero pasado el suspiro de alivio de los resultados se abrió la gran interrogante para dilucidar quién puede gobernar el país que ahora busca Primer Ministro; por el momento el cargo quedó en manos del actual titular, Gabriel Attal, a solicitud del presidente de la República. Esto ocurre porque el resultado electoral se considera como "inconcluso" pues no hay un gobierno de reemplazo listo y aún no se sabe cómo formarlo, ya que los franceses, a diferencia de otros europeos acostumbrados a gobiernos de coalición, no están familiarizados con gobiernos de cohabitación.   Para entender las claves que deberán conducir a Francia del freno al poder a la ultraderecha, a la construcción de una nueva gobernabilidad, conversaremos con el Doctor Constantino Urcuyo Fournier.

La Contraloría General presentó una consulta ante la Sala IV, solicitando un análisis integral de la constitucionalidad de las reformas propuestas en la denominada ley jaguar. Solicita claridad de sí se reduce el sistema de fiscalización a una mínima expresión, si se violan principios y derechos constitucionales y si se alterarían las competencias hoy establecidas a la institución. Ello al argumentar que las reformas le eliminarían la posibilidad de establecer medidas cautelares durante investigaciones, lo que violentaría su independencia y eventualmente deterioraría la calidad de los insumos que aporta a la Asamblea Legislativa en su función de control político. Esta acción se une a la segunda presentada por once legisladores y a la enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para seguir entendiendo los señalamientos de la propuesta que es hoy el caballo de batalla del Poder Ejecutivo, conversaremos con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

En una lucha absolutamente desigual contra el crimen organizado, las autoridades policiales requieren siempre de mayores recursos económicos que se traduzcan en más personal altamente capacitado, equipamiento, vehículos, programas de prevención y tecnología para enfrentar la expansión de estos grupos delincuenciales. De allí la alerta que se encendió con la entrada en vigencia de la Ley de Manejo Eficiente de la liquidez del sector público y la consecuente modificación a la Ley sobre Estupefacientes, en lo relacionado con la administración del dinero producto de las subastas de los bienes decomisados en actividades ilícitas. Estos recursos eran manejados y distribuidos por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y ahora pasaron a la caja única del Ministerio de Hacienda. El Organismo de Investigación Judicial sostuvo que esa ley crea incertidumbre. El Ministerio Público lo calificó como un “golpe bajo” a la lucha contra la criminalidad. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el IAFA manifestaron estar tranquilos de que esos dineros los van a recibir por la vía ahora establecida. Ciertamente, el Ministerio de Hacienda contestó que los recursos para estas instituciones de prevención, represión e investigación están garantizados en el presupuesto de este año, aunque admitió un error en la redacción de la nueva ley. Y como no está claro que ese traslado se vaya a garantizar todos los años, se habla ya de una posible reforma en el Congreso. Al respecto, conversamos con el subdirector del OIJ, Michael Soto, y con el fiscal adjunto del Ministerio Público, Javier Valerio.

A pesar de las explicaciones del presidente Joe Biden y de su equipo más cercano acerca de los efectos de un resfrío y del cansancio por varios compromisos dentro y fuera de Estados Unidos, las dudas y los señalamientos acerca de su pobre participación en el debate con Trump, tienen encendidas las alertas del Partido Demócrata en Estados Unidos. Un editorial del The New York Times, las preocupaciones de otros partidarios fuera del entorno presidencial y la celebración del triunfo de Donald Trump sobre la decisión de la Corte Suprema de concederle inmunidad parcial por sus actos, refuerzan la idea de que debiera emerger otro/a aspirante a la candidatura presidencial. A esta situación se suman los resultados de una encuesta de la agencia Reuters y la consultora Ipsos, que coloca a la ex primera dama Michelle Obama, como potencialmente victoriosa, con un triunfo contundente frente al candidato republicano. De acuerdo con los encuestados, en un hipotético enfrentamiento entre ambos, ella ganaría con el 50% de los votos frente al 39% de él. Para ampliar acerca de este momento que atraviesa el proceso electoral de Estados Unidos conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

“Madre Patria” y “Coraza”, los operativos policiales de los últimos días, han dejado al descubierto el poder, la innovación, la diversificación, la consolidación y la infiltración del crimen organizado en Costa Rica. En el primero de ellos, con allanamientos simultáneos Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas las autoridades judiciales realizaron acciones contra 54 personas vinculadas a una estructura delictiva dedicada al fraude registral con la sustracción de hasta 300 propiedades, actividades de lavado de dinero y transacciones diarias de hasta $13 millones en criptomonedas. Jueces y otros trabajadores del Poder Judicial, policías de tránsito, notarios y los cabecillas del grupo, de nacionalidad española, fueron el objetivo de este operativo, el más grande en la historia del país y para el que se requirió un seguimiento de dos años y medio. El caso Coraza fueron 29 los allanamientos en Guanacaste y Alajuela para atrapar una banda dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales, incluyendo al jefe de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad en Nandayure. Esta organización delictiva habría usado, entre otras, la pista de un hotel para el trasiego de droga y aunque había recibido un golpe con la incautación de 400 kilos de cocaína, se mantenían operando no solo con estupefacientes sino con las actividades de lavado como la compra de ganado. Para entender las ramificaciones del crimen organizado en instancias oficiales conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Desde que fue invitado a formar parte del comité asesor Ad hoc de Casa Presidencial para el proyecto de referéndum, el abogado Manrique Jiménez declinó, al considerar que la iniciativa que se pretendía plantear (y que finalmente se planteó) cercenaba las potestades de la Contraloría General de la República, lo que devenía en inconstitucional y, por tanto, en inviable para ser sometido a consulta popular. El punto está en que existe una prohibición expresa de someter a referéndum temas tributarios y la Contraloría tiene incidencia tanto respecto de los presupuestos públicos como en lo referido al control del gasto que se hace de esos recursos. Por ello, se cuestiona que el proyecto de la administración Chaves Robles impediría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de ser ejecutados y limitaría la función del ente contralor únicamente a los procesos posteriores. Para seguir aportando a esta discusión, mientras el tema está en estudio en la Sala Cuarta, conversamos con el especialista en Derecho Público y Constitucional, Manrique Jiménez Meza.

El referéndum es un instrumento esencial de la democracia directa; por tanto, no puede ser usado en contra de las normas de la Constitución Política, ni como un arma para exacerbar la polarización. A las puertas del fallo acerca de la viabilidad o no del proyecto de ley impulsado por la administración Chaves Robles, varios especialistas han señalado que sería inconstitucional, por lo cual insistir en llevarlo adelante podría tener otra lógica. Más allá de los $7 millones que costaría el proceso, ya está en marcha una campaña de comunicación sistemática, promoviendo descontento, separación y desinformación. Esa mezcla de acciones conjuntan el enojo de sectores de la población, a quienes el sonido de la narrativa de la extrema derecha y el derroche populista los van acercando a esas posiciones extremas. Un espejo de ello, sucedió este fin de semana en Francia con el triunfo electoral de la ultraderechista Marie Le Pen, en la primera ronda de votaciones para la Cámara Baja del Parlamento. Sin duda, esto da la más fuerza a esa ola que amenaza con arrasar cimientos democráticos liberales en varios países del mundo. Para colocar el foco en esta deriva, conversamos con el abogado especialista en Teoría del Estado y Derechos Humanos, Jaime Ordóñez.

El escenario regional de esta semana es un cóctel de tensiones que nos muestran, una vez más, la fragilidad en que transitamos, en el contexto de enormes desafíos que inciden en una ciudadanía cada vez más polarizada y descontenta. Sea la sentencia de 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico contra el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que deja en evidencia la infiltración del crimen organizado en nuestros países, o la asonada militar en Bolivia, que nos regresó al siglo pasado, vivimos en policrisis en tiempo real. Como corolario de este contexto inmediato, el primer debate entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Inédito por donde se le mire, empezando porque se celebró cinco meses antes de la elección. Para analizarlo conversamos con el periodista, ex embajador y agudo analista de la realidad internacional, Eduardo Ulibarri.

El tipo de cambio del dólar a la baja, la disponibilidad y calidad del talento humano, el deterioro de la logística en los puertos y los problemas que sigue mostrando la infraestructura nacional son los tres principales factores que inciden directamente en la competitividad del país y que afectan tanto a las empresas del régimen definitivo (grandes, medianas y pequeñas) como a las protegidas por el régimen de zonas francas. Este es el resultado más relevante de la quinta encuesta sobre “Perspectivas empresariales y la valoración de los factores de competitividad del sector industrial manufacturero del año 2024”. A estos se les debe sumar el precio de la energía eléctrica, como factor negativo que argumentan las de las zonas francas, y el aumento de la informalidad, que tiene un efecto perjudicial para las pymes. Al sector empresarial le está preocupando, que tanto la poca disposición de personal calificado, como los problemas en la logística portuaria hayan pasado, en un año a niveles más altos de alarma, ya que demuestran un deterioro en dos elementos que son esenciales para la generación de empleo y la confianza en la economía. Los datos se desprenden de las respuestas dadas por 124 empresas del sector industrial manufacturero, las cuales son responsables del 24 % del empleo nacional. Para poner en perspectiva este estudio conversaremos con Sergio Capón, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

La dura realidad se impone tras la decisión de la resolución de Coopeservidores, como consecuencia de haber sido declarada insalvable, en el expedito proceso de intervención de seis semanas que ordenó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONASSIF. A partir de ahora, las 167 mil personas afectadas por el mal proceder de esa cooperativa de ahorro y crédito, así como las empresas y organizaciones (entre ellas 326 solidaristas) que tienen allí ahorros e inversiones deben familiarizarse con términos y acciones concretas que comienzan a ejecutarse. Es complejo el proceso entre lo que se sintetiza como el “banco bueno”, el conjunto de activos y pasivos de buena calidad que se transferirán a una entidad financiera solvente que deberá seleccionarse y el denominado “banco malo” que son los activos de menor calidad que pasarán a ser administrados por un fideicomiso con el objetivo de liquidar todo a más tardar en un año. Mucho que aprender acerca de esta traumática lección y para aportar a la necesaria información que muchas personas, familias y entidades requieren conversaremos con el interventor de Coopeservidores, y ahora administrador de la resolución de esa entidad financiera cooperativa, Marco Hernández.

Acerca del tema del referéndum todos estamos aprendiendo, ya que a pesar de tener 18 años la vigencia de la ley que lo regula, solo en una oportunidad se ha hecho efectiva. Por esa razón tenemos poca experiencia y en la práctica, vacíos acerca de cómo asumir partes del proceso. Eso es lo que nos está pasando en este momento, ya que la rápida resolución de la Sala Constitucional a la consulta de 22 legisladores nos colocó en el terreno de la incertidumbre. ¿Qué deben hacer los diputados con el proyecto de ley presentado por el gobierno? ¿Se debe votar antes del receso legislativo en puertas? ¿O deben los diputados esperar a que la Sala IV entregue el fallo completo y no solo el por tanto de la resolución en la que rechazó la consulta? ¿Cuáles son las salidas jurídicas ante este momento que experimentamos? ¿Será la nueva consulta que termina de afinar la fracción del Partido Liberal Progresista la que nos permita clarificar el procedimiento con orientación de los magistrados constitucionales? La Asamblea Legislativa debate acerca de estas dudas, en las que se mezclan efectivamente argumentos estrictamente legales y procedimentales, con los intereses políticos. Para entender los pasos que siguen conversaremos con el politólogo especialista en temas legislativos, Daniel Calvo.

Fue la crónica de una renuncia muy anunciada. Casa Presidencial primero la negó y una semana después la oficializó. No hubo despedida, ni agradecimiento del mandatario respecto de la salida de su (en teoría) mano derecha. Pero muestra clara de que estaba muy decidida la jugada, fue que en el mismo boletín de la dimisión de Natalia Díaz, se anunció a Laura Fernández como nueva Ministra de la Presidencia; lo que tampoco generó sorpresa alguna. Aún resuenan las especulaciones sobre los motivos del cambio: que el bajo perfil de su gestión en la Asamblea Legislativa, que el desaguisado del comité asesor de la ley para impulsar el polémico referéndum, que el anuncio de su eventual candidatura presidencial… Acaso solo el tiempo nos permitirá tener la respuesta. Analizamos la coyuntura política de una semana pasada en la que también abandonaron el barco, la jerarca del INAMU y la de DINADECO. Todo aderezado con la decisión de la Sala Constitucional de rechazar por la forma la consulta de 22 legisladores, en torno al proyecto de la denominada ley jaguar, lo que dejó abiertas otras opciones para clarificar el camino. Y, en el telón de fondo, la inquietante noticia el viernes del estado de salud del Presidente del Primer Poder de la República, Rodrigo Arias Sánchez, pivote de la estabilidad de las relaciones institucionales democráticas, quien permanece hospitalizado por un episodio de influenza. Para medir el clima de esta lluviosa temporada política conversaremos con el analista, Iván Barrantes.

“El mar nos da paz / El mar nos da comida / El mar es hogar / El mar deja a las ballenas brillar”. Esta es una de las estrofas de la canción Guardianes y Guardianas del mar, un proyecto creativo que ensambla a la comunidad de Osa, artistas nacionales y especialistas en biología marina, para desarrollar una serie de acciones cuyo objetivo -como cantan jóvenes de Bahía Drake- es dar espacio al ambiente en equilibrio con la gente, ya que el futuro depende del presente. Un potente coro nos conmina a rechazar, reducir, reutilizar y reciclar, como un mandato necesario para la protección de nuestra rica biodiversidad. Su lanzamiento fue la primera semana de junio, en el marco del Día del Océano y es el resultado de la inspiradora voluntad de un grupo de niños, niñas y jóvenes, quienes durante meses participaron en talleres de educación ambiental realizados en conjunto con la Asociación de Guías Naturalistas de Bahía Drake (AGUINADRA), la organización no gubernamental Innoceana, la empresa social BonsaiCafé y la cantante Maf É Tula. Una iniciativa en un momento más que oportuno, pues Costa Rica y Francia lideran la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano que se celebrará en Niza el próximo año para darle impulso a los urgentes compromisos que requiere el planeta a tono con el Décimo Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, referente a la conservación de los recursos marítimos. Para promover el poderoso sentido de esta canción conversaremos con la productora ejecutiva del proyecto, María Villalobos y la cantante María Fernanda Saénz (Maf É Tula).

Fotografía: CRHoy. A pocos días de que se conozca el informe del interventor de Coopeservidores, solicitan ser escuchados. Son más de 150 mil familias afectadas por los manejos de esta cooperativa. “Acá estamos, unidas y firmes, frente a un futuro incierto. Somos miles de familias afectadas, levantando nuestras voces con la esperanza de encontrar una solución justa y humana. Estamos unidos por el deseo de ver nuestros esfuerzos de toda una vida respetados y nuestro futuro asegurado” indican en una carta abierta. Documentos que se han hecho públicos indican que el deterioro de la cartera de créditos de la cooperativa se venía dando desde el año 2009, con señalamientos que incluso se enviaron a las estancias internas e incluso a la Superintendencia de Entidad Financieras (SUGEF). Para conocer sus posiciones conversaremos con Luis Marín, vocero de estas familias afectadas.

“En su conjunto, la perpetuación de las inequidades, la erosión de la legitimidad de la democracia, la violencia criminal y la migración forzada dan lugar a un panorama de implosión social caracterizado por un debilitamiento de la convivencia ciudadana y democrática que, en algunos contextos, lleva a la existencia de prácticamente una guerra social en torno al control de territorios, especialmente en áreas urbanas, la cual cobra vidas y disminuye oportunidades. La emergencia de populismos autoritarios tiende a ser la respuesta política dominante a los procesos de exclusión social”. Esta lacerante descripción de la realidad está contenida en el libro “¿Responde la política a la exclusión social en Centroamérica?”, que compila una serie de estudios, informaciones, análisis y datos para determinar el peso de la exclusión social, presentes en las narrativas y los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas durante los años 2021 y 2022. Esta publicación es resultado de un enorme esfuerzo de sus autores, quienes, reforzados por la colaboración de investigadores, universidades y organismos regionales lograron concretar este estudio comparado de los tres países, desde un análisis de coyuntura política, revisión de perfiles públicos de candidatos, partidos políticos y medios de comunicación, así como grupos focales. Esto se complementa con el uso de minería de datos, vinculando las matemáticas con las ciencias sociales. Para conocer más en profundidad esta publicación conversaremos con el investigador social, Carlos Sandoval García, y el matemático, Brayan Rodríguez Delgado.

Varias informaciones nos ponen foco de alerta en materia económica. El Ministerio de Hacienda anunció una caída en la recaudación impositiva de casi ₡73 mil millones el primer trimestre de este año, debido a la ralentización del crecimiento del régimen definitivo (sectores sin beneficios tributarios) y a la caída del precio del dólar. Ya casi llegando al segundo semestre habrá que esperar el nuevo informe oficial. Por su parte, la auditoría interna de la CCSS estimó en ¢3,7 billones la deuda del Estado. Un 82 % corresponde al seguro de salud y un 18 % al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Sobre este último rubro, el ministro Nogui Acosta firmó una carta de entendimiento con Jaime Barrantes, el Gerente de Pensiones, para que ambas instituciones negocien la deuda, a pesar de que el jerarca mantiene una particular e inentendible puja para que la Asamblea Legislativa baje de 15 % a 10 %, el porcentaje que se deduciría del préstamo de $400 millones del BID y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Dice que prefiere perderlos si no se cumple con el 10 % que exige. A esto se añade que después de muchos meses consecutivos el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que había superado los 50 puntos, la segunda semana de junio cayó casi 5 puntos para tener una calificación de 45.3, mostrando que crece el número de pesimistas, con impacto en el consumo y la recaudación de impuestos. Para entender esta coyuntura conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Los nuevos aires de un ejercicio populista del poder político, surgido desde los procesos electorales, son hoy más que evidentes en América Latina. La continuidad del mandato del partido Morena en México, con la presidencia de Claudia Sheinbaum, augura una concentración del poder, no solo por los contundentes resultados electorales, sino por las reformas en proceso a varias instituciones del sistema de pesos y contrapesos. En Argentina, el presidente Javier Milei logró -a pesar de haber tenido que ceder buena parte de su ambiciosa propuesta - la aprobación de la Ley de Bases, que le dará posibilidad de prescindir del Congreso para tomar decisiones sobre enormes desafíos político económicos. Sus discursos se centran en achacar todos los males al pasado que construyeron un hoy lleno de problemas que -para ser resueltos- requieren de mayor concentración de poder, de cambiar instituciones, a pesar de que las circunstancias no cambian ni dan, por ahora, resultados a las mayorías. Igual tono hemos escuchado estos dos años aquí, lo cual se sintetiza en lo dicho por el presidente Chaves el viernes en La Fortuna de San Carlos: vivimos en una disque “dictadura perfecta” en la que la institucionalidad democrática de los últimos 75 o 70 años, impiden crear prosperidad. ¿Serán “topos” dentro del estado para destruirlo y recomenzarlo, como se autodenominó el mandatario argentino? Para poner más atención en este fenómeno conversamos mañana con el politólogo, Sergio Araya.

El termómetro político se asemeja a estas calientes mañanas de invierno: puro bochorno. Primero el miércoles, como no resulta sorpresivo, el mandatario arremetió contra el Congreso y sin considerar que estamos en periodo de sesiones extraordinarias cuando la iniciativa le corresponde justamente al Ejecutivo, llamó al Primer Poder de la República "tierra infértil". Evidentemente, el trimestre en curso apunta a poquísimos espacios posibles de negociación para hacer algo productivo de la labor conjunta que debería privar entre los dos poderes. Pese a ello, 37 diputados aprobaron en primer debate el ingreso pleno de Costa Rica al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, lo que daría al país acceso a financiamiento en buenas condiciones. Pero el jueves no estuvo exento de bochornos. Hubo un enjambre de rumores sobre la supuesta dimisión (otra vez) de la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, de cuyo partido, Unidos Podemos, por cierto -curiosamente- está embanderada la ruta 27. Y aunque hubo un desmentido oficial del titular de Comunicación, los ruidos no cesaron. De hecho, varios ecos no solo insistieron en que la renuncia será efectiva este viernes, sino que además la sustituta sería la Ministra de Planificación, Laura Fernández. Habrá que esperar. En el contexto de la última semana, va quedando al descubierto que la propuesta de referéndum fue advertida como abiertamente inconstitucional tanto por el exdiputado Alex Solís Fallas que formó parte del equipo de asesores, como por el también experto en derecho constitucional Manrique Jiménez, quien declinó participar en el mencionado comité, por considerar abiertamente inviable una consulta directa como la pretendida. El mismo jueves también hubo desencuentros (o mejor dicho, persistieron) en la bancada del PUSC. Imposible disimular la guerra de desacreditación que mantienen contra la diputada Vanessa Castro en su misma bancada a la que, por supuesto, se sumó sin disimulo el actual Embajador de Costa Rica en México que debió comparecer a la Asamblea Legislativa obligado por los diputados. Analizamos los hechos políticos de la semana con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

Para asegurar el futuro de nuestro sistema de pensiones hay que dialogar y tomar decisiones ahora. Es por eso que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) ha planteado, la necesidad de instalar una mesa de diálogo nacional para avanzar hacia “reformas más ambiciosas o integrales”. Sin duda los temas son en extremo sensible, porque la sostenibilidad financiera del sistema pasa por la edad de jubilación, los cambios en la pirámide poblacional, el monto de las aportaciones de cada parte y otros factores también determinantes como la generación de empleo y la expectativa de vida. Los especialistas sostienen que si no hay reformas pronto, en unos 20 años las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social -el más grande del país- se agotarían. Por eso, más pronto que tarde hay que asumir esta discusión y concertar difíciles decisiones. Pero no podríamos conversar con la Superintendente de Pensiones, si no aprovechamos el momento para consultarle sobre el curso de la intervención de Coopeservidores, pues si bien no tendremos el informe del interventor hasta finales de mes, la decisión de despedir al Gerente General sin responsabilidad patronal, así como el anuncio del despido de 147 trabajadores de esa cooperativa de ahorro y crédito, parece advertir un cauce que podría terminar con la resolución de la entidad. Acerca de estos ambos temas conversaremos con Rocío Aguilar, en su doble condición de Superintendente de Entidades Financieras y de Pensiones.

Una microrráfaga, que es un fenómeno meteorológico al que se le conoce popularmente como una bomba de lluvia y viento, y que parece sacada de una película de ficción, azotó varias comunidades de Cartago el fin de semana. Los daños fueron impactantes. El lunes, otro evento provocó desbordamiento en San Pedro de Montes de Oca y severos efectos en Curridabat. Y además, el lamentable fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la fuerza de las aguas en Llorente de Tibás. Más de 250 incidentes por lluvias, inundaciones e inestabilidad de suelos, en gran parte del territorio nacional han sido atendidas por las autoridades competentes, en estos días. Dada la inminencia de mayores precipitaciones, fueron elevados a alerta naranja el Valle Central y el Pacífico Central. Y esta semana, además, enfrentamos lo que se conoce como un tren de ondas tropicales. Tres seguidas que ya están siendo monitoreadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y que seguirán profundizando la inestabilidad del clima. Para comprender cómo vivir con la variabilidad climática, conversaremos con el meteorólogo, Eladio Solano del IMN.

Ciertamente, el populismo es un fenómeno de raíces viejas, pero los nuevos rebrotes están tambaleando los cimientos de las democracias con la emergencia de líderes personalistas de nuevo cuño que surgen de organizaciones políticas que más allá de la derecha o de la izquierda, se consolidan mediante pregonados proyectos a cargo de mesías salvadores. Con sus matices, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, en México, o de Giorgia Meloni en Italia, de Javier Milei en Argentina o de Víctor Orbán en Hungría, de Nayib Bukele en El Salvador o de Donald Trump en Estados Unidos. “Los liderazgos populistas y sus formaciones son hijos legítimos de la democracia”, afirma el politólogo mexicano Israel Covarrubias en “La Fascinación del populismo…” Son liderazgos personalísimos que trabajan para succionar el control de las instituciones, desde la táctica del desprestigio, poniéndolas como verdaderas trabas para el cumplimiento de las demandas de una ciudadanía enojada. Sea la líder francesa, Marine Le Pen o el español, Santiago Abascal. Sea desde el poder o desde la oposición, los populistas dignifican a las clases sin poder, a los excluidos, a los vencidos, para darles una reivindicación, aunque en realidad lo que procuran es enquistar nuevas élites políticas, económicas y religiosas en el poder. Comprender esta realidad para buscar respuestas a la dura realidad de millones de personas en pobreza, con deficientes servicios públicos, sin empleos de calidad, sin seguridad social y a expensas de la inseguridad ciudadana, es el desafío hoy para no perder todo por lo que luchamos cuando defendimos la democracia republicana. Sobre el tema conversamos con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales Valladares.

Apenas presentados el proyecto de ley y el proceso de iniciativa popular para el referéndum, promovido por la administración Chaves Robles, afloraron las dudas y los señalamientos. Y si bien es cierto existe una opinión muy generalizada respecto de no cuestionar el referéndum como instrumento válido de la democracia directa, tras recordar que desde 1998 la Sala Constitucional sentenció que no se pueden limitar las competencias de la Contraloría General de la República, ha cambiado mucho el giro del análisis respecto de la viabilidad de esta consulta en particular. En el telón de fondo, la discusión hoy es respecto de la verdadera intención del Ejecutivo de plantear una consulta que sabía de antemano que no tendría posibilidades de avance, pero que si podría generar réditos al proyecto político personalista y de paso profundizaría la campaña de desprestigio contra la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, lo que nos seguiría colocando en los extremos de la polarización. Para analizar este tópico y otros pendientes en materia electoral conversaremos con el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.

Referente de la salud pública de Costa Rica, la sola mención de su nombre es motivo de orgullo nacional, ya que durante seis décadas ha ido evolucionando en la atención pediátrica desde la desnutrición y las enfermedades infecciosas hasta subespecialidades y cirugías de alta complejidad como los trasplantes y las malformaciones congénitas. El Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera, es un ícono. El año pasado atendió 104 mil urgencias y 150 mil consultas externas. Registró una tasa de mortalidad hospitalaria de 1.6% y la estancia promedio fue de 7.5 días. En mayo pasado celebró 60 años como un centro hospitalario con reconocimiento regional, con un mejoramiento en su espacio físico, equipamiento de alta tecnología, especializando a su personal y estableciendo hitos en la protección de la salud de nuestra niñez. Ahora llega a los 61 años aun con la deuda de la Torre de Cuidados Críticos. El cumpleaños coincide con el inicio de la época lluviosa en la que se disparan las infecciones respiratorias que llevan al límite de capacidad a sus calificados equipos. Para repasar oportunidades y desafíos de este emblemático hospital conversaremos mañana con su director, Dr. Carlos Jiménez Herrera, y con la jefa del Departamento de Medicina, Dra. Lydiana Ávila.

Han pasado tres semanas desde la intervención de Coopeservidores y estamos ya a pocos días de que se cumpla el primer plazo establecido para el informe del interventor, que ciertamente podría ampliarse, aunque ello podría generar aún más incertidumbre sobre el caso, cuyo elemento más novedoso fue la decisión del interventor de ordenar hace ocho días el despido sin responsabilidad patronal del gerente general de la cooperativa Óscar Hidalgo, lo cual nos anticipa la contundencia de las pruebas sobre las que se está construyendo todo el caso. Los restantes miembros del Consejo de Administración siguen suspendidos, pero las vísperas no les presagian aguas tranquilas. En tanto, para mantener a flote y llevar calma al negocio de todo el sector cooperativo financiero, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) estableció canales de comunicación para evacuar inquietudes y orientar a las personas afectadas por el proceso. Es un esfuerzo que se sumó a otros de las entidades supervisoras, para acompañar la intervención. En esa línea conversamos con el economista y director de la OCF, Danilo Montero.

En 48 horas, dos casos de vecinos en disputa dejan como saldo familias destrozadas con una víctima mortal y otra hospitalizada con severas lesiones. Por supuesto que la violencia estructural está en el centro de la cuestión: el trágico desenlace de una disputa vecinal en Guachipelín de Escazú el lunes volvió a revivir otros casos similares que hemos experimentado en el pasado y que son resultado de un mal manejo de masculinidades machistas. Aun sin reponernos de esa escena viralizada, dos vecinos también discutieron en San Pedro de Coronado este martes y uno de ellos disparó contra el otro. “Las cifras anuales de homicidio doloso en Costa Rica durante el periodo 2010-2023 dejan en evidencia una tendencia al alza a partir del año 2020. Llaman la atención dos puntos importantes: el primero de ellos, que Costa Rica duplicó la cantidad de homicidios dolosos durante los últimos diez años (2013-2023) y el segundo, que el año pasado se registró la mayor cantidad de víctimas en el país”. Esto indica Infosegura, un reporte elaborado con datos del Observatorio de la Violencia del Viceministerio de Paz a partir de la información del OIJ. Y claro está, aunque la mayor parte de esos homicidios corresponden a actividades delincuenciales, también se encuentran ahí los terribles casos de desencuentros causales y cotidianos en los que no se contienen las iras. Esto nos coloca ante un espejo que debemos mirar de frente, por duro que nos resulte, para fortalecer la atención individual y colectiva de un fenómeno que requiere de intervención social y políticas públicas, para no dejarlo solo en respuestas inmediatas e insuficientes de repudio que finalmente normalizan esas conductas violentas en frías estadísticas. Nos acercamos pues al tema, desde la expertiz y la sensibilidad del psicólogo Milton Rosales.

Costa Rica funge esta semana como sede de la reunión preparatoria de la Tercera Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Océano 2025, a celebrarse en Francia. Este evento global nos sigue posicionando como líder en la defensa, conservación y protección del medio. Así que, sin duda, es una medalla ambiental más en nuestro palmarés. Pero mientras esto ocurre con respecto al tema de los océanos, en tierra el Ejecutivo enfrenta una batalla ante las denuncias respecto de una plausible deforestación irregular (aunque revestida de legalidad) en el sufrido Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe Sur. Ahora, debido a la presión comunitaria y política del caso, el ministro de Ambiente, Franz Tattembach se vio obligado a ordenar una investigación interna en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, pese a que inicialmente aseguró que la tala estaba en regla. El caso ya traspasó los linderos de la acción administrativa y política, pues el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, efectuaron un allanamiento en la municipalidad de Talamanca para investigar el hecho denunciado por los vecinos, con fuerte eco en el Congreso. Para tratar estos temas de relevancia conversaremos con el ministro Tattembach Capra.

Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer electa presidenta de México. Capitaneando el acorazado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido político del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene una larga carrera en la función pública. Científica de formación, le gusta tomar decisiones a partir de los datos. Los aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el Programa de Resultados Preliminares (PREP) le dieron el triunfo con un 60% de los votos, en un proceso que convocó a 98 millones de votantes. Una elección signada por la violencia, con el asesinato de 30 personas que aspiraban a alguno de los 20 mil puestos en una elección en la que se dispusieron 170 mil mesas electorales. Los comicios fueron un espejo de la trágica realidad de la crueldad con la que grupos del crimen organizado imponen su dominio en varios territorios. A este flagelo, que de acuerdo con datos de una consultora independiente afecta a 108 millones de personas (el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 28 estados y el Cártel de Sinaloa en 24), se debe agregar el dramático resultado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que determinó que para el año 2023, 50 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud. Además de estos enormes desafíos, la nueva gobernante deberá demostrar que es capaz de marcar su propia impronta, para desprenderse del peso que implica la figura del presidente saliente. Para hacer una primera aproximación al triunfo de Sheinbaum Pardo conversaremos con la relacionista internacional y estudiante de posgrado del Tecnológico de Monterrey, Ericka Cerdas.

In memoriam. Sucedió hace 40 años y aún hoy es una herida abierta. El 30 de mayo de 1984, en la comunidad fronteriza norte de La Penca, ocurrió un atentado terrorista en medio de la guerra que se libraba en Nicaragua. Murieron siete personas y 22 quedaron afectadas por las secuelas del estallido de la fatídica bomba. Hoy el crimen sigue impune, pese a una larguísima lista de acciones legales y denuncias de los afectados, así como de investigaciones de autoridades nacionales y organismos internacionales. Aún más, con el paso del tiempo esta tragedia va quedando en el olvido y precisamente para mantenerlo vigente en la memoria, desde el año 2010 se decretó el 30 de mayo como el Día Nacional del Periodista Costarricense. Así conmemoramos a todas las personas que han sido perseguidas, atacadas y asesinadas a causa del ejercicio de su profesión y oficio como periodistas. Es también, por supuesto, una fecha para reconocer que una prensa libre, responsable e independiente es fundamental para sostener la democracia. Por ello conversamos con el periodista y víctima de este atentado, Nelson Murillo.

Si fuera una economía estaría por encima de la economía de 50 países. Alrededor de un 5 % de la población mundial la sigue en plataformas digitales. Hizo 53 conciertos que llenaron estadios en Estados Unidos, el año pasado, que añadieron $4.600 millones a la economía, entre viajes, alojamientos y otros gastos. Sus canciones se han reproducido 36 mil millones de veces.   Pero no todo acaba allí. La cantante Taylor Swift fue denominada por la revista Times como persona del año 2023, autoridades políticas de Europa y América se la disputan para que realice conciertos en sus ciudades.   Es una poderosa portavoz para provocar conciencia y cambios en temas como los derechos de la mujer, la diversidad sexual y sociales que la conectan con población joven y adulta, que la siguen con lealtad y obediencia y lo que expresa tiene capacidad de hacer variaciones globales. A tal punto su capacidad movilizadora, que le han solicitado que durante sus conciertos por Europa (este jueves y viernes canta en Madrid) haga un llamado al voto joven para las elecciones del Parlamento Europeo que se celebraran del 6 al 9 de junio próximo. El comando de campaña del presidente Joe Biden espera que repita, como lo hizo el año 2020, su adhesión al demócrata.   Para conocer las claves de este fenómeno global musical, cultural, social y digital conversaremos con la comunicadora y directora audiovisual, Melany Mora, y con el periodista especializado en música, Carlos Soto.

¿Seguro que ya pasó la amenaza de racionamientos eléctricos? La preocupación es que no llueve aún lo suficiente como para alcanzar niveles óptimos en los principales embalses que sostienen el Sistema Nacional Eléctrico de Costa Rica y todo hace indicar que seguimos en la fase de “coyol quebrado, coyol comido”. Por otra parte, ayer fue liberado el informe oficial del apagón que se produjo el jueves 9 de mayo en gran parte del área metropolitana y se extrae de ese documento que el ICE, o para ser más precisos, su Gerencia de Electricidad, habría faltado a la verdad cuando aseguró que la falta de fluido obedeció a una falla técnica, cuando en realidad lo que ocurrió es que el sistema llegó al límite y la decisión fue aplicar desconexiones de carga, particularmente para tratar de asegurar que el viernes 10 no hubiese un faltante aún mayor si persistía la situación de estrechez en que se encontraba el sistema en esas horas. Por cierto, el lunes también la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que para el año 2025 habría un aumento significativo de la tarifa, dados los costos por la compra de búnker para la generación térmica. Datos a abril de este año indican que se han invertido alrededor de ₡193 mil millones. Sin embargo, el ICE salió al paso de ese anuncio asegurando que las tarifas del año entrante serán prácticamente iguales y acaso un poquito menores que las de este 2024. Las explicaciones no son convincentes dados los yerros recientes justo respecto del manejo de la crisis y la falta de transparencia con que se conduce el ICE. Lo cierto es que crisis a lo interno si parece persistir y eso desata rumores que no cesan, como por ejemplo respecto de la inminente salida de uno o varios jerarcas. Para aportar más claridad a este tema, cuyas implicaciones persisten, conversaremos con el ex director del Centro Nacional de Control de Electricidad (hoy DOCSE), Salvador López.

Si hablamos de la descalificación rampante y los insultos en la política, no es que estemos descubriendo el agua tibia. La política siempre ha sido un tinglado de golpes duros y también, sí, de no pocas ocasiones en las que se cruzan las líneas de la discusión de ideas, políticas y proyectos, para personalizar las batallas. Aunque ello no solo no sea lo deseable, sino peor aún, porque incrementa el descrédito hacia la política y el sistema democrático, como lo acaba de dejar en claro el Presidente del gobierno español Pedro Sánchez luego de estar sometido a la guerra campal de las acusaciones de todo tipo contra su esposa. Las diatribas políticas han caído en el lodazal del descrédito y lo vemos como un fenómeno muy expuesto (hoy que todo corre en tiempo real) en las democracias. Recordemos que sin libertades constitucionales estos intercambios no son posibles. La novedad más reciente es que los insultos pasan de un jerarca político a otro. Que cruzan el Atlántico. Tal vez el exponente mayor fue Donald Trump, que no se detenía para lanzar dardos arteros contra la entonces Canciller alemana Angela Merkel, o contra el líder francés Emmanuel Macron, o contra quien fuera... Ahora sigue el libreto Javier Milei de Argentina, que se ha convertido en una especie de rockstar sin contención alguna. Fue a España y no se conformó con hacer el gesto de desdén de no pedir audiencia con el Rey o con el Presidente de gobierno. No, se fue a un mitin político de la derecha europea y aprovechó el escenario y los focos para insultar al Presidente del país que visitaba. Fue un exceso que desembocó en algo inédito: España retiró de manera permanente a su embajadora en Buenos Aires. Con lo que del insulto personal se pasó a lo que hoy algunos analistas empiezan a denominar "desinteligencias diplomáticas". Sánchez-Milei es un ejemplo. Milei también se intercambió linduras con Andrés Manuel López Obrador. Petro de Colombia no tuvo contención con Milei y viceversa. Vivimos, pues, una deriva del populismo que se abre paso en la política y en las democracias. Y para profundizar acerca de esta coyuntura conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

En materia educativa, el compromiso del gobierno fue “encender la educación” para -mediante un mecanismo vivo y en construcción permanente- obtener resultados de mejora sustantiva. Han pasado dos años y lo que tenemos son sombras en temas como la política pública misma, denominada Ruta de la Educación, que se aseguró daría las líneas de trabajo a seguir, pero que aún no se ha hecho de conocimiento público. Opacidad en áreas como las pruebas nacionales estandarizadas por ausencia de metodología y escasa información acerca de su aplicación, confrontación con las universidades públicas y el reclamo de varios sindicatos del sector y el desmantelamiento del Programa Nacional de Informática Educativa, mientras seguimos cayendo en la evaluación internacional de las pruebas PISA. Dos años con los presupuestos más bajos para el Ministerio de Educación que profundizan mucho más los problemas estructurales de este sector fundamental de la movilidad social. Para evaluar qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer, conversaremos con la ex viceministra de Educación, Karla Salguero.

El brutal ensañamiento de los femicidios de Emilce Soto, Kimberly Araya y Nadia Peraza perpetrados por hombres muy cercanos a ellas, son la deplorable expresión de una patología que debemos abordar desde múltiples disciplinas, pero siempre colocando en el eje central de la cuestión el tema del machismo extremo. Años de estar promoviendo e impulsando sensibilización sobre este tema cultural tan sensible para la convivencia humana, han dado resultados sí, pero definitivamente no los suficientes y 19 muertes violentas contra mujeres, en lo que llevamos de este año, nos lo confirman. Que ahora podamos afirmar que hay masculinidades distintas, positivas y emocionalmente saludables que han aprehendido a respetar la igualdad de sus congéneres, es un paso en la dirección correcta, pero la tarea está apenas en proceso y tenemos que seguir encarando desde la política pública y desde los hogares y las comunidades los desafíos que presentan para muchísimas mujeres la vulnerabilidad de su mera existencia. Para seguir analizando y aportando información conversamos con el Director del Instituto Costarricense para la Acción, Educación, e Investigación de la Masculinidad (WEM), Álvaro Campos.

Como una verdadera "desgracia histórica". Así ha calificado Israel la inédita petición del fiscal de la Corte Penal Internacional (TPI) Karim Khan, de detener, junto con tres altos mandos de la organización terrorista Hamás, al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y a su titular de Defensa, Yoav Gallant. Joe Biden, su primer aliado, la consideró como "una decisión escandalosa". Lo cierto es que la guerra entre Israel y Hamás en territorio gazatí -que ya se encamina a su octavo mes sin visos de terminarse- se juega en todos los frentes y ahora, además del proceso en el Tribunal de Justicia de la ONU, el fiscal de la TPI ha puesto en la tesitura de una decisión sin precedentes a sus jueces, que tendrán que pronunciarse sobre el pedido. Si se aprobara, sería la primera vez que dos líderes de una nación democrática tendrían una orden de arresto. Israel, como tampoco Estados Unidos y otras naciones de occidente y oriente, reconocen la jurisdicción de la Corte, pero el punto aquí no es esencialmente jurídico, claro. Es político, es mediático. Es interno e internacional. Provoca un giro de tuerca más en la tensión geopolítica, en un momento en el que, además, España, Irlanda y Noruega anuncian que la próxima semana, reconocerán a Palestina como Estado, algo que ya han hecho en el pasado 142 naciones y la Santa Sede, pero que visto en la coyuntura actual, también presiona a Israel, que reclama -una y otra vez- que no está recibiendo un trato equilibrado. Especialmente en el escenario mediático. Es por eso que queremos conversar con Amin Majchel, Presidente del Centro Israelita Sionista de Costa Rica

La economía costarricense atraviesa tiempos de revalorización del colón y tasas de interés que no se consideran particularmente atractivas. Ante este panorama, algunos sectores señalan -ya por muchos meses- con el dedo acusador al Banco Central. El banco, por su parte, ha rechazado una y otra vez los señalamientos (velados o explícitos) insistiendo en que como una entidad rigurosamente técnica, su papel es garantizar la estabilidad y el control de la inflación, como factores para la productividad y el crecimiento. Pero el choque de argumentos y opiniones de uno y otro lado no cesa. Varios sectores productivos privados urgen cambios en las políticas del BCCR. Pero el Central no responde a presiones. Defiende que la política monetaria está centrada en el objetivo de cumplir la meta de inflación y que la economía se acerque al nivel de utilización plena de sus recursos. Proyecta que el crecimiento para este año y el próximo será del 3,8 %, superior al que tendrán la mayoría de economías similares de la región, de Estados Unidos y de Europa. En cuanto al precio del dólar,sostiene que es el resultado de un comportamiento coherente con la volatilidad moderada que caracteriza un esquema de flotación, al tiempo que refleja las características de una economía que tiene abundancia de esa moneda. Para ampliar estos temas conversaremos con el Economista Jefe del Banco Central, Alonso Alfaro Ureña.

Como es bien sabido por todos los afectados e interesados en los asuntos financieros, la semana pasada, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención por 30 días hábiles de Coopeservidores. Es una decisión muy fuerte que ha causado lógica zozobra y temor en sus inversionistas asociados. Y cómo no! No se veía algo así en el país desde que en 2010 fue intervenida Coopemex y aquella cirugía terminó con la venta de la que era entonces la tercera cooperativa de ahorro y crédito del país. La intervención ahora de Coopeservidores se sustentó en las graves deficiencias que estableció la Superintendencia de Entidades Financieras, en la información reportada en 14,834 operaciones de crédito, por el orden de 122, 316 millones de colones, a los que la cooperativa aplicó moratorias de pago sin gestiones de cobro, lo que afectó la calidad de la cartera, generando pérdidas sustanciales. A esto, se suma un aumento en el riesgo de crédito y posibles actos de negligencia de la dirección y alta gerencia. Ahora, 131 mil personas y entidades con negocios en Coopeservidores, viven la incertidumbre de no tener acceso a sus fondos congelados. Peor aún, ni siquiera han recibido certeza de que recuperarán todas sus inversiones. Obviamente, la intervención, ha causado temor en ahorrantes e inversionistas de otras cooperativas en punto a si podría darse una especie de “contagio”, y aunque ya CONASSIF había establecido que no era el caso, este lunes la Superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, dijo categóricamente que “no estamos ante un evento sistémico”. Precisamente para aprender acerca de lo que es una intervención y tener elementos para no generar confusión, conversamos con Adrián Álvarez García, gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, Coopenae.

Emilce Soto, Kimberky Araya y Nadia Peraza, son las últimas tres víctimas atroces y espeluznantes de femicidios que enlutan familias y comunidades y nos siguen desnudando un país enfermo, con una sociedad obligada a corregir su rumbo. En lo que va del año 2024 llevamos 19 muertes violentas contra mujeres, de los cuales las autoridades ya señalan que al menos cinco, serían femicidios. Dolorosas muertes contra mujeres, por su condición de serlo, que nos conmueven y deben seguir comprometiéndonos en los esfuerzos -aún insuficientes- que se han hecho, así como las urgentes mejoras que se necesitan para profundizar la normativa de reparación de familiares de las víctimas y, además, las mejoras curriculares sobre cómo combatir la saña, el odio y la violencia extrema a las que asistimos cada día, cada semana, cada mes... ¿Cómo seguir enfrentando este destructivo círculo de violencia contra las mujeres? Es el tema que conversaremos con Marcela Arroyave, especialista en femicidios y Derechos Humanos.

Las palabras tienen fuerza liberadora y cuando son el resultado de una creación literaria pulida, honesta y poderosa, nos arrastran con fuerza, nos golpean los sentidos y nos despiertan -acaso- a nuestras propias historias de vida. De allí lo simbólico que resulta que una carta que cruza el océano y arremete en una casa cartaginesa, en una familia modelada en el patriarcado y con una madre y mujer amarrada a los convencionalismos de entonces, se anime contra todo pronóstico, a abrir espacios de luz que penetran ventanas y vidas. “Cómo me atrevo. Parir una hija, criarla y amarla para que un día escriba estas brutalidades. Soy muy valiente o cobarde, pregunto”, se lee en uno de tantos avasalladores párrafos de la novela “Una mujer insignificante”. “Me rindo. Acepto que hay algo impúdico e irrespetuoso en contar la vida de quien mantuvo su intimidad bajo llave”, se lee en otro. Y cuando esa celosa guardiana es la madre, mucho hay que liberar, para entender que esta narración nos sumerge en una vida, ubicada en la década de los 90, en la que una mujer, de frente a su propia realidad, teje recuerdos y crea la historia de su madre -desde un personaje literario- para construirse ella misma desde la “hijidad”. Prosa en ebullición que anclada en un relato íntimo, lleva a quien la lee por una vorágine de sentimientos y reconocimientos. Para navegar más en esta novela tenemos el privilegio de conversar con su autora, la escritora costarricense, Premio Nacional de Novela, Catalina Murillo.

La muy nutrida protesta de varios miles de representantes de sectores agropecuarios, de la construcción, los exportadores y el turismo de este miércoles fue dedicada a enfatizar, una vez más, la afectación que le está causando a una parte del tejido productivo del país, la apreciación del colón. Con excepción de los pequeños y medianos productores del agro, que llevan años en penurias, otros sectores que marcharon, sí gozaron de muy buenos tiempos de bonanza cuando la moneda nacional estaba depreciada y el dólar lucía en su mejor forma. Pero ahora no es así. ¿Se solucionarán los problemas que denuncian, con una subida en el precio de la moneda? Es más, ¿Es posible -como afirman algunos economistas- que el Banco Central haga la magia de establecer un tipo de cambio forzado? ¿Esta decisión será la que se ocupa o se requieren otras políticas públicas de promoción, apoyo e impulso a las actividades productivas hoy perjudicadas? ¿Son los despidos la única salida a la depreciación del dólar? Para dar espacio a una cara de esta discusión conversaremos con Guido Vargas, Secretario General de Upanacional  y con Shirley Calvo, Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo.

Para entender las dimensiones y posibles salidas a la crisis energética que experimenta Costa Rica es necesario seguir aportando información y criterios de los diversos actores que participan en este sector esencial. Uno de ellos es el de los generadores privados, que no dudan en apostar, de nuevo, por la tan postergada apertura del mercado eléctrico. Solo mencionar el tema causa tanta controversia que al proyecto que actualmente se discute en la corriente legislativa ni siquiera se le llama por su nombre (apertura) sino que se le puso la etiqueta de “armonización” para procurar esta vez que -después de unas tres décadas de intentos fallidos- sea posible modernizar y abrir (si, abrir) el mercado eléctrico nacional. No es un tema menor, particularmente en un país como el nuestro, tan inclinado a la defensa del mercado público energético y al que le costó (para muestra un botón) muchos años y un referéndum, aprobar la apertura del mercado de las telecomunicaciones, que por años fue de dominio total del ICE. Ahora va de nuevo: los generadores eléctricos, no pocos diputados y el mismo gobierno de la República, se inclinan por aprovechar el momento para que se apruebe el proyecto de armonización eléctrica, convencidos de que impulsará la mejora en la planificación y la competitividad. Es más, según los generadores privados, esa apertura podría convertir a Costa Rica en muy corto plazo en un “Silicon Country”. Tal el potencial que le ven. Para conocer y ampliar acerca de este sensible tópico, conversamos con el Director Ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), Ing. Mario Alvarado.

Como no puede ser de otra manera, las guerras dividen y polarizan los conglomerados sociales que observan con horror y también con impotencia, cuando no con desidia, los acontecimientos. Particularmente respecto del conflicto Israel-Hamás, las tensiones entre países y bloques y a lo interno de las naciones han provocado en estos siete meses múltiples manifestaciones de repudio por la muerte de cientos de miles de inocentes civiles gazatíes. Pero fue a finales del mes de abril, tras la detención de estudiantes que protestaban en la universidad neoyorquina de Columbia, cuando se extendió una oleada de manifestaciones en casi 50 universidades en todo Estados Unidos. La consigna: evidenciar la violencia y la cantidad de fallecimientos en esta guerra, provocados por la asonada de Israel, así como llamar la atención al gobierno de Joe Biden, para que cese el apoyo en dinero y armas. Algo acaso utópico. ¿Pero quién dijo que a lo largo de la historia lo imposible ha detenido a jóvenes estudiantes en sus protestas? Fue así como el brote de universidades estadounidenses saltó a Canadá y de allí a centros de estudios en España, Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Italia y Finlandia... En palabras de la universitaria judío costarricense Mía Fink Uleth "abogar por una Palestina libre no implica de ninguna manera ser antisemita, que es lo que argumentan autoridades israelíes para censurar y silenciar las voces que piden justicia, lo que no es otra cosa que una falta de respeto, de conciencia histórica y un intento de demeritar el llamado por la paz y los derechos humanos para los palestinos". Acaso por esa poderosa argumentación, las protestas y llamados se extendieron estos días a actividades masivas como las de la famosa ceremonia del Museo Metropolitano de Nueva York y la final del concurso Eurovisión en Suecia. Para analizar estos focos de protestas y sus implicaciones conversaremos con Mía Fink y con el investigador social, Carlos Sandoval.

El desacertado manejo de la comunicación de la crisis ejecutado por el ICE en estos días, ha generado una ola de especulaciones, rumores y desinformación que en nada contribuye a la racionalización de los argumentos y las acciones imprescindibles cuando se trata de un tema nacional de tanta sensibilidad. En efecto, se trata de un asunto técnico que implica una serie de trastornos a personas, familias, instituciones y sectores productivos, que deben tomar decisiones al respecto, pero que indudablemente no escapa a lo político. Por ahora es terreno de la especulación el hecho que se haya postergado un día el plan de racionamiento gracias a las últimas lluvias, aunque ciertamente también por la entrada en operación de la planta geotérmica Miravalles III, que estuvo desconectada seis meses por problemas de mantenimiento. La argumentación, que sí ha sido consistente en estos días por parte de las autoridades del ICE, es la que apunta con el dedo acusador las supuestas responsabilidades del anterior gobierno por la planificación y ejecución de proyectos, tratando de soslayar así la propia responsabilidad. Para seguir acompañando con información y argumentos esta situación conversaremos con la Ing. Irene Cañas, expresidenta ejecutiva del ICE 2018-2023.

Oficialmente, el próximo lunes se iniciarían los racionamientos en el suministro de energía eléctrica; pero en la cruda realidad de una crisis que todo conduce a considerar que no se trabajó a tiempo, en la tarde-noche de este jueves sectores enteros del país quedaron sin electricidad en plena hora pico y sin posibilidad de haber tomado ninguna previsión. ¿Cómo y por qué llegamos a esta situación? ¿Este apagón demuestra que la crisis es tan profunda como para que una falla provocara un apagón importante en todas las zonas geográficas de Costa Rica? El Gerente de Electricidad del ICE, Roberto Quirós aseguró que cerca de las 5 de la tarde "tuvimos un fallo en una de las unidades generadoras del ICE; con el fin de evitar una situación mayor en el sistema eléctrico nacional (SEN) se tomó la decisión de disminuir carga en algunos sectores del país por un corto período de tiempo" y finalizó pidiendo disculpas por lo que calificó como un "inconveniente". ¿Qué fue exactamente lo que falló este jueves? ¿Es un hecho que nuestro sistema eléctrico está al filo del colapso? ¿Sabía eso el ICE cuando anunció apenas horas antes (en la mañana) el inicio del plan de racionamientos para el lunes 13? ¿Es más grave la situación real, respecto de lo que se nos ha comunicado hasta ahora? Visto en retrospectiva,y a la luz de la información y los hechos puestos sobre la mesa, el ICE careció de visión de largo plazo respecto del crecimiento de la demanda nacional y la institución -que siempre ha ejercido de hecho la rectoría de la política energética del país- dejó de adoptar a lo largo de muchos años decisiones neurálgicas en fuentes energéticas menos sensibles al cambio climático. Tanto así que perdimos nuestro sitial de avanzada en el Istmo, pues otros países tuvieron la previsión de apostarle mucho más a la energía solar y ahora podrían ayudarnos a enfrentar las congojas. Eso en cuanto al largo plazo. Ahora bien, en lo propiamente coyuntural y teniendo en cuenta las fuertes implicaciones de El Niño que se nos anunciaron desde el 7 de junio el año pasado, están quedando en evidencia graves tropiezos en el ICE para atender en tiempo y forma la emergencia que se nos venía encima. Lo cierto es que ahora debemos prepararnos con inusitada rapidez y asumir todos el costo de no tener fluido eléctrico 24/7 como estamos acostumbrados. El tiempo de racionamiento dependerá de cuánta lluvia llegue a los embalses y sin duda serán inevitables múltiples afectaciones económicas. Para tener más claridad de los días que enfrentamos ya, conversamos con el Ing. Roberto Quirós, Gerente de Electricidad del ICE y con el Dr. José Daniel Lara, experto en energías.

Maravillosos, majestuosos, hermosos. Los volcanes nos provocan una mezcla de admiración y temor, dada su imponencia y fuerza telúrica. Hoy que de nuevo tenemos alerta verde por la actividad del Poás y del Rincón de la Vieja, volvemos a poner atención en dos de nuestros colosos para seguir aprendiendo a convivir con ellos. Por ejemplo, los vecinos de las comunidades cercanas al Poás atendiendo una innovadora campaña, recogieron cenizas para que pudieran ser analizadas en el prestigioso laboratorio de sedimentología y microscopía del Osservatorio Vesuviano del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, donde se procesan las muestras como parte de una de las muchas investigaciones científicas que se llevan adelante en ese prestigioso centro que es el más antiguo del orbe, y en el que se estudian los volcanes de mayor riesgo. Para conversar sobre este momento de actividad, así como de esta investigación en particular, nos conectamos con el impulsor de la iniciativa, el vulcanólogo Gino González.

Al llegar al cenit de la Administración Chaves Robles, resulta oportuno desgranar detalladamente los niveles de adhesión y rechazo que genera un Ejecutivo de estilo sui generis, centrado en la figura presidencial y muy pendiente de su popularidad. Esto viene a colación ahora que sale a la luz el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) y después de que en las últimas mediciones se observara, por un lado, una reducción moderada del respaldo y por otro, un desmejoramiento en la percepción de manejo en áreas como seguridad, educación y combate a la corrupción. Por lo demás, ¿cómo se insertan en este contexto los entusiastas tambores de organización de un referéndum ciudadano? Para abordar estos ejes conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del CIEP/UCR.

Pasados los fragores de la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, así como los del segundo informe del Estado de la Nación del presidente Chaves Robles y las reacciones a esa rendición de cuentas por parte de los legisladores, hay que encarar, con referéndum o sin el, las perentorias decisiones para múltiples problemas como la ola de violencia criminal organizada, la recuperación de la caída abrupta en la inversión social y otros desafíos correlacionados que nos muestran hoy como el país con más pobreza en niños y adolescentes, de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Para lograr esto, necesitamos profundizar la negociación política. Es hora de actuar con cabeza fría desde todos los frentes. Para hablar acerca de cómo reencauzar los maltratados canales de diálogo para la toma de decisiones, conversamos con la politóloga Gina Sibaja.

El referéndum es uno de los pilares fundamentales de la democracia directa, un mecanismo de consulta popular, que permite orientar las decisiones políticas a partir del criterio de los ciudadanos sobre determinados temas de interés nacional. Pero esta herramienta de compleja aplicación tiene que cumplir procesos y fases en determinados plazos, según lo establece la legislación vigente. El anuncio del presidente Chaves Robles de querer avanzar en la convocatoria al segundo referéndum de nuestra historia, no solo estaría determinado entonces por las condiciones sociales y políticas imperantes, sino también -y muy especialmente- por la capacidad de cumplir con los requisitos para que, a más tardar, el primero de agosto del 2025 pudiera celebrarse esa consulta nacional, que en todo caso, no sería vinculante si no alcanza una votación del 30% del padrón electoral para leyes ordinarias y 40% en el caso de reformas parciales a la Constitución Política. Lo cierto es que antes de llegar a ese tipo de definiciones, un interesante ejercicio de tiempos nos coloca en el plano de la realidad. En otras palabras, de lo posible o cuesta arriba de poder llegar al objetivo final de la consulta, estableciendo por supuesto, qué es lo que se consultaría, tomando en cuenta que muchas materias están expresamente prohibidas de llevarse al proceso. Todo esto, por supuesto, lo sabe bien el Ejecutivo, con lo que también salta a la palestra la duda respecto de si lo que se quiere es realmente ir a un referéndum o simplemente profundizar la división con el Poder Legislativo, dado que el mandatario ha señalado expresamente que no necesita de los diputados para aprobar los proyectos de su interés tales como la venta del BCR, la apertura del mercado eléctrico, las jornadas laborales 4x3 y la reforma a la ley de contratación administrativa para construir Ciudad Gobierno por encima de los requisitos hoy establecidos. Para ahondar en el tema y conocer los requisitos, con calendario en mano, conversaremos mañana con el analista e investigador, Mario Quirós.

El segundo informe a la Nación del presidente Rodrigo Chaves, como ha sido habitual también en otros mandatarios, fue un largo repaso de acciones que ejecutan las instituciones públicas, lo que se conoce en ciencia política como compromisos inerciales de la gestión. El mayor énfasis lo puso en los logros económicos, que efectivamente los indicadores de organismos como la OCDE le reconocen al país. Puntualmente, acerca de las mejoras fiscales, el mandatario obvió señalar que estas son producto de la traumática reforma fiscal que el país debió enfrentar en 2018 y no hizo alusión alguna a los drásticos recortes de la inversión social, los más altos de la última década. Fiel a su narrativa de absolutos, indicó que tras décadas de abandono, desidia, uso incorrecto de dineros públicos y corrupción, le ha correspondido a su gobierno desentrabar todo y mostrar avances en educación, salud, agua, electricidad e infraestructura vial. Lo que no resultó habitual respecto de sus antecesores (no al menos con tal énfasis) fue no pudiera abstraerse de volver a recriminar una y otra vez, a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, al calificarlas como obstruccionistas y por ello anunció, como se había adelantado ya, la idea de avanzar en la realización de un referéndum “con o sin el apoyo legislativo” para que “el pueblo” decida sobre varios temas, entre los que destacó la venta del BCR y la apertura del mercado eléctrico. En respuesta, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, le recordó la importancia de la vocación democrática del diálogo y la cantidad de veces que le han tendido puentes sin éxito, por lo que le pidió rectificar su estilo confrontativo. Además, fue contundente al señalar que si bien avala el mecanismo de consulta popular, “procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad, es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso” Para analizar esta rendición de cuentas conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

La elección del directorio legislativo este Primero de Mayo dejó en evidencia -como no podía ser de otra manera- la enorme importancia que tiene en el balance de poderes el juego de las piezas del tablero de los contrapesos políticos. El partido Nueva República quedó como gran ganador del proceso y, por otro lado, la derrota de un sector de la Unidad dejó expuestas sus -ahora- mal tapadas grietas. Por su parte, el gobierno golpeado por los resultados, envió el decreto de convocatoria de proyectos a las sesiones extraordinarias, con 31 iniciativas, entre las que destacan, la reforma constitucional para extraditar nacionales, la reforma a los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Administrativa, para tratar de apurar su propio modelo para construir Ciudad Gobierno, así como también el proyecto de jornadas laborales. El ahora tres veces presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, puso luces al viaje que inician al insistir en una defensa del Estado de derecho, que no debería estorbarle a nadie, así como la discusión de nuevos proyectos de seguridad ciudadana y otros microeconómicos que lleven bienestar a las familias. Para poner foco en esta intensa jornada conversamos con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales Valladares.

En su tercera edición, el Índice de Progreso Social Cantonal (IPS); una muy valiosa herramienta que evalúa el bienestar colectivo de los territorios, más allá de la simple medición de los ingresos, nos presenta el cuadro de realidades que vivimos a lo largo y ancho del pequeño, pero muy diverso país que somos. Esta herramienta práctica construida a partir de múltiples indicadores sociales y ambientales, explica cómo estamos en satisfacción de necesidades básicas, en fundamentos para el bienestar y en oportunidades. Todo ello expresado en resultados que van de alto, a medio alto, medio bajo y bajo; con datos desagregados que sirven a las autoridades municipales que asumen funciones este Primero de Mayo. Determina el estudio que aún no superamos los impactos de la pandemia y que mientras tenemos buenos índices generales en vivienda (nota 94) y agua y saneamiento (91) nuestro desarrollo presenta áreas críticas de mejora en educación avanzada (43), derechos y voz ciudadana (41) e información y comunicación (39) Los cantones líderes en progreso social son únicamente 11 con Heredia a la cabeza y otros muy interesantes casos como Desamparados, San Pablo y Paraíso. Mientras tanto, los 22 cantones con mayor rezago se encuentran todos en zonas costeras y fronterizas; para sorpresa de nadie. Para hacer un repaso de otros cantones y realidades y establecer las paradojas de algunas regiones conversamos con Jaime García, Investigador y director de proyectos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADS) del INCAE.  fotografía: Rafael Nájera.

En estos dos años de legislatura ha demostrado públicamente su reconocida experiencia como abogada penalista. Y, sin duda, ha sido su doble desempeño como vicepresidenta del directorio legislativo y presidenta de la comisión especial de seguridad y narcotráfico la que le ha dado a Gloria Navas su sello particular. Clara, directa, sin ambigüedades, se ha convertido en uno de los desvelos del presidente de la República, que no disimula el disgusto por las posiciones de la legisladora, llegando a ataques de violencia política que luego se amplifican en los ecosistemas digitales de la polarización y el odio. Sí, el odio, especialmente contra las mujeres. Ella no se desvela y le enrostra al mandatario y a su equipo de seguridad la responsabilidad de haber enviado al Congreso un paquete de proyectos de ley mal elaborados. Y aquí radican muchas de las diferencias, ya que el gobierno intenta responsabilizar a la Asamblea Legislativa de los muertos por la peor ola de violencia del crimen organizado que vive el país. En las últimas horas se convirtió de manera inesperada en moneda clave de la negociación para la reelección de Rodrigo Arias al frente del directorio legislativo. Una nominación que solo se explica por su peso específico dentro de la fracción de Nueva República, que pondrá parte de los 29 decisivos votos para asegurarle el tercer año a Arias Sánchez. Justo cuando los analistas pensaban que no deseaba ella esa reelección, el Congreso enfrenta el primero de mayo justamente con una fórmula ya probada. ¿Ya ganaron? Conversamos con la diputada Gloria Navas Montero.

El espejo español. Las agrietadas relaciones entre el Gobierno y la Cámara de Diputados en ese país están llenas de acusaciones y señalamientos en una narrativa de absoluta confrontación y muchas derivaciones. La explosión de esta semana generó un capítulo inédito en la escena política cuando el presidente, Pedro Sánchez, anunció que ponía pausa al ejercicio del cargo cinco días, hasta definir el próximo lunes si continúa al frente del gobierno. Todo por las infundadas acusaciones contra su esposa, la académica universitaria Begoña Gómez, en el ojo del huracán de la corrosiva desinformación y la mala fe, por ser precisamente la cónyuge del primer cargo del Estado español. Guardando las dimensiones, pero entendiendo también luces de alerta roja similares, el año legislativo que termina en nuestro país ha sido una vitrina de las agrias relaciones y quejas que la Casa Presidencial sostiene con la mayoría de fracciones legislativas, y con especial crudeza contra algunas legisladoras. ¿Cuánto soporta la democracia estos embates que siguen alejando a la ciudadanía de su adhesión a este sistema político? ¿Aguanta la ciudadanía un deterioro en la conducción política que impide, a punta de hostilidades y polarizaciones, buscar soluciones a problemas estructurales? Ante este estado de agresividad política, 21 diputadas firmaron un documento urgiendo al Poder Legislativo bajar la intensidad. Para hacer balance desde esta óptica de la legislatura que termina y la que inicia, conversaremos con el politólogo Gustavo Araya.

En Costa Rica los jóvenes y las mujeres tienen muchas más dificultades para conseguir trabajo. Los datos son irrefutables: la tasa de desempleo femenino es del 25 % y la del juvenil alcanza el 21 %. A esto se debe añadir el hecho de que 125 mil personas simplemente dejaron de buscar empleo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con lo que de manera artificial baja el desempleo, aunque el Ejecutivo insista en lo contrario. Otro dato verificable de esta dura realidad, es que nuestro país ocupa el penúltimo lugar en la tasa de empleo de los 38 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es allí donde surgen las paradojas. Si en términos generales la economía está estable, la recaudación fiscal es aceptable, la contención del gasto (con drásticas reducciones de la inversión social) es exitosa y la atracción de inversiones es un éxito, por citar algunos logros que se pregonan, ¿por qué no podemos generar muchos más puestos de trabajo? Para entender estos extremos conversaremos con el economista, José Luis Arce.

En la antesala de un llamado multisectorial de protesta, este miércoles 24 de abril -coincidente con el aniversario número 54 de la lucha contra la minera Alcoa- se conjuntan voces para detener retrocesos de derechos de la ciudadanía obtenidos a lo largo de décadas, gracias al estado social. En este contexto, la Defensoría de los Habitantes viene alzando la voz para enfrentar varios flancos, tales como la angustia de numerosas comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, la lucha por restituir dineros urgentes que permitan enfrentar la más violenta ola de criminalidad del país, lo mismo que la crítica situación que enfrentan -por citar solo un caso- los pacientes y el personal del hospital Max Peralta de Cartago. Imposible dejar de lado la solicitud de cuentas al IMAS para que justifique los criterios para la limitación de las becas del programa Avancemos, como una acción más en los recortes en los presupuestos de inversión social más bajos en la última década. Y para lograr mantener sus funciones de denuncia y acompañamiento a los derechos de los ciudadanos, la misma Defensoría debe luchar ahora para que el Ministerio de Hacienda le restituya casi ₡245 millones que le asignó la Asamblea Legislativa para evitar su propio cierre técnico. Para hacer balance de insatisfacciones sociales conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

El tema del próximo vencimiento de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión ha estado en la agenda y el discurso de la administración Chaves Robles desde su campaña electoral. Un tema que es técnico y jurídico, se politizó dada la consigna del mandatario quien desde la campaña electoral lanzó como caballo de batalla un asunto muy atractivo: que el pago por la utilización de esas frecuencias del Estado, no se ajustó nunca (la tarifa es la misma desde 1954) y que, por tanto, las empresas de radio y televisión han ganado mucho dinero mientras han cancelado montos irrisorios por su uso. Siendo entonces un tema de tanta importancia para la administración, cualquiera hubiese asumido que estaría bien trabajado y, por tanto, muy bien encaminado. Pero, a pocas semanas de vencer esas concesiones en junio, lo que se ha presentado es un borrador de decreto (en consulta pública por 10 días) que implicaría la extensión automática de estas frecuencias hasta el 2025. La reacción de los especialistas en la materia no se hizo esperar, y en general sostienen que el procedimiento al que se acudió deviene en ilegal, ya que incumple con los criterios técnicos y legales obligatorios requeridos y establece un plazo distinto al que indican los contratos vigentes. Por supuesto, también hay quienes sostienen que es lo adecuado. Para ampliar acerca de este tema de perenne presencia en la agenda de Zapote, conversaremos con el director de Ciber Regulación, Juan Manuel Campos.

La fiebre del oro ha incrementado la minería ilegal en la zona norte fronteriza del sector de Crucitas, acrecentando los daños ambientales, el conflicto social y creando una “tierra de nadie”. En esa zona, sin duda alguna, hay personas, grupos y comunidades que están en una actividad que se ha venido extendiendo en alrededor de 50 puntos, que requieren de toda una logística para el trasiego del material, la atención de quienes allí operan y el traslado del necesario y letal mercurio. Para dar continuidad a nuestro anterior programa en el que presentamos algunos aspectos de lo que está sucediendo, ponemos en la mesa de debate a quienes sostienen que si es posible atender la situación y generar soluciones sostenibles que atiendan esta problemática multidimensional. Para conocer esta faceta conversaremos con el exdiputado y abogado ambientalista, Edgardo Araya.

Dos asuntos ambientales afectan a la zona norte y su impacto es tan significativo que revisten carácter nacional, por lo que hay que ponerles remedio. Nueve meses atrás (julio) una gran avalancha arrasó entre 40 y 60 hectáreas del Parque Juan Castro Blanco dejando una huella de destrucción en Aguas Zarcas y otros poblados cercanos. Ahora, con el reciente informe de un intenso invierno por parte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) volvemos la mirada a aquellas comunidades, que preocupadas y con la ayuda de Coopelesca, contrataron estudios técnicos para tener información complementaria a los dictámenes realizados por la CNE. Tras 7 meses de trabajo, el equipo logró identificar entre 10 y 15 hectáreas inestables que podrían deslizarse, lo cual configura una situación de amenaza y peligro para Aguas Zarcas que urge gestionar ese riesgo. El otro gran desafío irresuelto tiene que ver con la depredación ambiental amplificada en la zona de Crucitas, con daños a la flora, la fauna y el recurso hídrico y, por supuesto, con los flagelos sociales, de violencia e inseguridad que van aparejados con la extracción ilegal de oro. Hoy se identifican más de 50 focos de actividad repartidos en 910 hectáreas, con presencia de centenares de coligalleros. Ha habido muertos, por derrumbes y por enfrentamientos con la policía. Lo que no hay son soluciones estructurales a un problema que ya se volvió permanente. Para conocer posibles soluciones en esos territorios conversamos con el geólogo y especialista en sedimentación Allan Astorga.

Con las puestas en escena del presidente Rodrigo Chaves -incluso ya luego de dos años en el poder y en el contexto del retador tercer año de gobierno- hay que hacer lo mismo que con los contratos; ponerles mucha atención a la letra pequeña para poder entender lo que se juega. El viernes, en el escenario de la Casa Presidencial, la reunión con los representantes de la posible coalición pro gobierno para conformar el directorio legislativo, estuvo colmada de abrazos, sonrisas y mucho gesto de triunfo anticipado. El martes, otra cosa totalmente distinta en Limón. Una reedición del capítulo de choque contra la Contraloría General de la República, institución sobre la que se lanzaron gritos de guerra para una movilización ulterior en ciernes. Pero eso no fue todo, también hubo ataques a diputados -como acostumbra el mandatario- con nombres y apellidos. Allí, por mucho discurso incendiario que hubo, faltaron fotos y videos para no dejar constancia de que la convocatoria fue bastante desnutrida respecto de la ilusión que abrigo el Ejecutivo, en asocio con autoridades de varios municipios del Atlántico. Lo cierto es que lo hecho con la mano el viernes podría haberse borrado con el codo el martes. Hoy todo parece indicar que la pretendida alianza naufraga. Horacio Alvarado que lucía fuerte, se empieza a diluir y don Rodrigo Arias, pocas horas antes debilitado, se redimensiona en su papel de experimentado político, pues no solo salió en defensa de los diputados vilipendiados, sino que reiteró su defensa a la separación de poderes y concluyó declinando la cita pactada para un almuerzo en Zapote el viernes. Y del otro lado, Troya ardiendo. Una división más que evidente en la fracción del PUSC y el anuncio de distancia (que le cayó como anillo al dedo a Eliécer Feinzaig del Liberal Progresista) por el torrente de críticas que ya había recibido desde la semana pasada. Hay mucho más que desentrañar en estos movimientos, que como telón de fondo tienen en puertas la tercera legislatura, sobre cuya conducción como queda evidenciado, no hay nada escrito aún. Para seguir poniendo foco en los movimientos del ajedrez conversaremos con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Si hay un tema que copa la agenda política en la segunda quincena de abril todos los años, es, si duda alguna, la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. Y, para este tercer año de la legislatura, el asunto se ha tornado particularmente interesante, habida cuenta de la revaluación significativa del oficialismo, en el juego. Un oficialismo que apenas con ocho votos en el Congreso ha logrado allegar una fórmula con dos aliados ya conocidos; la Unidad Social Cristiana y Nueva República, pero además con la notoria novedad del paso aventurado que ha dado al frente el liberal, Eliecer Feinzag. Por ahora nadie ha firmado el acta de compromiso formal, ni siquiera el mandatario, pero el flirteo es más que notorio en términos de querer sellar esa alianza. A la cuenta de los bienes transados, que se sepa por ahora, irían el proyecto de ley (de nuevo) para vender la joya de la abuela (el BCR, claro), también en segundo intento las jornadas 4/3 y una tercera iniciativa para reformar la Ley de Administración Pública para construir ciudad gobierno como quiere el Ejecutivo y no como dicta la legislación vigente. Pero no podemos dejar de lado, la bolsa de nombramientos internos en el Congreso, que hacen siempre tan atractiva la participación en el directorio. A falta de 15 días para la decisión (que son muchos en términos de negociaciones y amarres) el socialcristiano Horacio Alvarado luce como el candidato más fuerte, pero Rodrigo Arias no parece dispuesto a ceder y a falta de atención de Zapote ha solicitado una segunda audiencia para, en un intento acaso un poco forzado ya, buscar el beneplácito que obtuvo el año pasado cuando el Ejecutivo no pudo desbancarlo y terminó dándole sus votos a regañadientes. Pero lo cierto es que hoy, ábaco en mano, ninguno de los dos aspirantes tiene los codiciados 29 votos asegurados. ¿Logrará el Ejecutivo tomar el control legislativo, con un directorio cercano a sus intereses? ¿Se aliviarían realmente las tensas relaciones entre los dos Poderes de la República si el Presidente Chaves logra una victoria en el Congreso? Para puntualizar al respecto conversaremos con la politóloga, Eugenia Aguirre Raftaco.

La atención noticiosa mundial de las últimas horas -tanto como la preocupación y las gestiones diplomáticas- está colocada en la respuesta que le propiciará Israel a Irán, tras el ataque calibrado que los iraníes lanzaron el sábado en la noche. Las potencias abogan por un ataque que restablezca la "disuasión". Pero el gran peligro es que, en lugar de desescalar, el conflicto más bien escale y ello pueda degenerar en una guerra regional. Este es un conflicto extendido en el tiempo, que cada vez se sale más del Medio Oriente y hoy tiene al mundo en extremos de alta volatilidad y de incertidumbre. Como telón de fondo continúa la guerra entre Israel y Hamás, con repercusiones que agudizan las acciones de terceros actores vinculados -ya sean naciones o grupos organizados- que tejen toda una trama de intereses que no encuentran salida desde hace décadas. Para tomar el pulso a este momento complejísimo del tablero geopolítico, conversaremos con el especialista en relaciones internacionales, Carlos Cascante.

Hoy es la quinta economía del mundo y para el año 2030 será la tercera, dado su impresionante crecimiento, sus políticas de innovación y desarrollo y, claro, una población creciente. India es una potencia democrática histórica, cultural y espiritual que inicia el próximo 19 de abril su proceso de elecciones y cuyos resultados se conocerán hasta el 4  de junio, ya que se celebran con un meticuloso cronograma, dado que emiten su voto 970 millones de personas, que representan más del 10% de la población mundial. Con este inmenso país tenemos relaciones diplomáticas desde la década de los 70’s . En 1995 se abrieron los respectivos consulados y en el año 2011 se abrió nuestra embajada allá. Pero ya las relaciones eran estrechas. La benemérita de la patria, Hilda Chen Apuy becada en 1950, regreso al país e instauró estudios de historia, filosofía y sánscrito en la UCR. Entre otros intercambios, en nuestro país se produjo en 2017 la primera película latinoamericana estilo Bollywwod (música y danza particular India en el cine). Hoy, la estrategia 4 C, que incluye comercio, construcción de habilidades, cultura y comunidad,  es la propuesta del nuevo embajador que recién presentó sus cartas credenciales. Para conocer este momento de oportunidades para ambas naciones, conversamos con el Embajador Sumit Seth.

Las preciadas medallas que colocaron a Costa Rica como líder mundial en generación de energía eléctrica con fuentes renovables, se nos están opacando. Hoy la realidad nos muestra grietas importantes en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que enfrenta (y con la institución el país) los resultados de múltiples decisiones que nos muestran las complejidades de la matriz energética. Para abril los embalses de Arenal, Cachí, Pirrís y Reventazón se encuentran por debajo de lo programado, lo que fue potenciado por los impactos de la fuerte sequía del fenómeno del Niño. Para muestra un botón: 10 años atrás, en el 2014 Costa Rica logró disminuir a 1 % la generación de electricidad con el uso de combustibles, pero en el 2023, llegamos al 8 %. A este cóctel se debe sumar la demanda de energía que va en un crecimiento proyectado para el 2024 en un 5 %, según dio a conocer la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico. Así, los escenarios que nos esperan, desde la perspectiva de innovación con fuentes modernas, nos están ganando la partida para poder garantizar una política pública acorde a los tiempos y nuevas tecnologías. Para encender luces acerca de esta situación conversaremos con el ingeniero José Daniel Lara, doctor en energía y recursos naturales.

En cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones de la policía judicial, todas las razones son de mucho peso. Y es que en la coyuntura que vive el país, el congelamiento salarial y los impactos en las remuneraciones por la aplicación de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y de Empleo Público, son tan determinantes como las necesarias obras de mejoramiento de la infraestructura, el deterioro en las futuras pensiones y, por supuesto, los riesgos asociados al hecho peligrosísimo de tener que enfrentar la más grave ola de violencia por la actividad criminal de nuestra historia. Los números no mienten. De enero de 2017 a diciembre del 2023, 287 funcionarios renunciaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A esta realidad se le deben sumar las dos rebajas presupuestarias a la Policía Judicial, durante la administración Chaves Robles, lo que ha impedido retener oficiales calificados, comprar equipos y mejorar urgentemente condiciones en sus instalaciones. Y otros estamentos del Poder Judicial, que realizan tareas complementarias a las del OIJ para contener las cada vez más sofisticadas organizaciones delictivas, también requieren más recursos materiales. Como es sabido, mientras merman los recursos económicos y de personal y aumentan exponencialmente las tareas de inteligencia y los operativos contra las mafias, la criminalidad organizada local y transnacional no tiene limitaciones de ningún tipo. Así las cosas, urgen soluciones para darle más recursos a la policía judicial. Y urgen ya. Ahora. Por eso abordamos el tema mañana con el director del OIJ, Randall Zúñiga y la diputada Kattia Cambronero, que lidera los empeños para liberar dineros para la policía judicial.

Precedida por un sin número de desencuentros, la ruptura entre Ecuador y México, ha puesto de manifiesto la profunda transformación de las relaciones diplomáticas que estamos viviendo, con implicaciones sí en los vínculos bilaterales, pero también en el orden multilateral, entre esos y otros estados. La inobservancia de los tratados internacionales, las normas, las costumbres y la buena voluntad, como las herramientas de cumplimiento político que se cimentaron con la posguerra, suponen consecuencias que no se pueden pasar por alto y que obligan a un debate global. En el caso concreto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador con discursos incendiarios contra homólogos suyos interfiriendo en decisiones soberanas de otros estados, como Ecuador, que justificó la intervención el viernes pasado en la embajada azteca en Quito, para capturar al ex vicepresidente, Jorge Glas Espinel condenado por actos de corrupción del famoso caso Odebrecht. El hecho generó una condena inmediata de otros Estados y organismos mundiales, pero también los ha obligado a una reflexión, sobre el respeto a los preceptos del Derecho Internacional en tiempos de enorme vulnerabilidad por las crisis geopolíticas y particularmente, por las acciones del crimen organizado que ponen, aún más en riesgo, las democracias y la convivencia global. Y este, por supuesto, no es el único caso. Ahí está Nicaragua, condenando la irrupción en la leglación mexicana, pero al mismo tiempo, albergando a expresidentes prófugos de la justicia de sus países, como el panameño Ricardo Martinelli, también sentenciado por actos de corrupción. O los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. ¿Y qué decir de Cuba, exponiendo la paja en el ojo ajeno, sin admitir la viga en el propio, cuando reprime brutalmente los reclamos de libertad y hambre de su pueblo? ¿O Venezuela, reclamando siempre soberanía, cuando expulsa a millones de sus compatriotas por falta de dignidad para poder acaso sobrevivir? Así que, entre otros asuntos muy sensibles, ¿cómo entender hoy la manoseada figura del asilo político en las relaciones internacionales, cuándo se está depreciando para convertirse en estratagema de huida de la justicia? Para ahondar en este escabroso tópico conversamos con el ex embajador de Costa Rica en Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri.

Las tensiones entre los médicos especialistas y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entraron a la segunda semana, con muestras de alta temperatura y molestias generalizadas. Se estima que unos 2.500 galenos se sumaron al movimiento de presión, lo que representaría prácticamente un 65% del total de los que trabajan para la institución. Un primer rechazo a un posible acuerdo fue el ajuste técnico salarial aprobado por la Caja, porque ese asunto en particular no forma parte de las reclamaciones en curso y, por tanto, tampoco de las negociaciones. Se acudió a la Contraloría General para denunciar la erogación de ₡12 mil millones para contratar servicios médicos privados a través de una licitación en SICOP. Los especialistas estiman que el procedimiento no fue el adecuado y que, por lo demás, esa vía es insuficiente para atender a los pacientes que requieren servicios. La institución ha tenido que atender, según informó al fin de semana pasado, a unas 463 personas que urgían de intervención. Pero hay quejas por la forma en que se han dado estos casos, con recargo a médicos generales. La negociación no está en punto muerto, pero todo parece indicar que sí lejos de encontrar una solución. Para seguir tomando el pulso conversaremos con Maikel Vargas Sanabria, vicepresidente del Siname.

¿Cómo está el arroz? Esta popular frase recobra particular relevancia luego que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogiera una medida cautelar solicitada por productores en contra de uno de los decretos ejecutivos que redujo los aranceles de importación del grano y, consecuentemente, ordenara su suspensión. Firmados en agosto del año 2022 la principal promesa era que generarían una reducción del precio al consumidor. Para analizar esto, casi dos años después, hay que ampliar en elementos del contexto nacional e internacional. A lo interno, hay que aclarar la discrepancia entre el gobierno, que insiste en que si ha habido una rebaja del precio, y los datos del Índice  de Precios al Consumidor que indican un aumento de casi el 4%, a pesar de la rebaja del arancel, así como de la caída del valor del dólar en el último año y medio. Además, hay que puntualizar en las denuncias del sector acerca de que esta medida permitió  a los importadores de arroz pilado y en granza no  pagar alrededor de  ₡20 mil millones al fisco, ocasionó la quiebra de 331 productores y derivó además en la  disminución del área de siembra de 35.301 a 14.300 hectáreas, lo que ocasionó  una caída de más del 100% de la producción nacional, de 153.173 toneladas a tan solo 60 mil  toneladas. Este cereal es la base alimentaria global, por lo que su producción es crucial de cara a las condiciones del mercado mundial, los impactos climáticos a la producción, y los conflictos internacionales, que perfilan riesgos para el abastecimiento con el consecuente  peligro para la seguridad alimentaria de millones de personas. Para analizar los equilibrios necesarios del mercado más distorsionado del mundo, las desregulaciones y las necesarias medidas de protección en esta coyuntura conversaremos con el economista Víctor Umaña.

Son grupos organizados con un enorme poder logístico, operativo, comercial y con relaciones transnacionales, por tanto, con grandes impactos en las economías.   Pero al revisar su portafolio de bienes y servicios se encienden todas las alarmas. Entre ellos se encuentran el tráfico internacional de drogas, armas, contrabando, extorsión y minería ilegal.   Sus actividades se extienden de forma macabra al tráfico y trata de personas, asaltos y asesinatos. Otras operaciones las han logrado “blanquear” y son negocios legales surgidos desde la ilegalidad.   Las economías criminales son una realidad acerca de la cual hay que actuar con políticas públicas, no solo a lo interno de las naciones sino también internacionalmente, pues es necesario enfrentarlas dado el deterioro que causan a la institucionalidad democrática.   Aprovechando la presentación de un libro acerca de este candente tema, conversaremos con el Brigadier General de la reserva activa de la Policía Nacional de Colombia, Juan Carlos Buitrago y con Víctor Hugo Guerra, especialista en comercio ilícito para el continente y editor de la publicación.

Para poder tener una comprensión integral del diferendo entre el personal médico especializado y la jerarquía de la Caja Costarricense de Seguro Social, debemos acudir al bisturí fino, pues más allá de los desbalances salariales, los problemas de gestión también vulneran las demás condiciones laborales. Hay que auscultar, por tanto, las denuncias de persecución y acoso laboral que se han tornado en el pan de cada día, en el marco de un ambiente laboral pesado para los funcionarios y los mismos pacientes. En el trasfondo, también, prevalece una gestión de horarios que impide conciliar vida familiar, de descanso y muchas veces hasta entorpecer los estudios de posgrado; todo lo cual genera trastornos severos de ansiedad y estrés. Como se entiende entonces, la decisión gremial de no laborar horas extras desde el lunes pasado, va más allá de una pretensión salarial y obedece a la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales todas. En la segunda parte de nuestro abordaje sobre la problemática de los médicos especialistas, conversamos con las anestesiólogas, Thamy Meza y Jessica Sanjur.

El diagnóstico de lo que sucede, por la presión laboral de médicos especialistas con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, es complicado y requiere más que un simple tratamiento. Ganan mucho menos dinero de quienes trabajan para el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el sector privado. Por eso requieren del horario extraordinario. Los rangos de la diferencia, tras años de estudios, puede ser de más de ₡3 millones. No se ha solucionado esto desde la aplicación de la Ley de Empleo Público. Enfrentan problemas de gestión institucional, que se agravan con la salida de muchos especialistas. Tienen complicaciones para sus vacaciones, para participar en cursos avanzados de actualización y deben enfrentar los trastornos y enfermedades de una carga excesiva de trabajo, por unas listas de espera que han crecido exponencialmente en los últimos años. Este diferendo hay que conocerlo con mayor profundidad, ya que no solo ponen en riesgo al personal de salud, sino también a los pacientes que reciben sus servicios. Para abordar esta arista de la situación conversaremos con la anestesióloga, Thamy  Meza y con el cirujano plástico, Mario Quesada.

“Seguridad y jaque al narco”. Bajo esa promesa de campaña, el hoy presidente Rodrigo Chaves Robles, asumió los compromisos de seguridad ciudadana en su programa de gobierno. ¿Cuál es hoy la realidad?   Según las crudas estadísticas, el dominio del tablero lo está dando la más violenta ola de criminalidad de la historia de Costa Rica con 216 asesinatos al Miércoles Santo recién pasado. También, un clima promovido desde el Ejecutivo con el reiterativo guion de reparto de culpas a los otros poderes del Estado y, como si ello no fuera suficiente, la más drástica caída en decomisos de drogas de las últimas décadas.   La insistencia en remozar leyes y la colocación de escáneres van en camino con la aprobación de varias iniciativas en la Asamblea Legislativa y la donación anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de más dispositivos para colocar en puertos, aeropuertos y fronteras.   Pero todo se va quedando corto ante la realidad. Costa Rica, recordemos que lo dijo la embajadora estadounidense, Cynthia Téllez, es el principal re exportador de cocaína hacia Estados Unidos, Asia y Europa. Respecto de este último destino, son contundentes las incautaciones en puertos del viejo continente; tanto como la expansión de grupos asociados al narcotráfico en el territorio nacional.   De igual manera, se comienzan a hacer más evidentes -como señaló el experto de la organización Crime Sttopers, Alejo Campos- las rivalidades entre las fuerzas policiales, en el enfoque y las acciones para enfrentar el desafío nacional de este flagelo.   Seguimos profundizando en el tema con el especialista en seguridad e inteligencia policial, Álvaro Ramos Rechnitz.

Con el inicio de abril se conjuntan las fuerzas políticas en pos de obtener la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa. Y como suele suceder en política, este año tampoco nada está escrito en piedra y muchos intereses se mueven en torno al control para el manejo de la agenda, la designación de comisiones y la conducción del debate legislativo. Así que tras el receso de Semana Santa, viene una etapa de amarre de votos y negociaciones que comenzarán a perfilar el tono de la legislatura, en un año crucial para la administración Chaves Robles. Pero este arranque se verá matizado por una serie de conflictos sociales fuertes, tales como la de los especialistas médicos que no logran un acuerdo con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, otro de sectores del Magisterio Nacional con el gobierno por pagos pendientes y los reclamos por los desabastecimientos de agua potable. Para medir cómo calientan estos motores conversaremos con el politólogo Daniel Calvo.

Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo  y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente,  de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e  institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente  se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudará a dirimir una opinión consultiva que se le ha solicitado a ese órgano hemisférico precisamente para dar el siguiente paso en la incorporación del derecho al cuidado dentro de los Derechos Humanos. Para ampliar acerca de esto conversaremos con la especialista argentina, Laura Pautassi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

La Semana Santa es un tiempo que conjunta espiritualidad, reflexión, religiosidad, cultura y tradiciones, en una mezcla de manifestaciones que perduran en Costa Rica desde el siglo XVI. En los centros de concentración católica huele a incienso. En los hogares a chiverre. Los más apegados a sus tradiciones visten de morado, que es el color de la penitencia y se vive desde el más respeto de quienes lo celebran con absoluta devoción o de quienes aprovechan el caluroso verano para vacacionar. Las comunidades sacan lo mejor de su imaginería para procesionar y recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo, al punto que el Viernes Santo, desde abril del año 1895, se escucha la solemne marcha del Duelo de la Patria. Para repasar estas y otras particularidades de la Semana Mayor conversaremos con el historiador José María “Milo” Junco.

Mientras continúa el implacable y dramático éxodo de venezolanos por toda América y tras un cuarto de siglo de hegemonía chavista, el 2024 podría ser para Venezuela, uno de decisiones cruciales en lo político-electoral, lo económico y, como no, en lo geopolítico. Y es que el régimen cruzó líneas rojas pre acordadas con la comunidad internacional, al no haberse sustraído a la tentación de inhabilitar burdamente la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, quien en una jugada de alto perfil, cedió el viernes su nominación a la historiadora Corina Yoris para las elecciones inicialmente previstas el último domingo de julio. El chavismo madurismo tiene pánico de ir a unas elecciones verdaderamente libres y, lejos de detenerse, hará todo lo posible por burlarlas y “ganar” a las malas. Por otro lado, el colapso de la industria energética es gravísimo. La incorrecta administración de la estatal PVDSA ha destruido gran parte de su capacidad extractiva. Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo (260%) y con amplios sectores de la población cada vez más empobrecidos. La reeditada disputa (de enemigo externo) con Guyana sobre el territorio de 160 mil km² del Esequibo, rico en recursos naturales, escaló luego de haber instalado un asentamiento militar y haberle dado en el referéndum de diciembre pasado, tres meses a operadoras petroleras para salir de la zona. Para hacer repaso de uno de los procesos electorales más difíciles del ciclo latinoamericano conversamos con el ex embajador en ese país, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Costa Rica es un país privilegiado en su recurso hídrico. Contamos con 70 mil metros cúbicos de agua subterránea, declaramos el acceso y el saneamiento como un Derecho Humano y tenemos décadas de legislación e inversión para procurar agua potable para todos. Pero es un hecho que enfrentamos enormes desafíos en la gestión del líquido. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan esta situación: en el 2018, el 92,4 % de la población tenía acceso a agua potable, pero en el 2022 ese porcentaje disminuyó a un 89,5 %. El desabastecimiento, la poca protección de las fuentes y la paralización de inversión pública es evidente y urge un cambio de timón frente a esta grave situación que en los últimos tres años puso a Acueductos y Alcantarillados en una sequía institucional. Se estima que las generaciones futuras se enfrentarán a un déficit en la relación suministro demanda. Por eso es relevante reducir las fugas, controlar las fuentes de contaminación, atender infraestructuras e incidir en la planificación, entre otras tareas. Sin agua no hay vida, bienestar, progreso, crecimiento, desarrollo sostenible, paz y democracia. En el Día Mundial del Agua, dedicado este año precisamente al eje Agua para la Paz conversamos con las expertas Yamileth Astorga y Maureen Ballestero.

Hoy son los habitantes de Hatillo y San Juan de Dios de Desamparados. Días atrás los de Goicoechea, Tibás y Moravia cerrando calles y reclamando su derecho humano al agua. Hay desabastecimiento del líquido en muchas otras localidades a lo largo del país. Trece cámaras que representan sectores productivos alzan la voz, dado que el tipo de cambio excesivamente a la baja les deteriora la competitividad, la generación de empleo y la productividad. El sector agroalimentario uniendo esfuerzos para forzar la atención de las autoridades. Sindicatos del sector educación dando un ultimátum para que se cumpla el compromiso de pago por aumento del costo de vida y otros pluses pendientes. La población de Cartago llamando a una manifestación este viernes, para presionar por la adjudicación de la construcción del nuevo hospital para la provincia. La protesta social se ha ido incrementando y para entender este momento y sus posibles consecuencias, conversamos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

Este primer trimestre del año hemos pasado de frentes fríos a temperaturas históricas de 40 grados centígrados. Y ya nos ponen en alerta que aún no hemos terminado de vivir los impactos de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando los embates de La Niña nos pronostican una fuerte temporada de lluvias. La información y los datos que emanan acerca de la variabilidad y el cambio climático deben servir para consolidar políticas públicas que ayuden a generar más conocimiento climático, al servicio del gobierno y sus instituciones, las municipalidades, los sectores productivos y por supuesto, la ciudadanía. Hablamos de determinantes decisiones en salud, en la producción agroalimentaria, en la prevención y en las acciones integrales de resiliencia y adaptación climática. Para pasar de los datos a la acción, el Instituto Meteorológico Nacional lanza un ambicioso proyecto denominado Proyectiva. Ampliamos acerca de estos cambios y acciones con los meteorólogos Karina Hernández y Juan Diego Naranjo.

Costa Rica es una economía abierta que tiene en el turismo, la atracción de inversión extranjera directa y el sector privado exportador, sus motores más potentes. Todos en relación directa con el precio del dólar. Desde hace décadas somos líderes regionales en exportaciones. Con datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el año 2023 cerró con un crecimiento de 15,5 % en las exportaciones, logrando $2.452 millones más que en el año 2022, alcanzando la cifra de $18.244 millones. Solo este sector colocó en el exterior más de 2.500 productos costarricenses en 150 destinos y sostiene el empleo de 690 mil personas. Al tercer trimestre del año 2023, con registros del Banco Central, se determinó ya monto acumulado de inversión extranjera directa (IED) por $2.691 millones, lo que corresponde al 90 % de la meta estimada para ese año. La caída del precio de dólar sin duda tiene fuertes repercusiones en nuestra competitividad y el deterioro de estas áreas del desarrollo, lo que impacta en el tejido total de la economía, que se suma a la más baja inversión social en años, en educación, salud, vivienda, obra pública vial y otras en la prestación de servicios. ¿Hacia adonde nos lleva este peligroso cóctel, que gestiona la administración Chaves Robles? Para discutir estas derivas conversamos con el Dr. Roberto Artavia.

La espiral de violencia y asesinatos que conlleva la actividad del crimen organizado siguió creciendo en el país durante este primer trimestre del año. Los datos de la primera quincena de marzo reportan dos homicidios violentos por día de lunes a jueves, que se incrementan a tres o cuatro, los fines de semana. Cargamentos con drogas siguen saliendo de los puertos costarricenses, en tanto las incautaciones continuaron bajando de 23 mil kilos en 2022 a 15.860 en el año 2023. Las bandas criminales josefinas (en localidades como María Reina y Sagrada Familia), así como otras en Limón y Puntarenas, ostentan armas de grueso calibre y ejecutan refriegas a cualquier hora del día. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, anuncia que durante este año se incorporarán mil efectivos policiales, cuando especialistas indican que debemos pasar de 13,000 a 21,000. El panorama no pinta nada bien. Hacemos repaso de la problemática con el experto en materia de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Rechnitz.

Esta semana no solo termina anunciando los fuertes calores que se avecinan. Los acontecimientos políticos también aumentaron significativamente las temperaturas. Las profundas ramificaciones que va tomando el tema del decreto de emergencia forzado que justificó los ₡21.800 millones para reparar la pista del aeropuerto de Guanacaste. Los dimes y diretes del presidente Rodrigo Chaves, y del exministro Luis Amador, quien se autoexilia para protegerse -dijo- “de los tentáculos del mal”, las evasivas explicaciones de Alejandro Picado, presidente de la Comisión de Emergencias y las reveladoras declaraciones del representante de Meco, empresa siempre en el ojo de huracanes. El sector agroalimentario sumando esfuerzos para enfrentar la crisis estructural que viven y amenaza la vida de familias productoras y de la economía. La amenaza de un apagón en frecuencias de radio y televisión que hizo el mandatario y afectaría a medios de comunicación. La rápida salida de la ministra, Paola Bogantes para anunciar que en Semana Santa harán un anuncio sobre el tema. Todos son temas que tendrán amplificación en la Asamblea Legislativa, en donde el clima se calienta ante las negociaciones para la conformación del nuevo directorio, hoy marcadas por las denuncias de intromisión del gobernante para que Repretel separara a la diputada Vanesa Castro, como asesora legal externa de Repretel, tras 18 años de acompañamiento a ese conglomerado mediático. Precisamente con la diputada Castro conversamos para calibrar estos temas.

En tan solo 17 meses de gestión (de julio 2022 a diciembre 2023) la administración Chaves Robles emitió 6 decretos de emergencias. Desde los ciberataques, pasando por los impactos del huracán Julia, la tormenta Bonnie, ondas tropicales, la contaminación de agua con mercurio y hasta los flujos migratorios. De acuerdo con la información de los Planes Generales de Emergencias correspondientes con esos decretos, el costo total de las inversiones asciende a ₡210 mil millones, a los que se suman ₡21.800 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, obra que se incluyó un año después de emitido el decreto sobre Bonnie y cuya adjudicación provocó este martes la caída de Luis Amador, el polémico y hasta entonces poderoso jerarca del Mopt. Pero a esta situación particular, hay que añadirle dos hechos financieros no menores. El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito abierto por $700 millones con el BCIE, para atender unas 500 obras dañadas por efectos de emergencias y la semana pasada el Banco Mundial anunció la aprobación de otro crédito por $350 millones para “infraestructuras, servicios resilientes al clima y desastres en Costa Rica”. Son muchísimos recursos para gestionar bajo la amplitud de la ley de emergencias, que proporciona trámites y controles más expeditos y una verificación solo a posteriori de la Contraloría General de la República. Ya hemos vivido oscuros episodios de abusos e irregularidades en esta materia, por lo que se hace necesario poner en evidencia los peligros que entraña el abuso de esta figura para contratar por vía de emergencia, lo que muchas veces correspondería rigurosamente hablando con construcción ordinaria. Para conocer más detalles de cómo regular esta situación, conversamos con la ex presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanesa Rosales.

Los impactos del vendaval desatado por el presidente Rodrigo Chaves al despedir a Luis Amador, su ministro icónico, no se ajustan a otras muchas tramas de thriller político de “muerte anunciada”. No. Esta vez la sorpresa fue total. Tampoco hubo filtraciones horas antes, aunque sí una señal muy “extraña” el viernes con la apertura anticipada por parte del mandatario de los puentes temporales del Bajo Los Ledezma que Amador había anunciado para el lunes. En la corta de cabezas cayó también el Director de Aviación Civil, Fernando Naranjo. Ambos destituidos, por cierto, de viaje oficial en Canadá mientras el anuncio se daba. Todo apunta a que hay mucha tela que cortar tras la adjudicación del arreglo de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, justificado en un decreto de emergencia, cuando el presidente Chaves denuncia ante el país (sin denunciar al Ministerio Público, al menos hasta ahora) que los términos de referencia habrían sido diseñados para favorecer a la constructora Meco, por sobre el Consorcio Pedregal. Lo que calificó como un error que costó la bicoca de $2 millones. Como sea, Amador, el ahora exministro que se mencionaba desde hace meses como el posible candidato y heredero del chavismo, cayó en desgracia. Este mismo martes fue sustituido por el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, quien deberá hacer frente a la construcción de obra pública, cuando los datos muestran una reducción de los presupuestos, varias obras estratégicas detenidas y mucha urgencia por la reactivación del sector. Para hacer un primer acercamiento del sismo en el Mopt, conversamos con el politólogo Gustavo Araya y con el presidente de la junta directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas.

Como una verdadera calamidad económica. Así califican los agricultores costarricenses su situación actual. No sorprende. Parece esa ser la constante de la agricultura en muchas áreas del planeta. Pero esta es nuestra realidad y también nuestro desafío. Para buscar soluciones urgentes un grupo de ex jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se manifestaron con el afán de entrarle a asuntos álgidos como la importación de productos como el arroz, cuyo precio no ha bajado significativamente a favor de los consumidores, pero sí ha colocado a los productores del grano en una delicada situación. Otro tanto sucede con la no disminución del precio de los insumos; un contrasentido si tomamos en cuenta la caída sostenida en el precio del dólar. Un tema sensible es el acompañamiento ante los graves impactos a la producción por eventos extremos meteorológicos. El sector se apalanca en este grupo de exfuncionarios para llamar la atención del presidente Rodrigo Chaves y del ministro del ramo, Víctor Carvajal, con miras a resolver problemas, mejorar los precios a los consumidores y atender las condiciones adversas que atraviesan. Para ampliar acerca del tema conversaremos con los exministros Juan Rafael Lizano y Luis Felipe Arauz.

A propósito de la urgencia de remozar la legislación electoral, ya manifiesta desde hace años, pero confirmada por las irregularidades del informe de financiamiento de la última campaña, los diputados aprovecharon para avanzar con velocidad inusitada la modificación que pretende retroceder, muy convenientemente, las elecciones municipales con las nacionales. Pero alto… Hace un año, en marzo del 2023 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó cuatro proyectos de reforma electoral en relación con la disminución de la contribución estatal a las justas y, de paso, incluir el financiamiento a las municipales y ampliar el anticipo que se da a los partidos políticos; además de un adicional para mejorar la representación partidaria y una reforma más para regular las nuevas formas de propaganda política. Para repasar por donde transitan estas reformas conversaremos con el Director de Estrategia y Comunicación Política del TSE, Gustavo Román Jacobo.

¿Qué tiene que ver el maltrato a la inversión social con el Día Internacional de la Mujer? Pues en todo. Resulta que el desarrollo y la consolidación del Estado Social de Derecho se expande mucho más cuando son las mujeres las que, con su visión y su acción, deciden en torno a la inversión social, para beneficiar los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Así lo demuestran los resultados de un estudio realizado recientemente en siete países de América Latina, incluido Costa Rica. Y precisamente en nuestro caso, el asunto es de suyo significativo, dada la arremetida de la política fiscalista. Cuando esto sucede, las cargas para sostener el bienestar de las familias recaen con mucho mayor peso en las mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones adversas para sostener la ausencia o el debilitamiento de la institucionalidad, como está ocurriendo hoy. En este 8 de marzo, la experta en desarrollo social latinoamericano, Juliana Martínez, nos convoca a buscar respuestas a preguntas tales como: ¿es qué acaso las mujeres somos genéticamente buenas? ¿Cómo es que la inversión social se relaciona con el bienestar y la igualdad de las mujeres? Para poner foco en ello conversamos con la Dra. Martínez Franzoni.

La complejidad de la ola de violencia y criminalidad que enfrenta Costa Rica debe abordarse de manera integral, no desde la retórica que evade responsabilidades, sino desde una política sólida y anclada en decisiones acertadas.   No se puede atender esta grave situación, que nos involucra a todos, con los mismos policías, investigadores y una estructura judicial que antes atendía una situación muy diferente a la actual.   Tampoco se puede enfrentar sin una política pública, sólida y con recursos económicos, que de manera contundente brinde y consolide oportunidades en educación, empleo, formación a jóvenes y mujeres; así como programas permanentes de prevención de la violencia y atención a las víctimas.   En síntesis, lo que ha planteado la expresidenta Laura Chinchilla, desde su trayectoria y expertiz en la materia. Con ella ampliaremos en nuestro Hablando Claro.

Costa Rica tiene de frente un desafío demográfico que nos advierte que la población del país no llegará a 6 millones de habitantes. Esto nos debe hacer replantear, desde ya, una serie de importantes decisiones de políticas públicas. Esta situación se debe a dos posibles escenarios del futuro cercano: el primero es que de continuar la ultra baja fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer (ya alcanzada entre los años 2021 y 2023), la población comenzará a decrecer en una década; el otro es que las mujeres están retrasando la maternidad a una edad promedio de 31 años, lo que implicará un inevitable decrecimiento, en 25 años. Estos cálculos fueron presentados por el experto demógrafo Luis Rosero Bixby en el Simposio Tendencias de la Fecundidad en Costa Rica. La baja fecundidad es un indicador de desarrollo, ya que determina que las mujeres puedan estudiar, trabajar y tener autonomía, pero implica tomar decisiones con relación a cómo mejorar la calidad de la inversión y de los servicios públicos, al disminuir la cantidad de personas. Uno de los mayores será el las pensiones, ya que con base en estos datos se considera que el sistema Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social entrará en estado crítico en el 2035, cuando tres personas en edad productiva tendrán que soportar un pensionado, mientras que en el 2075 habrá un trabajador activo por cada persona en edad de pensionarse. Para seguir colocando este tema en la agenda de temas de interés conversamos con la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya.

Es cierto. Costa Rica tiene una larga trayectoria en normativa para la consolidación de los derechos de las mujeres, pero una de las deudas urgentes de saldar, es sin duda, la de la violencia estructural. Desde 1984, con la aprobación nacional de la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación” podemos sumar una cantidad importante de legislación, pero ello es aún insuficiente. Este enorme esfuerzo de colectivos, políticas e instituciones son un avance que choca contra la realidad cuando los datos procesados del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Observatorio de la violencia contra las mujeres, registraron 20 femicidios, 7.537 personas imputadas por violencia contra mujeres y 544 violaciones sexuales; de las cuales, tres de cada diez fueron contra menores de 20 años. Las causas múltiples de los delitos contra esta población se mantienen y van incorporando nuevas perspectivas acerca de las cuales debemos conocer y analizar, como es el caso de las mujeres migrantes que atraviesan nuestro país o las nacionales que deben migrar de un lugar a otro del territorio para buscar mejores condiciones de vida. La perspectiva de género, para garantizar derechos fundamentales, es un ejercicio siempre necesario, para lo cual conversaremos con las investigadoras de la Universidad Nacional, Sileny Mena Gómez y María Amalia Penabad.

Son la mitad de la población nacional, pero no llegan a ocupar ni 900 mil espacios laborales formales. Las mujeres siguen teniendo las más altas tasas de desocupación y de desempleo y 400 mil de ellas viven en la informalidad para poder subsistir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe 2023, enfatizó nuevamente nuestras falencias en políticas públicas para procurar mejores condiciones para ellas. Como sabemos, son las responsables de las tareas del cuido familiar sin remuneración, y nuestro Estado no ha sido capaz de proporcionarles mejoras en la provisión de redes de asistencia para potenciar sus capacidades. Por esta y otras circunstancias les es más complicado completar su educación. Falta además, por supuesto, reforzar un programa que impulse de manera sistémica su incorporación a carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las que tienen una alta demanda y mejores remuneraciones en el mercado laboral. Otros desafíos por resolver hunden raíces en la inequidad que enfrentan, pues más del 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral, y aun así, muchas de ellas llevan el pesado fardo de la responsabilidad total de la manutención de sus familias. Para arrancar la semana que nos convoca a reflexionar y analizar la situación de las niñas, jóvenes y mujeres, conversamos con la experta en materia social y ex vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.

Dicho sin ambages: hay un proceso de debilitamiento severo (desmantelamiento) de la inversión social por parte de la administración Chaves Robles. Así lo estableció un numeroso grupo de legisladores que denunció al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante la Contraloría General de la República por incumplir con las transferencias que debe hacer al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por toda respuesta, Acosta se mantiene en su mantra: “no hay plata”, como tampoco la hay para cumplir con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación pública o con el pago de la onerosa deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La lista de adeudos se amplía, entre otros, con la reducida inversión en vivienda y la paralización de proyectos importantes en agua y saneamiento. Para poner foco en el tema y conocer qué acciones políticas deben acompañar a la ciudadanía ante estos hechos, conversamos con las diputadas Kattia Cambronero del Liberal Progresista y Rocío Alfaro del Frente Amplio.

Las imágenes siempre dicen más que las palabras. La saturación de pacientes en condiciones indignas de hacinamiento y sin atención oportuna desbordan, desde hace meses ya, las salas de emergencias de cantidad de hospitales del país. Para muestra, el San Vicente de Paul en Heredia con un 191 % de ocupación, el San Francisco de Asís en Grecia con 160 %, el San Rafael de Alajuela con 143 %, según determinó un estudio de la Gerencia Médica de la CCSS. Pero circunstancias similares se experimentan en San Carlos y otros centros médicos. Tal situación no se produjo de un día para otro, pero está claro que ahora se ha tornado insostenible y obligó a la Junta Directiva a declarar el martes “emergencia institucional”. Así, durante los próximos seis meses se agilizará la dotación de personal, equipos, espacios y todas las estrategias necesarias para aliviar la situación y los impactos directos en la salud de las personas. Pero como era de esperar, la polémica se coló en la emergencia: la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin proporcionar fuentes ni documentos, aseguró que 7 de cada 10 personas que saturan los servicios de emergencias ¡no deberían estar allí! La CCSS sigue padeciendo una crisis sobre otra y ello obliga a mantener el dedo puesto en el renglón. Conversamos con Lenín Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines y con Deivis Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social.

Las personas de 65 años y más son hoy el 10% de la población total del país, 526.135 en total. ¿Qué condiciones esenciales de seguridad social les estamos ofreciendo? La profunda radiografía que nos ofrece el Tercer Informe de Personas Adultas Mayores, elaborado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, (ambos de la UCR) nos aporta resultados que no nos hacen ver muy bien. En 8 años los datos de abandono o víctimas de prácticas negligentes en los hospitales aumentó, igual se disparó la duración del tiempo de estancia en una cama hospitalaria, con las implicaciones que esto tiene en la salud emocional. Otras revelaciones tampoco pueden pasar inadvertidas: el aumento en las causas de muertes, el crecimiento de los diagnósticos de enfermedades del sistema circulatorio y el envejecimiento acelerado, son circunstancias que requieren de una atención integral, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Si a esto le añadimos pobreza, abandono (declarado delito desde el año 2020) y malnutrición, el panorama reclama urgente abordaje integral. Para esto conversaremos con el Dr. Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, y con Agustín Gómez, del Observatorio del Desarrollo.

El próximo año, el país registrará la menor inversión social en bonos de vivienda del último cuarto de siglo. Solo 10.286 familias podrán acceder al bono. Esto implica también una disminución para todos los demás grupos beneficiarios: jefas de hogar, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Tal es el fardo de los recortes en la inversión social, misma que se registra en el año en curso, en el que ni siquiera el sistema recibió una inyección adicional de 10 mil millones de colones, pese a que fue aprobada por el Congreso y avalada por el mismo Poder Ejecutivo. Un contrasentido del Ministerio de Hacienda que si bien no habría resuelto el déficit de entrega de bonos, al menos habría movido un poquito la aguja de la construcción de viviendas de interés social en el país. La información se desprende del estudio de la “Situación actual del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SFNV) y perspectivas para la construcción en el 2024”, de la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi). Para conocer más detalles conversamos con Guillermo Alvarado, presidente de la Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y con Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

A dos años de la invasión rusa a Ucrania, el balance es desalentador y el escepticismo acerca de la solución final, prevalece. Moscú, asediada por los embargos comerciales y económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, permanece firme en su determinación de mostrarse como una potencia en expansión territorial, con capacidad militar y poco o ningún escrúpulo respecto de los derechos humanos, lo que incluye, naturalmente, la represión a los propios opositores que, como Alexei Navalny, les representan un peligro a sus afanes de permanencia en el poder. Ucrania, por su parte, sigue resistiendo, buscando ayuda internacional para adquirir armas, equipo militar y fortalecer sus defensas. Sin estas ayudas se enfrenta a la amenaza de no poder mantener su esfuerzo bélico, ni sostener su economía maltrecha. En el marco de fondo, cientos de miles de personas muertas, 6 millones de personas desplazadas, infraestructura destruida y las implicaciones globales del conflicto. Para analizar cómo será el tercer año de esta guerra conversamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.

Concluye esta semana de labor legislativa con tres temas, que aunque no son artefactos nucleares, sí generan ondas expansivas en el debate público. En la comisión que atiende los asuntos de Cartago explotaron los nuevos argumentos del gobierno en contra de la necesidad de superar, ya una discusión que se torna estéril, sobre la urgencia de construir el nuevo hospital de la provincia. Por otra parte, con la velocidad de un rayo, la comisión que analiza reformas electorales dictaminó afirmativamente una propuesta del Partido Unidad que uniría las elecciones nacionales y municipales. Falta mucho camino de trámite aún, pero hay que poner mucha atención en la antojadiza iniciativa. Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, amenazó la semana pasada con que Nueva República no votaría ningún proyecto de ley, si la mayoría llegara a avalar la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual, que desde el año 2018 presentó el Frente Amplio. Para poner en perspectiva estos debates, conversamos con el frenteamplista Antonio Ortega.

La crisis del sistema de partidos políticos en Costa Rica se viene fraguando desde hace ya un cuarto de siglo. Ese proceso ha impactado fuertemente, y cada vez más, en la credibilidad de la ciudadanía hacia sus instituciones y en el consecuente desencanto hacia la democracia y -previsiblemente como en otras democracias- en apuestas arriesgadas a narrativas populistas que le permiten a personajes con discursos altisonantes y salvadores llegar al poder. Se trata de un fenómeno que se debe analizar desde una muy compleja multi causalidad. No se había enfriado el proceso de escogencia de las nuevas autoridades municipales, mucho menos analizados los resultados mediante estudios más profundos, cuando el secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, propuso una coalición. Pocos días después, en una entrevista con el diario La Nación, el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti hizo un llamado similar. De inmediato las repercusiones afloraron entre recriminaciones, quejas, señalamientos y descalificaciones. ¿Fueron muy tempranos e inoportunos estos llamados? ¿Es primero un anuncio al calor de victorias no contundentes y derrotas que se intentan disimular o una agenda programática sobre la cual cimentar un proyecto político de amplio espectro? Para repasar esta coyuntura conversamos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

Ahora resulta que -si los nuevos planes en ciernes salen bien- la postergadísima ampliación de la carretera San José San Ramón, estaría lista en el 2030. No es una broma de mal gusto. Es la realidad. Hacer una carretera en el país es un suplicio y aunque hay varios ejemplos a la vista, los ciudadanos de occidente, tanto como los sancarleños, pueden dar fe de ello. En Costa Rica las obras tardan cuatro o hasta cinco décadas. Lo de San Ramón es un tormento porque tras la ruptura del contrato de concesión de la obra, allá en la Administración Chinchilla Miranda (casi todos nos acordamos de aquello) costó tamaño tiempo armar el fideicomiso con el BCR aprobar la ley correspondiente y echar a andar la nueva criatura en los gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada. Se hicieron varias de las llamadas obis (obras impostergables) y ahí estábamos cuando la nueva administración Chaves Robles decidió pegarle una pedrada al panal y ¡vuelta para atrás! Ahora se anuncia que tras romper relaciones con el Fideicomiso del BCR, el CONAVI va a otro fideicomiso para el proyecto ¡otro! La diputada liberacionista, Montserrat Ruiz, estima que es suficiente ya de ocurrencias y sabotajes y que es hora de exigir transparencia en las resoluciones que se persiguen e insiste en que la obra posible es justamente la que estaba llevando a cabo el Fideicomiso BCR que lamentablemente terminará en diciembre próximo para empezar un nuevo (y también de seguro) tortuoso camino. Conversamos con la legisladora de occidente Montserrat Ruiz.

Después de semanas de silencio, el Banco Central de Costa Rica, salió al paso de las especulaciones en torno a los orígenes de transacciones en dólares no especificados en el sistema bancario. Si bien no existe evidencia, afirmó su Gerente General, de que haya flujos ilícitos de capitales, como se ha señalado insistentemente por parte de varios economistas, lo cierto es que el Central admite que en el muy comentado rubro de “Otros” hay categorizaciones inadecuadas e imprecisas respecto de los movimientos de compras y ventas en dólares. Precisamente en “Otros” se acumula el 48 % del origen y el 45 % del destino de las operaciones en esa moneda. Para esclarecer el tópico habrá que esperar hasta abril, cuando dé frutos el requerimiento de identificación precisa solicitado a los bancos. Mientras tanto, la Superintendencia de Entidades Financieras sigue controlando todos los flujos. Para ahondar en lo que sucede y analizar lo expuesto por el ente responsable de la política cambiaria y monetaria del país conversamos con el economista, José Luis Arce.

Como el cangrejo: un paso adelante y dos para atrás. Iniciando este gobierno se detuvieron varios avances en proyectos neurálgicos de infraestructura. Primero paralizaron la modernización ferroviaria. A falta de proyecto alternativo, como medida paliativa para enfrentar la mega congestión vehicular, este lunes Ferrocarriles duplicará el traslado de pasajeros de 3.600 a 7.200 de Alajuela a San José; y una semana después a 10.800. No se han vuelto a hacer inversiones en compra de trenes, con lo cual no ha aumentado la cantidad de las unidades que prestan servicios. No hay nuevas estaciones, ni ramales. Y tenemos un trazado de líneas que no se han cambiado. ¿Será esto posible en las condiciones actuales del Incofer? ¿Qué pasó con el Tren Eléctrico Metropolitano, que complementaría el transporte público de personas? ¿En qué fase está el Tren Eléctrico de Carga (TELCA), que descongestionaría las vías de la Gran Área Metropolitana por las que transitan hoy decenas -si no centenares- de furgones? Para conocer al respecto conversamos con el expresidente del Incofer, Mario Arce.

Son historias reales. Son las experiencias de cientos de miles de ciudadanos que padecen la megacongestión vial que vivimos estos días y que van más allá de la paciencia que piden las autoridades a cargo. Quienes viven en los cantones de San Ramón, Palmares, Sarchí, Grecia, Naranjo y más allá, deben sortear las presas de la interconexión que se construye para dar acceso a la zona franca Evolution, luego, las del arreglo de la radial y de otro puente modular en Alajuela hasta llegar al colapso por el cierre de Los Ledezma. Algunos duran más de 4 horas en llegar a San José y viceversa. Quienes vienen en Turrialba, Paraíso, Cartago y más allá, deben superar la presa del intercambio Taras-La Lima, luego, el congestionamiento de la Florencio del Castillo, si salen por Curridabat presa, si salen por San Pedro, deben sortear los cambios viales por La Galera. A veces 3 horas para llegar a San José e igual de regreso. Si vienen de cantones de Heredia, La Uruca, Pavas, Escazú, Hatillos o Alajuelita, meterse en el colapso es lo único que les queda. Para entender este nudo gordiano en el que vivimos (penamos) hoy, conversamos con el economista y especialista en temas de infraestructura, Federico Villalobos.

Es lo mismo desde hace más de un año: el dólar a la baja y el colón apreciándose. La diferencia es que ahora ya las consecuencias están ahí. A los sectores exportadores y turísticos (primeros en advertir de la situación) se unieron ya ganaderos, piñeros, cafetaleros y otros. La Corporación Ganadera argumenta competencia desleal, dado que los comerciantes prefieren importar carne, antes que comprarla a los productores nacionales. Standard Fruit Company, una de las grandes empresas empleadoras, cerró dos fincas y despidió a 111 personas alegando la política cambiaria del Banco Central. El Instituto del Café de Costa Rica indicó afectación de 26 mil productores, quienes reciben menos de ₡19 mil por fanega por la misma situación. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña solicitó la versión correcta del exceso de dólares y pidió al ente emisor explicaciones con documentos del ingreso de $1.708 millones que se colocan en la sección de otros, en el cuadro con los principales flujos de divisas negociables en ventanilla. Otra alarma se encendió en una actividad de análisis de coyuntura fiscal y de política monetaria, con la presencia del ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. En este acto, Sylvia Saborío, de CONASSIF dijo que no es suficiente simplemente decir que el exceso de dólares es por aumento de visitas turísticas e inversiones extranjeras, ya que “podría haber otras transferencias que incluyan transacciones ilícitas difíciles de detectar, que no se han podido estimar, pero podrían resultar cuantiosas. No podemos evadirlo porque tenemos los muertos para probarlo”. Para lograr entender qué está pasando conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

Lo de Donald Trump puede ser cualquier cosa, menos los escrúpulos. Un día sí y el otro también lanza explosivas declaraciones, para mantener su agitadora estrategia electoral. En ese arsenal de provocaciones, desinformación y bravuconadas, provocó temor en Europa cuando el sábado sugirió que alentaría a Rusia a hacer "lo que diablos quiera" con cualquier miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no gaste al menos el 2% de su presupuesto en ese grupo comunitario de defensa. Calculadamente, esto lo dice, cuando se está a pocos días de que la guerra entre Ucrania y Rusia cumpla dos años y en medio de un complejo debate en el Congreso estadounidense que persigue la aprobación de un grueso paquete de ayuda económica por $95 mil millones, de los cuales $60 mil millones serían para Kiev. Fuera de toda sensibilidad, sus palabras dejan en riesgo la seguridad de los soldados en campo. El exmandatario lo mismo aprovecha sus incendiarios mítines como las convocatorias judiciales, para calificar como un complot urdido por “el corrupto” presidente Joe Biden los cargos federales y estatales que está enfrentando. Tampoco desistirá, cada vez que le venga en gana, reiterar su oferta de lanzar el mayor esfuerzo de deportación en la historia estadounidense, cuyo objetivo es expulsar a millones de personas que viven sin regularización, mediante grandes redadas, como lo reportó en noviembre pasado The New York Times. Para dimensionar el peligro de las maniobras electorales de Donald, conversamos mañana a las 8 a.m. con el relacionista internacional Carlos Murillo Zamora.

La radiografía posterior y detallada del reciente proceso electoral municipal da pie a una hipótesis plausible: si el 97 % de los abstencionistas fueron en su día adherentes o simpatizantes del Partido Liberación Nacional, el PLN no solo arrastra su propia debacle electoral, sino también gran parte de la desafección y la apatía en la adhesión a las urnas. Es una hipótesis que merece más estudio, pero que no es descabellada cuando una empresa sería como la consultora Deepn, nos muestra muchos de los huesos rotos de la radiografía. Los datos duros comparando la elección del 2020 con la del primer domingo de este febrero, nos dicen que los verdiblancos perdieron 110 mil votos y 14 alcaldías. En parte a merced de ello, la Unidad Social Cristiana logró ganar cinco alcaldías más (20 en total), pero sin crecimiento alguno (de hecho con 42 votos menos que hace 4 años). Esto demuestra la perdida de poder del bipartidismo, aunque en el caso del PUSC la tracción que perdió en la zona urbana la recuperó en las periferias. Los otros partidos nacionales crecen en votación en Alajuela, Limón y Heredia. Un total de 41 alcaldías (82 en el 2024) cambian de partido político. 23 personas logran reelegirse, mientras que 25 no lo logran. En 21 cantones se mantiene en el poder el mismo partido. Los datos reveladores del abstencionismo a nivel nacional son contundentes: los que menos votos recibieron fueron los cantones centrales de San José con un 73 %, Heredia con 69 % y Limón con 68 %. Mientras que en Liberia se escogió con la menor participación, apenas un 5% de los votantes, Monteverde, dio muestras de entusiasmo porque logró llevar al 42 % de los ciudadanos a las urnas, acaso por tratarse de la primera vez que se reflejaban como cantón. Para seguir diseccionando esta elección conversamos con el investigador y analista Mario Quirós.

América Latina, es un territorio dinamitado por la polarización social y la insatisfacción creciente de la ciudadanía para con la democracia. Un rápido repaso nos calibra la alta temperatura: La autoridad electoral de El Salvador aún no ha dado los resultados oficiales del proceso de una semana atrás y, al parecer, no importa: los artilugios de la ceremonia en que Nayib Bukele celebró su reelección inconstitucional, dejaron de lado el “mero formalismo” de unos resultados confiables, creíbles y transparentes. En Panamá, la novela deja atrás la imaginación de García Márquez. El expresidente Ricardo Martinelli sigue refugiado en la embajada de Nicaragua, para intentar salvarse de ir a cárcel por corrupto. El presidente Milei presiona en Argentina a quienes adversan los excesos de su “ley ómnibus” y la discusión pública llega a los extremos. Nada sorpresivo. De igual manera, diversos asuntos en Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Brasil mantienen caliente la región. El único respiro temporal fue la unión mostrada en el sepelio oficial del ex gobernante chileno Sebastián Piñera, que nos permitió un respiro de respeto y adhesión a los valores de la institucionalidad democrática. Para ahondar en estas líneas, conversamos con el politólogo, Sergio Araya.

Cuatro meses después de su inicio, la guerra entre Israel y Hamas, en la devastada franja de Gaza, sigue provocando implicaciones en toda la región de Medio Oriente e inevitablemente las tendrá en el cada vez más inminente y mundialmente decisivo torneo electoral estadounidense, el primer martes de noviembre.   Por ahora el conflicto está signado por el fracaso. No hay tregua. Por un lado, las ambiciosas exigencias del grupo terrorista, por otro, los reclamos de sectores israelíes para seguir actuando con fuerza y agilizar la entrega de rehenes, complican las vías de negociación.   Y en ese tablero, juega el Secretario Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que sigue moviéndose de un escenario al otro en busca de las líneas que restablezcan un muy precario equilibrio que hoy parece imposible.   Pero no encontrar un acuerdo, no es una opción para la Administración Biden, que por un lado busca el cese al fuego en Gaza, pero por otro, quedó obligado a la retaliación contra la milicia pro iraní que la semana tras anterior mató a tres soldados estadounidenses e hirió a otros 40 en un ataque con dron en Jordania. La represalia se ejecutó en Irak y cobró la vida de uno de los líderes de la milicia pro iraní Kataib Hezbollah, aunque también continúan las acciones bélicas contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.   Es mucho lo que está sucediendo y por ello conversamos con el especialista en Relaciones Internacionales, Carlos Cascante.

Con 34 años de edad, de los cuales ocho ha estado vinculado al quehacer municipal, el nuevo alcalde de San José asumirá el cargo en mayo, siendo sin duda el político más sobresaliente del recién concluido proceso de elecciones territoriales del país. Muy joven sí, pero con bastísima experiencia, conoce todos los laberintos y rincones del municipio costarricense más poderoso. Y cómo no: en su camino ha tenido que enfrentarse a la férrea estructura que en tres décadas construyó Johnny Araya, como amo y señor de ese feudo. En ese transitar, por cierto, también dejó al Frente Amplio, su casa política de origen y fundó Juntos por San José, la divisa que el domingo sorprendió a unos y otros, al alzarse con la victoria. Para gobernar los 11 distritos del cantón capitalino cuenta con un presupuesto de ₡73 mil millones y un amplio programa de gobierno con el que se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de los más de 350 mil habitantes de la capital, anclado en el compromiso con la democracia, la lucha contra la corrupción y la solidaridad, como banderas para mejorar la planificación urbana y la protección del ambiente. Para conocer cómo pretende pasar de los planes a la acción -y si se lo permitirán las fuerzas opositoras internas- Diego Miranda, el electo alcalde capitalino que logró derrotar el mito de la invencibilidad de Johnny Araya y el PLN, nos acompaña en Hablando Claro.

Cumplir 17 años aportando nuestro grano de arena al fortalecimiento de la libertad de expresión, del acceso a la información y a la deliberación democrática para la formación de opinión pública, nos genera una inmensa satisfacción y también, como no, un profundo sentimiento de gratitud para con nuestros oyentes, invitados siempre calificados, auspiciadores y nuestra casa, Radio Columbia. También ha sido un eje de enfoque temático prioritario para Hablando Claro, la autocrítica del ejercicio periodístico y con ello, el desafío de hacer periodismo informativo y de opinión en tiempos tan vertiginosos de dinámicas transformadoras de la comunicación, como la desinformación en todas sus manifestaciones. La desinformación ocupa el primer puesto entre los riesgos más severos a corto plazo que podrían afectar negativamente la convivencia social, la economía, la democracia y a la población a nivel global. La multiplicación inmediata de noticias falsas y la extendida manipulación de la verdad son sin duda alguna una amenaza a la estabilidad política y social, tal como lo acaba de establecer el Informe de los Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial. Es tan grave la advertencia que la coloca en el primer lugar, antes de los impactos de las guerras, el cambio climático y otros peligros. Modernos sistemas surgidos de la innovación y la tecnología, como las plataformas digitales y la inteligencia artificial, amplían el alcance, la eficacia y la difusión de este tipo de noticias, informaciones, videos y cualquier formato con capacidad de llegar a públicos muy segmentados. Como si fuera poco, vivimos en tiempos de ciber inseguridad. Para poner el tema en perspectiva en este nuestro 17 Aniversario, conversamos con la presidenta del Colegio de Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera y con el periodista David Bolaños, del proyecto de verificación de noticias falsas Doble Check de la UCR.

Para unos, la euforia del triunfo. Para otros, el trago amargo de la derrota. Es la ecuación final del juego democrático que nos permite, desde la vitrina del análisis, hacer balance de un proceso municipal marcado por el ausentismo, lo que equivale a apatía, desidia, desinterés... Los malos resultados para el Partido Liberación Nacional, el plantón de realidad para el Frente Amplio, el lentísimo avance para Nueva República, las ilusiones (cuales luces que encandilan) para el partido Unidad Social Cristiana y el más joven Unidos Podemos; las rupturas de las coaliciones y la desaparición del PAC de los espacios de representación, son resultados que convocan a modificaciones profundas de las fuerzas electorales. Y si a ello sumamos, la polarización, el odio, la desinformación y, a la vuelta de la esquina, los estragos de la inteligencia artificial, estamos ante un peligroso coctel para sostener el apego a la democracia y su institucionalidad. Para muestra el gran botón salvadoreño. Borrados del mapa la separación de los poderes, sin siquiera necesidad de esperar los resultados oficiales del tribunal electoral, Bukele (dícese que el mandatario más popular del mundo) no solo se proclamó reelecto, sino que él mismo dio los resultados del proceso. "Democracia de partido único" lo definió él mismo. Con ungimiento del Todopoderoso para gobernar en medio de normalizadas y cada vez más frecuentes suspensiones de garantías y la gran promesa de lo que está por venir los próximos cinco años de su segundo mandato. Y tal vez de otros más. De ambos procesos centroamericanos conversamos con Eugenia Aguirre, investigadora del Observatorio de la Política Nacional de la UCR.

Cumplimos una nueva jornada electoral y el mapa del poder territorial cambió, y una vez más el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió un papel fundamental para la democracia, dándonos absoluta seguridad antes, durante y después del proceso. Somos un país con una división administrativa muy disímil, con cantones muy pequeños y otros de gran extensión. Eso sí, con realidades muy dispares, con solo recorrer unos pocos kilómetros. Este torneo deja muchas enseñanzas para seguir fortaleciendo las elecciones municipales. Los resultados los seguiremos conociendo en las próximas horas, pero el proceso pone en agenda de los partidos, lo que la ciudadanía les dice otra vez en las urnas, a las nuevas autoridades que ya no tienen feudos y que las reformas legales y la imperiosa modernización de las agrupaciones políticas acorde con las exigencias de los tiempos, deben ser la guía de aplicación urgente. Para profundizar estos y otros aprendizajes conversamos con el experto en temas del régimen municipal Juan José Echeverría.

El crítico caso de la contaminación del agua con xilenos en Goicoechea, Moravia y Tibás se podría repetir en otros lugares del país, dadas las grietas y fugas que evidencia una política pública que debería ser potente y cristalina, pero que evidentemente ha venido a menos en los últimos años. Enormes vulnerabilidades desbordan un sector que requiere de una rectoría fuerte, lo que por supuesto va más allá de la decisión política coyuntural de conformar un comité o comisión que acompañe al nuevo presidente de AyA, en el que -por cierto- se cedió un espacio a la Cámara de la Construcción, lo que en la práctica implicaría que un actor privado tomara parte en la adopción de decisiones de política pública. Abriendo más el tubo, hay que poner atención en las postergadas inversiones de proyectos importantísimos como Orosi II, para garantizar el suministro del líquido a la Gran Área Metropolitana y recuperar la pérdida en la cobertura de agua potable a nivel nacional que solo del año 2021 al 2022, cayó de 95,7 % a un 89,9 %. Urge restablecer la planificación, tanto como la regulación de actividades productivas riesgosas, y también reforzar el tratamiento, el monitoreo de la calidad de las aguas y, por supuesto, ajustar nuestra obsoleta legislación, para una adecuada gestión de cuencas y protección efectiva de fuentes de agua. Continuamos conversando del tema con doña Yamileth Astorga, ex presidenta de AyA y nos acompaña también Edgar González, especialista en recursos hídricos.

La seria crisis sanitaria provocada por la contaminación del agua con un hidrocarburo aún no determinado no se resuelve con haber encontrado la aparente fuente en la Quebrada Honda 2 en Coronado, tal como lo anunció la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive. Ahora debe establecerse el elemento contaminante, lo cual puede aclararse pronto dado el trabajo que realiza el Laboratorio en Hidrocarburos del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química (Celeq) de la UCR, para tener la información técnica y adoptar las medidas correctivas en relación con la seguridad y la salud de las personas y familias. El problema persiste, ya que las 107 mil personas siguen severamente afectadas. De igual manera, la operación establecida para la entrega de agua por cisterna sigue siendo criticada en las comunidades y se llega al décimo día del problema, que ahora se agrava y se extiende con el desabastecimiento del líquido en otras comunidades metropolitanas, para atender el suministro mínimo en los cantones de Moravia, Goicoechea y Tibás, donde la población sigue manifestando su legítima inconformidad, exigiendo respuestas y pronta solución. Incluso la Sala Constitucional recibió varios recursos de amparo, que deberá resolver en próximas horas. Pero el foco debe abrirse para entender esta situación, desde las acciones y seguimiento a la gestión del recurso hídrico de manera integral. Para seguir aportando elementos conversaremos mañana con la expresidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, y con el coordinador del Celeq UCR, Dr. Roberto Urcuyo.

A cuatro días de la cita electoral, tres estudios de opinión pública establecen que la limitada asistencia a las urnas será una de las rúbricas que sellarán el torneo de las municipales en las que se jugará la elección de poco más de 6,000 cargos de servicio público en los 84 territorios del país. El ambiente no calentó ni siquiera en la conversación de los tan activos canales digitales, dijo el Observatorio Digital de la Universidad Latina. Mientras tanto, Umbral Político de Idespo, UNA, aseguró que el 42 % de los ticos está seguro de acudir a las urnas. Dijo también que se manifiesta apoyo creciente a divisas cantonales o provinciales frente a partidos de índole nacional. Ya veremos cómo se traduce ese apoyo en votos porque hay, efectivamente, decenas de agrupaciones que solas o en coaliciones se presentan a un electorado que tiene, en general, poquísima información para participar. La última encuesta de la semana, nos la presenta en estas horas el CIEP-UCR con las valoraciones de cara a las municipales y también con las opiniones actualizadas sobre la gestión de gobierno, sin medir claro está, la crisis de abastecimiento de agua que tiene al límite de la paciencia a los pobladores de tres cantones josefinos que no se sabe cómo estarán de ánimo para votar el domingo. Para conocer los detalles de esta última encuesta, conversamos con el director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Ronald Alfaro.

El artículo 50 de nuestra Constitución Política, recientemente remozado, garantiza que “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable, de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano… Y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. Se trata entonces de una norma de obligada observancia, y por ello las actuaciones, omisiones, retrasos y medidas adoptadas (o no) por las autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en una crisis como la actual de contaminación del líquido en varios cantones del Área Metropolitana, demanda explicaciones más contundentes. Veamos: hay más de 100 mil personas afectadas, las primeras alertas advirtiendo de la situación, tanto de pobladores, como de funcionarios de AyA, se desoyeron. Para colmo luego se intentó minimizar la situación al afirmar que no se sabía si el contaminante era o no suficientemente tóxico. Una semana después, no se tiene claridad del origen de la contaminación y el abastecimiento con cisternas resulta insuficiente. Estamos ante una emergencia que no se trata como tal, con vocerías verticales que no cubren las necesidades de información de interés para la ciudadanía, dado que al AyA se la ha prohibido atender requerimientos de la prensa y Salud no da abasto para atender todas las demandas. Pero el tema, si bien es de atención inmediata, va más allá de la coyuntura. En un marco más amplio, los problemas con agua, vienen desde hace meses. Se han dejado perder préstamos para importantes proyectos de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y el muy crucial para la modernización del Laboratorio Nacional de Agua. Todo nos coloca en una posición vulnerable. Y para analizar esta delicada situación conversaremos mañana con Rolando Marín, investigador, asesor y consultor nacional e internacional en el tema de recursos hídricos y gestión comunitaria del agua.

En un ambiente de desencanto, como en prácticamente todas las democracias del mundo, Estados Unidos tendrá elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. Es una de las decisiones más significativas para el balance de fuerzas y posturas no solo a lo interno de la gran nación del norte, sino para el planeta entero. El torneo de oficialización de la candidatura del contendor republicano para enfrentar al presidente Joe Biden, inició este mes con caucus (Iowa) y primarias (New Hampshire) y se extenderá hasta el super martes de la nacional. Hoy por hoy, nadie duda que Donald Trump se hará con el trofeo de esa nominación, aunque su contendiente Nikki Haley no está dispuesta aún a tirar la toalla. No todavía. Pero la suerte al parecer con todo y causas judiciales pendientes está echada para el inevitable reencuentro entre ambos líderes de la política bipartidista estadounidense. Para los intereses de Ucrania el resultado electoral será vital en tanto la reelección de Biden le aseguraría el apoyo que requiere la larga guerra con el invasor ruso y, por el contrario, el retorno de Trump a la Casa Blanca sería un revés severísimo. ¿Y qué decir de la incidencia que tendrá esa elección en la conflictividad de Oriente Próximo con el asunto Israel, Hamás, Palestina y los árabes? ¿Y qué decir de las tensiones en Asia? Poder establecer cómo se vislumbra el estado de situación del tablero geopolítico según gane uno u otro aspirante, es lo que haremos este lunes con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Lo positivo, sin duda, fue el acuerdo alcanzado por los jerarcas de los tres Poderes de la República, quienes afianzaron las acciones de la mesa de trabajo de seguridad con 10 proyectos consensuados, que ahora quedan bajo la responsabilidad de trámite legislativo para mejorar las armas país contra la ola de violencia del crimen organizado. Lo deplorable tiene varios flancos: uno, la persistencia del enfrentamiento que mantiene el presidente de la República con la Contralora y por extensión contra la Contraloría General de la República y por extensión contra la Expresidenta Laura Chinchilla. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, como si no faltaran focos distractores, se produjo este jueves un espectáculo más, cuando en su comparecencia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la siempre polémica jerarca de la CCSS, doña Marta Esquivel, llego blindada por escoltas de la Unidad Especial de Intervención (UEI) que es un cuerpo policial especializado en actos de terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué la Presidenta de la Caja llega al Congreso así custodiada y los efectivos terminan empujando y fotografiando a los periodistas que intentaban acceder a declaraciones de la compareciente? Por supuesto, los diputados pegaron el grito al cielo. El asunto, dijo el Presidente Legislativo, Rodrigo Arias, deberá esclarecerse. En estos y otros sobresaltos, como el del pretendido negociado petrolero, discurre la vida política nacional de este enero y para ponerlos en perspectiva conversamos con el politólogo, Claudio Alpízar Otoya.

La polémica para retrasar el inicio de la construcción del Hospital de Cartago se ha hecho agotadora, y eterna, particularmente para los sufridos pacientes y el personal de salud del viejo nosocomio en funcionamiento. Y las excusas de todo tipo por el terreno en el Guarco, siguen teniendo réplicas de alta intensidad. La última iniciativa de la presidenta de la CCSS, de traer expertos en geología de California para hacer estudios adicionales, detonó un enjambre de oposiciones. El Colegio de Geólogos alzó la voz en defensa de la capacidad de los profesionales con los que cuenta el país. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por su parte, criticó la idea, recordando además la existencia del riguroso Código Sísmico que aplicamos para, precisamente, asegurar las edificaciones, dada la sismicidad de nuestro territorio. La Embajada de Estados Unidos, mientras tanto, desmintió que estuviera gestionando visita alguna de profesionales californianos por encargo del gobierno costarricense. Marino Protti, uno de los más reconocidos sismólogos del país, fue claro en indicar que antes de llamar a expertos en geología y sismos de otros lares, es importante conocer la diferencia entre trabajar en las áridas zonas de ese estado norteamericano y las de un país tropical como Costa Rica, aportando muchas otras consideraciones ante la (aparentemente fallida) propuesta. Para focalizar desde el criterio especializado acerca de la situación sísmica del Valle del Guarco, conversamos con el doctor Protti, quien es investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional.

¿Hay alguien que puede decir que no ha tenido cerca en las últimas semanas a algún amigo, compañero o familiar con una gripe marca diablo? El segundo boletín epidemiólogo del Ministerio de Salud de este año nos evidencia lo que estamos atravesando: 345 casos de covid-19 (un aumento del 12 % respecto del primer reporte), 2.567 casos de infecciones respiratorias agudas y 30.649 reportes por dengue. Y hablamos solo de casos reportados, porque la inmensa mayoría pasa debajo del radar. A finales del año pasado enfrentamos un pico alto de menores de edad con problemas respiratorios, que saturó el Hospital Nacional de Niños y mientras atendíamos esa situación, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el “coronavirus seguía mutando y matando”, por lo que no se podía bajar la guardia, ya que las variantes ómicron y JN1, se transmiten con mayor facilidad. ¿Cómo debemos actuar frente a esta realidad, más allá de la vigilancia epidemiológica de los especialistas? ¿Qué hacemos si no tenemos vacunas disponibles? ¿Cómo proceder por nuestra propia cuenta a falta de campañas de promoción de medidas sanitarias personales y comunitarias? Para repasar acerca de este tema de salud pública conversaremos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Con datos del año 2020, Costa Rica contabiliza alrededor de 950 bibliotecas educativas para el aprendizaje público, distribuidos en 27 redes, en las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública. Lo que no se tiene claro respecto de este antecedente, es la calidad de la infraestructura de estos espacios, menos aún, la disposición de libros y equipos que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje. La situación se torna más compleja en los centros educativos de los territorios rurales. Sin duda, es un factor adicional que viene a reflejar el deterioro de la educación pública, y que se refleja tanto en el proceso de enseñanza, como en los pésimos resultados (retrocesos) en lecto-escritura, como lo constata el Informe sobre el Estado de la Educación. Esto lo tiene muy claro el proyecto “Biblioteca Actualiza” de Guiare, una la asociación sin fines de lucro apoya la situación donando bibliotecas equipadas. Para el ingreso del curso lectivo en febrero próximo, tiene la meta de dotar de bibliotecas a dos escuelas en Upala. Para poner en examen esta situación conversaremos con las lideresas de Guiare, Alda Cañas y Victoria Coronado.

El 2024 inició como un año extremadamente complejo, con un almanaque electoral global en 70 países (en los que vive el 54% de la población mundial), con dos cruentas guerras y un escenario de mayores polarizaciones con impactos directos en lo humanitario, social y económico. Pronto se cumplirán dos años del conflicto entre Rusia y Ucrania; una guerra que continuará con más pérdidas, muertes y destrucción para los ucranianos y un mayor aislamiento y dificultades económicas para los rusos. En el otro escenario armado, casi 24 mil palestinos han muerto tras 100 días de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, lo que enmarca apenas la pérdida de vidas. El conflicto ha comenzado a incendiar otros puntos sensibles en Irán y el mar Rojo, lo que complica esa zona estratégica para la provisión de derivados del petróleo y muchas otras mercaderías imprescindibles para las cadenas de suministro. Las recientes elecciones en Taiwán del más férreo opositor al gobierno chino puso otro foco a las tensiones en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De por medio está el control del centro de producción de componentes electrónicos más grande del mundo, de los que depende cada vez más la economía. Aquí en nuestro continente las determinantes elecciones de Estados Unidos y México se juntan con las de México, El Salvador, Panamá y Venezuela; todas ellas agitando diferencias. Se suman a estos procesos las crisis migratorias y la ola de violencia por la guerra de grupos del crimen organizado. Para hacer repaso internacional y analizar estos hechos y las reconfiguraciones que implican, conversaremos con el internacionalista y director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.

Ni el receso de fin de año logró bajar la temperatura de los diferendos políticos. El Ejecutivo tiene una cantidad de piedras calientes con las repercusiones de los audios de Presidencia, las polémicas que envuelven a la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una ola de criminalidad que no logra contenerse, los cuestionamientos vinculados con los aparentes usos indebidos de RACSA y el SINART y el último frente de batalla abierto con la Contraloría General de la República. El Legislativo sigue con su actividad de control político que pone en zona caliente de investigación a varios jerarcas; tal el caso del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Presidenta Ejecutiva de la Caja, que tras su primera reacción de resistencia, parece que desea bajar el tono ahora con la declaración de que si devolverá los sobre sueldos recibidos, aunque aún mantiene la batalla contra la construcción del nuevo Hospital de Cartago en el lote de la discordia. También continúa muy activa la comisión que investiga el financiamiento de la pasada la campaña electoral, con énfasis, casi exclusivamente, en los manejos del partido oficialista. Y desde el foro de representantes de los poderes de la República, inició muy activo el año con la deliberación para amarrar proyectos neurálgicos de mejora de la seguridad ciudadana y reformas de leyes punitivas necesarias. Una ciudadanía que ya estableció como sus mayores preocupaciones la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción sigue esperando resultados de la gestión gubernamental. El año 2024 se perfila desafiante y las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Para aportar elementos a este arranque conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.

Declarar un día contra la violencia obstétrica como un acto efectista consecuencia del lamentable caso de Angie Herrera y su hija Isabella no, no solo es absolutamente insuficiente, sino que soslaya la necesidad de penalizar ese tipo de maltrato físico y emocional. Lo que resulta imperioso es trabajar aún más en la humanización de la atención sanitaria, incluidos los maltratos verbales, la falta de información y de acompañamiento, las violaciones al derecho a la intimidad, el trato humillante y degradante, la utilización de técnicas obsoletas, la falta de equipo médico, y de atención oportuna y eficaz de las emergencias de las mujeres embarazadas. En una década la Defensoría de los Habitantes reportó haber recibido 330 denuncias este tipo, por lo que desde el 2015 ha enviado informes con recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las direcciones hospitalarias, ya que han investigado casos en los que han determinado hechos referidos a humillaciones, maltrato verbal, inobservancia del consentimiento informado y procedimientos dolorosos, entre otros que tipifican esta conducta. Como sociedad se demanda un abordaje que incluya los derechos humanos y reproductivos de la mujer embarazada, la legalidad, el acceso a la salud, la perspectiva de género, la atención institucional y médica. Es un tema que ha vuelto a la palestra y por ello lo profundizamos con la Dra. Gabriela Arguedas, catedrática de la UCR y coordinadora del Observatorio de los Derechos Reproductivos.

El panorama económico ya presenta claroscuros para los próximos 11 meses de este recién estrenado año. El crecimiento económico se estima que estará entre un 3,5 % y un 4 %, un poco más bajo que el del 2023, dadas condiciones internas y externas. Ya culminó la primera quincena y el dólar sigue en descenso, teniendo el precio más bajo en la última década, lo que constituye la preocupación diaria de los sectores exportador y turístico (que atiende la temporada alta). También está por determinarse cómo actuará el Banco Central con respecto a las tasas de interés. El menor dinamismo que se estima en la economía implicaría menos inversión y también que se seguiría limitando la capacidad de generar empleos, ya de por sí venida a menos, según lo indican los desalentados. Otra preocupación que se intenta detener es la del costo energético, para no desmejorar las decisiones de inversión de los empresarios. Para hacer repaso de la materia conversaremos con el economista, Gerardo Corrales.

Como un programa de opinión y análisis cuyo objetivo es fortalecer la deliberación democrática en Costa Rica, en estos 17 años (muy prontos a cumplir) hemos sido absolutamente responsables en abordar, desde diversas perspectivas, el tema de la criminalidad y la inseguridad, que actualmente muestra los mayores índices de preocupación de la ciudadanía. Y no es para menos. El año que acabamos de dejar atrás, quedó registrado como el más violento de nuestra historia, en relación con la tasa de homicidios, dada la penetración de grupos del crimen organizado vinculados (fundamental aunque no exclusivamente) a la actividad del narcotráfico. Esta preocupante coyuntura la hemos tratado con seriedad y abriendo nuestro espacio a personas especializadas para conocer y puntualizar en tan delicado tema. Desde el nombramiento del actual jerarca de Seguridad hemos conversado con don Mario Zamora en varias oportunidades para tener presente las acciones que ejecuta el gobierno de la República desde las competencias y responsabilidades que le son atribuibles. Por ello, nos hacemos partícipes de las discusiones en torno a nuestras vulnerabilidades de seguridad y cómo encararlas para proveer más recursos económicos, legislación más adecuada al cambiante fenómeno delincuencial de este siglo y un trabajo interinstitucional cada vez más y mejor coordinado. En el contexto de la coyuntura ecuatoriana, la semana pasada, el historiador Vladimir de la Cruz aportó sus preocupaciones y opiniones. Desde ese día quedo abierto el espacio para el jerarca don Mario Zamora y por eso conversamos con él.

Como sociedad, una de las grandes tareas que debemos fortalecer es la relacionada con las condiciones, los cuidados y la atención integral de las personas adultas mayores. Costa Rica registra, para el año 2023, más de medio millón (526,000) de personas de 65 años y más. Esto representa un 10 % de la población total, que se proyecta ascenderá al 17,6 % dentro de dos décadas. Hoy la mitad de esa población vive en condición de pobreza extrema. Pero una gran mayoría del total enfrenta diferentes niveles de abandono debido a la pérdida de familiares, problemas de salud, de movilidad e insuficiencia de autonomía económica, entre otras circunstancias adversas. Se tienen identificados los cantones con mayor cantidad de adultos mayores en vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales, con limitación de acceso a diferentes servicios, en territorios con infraestructuras inadecuadas y en general con una política pública a la que le falta mucho para estar a tono con las exigencias éticas a las que debemos aspirar como sociedad. Para ampliar acerca de esta realidad conversaremos con Eduardo Méndez, especialista en gerontología y Gerencia Social.

Aunque como bandas narcocriminales son rivales entre sí y pugnan por el control de territorios, todas tienen un enemigo común que las cohesiona: el Estado de Derecho. En el caso que nos ocupa, el ecuatoriano. Son actores principales en revueltas, motines, masacres carcelarias, atentados contra la población, extorsiones, secuestros, amenazas y violencia contra medios de comunicación, universidades y cualquier otro sector que califique como un objetivo de sus perversos fines. Han infiltrado las instituciones públicas comprando funcionarios con sus ilimitados recursos, y por supuesto se aprovechan la dolorosa realidad latinoamericana de los problemas estructurales nunca resueltos. Nacieron en regiones marginales, tienen estrechos vínculos con los poderosos carteles mexicanos, cuentan con alrededor de 50 mil personas vinculadas a sus actos delictivos y desde inicios de esta semana las 22 bandas criminales conocidas pasaron a la categoría de terroristas. De ellas, tres son las más grandes y violentas: Choneros, Lobos y Lagartos. Para intentar el dominio total del país se valen de micro organizaciones con las cuales establecen alianzas criminales y de acuerdo con un muy reciente informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, estas pandillas más pequeñas conforman una gran telaraña delictiva, manejada por los capos, desde adentro y fuera de las cárceles. Con la llegada del presidente Daniel Noboa se han sentido amenazados por el denominado Plan Fénix, que, por un lado, plantea llevar a discusión nuevamente el delicado tópico de la extradición y por otro, ha prometido la construcción de más centros penitenciarios. Mientras tanto, gracias a la declaratoria de conflicto armado interno, se ejecutan acciones conjuntas entre el ejército y la policía, para neutralizarlos. Para profundizar este entramado conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Ecuador sufre y resiste dramáticos episodios de violencia, que enfrenta a los ciudadanos honestos, el Estado y sus instituciones al poder de los grupos criminales que dominan el gigantesco negocio del tráfico de estupefacientes que en pocos años ha ido apoderándose del país, como un cáncer extendido. La crisis pone de relieve los enormes desafíos estructurales de la nación andina y el margen de maniobra que tiene, coyunturalmente, para manejarlos el joven presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder hace apenas dos meses para terminar el período inconcluso del gobierno de Guillermo Lasso. La chispa que encendió la crisis de esta semana se originó, para sorpresa de nadie, en la lucha de las mafias a lo interno de los centros penitenciarios donde desarrollan cruentas batallas por el control de esos espacios. La extrema dificultad para la gestión carcelaria por parte de las autoridades derivó el domingo en la fuga de uno de los más importantes líderes mafiosos (Adolfo Macías alias Fito, jefe de Los Choneros) y ese fue el inicio de los ataques simultáneos sin precedentes que se han vivido en las últimas horas. El mandatario Noboa declaró el lunes un estado de emergencia de 60 días -recurso usado por su antecesor sin éxito-habilitando patrullas militares y un toque de queda nocturno nacional. Y la impactante toma de las instalaciones de la televisión de Guayaquil el martes dio pie a un segundo decreto inédito para declarar un "conflicto armado interno" que califica a 20 organizaciones delictivas como terroristas. Los actos delincuenciales se perpetraron, además de la prensa, contra universidades, hospitales, estaciones policiales y en calles y barriadas de las principales ciudades. Para comprender este complejo momento conversamos con Marco Méndez, actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien vivió durante su posgrado en el ecuador del mundo.

El 4 de febrero es la fecha del calendario en la que elegiremos a las nuevas autoridades de los 84 cantones del país. En un territorio continental de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, pareciera que son muchos “pedacitos” -como cita la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones- los que tienen su propio esquema de gobernanza. Los municipios tienen origen en los cabildos de la época colonial. Desde entonces manejan aspectos de la vida social, política y económica. El Ayuntamiento de Cartago está registrado desde 1563 como el primer cabildo no aborigen. Pero es hasta el año 1825 que se dispuso que en cada pueblo, aun con un territorio de poca extensión, debía establecerse una municipalidad, lo cual no era muy bien visto por quienes querían mantener centralizado el poder. Sigue avanzando nuestra historia y en 1876 se estipula que cada cantón debía contar con una municipalidad, tal y como las conocemos en nuestros días. Hacemos un repaso desde la perspectiva histórica y política de los gobiernos locales con el historiador Vladimir de la Cruz.

En su recta final, las elecciones municipales del primer domingo de febrero comienzan a ocupar parte importante de las agendas de tópicos de interés local y nacional. La encuesta “Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales del 2024” del IDESPO de la Universidad Nacional realizada a fin de año, dio señales de algunas determinaciones de la ciudadanía: Un dato relevante es que un significativo 47 % de la población encuestada se mostró decidida a acudir a las urnas. De ese total, la mayoría prefiere hacerlo por un partido cantonal o provincial, en detrimento de los debilitados partidos de corte nacional. El estudio divide a los electores en votantes tradicionales (54,9 %) que son personas que muestran interés en la política y que votaron en las últimas municipales del 2020. Luego están los denominados flotantes, (27,9 %) que también fueron a votar en el proceso anterior, pero que no hablan mucho de política; es decir, no son ciudadanos tan interesados. Finalmente, están los apáticos (17,3 %) que muestran no tener interés alguno en la política. La disposición a participar en actividades electorales es muy poca, pero algunos si estarían dispuestos a mostrar signos partidarios, no así a realizar donaciones para los gastos de campaña. Un amplio 89,3 % está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en que exista paridad entre hombres y mujeres en los puestos de elección. Estos y otros resultados los ampliamos con Norman Solórzano, director del IDESPO y José Andrés Díaz coordinador del estudio.

A 28 días de las votaciones municipales, Costa Rica ratifica una vez más la solvencia de su sistema democrático electoral. Para este proceso se aplicó la paridad de género y se limitó la reelección. Además, la jornada pondrá a prueba la participación de las juventudes alejadas de la política, las graves diferencias entre las realidades y desafíos territoriales y la otrora fuerza de los partidos políticos tradicionales que enfrentan a grupos nuevos y locales. Elementos que remarcan la diversidad política y la urgencia de reconocer y entender las brechas regionales. En una geografía pequeñísima como la nuestra tenemos 84 cantones que renuevan autoridades y una gran cantidad de fuerzas políticas: 33 nacionales, 22 provinciales y 104 municipales. Tal volumen de opciones nos obliga a reflexionar acerca del fenómeno de la fragmentación y sus consecuencias. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya está listo; ya contestó los recursos de las opciones que no cumplieron con todos los requisitos de ley e implantará un plan piloto de voto electrónico. Para ampliar, conversamos este lunes con su Director General de Estrategia y Gestión Política, Gustavo Román Jacobo.

Abrimos un año 2024 que nos arrastra las consecuencias y los impactos que la democracia ha experimentado en su institucionalidad, sus esquemas de gobernanza y con una cantidad de rupturas que la han puesto a prueba en los últimos 12 meses. En el marco de una desconexión entre los sistemas políticos y la ciudadanía electora; las repercusiones dramáticas de las violencias de la actividad criminal y la desigualdad, que son el caldo de cultivo que aviva los reclamos de amplios sectores que no sienten que la democracia les aporte bienestar y solución a problemas concretos. Pasamos la página del año con los estragos a una libertad de expresión golpeada, en un entorno complejo de una gobernabilidad que no logra dar respuestas adecuadas a la gestión y a las falencias de una gobernanza que no logra afinar instituciones fuertes, marcos regulatorios claros e indefinición en agendas políticas. La región seguirá enfrentando los desafíos y las respuestas que se deban dar a la mezcla de Estados erosionados, señalamientos a la democracia, el avance del crimen organizado y un populismo autoritario, Ingresamos a un año desafiante para América Latina con 6 procesos electorales en El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Para realizar una primera aproximación conversaremos con el politólogo, Alejandro Barahona.

Las vidas y luchas de Aymara Nieto de las Damas de Blanco, de Eduardo Cardet, del Movimiento Cristiano de Cuba y de Xiomara Cruz, de la Unión Patriótica de Cuba, son el potente hilo conductor de la película Dos Patrias, que amarran con fuerza los anhelos de la libertad y la democracia. La producción es de una calidad audiovisual impecable y arranca con el poema del mismo nombre de la cinta, del reconocido José Martí Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. ¿O son una las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba cual viuda triste me aparece. A partir de esas potentes palabras nos sumerge en 70 minutos de un foco que nos permite reconocer zonas oscuras de un régimen y de la fuerza de acciones pacifistas de tres disidentes políticos, en un entorno de represión que relata una Cuba que encarcela y reprime a quienes impulsan reformas, defienden el derecho a la libertad de expresión o solo salen a marchar para reclamar derechos. Para repasar esas narrativas, que se construyen desde adentro y desde afuera de la Isla y son el diario vivir de su ciudadanía, conversaremos con la reconocida cineasta y directora de la cinta, Hilda Hidalgo.

Que tengamos la posibilidad de poner un buen apellido al año 2024. Para lograrlo debemos ampliar perspectivas, librarnos de paradigmas, tener criterios para enfrentar las manipulaciones y aliarnos con la educación (aprender de mucho y de muchas situaciones), para tener elementos para erradicar la palabra problema. Gestionar nuestras vidas nos permite darle sentido de propósito, lo cual debemos sumar a tener calidad de vida física, familiar, profesional, material, emocional, social, espiritual. La calidad de vida es la que nos permite tener calidad de relaciones con los demás. Nos hacen una sugerente a poner apellido al año, al mes, a la semana y al día que vivimos, con base en la misión y sentido que tengamos con la actualización que debemos hacer de nuestras determinaciones. Para comprender esta interesante propuesta conversaremos con el catedrático de INCAE, Máster en Administración Pública y consultor de equipos gerenciales, German Retana.

Feliz año nuevo, salud y bienestar en este 2024 que inicia. Aquí seguimos juntos para continuar fortaleciendo la necesaria deliberación democrática para Costa Rica. Todas las personas buscamos, sin saber cómo o determinar qué es, la felicidad. Pero no nos detenemos para reconocer lo que tenemos y si en estos tiempos que corren podríamos ser plenos, en una sociedad cada vez más complicada y llena de desafíos. La felicidad está delimitada en los propósitos que cada uno de nosotros determina para su vida y tiene una enorme relación con la gratitud y la resiliencia. A cada quien lo hace feliz distintos resultados, acciones y momentos, tal como hayamos determinado que queremos alcanzar en la vida. La felicidad no es un recetario, es subjetiva y nos obliga al autoconocimiento y a esforzarnos a tener un mayor desarrollo personal y a reforzar la resiliencia de modificar la realidad, profundizar convicciones y tener una gran habilidad para improvisar. Para conocer más acerca de este conversaremos mañana con el escritor, divulgador y Máster en neurofelicidad aplicada, Rodrigo Sánchez.

La gastronomía es un camino esencial por medio del cual los seres humanos logramos comprender nuestro lugar, nuestras tradiciones, nuestros sabores y aromas, permitiendo definir las relaciones que mantenemos con la familia, seres queridos y comunidad. Repasar las comidas habituales de final y principio de año no es solo un delicioso recorrido, sino que nos conecta con las herencias, costumbres y rutinas que siempre nos reúne alrededor de una mesa que se torna en la extensión de la cocina del ayer, del hoy y del mañana. Estas épocas nos evocan el tamal, como el platillo principal que, si bien antes se elaboraban en casa, hoy se mantiene como parte una herencia ancestral que se ha industrializado; pero igual son tiempos de la deliciosa pierna de cerdo (chancho), el rompope cargado y el dulce queque navideño que son elaboraciones que tienen la categoría de patrimonios gastronómicos en Costa Rica. Sin duda estos son tiempos para pasar en familia y disfrutar de estas delicias, las cuales repasaremos desde la visión de la investigadora, periodista, escritora y experta en gastronomía, Marjorie Ross, quien ha dedicado mucho a rescatarla en libros, ensayos, crónicas, poesía y novelas.

Hace 800 años la humanidad celebra la creación de la primera representación del nacimiento de Jesús de Nazareth, como una iniciativa de San Francisco de Asís, quien lo realizó como un tributo a este acto histórico, religioso y espiritual. Lo hizo en una caverna de la zona de la Toscana, en el monte Greccio en Italia en el año 1.233 y desde entonces en muchos países se hacen todo tipo de pesebres, que mantienen como amalgama la convicción de la fe. En Costa Rica también está la tradición del pasito para el nacimiento del Niño Dios y los hay de dos tipos. El típico que usa aserrín de colores y otros elementos autóctonos y el bíblico que tiene una representación más apegada a la recreación de Belén. Repasamos una serie de hechos e historias en torno a diferentes variantes de cómo se hacen, se recrean y se mantienen como un testimonio que pasa de generación en generación. Para poner en perspectiva este relato, conversaremos con el historiador, José María “Milo” Junco.

La gratitud atrae el bienestar y lo potencia, como un motor que tenemos todas las personas para poder apreciar lo bueno y enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Es un elemento fundamental que nos permite revisar y revisarnos con base en lo que elegimos para aprender y emprender Ser agradecido atrae el bienestar y podemos ejercitarla cuando agradecemos lo que tenemos, cuando vivimos el presente, cuando apreciamos lo que se vive, cuando nos reconocemos y lo hacemos con los demás, cuando evitamos las comparaciones. Es poder reconocer que nos hace ser agradecidos, tiene enormes réditos a la salud, ya que tiene incidencia en contrarrestar la depresión, disminuye la inflamación, el azúcar en la sangre, la presión arterial y mejora la función inmunológica. La felicidad no es el resultado de un recetario, sino de una convicción de que nos hemos propuesto y ayuda a aumentar la productividad, aumenta la generosidad y estimula la salud mental. Nos hace mejores personas. Para aprender acerca de esto conversaremos con el psicólogo, Milton Rosales.

Que hayan disfrutado de este fin de semana de Navidad junto a usted y sus seres queridos. Estos son tiempos que nos permiten hacer un alto y una introspección necesaria, que nos permita retomar la gestión de nuestras emociones, para si se tiene y si no, construir y consolidar un liderazgo personal que nos ayude a hacernos cargo de nuestra realidad. La naturaleza humana persiste junto a nuestras potencialidades y en estas épocas nos deja regalarnos y regalar dos obsequios que no ocupan envoltura. Uno es qué es aquello que no tengo y si lo logro seré mejor persona y el otro es qué cosa que no hago, si la realizo seré mejor ser humano. Iniciamos, una serie de programas especiales de fin y principio de año con el motivador, Mauricio Corrales.

El periodismo es un quehacer fundamental de cualquier sociedad que se precie de sus instituciones democráticas y la defensa de los Derechos Humanos. Su andamiaje se sustenta en elementos fundamentales como el interés público, la búsqueda de la verdad, el derecho del público a saber y la corroboración, precisión y corrección en la presentación de los hechos. Generalmente, el trabajo deviene de la auscultación meticulosa de los hechos que indaga a diario el periodista. Pero muchas otras veces, la tarea es a partir de las pruebas que se le hacen llegar mediante filtraciones anónimas o por el testimonio de un denunciante identificable. “Los audios de Presidencia”, la serie de reportajes de las últimas dos semanas publicadas por el Diario La Nación, está basada en la entrega de grabaciones que hizo la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro y es una de esas expresiones periodísticas de hechos de interés público construidas con rigor y responsabilidad profesional. Los audios dejan en evidencia la forma en que se fraguaron desde el despacho presidencial algunas decisiones de política pública y de comunicación política durante los primeros meses de la Administración Chaves Robles. Decisiones que se tomaron alejadas de la ética pública, mintiendo, empujando voluntades e incluso amedrentando a los mismísimos jerarcas del Consejo de Gobierno. Para ampliar sobre la elaboración de la serie noticiosa, conversamos con los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, dos de los tres autores de este trabajo.

A dos semanas de terminar el año, el tipo de cambio del dólar es el más bajo en una década. La apreciación del colón respecto de la divisa estadounidense se ha convertido en una constante. Las explicaciones a esta situación se centran en la recuperación del turismo, la atracción de inversiones extranjeras y el cambio de divisas para el pago de las obligaciones empresariales de fin de año. El Banco Central tiene una cifra récord en reserva de divisas para sostener la estabilidad en algunas cifras macroeconómicas. La continua caída en el tipo de cambio es motivo de preocupación para empresarios exportadores y turísticos, que reciben los impactos de cada rebaja en su flujo de ingresos. A ellos se suman las personas que ganan salarios en dólares. Para el año 2024 se proyecta que la inflación se mantendrá baja, lo mismo que el tipo de cambio y, eventualmente, las tasas de interés. Para poner en balanza este tema conversamos con el economista, José Luis Arce.

El cierre de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023, está enfrascado en la polémica y la consecuente postergación de acuerdos vitales para la humanidad. Por supuesto que el lujoso esplendor de la sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, no ha podido ocultar las fisuras que contiene el 'Balance Global', el paquete de decisiones que 200 países están llamados adoptar y que debe revisar los esfuerzos, avances, retrocesos y las decisiones no adoptadas en materia climática desde la firma del Acuerdo de París de diciembre de 2015. El principal punto de desacuerdo es el paquete energético, ya que no hay una clara definición de qué deben hacer los países para rebajar las emisiones en un 43 % para el muy cercano 2030, lo que resulta trascendental para contener el peligroso calentamiento global y de esa manera no traspasar los 1.5 grados de temperatura en este siglo, lo que condiciona toda la vida en el planeta. Dada las discusiones y la falta de determinación, la cumbre podría alargarse para conocer el documento final o se postergaría hasta la COP29 en Azerbaiyán. La delegación de Costa Rica, compuesta por 27 personas, no tuvo mayor notoriedad y se devuelve sin el apoyo a la iniciativa de la “Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas Natural”, que impulsa desde el 2021 junto con Dinamarca y cuyo objetivo aspira a eliminar de manera gradual el uso de combustibles fósiles. Para poner en perspectiva esta cumbre y sus impactos conversamos con Bernardo Aguilar, de la organización no gubernamental, Parlamento Cívico Ambiental.

Guatemala vive horas cruciales con una intentona de golpe de Estado a fuego lento y artero que amenaza con provocar una inestabilidad que hasta ahora se ha logrado contener. Desde agosto, tras el triunfo electoral inobjetable de Bernardo Arévalo, las estructuras corruptas anquilosadas en las instituciones, un día y otro también, se han empeñado burdamente en desacreditar el proceso y la decisión electoral de la ciudadanía. El último intento es la decisión de los deleznables fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche, quienes presentaron los resultados iniciales de una mal habida investigación realizada por ellos acerca del manejo de documentación electoral, que por supuesto califican una alteración de resultados en un software contratado; maniobra para pedir la anulación de las elecciones. Tras conocerse ese disparate, el Tribunal Supremo de Elecciones sostuvo que en nada cambia el resultado de las elecciones y que el torneo no tiene ni puede repetirse. A un mes para que asuma el poder Bernardo Arévalo el 14 de enero próximo, ha debido enfrentar una andanada de escollos que siguen entorpeciendo el cambio de mando urgido por una ciudadanía urgida de brisa democrática. Para profundizar en este momento que se vive conversamos con Eduardo Núñez desde ciudad de Guatemala.

“Vamos a comprar servicios, aplicar el pago compartido y afinar los costos de la Caja para cumplir las metas, vamos a ir contra viento y marea, quienes nos apoyen son bienvenidos y los que no, que no se pongan en nuestro camino”. Esto lo dijo Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la presentación de la estrategia “Menos espera, mejor servicio”, que conjunta una serie de acciones para disminuir las listas de espera. Entre las posibles soluciones para los asegurados está el co-pago, una figura que implica que para ciertos procedimientos, la CCSS pondría un porcentaje del costo y el paciente asumiría el pago restante. Para esta acción se dispuso presupuesto de ₡200 mil millones. El anuncio del programa desató al instante un aluvión de reacciones adversas urgiendo transparencia respecto de estudios, contratos, soporte financiero y afinamiento de las metas del programa. Para conocer más a profundidad acerca de este tema conversamos con Alvaro Ramos Chaves, ex presidente de la CCSS.

“Los audios de la Presidencia”, una serie de revelaciones publicadas por el diario La Nación, con base en grabaciones hechas por la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, son el pegamento que une una serie de investigaciones en curso que vinculan al presidente Rodrigo Chaves y su círculo más cercano, con órdenes emitidas para la elaboración de contratos, así como el manejo, control y concentración de pautas publicitarias de instituciones estatales. El último capítulo de la saga es el categórico rechazo de la Fiscalía General respecto de la pretendida solicitud del mandatario de detener las publicaciones periodísticas, lo cual implicaría censura previa, una transgresión inaceptable en nuestro Estado de Derecho. Las autoridades reiteraron, en apego a la jurisprudencia vigente, que las grabaciones no califican como conversaciones privadas, ya que tienen relación directa con la disposición de contratos y dineros públicos, en la que habrían participado el gobernante y otros funcionarios de su confianza, lo que deviene en un asunto de absoluto interés público. Tanto la Fiscalía General, como la Contraloría General de la República, tienen investigaciones abiertas respecto del caso y la Asamblea Legislativa ya había formado una comisión investigadora sobre el tema Sinart que ha logrado dilucidar datos, información y una relación de hechos que se vinculan estrictamente con las grabaciones del contrato BCIE y sus derivaciones. Para poner en perspectiva los nuevos acontecimientos conversamos este viernes con el diputado Ariel Robles Barrantes.

El Poder Ejecutivo presentó la Política Nacional de Seguridad Pública el 22 de noviembre pasado, pero el enfrentamiento que en esa misma actividad generó el discurso del presidente con la Asamblea Legislativa, truncó las posibilidades de un análisis a profundidad. Esta nueva propuesta tiene cuatro ejes de acción: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. En la presentación, el jerarca Mario Zamora no eludió la extrema violencia criminal que marca este año, por lo que instó a que el trabajo siga comprometiendo a los tres poderes del Estado y a la ciudadanía, desde una visión integral. Entre las metas propuestas se impone bajar a 480 los homicidios violentos (poco menos de la mitad de los que terminaremos registrando el próximo 31 de diciembre) para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, feminicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y capacitación. Para poner foco en esta política y cómo inicia su implementación, conversamos con el ministro Zamora.

El vertiginoso inicio de diciembre, que marca el cierre de un trepidante año 2023, nos da cuenta esta semana de dos hechos relevantes en el sistema financiero nacional. El lunes renunció Alberto Dent Zeledón, como miembro y presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Adujo motivos personales y su salida será el 31 de diciembre. El Banco Central deberá nombrar a quien lo sustituya en el contexto inobjetable de la diferencia que ha tenido el ente rector con el Consejo, debido al polémico y sensible asunto del acceso a datos de deudores con identificación por parte del Central. Un día después, este martes, renunció a su cargo el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, quien confirmó su separación, tras la investigación que se lleva a cabo por la sustracción de ₡3 mil millones. Ambos acontecimientos sin duda impactan y tendrán repercusiones de las que conversamos con el economista, Gerardo Corrales.

La conversación digital y la prominencia en las redes sociales le resultan cada vez menos favorables a la Administración Chaves Robles, a pesar del empeño por mantener estos canales para la difusión de contenidos oficiales. El último reporte de los 21 de este año del Observatorio Digital de la Universidad Latina, lo refleja en sus hallazgos relevantes: los comentarios positivos son ahora 36,1 %, 22 puntos por debajo respecto del inicio de la gestión (52,8 %) los negativos se ubican en 34,6 % y los neutros en 29,3 %. Los negativos respecto del gabinete llegaron a un 52,4 % entre setiembre y noviembre. Las conferencias de prensa, en el último trimestre, reflejan una disminución del 45,46% en la cantidad de dispositivos conectados. Cuando esta medición, en el plano digital, se lleva a los hechos concretos, los mejor valorados fueron las noticias de las calificadoras de riesgo, la baja del marchamo, las informes de reducción de desempleo y los números macroeconómicos; mientras los peor valorados fueron la cifra histórica de homicidios, el artículo publicado en México acerca de las supuestas negociaciones con carteles de la droga, el decomiso de cargamentos del narcotráfico en puertos de Europa y las revelaciones de la comisión legislativa del SINART. Para ampliar acerca de los resultados de esta medición, así como el tema recurrente de violencia política contra las mujeres y la temporal en relación con las elecciones municipales, conversamos con el coordinador de este estudio, Cristian Bonilla.

La jueza Nancy Hernández López será la nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a partir del primero de enero próximo. Un honor que Costa Rica asume siendo ella la tercera mujer en ocupar esta prestigiosa posición desde que el organismo fue creado en 1969. La CorteIDH es una entidad judicial autónoma del Sistema Interamericano constituida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José y con sede en nuestra capital. Su amplia trayectoria de más de tres décadas en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos la ha llevado a desempeñarse en el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, donde fue magistrada de la Sala Constitucional. Asumió como jueza de la CorteIDH tras la salida de la también connotada jurista costarricense de talla internacional Elizabeth Odio Benito, que la presidió en el periodo 2020-2022. Entre sus sentencias comprometidas con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, figuran la del matrimonio igualitario, la de paridad horizontal a favor de los derechos políticos de las mujeres, así como otras relevantes en materia de tortura y abuso policial de detenidos. Para ampliar acerca de su período como presidenta 2024-2025 y sobre los inmensos desafíos de la protección de los Derechos Humanos en nuestro continente conversamos con la jueza Hernández López.

Celebramos, con alegría y legítimo orgullo, los 75 años de la abolición del ejército; uno de los mayores hitos de nuestra Patria. Un compromiso y un tributo nuestro en favor de la paz universal y la resolución pacífica de conflictos. Costa Rica abolió el ejército el 1• de diciembre de 1948, tras la decisión de la Junta Fundadora de la Segunda República, simbolizada en el “mazazo” del Presidente José Figueres Ferrer al cuartel Bellavista. Este hecho signa la construcción moderna de nuestra identidad, de los valores y la acción política que nos conducen en la convivencia interna y global. Constituye, sin duda, un hecho excepcional en la decisión de forjar una Nación más justa, equitativa y con la capacidad de generar políticas públicas que respondieran a los desafíos más apremiantes de su ciudadanía, centrados en el respeto por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos de todas las personas, el desarme y, más recientemente, el respeto por el ambiente. La renuncia unilateral al uso de la fuerza militar nos obliga a buscar el diálogo, la negociación, y a descansar en la diplomacia, el derecho internacional y el multilateralismo como los caminos en los que los costarricenses creemos. Para leer este acontecimiento histórico de la vida nacional conversamos con el historiador, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Dos recientes golpes a estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas no han hecho, sino confirmar los argumentos y los razonamientos de autoridades policiales y expertos acerca del inmenso poder que han alcanzado estas organizaciones en el país. Se trata del denominado caso Corona, referido a una sofisticada banda que trasegaba cocaína líquida a Israel y Europa. El otro es el desmantelamiento de la primera organización de producción y distribución de fentanilo en Centroamérica. La primera alerta es que son grupos criminales que trabajan con logística, organización, vínculos, recursos millonarios y acción delincuencial en Costa Rica. La segunda es que evidencian una sofisticación, avance y evolución de negocios ilícitos. La tercera tiene que ver con las relaciones que ostentan con autoridades de cierto nivel, con liderazgos territoriales y dentro de las instituciones del Estado. Las grabaciones del caso Corona tienen a las fuerzas policiales y al Ministerio Público investigando los contactos que se le atribuyen al ex jerarca del INCOP, Braulio Venegas, de facilitar una reunión con funcionarios del INCOFER, para un posible negocio de administración de predios de almacenamiento para contenedores, así como los avances que intentaron con RACSA, para una posible participación en el establecimiento de escáneres en puertos y fronteras. Tan grave como eso, son los intentos de esas estructuras criminales de dar seguimiento y apoyo a personas que estarían participando en las elecciones municipales. Estos embates se dan en el marco de la malograda presentación de la política nacional de seguridad pública y de una nueva reunión a la que acudirán los presidentes de los tres poderes de la República, para intentar recomponer, una vez más, el clima enrarecido por las altisonantes manifestaciones del jefe del Ejecutivo. Para conocer mayores detalles de esta compleja realidad conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos.

Tras siete semanas de guerra, la esperada tregua entre Israel y el grupo Hamás, ha dado un respiro de alivio a la población de la Franja de Gaza. La suspensión de las hostilidades permitió la liberación de personas tomadas como rehenes durante el asalto del 7 de octubre, así como de presos palestinos, en el obligado intercambio que imponen estos conflictos. En los primeros cuatro días del acuerdo, Hamás liberó a 50 rehenes israelíes y 19 extranjeros (en su mayoría trabajadores agrícolas tailandeses). Hasta ahora, Israel liberó a 150 prisioneros. El cese temporal de la confrontación podría volver a prolongarse y permitir la liberación de más rehenes, como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar -principal mediador- al anunciar que por la liberación de cada diez cautivos, se prolongará un día adicional la pausa en los ataques. Durante estos días, los gazatíes aprovecharon el alto al fuego para abastecerse de artículos de primera necesidad. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó del ingreso de 137 camiones con combustible, alimentos, agua, AA medicinas y otros artículos. De igual manera, se aprovechó para evacuar a una veintena de pacientes en estado crítico. El cese limitado de los combates fue el resultado de semanas de intensas negociaciones y la esperanza es que sea posible lograr la liberación de más rehenes, pero está claro para los especialistas que no todos correrán con la misma suerte, pues algunos hombres constituirán el canje final o mejor dicho, los escudos, que asegurarán a los dirigentes de Hamás. Para poner en perspectiva este período conversamos con el relacionista internacional y Director del Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo Zamora.

Costa Rica evidencia, cada vez con mayor acento, números rojos en una de las políticas públicas que le ha dado enorme brillo global: la materia ambiental y las acciones de descarbonización de la economía no están siendo congruentes con los esfuerzos históricos de la legislación y las consecuentes políticas públicas. Es tan delicada la situación que a hoy tenemos más áreas protegidas, pero muy pocos recursos para defenderlas. Hay robusta legislación, pero con capacidad institucional disminuida. Se asumieron compromisos ejemplares para la descarbonización, pero se han tomado decisiones que evidencian retroceso en la matriz energética. Otro tema sensible tiene relación con mayor conocimiento acerca del riesgo por impactos naturales, pero mínimos avances en el ordenamiento territorial. En la práctica, decisiones como la aprobación del aumento en la vida útil de la flotilla de transporte público contaminante, el descarrilamiento temporal del tren eléctrico para personas y para carga, las recurrentes intenciones de abrir la exploración y eventual extracción de gas natural y la lentísima respuesta a la recuperación en comunidades y sectores productivos debido a los impactos por eventos de cambio y variabilidad climática, nos ponen delante de un panorama poco halagador. Y como si todo ello fuera poco, el país sigue teniendo una gran dependencia de derivados del petróleo. En los últimos once años registramos un crecimiento en las importaciones del 41%. Solo en el año 2022 se compraron 21,7 millones de barriles de petróleo, 1,2 millones de barriles más respecto del año anterior. Para abrir el foco en un tema medular, con base en los resultados del Informe sobre el Estado de la Nación, conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador de este vigésimo noveno estudio.

A propósito de la presentación de la esperada política nacional de seguridad pública, el presidente de la República volvió a agitar las aguas políticas. Su arremetida contra los poderes Legislativo y Judicial fue tal, que trastocó de inmediato el funcionamiento de las sesiones extraordinarias del Congreso, tanto en el plenario como en las comisiones. Por tratarse de un tema tan sensible como la crisis de inseguridad, los acontecimientos obviamente afectan la convivencia cotidiana, pues siguen a la orden del día las preocupaciones por la seguridad y la falta de opciones de empleo. En medio de estas circunstancias, el diario La Nación dio conocer que la investigación policial del denominado caso Corona, que desarticuló una poderosa banda de tráfico internacional de drogas, tiene delicadas ramificaciones que tocan al Poder Ejecutivo. Por otro lado, continua en compás de espera la decisión final del Tribunal Supremo de Elecciones, acerca de la participación o no, de la agrupación cercana a la fracción de gobierno en las próximas elecciones municipales. Las tensiones no bajan y para poner estos elementos en análisis de contexto conversamos con el politólogo Sergio Araya Alvarado.

“Durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible, así como una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo”. Este es la preocupante síntesis que le presenta a Costa Rica el Informe Estado de la Nación 2023, que se suma a alertas que nos señalan ser una democracia con problemas que solucionar antes que evadir o justificar. Hemos hecho los esfuerzos por ser una sociedad que tomó decisiones y acciones de política pública para fomentar y diversificar la producción, pero hoy nos muestra exclusión, desigualdad y brechas. Por un lado, la promoción de exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) muestran éxito, pero otros sectores denotan crisis estructurales del un crecimiento económico desequilibrado que son un freno al desarrollo humano y que tienen impactos profundos en las poblaciones, los sectores y los territorios más vulnerables. El informe nos ofrece una cantidad de información que iremos analizando, pero haremos una primera valoración de este enorme desafío. Para iniciar este proceso de análisis conversaremos mañana con Leonardo Merino, coordinador general de la investigación, y Natalia Morales, del equipo técnico del Programa Estado de la Nación.

Una nueva versión más y la administración Chaves Robles presentó lo que denomina la Política Nacional de Seguridad Pública. Esta la podemos dividir en dos actos, para lograr entender lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, en Guápiles. En el primero, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y sus dos viceministros, Erick Lacayo y Manuel Jiménez, esbozaron cuatro ejes de acción. Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. El jerarca no eludió que este es el año más violento, en cuanto a criminalidad y enfrentamiento de grupos e insto a que el trabajo siga comprometiendo a los poderes del Estado, a la institucionalidad y ciudadanía, desde una visión integral. Como metas se imponen reducir a 480 los homicidios violentos para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, femicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y capacitación. Hasta allí todo bien. El segundo acto es el discurso del presidente, quien una vez más encendido y por momentos iracundo comenzó la habitual repartición de responsabilidades y justificar lo que a su mandato le corresponde. Embistió con fuerza a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, a quienes una vez más les endilga que no hacen lo suficiente. De un momento a otro indicó que le ordena a la ministra de la Presidencia, que al llegar a San José se firme la desconvocatoria, en este periodo de sesiones extraordinarias, los proyectos enviados, dada la molestia por los señalamientos que han hecho a tres de estos. Y de repente afirmó que sea el Poder Legislativo que convoque 26 proyectos que se han analizado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de respuestas a la ciudadanía (ya sin la participación del Ejecutivo) y lo hace responsable político de las consecuencias de la grave crisis de inseguridad. Para hacer una primera aproximación a los alcances de esta política conversaremos mañana con el experto en temas policiales, de seguridad y exviceministro de esta cartera, Daniel Calderón.

Es un problema en el cual todas las personas tenemos responsabilidad, pero para solucionarlo no la asumimos, miramos hacia otro lado o la echamos en cualquier sitio, para que otros la asuman. Con datos del año 2021, del Ministerio de Salud, en Costa Rica producimos 1.6 millones de toneladas de residuos ordinarios, con una tasa de recuperación de un 6.9 %. De ese total, 1.3 millones de toneladas se generaron en hogares y 291 mil toneladas en comercios y otros. El país cuenta, desde la Constitución Política, leyes y reglamentos para la gestión integral de desechos y para el manejo de rellenos sanitarios públicos y privados, pero aun así no se logra establecer una estrategia nacional de economía circular que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Por ley el manejo de la basura es responsabilidad de las municipalidades, pero investigaciones concluyen que un 62 % de los municipios no cuentan con un plan regulador que les permitan atender esta problemática ambiental y de salud pública. Una empresa española creó un sistema, llamado limpulación, para gestión de residuos municipales, son plantas que procesan toda la basura de todo tipo, con excepción de la hospitalaria y de desechos, que los convierten en material limpio. El líder de esta innovación se encuentra en Costa Rica promoviendo el tema, así cómo lograr que se eliminen los rellenos sanitarios. Para conocer detalles de esta tecnología, en el marco de las elecciones municipales como parte de lo que la ciudadanía debe conocer en uno de los servicios esenciales, conversaremos mañana con el fundador y presidente de la compañía Thermowaste, Oscar Ribas.

La economía de Cosa Rica crecerá este año un 5,3 %, más alto de lo previsto, la salud fiscal del país es óptima y la inflación está controlada. Todos estos elementos son considerados un éxito y ayudan a presentar número positivo de la gestión gubernamental. Eso sí, el año entrante el crecimiento proyectado bajará y aun con estas condiciones macroeconómicas buenas, no se tiene prevista una baja en las tasas de interés que tengan incidencia directa en mejores condiciones para las personas, familias y sectores productivos, en medio de un año con una baja en el precio del dólar respecto del colón. Ya economistas advierten que los vientos favorables de las condiciones internacionales que ayudaron en esto no serán tan propicios, así como otras condiciones internas que nos presentan un 2024 de desafíos por enfrentar. Pero todo esto. ¿En qué beneficia, en el día a día, en el bienestar general de la población? ¿Cómo se refleja en el costo de la vida y el acceso más barato al dinero? Estos son parte de las incógnitas que nos ayuda a responder el primer informe del Modelo de proyección Macroeconómico de Costa Rica, elaborado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible CINPE-UNA, que también aporta información acerca del impacto de la posible venta del Banco de Costa Rica. Para ampliar acerca de este tema conversaremos mañana con el economista e investigador de este centro académico, Marco Otoya.

Argentina resuelve su más estrepitosa jornada electoral y Javier Milei, ultraderechista y liberal, ganó la segunda ronda y se convierte en presidente electo y abre una nueva etapa de la vida política, económica y social, al emerger una fuerza, que conjunto el descontento y le permitió derrotar a los partidos tradicionales. En el fondo una nación con una crisis estructural que le da un mandato contundente en las urnas, pero precario en el resto del Estado con solo 37 representantes legislativos y 8 senadores. Todas las cartas abiertas para determinar cómo será su comportamiento como gobernante, la moderación ante sus promesas y el papel que tendrá la oposición. Culminada la elección hay que analizar los elementos que llevaron a este resultado, cómo se conformará gobierno para el traspaso de mando el 10 de diciembre y el arranque de reformas que exige una ciudadanía polarizada, demandante y vigilante. Ante esto Milei en su discurso de victoria es claro al señalar que “hoy comienza la reconstrucción de la Argentina”, con un gobierno que cumple a rajatabla con los compromisos tomados y que ayude a  limitar el papel empobrecedor del Estado. Reseñó que la dimensión de la crisis del país no admite gradualismos, medias tintas, ni tibiezas. Llega el tiempo para saber sí su caudal le dará la gasolina suficiente para iniciar el proceso de los recortes del gasto público, de los impuestos, el cierre del Banco Central y la dolarización del país. De igual manera la eliminación de regulaciones; la privatización de industrias estatales; la reducción de los ministerios federales; los cambios propuestos en la educación y salud públicas. Así como temas de alta sensibilidad como prohibir el aborto y liberalizar las regulaciones de tenencia de arma. Para analizar este momento argentino conversaremos mañana con los politólogos Carolina Ovares y Saul Buzeta.

Fue, sin duda, la noticia política de la semana: la Sala Cuarta determinó la inconstitucionalidad del controversial proyecto de jornadas 4x3, debido a un vicio sustancial en el procedimiento legislativo. Borrón y cuenta nueva. El Ejecutivo, en respuesta a esa decisión que acabó con el proyecto tal cual se estaba tramitando, aspira ahora a recomponer la alianza de cuatro partidos políticos y una mayoría de los de Liberación Nacional para, básicamente, hacer un nuevo expediente que logre llevar a término esa iniciativa en la que ha empeñado una significativa apuesta de capital político, que no está dispuesto a perder. Este cambio significativo de condiciones de jornada laboral ha sido un tema en extremo polarizante. Tanto que ahora que los magistrados confirmaron la irregularidad del procedimiento se volvió a abrir la polémica: el gobierno y quienes apoyan las jornadas flexibles aseguran que no tenerlas pone en riesgo las inversiones planificadas por empresas multinacionales y en peligro la llegada de nuevas corporaciones, afectando seriamente la creación de empleo, aunque INTEL, CINDE y hasta PROCOMER, se encargaron de desestimar rápidamente esa tesis. Para abordar el tema invitamos al diputado Jonathan Acuña, de la bancada opositora al proyecto, así como al abogado laboralista, Esteban Calvo.

La paciencia de la población cartaginesa sigue a prueba por la manera en que se posterga, con todo tipo de argumentaciones, la cada vez más urgente adjudicación para empezar a construir el nuevo hospital de la provincia. En punto a esta truncada situación, dos hechos relevantes han ocurrido en los últimos días: primero, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con un pronunciamiento contundente: “puede concluirse que no existe evidencia de la presencia de la proyección superficial de una posible ruptura del sistema de fallas de Aguacaliente o de alguna de sus posibles ramificaciones, en el terreno en donde se construirá el hospital nuevo de Cartago. Esta afirmación se fundamenta en la reinterpretación especializada y detallada de todos los estudios realizados hasta la fecha: geología, geofísica, geotecnia, trinchera y amenaza sísmica”. El otro elemento se dio a conocer este miércoles y aunque no resultó sorpresivo, era necesario de finiquitar: el Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica declinó el pedido de la Caja Costarricense de Seguro Social de construir el hospital dentro del campus, dado que su plan maestro le impide desprenderse de los objetivos y obligaciones de fortalecer y desarrollar sus centros y actividades de investigación, extensión y docencia, de acuerdo con su naturaleza como institución académica. ¿Qué continúa ahora para alcanzar el objetivo de que finalmente se adjudique la construcción, si pese a los criterios técnicos, el Ejecutivo y la Directiva de la Caja objetan el terreno ya avalado para la edificación? Al respecto conversamos con el ex rector del TEC, Julio Calvo y con el vicepresidente de la Junta de Salud, Eduardo Castillo Rojas.

El pasado 7 de octubre sorprendió a Israel una incursión terrorista que desató la guerra en Gaza.  Desde entonces el panorama está signado por bombardeos, invasiones terrestres y la muerte de civiles y rehenes.  El balance es desolador: 11 mil fallecidos y 242 rehenes, de los cuales 57 habrían muerto ya, son algunas de las más trágicas estadísticas de este escenario explosivo de confrontación.  Pero hay también 2.2 millones de desplazados, de los cuales la mitad serían menores de edad. Fuera de servicio están más de la mitad de hospitales y centros médicos de la Franja de Gaza, lo que acelera una crisis sanitaria, a la que se suma una muy limitada logística de entrega de alimentos y medicinas.  Otras alertas son la escasez y mala calidad del agua, así como un precario suministro de energía eléctrica que asfixia a la población gazatí.  Hasta ahora han sido inútiles los llamados de países y organismos internacionales para encontrar condiciones mínimas que den cabida a un cese al fuego.  Para poner en perspectiva este conflicto de repercusión global, conversamos con el relacionista internacional Carlos Cascante.

El estallido social generalizado en Panamá, que cumple tres semanas ya, tiene un elemento que lo desató, pero no cuenta con una dirección única y tampoco vislumbra un punto de llegada. Desde el inicio de año ya se venía gestando una tensión por el tema minero, pero fue el 20 de octubre que reventó por la aprobación, en 72 horas, del contrato de concesión a Minera Panamá, que se suma a otras 15 otorgadas y que consolidan la actividad extractiva más grande de la región centroamericana. A estos movimientos, los más grandes de los últimos 30 años, se suman una serie de yerros de las autoridades canaleras. A la rápida aprobación legislativa le siguió la firma presidencial para convertirla en ley, luego la voluntad de resolver por consulta el rechazo popular, pero que no llegó a prosperar, para entonces pasarle la decisión a la Corte Suprema de Justicia y aprobar una ley de moratoria minera, que dejaría sin efecto la polémica concesión, pero a un posible costo millonario por incumplimiento contractual. Pérdidas estimadas en $1.500 millones, desabastecimiento de alimentos, gasolina, cierre de carreteras, paros por todo el país y paralización del transporte terrestre asociado a la actividad del Canal, son algunos de los costos que enfrenta el país. Pero al abrir el foco hay más de fondo. Una queja de crecimiento económico sin bienestar social, una democracia que no logra ajustar los niveles de desigualdad y un sistema de partidos políticos con dificultad para canalizar las demandas de la ciudadanía y los sectores. Ya esto era evidente en las manifestaciones de julio del año pasado. Para conocer de primera mano qué sucede conversamos con Sergio García Rendón del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.

Los índices de valoración de Rodrigo Chaves y su gobierno siguen en descenso. Si bien aún se mantiene un núcleo duro del 46% como valor positivo, la disminución con el avance de la gestión va siendo cada vez más difícil de disimular. Una de las razones para la ciudadanía resulta muy clara: la inseguridad y la ola de criminalidad se ha salido de las manos, así como otros temas sensibles que inciden en la calidad de vida de las personas. Al mandatario se le reconoce firmeza y ser directo a la hora de hablar, pero le reclaman la soberbia, la prepotencia y la arrogancia en el ejercicio presidencial. Si bien el país requiere (de acuerdo con los entrevistadores) un liderazgo fuerte, este debe estar enmarcado en un mandato que sea respetuoso con la ley. Estos son algunos de los resultados del último análisis de coyuntura político electoral de la firma Índice, que se hace público al iniciar la semana. Para ampliar acerca de estos hallazgos conversamos con el especialista en estrategias mercadológicas Iván Barrantes.

Costa Rica sigue siendo la democracia más consolidada en la región centroamericana y una de las tres mejores calificadas en América Latina. Ello, por supuesto, es motivo de orgullo. Pero también de mucha obligación responsable. Una cúmulo de decisiones estructurales postergadas y no pocos desacuerdos nos enfrentan hoy a una serie de imperiosos desafíos para mantener nuestro pacto social. Hay que poner mucha atención a los reclamos de la ciudadanía por la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas que la alejan de su defensa. Además, la fragmentación social, la extrema polarización, el deterioro del sistema de partidos políticos, el reclamo por la calidad de los servicios públicos, las grietas de la inequidad y los casos de corrupción, se suman a la escalada de la violencia y criminalidad que tienen incidencia directa en la gobernabilidad. Para ampliar acerca de las cuestiones fundamentales que debiéramos debatir y definir para fortalecer la democracia, conversamos con el Director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel.

Las democracias centroamericanas están transitando por tiempos de complejidades, que las siguen tensando. En Guatemala, el presidente electo, Bernardo Arévalo, sigue sorteando los diversos obstáculos que le permitan llegar al 14 de enero y asumir el poder que ya de por sí se vislumbra, será una prueba de fuego a su mandato y a la institucionalidad. En Honduras, el nombramiento del nuevo jerarca de la Fiscalía General genera fuertes enfrentamientos que se suman a los otros desafíos que enfrenta el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En Panamá, un fuerte estallido social, por una concesión minera, puso al presidente Laureano Cortizo en una compleja situación, dado que las manifestaciones recogieron otras molestias y reclamos ciudadanos. Para poner en foco la salud de la democracia regional conversamos con el politólogo, Alejandro Barahona.

De 1 a 10 en liderazgo y capacidad para gobernar, el presidente Rodrigo Chaves mantiene una nota alta de 7, siempre por encima de la Asamblea Legislativa que reseña un 5.5. Estos son algunos de los resultados de la segunda encuesta de percepción ciudadana acerca de la gestión del gobernante y del Poder Legislativo, según el Observatorio del Desarrollo de Universidad de Costa Rica, realizada del 27 de setiembre al 13 de octubre, con un margen de error del 3,8 % con un nivel de confianza del 95 %. Otros resultados muestran una calificación más severa. Un 40 % de la población afirma que la Administración Chaves Robles está haciendo un trabajo bueno o muy bueno, un 33  % regular y el 25 % afirma que el trabajo es malo o muy malo. Un 70 % percibe que el costo de vida no disminuye, y un 85,4 % sostiene que la seguridad ciudadana no mejorará y empeorará en los próximos tres meses. Estos son los puntos más críticos que enfrenta este mandato y que tienen una incidencia en los resultados del estudio. Un dato de la coyuntura de las elecciones municipales da como resultado que solo un 45.5 % de la ciudadanía estaría dispuesta a votar el próximo 4 de febrero. Para ampliar acerca de estos resultados conversamos con el director Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo UCR, Carlos Murillo.

Conmemoramos este 7 de noviembre el Día de la Democracia Costarricense y lo hacemos en un contexto de enormes desafíos para los regímenes democráticos prácticamente del mundo entero, pero muy particularmente de nuestro continente. En concreto, dos reportes globales puntualizan el estrés a la que ha sido sometida esta bicentenaria democracia en los últimos dos años. Son, además, una alerta que debe ser tomada muy en cuenta, para asumir las responsabilidades que nos competen en la defensa del bienestar colectivo. El Latinobarómetro 2023 registró para nuestro país una caída de 11 puntos porcentuales de apoyo a la democracia, al pasar del 67 % en el año 2020 a un 56 % en 2023. Es una caída abrupta que nos colocó como una democracia en problemas. Por otro lado, en el último informe de la organización mundial Reporteros sin Fronteras, Costa Rica cayó 15 peldaños en libertad de expresión, colocándonos en el puesto número 23 y señalando de manera puntual que hemos dejado de ser "el último bastión de la región". Y es que por primera vez en casi una década dejamos de estar en el top de los 10 primeros países del mundo en esta medición. Pero, por supuesto, tenemos mucho que preservar. El estudio anual de IDEA Internacional nos ubica en términos positivos en el indicador de procesos electorales para escoger gobierno, aunque sí nos hace una alerta, dado que estamos en una región que presenta un fuerte declive de adhesión democrática, tanto por la crisis de inseguridad, como por la pérdida de derechos civiles. Para poner en contexto los retos de nuestra democracia conversamos este martes con el periodista, exministro y ex embajador, Armando Vargas Araya. A las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos informó que el 21.8 % de los habitantes del país viven hoy bajo la línea de pobreza, lo que implica que el nivel se acerca ya al porcentaje prepandemia (21 % en el 2019). A pesar de ese esfuerzo, la pobreza extrema creció en poco más de 2,000 habitantes, de 110,600 a 112,900. De igual manera, bajó a un 8.8 % el desempleo, aunque la reducción fue mayor para los hombres (7.4 %) que para las mujeres (11.1 %); también es cierto que se vuelve a reflejar que más personas dejan de buscar trabajo. Una calificadora de riesgo mejora la posición de Costa Rica, pero a lo interno se reducen las becas para estudiantes y el Ministerio de Educación Pública tiene el presupuesto más bajo en las últimas décadas. Por otra parte, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social presentará su postergada ruta de trabajo en áreas sensibles y se prevé que anuncie un sistema de copago, que implica que los asegurados harían frente a una parte del pago de los servicios de salud. Y para el próximo año, las pensiones del régimen no contributivo bajarían en más de ₡20 mil, provocando que las personas que más lo requieran vean aún más menoscabada su calidad de vida. El argumento para esta reducción es que no se estimó correctamente la partida necesaria en el Ministerio de Hacienda. Para entender cómo se intenta manejar lo fiscal con números satisfactorios y a la vez, por diversas decisiones se pudiera estar menoscabado aún más el componente social, conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

De concretarse la exclusión del líder mundial chino de las telecomunicaciones del despliegue de la tecnología 5 G en Costa Rica -como pretende el Poder Ejecutivo- las tarifas de internet y telefonía móvil podrían subir hasta un 40%, mientras las suscripciones podrían reducirse hasta en un 43%. Tal conclusión emana de un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, que proyectó un escenario lúgubre: en ocho años podrían quedar por fuera de la moderna tecnología hasta 3.5 millones de personas, mientras que en un lapso de cinco años, el país enfrentaría hasta $1.360 millones en gastos adicionales con perjuicios directos en los sectores productivos de manufacturas, comercio, información y comunicación. ¿Cómo y por qué el escenario sería tan pernicioso? El asunto es que las empresas operadoras de telecomunicaciones han realizado multimillonarias inversiones en el despliegue de la infraestructura de las redes existentes con la tecnología de Huawei y al proscribirse ahora, habría que desplegar nuevas redes para sustituir las bases instaladas. ¿Cómo se vislumbra el futuro de esta situación compleja? ¿Cómo desarrollarnos tecnológicamente y no quedarnos atrás, sin poner en riesgo temas de seguridad cibernética, como argumenta el gobierno? Para conocer las bases y alcances de este estudio, así como los impactos económicos, sociales y de brecha digital del polémico despliegue de la 5G conversamos con los investigadores Olman Segura y Leiner Vargas.

Por decisión unánime de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, fue obligado a entregarle a Hablando Claro la auditoría externa de la ruta 32 que, contraviniendo el ordenamiento jurídico, había declarado como confidencial. Vilma Ibarra decidió recurrir en amparo ante los señores magistrados debido a que el presidente de la República en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio aseguró falsamente que ella había recibido una suma exorbitante de dinero por hacerle propaganda a esa vía en reconstrucción. Ahora, teniendo el informe en su poder y habiéndolo distribuido a toda la prensa nacional, cualquiera puede constatar que el argumento de la falsa “confidencialidad” fue esgrimido para cumplir con el fin perverso y mal intencionado mediante el que el mandatario y otros funcionarios manipularon información de esa auditoría para intentar manchar su reputación y credibilidad. Es un hecho que desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecución política en contra del programa y su directora. Tanto así que ya había un antecedente probatorio que ahora también quedó reconfirmado y es que el 8 de julio del 2022, el Ejecutivo emitió una directriz a ministros y presidentes ejecutivos para intentar prohibirles acudir a entrevistas en Hablando Claro. Esa afrenta al derecho constitucional a la libertad de expresión motivó a la periodista a acudir a la Sala IV, por primera vez en sus 40 años de ejercicio profesional. Sorprendentemente, pese a la prueba presentada, funcionarios de la Casa Presidencial mintieron a los magistrados negando la autoría de la directriz bajo el alegato que “no había sido una instrucción formal”, solo porque se había girado vía WhatsApp. Ciertamente, el caso de Hablando Claro no es único, ya que otros colegas y medios de comunicación también han sido víctimas de acciones de amedrentamiento para intentar callarlos y desalentar su ejercicio profesional independiente y es justamente por ello que hemos debido acudir a solicitar protección constitucional. Dichosamente, para nuestro régimen de libertades públicas, en todos los casos esos derechos se han resguardado. En lo que nos toca, seguiremos adelante en la defensa de nuestro buen nombre, tanto como en la necesidad de adecentar la gestión política en la conducción de los asuntos públicos, y por ello este jueves conversamos de las acciones en curso y sus resultados con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal y la Presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, Yanancy Noguera.

La temperatura política se ha venido calentando, al igual que la respuesta narrativa del gobierno ha subido algunos grados. Estos días han salido chispas de las comisiones legislativas en que personas cercanas a la administración Chaves Robles evidencian diferencias, develan decisiones que no se sostienen y señalan responsabilidades, en decisiones sensibles, del mismo presidente. Calixto Chaves desde su comparecencia en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos dijo, con claridad, que sigue asesorando al mandatario desde una oficina en Zapote. Eso si, dijo que no tiene relación alguna con la diputada Pilar Cisneros y el asesor, Federico Cruz. Dos personas del entorno más cercano al gobierno. Marta Esquivel salió señalada al no dar respuestas contundentes, ante la comisión legislativa Cartago, por la negativa a la construcción del hospital. Luego insistió que si se investiga más la compra y licitación nos llevaremos sorpresas, en su afán de denunciar sin dar pruebas. Esmeralda Britton en la comisión que investiga el Sinart señaló al gobernante, como la persona que dio indicaciones acerca de la pauta publicitaria y dio la orden de trasladar, a canal 13, el programa La Rueda de la Fortuna, pese a estar en contra de criterios técnicos que a él le fueron presentados. Como bálsamo, a pesar de que algunas diputaciones pretendieron, en su momento, iniciar de cero el proceso de nombramiento para la Sala Constitucional, el plenario eligió a la magistrada, Ingrid Hess. Para analizar la coyuntura del arranque de esta semana conversaremos con el politólogo, Daniel Calvo.

Trabajar durante 50 años en el compromiso de facilitar el acceso a la vivienda, con servicios y productos financieros accesible. Es un logro innegable. Hacerlo además implementando programas y acciones de educación financiera, incorporar la paridad de género como un área de trabajo transversal, fomentar el talento humano y el desarrollo de buenas prácticas ambientales es entender el tono de los tiempos. Los resultados del Informe de Sostenibilidad 2022 del Grupo Mutual así lo demuestran. Entre los datos se establecen que más de la mitad de las personas clientes de este conglomerado son mujeres. Destaca el dato de que un 64 % de los bonos familiares de vivienda ha sido otorgados a mujeres, que resulta relevante al ser el líder nacional en colocación de estos instrumentos para tener casa digna. El 52 % tienen cuentas de ahorro y un 60 % poseen certificados de depósito a plazo, como resultado de una clara estrategia de inclusión financiera de emprendedoras y jefas de familia. Se trabajó para lograr la paridad de género en todos los ámbitos de la estructura laboral de la entidad, logrando que de las 893 personas que trabajan, el 53 % sean mujeres y 47 % hombres. En el ámbito ambiental se siguen implementando acciones tales como el crédito de Vivienda Sostenible, cuyo objetivo es incentivar la inclusión de buenas prácticas al aplicar una tasa de interés especial como beneficio, pero a la vez para promover construcciones amigables. Así como la promoción de programas de protección de ciberseguridad que incluyan personas adultas mayores y estudiantes. Para conocer más detalles de las labores de la novena entidad financiera más grande según activos de Costa Rica, para atender los desafíos y oportunidades del sector vivienda, conversaremos con la gerente general del Grupo Mutual, Mayela Rojas.

Los movimientos migratorios masivos en América Latina tienen hoy profundas raíces en factores de expulsión, como son la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, crisis políticas, económicas y ambientales. Todo esto configuran oleadas que traen consigo crisis humanitarias marcadas por la violación sistémica de derechos humanos, el aumento de la inseguridad, la violencia y el rechazo de estos grupos en desplazamiento. Si bien América Latina y el Caribe ha sido tradicionalmente tierra de migración, el panorama actual se intensifica y complica, dado que se componen de migrantes económicos, ambientales, forzados, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes en situación irregular, tráfico de personas, víctimas de trata y migrantes varados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otras dramáticas realidades. Una situación de esta envergadura requiere de respuestas y acciones regionales, que a pesar de la reciente cumbre migratoria en Chiapas, México, no se vislumbran, para atender la condición de vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas. En el año 2022 se registraron unas 250 mil personas migrando desde países del sur del continente y pasando las duras condiciones del Tapón del Darién. En lo que va de este año ya se cuentan alrededor de 450 mil. Para ahondar en la atención a esta realidad conversaremos con el director de la Cátedra en Migración Forzada Internacional, Inclusividad y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara en México, Hiram Abel y con el director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo.

Para enfrentar la peor ola de violencia y criminalidad que atraviesa Costa Rica, hay algo que es innegable. Esto es dotar de recursos económicos a los cuerpos policiales de manera urgente, la tarea se va realizando por partes, con algunos claroscuros, que deben ser evaluados. Esta semana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 12 allanamientos en Chacarita, El Roble, barrio El Carmen y Barranca en Puntarenas, así como en San Ramón de Alajuela y Tamarindo, Guanacaste, para la detención de líderes de las bandas del sicario alias Gordo Ramos y otras conocidas como los Pikachu, los Chamorro y los Búhos. Estas operaciones requieren de logística, de inteligencia y desplazamiento de agentes y equipos, que deben ser financiados con dineros, que como han sostenido los jefes policiales, merman y no son suficientes. Para terminar las operaciones de este año, marcado como el más violento con 743 muertes asociadas al crimen organizado, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que exonera del pago del IVA a la Policía Judicial, lo cual le dotaría de ₡1.300 millones. Llama la atención que esta iniciativa no contó con los votos de 8 diputados de la bancada de gobierno y con la oposición del ministro de Hacienda. Debe resolverse, ahora, una diferencia de procedimiento para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de trámite positivo al proyecto que le otorgará a los cuerpos policiales el total del impuesto de casas de lujo, lo cual aportaría alrededor de ₡18 mil millones y esperar la aprobación final del presupuesto del 2024, que asignaría ₡20 mil millones. Para conocer cómo atenderá el OIJ los dos meses que faltan y cómo se prepara para el próximo año, conversaremos con su director, Randall Zúñiga.

Multitudinaria, representativa de unas 50 organizaciones y con movimientos territoriales, se realizó la Marcha de Protesta en contra de la Administración Chaves Robles, que es el resultado de la conjunción de esfuerzos para seguir promoviendo una agenda de defensa de acciones que estarán poniendo en riesgo diferentes conquistas que sostienen la institucionalidad pública. En la lista de temas que aglutinaron este evento nacional, convocado por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y por el Frente Nacional de Lucha, están la defensa de la educación, salud, soberanía alimentaria, acceso a vivienda, al agua potable, inseguridad ciudadana, así como una serie de temas con foco específico en diferentes zonas del territorio nacional. Culminó la marcha con una solicitud formal al Poder Ejecutivo de una convocatoria a un diálogo nacional, que permita conversar sobre las problemáticas que aglutinan el descontento y evidencian las fisuras que ya son cada vez más amplias entre la gestión gubernamental, sectores y territorios como Limón; Pérez Zeledón y Liberia. En su habitual conferencia de prensa, el presidente se refirió a la marcha como el resultado de la convocatoria de decenas y decenas de grupos y partidos políticos e intento minimizar el evento, al informar que ese mismo día, de manera coincidente, se dieron los resultados de la organización Proyecto Mundial de Justicia que ubica a Costa Rica como el segundo país de la región más avanzado en tener un sólido estado de derecho, que es uno de los temas que está conjuntado el descontento. Para analizar que está amalgamando a estos grupos conversaremos con el comunicador e investigador social, Carlos Sandoval.

Tras una reunión entre las delegaciones oficiales de Costa Rica y Honduras, cuyo resultado fue la eliminación de la visa de ingreso a ambos países, es necesario poner en perspectiva los alcances de esta decisión en la dimensión de del dinámico comercio intrarregional. Fue muy importante, para llegar a esta decisión, los señalamientos de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA), dado el impacto negativo que tuvo la medida, por una afectación integral en el funcionamiento, estabilidad de las cadenas de suministro, fuentes de trabajo, incremento de precios de los productos y las relaciones comerciales. De allí la importancia que se debe poner en el comercio entre nuestros países por ser uno de los motores que genera el flujo de mercaderías, asociados a encadenamientos en los procesos de transporte, almacenamiento y otros servicios de la actividad que genera el 62 % del empleo regional, según datos de la Secretaria de Integración Económica de Centroamericana (SIECA). La decisión inicial de Costa Rica, que fue respondida por Honduras, podría poner en riesgo los avances en discusiones que se llevan a cabo para mejorar las condiciones de la actividad, en el cual uno de los temas es la seguridad del transporte de carga, así como otras acciones estratégicas en una zona amenazada por la inseguridad y los impactos del cambio climático. Superado el escollo conversaremos para profundizar en los desafíos y oportunidades con el experto en aduanas, facilitación de comercio y ex viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas Chaverrí.

La guerra entre Israel y Hamás, cumple su día número 18 y es ya la más mortífera que se ha librado entre judíos y extremistas islámicos. Autoridades de Gaza dan cuenta de 5.800 personas fallecidas y 15.200 heridas. Israel confirma más de 1.400 víctimas mortales, la mayoría en el ataque inicial infligido el 7 de octubre, en el que también, como se sabe, capturó más de un centenar de rehenes, de los cuales solo han sido liberadas dos mujeres, gracias a la mediación de Egipto y Qatar. Para seguir diseccionando capas de esta conflagración nos centraremos en dos aspectos cruciales: por un lado, la violación de los derechos humanos debido a la cantidad de víctimas civiles inocentes de ambos bandos y la lentitud en la entrega de la ayuda humanitaria, así como el papel de Irán como un factor de amenaza real ante una posible escalada regional. Para ampliar acerca de estos elementos conversamos este martes con profesionales conocedores en conflictos del Medio Oriente. Valeria Rodríguez del Observatorio de la Política Internacional de la Universidad Nacional y Javier Johanning profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

En una elección sorpresiva, con una intensa polarización -como el signo inequívoco de estos tiempos en todas las democracias- los argentinos decidieron que escogerán en segunda ronda en solo 28 días (domingo 19 de noviembre) a su próximo presidente, entre el actual ministro de Economía Sergio Massa y el libertario ultraderechista, Javier Milei. Es una determinación en extremo significativa para América Latina. Argentina es la tercera economía regional, con graves problemas estructurales que cruzan lo electoral. Un 40 % de sus 20 millones de habitantes vive en la pobreza, lastrado por el sempiterno problema de la inflación (próxima al estratosférico 140 % este año) y una tasa de cambio de más de 900 pesos por dólar. Este venenoso cóctel económico, que marca el deterioro de la calidad de vida de la sociedad Argentina, es lo más paradógico del resultado de esta primera ronda: por un lado, sella su desencanto con la política, pero por otro, elige como el primer lugar para ir al balotaje, nada más y nada menos que al titular de la cartera económica. La irrupción del fenómeno Milei, ha sido sin duda el factor desestabilizador del tablero, tanto que le propinó una inmensa derrota a la alianza de Juntos por el Cambio, cuya candidata, Patricia Bullrich, en su discurso de aceptación de la derrota lanzó un guiño al libertario Milei, acusando al oficialismo de corrupción y de haber endeudado más al país con una campaña de derroche de dádivas. Para entender cómo se vislumbra el balotaje conversamos con los politólogos, Carolina Ovares y Saúl Buseta.

Alrededor de mil millones de personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, padecen alguna de las 400 enfermedades que devienen en trastornos mentales. Tabúes, estigmatizaciones, discriminaciones y sub tratamientos que violentan los derechos humanos constituyen la realidad de un problema que cada vez tiene más incidencia personal, familiar, comunitaria y social. Más allá de la ansiedad y la depresión, hablamos de trastornos muy variados como la bipolaridad, el obsesivo-compulsivo, desórdenes del comportamiento alimenticio, del social, de la personalidad, estrés postraumático, esquizofrenia y Alzheimer, como parte de una complejidad de salud pública. Para atender estas condiciones como un derecho humano, Costa Rica aprobó una Ley de Salud Mental que introduce una definición más amplia del tema, incluye instituciones más allá del Ministerio de Salud y la CCSS, suma más profesiones en el abordaje y reconoce 22 garantías para los pacientes. Crea, además, un Órgano Técnico de Apoyo como instancia experta, remoza las funciones de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Salud Mental y establece un enfoque multidisciplinario remozado en la intervención integral de los pacientes. ¿Por qué es tan necesaria esta nueva legislación? Solo para poner foco en una cuestión, el último Boletín Epidemiológico (#38) de este año, reporta 2.764 intentos de suicidios, de los cuales 1.882 fueron mujeres y el resto (882) hombres. Para conocer los alcances a los que aspira el nuevo marco jurídico de salud mental, conversamos con la diputada Andrea Álvarez Marín y con el presidente del Colegio de Psicólogos, Angelo Argüello Castro.

El conflicto entre Israel y Hamás entró en fase de protestas populares en varios puntos del globo a partir del bombardeo (sin autoría certificada, pero con acusaciones de ambos bandos) a un hospital en Gaza. Hay que comprender que a diferencia de la invasión rusa en Ucrania, donde ha habido un apoyo bastante más consistente al país invadido- cuando se trata del sempiterno conflicto palestino judío, la exaltación se extiende como combustible y fuego. La diplomacia, en un mundo bastante anárquico de alineamientos múltiples, se juega con mucha rapidez en horas decisivas, intentando desescalar el conflicto, pero confirmando lo obvio, que el viejo multilateralismo (Naciones Unidas) ha perdido su músculo y que no es en Nueva York donde se llevan a cabo las negociaciones. Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU no logró una declaración de condena sobre la situación, habida cuenta del veto de los Estados Unidos que está decidido a mostrar (en Washington y en el orbe) su capacidad de incidencia político militar en el complejo ajedrez. Cabe anotar que de los cinco miembros con capacidad de veto, Reino Unido y Rusia, tampoco avalaron la declaración, escudándose en una abstención, en lo que constituye acaso un ejemplo para entender que las alianzas de países y de bloques de países son específicas y coyunturales. Volviendo al protagonismo estadounidense, el presidente Joe Biden salió bien librado de su visita relámpago de siete horas a la capital israelí, con el anuncio del desbloqueo para la urgente ayuda humanitaria a la población de Gaza que podría empezar en las próximas horas; aunque el viaje quedó inconcluso por la nada sorpresiva cancelación del encuentro con los líderes árabes en Jordania. Para profundizar en los últimos movimientos conversamos este jueves con el sociólogo político Constantino Urcuyo Fournier.

En el primer plano de las desgarradoras escenas de un conflicto bélico siempre está la expansiva y poderosa industria armamentista. La muerte de al menos 500 personas (de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza) tras el bombardeo de un hospital, con recriminaciones mutuas acerca de la responsabilidad entre Israel y el grupo Hamás, mantiene muy caliente el termómetro de esta nueva conflagración y nos conduce a pasar revisión de las armas y las estrategias de ambos bandos para realizar estos ataques, cuyas víctimas son civiles inocentes. El Balance Militar del año 2023, conducido por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, sostiene que las fuerzas armadas de Israel cuentan con 26 mil militares profesionales, 100 mil reclutas, 400 mil en reserva y una brigada especializada, conocida como Sayeret Matkal. En conjunto, superan el medio millón de efectivos. Hamás cuenta con una estructura militar de alrededor de 40 mil miembros, incluyendo una unidad de comando naval y especialistas en ciberseguridad. También posee el respaldo de otros países y grupos árabes. Fuentes de inteligencia sostienen que solo Irán ha incrementado sus aportes al ala militar del grupo extremista entre US$100 y US$350 millones anuales, que les han permitido asistencia e insumos para construir un sistema de túneles, cohetes con alcances de hasta 250 km, fusiles, balas, morteros y otros proyectiles. Todo para enfrentar a un ejército israelí, reconocido como uno de los más poderosos del mundo, con aviones de combate avanzados como el F-35 estadounidense, sistemas de defensa de misiles como los Patriot, el sistema de defensa Domo de Hierro, vehículos blindados, tanques, drones y tecnología de vanguardia para combates urbanos. Para pasar revista de este contexto militar conversamos con el especialista en temas de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos.

Las quejas de los sectores productivos agrícolas crecen como la maleza en campo sensible; campo del cual depende la seguridad alimentaria de la población. Al cruzar estos señalamientos con los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, respecto del desempeño en el 2022, hay razones para exigir abonar un terreno que es muy complejo y delicado dados sus impactos sociales, económicos y nutricionales. La participación de la actividad agropecuaria en el PIB ha venido a la baja. La agricultura ampliada, que suma al sector primario y a la agroindustria, cayó un 1 %. La fuerza de trabajo disminuyó en unas 20,000 personas. El desempleo llegó a 11,1 %, lo que significa que de cada 100 personas, 11 buscan trabajo. Otro aspecto sensible es la dependencia en la importación de maíz amarillo, preparaciones alimenticias, trigo y arroz, que representaron un 23.7 %.Entre sus demandas, el sector sostiene que la ruta del arroz no favoreció la disminución del precio, sino que disminuyó el área de cultivo, afectó la generación de empleo y está beneficiando solo a importadores. Con motivo del Día de la Alimentación, este lunes 16 de octubre, los productores demandan que el país defina políticas públicas que permitan equilibrar la producción de consumo y de exportaciones, aplique medidas de adaptación a los cultivos por los impactos del cambio climático y asegure planes, políticas y programas de seguridad nutricional para la población. Para ello, varias agrupaciones se unieron en un llamado para debatir con el Ejecutivo y el Legislativo, una Política Nacional para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario Costarricense con acciones, financiamiento y un cronograma de ejecución. Para conocer cómo abonan esa tierra conversamos con José Oviedo, Secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG).

En Ecuador, no hubo mayor sorpresa, sino la confirmación de las encuestas: el joven empresario y político Daniel Noboa, que cumplirá 36 años el próximo 30 de noviembre, gobernará con muy estrechos márgenes el país por escasos 16 meses (hasta mayo del 2025) para cumplir con el período constitucional del presidente Guillermo Lasso, quien se vio obligado a accionar el mecanismo constitucional de muerte cruzada en medio de la aguda crisis política que se extiende por años en esa (también) alicaída democracia latinoamericana. El sello indeleble del desafío es gobernabilidad política y narcotráfico y seguridad ciudadana. El país andino enfrenta la época más violenta e insegura asociada a la ola de homicidios y al afianzamiento de grupos criminales organizados; pero hay que sumar otros factores como el descenso de los ingresos fiscales por recursos petroleros, la caída de la inversión extranjera y un bajo crecimiento económico, que potencian una crisis socioeconómica cuyo principal impacto se observa en las cifras de pobreza y desempleo La realidad por enfrentar es muy dura. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en diciembre 2022, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,2 % y la pobreza extrema en el 8,2 %. UNICEF coloca a Ecuador como el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor incidencia de desnutrición crónica infantil con 27,2 %.El 70% de la población económicamente activa, la que está en edad de trabajar, se mueve entre el desempleo y la informalidad, lo que les mantiene lejos del sistema en cuanto a protección y prestaciones sociales y promueve una constante expulsión del territorio en el doloroso éxodo migratorio latinoamericano del que forman parte los ecuatorianos. Para poner en perspectiva los desafíos inmediatos conversamos con dos relacionistas internacionales. Desde Quito, Gabriella Guerrero, Directora Académica del centro de pensamiento Libre Razón, y en cabina, Marco Méndez, de la Universidad Nacional. Lunes 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

El ataque artero de Hamás y la feroz respuesta de Israel conforman el escenario de una nueva guerra, cuyos actores van más allá de los territorios en conflicto y cuyas consecuencias en la geopolítica del mundo comienzan a asomar temores de diferentes intensidades. Un primer plano se ubica en el freno a las conversaciones entre Israel y Arabia Saudita para establecer relaciones. Esto afecta los intereses saudíes y de sus aliados para afianzar su hegemonía y contrarrestar la influencia y el poder de Irán, a favor de los grupos extremistas. Lo que sucede desplaza el foco de la guerra ucraniana y las implicaciones que están favoreciendo una mayor expansión de la influencia rusa y china en la región. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó los ataques de ambos lados, pero afirmó que lo que están haciendo los israelíes es una masacre. India da un apoyo mesurado a Israel, mientras otros países del nuevo eje del Sur Global se mantienen cautelosos. Estados Unidos despliega recursos a su aliado e intensifica los contactos diplomáticos en Oriente Próximo. Y la Unión Europea clama por contención para procurar detener los efectos de la confrontación armada en las poblaciones civiles. Los impactos en la economía se configurarán conforme se extienda la conflagración, aunque ya los mercados petroleros y bursátiles analizan consecuencias ante una economía que arrastra los golpes de la pandemia. Como es comprensible, la situación tiene muchas fichas moviéndose en el tablero mundial y para seguir comprendiéndolas conversamos con el especialista en temas internacionales, Carlos Cascante.

Para poder dimensionar la ola de criminalidad y violencia que atraviesa el país, es necesario conocer y tratar de comprender aristas de la problemática que van más allá de las dramáticas cifras de homicidios y de la urgencia de dotar de mayores recursos a los cuerpos policiales. Una serie de reportajes del Semanario Universidad colocan luz en datos y hechos relevantes del fenómeno y su impacto en el país. Hablamos de la abrupta caída este año en los decomisos de drogas, la disminución de capturas de personas vinculadas al narco, el crecimiento de las bandas criminarles que operan en el territorio nacional, las bajísimas cantidades de comisos (₡2 millones y $1.400) que son recursos que se trasladan a las policías. Y obviamente, mientras eso sucede, la inseguridad crece: aumentan exponencialmente los asesinatos, crecen las denuncias por extorsiones y peajes en cinco de las siete provincias del país y registramos las cifras más bajas en inversión social en el país. Todo esto refrendado por la acongojante ausencia de una política pública de seguridad de la Administración Chaves Robles, que si bien el titular del ramo, Mario Zamora, prometió para fines de este mes, ahora se anuncia hasta para agosto del próximo año, según el cronograma de trabajo que presentó su colega de Justicia, Gerald Campos, a quien se le encomendó la tarea. Para ampliar acerca de estos elementos del contexto conversamos con el colega Mario Bermúdez, autor de los artículos periodísticos.

Como un monumental error de la inteligencia y la seguridad israelí. Así se explica el certero y despiadado ataque de la organización extremista Hamás y el inicio de una nueva guerra en una zona caliente del planeta. Ahora es Oriente Próximo. Una vez más el mundo se enfrenta al riesgo de una peligrosa escalada en una región marcada por la rivalidad entre grandes potencias, países rivales y facciones de variada índole. Un primer desgarrador balance son las más de 1.500 personas muertas, casi 7 mil heridas y al menos unos 130 rehenes. En el escenario una exaltación superlativa de las posiciones: Hamás amenazando con matar un rehén por cada ataque israelí no notificado e Israel sitiando Gaza y bloqueando el suministro de energías, agua y alimentos . Y en tanto avanza el diseño de un gobierno de emergencia nacional con la oposición , la movilización en curso de actores internacionales e incipientes contactos para intentar provocar lo que parece imposible en este momento: una disminución de la escalada. ¿Qué factores históricos , geopolíticos y coyunturales marcan la situación? Para tener una primera aproximación al complejo escenario de este conflicto conversamos con Carlos Murillo, doctor en relaciones internacionales y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

Esta era la crónica de una muerte anunciada: durante 18 meses, en medio de precarios disimulos y artificios, mantuvieron las discrepancias más o menos controladas. Pero los endebles puentes terminaron de dinamitarse a inicios de agosto, cuando nueve de los 10 diputados le dieron su adhesión pública al nuevo partido taxi “Aquí Costa Rica Manda” repudiando a Progreso Social Democrático, el mismo partido que los había llevado a las curules que habrán de ostentar hasta el 30 de abril del 2026. En esa oportunidad, Pilar Cisneros acusó a Luz Mary Alpízar, la legisladora que quedaba sola, de estar en contra del rumbo oficialista. Y Paola Nájera fue más allá asegurando que la fundadora del PPSD había actuado como "copia al carbón de los partidos tradicionales que han sido maestros de la corrupción", dejando a la interpretación de cada uno lo que fuera que eso quería decir. Debajo de ese puente, pasaron acusaciones mutuas, reclamos airados, palabras fuertes como traición y abandono de ideales; pero por encima de todo ello, las investigaciones en curso en torno a una campaña electoral teñida de posibles delitos en su financiamiento. Con base en las evidencias respecto de una doble militancia y teniendo como argumento la jurisprudencia del TSE. Progreso Social dio el ejecútese formal a la expulsión de los legisladores que ya habían abandonado la agrupación. De modo que al formalizar la salida, PSD solicita al Directorio Legislativo la reasignación de plazas de asesores, espacios físicos y presupuestos de los nueve. En respuesta, Cisneros indicó que se mantienen como la fracción oficialista, por mandato del soberano, no del partido que usaron como vehículo para llegar al poder. Las implicaciones en las elecciones municipales se verán en los territorios, ante la realidad de tres divisas partidarias que quieren apropiarse de la figura presidencial, en medio de desavenencias que no se disimulan. Para poner en perspectiva este anticipado episodio, conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) estimaba en 330 mil las personas que habían cruzado este año la peligrosa selva del Darién en su angustioso caminar hacia el omnipresente sueño americano. Es una cantidad inmensa, pero menor a los 400 mil que ya reportaba Migración de Panamá el 23 de setiembre. La cifra es tan cambiante como la dinámica migratoria misma, pues la Fundación Panamericana para el Desarrollo ya sitúa en 417 mil los seres humanos que pasaron el tapón que une Suramérica con el Istmo. En todo caso, nuestras propias autoridades migratorias dicen que cada día pasan el cordón fronterizo entre 2,500 y 3,000 migrantes, la quinta parte de ellos niños y menores de edad. Ese flujo, compuesto en su mayoría por venezolanos, haitianos y ecuatorianos, es el más alto registrado en la historia y sobrepasa las capacidades instaladas, los recursos y la mejor respuesta humanitaria posible. En el contexto de esa admisión de restricciones, el Poder Ejecutivo emitió el 29 de setiembre la Declaratoria de Emergencia Nacional de la crisis migratoria, que permitirá a la Comisión Nacional de Emergencias disponer de más recursos y dirigir la gestión de una ya larga situación crítica instalada. Claro que la situación excede en mucho a las naciones del sur de Centro América y por ello el presidente mexicano López Obrador convocó a una cumbre el 22 de octubre y, en preparación para ese encuentro, los presidentes Rodrigo Chaves y Laurentino Cortizo hicieron un recorrido aéreo por el Darién. El encuentro, sin embargo, quedó eclipsado por las imágenes carentes de total sensibilidad de los dos gobernantes observando desde una tarima y aislados con verjas metálicas el paso de migrantes exhaustos. Para entender los alcances de esta reunión y otras medidas que se adoptarán, conversaremos con el ministro Mario Zamora, quien además de ser responsable de la política de seguridad ciudadana, es el rector en materia migratoria.

Son días intensos en el abordaje de la acuciante situación de la inseguridad ciudadana, marcada esta semana por una reunión (protocolaria) de muchas autoridades de los tres Poderes de la República, que quedó eclipsada por el vil asesinato del oficial Jeiner Gómez (41) el miércoles por la noche. Las reacciones fueron inmediatas. Pero las soluciones (incluso las más imperiosas) tardarán bastante más. Urgen clamor de las autoridades del OIJ y la Fiscalía, muchos más recursos económicos para contratación de policías, compra de equipos, patrullas y sistemas de inteligencia, con los cuales enfrentar a un enemigo poderoso, con influencias y sin límites de dinero. Pero no hacemos nada con negar la realidad política: aunque hubo una momentánea línea discursiva del Ejecutivo para bajar el tono, duró tan solo unas horas. Y de nuevo este jueves el gobierno repartió responsabilidades e incluso exigió al Fiscal General que le entregara la política de persecución penal. El jerarca del Ministerio Público, Carlo Díaz, respondió fuerte y no aceptó la conminación desde Zapote. Tampoco los diputados aceptan que la solución a la crisis de asesinatos sea la aprobación de reformas que, si bien requieren actualización para modernizar la legislación penal del país, no deben utilizarse como distractores o paliativos a lo urgente y por ello, de forma unánime aprobaron una excitativa a la Administración Chaves Robles para que declare emergencia nacional la crisis de seguridad pública, ante la cruda realidad de que Costa Rica es hoy por hoy, el "país preferido de los narcotraficantes y eso ha traído consigo un aumento de la criminalidad local, la violencia, homicidios y lamentablemente la corrupción también", como lo aseguró apenas la semana pasada Robert Adler, el Director de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de los Estados Unidos. Hay que seguir la pista de evidencias, elementos del entorno, personajes que estén moviendo hilos, reclamos de cuerpos policiales, datos de entidades acreditadas en referencia a la actividad de grupos organizados y la urgencia de fortalecer todos los cuerpos policiales. Para continuar el debate público conversamos con el ex Fiscal General de la República, Francisco Dall'Anese Ruiz.

La tragedia de los femicidios tiene implicaciones tan profundamente dramáticas que extienden el círculo de violencia y lo amplifican hasta cobrar la vida de otras víctimas del entorno. La terrible muerte Britney Vílchez, de tan solo 13 años de edad, vuelve a poner en la discusión pública la inmensa responsabilidad que arrastramos en el Estado costarricense ante este flagelo. La corta existencia de Britney fue un largísimo calvario. Cuando tenía seis años y su hermanito apenas uno, en 2016, el padre les mató a su mamá Margarita Espinoza (27 años) y a su abuelita doña Mayela Arce. Pero ella no recibió atención médica ni psicológica oportuna y el pasado 22 de setiembre, tan solo veinte días después de ser diagnosticada de un tumor cerebral, falleció sola en una cama del hospital México. El reconocido activista en la defensa de los derechos de víctimas de femicidio, Oscar Morera, asegura que la inacción gubernamental, de la que achaca responsabilidad directa a la ministra de la Condición de la Mujer, terminó con la vida de la pequeña Britney. Porque ¿de qué sirve contar con una Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, si en la práctica la desidia, la negligencia, la burocracia y la indiferencia ganan la partida? Esta legislación, que ya tiene un año y medio de vigencia, establece que los sobrevivientes de las víctimas, deben recibir atención prioritaria y garantía de acceso a servicios públicos tales como asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, becas de estudio, bonos de vivienda, además de asesoría y representación legal. Pero Britney no recibió nada de eso. Y para profundizar en ello conversamos este jueves con Oscar Morera, de la organización Familias Sobreviviendo al Femicidio, y con Kevin Espinoza Arce, el joven tío que salvó a sus sobrinos de la perversa acción homicida del padre.

En medio de la peor crisis de seguridad que vivimos, con cifras históricas en homicidios, producto de una ola de violencia extrema y ajustes de cuentas entre bandas y, muy recientemente además, con señalamientos de posibles negociaciones entre el gobierno y grupos del crimen organizado, se llevó a cabo una reunión "de emergencia" de los tres Poderes del Estado; esta vez convocada por el presidente de la República. Fue el segundo encuentro en un año. Horas antes, el lunes, la Asamblea Legislativa dispensó de todo trámite siete proyectos de ley en materia de seguridad, con la intención de fortalecer el sector ante la grave crisis que se vive; uno de ellos para exonerar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del pago del IVA con la intención de darle espacio con recursos económicos. No obstante, la iniciativa por ahora no cuenta con el apoyo de Hacienda, ni de la fracción de gobierno; es decir, de Zapote. Por ello, en el encuentro de este martes, el Poder Judicial insistió en la urgente necesidad de reforzar al OIJ con herramientas para potenciar la acción de esta policía especializada y enfrentar con un arsenal mayor el dramático momento que atraviesa el país. “Los diputados preguntaron sobre la política de seguridad nacional, y la verdad es que esto está en construcción, sin embargo, les hicimos ver en la reunión que esta situación de emergencia requiere de más leyes que nos permitan lidiar con todo lo que estamos viviendo”, indicó el mandatario al insistir acerca de la necesidad de legislación, pero bajando el tono a su habitual práctica de señalar de responsabilidades a los otros, tanto que esta vez no la emprendió contra jueces y tribunales, como lo hizo en reiteradas ocasiones anteriores. Ciertamente, hacen falta más policías, más equipos, más tecnología y sistemas de inteligencia que permitan confrontar el poder económico, la infraestructura y los equipamientos de los grupos al margen de la ley y poner todo este cóctel en perspectiva realista, conversamos con el experto en materia de seguridad, Álvaro Ramos.

Luchando contra una institucionalidad maltrecha, los guatemaltecos atraviesan por una coyuntura decisiva en la que aspiran a mejorar la condición de su establecimiento democrático. Para entender lo que allí sucede hay que poner foco -entre otras causas estructurales- a la solvencia del aparato de administración de justicia, sobre el que descansa en un Estado de Derecho, la preservación de garantías constitucionales individuales y colectivas. El primer elemento sensible en esta materia tiene que ver con la escogencia de los operadores de justicia, porque si los procesos no tienen garantías de imparcialidad, confianza y credibilidad en la selección de las personas más idóneas, sino que, por el contrario, son viciados por la injerencia de poderosos grupos políticos, económicos y sectoriales que colocan a los jueces, fiscales y magistrados que les favorezcan, todo el andamiaje queda vaciado de contenido. Una investigación de estos procesos durante los años 2004-2009 y 2014 proporcionan evidencia útil acerca de los dudosos nombramientos de personas, que sin las condiciones necesarias, obedecen a los intereses de quienes los han llevado a cargos sensibles en el sistema judicial, para que respondan de la manera en que le beneficie -particularmente a lo que en Guatemala se denomina como el "pacto de corruptos"- con determinadas resoluciones, con el ocultamiento de investigaciones, o como se ha visto en el proceso electoral en curso, con injerencias e investigaciones impensadas en sistemas democráticos que resguardan celosamente la independencia del poder electoral. El estudio que aludimos lo realizó el Informe Estado de la Región, en el marco del proyecto de investigación acerca de la independencia de los Poderes Judiciales en Centroamérica y para ampliar acerca de algunos de sus resultados conversamos con Alberto Mora Coordinador del Informe Estado de la Región y con Dinora Martínez, Presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala (AGJI).

La libertad de expresión, la libertad de prensa y las relaciones entre medios de comunicación y poder político, no pasan por buenos tiempos en Costa Rica. Algunos datos así lo evidencian: -El 63% de la población asegura conocer de ofensas contra periodistas en este año. -El 48% indica que es peligroso trabajar como periodista. -Un 54% percibe censura o limitaciones de personas en general a expresar sus pensamientos. -Y un 43,5% de la población considera que el gobierno de Rodrigo Chaves irrespeta la libertad de prensa y de expresión. Estos son solo algunos de los resultados de una reciente encuesta hecha por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) por encargo del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Para ampliar acerca de las valoraciones obtenidas en este estudio científico nacional conversamos con los periodistas Guiselle Boza y Óscar Jiménez del PROLEDI.

Con el fin de mes, llegan buenas noticias desde la Asamblea Legislativa para los propietarios de vehículos. Se aprobaron dos proyectos de ley que tienen incidencia directa en el pago del marchamo. El primero fue impulsado por la bancada Liberal Progresista y logró -contra pronóstico inicial y tras muchas negociaciones- un acuerdo unánime para reformar el método de cálculo del monto para el pago del impuesto a la propiedad de vehículos, el componente de mayor peso en el costo total del marchamo. Los autos con menor valor fiscal pagarán menos respecto de los de mayor valor. La iniciativa garantiza también una disminución por emisiones contaminantes para los vehículos de hasta nueve años de antigüedad, así como un mecanismo de reducción anual en el costo por depreciación. En plata blanca, los rebajos van desde los ₡13 mil a los ₡113 mil. El segundo proyecto aprobado fue impulsado por Liberación Nacional y aunque no obtuvo el apoyo de la fracción oficialista, logró la condonación para todos aquellos que tengan deudas del marchamo actual (2023) hacia atrás, siempre y cuando el contribuyente moroso cancele el derecho de circulación 2024. Esta amnistía es total: incluye el principal, intereses, multas y sanciones. Para conocer pormenores y pasos a seguir con la entrada en vigencia de las nuevas reglas, conversamos con el diputado liberal Jorge Dengo Rosabal.

La temperatura política de estas semanas ha vuelto a escalar en los termómetros que inútilmente intentan equilibrar las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde Zapote, una vez se produjeron reacciones altisonantes del presidente Rodrigo Chaves, ante el resello de la ley que sacará a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El mandatario calificó de “cínicos, vergonzosos y antipatrióticos” a los 38 que ratificaron la ley; incluso llamó “Judas” a la legisladora Luz Mary Alpízar, la presidenta del partido que lo llevó al poder, a quien horas antes la jefa del oficialismo llamó “traidora, traidora”. Desde Cuesta de Moras las respuestas fueron muy fuertes y una vez más, el presidente Rodrigo Arias, exigió respeto a la Asamblea Legislativa, evaluando las palabras del gobernante como “desafortunadas, innecesarias e inaceptables”. El enojo focalizado en la diputada Alpízar, devino del hecho de que su voto fue determinante para que el Congreso alcanzara el resello; el cuarto que recibe en tan solo 17 meses la actual administración; algo inédito considerando que hubo cuatro resellos entre 1983 y el 2015; es decir en nueve periodos gubernamentales. El martes también una nueva interpelación; esta vez a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, que se tornó en un repaso de quejas y señalamientos directos a la gestión. La comparecencia estuvo salpicada desde el inicio porque la jerarca se hizo acompañar de una comitiva de 33 asesores. La ministra reiteró que no dimitirá. En este ambiente enrarecido, ni el acuerdo unánime para bajar el monto del marchamo de este año parece llevar calma a las tensiones, que, por el contrario, escalaron este miércoles con la explosiva publicación del diario mexicano El Universal, que abrió el telón a una supuesta negociación de Costa Rica con cabecillas narcos; que el gobierno desmintió de inmediato, pero que ya causó un impacto tanto en el Ministerio Público que anunció el inicio de una investigación, como en el Congreso, pues ante la alarma generada los legisladores decidieron de inmediato llamar a comparecer al Ministro de Seguridad Pública. Para focalizar los efectos de estas tiranteces conversamos con el Dr. Rotsay Rosales Valladares, coordinador del Observatorio de la Política Nacional, OPNA.

Si nos apegamos a los plazos establecidos por la Sala Constitucional, en tan solo tres meses más (diciembre) debería estar resuelto un problema que por décadas se ha venido acumulando en algunas comunidades del verde y productivo cantón de Oreamuno de Cartago. La zona de productores de verduras, hortalizas, frutas y pastos para ganado lechero, vive hoy las consecuencias del dañino fungicida clorotalonil, que ha sido utilizado en exceso -obviamente, sin controles- y sin restricciones de política pública de ninguna naturaleza, a pesar de tratarse de una sustancia con potencial cancerígeno prohibida en Estados Unidos y Europa, porque puede contaminar las fuentes de agua, dañar la salud humana y provocar daños ambientales. En la zona alta de Cartago, lo que era un secreto a voces, culminó en una alerta sanitaria hace tres años, cuando se prohibió el uso de agua para consumo humano de unas seis nacientes de Cipreses y Santa Rosa, cuyas ASADAS proveen el recurso hídrico a esas comunidades. Los análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en conjunto con Acueductos y Alcantarillados expusieron concentraciones del clorotalonil que superaron en 240 veces lo permitido para consumo humano. Unas 10 mil personas están afectadas de manera directa, por lo que han tenido que recibir el líquido por medio de cisternas. Pero el problema no se encapsula allí, los daños podrían extenderse a otros cientos de miles de habitantes más de distritos y cantones cercanos y, por supuesto, también a todos aquellos que consumen productos de la zona. Para ampliar acerca de las implicaciones y vías de solución conversamos con el alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, el ingeniero Daniel Coto, también del municipio y el salubrista ambiental de AyA, Carlos Ramírez Vallina.

Pasar lista a las alertas sanitarias emitidas las últimas semanas en el país nos pone de frente a los riesgos e implicaciones de salud comunitaria que estamos enfrentando. Un repaso que nos debe ocupar, más que preocupar, apunta a la baja de los índices de vacunación que ha caído en promedios peligrosos; por otro lado, no hay información acerca de hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19; la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños está al 214% de ocupación por virus respiratorios y 10.236 casos de dengue reportados a setiembre, parece que se siguen extendiendo. A este panorama se sumó el fin de semana la alerta por contaminación de agua en el populoso cantón josefino de Alajuelita, que aun cuando fue descartada este lunes, mantiene ocupados a los equipos de salud y las familias de la zona por el brote de diarreas detectado. A la lista hay que agregar la falta de resolución por la severa crisis de contaminación del plaguicida clorotalonil en Oreamuno de Cartago. Para ampliar acerca de nuestros desafíos sanitarios inmediatos conversamos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

El aumento en la cantidad de homicidios, en la violencia y la saña con que se cometen, así como el hecho de constituirse en un fenómeno extendido por todo el país, tiene encendidas muchas alarmas. La semana pasada convirtió este año en el más violento de toda la historia de Costa Rica, aun faltando tres meses para que concluya. Sin duda la situación tiene desbordados a los cuerpos policiales, con especial foco en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) responsable de la recolección de indicios, custodia de pesquisas e investigación de todos los casos pendientes; labor que realiza con el mismo personal, equipos y recursos económicos. La tasa de homicidios del 2022 fue de 12,6 por cada 100 mil habitantes. Al 22 de setiembre de este año se contabilizaron 656 homicidios, la misma cifra de los doce meses anteriores, para un incremento del 46,2 % y -de acuerdo con los especialistas- no parece haber forma de que la tasa no continúe en ascenso. Para ampliar acerca de cómo enfrentar la crisis de seguridad ciudadana que padecemos, conversamos con el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en el pleno del 78° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue tan notoria como la ausencia de cuatro de los cinco poderosos integrantes del Consejo de Seguridad. Solo el estadounidense Joe Biden se presentó a la cita, lo cual se da siempre por sentado. Ciertamente, nadie esperaba a Xi Jinping y mucho menos aún a Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de captura internacional, pero la ausencia de Francia y Reino Unido sí fue objeto de señalamiento. ¿Cuánto peso le otorgan los grandes hoy al multilateralismo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Es que acaso el G7, que se reunió en la Cumbre de Hiroshima en mayo, o el G20, que se encontró hace apenas dos semanas en la India, concitan hoy más interés que congregarse alrededor de los muy limitados alcances de los objetivos de desarrollo sostenible, que evidencian retrasos prácticamente en todas sus metas? ¿Y qué decir de la crisis migratoria, hoy en un punto de inflexión planetaria, cuya discusión quedó fuera de los reflectores neoyorquinos de la semana? Bregando con sus márgenes de maniobra, el Secretario General, Antonio Guterres, mantuvo en alto la bandera de la lucha por enfrentar los alcances del cambio climático y el calentamiento global. No solo como eje central de las deliberaciones, de las que por cierto excluyó a Costa Rica y a otras naciones por considerar que no muestran hoy un compromiso real en la materia, sino también con la realización paralela del Foro de Acción Climática, del que sí formo parte el expresidente Carlos Alvarado. Lo cierto es que la pasarela de mandatarios en la esperada semana de sesiones y en el centenar de reuniones de carácter bilateral que marcan la convocatoria habitualmente, levantó como cada año reivindicaciones del sur global presionando para obtener un mejor trato de los países desarrollados en temas como el manejo de la deuda, las ayudas financieras y el intercambio tecnológico. Pero antes de apagar las luces del evento, ya el foco estaba situado en Washington, donde la guerra entre Rusia y Ucrania siguió siendo el motivo de debate entre republicanos y demócratas con la visita en la capital del presidente ucraniano y sus reiteradas peticiones de ayuda para continuar la batalla por la desocupación de su territorio. Para hacer el repaso internacional de la semana conversamos con el ex embajador ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri Bilbao.

Las denuncias de la Policía de Control de Drogas (PCD) y de Vigilancia Aérea, respecto de la desmovilización de los oficiales de detección de drogas en puertos, muelles y aeropuertos, así como el desmentido del ministro de Seguridad al respecto, dejaron al descubierto dos asuntos sustantivos: por un lado, que hay en curso un plan de reorganización del trabajo de los policías administrativas del país del cual no teníamos conocimiento y, por otro, que existen fuertes tensiones a lo interno de una cartera ministerial que resulta neurálgica en la coyuntura que vivimos. Esto ocurre cuando el país enfrenta la ola de criminalidad más grande de su historia, por pugnas entre bandas que defienden territorios para el almacenaje, custodia y distribución de drogas. Este martes contabilizábamos 649 asesinatos violentos en lo que va del 2023, con lo que hemos pasado en tan solo dos años a triplicar el promedio diario de homicidios, de 1.4 a 4.2 de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial. Tal es la realidad que la inseguridad es el principal problema nacional y de acuerdo con el 70 % de la ciudadanía, la situación solo ha empeorado, según el último estudio de opinión de CIEP-UCR, que indica además que es creciente el porcentaje de la gente que desconfía que el gobierno pueda resolver esta grave situación. Como si todo esto no fuera suficientemente preocupante, la semana pasada la expresidenta Laura Chinchilla, experta en temas de seguridad, advirtió acerca del peligro latente de entregar poder a las bandas de crimen organizado. "Hay que estar ojo al Cristo porque así como en algunos países se dio la tentación de contemporizar con bandas criminales o más bien de explotar el temor de inseguridad para justificar negociaciones indebidas o para justificar políticas de mano dura, no deberíamos descartar nada por acá". Para poner en contexto todo esto, conversamos con el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Solo considerando el desgaste propio del ejercicio del poder desde el Ejecutivo, la última encuesta nacional de opinión pública apunta a una disminución de las valoraciones positivas que, en la medición anterior de abril, le otorgaban a la Administración Chaves Robles 63 puntos. Y si bajan las opiniones positivas, la correlación apunta al incremento, ya como tendencia, de las opiniones negativas. El cuarto estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP-UCR, de estas últimas horas, nos presenta el panorama respecto de la calificación actualizada del gobierno, del mandatario, la Asamblea Legislativa y las principales problemáticas que desde la perspectiva ciudadana, afectan al país. En esta oportunidad, el estudio también nos ofrece una primera aproximación al termómetro de las elecciones municipales del primer domingo febrero próximo. Para develar los datos y poder realizar las comparaciones, conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del equipo investigador del CIEP.

No hay otra manera de decirlo y por ventura es así: nuestra institucionalidad responde al clamor que lanzamos por una sociedad que aspira a lograr la igualdad en derechos y oportunidades. Y eso nos renueva las esperanzas. Este lunes los y las diputadas, por la calificada mayoría de 38 votos, designaron como magistrada de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia a la doctora en derecho penal Patricia Vargas González, la mejor calificada con 89.56 puntos en el proceso de selección. Vargas, quien será juramentada por la Asamblea legislativa el próximo jueves, será la octava jueza de un cuerpo colegiado de 22 integrantes, 14 de los cuales son magistrados, con lo cual aún hay camino que recorrer para establecer la paridad y saldar la deuda histórica que tiene la sociedad costarricense para con la igualdad en la impartición de justicia. Y el tiempo es ahora: quedan sin nombrar por el momento otra magistratura en la Sala Primera y una especialmente sensible en la Sala IV para ocupar el puesto que dejó vacante hace año y nueve meses la jurisconsulta Nancy Hernández López, hoy jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en este contexto que el Foro de Justicia hace un vehemente llamado para que las designaciones pendientes se agilicen, eso sí, teniendo como norte los principios la objetividad, igualdad de género y cumplimiento de los estándares internacionales para garantizar que las personas seleccionadas cumplan efectivamente con el enorme desafío de fortalecer el sistema judicial. Para ampliar acerca del tema conversamos con Marcia Aguiluz y Evelyn Villareal, del Foro de Justicia.

Por los plazos establecidos, por haber hecho todo contra reloj (muy a la tica), por los intereses en juego de actores política y económicamente poderosos y por lo complejo de la materia, todo apunta a que Costa Rica, al menos por un tiempo indefinido más, seguirá siendo parte de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El cuento es difícil, aunque lo que exigen los europeos es muy sencillo de resolver: debíamos corregir nuestra legislación tributaria para no favorecer, como actualmente está establecido, lo que se conoce como la doble no imposición que permite que no tributen sobre sus rentas pasivas ni en Costa Rica ni en Europa empresas o personas físicas europeas. Es decir, que igual que debe imperar la protección para que no se afecte a personas y empresas con dobles imposiciones, no debe existir laxitud tal que algunos astutos no paguen tributos por rentas ni en una jurisdicción ni en la otra. El caso es que en lugar de hacer una reforma simple, sencilla y “limpia” para eliminar ese portillo existente, los diputados por mayoría simple aprovecharon la urgencia de la rectificación, para introducir un artículo que -en pocas palabras- le quita dientes al Ministerio de Hacienda para seguir peleando una batalla (que tiene abierta y que es avalada por los tribunales de justicia) para poder cobrarle impuestos a empresas domiciliadas en territorio nacional por ganancias generadas en el extranjero. “Lo más cínico es que los diputados le hicieron a Costa Rica lo que la Unión Europea le está pidiendo impedir a sus empresas y ciudadanos” dijo el Presidente de la República al vetar parcialmente el proyecto el jueves pasado. Por el contrario, los diputados de cuatro bancadas, en contra de esa tesis, argumentan que el Ejecutivo padece de voracidad fiscal y objetan sus recriminaciones. El caso es que el veto en cuestión abre varios escenarios en el Congreso mientras nos deja expuestos casi inevitablemente a la sanción europea que conocerá de nuestro caso a mediados de octubre. Las implicaciones las analizamos con el economista José Luis Arce de FS Capital.

Celebrar la independencia patria nos permite repasar episodios de la historia y dimensionar algunos de los hitos que han ido conformando la identidad de Costa Rica, como una nación libre, democrática, independiente y pluricultural. A 202 años de esta gesta volvemos a recordar las condiciones políticas, económicas y culturales que tenían nuestros antepasados, para poner en perspectiva la Nación que hemos forjado, con sus aciertos y sus desafíos. Rendimos honor al volver a reconocer los esfuerzos bicentenarios en la construcción de las estructuras democráticas, jurídicas, educativas y de convivencia hacia un Estado Social de Derecho. Hitos que se revaloran desde el año 1812, con la Constitución de Cádiz, el acta de independencia de 1821, la guerra de Ochomogo, los intentos para establecer la fallida República Federal de Centroamérica, la época liberal y las garantías sociales que son pilares fundamentales y las reservas para enfrentar los retos del presente. Hacemos esta revisión con la catedrática, investigadora e historiadora, Ana María Botey.

Aunque existe criterio unánime respecto de la imperiosa necesidad de que el país avance sin dilación en el despliegue de la red 5G (la quinta generación de tecnología móvil) no hay tal unanimidad respecto de la inesperada decisión del gobierno de la República de excluir -aparentemente por razones políticas y no con fundamento en criterios técnicos- mucha de la infraestructura actualmente desplegada por los tres operadores de telecomunicaciones con tecnología Hauwei (China). Se trata de un asunto complejo y con múltiples aristas. Todos por supuesto, queremos contar con las ventajas de la tecnología móvil más nueva. Pero no entendemos nada respecto de cómo se despliegan las redes, cuáles son las inversiones que deben hacerse, cuánto cuestan y quiénes deben pagar por ello. Más difícil aún es comprender que todo esto pueda formar parte de lo que algunos llaman la guerra fría de las telecomunicaciones entre China y Estados Unidos que, en todo caso, es una batalla de muy alta temperatura. Y ahí es donde parece radicar hoy el desafío tico. En el mes de agosto se sucedieron varios hechos relevantes de esa puja geopolítica de la que ya somos parte. Nos visitó la jefa del Comando Sur y advirtió de la preocupación de su país respecto de las inversiones chinas en “infraestructura crítica”. La Embajada China reaccionó con molestia: “Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos”, argumentó. Apenas ocho días después, el presidente Chaves viajaba sorpresivamente a la Casa Blanca y anunciaba que el ICE “y eventualmente, todos los proveedores públicos y privados de 5G, se limitarán a comprar tecnología de equipos para 5G solo a proveedores confiables”. Y el 31 de agosto se publicaba un polémico decreto que estableció la obligación de no contratar servicios con empresas que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre ciberseguridad, que según expertos no tiene nada que ver con lo que se pretende, que en la práctica es evitar el despliegue de 5G sobres las redes existentes de 4G lo cual implica multimillonarias inversiones para los tres operadores de telecomunicaciones del país; particularmente para Kolbi. Ahora, ¿cómo salimos de este embrollo lo mejor librados que nos sea posible, cuando se advierte hasta de posibles litigios internacionales? ¿Cuánto se podría atrasar el despliegue de 5G por esta circunstancia? Para muchas de las preguntas pendientes, conversamos con el especialista Juan Manuel Campos, de Ciber Regulación.

El espejo que nos puso de frente el Noveno Informe sobre el Estado de la Educación, recientemente publicado, nos obliga a observar profundamente los desafíos estructurales, entre otras materias, de la macro evaluación; una asignación en la que llevamos mala calificación con muchas tareas pendientes. Este importante componente carece de parámetros claros, respectó de qué, cómo y para qué se evalúa. Tampoco incorpora estándares internacionales para mejorar y mantiene al Ministerio de Educación como juez y parte en el proceso, sujeto siempre a los vaivenes de cambios políticos y no asegurados al timón de los criterios técnicos. Una de las conclusiones es contundente: “Si consideramos todas las interrupciones en la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional a causa de las decisiones de las administraciones de turno, acumulamos cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Para la política pública, esto es un obstáculo de innovación y progreso, en general, para la mejora educativa”. Por eso, entre otras propuestas, el EE apunta a la creación de una agencia de evaluación independiente, tal y como lo aconsejan hoy las mejores prácticas internacionales de macro evaluación educativa, como los hacen ya Chile, Perú, Uruguay y Colombia, solo por citar algunos países de nuestra región. Para dar continuidad al análisis conversamos con Isabel Román, coordinadora del Noveno Informe y Katherine Barquero, investigadora.

Chile, 11 de setiembre de 1973: un golpe militar derroca al presidente Salvador Allende. Es tiempo de golpes y dictaduras en América Latina. Unas a sangre y fuego y otras por el “convencimiento” del uso del poder institucional. En México, por ejemplo, en la llamada dictadura perfecta, el poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna con mano firme y lo domina todo. Medio siglo después, estos dos polos de nuestra América nos permiten perfilar el mapa de los desafíos democráticos regionales. Chile con Gabriel Boric como presidente, no logra superar los escollos de gobernabilidad que mantienen aún en vigencia la Constitución Política que construyó la dictadura de Augusto Pinochet y, peor aún, el 36 % de los ciudadanos justifican el golpe militar y la extrema derecha deriva réditos de la herida histórica que se mantiene abierta. Y México, por primera vez en su historia, asiste a una campaña electoral con la opción real de que una mujer llegue a ser presidenta. Con los partidos tradicionales muy debilitados, la senadora Xóchitl Gálvez aglutina los empeños de tres agrupaciones políticas para intentar destronar del poder a la ungida oficialista del populista Presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum. Y en ambos casos, el telón de fondo, como en toda América Latina, siguen siendo los problemas estructurales: la pobreza, la extrema desigualdad y la crisis de los partidos políticos que marcan las desesperanzas de los ciudadanos. Por eso se entiende que irrumpan con fuerza los relámpagos de la polarización política y con ellos, el populismo, la posverdad y la desinformación en todas sus variantes. Para hacer este repaso, conversamos con el especialista en fenómenos políticos Constantino Urcuyo Fournier.

En punto al ambiente, estamos afrontando en el planeta una triple crisis simultáneamente: la de los impactos por el cambio climático, la de la pérdida de biodiversidad y la de la contaminación por tóxicos y plásticos. Esta problemática global causa estragos en la salud, la agricultura y la provisión de agua potable, al tiempo que extermina especies de flora y fauna, destruyendo hábitats, núcleos poblacionales y, por supuesto, infraestructura con multimillonarias pérdidas. Así, nuestra calidad de vida desmejora y esto obliga al mundo a rediseñar las estrategias de cooperación internacional para concretar programas y acciones climáticas que den respuesta a las vulnerabilidades en curso, para tratar de revertir los efectos actuales y los gravísimos que se avizoran en un futuro cada vez más cercano. Y aunque la responsabilidad de la contaminación recae en las economías más poderosas, es nuestra obligación también poner foco local a estos desafíos para incidir con nuestras fortalezas ambientales como país en acciones de adaptación y restauración. Para comprender y hacer conciencia conversamos con Carlos Manuel Rodríguez, Director Ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

Apenas seis años atrás, en octubre 2017, el movimiento #Metoo que inició en Estados Unidos como una protesta en redes sociales para denunciar el acoso y la agresión sexual, primero contra el productor de cine Harvey Weinstein y luego contra otros hombres poderosos, se extendió por el mundo entero. Fue un punto de inflexión en la lucha por la reivindicación de la dignidad de las mujeres. Algo de similar impacto está pasando hoy en España. Emergió del fútbol en una fiesta de celebración a miles de kilómetros en Sidney, Australia, el domingo 20 de agosto, pero hoy tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras ibéricas y más allá de las canchas. El denominado caso Rubiales ha evidenciado, entre otras cosas, el comportamiento machista y de abuso de poder que prevalece en el muy cuestionado mundo financiero, político y cultural, futbolístico y de ahí que la ola de protestas y cuestionamientos ha cobrado tantísima relevancia. Ese domingo, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), durante la celebración de la copa de su país en el mundial femenino, no satisfecho con hacer un bochornoso desplante primario de poder tomándose los genitales, besó sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso. Ahí quedó opacada la fiesta y empezó la guerra. O más bien continuó. Porque cuando las jugadoras de fútbol salen a la cancha no solo lo hacen en busca del triunfo, lo hacen también para perseguir metas como la igualdad de sus muy dispares condiciones salariales y de garantías, respecto de los hombres. Lo cierto es que hoy el caso ya escaló a la esfera penal. Rubiales se niega a dimitir, pero la FIFA lo suspendió por tres meses, mientras la Federación Española lo tiene separado a la espera de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, al que el gobierno de Pedro Sánchez le ha solicitado expresamente la destitución después de un encendido discurso en el que gritó que no renunciaría y escupió que “el falso feminismo en España es una lacra”, con lo que obviamente cayó más bajo aún en su desprestigio. Por ahora ya hay consecuencias: fue destituido el entrenador Jorge Vilda un incondicional de Rubiales y la selección española, será dirigida por primera vez por una mujer, Montsé Tomé, acaso preludiando una nueva era. ¿Cuánto puede cambiar para mejorar la condición de las mujeres en el fútbol y en la sociedad el caso Rubiales? Lo conversamos con la socióloga y experta en derechos de género, Montserrat Sagot.

Hay mucha tela que cortar aún para deshilvanar las costuras del entuerto que se ha generado a raíz de la persistencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de exigirle a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) los datos crediticios de todas las personas físicas y jurídicas con su correspondiente identificación. ¿Qué hay detrás de esto? Si bien el Central es el superior de la Sugef, cada una de esas instancias tiene muy delimitadas sus funciones y en virtud de ello la Superintendencia se ha negado hasta hoy a entregar la información. Para hacer cálculos del PIB, el endeudamiento, la oferta monetaria y los riesgos por eventos naturales, los entendidos en la materia concuerdan que el Central no requiere la información desanonimizada. Pero en su afán por mantener el criterio contrario y también por aclarar la disputa con la Sugef; disputa que como sabemos decidió llevar hasta la vía penal, el Banco Central, caracterizado siempre por tener perfil sobrio y reputación intachable, ha revelado en los últimos días que su urgencia de la data en cuestión estriba en que pretende cruzarla con otras bases de datos de del Ministerio de Hacienda, de las contribuciones de la CCSS y otras que se usan en el Sistema Nacional de Pagos (Sinpe). De ser así y si esas instituciones entregaron ya la información sin el consentimiento informado de los administrados, estamos en terreno considerado muy riesgoso, razón por la cual han llovido acciones administrativas, recursos de amparo y hasta una acción de inconstitucionalidad. Para unir retazos de todo el embrollo conversamos con el economista, Ronulfo Jiménez.

Si Costa Rica fuera una casa, hoy requeriría batería de mejoras en cimientos, pisos, goteras, conducciones eléctricas, pintura y hasta reforzamiento del techo. Tal imagen nos resulta apropiada para entender los resultados de la investigación acerca del “Balance y Tendencias del sector vivienda 2022”. Se trata de un área de la economía que se ha venido frenando, lo cual resulta paradójico si se observa que están dadas las condiciones internas que más bien deberían impulsarla. Nos referimos a la reducción de la inflación, la revaluación del colón y la mejora en las finanzas públicas. Pero, paradójicamente, esas condiciones favorables han chocado de frente con una reducción en los presupuestos de inversión y una disminución en la entrega de bonos de vivienda, que es la más baja de los últimos 25 años. Así entonces, aunque el déficit cualitativo de viviendas en el país es de apenas 11.437, ha aumentado a 760 mil el de las unidades habitacionales que están en mal estado. No solo eso, sino que las familias con ingresos entre ₡320 mil y ₡800 mil no pueden para acceder a créditos o a bonos y para peores, las enormes diferencias de precios de los materiales de construcción, les dificultan aún más su anhelo de tener casa propia o mejorar la que ya poseen. A este panorama de la política pública del sector vivienda le adicionamos la iniciativa del Ejecutivo para crear el “Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda” que unificaría las tres instituciones, pero que no parece contar con el respaldo de los gremios y especialistas del ramo. Para abordar el tema conversamos con Franklin Solano, de la Fundación Hábitat, y Guillermo Carazo, Director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La crisis de las democracias llega a punto tal que en algunas naciones ya no hay siquiera el mínimo pudor para intentar burlar los resultados electorales, como lo muestra el inédito caso guatemalteco, o para violentar a sangre y fuego un proceso, como en el caso de Ecuador, o como para desdeñar el imperio de la ley como lo refiere el penoso caso estadounidense del expresidente Donald Trump y sus aspiraciones a la reelección pese a 91 cargos penales que pesan en su contra como imputado en cuatro casos en curso. Lo cierto es que esos procesos electorales hoy, de un modo u otro, pasan por la judicialización, lo que muestra el acusado desgaste de las capacidades de diálogo, negociación y consensos mínimos en democracia y en defensa del Estado de Derecho. Así que este lunes hacemos repaso de coyuntura político electoral y democracia en nuestro continente, enfocándonos en estos tres tópicos de actualidad: Guatemala, donde el presidente electo y su fracción parlamentaria son objeto de burdas estratagemas, que plantean una situación de tensión interna y preocupación internacional, pues aunque este domingo el Tribunal Electoral descalificó la suspensión arbitraria del partido Semilla decretada por el Registro de Ciudadanos y urgió a los tres Poderes a respetar la voluntad popular, no hay duda de que los detractores de la democracia, seguirán intentando destruir por la fuerza lo que no pudieron derrotar en las urnas. Ecuador, donde la ola de violencia continúa imparable, tras la primera vuelta de las elecciones anticipadas que escogió a la correísta Luisa González y al joven empresario y político Daniel Novoa (35 años) al balotaje del 15 de octubre. Y Estados Unidos, donde Donald Trump hará lo sea al costo que sea para volver a ser candidato presidencial para los comicios de noviembre del 2024. Con el internacionalista Carlos Murillo Zamora, Director del Observatorio del Desarrollo de la UCR conversamos en Hablando Claro.

En términos de recursos, gestión y resultados de los aprendizajes, la crisis de la educación costarricense se profundiza y toda una generación de alumnos del sistema público arrastran tanto las secuelas de las interrupciones de los ciclos 2018-2021, como las respuestas insuficientes y parciales que se han puesto en marcha hasta ahora. Tanto que la pérdida de aprendizajes en Costa Rica se estima entre uno y dos años de educación formal, de los más altos de toda América Latina (pospandemia) junto con México y Ecuador. Nuestros problemas son harto conocidos, pero no son de la misma magnitud. Hoy son mayores. Y nos los desnuda el Noveno Informe del Estado de la Educación: disminución de la inversión, graves limitaciones para la infraestructura, la mejora de la contratación docente paralizada, la macroevaluación en veremos, el inglés y la educación técnica en retroceso y con el desmantelamiento del programa de informática educativa, ahora increíblemente pasamos de software libre a software con licenciamiento. Todo lo anterior es apenas un punteo de problemas. Un capítulo especial del informe dado a conocer este jueves sobre brecha de género también revela que las mujeres tienen mayores problemas para aplicar conocimientos científicos y lógico-matemáticos y como si fuera poco, hasta los educadores muestran impresionantes sesgos de género que reafirman arcaicos mitos, por ejemplo, sobre la capacidad de los cerebros de hombres y mujeres. Por esas deterioradas avenidas, nuestros estudiantes continúan en el sistema público con carencia en aprendizajes básicos de lectoescritura y pensamiento abstracto durante prácticamente toda su formación y muchos de los que logran llegar finalmente a la educación superior, deben ser sometidos a una tarea de nivelación prácticamente imposible cumplir para las universidades. Imperioso es admitir la gravedad del problema y empezar a exigir desde la sociedad civil el cumplimiento de los 31 acuerdos nacionales pendientes para perseguir con sentido de total urgencia la quimera de una educación equitativa y de calidad. Al respecto conversamos con Jorge Vargas Cullel y Jennyfer León, Director e investigadora del Estado de la Nación.

De las líneas más perversas del manual de las dictaduras resalta, con mucha tinta y sangre, el atropello a las academias y a todos los centros de pensamiento que sean capaces de denunciar las afrentas a los Derechos Humanos. A esa persecución se suman, por supuesto, una interminable lista más de “enemigos” que, a ojos de los déspotas Daniel Ortega y Rosario Murillo, tienen atenazada a la pobre Nicaragua. El último zarpazo del régimen se acometió contra la reconocidísima Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) acusada burdamente de ser un centro de terrorismo para, inmediatamente después, recibir la sentencia de cierre tras 63 años de compromiso con la educación y los mejores valores de la identidad de Darío, Sandino, y sus muchos mártires más. La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, propietaria de la universidad, negó los cargos y acusó "una política gubernamental que está violando sistemáticamente los Derechos Humanos… Pobre Ortega, con sus 78 años a cuestas, soñando durar más que el periodismo, que el pensamiento crítico y que la iglesia profética" sentenció el Padre José María Tojeira, ex rector de la UCA de El Salvador, la casa hermana de los nicaragüenses. Así es. Hasta hoy, una veintena de otras universidades, ONG, la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Academia de Ciencias, han sido perseguidas primero y cerradas después, como parte de la estrategia por acabar con el pensamiento libre; el único capaz de liberar a los pueblos. Conversamos con el sacerdote Tojeira desde San Salvador y nos hacemos acompañar en San José, por nuestro colega comunicador Carlos Sandoval García.

En general, los seres humanos tenemos un lente extremadamente corto para enfocar nuestra realidad cotidiana. Por ejemplo, en cuanto a los alimentos se refiere, probablemente su desafío se centra en comprar los insumos que requiere para satisfacer sus necesidades de ingestión calórica y, por supuesto, los gustos que le acompañan; aunque la verdad sea dicha, comemos en exceso, comemos muchos alimentos ultraprocesados, comemos bastante mal… Pero esto no plantea solo problemas de salud y nutrición. Lo que nos cuesta ver con lente de largo alcance es que la forma de alimentarnos se está convirtiendo, para la humanidad, en un gigantesco desafío a futuro, tan grande que incluso podría poner en jaque nuestra sobrevivencia como especie. No es exageración. Estudios recientes plantean que más allá del cambio climático y sus severos efectos sobre todos los órdenes de la vida cotidiana, hay que considerar los efectos de la alimentación no solo sobre la salud, sino también sobre el desgaste acelerado de los suelos y el agotamiento de ríos y mares. La cuestión es que empieza a tornarse perentorio reformar la manera en que producimos y consumimos alimentos y para ello hará falta incluso un sistema de gobernanza internacional que transforme a gran escala la producción agroalimentaria del mundo, porque será necesario redireccionar el capital y el trabajo para producir lo que realmente necesitamos Para abordar un tema que es tanto técnico y científico como político y social, conversamos con Carlos Francisco Echeverría, autor de “Alimentos, la próxima transición”.

Costa Rica no escapa a la profundización del deterioro que afecta hoy a las democracias. Si bien tiene estructuras para reaccionar al discurso y las acciones que acompañan la polarización y la posverdad, hay luces de alerta que nos obligan a responder en defensa de la institucionalidad y quizás, la más preocupante de esas alarmas es la inacción que se ha generado como consecuencia del temor ante la irrupción de un nuevo estilo de conducir la política desde el Poder Ejecutivo que, además, ha mostrado gran habilidad para instalar una nueva narrativa. Pero, como afirma Kevin Casas, “la polarización y el enojo, no son una política pública” y urge avanzar en la construcción de acuerdos no solo para defender la democracia, sino también para proveer de soluciones reales a los múltiples problemas que aquejan al país. Por eso, está convencido que en Costa Rica llegó la hora de que al menos los partidos políticos representados en el Congreso se despojen de sus ataduras y mutuos resquemores y propicien un pacto en defensa de la institucionalidad democrática. En la segunda parte de la conversación con el Secretario General de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, ampliamos acerca de los desafíos costarricenses.

El sistema democrático presenta un acentuado agotamiento: corrupción, desigualdad, inacción ante los impactos del cambio climático, partidos políticos desorientados e instituciones debilitadas. Frente a esta desafiante realidad, las autocracias y un cúmulo de figuras políticas afincadas en el populismo cínico, la peligrosísima post verdad y la explosiva polarización social, alimentan la respuesta de amplios sectores descontentos. En la actualidad, el 70 % de la población mundial, es decir, unos 5.400 millones de personas, viven en el seno de dictaduras. Una década antes, este porcentaje se situaba en un 40 %. Estos alarmantes datos, de mediados del año pasado, emanan del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. “La evidencia del deterioro de la democracia en el mundo es sorprendente y preocupante. Pero aún más sorprendente es la alarmante falta de respuesta ante estos ataques de las fuerzas antidemocráticas”, señala el experto Moisés Naím, para reseñar la paralización y/o aceptación de amplios sectores de la ciudadanía ante el asedio a sus propias democracias. Para poner en perspectiva lo que acontece y cómo enfrentarlo conversamos con Kevin Casas Zamora, Director de IDEA Internacional.

El poderío de las instituciones financieras, en relación con los usuarios de sus servicios, es completamente asimétrico. Una serie de circunstancias hacen que este vínculo requiera siempre información precisa, reforzamiento de controles, establecimiento de nuevas responsabilidades y mucha protección; todo tendiente a lograr mayor equidad en esa relación. Hoy enfrentamos situaciones complejas que van desde la exigencia del Banco Central para acceder a datos sensibles de las personas sobre sus ahorros, inversiones y deudas; lo que tiene abierta una disputa con la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) a punto tal que la jerarca de la entidad, por proteger esos datos, fue demandada penalmente por el Central. Algo realmente sorprendente. Por otro lado, las estafas bancarias siguen a la orden del día por parte de grupos organizados sofisticados, que dejan en indefensión a sus víctimas ante la desidia del sistema. Para remachar, los peligrosísimos préstamos “gota a gota” ponen en riesgo a quienes, por no tener condiciones mínimas para calificar a un crédito formal, terminan pagando incluso con su vida. Para ampliar acerca de estos temas conversamos con Danilo Montero, Director Ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero.

Todos los propietarios de vehículos desean una rebaja en el costo del marchamo. De eso no hay duda. Pero es un tema que debe abordarse con cabeza fría. Parte de la oposición en el Congreso ha logrado colocar con este tema al gobierno del presidente Chaves en un difícil predicamento, al obligarlo a ir un paso más allá de sus habituales frases ensayadas, para tener que explicar por qué vetaría una eventual disminución del costo del marchamo que pretende un numeroso grupo de legisladores. En el aspecto técnico hacendario, las razones ante el faltante que provocaría reducir este impuesto son contables y sonantes. Se trata de 118 mil millones de colones que recibe el erario público a fin de año y que resuelven muchas necesidades de pago para el gobierno. Pero en el aspecto social y político es harto difícil que ese hecho hacendario convenza a los dueños de automotores que todos los años esperan que el marchamo, en lugar de subir, baje de precio. Ahora bien, respecto del proyecto en discusión: ¿Es cierto que esta iniciativa favorecería a las personas más con más poder adquisitivo? ¿De qué manera se debería resolver entonces el mal diseño del impuesto a la propiedad de los vehículos? ¿Cuánto perjudica a la política social reducir esta fuente de recaudación? El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, levantó la mano durante el polvorín que se ha desatado, aconsejando a la Asamblea Legislativa no aprobar la anhelada rebaja. Para conocer más sus criterios técnicos conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

Vulnerabilidad, desamparo, estupor, culpa y rabia son solo algunas de las emociones que viven las personas víctimas de estafas bancarias. Pero allí no acaba el drama de ser despojado de los recursos mediante un ardid. La situación se pone peor, cuando se debe enfrentar la revictimización ante la ausencia, no solo de empatía y sensibilidad, sino de responsabilidad de los bancos, así como la carencia de políticas públicas de las entidades de control del sistema financiero, los largos procesos de denuncia judicial y -finalmente- la falta de legislación que proteja a quienes viven esta traumática experiencia. Delincuentes organizados con estructuras sofisticadas que acceden a información calificada y técnicas depuradas de engaño, van proliferando cada día más, no solo en el país, sino también en el resto de América Latina. El “Movimiento de personas estafadas por los bancos de Costa Rica” trabaja en una iniciativa de ley, que garantice seguridad y nivele las cargas y deberes entre los actores más fuertes y los más débiles del sistema de intermediación financiera. Para dar seguimiento a esta urgente y necesaria legislación conversamos con Carmen a Guzmán y Gina Sibaja, fundadoras de este movimiento reivindicatorio.

Sociedades más abiertas, y sin duda mucho más sanas, hablarían con naturalidad del envejecimiento, de la muerte y de las formas asistidas para terminar nuestra vida con dignidad. Pero lamentablemente estos son temas que preferimos guardar en nuestros cajones. Es quizá ante esa negación que una forma creativa de abordarlos es acudir a trazos de humor y de tragicomedia, que en el fondo transpiran la aceptación de que la juventud no es eterna, que la ancianidad nos hace languidecer y que para muchas personas adultas mayores, el abandono y la soledad son las cobijas más frías. “Cien cuyes” plantea, con personajes potentes y desde el recurso de la ficción, los conflictos de los días, meses o años del final de la existencia humana. "Un libro conmovedor, cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta las últimas consecuencias", como determinó con precisión el jurado del Premio Alfaguara de Novela 2023, al conceder este reconocido galardón de las letras hispanas a una trama que se ambienta en la vertiginosa e impetuosa ciudad de Lima. Con su autor, el periodista y escritor peruano Gustavo Rodríguez conversamos en Hablando Claro.

Con una victoria contundente -como se anticipaba- Bernardo Arévalo de León es el nuevo presidente electo de Guatemala. Pero el terreno para la siembra de las semillas que quiere realizar en su ejercicio gubernamental para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del hermano país, no cuenta con tierra fértil, sino con severas condiciones de aridez. Su rival, Sandra Torres y los poderosos grupos que la respaldan, le ponen en situación muy complicada las condiciones de mínima gobernabilidad, dado un sistema democrático sumido en aguas turbulentas, con la ilegitimidad de sectores importantes del Poder Judicial y una representación minoritaria en el Congreso. Ahora habrá que estar atentos a lo que podría suceder en los cinco larguísimos meses que separan la elección de este domingo respecto de la toma de posesión el 14 de enero, puesto que los perdedores tienen amplios márgenes de poder y control. Tres enormes desafíos requieren de una atención inmediata: recuperar la grave crisis de confianza institucional, generar condiciones para atender a 10 millones de personas con diferentes niveles de pobreza y atender la creciente violencia criminal. Mientras tanto, en Ecuador, tras la primera ronda electoral también este domingo, irán al balotaje en octubre la aspirante Luisa González, de Revolución Ciudadana y el joven guayaquileño de 35 años Daniel Novoa de ADN Ecuador, en una reedición del proceso del 2021; es decir, una final entre correísmo (ella) anti correísmo (él). Nos centraremos en Guatemala y por ello conversamos con el politólogo, Eduardo Núñez, desde la capital chapina.

El triunfo del recién llegado a la política Javier Milei, en las PASO argentinas (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) del domingo, abrió un inmenso abanico de hipótesis y análisis que elevaron en grado sumo la temperatura -de por sí siempre caliente- de la política austral. Es indudable que el resultado se entiende por el descontento de la población ante un desgastado sistema político dominado por décadas por los peronistas/kirchneristas, por un lado, y sus opositores de la derecha por el otro. Claro que también el respaldo a Milei no se entiende sin la crisis económica, pero tampoco sin la fascinación que ha generado su irreverente forma de comunicarse, que sedujo a muchos con propuestas (algunas inviables) de reducir al máximo posible el aparato estatal, dolarizar la economía, destruir el Banco Central y por supuesto, no pocos gritos como el de “acabar con la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país”, según su encendido verbo. ¿En qué posición queda el peronismo y obviamente el kirchnerismo y su candidato, el ministro de economía Sergio Massa de cara a la elección de octubre, con un ejercicio gubernamental tan desgastado? ¿Qué puede esperar la oposición de centroderecha con la nominación de una candidata valorada por unos y repudiada por otros como la exministra de seguridad Patricia Bullrich? ¿Cómo se pelearán ahora los votos del inmenso abstencionismo del 30% que no fue a las urnas de las primarias? Argentina va a elecciones generales en octubre en medio de una intensa conmoción política. Como ha sido siempre en ese país, pero ahora con el ingrediente de un candidato disruptivo, un populista que se define a sí mismo como un “anarcocapitalista”. Para trazar algunos escenarios conversamos con los politólogos Carolina Ovares y Saúl Buzeta.

Las enormes grietas que tienen las plataformas digitales permiten hoy, como nunca antes fue posible, diseñar campañas electorales que transiten por las poderosas avenidas de las mentiras, los engaños, las noticias falsas, la desinformación y los embustes. Todo un cóctel explosivo que logra falsear los fundamentos de las democracias liberales. Esto es lo que revela la investigación periodística internacional “Mercenarios Digitales” realizada por 20 medios de comunicación, cinco organizaciones digitales y estudiantes de la Universidad de Columbia (EEUU) bajo la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Costa Rica no escapa a esta realidad y la última campaña electoral ofrece algunas pruebas: hacer creer a las personas que hablaban con el candidato cuando en realidad lo hacían con un “bot” (una especie de robot) que habría engañado a unas 600 mil personas. Por ese servicio se le pagó al jefe de comunicación de la campaña y ahora asesor presidencial, Federico Cruz ₡25 millones, que se reportaron como gastos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). También se pagaron trabajos de lo que se conoce como “mano izquierda”, al ucraniano Remy Osman Macuondo. Gastos igualmente cobrados como tales al TSE. Sobre los hilos de esta telaraña de malas artes conversamos con Hulda Miranda, coordinadora Interferencia de la UCR, y Ernesto Rivera, de Lado B, dos de los tres medios costarricenses participantes en esta indagación periodística junto con CRHoy.

Históricamente, la ambición humana por el oro y todos los metales y piedras preciosas, ha sido causa de todo tipo de desgracias y por supuesto, de degradación social y ambiental. Y entonces no es sorprendente que, en nuestro caso, Crucitas siga siendo una gran herida abierta en la zona norte de Costa Rica. Agua contaminada con mercurio, devastación de la naturaleza y comunidades carentes de servicios aceptables, hoy de nuevo se ven expuestas a la inacción de las instituciones ante la salida nada clara del Ministerio de Seguridad Pública que tuvo por años su campamento en la finca Vivoyet (la de la eterna disputa con Industrias Infinito) que, como sabemos, fue invadida por miles de coligalleros, no más enterarse de la claudicación policial. Fue como entregarle un dulce a un niño. Muy curioso cuando apenas un año atrás, en julio de 2022, el Presidente Rodrigo Chaves fue a repartir esperanzas en una sonada gira con ministros y diputados en la que puso de manifiesto que era la primera vez que un mandatario llegaba a ordenar in situ una ruta de trabajo, para garantizar agua potable ampliando el acueducto, mejorar los caminos de acceso y fortalecer la presencia policial. Ahora, la situación parece más complicada, pues debido a que aquello se convirtió en tierra de nadie, los indicios apuntan a que se estaría extendiendo la actividad extractiva a otras áreas aledañas. Los dimes y diretes acerca de las responsabilidades por lo que sucede, no hacen, sino confirmar que el estado no ha cumplido con los fallos judiciales de protección del tesoro que se ha tornado en maldición. El tema lo abordamos con el abogado, exdiputado y experto en la materia Edgardo Araya.

Para muchas mujeres, la maternidad es simplemente algo que "sucedió". Es decir, no siempre fue una idea preconcebida, tipo Susanita (la amiga de Mafalda) o una idealización desde niñas, desde que jugaban a los bebés y los cochecitos. La maternidad, por supuesto, para muchas otras, sí fue un llamado, un anhelo del corazón o del reloj biológico, o como cada una quiera explicárselo. Lo cierto que es con la dramática transformación del papel de la mujer en la sociedad en el último siglo, la maternidad también ha sufrido cambios significativos. Por un lado, muchas mujeres deciden no continuar el camino señalado convencionalmente de hacerse madres. Por otro, para muchas que no podían engendrar hijos por diversas razones, y tampoco veían la adopción como su propia vía de salida, la tecnología llegó para ofrecerles una alternativa. Así que hoy, cuando celebramos el Día de la Madre, nos referimos al 15 de agosto y no a ningún otro día del calendario (único por cierto para nosotros los ticos) hacemos un balance acerca del desafiante asunto de tener hijos/hijas y nietos/nietas como una de las realizaciones más significativas del proyecto de vida de millones de féminas. Y para dimensionar el significado de la huella indeleble de la maternidad conversamos con dos experimentadas abuelas y profesionales que forman parte de la generación que irrumpió en la vida académica y profesional al tiempo que criaron hijos e hijas. María Eugenia Venegas, madre dos hijos, con cinco nietos, tres de los cuales nacieron por la técnica de fertilización in vitro, y Jeaninna del Vecchio con 8 nietos, dos de los cuales fueron producto de la adopción. Porque el amor verdadero que emerge de nuestras construcciones de familias diversas es incondicional y de múltiples colores y tejidos.

La defensa de la democracia que -de acuerdo con el Latinobarómetro 2023- enfrenta enormes desafíos, debe ser abordada de manera integral. Pasa por defender y fortalecer la separación de los Poderes, mejorar las instituciones que prestan servicios públicos e impulsar acciones para generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También debe tener incidencia efectiva en la transformación de los sistemas educativos que potencien cambios reales en la sociedad. Costa Rica tiene estos y muchos otros retos para blindar su democracia. Para arrancar semana conversamos con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

Visto objetivamente y a la luz del sentido común, tanto como del criterio de expertos en nutrición y salud pública, es absolutamente innecesario y contra el interés del usuario final, tapar las etiquetas frontales de los alimentos importados que son altos en grasas, sodio y azúcares. Tal conclusión fue avalada por el Consejo del Área de la Salud de la Universidad de Costa Rica esta semana y se contrapone a la determinación del Ministerio de Salud de eliminar esas etiquetas; lo que evidentemente ha instalado una controversia de peso. Por un lado, la Ministra y Vicepresidenta Mary Munive justifica la decisión señalando que contraviene la normativa centroamericana que no establece parámetros que determinen cuando un componente se considera excesivo. Por otro, los especialistas aseguran que la información nutricional complementaria sí tiene asidero reglamentario y por lo demás, está establecida rigurosamente en el país de origen de los productos que nos llegan. En el fondo de la cuestión, lo cierto es que una gran cantidad de productos alimenticios preenvasados se consumen con cantidades excesivas de componentes que -utilizados sin límites- potencian la obesidad, lo que también propicia hipertensión y diabetes, entre otros padecimientos crónicos. Sobre esta controversia conversamos con la Dra. Rocío González Urrutia, Docente investigadora de la Escuela de Nutrición de la UCR.

Las diferencias se iniciaron desde la campaña electoral y se convirtieron en grietas en la Asamblea Legislativa. Ahora se cumplió la “crónica de una muerte anunciada”. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que le sirvió a Rodrigo Chaves para llegar a Casa Presidencial y a 10 personas más a la Asamblea Legislativa, hoy es foco de atención ante el ejercicio de transfuguismo de nueve legisladores. El caldero de las pasiones del poder se aviva con los experimentos electorales, primero de Pueblo Soberano y acto seguido de Aquí Costa Rica Manda. Un poco más de lo mismo, pero llevado a otro nivel, toda vez que los tránsfugas aunque se van a otro partido, se niegan a dejar la divisa oficialista para no perder varios beneficios legislativos, particularmente la cuota de asesores parlamentarios de la que gozan. Todo hace indicar que aprendieron muy rápido las malas artes de la “política tradicional” que tanto criticaban los proclamados herederos del “rodriguismo puro” pues ese y no otro se configura como el pegamento de las tres agrupaciones en la ruta por mantener el poder. Pero la novela de infidelidades electorales no acaba aún. Habrá que dilucidar cómo conviven en Cuesta de Moras, cómo enfrentarán las tres fuerzas las elecciones municipales que son el meollo de la cuestión y cómo se repartirán las responsabilidades (y las ganancias) financieras y políticas de la campaña electoral pasada, apenas en fase preliminar de investigación. Para abrir el panorama conversamos con la presidenta y diputada del PPSD, Luz Mary Alpízar.

En la agenda sociopolítica varios temas no solo constituyen noticia, sino que, además, detonan tensiones de diversa intensidad. Solo en esta semana se sumaron dos nuevas salidas de jerarcas en el Ejecutivo, con lo que llegó a 33 el número de bajas del gabinete más inestable del que da cuenta la historia. En la Asamblea Legislativa, mientras tanto, y tras superar las escuálidas sesiones extraordinarias, parece caminar a paso seguro el proyecto de ley que sacaría a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes con la lucha fiscal. Un dato, por demás interesante, es que la deliberación de la iniciativa ha unido en su rechazo a la agitada bancada oficialista y a la de la fracción que el gobierno considera su archienemiga; la del Frente Amplio, por supuesto. Paso Canoas es un foco de malestar, por el manejo inadecuado que se ha dado al flujo migratorio, que según cifras del noticiero CNN ya alcanzaron a un cuarto de millón de personas cruzando el Tapón del Darién en Panamá en lo que llevamos del año. Igualmente, sigue aumentando la ola de homicidios. Evidenciando las dificultades de una muy limitada contención de la Operación Costa Rica Segura Plus, registramos un homicidio violento cada 10 horas. Para ampliar acerca de la gestión política de coyuntura y las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo conversamos con el politólogo y asesor parlamentario Daniel Calvo.

Tras la pandemia, Costa Rica viene mostrando un crecimiento económico al alza, que en promedio alcanza al 3,8% anual. Pero, de igual manera, el país refleja incapacidad para generar suficientes fuentes de empleo, sobre todo para mujeres, jóvenes y adultos de ambos sexos con bajos niveles educativos. La encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del primer trimestre del año 2020 al primer trimestre del 2023, arroja 110,072 personas menos en la categoría de ocupadas. El resultado es que nuestro desempleo no baja de 10,6 % el subempleo se mantiene en 7 %, la informalidad alcanza casi a la mitad de la población y la pobreza se mantiene en 23 %. Si ese panorama es desalentador, cuáles deberían ser las vías a transitar para cambiar esta realidad nacional? Para ir más allá del planteamiento del problema y ver nuestras opciones, conversamos con el presidente de la Academia de Centroamérica, Ricardo Monge González.

Estamos viviendo eventos climáticos extremos. Sea el invierno más caluroso de América del Sur; los tifones devastadores de China; la falta de agua en el Canal de Panamá o los gigantescos incendios en Canadá; todo apunta al aumento de las temperaturas del planeta. El Servicio de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) certificaron que el mes de julio recién concluido registró la temperatura promedio global más alta desde que se cuenta con este tipo de registros. La ola de calor en Costa Rica, igual los aguaceros intensos que causan graves impactos, tampoco son eventos aislados. Todos son síntomas de un sistema climático en transformación, que el secretario general de la ONU, António Guterres, sentenció hace dos semanas (27 julio) como el resultado de haber pasado de la fase del calentamiento global a la era de la ebullición global. Para explicar y dimensionar acerca de las consecuencias de las temperaturas extremas en la salud de las personas, el medio ambiente y las economías, conversamos con el geólogo ambiental Allan Astorga.

Tras ocho reuniones de la Comisión de Enlace para la aprobación del Fondo Especial para la Educación Especial (FEES) del próximo año, las universidades públicas y el gobierno no han logrado un acuerdo. Por el contrario, el panorama hoy es cada vez más complejo; de modo tal que: -Por primera vez el tema podría resolverlo la Asamblea Legislativa, para lo que ya hay acercamientos constantes entre las partes. -El conflicto entre el presidente Rodrigo Chaves con los cinco rectores es más evidente, sobre todo con el jerarca de la Universidad de Costa Rica. -El mandatario arremete contra los estudiantes y los llama esbirros, por el simple hecho de ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica. -Aunque seguramente en otras ocasiones ha habido desacuerdos, esta es la primera vez que la relación entre el Consejo Nacional de Rectores y el gobierno de turno resulta tan tirante como para no avizorar una posible vía de acuerdo para gestionar temas nacionales y conflictos sociales. -De hecho, por primera vez, muchos otros sectores se han unido a las universidades públicas para defender conjuntamente los recursos necesarios para toda la educación pública; no solo la superior. Para conocer detalles de esta compleja negociación conversamos con Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR.

Las lluvias han sido permanentes estos días, por la influencia de las ondas 24 y 25, en el territorio nacional. El desprendimiento y el deslizamiento de materiales en el Parque Nacional Juan Blanco Castro, cuyas dimensiones varían desde 42 hectáreas, según geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hasta al menos 200 (con potencial de aumentar) de acuerdo con especialistas de la región, constituye una situación de alerta. Los aguaceros de las últimas horas han ayudado al arrastre de materiales por el cauce del Río Aguas Zarcas, y consecuentemente el temor y la solicitud de familias y comunidades amenazadas, de una declaratoria de emergencia. Las comunidades de Calle Hernández y Calle Carvajal tendrán un simulacro este viernes, y se mantiene vigilancia en otras poblaciones como Boca Tapada, Boca San Carlos, Cureña y Cureñita. Faltan meses para que la montaña se compacte y para contar con un panorama más preciso de las acciones urgentes a implementar, conversamos este jueves con Lidier Esquivel, experimentado geólogo, de la Comisión Nacional de Emergencias. A las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

El hallazgo de la imagen de la Virgen de Los Ángeles, hace 388 años, se convirtió en un hito religioso, histórico y cultural, del cual emana mucha de la identidad nacional. La “Negrita” conjunta y concita fervor, tradición y un respeto colectivo que la engrandece. Marca una impronta nacional, primero como Patrona de Cartago (1782) y luego de Costa Rica entera (1824). A su alrededor se hilvanan historias, relatos y narraciones de su veneración. Se sabe, por ejemplo, que fue en 1639, cuatro años después de haber sido encontrada por Juana Pereira, que se produce la primera romería saliendo del pequeño poblado de Curridabat, entonces denominado “Curridabá”. Hoy la romería a la Basílica de Los Ángeles está ubicada como la tercera más grande del mundo católico, después de Guadalupe en México y Lourdes en Francia. Para seguir armando retazos de la narrativa histórica de esta devoción mariana conversamos con el historiador José María “Milo” Junco.

Vivimos tiempos en los que los límites se diluyeron y la destrucción y deconstrucción de la realidad supera la lógica y por mucho, el sentido común. Hoy algo que parece ser cierto puede ser absolutamente falso. Vivimos en una época en la que muchas personas, empresas consultoras y entidades, sin tener escrúpulos, trabajan a sueldo por un objetivo, amarrados a lo bueno y lo más malo de las plataformas digitales. Son los “mercenarios digitales” quienes construyen realidades torcidas, persiguiendo resultados perversos. Para investigar las rutas y las estructuras de estos modernos mercenarios, 22 medios de comunicación en 16 países distintos se aliaron en un poderoso trabajo periodístico global. “Neurona, la fábrica de engaño para las izquierdas en América Latina” es el primer episodio que acaba de ser publicado en las últimas horas. Esta empresa (Neurona) y su fundador, el mexicano César Hernández, crearon y alimentaron una red de por lo menos 116 dominios en diversos países, 31 de los cuales eran medios de comunicación que inflaron logros de diversos gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron, para manipular a cientos de miles (millones) de personas. Para analizar esta amplia investigación y poner foco en la primera entrega, conversamos con el periodista, profesor universitario y analista, Eduardo Ulibarri Bilbao.

Junto con el cambio climático y la delincuencia organizada como fenómenos globales, la desigualdad, la pobreza y la exclusión repercuten crudamente en la calidad de la democracia en nuestra América Latina. El escenario no es promisorio. En tiempos de desinformación, posturas políticas populistas y autocráticas, nuestra región experimenta un crecimiento económico de escasos 1,9% para el año 2023, con un leve crecimiento para el 2024, de un 2,2%. Esto sin duda tendrá un grave impacto en la inversión social; es decir, en las acciones y programas que deben fortalecer el desarrollo humano. Sin duda, factores que ponen aún más tensión a los pueblos en relación con la demanda de bienes políticos que esperan les ofrezca la democracia para mejorar su calidad de vida. Es cierto es que casi todos los actuales gobiernos fueron electos por votación popular, pero también es cierto que la democracia en la región está siendo socavada por la inmensa desigualdad y limitadas oportunidades que son producto de los fardos de los desequilibrios y los déficits fiscales, la corrupción y otros factores estructurales. Para entender esta mezcla tan peligrosa desde lo económico, conversamos con especialista José Luis Arce.

Aguas Zarcas y las comunidades sancarleñas cercanas a su río, están en extremo riesgo. El deslizamiento, desprendimiento y desplazamiento de una enorme cantidad de material de la montaña del Parque Nacional Juan Castro Blanco, también conocido como Parque del Agua, no les deja espacio a la tranquilidad. De acuerdo con un estudio del geógrafo Carlos Méndez, especializado en la zona por muchos años, el desprendimiento podría llegar a abarcar unas 211 hectáreas de terreno, equivalentes a un deslizamiento de 14,2 kilómetros de largo y 3,7 de ancho con tierra, árboles y otros materiales. Mientras tanto, los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), refieren el problema a unas 40 hectáreas, tratando acaso de minimizar la tardía atención de los impactos destructores del evento. Lo cierto es que -independientemente del tamaño de la herida montaña arriba- faltan meses para que se compacte la tierra, mientras una decena de comunidades viven en riesgo y con temor y por ello reclaman una ayuda más efectiva de las instituciones del Sistema de Gestión de Riesgo, al tiempo que se anuncia el paso de una nueva onda tropical, que producirá lluvias en la zona. Para comprender las implicaciones de lo que sucede en la montaña del Parque del Agua conversamos con el geógrafo Carlos Méndez y su padre, Freddy Méndez, baqueano experto de la zona por décadas y uno de los líderes de la Asociación Parque Nacional Juan Castro Blanco (Apanajuca).

La salud de la democracia en América Latina es cada vez más débil y los síntomas de esa precariedad son cada vez mayores: malestar hacia la política y alejamiento de los partidos, que se traducen en alto abstencionismo y altas votaciones en rechazo a las opciones (blanco, nulo y voto castigo) lo que le ha abierto, como nunca antes en lo que llevamos de la tercera ola democrática en la región, las posibilidades a los gobiernos personalistas, liderazgos populistas, regímenes no democráticos y opciones autoritarias. Tal es la situación que refleja el Latinobarómetro 2023 con apenas 48 de cada 100 latinoamericanos apoyando la democracia, lo que se traduce en una caída de 15 puntos porcentuales respecto de la adhesión democrática registrada en el año 2010. Y en Costa Rica, destaca el informe, “otrora uno de los países que más destacaba por la fortaleza de su democracia, ahora entró en la definición de democracia con problemas”. ¿Y cómo no? Tuvimos una pérdida de 11 puntos porcentuales en apoyo a la democracia (de 67% en 2020 a 56% en 2023). Como si fuera poco aumentó en 10% el número de indiferentes al tipo de régimen (aquellos a quienes les da lo mismo vivir en democracia o no) y para terminar, creció en 5 puntos el apoyo abierto al autoritarismo (del 11% al 16%). Así, el Latinobarómetro refleja a Costa Rica como el segundo país de los 17 evaluados, en que cayó más el apoyo a la democracia, superado solo por Venezuela y seguido de Guatemala. Por eso, el reporte destaca a nuestra nación “en retroceso abierto, con un deterioro significativo y simultáneo en las tres dimensiones analizadas. Esto deja a su democracia expuesta y más vulnerable”. Precisamente para explicar lo que significa que somos hoy una democracia “expuesta y más vulnerable” conversamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Tras dos gobiernos consecutivos y una aplastante derrota electoral en el 2022, muchos consideraron que el Partido Acción Ciudadana (PAC) había quedado aniquilado para siempre. “Considerarlo así es un error fatal. Aquí está más vivo, relevante y necesario”, fue la consigna que enviaron el pasado fin de semana, al inicio de las sesiones plenarias de su congreso interno, más de 500 dirigentes que trabajaron en 35 mesas durante los últimos nueve meses para hacer propuestas de cara a una renovación, de cuya viabilidad están convencidos. Autocrítica, reflexión y discusiones en torno a la propuesta política, así como la revisión de sus compromisos y desafíos, son el marco de esos encuentros que continuarán el próximo fin de semana. Su fundador, Ottón Solís Fallas, alza la voz para indicar que el PAC sigue, “que aquí nadie se ha robado un cinco” y que se mantiene la ruta de la ética y la responsabilidad de los principios y por eso conversamos con él en Hablando Claro.

Guanacaste es un motor para Costa Rica en la producción arrocera, ganadera, energética, pesquera y, definitivamente, turística, que ha ayudado a potenciar nuestra identidad como Nación. Hace 199 años el Partido de Nicoya se anexó al resto del territorio nacional y desde entonces la configuración geográfica e histórica se enriqueció. Este es un hecho relevante que, además, añadió una maravillosa cultura, una deliciosa gastronomía y una multitud de ricas tradiciones. Doce años después de la Anexión, en 1836, se erigió el Departamento de Guanacaste, que dos años más tarde se transformaría en provincia. Cambió su nombre a Moracia en 1854 y nuevamente a Guanacaste en 1860. Para conocer más detalles conversamos con el historiador y agudo analista de la realidad nacional, Vladímir de la Cruz de Lemos.

En Costa Rica, sabemos hoy, llegamos a 5,044,197 habitantes, según el censo 2022, cuyos datos preliminares dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tras enfrentar diversas situaciones que llevaron al retraso de los resultados. El INEC confirmó que de 1.550.258 viviendas visitadas, se censaron 1.074.002, en tanto 340.399 quedaron con cuestionarios pendientes, 136.492 con entrevistas rechazadas y no se pudieron visitar 218.823, siendo que la cobertura censal fue del 61%. La recolección de datos, que inició el 8 de junio y se extendió hasta el 30 de setiembre de 2022, se desarrolló en el contexto pospandemia. De inmediato, el gobierno tomó distancia descalificando la información entregada, calificando el censo nacional como un fracaso y anunciando que pediría explicaciones a quienes representan al Ejecutivo en el instituto estadístico nacional. Para enfocar más en detalle el tema conversamos con Elizabeth Solano Salazar y Sofía Mora Steiner del INEC.

Bajo fe de juramento, durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la ahora ex presidenta del Patronato Nacional de la Infancia y ex ministra de la Niñez y Adolescencia, reveló presiones de la vicepresidenta Mary Munive e intervenciones directas del Despacho del presidente Rodrigo Chaves, que terminaron con su salida abrupta del gobierno. Gloriana López relató que la vicepresidenta llegó a su casa y le endilgó estar “desbordada”, con afectación en su salud mental y consecuentemente le preguntó si tomaba algún medicamento especial para esa supuesta condición. Dijo además que días después recibió una llamada de Gabriel Aguilar Vargas de la oficina del propio mandatario (hoy Aguilar funge como director de Despacho), para que tuviera una intervención directa en el caso de la custodia de los hijos del banquero y propietario del medio CRHoy, Leonel Baruch, lo que calificó como un tema muy delicado. Para conocer más en detalle esta situación conversamos con la ex jerarca Gloriana López Fuscaldo.

El fentanilo conocido como la “droga de los zombis” constituye una alerta mundial, que ya causa preocupaciones en Costa Rica, tras la investigación de al menos cinco casos en mayo pasado y el seguimiento, desde el año anterior, de unas 10 personas adictas más. Se trata de un opioide sintético de uso médico utilizado como un fuerte analgésico, pero que comenzó a ingerirse como droga ilícita. Hoy es considerada la droga más peligrosa existente, ya que es 50 veces más letal que la heroína y más poderosa que la morfina. Autoridades de Estados Unidos reportaron que, durante el año 2022, al menos 200 personas murieron por día por su consumo. El fentanilo amarra una nueva actividad de organizaciones criminales, en el que participan los poderosos carteles mexicanos, así como grupos mafiosos de Italia, Rusia, China, Albania, Nigeria y Rumania, tal como se desprende de un informe presentado ante el Congreso italiano, a principios de este año por la Dirección de Investigación Antimafia (DIA). Estos grupos desarrollan estrategias y acciones para aumentar ganancias, bajar costos de producción, crear nuevas rutas y consolidar sistemas de lavado de dinero y redes de corrupción. Para focalizar los riesgos e impactos en nuestro país conversamos con el experto en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechtniz.

Vivimos tiempos convulsos en nuestra región que obligan a una permanente vigilancia y defensa de las libertades personales y colectivas. Tiempos que nos retan a seguir fortaleciendo la defensa de los derechos humanos y con ello posibilitar la promoción del sistema de garantías establecidas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el también conocido “Pacto de San José”, que signamos hace ya cinco décadas. Ningún país puede declararse hoy a salvo de los vientos tempestuosos del autoritarismo, la desinformación y los populismos que amenazan la convivencia pacífica, de modo que los retos del siglo pasado, encuentran plena vigencia con nuevas modalidades de vulneración de los derechos que tanto nos ha costado enarbolar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, le da vigor y operatividad a la Convención para que los Estados parte hagan efectivo el respeto de esos derechos. Para ampliar acerca de sentencias, tales como la muy reciente en defensa del “Obispo del Pueblo” Monseñor Álvarez, encarcelado arbitrariamente por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conversamos con la jueza de la CIDH, Nancy Hernández López, cuya plaza en la Sala Constitucional -por cierto- tras un año y siete meses de vacancia, aún no ha sido llenada por la Asamblea Legislativa.

La crisis política e institucional que sumió a Guatemala en un verdadero terremoto las últimas semanas tras la primera ronda electoral, es un pesado fardo más en la historia de abusos, corrupción sistémica, exclusiones y marginación de amplios sectores de la población. El movimiento Semilla, como su paradójico nombre, germina en circunstancias adversas y de rompimiento de los equilibrios, ante el temor del “pacto de los corruptos” de verse fuera del Poder Ejecutivo. El candidato Bernardo Arévalo, el líder de Semilla, sigue adelante luego de superar el embate del Ministerio Público y de un juzgado penal de primera instancia, que pretendieron dejarlo fuera del proceso electoral. La burda maniobra fue revertida luego, tras sendos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones, que dieron por válida su participación en la segunda ronda electoral que deberá efectuarse el 20 de agosto. La otra candidata, Sandra Torres, se afianza en las vulnerabilidades de la cuestionada democracia guatemalteca, a la espera de los acontecimientos que ya han marcado este proceso como histórico en medio del revuelo interno e internacional. Para poner foco en los impactos de esta situación conversamos con el experimentado politólogo costarricense Eduardo Núñez, desde ciudad de Guatemala.

El segundo semestre del año inició con efervescencia. Las largas y hasta ahora infructuosas negociaciones del Fondo Especial de Educación Superior, FEES, luego de una marcha por la educación pública de todos los niveles en el país, dieron paso a la conformación del movimiento “Unidos por la Caja”, que reunió a 19 organizaciones, que tuvieron su primera movilización en defensa de la salud pública. Mientras el Presidente alista valijas para un nuevo viaje a Europa, su ministro de Hacienda enfrentará un eventual voto de censura en la Asamblea Legislativa, que reinicia labores tras una corta interrupción por las vacaciones de medio período. Precisamente con el retorno del curso lectivo nos enfrentamos a la realidad de quienes podrían abandonar las aulas, en un entorno de recortes en becas, alimentación y transporte para estudiantes, y cuando ni siquiera se conocen los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas. Aprovechando la marcha del sábado por la CCSS hacemos repaso de coyuntura política local con el sociólogo, José Carlos Chinchilla.

Días de intenso calor que se tornan en tardes de lluvias torrenciales. Crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, sequías que se convierten en tórridos e incontrolables incendios forestales, olas de frío con gélidas consecuencias. Y como si todo esto no fuera suficiente, tormentas tropicales y huracanes que arrasan territorios. En medio de esta variedad de eventos, la tremenda afectación a las personas, la destrucción de infraestructura vial básica, la alteración del abastecimiento de agua, de los servicios médicos y de los procesos educativos, al igual que el impacto en millones de hectáreas que afectan la producción alimentaria. Este no es el guion de una película, es la desafiante realidad de las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático; el mayor desafío de estos tiempos. Han sido las personas jóvenes quienes con mayor énfasis levantan permanente la voz, con conceptos tales como justicia climática, procesos de protección y conservación del planeta con mecanismos inclusivos, accesibles, democráticos y participativos hacia un desarrollo humano resiliente al clima. Para conocer el tono de estas voces necesarias conversamos con Judith Pereira y Andrés Quirós, Presidenta y Secretario de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.

De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Costa Rica registra una inflación de 0,9% y un desempleo de 10,1 %. Existe un pleno empleo de los recursos productivos cuando la tasa de desempleo es menor al 4 %, tal como se entiende en la teoría económica. ¿Qué elementos debemos analizar, para comprender que cuando el desempleo es bajo, la inflación tiende a aumentar y que cuando el desempleo es alto, la inflación baja? Además, ¿qué implicaciones tiene esto con la economía como un todo? Y ¿cuál es la verdad tan discutida respecto de la generación de empleo? Para el economista Gerardo Corrales, la baja en la inflación en Costa Rica obedece al precio de los energéticos, porque en cuanto a la inflación alimentaria el costo interanual se cifra en el 9% y esto es realmente lo que sigue golpeando a las personas de menores ingresos y se traduce en mayor desigualdad y pobreza. Para ampliar respecto de los desafíos de nuestro panorama económico de hoy, conversamos con el economista Corrales.

Los gobiernos locales están en la obligación de estructurar y potenciar acciones que permitan a los territorios incorporar las transformaciones tecnológicas para avanzar hacia el desarrollo de cantones resilientes e innovadores. Para emprender esta titánica labor se ocupa de la inteligencia de datos, la creación de clústeres tecnológicos, de polos de innovación, y del desarrollo de la competitividad aplicada a soluciones digitales que sean parte de un gobierno eficiente, participativo e inclusivo. Todo eso suena a utopía, pero lo cierto es que el futuro ya llegó y hay que desarrollar instrumentos de gestión adecuados y ajustados a los nuevos desafíos que encaramos. El enorme reto colectivo entonces es crear ciudades y territorios inteligentes que faciliten la vida de los ciudadanos, fortalezcan la democracia y den respuestas eficientes a necesidades y demandas crecientes. En el marco de las próximas elecciones municipales, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, desarrolla la estrategia IFAM Infinito, que persigue estos ambiciosos objetivos. Para conocer sobre ciudades inteligentes conversamos con el especialista argentino, Luis Castiella, Fundador y CEO de Smart Cities Latam.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la institución estatal mejor valorada por la opinión pública en los últimos años, experimenta hoy la paradoja del éxito con la sofisticación de sus operativos y la extrema urgencia de las limitaciones presupuestarias que atentan contra las estrategias y acciones tácticas que ejecuta. En una misma semana logró detener a una decena de integrantes de una organización dedicada al secuestro extorsivo, con un certero golpe que implicó a 200 oficiales y unos 70 vehículos. Esa misma semana criticó, de manera contundente, que se mantenga a los cuerpos policiales en la regla fiscal, ya que la ley los limita para poder recibir dinero proveniente de donaciones y de capturas del narcotráfico, que son urgentes para continuar sus labores. Para ampliar en estos extremos conversamos con su director interino, Randall Zúñiga.

Por increíble que parezca, en tan solo dos años (del 2021 al 2023) los discursos de odio y discriminación aumentaron un 255 % en nuestro pequeño país. ¿Se imaginan si esto fuera el contagio de Covid-19? Lo cierto es que sí, esta es otra epidemia que nos tiene enfermos: 1.4 millones de mensajes de odio y discriminación en un año, lo que significa 116,000 por mes, 29,000 por semana, 4,000 mil por día, 347 por hora. Estos números espeluznantes reflejan la división, las fracturas y la polarización nacional que se alimenta desde varios sectores y que, de no tratarse, seguirán envenenando el debate público y la convivencia democrática. Hablamos del tema gracias al más reciente Informe sobre discursos de odio y discriminación 2023, publicado por la oficina de Naciones Unidas en Costa Rica y elaborado en conjunto con el Observatorio de Odio de la Universidad de Costa Rica y la agencia de monitoreo de información COES. El estudio recogió la información de perfiles y páginas públicas de Facebook y Twitter y confirmó que los temas que disparan esta violencia hoy de manera primigenia son la política y la realidad nacional, aunque xenofobia, género, orientación sexual, choque generacional, racismo, religión y discapacidad también continúan siendo tópicos de ataque, lo que revela un gran foco infeccioso de intolerancia y rechazo al otro. Para entender y enfrentar esta peligrosa olla de presión conversamos con Larissa Tristán y Danilo Mora, miembros del equipo de trabajo de la investigación.

Nayib Bukele, el popularísimo presidente salvadoreño, acaba de oficializar el anuncio de que aspirará a un segundo mandato consecutivo. Es decir, irá a las elecciones próximas, aunque la Constitución del país se lo prohíba expresamente. En Guatemala se juega la fragilidad democrática en la segunda ronda electoral del próximo 20 de agosto, debido a un denominado Pacto de Corruptos que pretende impedir la participación de un partido (Semilla) no vinculado a las malas prácticas que carcomen ese país y que dio la gran sorpresa al colarse en el proceso electoral con su candidato y actual diputado Bernardo Arévalo. “El costo de hacer política en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”, un revelador y muy reciente informe, nos dimensiona el muy complejo panorama sociopolítico de esta región del Istmo, para entender qué acciones emprender y atender respecto de las actuales amenazas a los sistemas democráticos. Para poner el tema en perspectiva conversamos con el politólogo Rotsay Rosales Valladares, uno de los autores del capítulo sobre El Salvador.

Eutanasia, es un término de tan vastas implicaciones personales y familiares que se extiende a las consideraciones sociales, culturales, políticas y por supuesto, éticas. El muy reconocido periodista, escritor y formador de opinión pública Carlos Alberto Montaner acaba de colocar nuevamente en el debate público de occidente este tópico que versa sobre la eutanasia como el derecho a una muerte digna, en correlación directa con el derecho a la libertad. ¿Existe, pues el derecho a morir dignamente, cuando la vida se escapa de las manos por una enfermedad degenerativa que nos resta gradualmente, pero sin piedad ni retorno, todas nuestras capacidades hasta convertirnos en seres completamente dependientes de máquinas, medicamentos y cuidados extremos, aun a costa de la propia voluntad? Montaner optó por el camino de la libertad de elegir y puso fin a sus 80 años de existencia, en España, gracias a la Ley de la Eutanasia, misma que tienen apenas un pequeño puñado de naciones europeas, así como Canadá y algunos estados de la Unión Americana. Es nuestra intención estimular, como lo pidió en su último deseo el ahora fenecido autor cubano-español, un debate necesario -también en nuestro país- sobre la eutanasia. Para instruirnos sobre el tema conversamos con la Dra. Alicia Marín y la Psicóloga Ileana Ramos, ambas con especialidad en cuidados paliativos y sólida experiencia y formación académica en el tratamiento de enfermedades terminales.

Este lunes, por orden de la Sala Constitucional, fueron restituidos en sus cargos en la Junta Directiva de la CCSS, Marta Rodríguez y José Luis Loría, depuestos de manera anómala por el Consejo de Gobierno en diciembre pasado. Ahora, los también destituidos Maritza Jiménez y Carlos Salazar persiguen el mismo objetivo y para ello recurrieron ya al órgano constitucional. El papel medular de la presidencia ejecutiva de la Caja (cuya jerarca, dicho sea de paso, no se ha pronunciado sobre el tema una semana después del fallo constitucional) se ejerce en el marco de un equipo directivo que goza de doble autonomía y representa al gobierno, los patronos y los trabajadores; un triunvirato con el que se busca equilibro en las decisiones con miras a fortalecer al motor principal de la seguridad social de Costa Rica. Se trata de un trabajo arduo, de coordinación, de planes de corto, mediano y largo plazo para garantizar servicios de salud, sistema de pensiones e inversiones en infraestructura y equipamiento sostenibles. Para seguir aportando perspectivas al tema conversamos con la Dra. María del Rocío Saénz, ex presidenta de la Caja (2014-2017).

Las negociaciones del Consejo Nacional de Rectores con el Poder Ejecutivo para fijar el monto 2024 del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) continúan estancadas. La Comisión de Enlace (la instancia formal de la negociación de ambos sectores) sigue cumpliendo el cronograma de encuentros, pero no logran llegan a ningún puerto. Las universidades públicas insisten que cumplieron sus compromisos y el Poder Ejecutivo defiende que no hay condiciones fiscales para honrar el acuerdo alcanzado el año anterior, ni siquiera respecto del reconocimiento del 1% de inflación. Para profundizar en lo que sigue conversamos con el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y presidente del CONARE, Emanuel González.

Una multiplicidad de factores que van desde la producción, la distribución y la comercialización; así como los tratados internacionales, la estructura de la industria en el país y el papel del Estado, influyen en la fijación de los precios. Es un mercado estimado en mil millones de dólares anuales, con asimetrías tales como la composición demográfica, las poblaciones enfermas con pocas posibilidades económicas y las diferencias territoriales. Un 60% de las medicinas son importadas, solo 77 laboratorios producen para el mercado interno y la venta se concentra en las áreas metropolitanas. Todas con impactos múltiples. Para poner en perspectiva este tema esencial conversamos con el investigador de la UNED, Andrey Bonilla y la farmacéutica, Diana Bokënfhor.

Terminamos junio poniendo perspectiva en la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantiene tensión geopolítica en la zona inmediata y, por supuesto, implicaciones globales. Algunos hechos confirman que la situación sigue candente: -El Servicio Federal de Rusia abrió una causa penal contra el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeni Prigozhin, por incitar a la rebelión armada después de acusar al Ministerio de Defensa de atacar campos de entrenamiento del grupo paramilitar. -Si Rusia derrota a Ucrania, aunque sea parcialmente, atacará a Polonia, las repúblicas bálticas y, como si fuera poco, a otros estados de la antigua esfera de influencia de la Unión Soviética, según advirtió el presidente polaco Andrzej Duda. -El “debilitamiento” de Vladímir Putin, es un riesgo mayor, alertó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Joseph Borrell. Para ampliar al respecto con el especialista en temas internacionales, Carlos Cascante.

Nos asentamos en el istmo centroamericano. Más que una realidad material inamovible, que lo es, nuestro entorno inmediato, está definido por esta compleja interacción que marca las acciones políticas, sociales, económicas, ambientales y por supuesto históricas, de desafíos geopolíticos y vulnerabilidades comunes. ¿Cuáles son las opciones de política pública que Costa Rica puede desarrollar hacia Centroamérica y República Dominicana, dadas las tendencias recientes, las oportunidades y los desafíos que enfrenta actualmente esta pequeña región del mundo? Esta fue la pregunta motor que convoco a 36 especialistas de diferentes áreas de estudio y conocimiento, en varios talleres de análisis y que dio como resultado el informe de la investigación especial “Prioridades de política pública de Costa Rica hacia Centroamérica y República”, en el marco del Informe de la Región que publica el Estado de la Nación. Para conocer más sobre estos desafíos conversamos con la investigadora responsable, Elayne Whyte Gómez.

El fallo de la Sala Constitucional es claro, contundente y de acatado cumplimiento: se debe restituir inmediatamente en sus puestos como directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social a Martha Rodríguez González (representante del sindicalismo) y José Luis Loría Chaves (delegado del cooperativismo) quienes fueron separados por el Consejo de Gobierno de la Administración Chaves Robles y al mismo tiempo queda nulo el nombramiento de José Luis Castro Vásquez y María Isabel Camareno Camareno, designados para sustituir a los despedidos anómalamente. Una vez más en Costa Rica el sistema de pesos y contrapesos se muestra vigoroso, como cabe esperar en una democracia en la que se atemperan las actuaciones de los poderes del Estado para que no traspasen sus linderos. Por mayoría de cinco de sus siete integrantes, la Sala declaró con lugar el amparo presentado por un colectivo de organizaciones sindicales. De acuerdo con el por tanto “se anula la medida cautelar acordada por el Consejo de Gobierno y se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento al fallo”. Esto abre nuevas perspectivas de análisis y de lo que deberá corregirse y actuarse de ahora en adelante en esta institución autónoma insigne. Para profundizar en este esperado fallo conversamos con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal.

Es nuestro tesoro natural más reconocido globalmente. Está inscrito tanto en la historia mítica, como en la geografía, logrando que nuestro país sea el más grande de la región por su área marina; laboratorio natural de biólogos y estudiosos de todo el orbe, tanto que el célebre Jacques Cousteau la designó como la isla más hermosa del mundo. En el junio de 1978 -justo hace 45 años- la Isla del Coco fue establecida como parque nacional. En diciembre del 2021 se amplió con el Área Marina de Manejo del Bicentenario, con lo cual su extensión es hoy de 161.127 Km2 que albergan 2,600 especies de flora y fauna, de las cuales casi 1,700 son marinas, 45 de ellas endémicas, por lo que es el hogar de casi la mitad (47 %) de todas las especies marinas endémicas de nuestro país. Este hermoso paraje aporta $51 millones a la economía anualmente gracias a sus usos como destino turístico, de investigación y educación, pesca deportiva y de palangre. Para bucear en los beneficios del Área Conservación Marina Coco conversamos con Diego Torres, Coordinador de Turismo Sostenible del Área y Sebastián Barquero por la Fundación Amigos Isla del Coco (FAICO).

Desabastecimiento de agua, aumento de enfermedades causadas precisamente por la falta del recurso hídrico, incendios forestales, reducción en los niveles de los embalses para la generación de energía eléctrica, impactos en la agricultura, la ganadería, sequía y consecuentemente altos precios de muchos productos. Estos serían algunos de los efectos que el fenómeno de El Niño causaría en Costa Rica, durante lo que resta del año y el primer semestre del 2024. El Niño está asociado con el calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico, lo que produce una disminución de las lluvias en la vertiente Pacífica y en parte del Valle Central, así como lluvias intensas en el Caribe. Para conocer más acerca de esta circunstancia conversamos con Werner Slotz, director del Instituto Meteorológico Nacional.

Todo esfuerzo por tener un panorama claro, objetivo, informado y con datos duros y fiables, deviene en un obligado ejercicio permanente para acopiar los elementos posibles acerca de la realidad financiera y operativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La controversia entre estados financieros, estudios actuariales y la verdadera situación económica, para determinar la sostenibilidad de la institución insignia de la seguridad social de Costa Rica, es fundamental. Dar explicaciones a la ciudadanía de Cartago y Golfito, cuyos construcción de nuevos hospitales está en vilo, (entre otras obras de infraestructura ya aprobadas y con financiamiento) a las personas temerosas porque creen que tal vez dejarían de recibir sus pensiones, y a quienes reciben servicios médicos o esperan con urgencia procedimientos quirúrgicos, son temas sensibles particularmente en un ambiente de incertidumbre como el que se ha generado desde hace meses. Para ayudar en ese empeño, con información aportada en una actividad organizada por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAME) en las últimas horas, conversamos con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

Guatemala sigue enfrentando los impactos estructurales de una crisis permanente en la violación a los derechos humanos y la siempre presente vulneración al sistema de pesos y contrapesos que deben tener las instituciones de un estado digno de reconocerse como tal. En ese país del triángulo norte, hasta el Ministerio Público y los tribunales de justicia son utilizados para perseguir a ciudadanos honestos, como sucedió la semana pasada con la condena a 6 años de cárcel impuesta a José Roberto Zamora, fundador de el Periódico, un medio independiente dedicado (hasta el 15 de mayo pasado que tuvo que cerrar) a investigar casos de corrupción en el país. A este contexto se suma un proceso electoral cuestionado que culmina el próximo domingo sin ninguna esperanza de cambio para salir del abismo en el que se encuentra la inmensa mayoría de su población a la que ni siquiera el sistema de Naciones Unidas pudo seguir apoyando, dado que en el 2019 el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para abonar a las acciones tendientes a sostener el andamiaje institucional. Desde entonces, los esfuerzos orientados a socavar las garantías procesales mínimas frente al abuso de poder arbitrario y corrupto se han intensificado, han arreciado los ataques sistémicos a la libertad de expresión y prensa y al libre funcionamiento de las organizaciones sociales. Para ampliar este escenario desolador conversamos con el ex fiscal general y ex comisionado de la CIGIC, Francisco Dall'Anese.

Fotografía: La Nación - Alonso Tenorio. La marcha por la educación pública de Costa Rica convocó, como no se había visto desde hace años, a potentes grupos sociales, ciudadanos y sectoriales, que dieron un paso al frente, ante la conducción de asuntos públicos esenciales. Nutrida, con importantes mensajes en defensa de logros históricos. No llamando a un enfrentamiento, sino más bien a las correcciones necesarias ante el evidente desmantelamiento del presupuesto de la inversión pública, garantizado constitucionalmente para niños, niñas y jóvenes de la educación primaria, secundaria y universitaria, en una coyuntura especialmente desafiante de desigualdad y exclusión que hace emerger cada día con especial crudeza el fenómeno de la criminalidad, la violencia y la delincuencia. La marcha representa la conjunción de voluntades, que con ojo avizor, le señalan al gobierno que no está solo en la mesa y que hay un tejido social para defender y preservar la institucionalidad. Pero el llamado no fue solo al Ejecutivo. Esta movilización social también puede interpretarse como un mensaje a los otros poderes de la República, así como a sectores que guardan silencio frente a circunstancias inéditas de creciente polarización. Para comprender este proceso y sus implicaciones conversamos con la politóloga Gina Sibaja y el comunicador social Carlos Sandoval.

Bajo fe de juramento, el empresario Leonel Baruch Goldberg aseguró que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió no solo que coadyuvara con el Poder Ejecutivo para enfrentar el recurso de amparo que interpuso en su día La Nación contra el cierre del Parque Viva, sino que además apoyara los intereses del gobierno para hacer desaparecer el periódico, entendiendo que ello favorecía a CRHoy, el diario digital del que Baruch es propietario. Las sonadas declaraciones las ofreció el banquero -acusado por el Ministerio de Hacienda en una causa de supuesta defraudación fiscal por el orden de 11 mil millones de colones que ahora se sabe resultó inexistente- compareció ante la comisión de financiamiento de partidos políticos de la Asamblea Legislativa y ocasionó un polvorín con las declaraciones que incluso reiteró luego ante los periodistas, especificando que fue un planteamiento "claritico". La reunión en que tal intercambio se produjo, ocurrió el 29 de agosto del año pasado, entre las 10.13 de la mañana y las 12.28 del mediodía, en el despacho de la diputada, según certificó el departamento de seguridad del congreso y por supuesto, Cisneros Gallo negó categóricamente que ese hubiese sido el contenido de la muy extensa conversación. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo capítulo en el enfrentamiento del gobierno con varios medios de comunicación y en la investigación de financiamiento electoral de la campaña electoral? Lo conversamos con el especialista en la materia Rotsay Rosales, quien dirige el Observatorio de la Política Nacional, OPNA y además, es uno de los coautores de un revelador informe sobre el costo de hacer política en los países del triángulo norte Centroamérica. Un documento que nos sirve de reflexión respecto de los desafíos de la muy precaria estabilidad democrática en la región.

Hoy enfrentamos un nuevo capítulo del ya conocido libreto de la Administración Chaves Robles en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Un recuento de décadas de situaciones -la mayoría, por no decir todas- conocidas, denunciadas y deliberadas públicamente, pero que ahora se “redescubren” para concluir que habría una gravosa situación financiera. Las aparentes pruebas estaban en una pequeña caja que todo hacía indicar, pesaba unos cuantos gramos, nada más y que fue llevaba (acto mediático incluido, como no) al Ministerio Público con un mensaje al Fiscal General, para que actúe. Para ahondar en el tema, conversamos nuevamente con la especialista latinoamericana en política social Juliana Martínez, una de las personas que más conoce acerca de nuestra emblemática institución de seguridad social, sometida ahora a los designios de la gestión gubernamental.

Costa Rica, su ciudadanía y todos los sectores que son parte de nuestra institucionalidad viven tiempos de noticias falsas, narrativas populistas, tergiversación de la realidad y guiones que llevan a la desacreditación sistémica de las estructuras y de las personas que osan usar como herramientas la verdad, la confrontación sana de ideas y el disenso, como comportamiento fundamental de una democracia. Son tiempos en que vamos recorriendo los linderos de la valentía sustentada en la verdad o la cobardía anclada en mentiras. Sea la Caja de Seguro Social, la inversión en educación pública, la deslegitimación de los Poderes de la República, la fabricación de casos para deshonrar a las personas. Son tiempos convulsos que requieren de las reservas más preciadas de la convivencia social, para enfrentar las situaciones que nos puedan llevar a quebrantar la convivencia. Para reflexionar los impactos en el tejido social del país sobre esta época que debemos pasar, conversaremos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

La desigualdad se continúa acentuando en las zonas rurales y costeras de Costa Rica, con lo que -consecuentemente- se agudiza el deterioro del tejido social, con un impacto directo al apego y la defensa de nuestro modelo de convivencia democrática. Esto es uno de los más inquietantes resultados del Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022, que desarrollan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Escuela de Estadística de la UCR y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Un instrumento que arroja información para la toma de decisiones de política pública tendientes a combatir la pobreza. De este último estudio se desprende la urgencia de implementar acciones para resolver las asimetrías que causan problemas y fracturas territoriales, que tienen una incidencia directa en el fortalecimiento de oportunidades para el crecimiento económico en los cantones más vulnerables, que ayuden a generar condiciones de empleo, educación y bienestar sostenibles. Para recorrer estos y otros resultados del mapa de desarrollo cantonal conversamos con Randall Brenes, del PNUD.

Doble celebración para el emblemático Instituto Tecnológico de Costa Rica durante este mes de junio. Conmemorar sus 52 años de existencia y juramentar a la primera rectora de la universidad que tiene como puntas de lanza la ciencia y la tecnología. Un extracto del comunicado oficial que dio cuenta de la escogencia de la nueva autoridad, estableció que ahora el TEC “está listo para dar ese paso hacia el posicionamiento global… Para construir los próximos 50 años con diálogo, con compromiso, con todos los sectores, con todas las visiones, para asegurar que sea una Institución más segura, más inclusiva y sostenible.” La nueva rectora tiene una amplia carrera en ese centro de educación pública superior. De hecho será hasta su juramentación, el 29 de junio, la Vicerrectora de Docencia. Pero además ha sido representante en el Consejo Institucional y coordinadora de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Estudiantiles. Y además de docente, integrante del Comité Técnico del Centro de Investigaciones en Computación de la Escuela de Ingeniería en Computación. Toda una carrera que la coloca en una posición de relevancia y desafíos. Para ampliar y celebrar estos acontecimientos conversamos con la máster María Estrada Sánchez, primera rectora del TEC.

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, OCDE, impulsa y promueve en sus países miembros, sistemas de medios públicos de comunicación como estructuras sólidas que fortalezcan la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública. Con siete décadas de servicio, la Deutsche Welle (DW) es un sistema financiado con presupuesto fiscal de Alemania, que se fundamenta en ​que los contenidos que genera deben ser independientes de la influencia del gobierno de turno. Hoy, que vivimos tiempos de desinformación, noticias falsas y post verdades, ¿cuán importante es consolidar una prensa analítica, fuerte, crítica e independiente? Además, resulta clarificador hacer una revisión del papel de Alemania, como uno de los países más influyentes de la Unión Europea, en años de desafíos frente al conflicto de Ucrania, los retos de la inmigración, la economía y el cambio climático, entre otros. Aprovechamos la visita al país del periodista costarricense, Javier Arguedas, quien labora en DW-TV, para conversar con él en Hablando Claro.

Conforme van pasando los días, más confusa es la información que emana de la nueva junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Aunque cada vez resulta más clara la línea directa entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, respecto de varias decisiones neurálgicas, no se entiende bien cuáles son las intenciones que se perseguirían con la institución más importante de la seguridad social de Costa Rica. Los síntomas: una pugna con las gerencias que no les son sumisas, el insistente señalamiento de una situación de quiebra, y ahora, la confrontación con la comunidad de Cartago por la cercana adjudicación de la construcción del nuevo hospital. Lo último fue un video difundido la noche del viernes en el que se anunció la decisión de la Junta Directiva de no aprobar los estados financieros del año 2022 debido a "múltiples inconsistencias e incumplimiento de normas de información contable". En la Caja reina un ambiente de inestabilidad y la percepción hacia afuera es la misma: hay zozobra y preocupación. Para profundizar acerca de lo que viene sucediendo y analizarlo desde la perspectiva de una conocedora a profundidad de la Caja conversamos con la ex directiva Marielos Alfaro.

Rescatar el formato del radioteatro en los vertiginosos tiempos de las plataformas y la comunicación digital, fue una apuesta de Columbia que inició con “Libertad al Amanecer” y resultó ser un acierto tan grande que replicamos ahora. “Pólvora en abril” es la segunda iniciativa con el sello indeleble de nuestra cadena, que rinde homenaje a lo mejor de la producción radiofónica y la historia desde la esencia del dial. Fue un trabajo intenso: 26 capítulos y 45 voces que recrearon, desde la narrativa y el argumento, la guerra de Ochomogo de 1823, desde una vivencia sensorial y auditiva que nos ubica en uno de los procesos más importantes de la formación de nuestra identidad: la adhesión absoluta a los valores republicanos y el consecuente traslado de la capital costarricense de Cartago a San José, 200 años atrás La historia contada de manera amena y, por tanto, atractiva, y la radio como escenario, para potenciar dos elementos fundamentales de nuestra construcción como Patria. Para disfrutar de esta hermosa aventura, que contó con el impulso determinante de Daniela Alfaro, Gerente General de Grupo Columbia y de nuestra directora de noticias, Evelyn Fachler, conversamos con el periodista investigador, histórico y guionista Rodolfo González y el productor de la radionovela, Juan Carlos Ugalde.

La percepción de la opinión pública sobre el desempeño del Presidente de la República establece que 4 de cada 10 costarricenses estima que la tarea es deficiente, en tanto en 21.9 % apunta hacia un buen trabajo. A la Asamblea Legislativa la valoración le da para un trabajo regular de acuerdo con 55 de cada de 100 de los consultados, en tanto que un 28 % la califica de regular y únicamente un 8,9 % la valora positivamente. Esta información, cuyos detalles justamente se conocen en las últimas horas, forman parte de la más reciente encuesta conjunta elaborada por la Escuela de Estadística y el Observatorio del Desarrollo, ambos de la Universidad de Costa Rica, que también dieron a conocer este miércoles que la confianza de los consumidores si situó en mayo en 45 puntos "revelando la primera caída del índice en los últimos 12 meses... Con un descenso estadísticamente significativo de -2,7 puntos... Aunque la confianza sigue estando por encima del promedio histórico, que ronda los 41 puntos". Para conversar sobre los hallazgos y particularidades de este estudio de opinión pública conversamos este jueves con el estadístico Agustín Gómez y el director del Observatorio del Desarrollo, Carlos Murillo Zamora. Como siempre a las 8 am en los 98.7 F.M. de Radio Columbia.

Algo viene sucediendo desde hace tiempo a lo interno y a lo externo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y es imperativo ponerlo sobre la mesa del debate público. En cuanto al servicio esencial que presta, hay un evidente deterioro del abastecimiento de agua potable con cortes recurrentes y poca disponibilidad de sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, que se dejan sentir en no pocos sitios del territorio nacional y que van más allá de la estacionalidad y pocas lluvias. En lo operativo, resulta urgente que AyA como ente rector fortalezca sus capacidades de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras en todo el país. Y es que en cuanto a su gestión, prueba de la inestabilidad imperante es que en tan solo un año cambiaron dos presidentes ejecutivos, tres gerentes y seis subgerentes, todo a cuenta de una reestructuración parcial (poco conocida) que tiene semi paralizada a la institución. Tanto el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica como la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (Acreh), formularon un pronunciamiento a la ciudadanía, para poner atención a lo que sucede con AyA. Para ampliar sobre el tema conversamos con los ingenieros Olman Vargas de Acreh y Rafael Murillo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR.

A la deliberación final del proyecto de ley de flexibilidad laboral le va llegando su hora y todo hace indicar que, pese a la oposición imperante dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, finalmente será ley de la República a lo sumo en una semana. Quienes adversan la iniciativa desde el inicio, siguen sosteniendo que modificar por ley la jornada será un retroceso en materia de derechos laborales e incluso advierten que habrá afectación (mayor?) en la generación de empleo. Quienes lo apoyan, persisten en su convicción que mejorará la competitividad, logrando que empresas aumenten inversiones y contrataciones. En plena discusión, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) dio a conocer la semana pasada una reducción en la cifra de desempleo. Sin embargo, la noticia no resultó para tirar campanas al vuelo porque la disminución estaría relacionada con el hecho de que muchísimas personas abandonaron la búsqueda de trabajo. Es decir, se cansaron de recibir un no por respuesta y pasaron a ser parte del contingente de “desalentados” que ya no persiguen la ilusión de una contratación formal. Para entender esta situación conversamos con el economista de la Universidad Nacional, Fernando Rodríguez.

Una larga historia. Setiembre 2011: se compra el terreno de 118 mil metros cuadrados para el nuevo hospital Max Peralta, en El Guarco de Cartago. Setiembre 2014: se ordena un estudio de actualización para la edificación, que diera paso a los estudios subsiguientes. Diciembre 2021: el BCIE flexibiliza las condiciones del empréstito necesario para la edificación. Mayo 2022: se autoriza el préstamo para construir el hospital con las nuevas especificaciones que se incorporan a la licitación. Marzo 2023: la Junta directiva de la CCSS saca el nuevo hospital de las prioridades de infraestructura de la institución. Y ante la presión, días después da marcha atrás en la decisión. Junio 2023: se debería adjudicar la licitación. Esta ruta siempre marcó la intención de construir el hospital, proyecto que no es fácil y es urgido por más de 700 mil personas; la población adscrita a la prestación de sus servicios. ¿Por qué se quiso paralizar esta obra de salud pública, incluso con una denuncia, que tenía relación con el viejo terreno que se valoró, y no se compró, en la zona de El Fierro? Para aclarar y seguir aportando a la construcción conversamos con la diputada Paulina Ramírez y el Dr. Carlos Halabi, presidente de la Junta de Salud cartaginesa.

La concentración de presupuestos publicitarios en la agencia del SINART sigue siendo un tema de interés público o -dicho de otro modo- una noticia en desarrollo. Entre otras cosas, es necesario dilucidar qué condiciones cambiaron, de un año a otro, para que instituciones como ICE-Kölbi, la Junta de Protección Social o Acueductos y Alcantarillados, que antes apenas sí cumplían con la asignación obligatoria del 10 % de sus pautas al Sinart y exigían aumentar los bajos niveles de audiencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión, firmaran ahora contratos millonarios para entregar el manejo de todos sus presupuestos de publicidad hasta por 3 años a la agencia estatal. En actas públicas se menciona una “directriz de la Presidencia” a las instituciones citadas, que se suma a un proceso de reestructuración (declarado confidencial) de la agencia Sinart, lo que por supuesto impide conocer información de las condiciones, equipos, herramientas y personal que podrían garantizar una asignación técnica y transparente de recursos públicos y minimicen el riesgo de incumplimientos contractuales. ¿La llamada “democratización de la pauta” estatal será real? ¿O sería solo un eufemismo para justificar segundas intenciones políticas que riñen con la eficiencia del gasto público? Para ampliar conversamos con Mariana Fernández y Fernando Sandí, asesora legal y presidente Ejecutivo del SINART, respectivamente.

¿Cuánto de ingenuidad, desconocimiento, falta de información o sentido de realidad, conlleva la presentación de un proyecto de ley para intentar regular la irrupción revolucionaria de la inteligencia artificial? ¿Es suficiente la explicación de haber usado el Chat GPT, para formular la “iniciativa” y acto seguido reconocer que es una propuesta inconexa, incompleta y que le falta el componente humano, para que quede mejor formulada? Legisladores del PUSC, Frente Amplio, Nueva República y Progreso Social Democrático lo hicieron y en las últimas horas han debido enfrentar una tormenta de señalamientos y -hay que decirlo- hasta de burlas. Ahora bien, hablando en serio: ¿podría una ley emitida en Costa Rica frenar los riesgos, desafíos y peligros que imponen la creatividad y la innovación tecnológica al mundo entero? ¿No sería mejor tomar en serio la deliberación y tratar de dimensionar y entender cómo encarar (junto con el mundo desarrollado) los problemas sociales que genere la IA y equilibrar el crecimiento de una tecnología que muchos esperan que sea el motor de la economía del presente y el futuro? Para ahondar en tan interesante tema conversamos con los expertos Sebastián Urbina, presidente de IA en la transnacional Genpac y César Bravo, director de investigación en IA y Metaverso, profesor de Lead University.

Las advertencias de potencial alto riesgo en Cambronero obligaron este martes al cierre de la vía, dado el inminente peligro para la seguridad.

El Instituto Meteorológico había informado de condiciones climáticas adversas por las lluvias propias de la temporada. Por su parte, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica había alertado -horas antes también- riesgo potencialmente alto por “obras deficientes” en el lugar. El estudio técnico, que da seguimiento periódico a las obras contratadas y supervisadas por el Conavi, determinó taludes sin protección, sitios inestables, rellenos que no cumplen con las condiciones de seguridad, ninguna intervención, ni obras de estabilización o sistemas de protección superficial para controlar caída de piedras y problemas con escorrentías de agua en el lugar donde ocurrió el trágico deslizamiento del año pasado.

De igual manera, el análisis indicó que la ruta alterna entre Río Jesús y Piedras Blancas de San Ramón, presenta condiciones adversas; por lo que recomendó cerrar el tránsito de personas y vehículos hasta tanto no se hagan obras que son necesarias y urgentes. Claramente la situación viene a presionar las vías de acceso y salida al Pacífico Central y Guanacaste.

Para conocer mejor este peligroso cóctel de obras incompletas y carga de lluvias, en esta y otras vías neurálgicas del país, conversamos con el nuevo director de Lanamme UCR, Ing. Rolando Castillo y con el Ing. Ronald Naranjo, de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional.

Cada cierto tiempo, y ahora de nuevo, está puesto sobre la mesa, un espejismo de ilusión que pretende cautivarnos con la idea de que la exploración y eventual explotación de gas natural, nos serviría para -literalmente- salir de pobres. La verdad es que no hay estudios técnicos serios que validen a ciencia cierta cuáles son los depósitos existentes y menos aún, formas de probar que tenemos yacimientos por el orden de 15 mil millones de dólares. Tristemente, tampoco hay estudios serios que establezcan categóricamente que esta industria extractiva crearía fuentes de empleo, como se pregona. Aun si tuviéramos esos recursos bajo la superficie, habría que considerar que por el pequeño tamaño del país y la pequeña escala de nuestra economía, tampoco podríamos competer con naciones que nos llevan 30 años de ventaja en esta actividad y ni siquiera podríamos garantizar a la o las empresas que eventualmente concesionarán, una explotación lucrativa, lo cual se terminaría convirtiendo en un gran riesgo económico para la hacienda pública. Por el contrario, la transición energética actual -para un país como el nuestro que ya alcanzó una matriz limpia en generación eléctrica, debería apuntar ambiciosamente a la alternativa del futuro basada químicos sintéticos (como el amoniaco verde) alimentados por electricidad, lo cual ayudaría en la apuesta de búsqueda de equidad social a partir de la explotación de nuestros verdaderos y riquísimos recursos. Para poner en perspectiva tema tan medular, conversamos con el ingeniero José Daniel Lara, doctor en energía y recursos naturales.

Turquía superó la segunda vuelta electoral con el triunfo del autócrata Recep Tayyip Erdogan, que suma 5 años más a las dos décadas que tiene de gobernar con mano dura el Ejecutivo, enfrentándose a grupos opositores a cuyos líderes mantiene presos o exiliados, limitando libertades y derechos humanos y generando turbación ciudadana permanente. Las elecciones no terminan sin denuncias de posibles irregularidades, pero lo consolidan como el político más poderoso tras 40 años en diferentes posiciones y radicalizando cada vez más su mandato. Sus retos no son menores. La lira (moneda turca) en mínimos históricos frente al dólar y el euro; el desempleo en el 22,5 % y el costo de la vida elevadísimo (45% al menos). Otro de los desafíos es seguir dando atención -calificada de insuficiente- a las víctimas del devastador terremoto de febrero pasado, que dejó 50 mil personas fallecidas y gravísimos daños. En lo político debe enfrentar los señalamientos, y lo que logre sostener el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, quién conjuntó el descontento de agrupaciones en una colación de desencantados, nacionalistas laicos y conservadores religiosos que lo obligaron a ir a esta segunda ronda y ganar con un estrecho margen. Para poner foco en esta región del mundo conversamos con Javier Johanning, politólogo, docente, investigador y maestrando de relaciones internacionales.

Al filtrarse la abrupta finalización del contrato entre Procomer y CINDE se hizo público el rompimiento de una armoniosa, provechosa y productiva relación, que ha colocado a Costa Rica como una potencia regional en la promoción conjunta de exportación de un amplio abanico de productos y la atracción de inversión extranjera. La muy conocida y premiada internacionalmente Cinde y el Ministerio de Comercio Exterior, habían anunciado apenas poco antes de la ruptura, que el año anterior (2022) Costa Rica había logrado sumar 101 proyectos de inversión extranjera directa con un rédito de 22 mil empleos, y 11 nuevas inversiones provenientes de siete territorios no tradicionales como Canadá, Chile y Alemania. Si esta fue una fórmula exitosa, ¿qué pasó? ¿En qué no se pudieron poner de acuerdo? ¿Quiénes se enojaron? ¿Qué diferencias son ahora irreconciliables para llegar ahora a estar tan cerca del divorcio? Sin ser oficial aún, se da por sentado que la ruptura ya es definitiva y ello genera una tormenta en las élites productivas del país. ¿Seguirá ese motor afinado, ahora que no hay vuelta atrás? Y algo más, ¿cómo y en qué tareas seguirá Cinde haciendo sus tareas ya sin el respaldo del gobierno de Costa Rica? Para ampliar acerca de este desencuentro y sus impactos conversamos con Eric Scharf, presidente de la junta directiva de CINDE.

Hace justamente una semana, el jueves pasado, a las 2:30 de la tarde, en una transmisión en vivo desde el Ministerio de Hacienda, se presentaban las acciones de "Trazando la Prosperidad Fiscal". El trazo, ahora, sustituye a las anteriores rutas. Pero bueno, ese es solo un detalle semántico. Lo cierto es que el trazado hacendario que proyectos que van desde la imposición de 13% de valor agregado para boletos aéreos, un flax tax de 30% para pequeñas y medianas empresas y un 2% para implementos médicos, sillas de ruedas y fórmulas de leche materna (una estrategia -dícese- para estimular la lactancia materna), entre otros, cayó como un meteorito. Nadie lo vio venir. Ni siquiera la jefe de la bancada oficialista que -entre la congoja de tener que explicar lo inexplicable y la frustración de tener que desdecirse tras haber jurado que en este gobierno no habría nuevos impuestos, terminó diciendo que no sabía nada del paquete y que "no era el momento" para dar el anuncio, en medio de los debates congresionales de crimen organizado y jornadas 4x3. El presidente Chaves, que aseguró el domingo pasado que mentían descaradamente quienes afirmaban que la ruta de la prosperidad fiscal implicaría nuevas tasas, elaboró este miércoles, en respuesta a las declaraciones de su jefa de fracción, que nunca el tiempo es oportuno para una reforma impositiva. "Si no es el momento de presentar eso, cuándo es el momento en un país que está en la lista de países más desiguales del mundo". Lleva total razón el Mandatario, porque ni aquí ni en ningún otro país existe un momento oportuno para poner impuestos, o siquiera para ordenar el esquema. Lo sabemos bien porque pasamos por ese trauma apenas hace cinco años. Lo cierto es que hasta ahora hay más sombras que luces y no resultó para nada suficiente que el ministro de Hacienda hubiera salido a tratar de enderezar el asunto, responsabilizándose de un supuesto "error personal" en la presentación de los proyectos en cuestión. Por eso, en un afán por aclarar tanto nublado del día, conversamos con Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

+Costa Rica intenta convertirse en un plan piloto latinoamericano de promoción de líderes políticos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, en tiempos preocupantes de descrédito del sistema y de alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos. La iniciativa se declara neutral, independiente, apartidaria y sin fines de lucro; con la capacidad de ofrecer una beca a 80 personas interesadas que -tras superar un proceso de selección- recibirán un programa de formación de 100 horas con contenidos de fortalecimiento de capacidades democráticas, de cara a su participación en las próximas elecciones municipales. El objetivo es promover nuevos liderazgos que apunten a la renovación de la política y la gestión pública de Costa Rica. Cuentan con el apoyo técnico, logístico y financiero de la fundación VélezReyes+ y de la organización brasileña RenovaBR. Para conocer más a fondo esta propuesta conversamos con los líderes de esta incubadora, Juan Guillermo Murillo y Laura Oller.

Al proyecto de flexibilidad de jornadas laborales le están llegando las tortuosas horas de discusión en el plenario legislativo. Luego de las mesas de trabajo que se acordaron para intentar rescatarlo, a la hora de escribir este texto se habían presentado 824 mociones que condicionan una discusión candente. Un texto sustitutivo se entregó, por parte del oficialismo, junto con otras bancadas. La fracción del PLN ha dejado a la libre la votación y el Frente Amplio redoblará su oposición. Para seguir abriendo perspectivas de la 4-3 conversamos conversamos con el abogado especialista en derecho laboral Esteban Calvo.

Como no había ocurrido nunca antes -según lo reconocieron en actas públicas Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, así como Beverly Hernández, directiva de AyA y la directora de comunicación de esa misma entidad, Angie Ortega, el mismo presidente Chaves Robles y desde la Presidencia de la República se habría “recomendado” transferir millonarios contratos publicitarios a esa entidad. En el foro político se ha iniciado una investigación y un llamado a dar cuentas en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. En el foro técnico administrativo se ha presentado una denuncia por prácticas monopolísticas ante la Comisión para la Promoción de la Competencia. Una serie de reportajes periodísticos han dado luz acerca de una posible estructura de concentración de dineros públicos, contra criterios técnicos e informes legales, que se habría hecho atropelladamente para evadir en su justo momento la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la Ley de Contratación Pública. Como último escalón de esta nueva polémica, en el foro judicial se presentó una denuncia ante la Fiscalía General por el manejo de la pauta publicitaria del ICE-Kölbi, cuyos recursos ahora manejaría el SINART. Para ampliar el tema conversamos con el diputado Ariel Robles y el especialista en temas de Derecho Público y libre competencia, Luis Diego Vargas.

Aún resuenan las fuertes palabras del Fiscal General estos días referidas a que “algo debe haber detrás” para que una sola persona obstaculice el consenso legislativo que se logró para tramitar y aprobar, en tiempo, la urgente reforma a la ley de crimen organizado. Pero la aludida, la diputada liberacionista Carolina Delgado, quien no solo carga con las dudas del Ministerio Público, está determinada a no ceder. "Quien nada debe nada teme", sostiene y no se inmuta frente al rechazo expreso de casi toda su bancada (solo la apoya Danny Vargas). Así que se mantiene en su férrea determinación de no retirar el centenar de mociones de su autoría que aún quedan torpedeando el proyecto y que tienen a los diputados sesionando horas extras. La premura -como ya se sabe- es porque la modificación debe quedar aprobada a más tardar el 6 de junio; como único camino para evitar la liberación de 10 cabecillas de bandas narcos. Esta legislación remozada, además de aumentar el lapso de la prisión preventiva, fortalecería las capacidades de investigación, mejoraría el procedimiento de juicios en el mediano plazo y se valora entonces como una herramienta para ayudar a combatir la ola de violencia y criminalidad que vivimos. Para seguir dando luz a los claroscuros del tema conversamos con el Fiscal General de la República, Carlo Díaz.

Trama y drama. Eso salta a la palestra apenas se abre un poco el telón de la gestión de la Ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, en solo 12 meses. Los actos semejan un trepidante guion en la conducción política del sector. Un recorte en ciernes de ₡4 mil millones que paralizaría la oferta y el quehacer de la cultura, con una explicación administrativa que genera dudas, en un sector ya de por sí golpeado desde años atrás. Pero en lo reciente, 17 personas han sido destituidas, han renunciado o se han removido de los puestos de confianza de la jerarca. Esto tiene al ministerio y a sus 20 programas adscritos en un ensayo de prueba y error. Para abrir aún más los bastidores conversamos este con la galardonada promotora, productora y gestora cultural, Verónica Vado y con el recientemente separado ex director del CPAC y productor cultural, Alex Cuadra.

Tras su tercera derrota electoral consecutiva, el Partido Liberación Nacional (PLN) se prepara para la prueba de fuego de las municipales de febrero próximo, dando golpes de timón en un intento por renovarse y solucionar algunos de sus desafíos internos. Su Asamblea Nacional, del pasado fin de semana, autorizó eliminar el requisito de militancia mínima de dos años para optar por un puesto elegible en este proceso; algo que hubiera sido impensable hace muy poco tiempo atrás. También hizo un manifiesto para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres en política y como si fuera poco, estableció un compromiso con la probidad y otro para desterrar el nepotismo en la agrupación. Finalmente, giró una autorización de endeudamiento hasta por ₡2.400 millones, para enfrentar el inmenso desafío de evitar la pérdida de alcaldías, dado el cambio en las reglas del torneo electoral que impedirá reelegirse a decenas de sus actuales alcaldes. Sus desafíos inmediatos lógicamente pasan por lo cotidiano en el foro legislativo, donde enfrenta dos hechos relevantes, por un lado, lograr que la diputada Carolina Delgado desista de las más de 500 mociones al proyecto de crimen organizado, para dar una señal unívoca de compromiso ante la ola de violencia homicida que vive el país y por otro la definición de su respaldo (o no) al proyecto de jornadas laborales, conocido como 4-3. Para ampliar sobre los desafíos en curso conversamos con el Secretario General de la agrupación, Miguel Ángel Guillén.

La llegada de Mario Zamora y un renovado equipo de viceministros a Seguridad Pública permite, desde la experiencia y los logros de la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014) creer que será posible articular una perspectiva estratégica ante la ola de violencia y criminalidad que nos acecha. Con un mensaje claro y realista arranca su trabajo, anunciando una Operación Costa Rica Segura Plus, cuyas líneas de acción iremos conociendo en las semanas venideras. Su primera labor es llevar tranquilidad a los cuerpos policiales, que han denunciado condiciones precarias en algunas comisarías y falta de recursos económicos para equipamiento y vehículos que pone aún en mayor riesgo su labor. Nuevas tácticas que se requieren ante la nueva realidad de la inseguridad y del avance de grupos del crimen organizado, son parte del trabajo de inteligencia, ante la principal preocupación que hoy externa la ciudadanía. Para profundizar al respecto conversamos con el Ministro de Seguridad, Mario Zamora.

El Ejecutivo vive días intensos. Dos noticias importantes se le filtraron antes que emitiera su mensaje: el rompimiento del convenio con CINDE y el nombramiento del nuevo ministro de Seguridad y las condiciones que pidió para acceder al cargo. La purga incesante que ejecuta la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, quien han removido a 17 funcionarios, muchos de ellos nombrados por este gobierno y cuya información circulaba antes que los afectados recibieran la notificación del despido. En la lista de los últimos días se agregó además la suspensión del director de Banca para el Desarrollo, Miguel Aguiar, luego de denunciar por acoso laboral a los ministros, del MEIC, MAG e ICT. La Junta Directiva de la CCSS suspendió por un mes al director del Cendeisss, Juan Carlos Esquivel, y ordenó la intervención inmediata de esa instancia durante los próximos tres meses. Cambios y despidos en el Ministerio de Comunicación que se suman a un ambiente de incertidumbre en instituciones y ministerios, por inestabilidad. Un año de un estilo de control de la información y una supuesta gerencia por eficacia que se comienza a desmoronar. Para ampliar y delimitar el estilo de la administración Chaves Robles, ampliaremos con el politólogo, Sergio Araya.

La ola de violencia y criminalidad no da tregua, y pasa muy de lejos de las justificaciones que debieron construirse para descabezar a los proponentes de la Operación Costa Rica. Tampoco le dará tregua ni margen de acción para la curva de aprendizaje a los nuevos jerarcas del Ministerio de Seguridad, quienes ya anunciaron una Operación Costa Rica Segura Plus, sin que se conozcan mayores detalles aún. Las causas estructurales de la inseguridad están ancladas, la ausencia de una hoja clara de trabajo es muy perentoria y gazapos como la precipitada desconvocatoria del proyecto de crimen organizado a inicios de semana, obligó este jueves al Ejecutivo a dar marcha atrás y volver a llevar al Congreso la urgente iniciativa. La ciudadanía clama por respuestas y acciones, siendo este el tema de mayor preocupación nacional con impactos en sectores claves como el turismo, la producción, las exportaciones y la imagen país. Para monitorear qué hacer en estas semanas de recambio conversamos con el experto en temas de seguridad, Álvaro Ramos.

El sur austral de Chile y el sur de la frontera de Estados Unidos, están marcados en la brújula de hechos relevantes de esta semana. Los chilenos dieron un nuevo segundo paso fundamental para poner fin a la Constitución dictada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Unos 15 millones de votantes eligieron a los 50 miembros del consejo constitucional, cuya tarea será redactar una nueva Carta Magna. Los resultados abren los escenarios: el bloque de tres partidos de la derecha obtuvo un 56,5 % de las votaciones; los dos de izquierda -incluido el del presidente Gabriel Boric- un 37,5 %; y el populista Partido de la Gente logró el 5,5 %. En tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se prepara para suspender el Título 42, una política de la administración de Donald Trump que se implementó hace tres años, para impedir el ingreso de migrantes, con la idea de prevenir el COVID-19. Este levantamiento permitirá que las personas que crucen la frontera hagan valer su derecho a pedir asilo y se escuche su caso. Para poner foco a estos hechos internacionales nos conectamos en Santiago de Chile con el politólogo, Jesús Guzmán.

El 84% de la población costarricense tiene miedo de perder el país. Este dato, que emana de la última indagación del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, es resultado de un interesante ejercicio que mide los temores de la ciudadanía. Entre otros, al poder destructivo del narco, al desempleo, o a la eventual carencia de pensión en la vejez. Por eso se trata de un valioso aporte a la discusión nacional que justifica poner luz de análisis, pero también -ojalá- decisiones de política pública. De acuerdo con la socióloga y comunicadora María Flores-Estrada el dato es muy revelador del ser costarricense. “La gente puede estar enojada, resentida, cansada de engaños, de promesas incumplidas y preocupada, pero no se ha vuelto cínica y tampoco pierde la esperanza. Piensa que vale la pena preservar el país…” Para valorar este interesante tópico conversamos con el investigador social Carlos Sandoval García.

Concluido el análisis del primer informe del presidente Chaves, inicia el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. 48 proyectos que envío el Ejecutivo marcarán la discusión y encuadrarán las nuevas divergencias y negociaciones. Ya tienen un camino empedrado las jornadas 4x3, con criterios que van desde una nueva forma de esclavitud a una oportunidad perentoria para la generación de empleo. Se suman los proyectos de la Operación Costa Rica Segura, para combatir la ola de criminalidad; ya muchos señalados con vicios de inconstitucionalidad o contrarios a convenios internacionales; en tanto -por cierto- se anuncia el recambio del titular de Seguridad Pública en el Ejecutivo. En la lista también va el primer y único proyecto de ley presentado por la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, para la extradición de nacionales, que requeriría reforma a la Carta Magna. Se suman otros para cumplimiento de los acuerdos con el FMI, así como los empréstitos con el BCIE. Para ampliar acerca de esta agenda y sus retos conversamos con las diputadas Vanesa Castro (PUSC) y Kattia Cambronero (PLP).

El segundo año de la Administración Chaves Robles arranca y los motores se sobrecalientan. En pocas semanas se vuelve a instalar la comisión investigadora de los presuntos delitos de financiamiento de la campaña electoral. Ese factor y el polémico proyecto de flexibilidad laboral vislumbran un camino tortuoso; lo que advierte que la agenda de las sesiones extraordinarias contiene iniciativas de ley que podrían paralizar la labor legislativa. Como si fuera poco, el choque frontal entre sectores, élites políticas y grupos financieros, como tendencia que se puede observar claramente en la decisión de romper la fructífera relación que han mantenido COMEX-Procomer-CINDE, coloca la discusión en altos decibeles. También la presentación del proyecto para equilibrar el servicio de taxis con las plataformas digitales de movilidad ayudará a subir el nivel de las deliberaciones. Y en el horizonte cercano, las elecciones municipales obliga a los partidos políticos opositores a comenzar el distanciamiento con el Ejecutivo. El pastel para celebrar el primer año va quedando atrás. Para poner luz de mediana intensidad a este segundo año que deviene en estratégico, conversamos con el analista Constantino Urcuyo.

¿Cambiar todo, para no cambiar nada? Hay que afinar los sentidos, empezando por el común, para tratar de entender estos tiempos convulsos que agitan las decisiones de política pública de la Administración Chaves Robles. El análisis del primer año de gestión y acciones como la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo o el acuerdo de larga data entre el Ministerio de Comercio Exterior-PROCOMER y CINDE, nos lleva a comenzar a entender lo que está ocurriendo, que no es ni más ni menos que colisiones y enfrentamientos de distintas intensidades entre élites políticas, y grupos financieros y empresariales. Asistimos pues al desplazamiento de unos personajes y sectores por otros, al parecer, agrupados en torno a la dinámica que empuja el propio mandatario. Para seguir entendiendo este fenómeno conversamos con el Dr. Rotsay Rosales, Director del Observatorio de la Política Nacional de la UCR.

Como un balde de agua fría. Así se puede describir la fuerte caída de Costa Rica de 15 escalones en el reputado ranking de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, que se dio a conocer este miércoles en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es que luego de ocupar el quinto lugar en el año 2021 y el octavo en el 2022, hoy descendimos al sitial 23. De hecho, desde el 2016 nuestro país había ingresado a formar parte del destacado club de los 10 primeros países del mundo en ese listado que evalúa a 180 naciones del planeta en aspectos políticos, social, económico, legislativo y de seguridad, relacionados todos ellos con las posibilidades del ejercicio libre de la prensa De acuerdo con el informe, nuestra caída obedeció fundamentalmente a la baja en la calificación del factor político (pasamos de 81.62 a un 65,94) dado que “ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año, y el Ejecutivo restringió el acceso a la información pública”. Por suerte, el documento también resaltó que "a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia ni encarcelaciones. El periodismo está protegido por la legislación del país y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia" Para poner en perspectiva la nueva calificación conversamos con la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera.

Puesto en una balanza el primer informe a la Nación del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, esta no queda equilibrada. El mandatario la balancea de la forma en que mejor se acomode a la ya tradicional narrativa de la Administración. La inclina en contra para señalar que el deterioro democrático e institucional es responsabilidad de quienes gobernaron y tuvieron puestos en gremios y sector empresarial, en el pasado. A su favor, hasta el paroxismo de decir que para curar “esa herida de nuestra democracia, desde el primer día nos propusimos trabajar para los nadies, para los invisibles, para los que han esperado demasiado por una oportunidad de surgir y prosperar”, apelando a su grupo más leal. La inclina a su favor para indicar, que en un año y debido a la gestión gubernamental, hay indicadores positivos, incluso algunos que superan a otros países. La inclina en contra de haber recibido un país deteriorado del gobierno de Carlos Alvarado; pero la inclina a su favor, para atribuirse logros fiscales y de mejora económica, que vienen dando resultado por decisiones y costos políticos que asumió ese gobierno. Igual con el proyecto Agua para Guanacaste, cuya concepción, planificación y arranque viene de 7 años atrás y, con solo cambiarle el nombre que hizo en julio pasado, indica que lo mejoró. Así discurre en las 27 páginas que leyó en el plenario legislativo y se amplifica en el informe de 130 páginas que entregó y será, sin duda alguna, la materia prima de discusión de la agenda nacional de estos días. Para aportar puntos de vista conversaremos con el analista Eduardo Ulibarri.

Se cumplió una jornada más del 1.º de mayo. En esta oportunidad, sin mayores sorpresas, se ejecutó como estaba negociado el acuerdo que le permitió a Rodrigo Arias Sánchez retener la presidencia del Primer Poder de la República y, al asumir su segundo mandato, envió alertas y llamados a bajar el tono de confrontación por parte de actores políticos. Juramentado el nuevo directorio, ya en funciones las nuevas jefaturas de fracción, se inicia ahora el periodo de sesiones extraordinarias de la segunda legislatura. Tras la elección de este lunes, no pareciera que hayan quedado heridas graves que sanar a lo interno de la Asamblea Legislativa. No obstante, la situación se complica con la discusión del proyecto de jornadas laborales, que es objeto de críticas, objeciones y enmiendas. Esta pretendida modificación, la reforma a la ley de crimen organizado, la conformación de las comisiones legislativas y el análisis del primer informe del presidente Chaves, empujarán las energías de Cuesta de Moras en estas semanas. Para medir los equilibrios de esas fuerzas conversamos con el politólogo y asesor parlamentario, Daniel Calvo.

Termina abril marcando una tenencia a la baja en la calificación ciudadana de la labor del presidente Chaves Robles, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR dada a conocer esta semana. Las materias que le demandan mayor atención: la inseguridad ciudadana, el desempleo y los altos costos de bienes, servicios y productos, asuntos con altísima incidencia en la calidad de vida, obligan al Ejecutivo a generar políticas públicas que den respuestas efectivas, aunque la mayoría de los consultados aseguran no tener confianza en que habrá soluciones. Y a las puertas de mayo tenemos ya encima la elección del nuevo directorio legislativo, el primer informe a la Nación del mandatario y la convocatoria a sesiones extraordinarias, con la necesaria reforma a la ley contra el crimen organizado y el polémico proyecto de jornadas laborales 4-3. Revisamos pues la gestión de gobierno en días de mucho calor político que elevan la discusión de temas nacionales. Para tomar esa temperatura conversamos con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez.

¿Qué se puede esperar de la aplicación del salario global, tras la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público? El Banco Central de Costa Rica, así La Contraloría General de la República, aplican, desde hace años, este esquema para el pago de las personas trabajadoras en sus instituciones. ¿Les ha funcionado? ¿Cómo ha sido esta implementación y qué deberían estar haciendo otras al respecto? Hacemos el repaso del tema con la Contralora General, Marta Acosta.

A un año de terminar su primera presidencia en la Asamblea Legislativa y a cinco días de iniciar un segundo mandato, es tiempo de hacer balance y poner perspectiva la gestión. El 2022 fue un año de acomodos en el nuevo escenario político. El 2023 pinta enormes desafíos, dadas las condiciones de gobernabilidad compleja del país. Equilibrios, acomodos y mucho de mesura se requiere para un período que avizora turbulencia en las aguas del ejercicio del poder. Primero el presidente Rodrigo Chaves intentó sacar del juego a Rodrigo Arias para que el directorio legislativo fuera presidido por algún diputado del PUSC o del PLP; luego se vino el encendido mensaje del 11 de abril de no negociar con “filibusteros” y más bien destruir los puentes, hasta que la realidad política se impuso y el mandatario se vio obligado a entregarle los votos de su bancada al liberacionista para reelegirse al frente del primer Poder de la República. Para conocer el pulso de este ir y venir, de reclamos y promesas de diálogo, conversamos en Hablando Claro con Rodrigo Arias Sánchez.

El tratamiento del caso de la menor de edad violada y cuya niña sigue desaparecida; el por tanto del juicio por el femicidio de la Dra. María Luisa Cedeño y, la sentencia, en primera instancia, por el femicidio de María Tacsan, señalan hacia el Poder Judicial y sus instancias. Hay que establecer que procesos para sensibilizar, conocer y profundizar protocolos y políticas institucionales, para incorporar como transversal la perspectiva de género, en el trabajo y los procesos judiciales. Sectores vinculados con la defensa de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres sostienen que “la justicia les ha fallado”. Sin duda un tema que debe estar en la agenda de los temas prioritarios. Para ampliar conversaremos con Jeannette Arias, jefa de la Secretaria Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

Cuatro reformas electorales propone el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para continuar fortaleciendo el sistema, tanto para los procesos nacionales como los municipales. - Reducir el aporte estatal a los partidos políticos del 0.19 % del Producto Interno Bruto (PIB) al 0.11 %. Se incluye este aporte a las elecciones municipales. - Aumentar el anticipo del aporte estatal de 15 % a un 50 %, y también para las municipales. - Actualizar la cantidad de personas para conformar un partido nacional y provincial a 150 y 75 para los de escala cantonal; además de incorporar la supervisión del Tribunal al proceso de constitución del partido. - Reformar el artículo 136 del Código Electoral para que en las disposiciones sobre las libertades y prohibiciones de difusión de propaganda (veda electoral) alcance a partidos políticos, persona física o jurídica que contraten los partidos para esos fines; indistintamente de que se realice en medios de comunicación o plataformas digitales. Incluir prohibiciones en cuentas, perfiles, sitios, canales o páginas en redes sociales para difundir propaganda sin que se revele la verdadera identidad de quien paga y por el uso de perfiles falsos. Ampliaremos acerca del tema con Gustavo Román Jacobo, asesor político del TSE.

Un abordaje integral para la solución de ola de criminalidad y violencia, que atravesamos como país, tiene que incorporar de manera estratégica al sistema penitenciario. La discusión debe ser alejada de posiciones extremas, de la estridencia del ruido populista y lograr anclarla en que el encarcelamiento no es un fin en sí mismo, en qué hay diferentes tipos de delincuencia que exigen tratamientos, como parte del abordaje. También en la urgencia de tomar decisiones de reformas estructurales en el tejido legal del país, así como de las acciones propias de la gestión penitenciaria. Es un tema complejo, que requiere claridad. Para aportar elementos a esta discusión conversaremos con los especialistas Laura Arias Guillen. Master en derecho penitenciario y ejecución penal y supervisora nacional de la Defensa Pública y con Marco Feoli, Doctor por la Universidad de Salamanca y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

Luces y sombras en el entorno económico de Costa Rica del año 2023, tomando en cuenta factores del entorno internacional e internos. Esto arroja el Análisis de la coyuntura económica a abril, que presentó esta semana el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Destacan aspectos tales como la desaceleración del crecimiento global con tasas de interés que no bajan, esto con implicaciones en el comportamiento de la demanda externa de nuestros productos. En lo interno nuestra producción crece, pero gracias a las zonas francas, con estancamiento de otros sectores se suma a una aplicación de la regla fiscal que incide en el sector público y la atención estratégica de acciones y programas, con un desempleo que golpea a jóvenes y mujeres. Todo esto en un entorno fiscal que ha mejorado, pero que muestra un descenso en la recaudación de impuestos. Este panorama es retador y lo ampliaremos con el economista, Fernando Rodríguez.

Una sociedad que vuelve los ojos hacia otro lado. Una respuesta institucional débil y desarticulada. Un operativo policial y una cobertura periodística burda. Todo desprovisto de una necesaria sensibilidad, para dar respuesta a una dura realidad. La violación de una menor de edad, la inminente muerte de su bebé es desgarrador y nos arroja a la cara las evidencias de un Estado que fracasó. Contra viento y marea se logró una política pública para bajar los índices de embarazo infantil y aplicar la ley ante abusos y relaciones impropias. Aun así, para el año 2021 se registra un total de 197 partos en niñas menores de 14 años, según los datos de UNFPA, 2022 Hacemos nuestras las palabras de la Red de Violencia contra las Mujeres Costa Rica, que sintetiza lo que ha pasado. “Ante el terrible desenlace de este caso, expresamos nuestro dolor e indignación, y exigimos a las instituciones costarricenses una minuciosa y responsable revisión de los protocolos y procedimientos aplicados frente a los embarazos infantiles, según parámetros basados en los derechos humanos.” Para ampliar el foco de este tema conversaremos con la politóloga e investigadora, Gina Sibaja.

Un año de la gestión gubernamental está a la vuelta de dos semanas. Son días para el análisis de 12 meses que proyectan aciertos, desafíos y yerros. El más reciente estudio de opinión del IDESPO de la Universidad Nacional, cuya información fue recopilada durante la primera quincena de marzo anterior, arroja información importante, para seguir midiendo el pulso del país. - Un amplio sector población costarricense no ve mal el autoritarismo. - El presidente Chaves sigue manteniendo un apoyo importante a su gestión. - La inseguridad, el desempleo y el alto costo de la vida son los reclamos de la población a la gestión de la Administración Chaves Robles. - Las acciones en materia ambiental, educación e infraestructura vial reciben una buena calificación. Para poner en perspectiva estos datos conversaremos con Norman Solorzano, director de IDESPO.

Estamos viviendo tiempos de violencia y una preocupante ola de homicidios que sacude a todo el país. Las autoridades han determinado, cómo puntos calientes -en donde se han desatado cruentos enfrentamientos de grupos del crimen organizado- a comunidades ubicadas en las zonas costeras de Limón y Puntarenas, así como de algunos sectores de la Gran Área Metropolitana. Allí se convive en un peligroso cóctel de desigualdad. Esto no es solo un asunto que debe tener un abordaje policial, a pesar de no sentir una postura clara y definida del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad. Cómo sociedad no estamos preparados para enfrentar este fenómeno o vamos a ir normalizando situación que tiene graves implicaciones. Y nuestra institucionalidad, qué respuestas debe seguir fortaleciendo, qué nuevas propuestas y soluciones deben dar, para cerrar brechas de inequidad y potenciar oportunidades de empleo, bienestar y competitividad a los territorios, para que no sean el terreno fértil de la criminalidad. Para poner otros focos en esta problemática conversaremos con el comunicador Carlos Sandoval García.

Vivir los principios de la economía social solidaria, como una realidad en un modelo pedagógico de aprendizajes cooperativos, es lo que desarrolla el Colegio Bilingüe Jorge Volio Jiménez, en Cartago. Fuimos invitados a conocer este centro, como un esfuerzo más para seguir fortaleciendo la oferta educativa en Costa Rica. Se aspira formar y forjar estudiantes con recursos y competencias, para ser personas que se inserten en la sociedad con principios de “aprendemos cooperando y cooperamos aprendiendo”. Para conocer este particular modelo, su experiencia y sus potencialidades, conversaremos con Carlos Brenes, presidente del Consejo de Administración Coopejovo RL y el profesor Allan Marín.

Una sentencia emitida, en primera instancia, reconoció los derechos laborales de un conductor de Uber, estableciendo una relación y dinámica laboral, con lo cual se obliga a esta plataforma al pago de los derechos laborales tales como vacaciones, aguinaldo, seguridad social y pólizas de riesgos del trabajo. La discusión de años ha sido que estas modalidades de trabajo, conocidas como empresas de la economía colaborativa, aportan generación de trabajo, pero dada su naturaleza, con domicilio fuera del territorio nacional y con operación de varias personas jurídicas, pueden vulnerar aspectos fundamentales como la protección social y los derechos laborales. Se estima que en Costa Rica un alrededor de 30 mil personas serían conductores dentro de estas plataformas y unas 10 mil en funciones de repartidores, Esta sentencia marca un precedente regional y mundial. Sin duda tendrá un recurso de apelación, pero sigue la ruta de discutir y establecer condiciones para estas modalidades de trabajo. Para ahondar al respecto conversaremos con el Lic. David Delgado, de la firma Más Legal Asesores.

Vivimos tiempos de mucha información. Algunas falsas, otras a medias verdades y también las que nos confunden. Son tiempos, además, en los cuales debemos estar informados correctamente acerca del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), dada las circunstancias del contexto económico y financiero. Estar enterado de primera mano, con especialistas es importante, para no cometer errores y estar vigilantes de la seguridad de los dineros, que cada persona ha ido acumulando, para cuando pueda pensionarse. Estar alertas y con información certera es el tema que ampliaremos con Héctor Maggi, gerente de Operadora de Pensiones de la CCSS y Hermes Alvarado, gerente de BN Vital.

Tras el receso largo de Semana Santa, una vez más se enciende la alarma de cuántos estudiantes no van a regresar a clases. Los motivos pueden ser muchos, pero siguen acumulando las críticas condiciones que el sector educativo enfrenta. Esto se suma a la alerta de un posible cierre del Plan Nacional de Informática, que denunció la Fundación Omar Dengo en una comisión legislativa. De no renovarse el convenio por parte del MEP, un total de 230 mil estudiantes se afectarían. La tarea del Estado costarricense es mucha y sigue pendiente. Si bien es cierto que se debe priorizar, pero no se avanza en mejorar la oferta educativa, conectar la red educativa con banda ancha, corregir la formación del personal docente, optimizar la evaluación de los conocimientos, continuar con inversiones estratégicas. Una especie de parálisis, ante la aplicación de las acciones del actual gobierno, hace suponer que los permanentes señalamientos del Informe de la Educación van a seguir navegando en aguas que no lleven a buen puerto, a este factor determinante del fortalecimiento democrático, la paz, el bienestar de las familias y la competitividad. Para ampliar acerca de este tema conversaremos con la coordinadora del Informe del Estado de la Nación, Isabel Román.

La Campaña Nacional 1856-1857 es un hecho histórico que establece uno de los pilares fundamentales de la identidad costarricense. Conmemorar los 167 años de la Batalla de Rivas nos permite poner en perspectiva autocrítica las razones por las cuales no le damos la merecida celebración a nuestras fechas patrias, como la también recién pasada fecha de la Batalla de Santa Rosa. Rivas, fuera de nuestro territorio nacional, sin duda fue una victoria táctica militar estratégica, comandada por nuestro Héroe Nacional, Juan Rafael Mora, y un ejército férreo y convencido de la importancia de salvaguardar la libertad de nuestra región. Para reconocer este hito y sus implicaciones, conversamos con el historiador, Vladímir de la Cruz.

Un repaso por la historia de la Semana Santa en Costa Rica, nos ubica en aquella primera celebración (1526) en la Isla de Chira, Puntarenas. De ahí en adelante, reeditamos sus manifestaciones a lo largo de la época colonial y en nuestros días. Momentos de reflexión con personajes, tradiciones y significados, hasta llegar a conocer la creación y profundidad internacional de la obra costarricense, el “Duelo de la Patria” de Rafael Chaves Torres, que se escucha cada Viernes Santo. Este recorrido lo hacemos en nuestro Hablando Claro de este miércoles a las 8 a.m. con el historiador José María “Milo” Junco, por la 98.7 FM de Radio Columbia.

Una primera lectura de la Biblia nos da la impresión de que la figura de los hombres es preponderante frente a una menos prevalente, o acaso invisibilizada, de las mujeres. Pero ellas, laicas o religiosas, han venido desarrollando de manera progresiva espacios, pensamiento teológico, bíblico y de creación de comunidad, desde la perspectiva de género; lo cual debería fortalecer cambios de mentalidad de las relaciones sociales. Hacer una relectura de los textos y conocer esos procesos de cambio, particularmente respecto de cuán reales y sostenibles son, es lo que conversaremos con la Máster Silvia Regina de Lima Silva, directora de la Escuela de Ciencias Ecuménicas de la Universidad Nacional.

“La manera de muerte, desde el punto de vista médico-legal es homicida. Sin embargo, lo que no se ha podido determinar en el debate es que haya sido Pérez Hernández el autor. Desde ese punto de vista, no podemos asegurar que la manera de muerte desde el punto de vista jurídico sea la misma que la médico-legal”. Bajo el principio del in dubio pro reo (duda a favor del reo), establecido en Código Procesal Penal, el imputado del crimen de María Tacsan, debe ser considerado inocente, hasta no se declare su culpabilidad en sentencia firme. El juicio de este feminicidio, plagado de inconsistencias, ha deparado un enorme sinsabor con esa sentencia de primera instancia, que tampoco les reconoció a las actoras civiles (madre y hermana) los ₡100 millones que reclamaban por daños y perjuicios. Hoy la sociedad reclama que la justicia le ha fallado a María Tacsan y para mayor oprobio, sus familiares no cuentan con los recursos para enfrentar los altos costos del proceso judicial que debe continuar. Para ampliar detalles conversamos con Laura Tacsan, hermana de María y Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres.

Costa Rica tiene muy bien afinado su motor exportador: 4.500 productos, que salen a los mercados de 160 países mundo y le dan empleo a 700 mil personas. Con datos a diciembre pasado el sector ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años del 44 % gracias al trabajo de 4.500 empresas, de las cuales, 82 % son pequeñas y medianas. Somos número uno en exportación de insumos médicos, partes de tecnología y en algunos productos agrícolas. Este dinamismo lo sigue imprimiendo la administración Chaves Robles, que ha tenido una amplia agenda de viajes en procura de atracción de inversiones y apertura de mercados. Para ampliar acerca de este tema y conocer nuevos anuncios en proceso, conversamos este viernes con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Fotografía Kathia Meneses. Agricultores procedentes de todo el país, convirtieron la avenida segunda de la ciudad capital en un enorme surco para seguir sembrando los reclamos del abandono de la política pública agroalimentaria, que se profundiza ahora con decisiones como la ruta del arroz, la falta de ayuda técnica y financiera, así como con las temidas implicaciones de un eventual ingreso a la Alianza del Pacífico. A la marcha se unieron organizaciones sindicales, universitarias, gremiales y territoriales para aumentar el eco contra acciones que aseguran son atentatorias de la producción interna como motor de generación de empleo y también como soporte del dinamismo exportador del país. Reclaman, además, altos costos de producción, una feroz intermediación que gana en demasía por hacer lo menos, y que favorece a sectores importadores, al tiempo que desestimula al agro, razón por la que viven en una crisis permanente. Para ampliar acerca de los resultados de esta marcha y las acciones siguientes conversamos este jueves con Guido Vargas, Secretario General de UPA Nacional y con José Oviedo, del Movimiento Campesino.

En los últimos meses, lo hemos señalado en no pocas ocasiones: las democracias viven tiempos de turbulencia que las amenazan y debilitan sus instituciones. El asomo del autoritarismo precedido de acciones populistas que generan tracción de votantes agobiados por la falta de resultados de mayor bienestar económico, está dejando el paso libre a toda suerte de riesgos e inestabilidades. Ya sea Benjamín Netanyahu en Israel, impulsando una reforma que socavaría la independencia judicial, y las bases democráticas formales de un pueblo que estalló en las más grandes protestas de su historia, o Andrés Manuel López Obrador en México, impulsando una controversial reforma con la intención limitar las potestades del Instituto Nacional Electoral, lo que ha generado marchas en todo el territorio azteca, centenares de miles de ciudadanos están resistiendo a los embates de las tentaciones autocráticas que pretenden socavar los muros de la convivencia democrática. El informe “Libertad en el Mundo 2022: La expansión global de los gobiernos autoritarios”, realizado por Freedom House, enciende alarmas al señalar que hay condiciones que enfrentan las democracias que están siendo atacadas mediante la implantación de políticas antiliberales para corromper y destruir las instituciones explotando las deficiencias del sistema con tal de promover odio, violencia y excesos en el ejercicio del poder. Para hacer un repaso por este inquietante panorama global conversamos este miércoles con el relacionista internacional y Director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

La salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, sigue siendo materia prioritaria de análisis nacional en un contexto en el que, como hemos señalado ya en otras oportunidades, tanto el presidente de la República, como su actual presidenta Ejecutiva, vienen argumentando que la institución está quebrada. Y aun cuando más de 400 personas de 43 instituciones distintas, firmaron una carta abierta ofreciendo argumentos de lo contrario y llamando la atención acerca de lo peligroso de ese tipo de aseveraciones, lo cierto es que el debate está establecido. Tanto esas advertencias como las conclusiones de una reciente auditoría externa de la firma Deloitte, reconocen una sólida salud financiera y no un estado de quiebra. Claro que no se ocultan los enormes desafíos institucionales, pero no es posible bregar con ellos a punta de cuestionamientos que generen un debilitamiento narrativo, una suspensión del portafolio de inversiones en todo el país y la ausencia de claridad en temas vitales como la fuga de especialistas y las listas de espera. Para seguir con el dedo en el renglón conversamos este martes con Juliana Martínez Franzoni, connotada investigadora social e integrante de la Junta de Notables que hace exactamente una década (2013) emitió un centenar de recomendaciones para darle sostenibilidad de largo plazo a nuestra emblemática entidad.

Cada año, cerca de 2.5 millones de personas en el mundo sufren envenenamiento por mordeduras de serpientes y animales venenosos como arañas y escorpiones. De ellas, 120 mil personas pierden la vida y 300 mil sufren consecuencias físicas o psicológicas. Costa Rica cumple un papel primordial, como uno de los principales países productores globales de sueros antiofídicos. También en la atención anual de unas mil personas afectadas en nuestro propio territorio. El reconocimiento mundial es invaluable por el trabajo tesonero, innovador y pionero en esta área de la ciencia, que también fue visibilizado por el Jurado del Premio Nacional Magón 2022, al otorgar el mayor reconocimiento del Estado costarricense al Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez y a sus 40 años de trabajo en la Facultad de Microbiología y el Instituto Clodomiro Picado de la UCR. "Asimismo, ha llevado adelante un trabajo de diplomacia científica y cooperación internacional, que revela el valor cultural de la ciencia, especialmente en regiones y países con indicadores de desarrollo menores. Como maestro, ha formado a cientos de jóvenes científicas y científicos que, junto a él, han aprendido el valor cultural del conocimiento fundamentado, sometido a prueba y a crítica", estableció el jurado en su fallo. El premio honra su excepcional trayectoria en la construcción, conservación y expansión de la ciencia en Costa Rica y el mundo. Con el Dr. Gutiérrez conversamos en Hablando Claro.

El líder chino Xi Jinping camina como un aparente mensajero de paz, aunque su gesto de visitar Moscú fue un contundente espaldarazo a su homólogo Vladímir Putin, justo en el momento en que la Corte Penal Internacional lanzaba una orden de captura contra el autócrata ruso por crímenes de guerra. Al mismo tiempo, el Primer Ministro de Japón -otra de las potencias militares del mundo- le mostraba total respaldo al líder ucraniano, a quien visitó en Kiev para invitarlo a la próxima cumbre del G7 en la emblemática ciudad de Hiroshima. En tanto, el líder estadounidense, Joe Biden, continúa caminando con el mensaje de consolidación del bloque aliado antirruso. Putin se aferra a su guerra para demostrar poder. Zelenski insiste en la urgencia de mayor apoyo. El conflicto bélico da muestras de agotamiento. Vivimos tiempos convulsos y de reacomodo de las potencias mundiales, con la guerra, con los impactos sociales y económicos, por los efectos del cambio climático, con los desplazamientos migratorios, con la convulsión de las democracias, con un menor control de los conflictos y con permanentes amenazas para la paz, el desarrollo y el bienestar. Para poner atención en esta dinámica conversamos este viernes con el excanciller y exembajador, Enrique Castillo.

El periodismo investigativo riguroso, serio, apegado a datos y hechos verificables, le aporta vigor a democracias como la nuestra y, consecuentemente, refuerza la vigencia de los derechos humanos a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información que debe ser de conocimiento público. El Premio Nacional de Periodismo Pío Viquez 2022 reconoce al trabajo que investigó la estructura paralela del financiamiento de la campaña electoral, del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, esas calidades de idoneidad. La indagación recorrió la creación del fideicomiso Costa Rica Próspera, sus fuentes de financiamiento, la revisión de facturas, la constatación de hechos y los aportes económicos de una persona extranjera, entre otros hechos relevantes. Su impacto fue de tal calado que propició la investigación acerca de la posible comisión de delitos, en instancias administrativas, políticas y jurisdiccionales. El fallo claro y contundente del jurado calificador es un respaldo a la prensa libre e independiente, en tiempos de un ataque sistémico, como no se ha vivido nunca antes. De cómo se estructura una investigación de esta dimensión conversamos este jueves con el equipo periodístico ganador del premio conformado por Natasha Cambronero y Esteban Oviedo, del diario La Nación.

“No puede ser que estemos entregados a la violencia y al crimen organizado”. Así se expresa la Presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, la abogada penalista Gloria Navas. Ese criterio lo comparten enormes sectores de la ciudadanía preocupados y atemorizados ante la creciente ola de inseguridad que obligó al Poder Ejecutivo a sumarse a iniciativas urgentes que plantearon el Poder Legislativo y el Colegio de Abogados. Para agregar al desconcierto, aún irritan los tímpanos las desafortunadas declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, que han generado un alud de críticas por su “recomendación” de conversar en las comunidades con personas dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos para que desistan de su actividad. La ciudadanía espera un mensaje claro de que se está abordando el tema, con propuestas y trabajo concreto y eficaz, que devuelva tranquilidad y sosiego y que permita recuperar espacios públicos hoy perdidos para la gente de bien, que constituyen la inmensa mayoría. Para eso se requieren reformas legales, presupuestos públicos, trabajo coordinado y acciones de prevención y represión. Profundizamos en el tema este miércoles con la legisladora Gloria Navas..

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está quebrada, insiste el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Otro tanto señala su presidenta Ejecutiva, Marta Esquivel. “La Caja no está quebrada ni está en una situación compleja a corto plazo”, aseguró su expresidente, Álvaro Ramos Chaves, ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público, la semana pasada. Que la Caja esté en crisis no es nuevo. Pero que esté quebrada es otra cosa. Recordemos que desde el 2010 se señaló una crítica situación debido al incremento de la planilla en más de 10 mil personas, con sus respectivos pluses e incentivos. Por otro lado, está el sempiterno tema irresuelto de la deuda del gobierno con la institución y aunque los últimos tres gobiernos (Chinchilla, Solís y Alvarado) han puesto recursos para abonar a ese gigantesco adeudo, la situación no encuentra correctivo final. Añadamos a lo anterior, la situación de los trabajadores independientes no asegurados, así como el inmenso contingente derivado de los ciudadanos del cada vez más grande mercado laboral informal. Ahora se paraliza la construcción de los hospitales de Cartago y Limón; junto con la suspensión de 45 edificaciones más, el estudio de 58, y sin definir el futuro de otras 230 obras. Todo con el argumento de que de seguir el ritmo establecido en el portafolio de inversiones, la institución se “comería” las reservas que le quedan en tan solo tres años. Por un lado, controlar los aumentos del gasto en pensiones y salarios, aunado al recorte de las transferencias del gobierno, pone el camino cuesta arriba. Por el otro, se afirma que las reservas del orden de ₡1,6 billones, (6,4 % del PIB) dan aún un margen de tranquilidad. Sin duda un tema complejo y de incuestionable interés para la ciudadanía, que abordamos este martes con Álvaro Ramos.

Una montaña rusa, con altos y bajos, así podría explicarse el balance de 10 meses de gobierno de la Administración Chaves Robles. Su popularidad se mantiene alta, a su gabinete pocos lo conocen y por lo demás, no les evalúan bien. Muchos de los decretos firmados han quedado hasta el momento en el papel. Un total 21 jerarcas que -como el mismo mandatario dijo- fueron escogidos con criterios de idoneidad y transparencia, han sido separados de sus puestos; el último, sin conocerse las razones, el presidente Ejecutivo de Incofer. El Mandatario no lo ha pensado dos veces para enfrentarse a los otros poderes de la República. Su fracción legislativa es la que menos proyectos ha presentado, mostrando mucho más las fisuras de una quiebra con el partido que los llevo al poder (Progreso Social Democrático) de cara a las elecciones municipales. Ni el candidato oficial a la Defensoría de los Habitantes lograron sacar. La inseguridad ciudadana se desborda en números rojos. La inversión social se reduce a márgenes muy preocupantes. Sectores que estaban callados le reclaman intervenir ante la caída del dólar y el reducido margen de disminución de las tasas de interés. Ahí se escuchan -ahora sí- el sector exportador, otras cámaras empresariales y organizaciones que atraen inversiones. El sector agropecuario le organiza una marcha para fin de mes. Pero nada de eso ha detenido sus ansías viajeras. Tres viajes a Europa, junto a otros destinos, marcan su pasaporte. Iniciamos semana con análisis de coyuntura con el analista, Rotsay Rosales.

A una semana de haber entrado en vigencia la Ley de Empleo Público, los claroscuros quedaron plasmados en las posiciones de críticos y defensores de la reforma. En el contexto inmediato, la reglamentación de la nueva ley vio la luz en la madrugada hace ocho días. Horas antes, pero en la noche, la Municipalidad de Cartago aprobó un mes de vacaciones para todo el personal, por la vía de la convención colectiva y para garantizar el privilegio a quienes tuvieran más de 10 años de laborar en ese gobierno local. Además, iniciando esta semana, el Consejo Universitario de la UCR definió que todo su personal sería exclusivo y excluyente; por la misma senda seguirían los otros centros de educación superior estatales. Para agregar complejidad al asunto, el Ministerio de Planificación emitió una clasificación de puestos con salarios globales temporales con rangos más bajos que los salarios mínimos que rigen actualmente. Y, para sorpresa de nadie, tres mil policías de la Fuerza Pública solicitaron ser excluidos de la ley argumentando que deberían cumplir con cuotas de detenciones, decomisos y apercibimientos. Por supuesto, la nueva legislación trae cambios, pero le quedan cuestiones pendientes que deberán definirse en su implementación. Para abordar el presente y el corto plazo de la primera ley marco de empleo público del país conversamos con uno de sus principales impulsores, el exdiputado Carlos Ricardo Benavides. Viernes a las 8 a.m. por la 98.7 FM de Radio Columbia.

En el mercado local el dólar mantiene su tendencia a la baja y parece que así seguirá, al menos hasta que no produzcan efectos las medidas que -se espera- anuncie el Banco Central esta misma noche. No sucede lo mismo -no hay manera- con los precios de todos los demás productos, bienes y servicios. Nada ha bajado de precio. Hasta ahora, el Central aplicó una política monetaria que ha mantenido altas las tasas de interés y el encarecimiento del crédito. Y si vemos hacia afuera, hacia el norte del continente, la quiebra de tres bancos en Estados Unidos tiene en ascuas a propios y extraños por las posibles repercusiones e impactos en un sistema financiero absolutamente interconectado. Si bien los cierres de los Bancos Silvergate, Silicon Valley y Signature se focalizan en el mercado de las criptomonedas y en una caída en la industria de la tecnología, lo que está sucediendo no deja de preocupar y repercutir en bolsas y mercados, pese al anuncio del presidente Joe Biden de que el sistema cubrirá todos los depósitos y la consiguiente solicitud de confianza en la solidez de los bancos estadounidenses. Y es que no es fácil confiar, pues la tormenta del 2008 está aún fresca en la memoria global. ¿Cómo seguir analizando estos vaivenes financieros? Lo vemos con el economista Gerardo Corrales..

Fuera de control y aumentando. Así está el tema de la inseguridad ciudadana. De acuerdo con los datos de los cuerpos policiales, lo poco que llevamos de este año ya se constituye en los días más violentos de los que se tiene registro con 264 homicidios. La violencia estructural pareciera estar ganando la batalla ante una condición crítica sobre la cual urge asumir responsabilidades y no intentar trasladarlas o evadirlas. La convocatoria del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a los jerarcas de seguridad del Ejecutivo y del Poder Judicial, para priorizar cinco reformas de ley que puedan presentarse pronto a la corriente parlamentaria para paliar la ola de asesinatos, obligó al mandatario Rodrigo Chaves a manifestarse en uno de sus habituales videos, para no quedar fuera de un tema tan sensible y por ello anuncio que también presentará a la Asamblea Legislativa el próximo mes de abril un paquete de reformas de ley sobre seguridad. Lo cierto es que no solo con cambios normativos y menos aún con declaraciones, se le podrá entrar a un problema que parece se le está saliendo de las manos al aparato represivo del estado. Para ahondar acerca del tema conversamos este miércoles con la ex presidenta de la República Laura Chinchilla.

“Buenas tardes, se informa que por nuevos criterios sobre Avancemos (nombre del estudiante) no seguirá recibiendo el beneficio. Consultas al 8000004627”. Este fue el correo que recibieron 113 mil familias, el mes pasado, informándoles que sus hijos e hijas no recibirían durante el este año la asignación que les permitiría asistir, permanecer o reincorporarse al sistema educativo. El año anterior, un total de 387 mil estudiantes recibieron esta asignación económica, que se otorga por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué está pasando y cuáles son esos criterios que implican un retroceso en una política social, que cuenta con mecanismos y sistemas de verificación técnica para su otorgamiento? Los nuevos parámetros fueron establecidos por el Consejo de Coordinación de Avancemos, órgano que está integrado por los jerarcas del MEP, el Ministerio de Trabajo y el IMAS, y cuya función es priorizar a quienes se benefician de este programa. Esto se suma al señalamiento de la Contraloría General de la República de que este año, el MEP tiene el presupuesto más bajo desde el año 2015, lo que tendrá impacto en rubros tan importantes como la alimentación, el transporte y otros subsidios. Para entender este tema conversamos con la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena.

Con 82 años recién cumplidos, este lunes la UCR inicia su curso lectivo. Y el martes la UNA celebra sus 50 años de existencia. Ambas universidades públicas, junto con el también cincuentenario Instituto Tecnológico de Costa Rica, están entre los mejores centros de educación superior de América Latina, por su excelencia académica, de investigación y de proyección social. Son verdaderos motores de movilidad social con su presencia territorial a lo largo y ancho del país, pero también son objeto de señalamiento por haberse constituido en instituciones que crearon un sistema de privilegios salariales, descuidando aspectos medulares como el fortalecimiento en la asignación de becas a estudiantes, así como mayores inversiones en infraestructuras y equipos. El papel y las repercusiones de las universidades públicas no pasa inadvertido y para ampliar sobre ello conversamos este lunes con los rectores, Francisco González, de la Universidad Nacional y Gustavo Gutiérrez, de la Universidad de Costa Rica.

Llegó el día de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, tras años de discusiones y disputas acerca de cómo ordenar los inmensos desajustes que han imperado en esta materia en las instituciones del Estado. Aprobada por la Asamblea Legislativa hace exactamente un año, modifica el actual salario compuesto (base más incentivos) por un salario global. Además, implementa variaciones en los procesos de reclutamiento y selección de personal, y establece cambios en despidos, ascensos, evaluación de desempeño, vacaciones y permisos. Este inicio es también la antesala de enfrentamientos de sectores e instituciones que usan todo tipo de mecanismos para quedar fuera de los alcances de la nueva legislación. Para cerrar la semana nos acercamos al tema con el abogado laboralista Roger Gutiérrez y el constitucionalista Rubén Hernández Valle.

La conquista de las acciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres es una tarea permanente y sistemática. Echar para atrás no es viable. Fortalecer los espacios ganados debe ser siempre la ruta a seguir, pero sabemos que atravesamos tiempos complejos, tiempos en los que se exacerba el machismo y la misoginia para intentar invisibilizar políticas públicas que han mejorado la calidad de vida de las mujeres. Disminuir brechas educativas, sociales, económicas, tecnológicas y culturales debe ser el norte de una agenda fuerte, dinámica y potente. Para ahondar sobre estos temas conversaremos con la ex vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.

Mujeres empoderadas exigen igualdad de condiciones para el acceso a la educación, la salud y la justicia, para ellas y sus familias. Mujeres empoderadas se suman a acciones y proyectos territoriales, nacionales y globales, para sacarlos adelante. Mujeres empoderadas participan en política, ciencia, innovación, tecnología. Mujeres empoderadas le generan miedo a estructuras conservadoras y reaccionarias que ven en la reivindicación de sus derechos una amenaza a sus agendas. Mujeres empoderadas consolidan la democracia y sus instituciones. Para rendir homenaje a las luchas, las conquistas y repasar los desafíos en políticas públicas, para las 2.5 millones de mujeres de Costa Rica, conversamos este Día Internacional de la Mujer con la lideresa y experta global en cambio climático, Christiana Figueres Olsen.

El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José condenó por el delito de difamación al periodista Marlon Mora, ex director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y abrió con esa decisión una peligrosa vertiente de amenaza contra libertades fundamentales en una democracia sólida y solvente como la costarricense. Expertos señalan que esta resolución incumple con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El juicio fue interpuesto por Juan Diego Castro, al sentirse ofendido por expresiones emitidas en un programa de la Radio UCR, cuando fue candidato presidencial del Partido Integración Nacional, a pesar de que las expresiones de los funcionarios públicos y de aspirantes a cargos públicos están sometidos a la crítica y el escrutinio con total amplitud, según la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, esta sanción penal entraña graves consecuencias que implicarían la aceptación de mecanismos de censura previa, de autocensura, de control de los temas de interés público y, por tanto, afecta el derecho humano de la libertad de expresión. El caso, por supuesto, está aún lejos de terminar, pues el periodista apelará la sentencia, que en esta primera instancia lo condenó a publicar la extensa sentencia en un medio de circulación nacional, las costas del juicio y una indemnización de ₡15 millones. Profundizaremos este caso con Marlon Mora y con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Este lunes conoceremos los resultados de un nuevo estudio especializado del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, focalizado en el comportamiento de las audiencias y su consumo de contenidos en plataformas digitales. Esta última versión incluye un apartado de violencia política contra las mujeres, particularmente un ranking de las cinco mujeres en política que han sufrido mayor cantidad de violencia digital. También, el estudio nos ofrece valoraciones de la figura del Presidente Chaves y el equipo de gobierno, en términos de la conversación digital, así como del comportamiento de las audiencias en las conferencias de prensa del Ejecutivo con un comparativo desde el inicio de la gestión. No adelantaremos resultados precisamente para conocerlos y ampliarlos con Christian Bonilla, Director del Observatorio Digital de la ULatina y con la especialista y promotora de legislación en violencia contra las mujeres, Nielsen Pérez.

Samuel Arroyo Valverde tenía apenas ocho años. Este jueves, su sobrecogedora despedida en el Cementerio de Zapote, marcaba en medio de un indescriptible dolor, la huella macabra de la muerte sin sentido de la violencia criminal que vive el país. Los datos de esa realidad son desoladores: Nuestra tasa de homicidios cerró en diciembre en 12,6 por cada 100 mil habitantes y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al sobrepasar 10 ya se debe considerar que el país atraviesa una epidemia. Hay identificadas 245 bandas criminales. Algunas desarticuladas, otras en un crudo enfrentamiento territorial, para asegurar la venta de drogas. En promedio, según los datos de enero, tenemos un asesinato cada 10 horas. De continuar esta tendencia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estima que el año finalizaría con 900 homicidios, una cifra inaceptable para nuestra democracia. Ante esta realidad, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad, que impactaría la visitación de turistas y la llegada de inversión. Especialistas sostienen que la situación es crítica y que, de no atenderse, podríamos estar en un punto de pérdida de control. Para ampliar este tema conversamos con Rodrigo Campos, Director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia.

Es la primera persona electa para un cargo mediante el mecanismo de voto público en la Asamblea Legislativa. Es la primera persona afrodescendiente en llegar a ser Defensora de los Habitantes de Costa Rica. Su elección viene a mostrar una fisura más, en la agrietada coexistencia de la fracción legislativa de gobierno. En lo inmediato hay que entender cómo logró mover el ajedrez político para lograr una mayoría legislativa, luego de más de dos meses en que el plenario se trabó en el proceso. En el corto y mediano plazo, cómo logrará llevar tranquilidad a la entidad y reparar los tejidos del deterioro de los últimos 4 años de este importante órgano de la institucionalidad nacional. Tras su juramentación conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

250 familias de 13 comunidades de San Carlos y la zona fronteriza norte están viviendo una emergencia de salud pública, que debe ser atendida con el sentido urgencia que la situación reclama. Para allanar cualquier duda al respecto basta conocer las 13 órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud dando cuenta de los impactos por la contaminación de mercurio en las fuentes de agua potable. Es el resultado constatado de la ilegalidad que ha campeado en la extracción minería de Crucitas. Análisis efectuados, desde marzo de 2022, dan como resultado peligrosos niveles de mercurio y cianuro en los acueductos de Llano Verde y Chamorro, muy por encima del valor máximo admisible para no causar daños a la salud de personas y animales. Pérdida de coordinación muscular, disminución del campo visual, pérdida de la memoria por daños en el sistema nervioso central, afectaciones cutáneas, problemas digestivos, complicaciones en los riñones, ojos, pulmones y en la capacidad de aprendizaje (sobre todo en menores de edad) son algunos de los efectos del consumo de agua con mercurio. El Concejo Municipal de San Carlos pidió al Ejecutivo declarar emergencia nacional la atención de la crisis sanitaria, pero aún no hay pronunciamiento al respecto. Para ponerle foco a este problema territorial conversamos con Juan Diego González, presidente del gobierno local sancarleño.

En la discusión nacional acerca de la urgencia de avanzar en la obra pública, el corredor vial San José- San Ramón se convirtió en un ícono. No es el único, claro, pero es uno de los que más nos recuerda nuestro subdesarrollo. Tras una década de haber sido interrumpida su construcción, esta importante ruta sigue naufragando en los vaivenes de la indefinición; solo logramos avanzar en las llamadas “obis” las obras impostergables realizadas en Heredia y Alajuela. En la discusión se enredan los pro y los contras de sectores por la figura de la concesión, de las alianzas público-privadas y más recientemente de la herramienta del fideicomiso. Pasan los años, las discusiones ideológicas y la carretera se posterga, se encarece y se desdibuja su horizonte. Anclar este tema nos permite abordar también otros retos actuales de la construcción de obra pública vial y lo hacemos con el economista y especialista en infraestructura Federico Villalobos.

La guerra entre Ucrania y Rusia ha reconfigurado los movimientos geopolíticos del tablero mundial y ha redimensionado también los papeles de los actores relevantes. Lo que se puede inferir es a los Estados Unidos liderando la coalición aliada, enfrentando de forma indirecta a Rusia. La Unión Europea revitalizada a la luz del conflicto y China ahora intentando mostrarse como una potencia confiable y no beligerante, con su esbozo de plan de paz que para los expertos, no lo es; justamente porque esta es una pugna que también tiene como marco la batalla entre las democracias y las autocracias. Hay mucho detrás del telón de la invasión sistémica de Rusia a Ucrania y para develar algunos aspectos relevantes conversamos con el Dr. Constantino Urcuyo Fournier.

Más de 19 mil víctimas civiles, entre heridos y muertos. Al menos ocho millones de personas desplazadas fuera de Ucrania por el conflicto. Una estimación de noviembre de Estados Unidos cifraba al menos en 200 mil los soldados caídos de ambos bandos. Familias divididas y fracturadas y ciudades devastadas en su infraestructura básica. Esos son los dramáticos saldos estimados al cumplirse el primer año de la invasión rusa contra Ucrania. Hoy, las dos partes evidencian un desgaste, sin capacidad ofensiva suficiente para acabar militarmente el conflicto. La invasión arroja consecuencias globales con huellas en lo histórico, cultural, energético, alimentario y geopolítico. Y arranca el segundo año con signo de interrogación, aunque los expertos advierten que el final de esta guerra sinsentido aún no se observa cercano. Vladimir Putin fracasó en sus intentos de reducir exportaciones de gas y a cuenta de su debilitamiento militar y aislamiento internacional, ha incrementado la retórica anunciando la “suspensión” de Rusia del Tratado de Armas Nucleares con Estados Unidos. Y Washington junto a los aliados europeos, han renovado en el marco de este primer aniversario su apoyo a Kiev. Pero nada es absoluto, solo las muertes, los desplazamientos y el dolor. ¿Cómo entender el inicio de este segundo año y sus implicaciones? Lo conversamos con Carlos Cascante, especialista en Relaciones Internacionales.

La educación pública de Costa Rica, como fundamento de nuestro sistema democrático, constituye hoy una materia con nota deficitaria. La Administración Chaves Robles presentó en días recientes la llamada Ruta de la Educación, que a juicio de personas expertas, incluyó acciones que se venían desarrollando ya, pero también nuevos ejes, como por ejemplo, dos pruebas nacionales estandarizadas, el requisito de saber leer y escribir para pasar a segundo grado, la universalización de la conectividad y la alimentación en preescolar y primaria y la oferta de menores cargas administrativas, para los docentes. Sin duda un reto nacional que, una vez presentado, nos obliga a ahondar en cómo ha sido recibido, en el sector. ¿Quedó clara la ruta para todos los actores? ¿Tiene financiamiento? ¿Están listas las plataformas para las pruebas digitales? Los detalles los ampliamos con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro.

Junio 2022= El dólar llegó casi a ₡700. Febrero 2023= El dólar se cotiza a ₡558. Con datos del Consejo Nacional de Producción (CNP): Enero 2022= un kilo de huevos costaba ₡1.615 Enero 2023= un kilo de huevos costaba ₡2.407 Estos dos productos nos delimitan las dudas, que, en comparación de un año a otro, tiene la ciudadanía acerca de los vaivenes y oscilaciones de los precios y el elevado costo de la vida. ¿Por qué si el valor del dólar baja, no se siente una reducción en las tasas de interés y en productos de la canasta básica? ¿Qué está pasando con la economía en este arranque de año? Con las condiciones actuales es necesario construir los escenarios posibles para los próximos meses, que ayuden a tomar decisiones personales, familiares y nacionales. Para ahondar en este tema tan relevante conversamos con el economista y empresario Luis Mesalles.

Costa Rica decidió jugar en las grandes ligas del escenario mundial, siendo parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los gobiernos de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, junto a la Asamblea Legislativa, hicieron el trabajo para lograr la adhesión. Ahora el gobierno de Rodrigo Chaves recibió la primera evaluación de este organismo, que promueve buenas prácticas desde la política pública para promover la mejora del bienestar económico y social. El resultado de este examen nos enfrenta a un informe que detalla desafíos, recomendaciones y fortalezas, muchas de ellas ya estudiadas y diagnosticadas. Pero es omiso en cómo implementar áreas de mejora, que impongan acciones por desarrollar. Para enfocar esta evaluación y sus implicaciones conversamos con el economista Víctor Umaña.

A casi un año de la Administración Chaves Robles ya su estilo es más evidente: -El presidente como un actor relevante, que impone temas y fechas para cumplir acciones a sus jerarcas. -Separación de jerarcas que lo enfrentan o invitación a salir, a quienes no dan la talla a sus exigencias. En promedio dos por mes (total 20 en 10 meses). - Confrontación directa con representantes de los supremos poderes del Estado. - Una débil negociación en la Asamblea Legislativa. - Presentación casi nula de proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo y la fracción oficialista. - Poca tolerancia y descalificación a las instituciones o personas que le investigan, señalan o cuestionan. - Promoción directa de un conflicto y amenazas veladas con algunos sectores de la prensa y periodistas. - Defensa a sectores productivos que por ahora le son afines. - Actitud recurrente de trasladar culpas a otros, sin asumir las propias responsabilidades, como el reciente caso de la inclusión de Costa Rica en la lista gris de la Unión. Europea. -Puentes de diálogo debilitados, otros que se han dinamitado y por delante tres años de gestión gubernamental que podría navegar en aguas tranquilas o turbulentas, con implicaciones de mediano y largo plazo. Y en el muy corto plazo, el horizonte de las elecciones municipales. Ahondaremos con el politólogo, Sergio Araya.

Y de repente nos sorprende, en la discusión nacional, un tema del cual debemos aprender, para entender. Resulta que Costa Rica fue ingresada a una lista de países no cooperantes, por decisión de la Unión Europea. Hoy se nos cuestiona la insuficiencia de los esfuerzos y transparencia en la lucha fiscal. Es un tema que tiene una perspectiva técnica y otra política. Para que no nos metan diez con hueco, hay que abarcar ambas. Lo primera, la técnica, la abordamos con preguntas básicas, para ampliar qué significa formar parte de la llamada lista gris, cuáles condiciones hemos incumplido, cuáles son los componentes de la decisión y cuáles sus implicaciones. Este ejercicio inicial, lo haremos con el especialista en derecho tributario, Felipe Guevara.

La Expo Construcción 2023 abre una ventana de oportunidades, para quienes tienen en sus planes el proyecto de construir, comprar, remodelar o hacer mejoras de sus viviendas. Financiar el sueño y hacerlo realidad es uno de los procesos y decisiones más importantes por los que pasamos las personas y las familias, pero además tiene una importante incidencia en la economía, la reactivación, el encadenamiento y la generación de empleo de la sociedad en su conjunto. Un total de 26 empresas desarrolladoras, con proyectos habitacionales en todo el territorio nacional y 15 entidades financieras, ya están en el evento. Una de estas entidades es el Grupo Mutual, que con su presencia nacional, planes y acciones es un actor de esta industria tan dinámica. Con Mayela Rojas, su Gerente General.

Fotografía Antonio Meneses - SINART.S.A El deslizamiento ocurrido en los exclusivos condominios Altos de Leonamar, en Punta Leona de Garabito de Puntarenas es un evento que permite abrir un análisis multidisciplinario de lo sucedido. Señalar solo la concurrencia de eventos naturales, no debería ser la respuesta única, pues podría obviar otras eventuales responsabilidades. La alta pendiente, así como la abundante cobertura vegetal, los espesores de suelo con importante contenido arcilloso y las intervenciones para la apertura de caminos y construcciones en las zonas de montaña, generan una elevada susceptibilidad al deslizamiento cuando no se realizan de manera adecuada, es decir, con ángulos óptimos, correctos manejos de aguas y obras, según concluye un estudio de la Comisión Nacional de Emergencias remitido la semana pasada al alcalde Tobías Murillo y al Comité Municipal de Emergencias, que aún no se han pronunciado sobre el deslizamiento que obligó al Ministerio de Salud a ordenar el desalojo inmediato de siete viviendas y la demolición de cinco de ellas. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a empresas desarrolladoras y a toda la estructura inmobiliaria que es un componente importante de esta industria? Para delimitar áreas de acción, competencias y obligaciones que no se pueden soslayar conversamos con el experimentado ingeniero civil Jaime Molina, quien fuera en su día presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, así como Presidente de la Organización de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y El Caribe.

La devastadora cifra de 36,000 personas fallecidas a una semana del doble terremoto, así como de los cientos de miles más que enfrentan todo tipo de afectaciones y la destrucción de viviendas e infraestructura general, constituyen un impacto histórico desgarrador. Los sismos y sus implicaciones en Turquía y Siria nos deben servir -por doloroso que resulte-de lecciones aprendidas para apuntalar acciones de prevención y atención de emergencias. Costa Rica se ubica en una zona de alta vulnerabilidad tectónica y de eventos hidrometeorológicos, que nos obligan a reforzar la gestión integral en todo el territorio nacional. Para ampliar acerca de este tema conversamos con el experto en gestión del riesgo, Máster Alexander Solís, ex presidente de la CNE y el Doctor en Ingeniería Estructural, Miguel Cruz.

Otra perspectiva del mapa de la desigualdad de Costa Rica nos delimita una desafortunada realidad que es también una desafiante circunstancia con implicaciones sociales y económicas. Turrubares, Limón, Matina, Garabito, Guácimo y Puntarenas son los distritos con las más altas tasas de homicidios del país. Coinciden algunos de ellos también primeros en otros tipos de delitos. Pero además coinciden en que se ubican en zonas periféricas, costeras y con bajos índices de desarrollo humano. Sin duda esta es una bomba de tiempo social que explota en rezago, poca competitividad, menos fuentes de empleo y deterioro generalizado. “Es impostergable romper con el círculo vicioso… (que señala que) el menor desarrollo humano alimenta la criminalidad, a la vez que la criminalidad se traduce en menor desarrollo humano”, concluyeron los investigadores de un estudio reciente de este tema. Abarcaremos raíces, situaciones e implicaciones con uno de ellos, el Dr. Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, responsable de la evaluación.

Primero fueron presos políticos en cárceles o arrestos domiciliarios. Ahora son condenados como “traidores de la Patria” y enviados al destierro. En ambas situaciones una constante prevalece: ser férreos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y, por tanto, haber sido perseguidos, torturados y despojados de sus mínimos derechos de ciudadanía. Lo cierto es que 222 personas, recobran su libertad y abren un nuevo episodio en la historia reciente de Nicaragua, avasallada, maltratada y ocupada por un gobierno, que con el poder que tiene, trasgrede toda norma y procedimiento democrático y de respeto a los Derechos Humanos; a tal punto que de manera expedita modificó la Constitución Política, para quitarles la nacionalidad Pero esto no cierra lo que está sucediendo y lo que vendrá: -El secretario de Estado, Antony Blinken sostiene que Estados Unidos seguirá vigilante en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, pero además, hace un guiño a la posibilidad de conversaciones con el régimen. - Permanecen aún 38 personas detenidas. - No hay claridad de las negociaciones para esta liberación. - Líderes a lo interno y externo reclaman un proceso para restaurar la democracia y las libertades. - ¿Qué pasará con los grupos opositores, dentro y fuera de Nicaragua? Para ahondar acerca del panorama y las incidencias de este hecho relevante conversaremos con el politólogo, Alberto Cortés, y con la exdiputada nicaragüense, Edipcia Dubón.

La noticia del día, de la semana, del mes, y puede ser del año, en lo que a nuestro istmo centroamericano se refiere, este jueves 9 de febrero, más de 200 presos políticos nicaragüenses, 222 para ser exacto, fueron liberados esta mañana. Algunos de ellos tenían más de 600 días privados de su libertad. Fueron enviados en un vuelo chárter con destino a Washington D.C. donde serán puestos en libertad. Cambiamos nuestros planes de hoy y dedicamos nuestro Hablando Claro con el politólogo Sergio Araya Alvarado, a esta noticia que hemos esperado por mucho tiempo.

Inequidad y desigualdad. Expresadas en un coeficiente de Gini que pasó de 0.45 a 0.52 en tres décadas. ¿Y esto cómo se entiende y cómo se explica? Pues en que Costa Rica -nuestra democracia bicentenaria- es de los países más desiguales del mundo. ¿Y cuáles son las razones estructurales que nos llevaron a esta deshonrosa realidad?: Disminución de la inversión social, grupos que se han beneficiado y se siguen beneficiando con políticas públicas como las cuestionadas exoneraciones, sectores productivos a los que el modelo económico colocó del lado de los victoriosos, mientras otros “aruñan para sobrevivir”, según apuntó recientemente Ottón Solís, quien además recriminó una vez más, el costo inmenso de un aparato estatal ineficiente que ostenta duplicidad de funciones y privilegios excesivos. Precisamente con el economista Solís Fallas nos conectamos este miércoles vía Zoom para ahondar en las nada sorprendentes razones de nuestra profunda desigualdad social y en las acciones correctivas que debemos acometer para procurar el bienestar común que le dé sentido y razón de ser a la democracia.

Fotografía Antonio Meneses - SINART.S.A Las vulnerabilidades medioambientales no distinguen condiciones sociales, económicas, ni territoriales. Los impactos que provocan los eventos naturales, aunados al manejo irresponsable de los seres humanos en nuestra relación con el uso y abuso del suelo, pasa facturas. Ahora le tocó el turno a un complejo de condominios, valorados hasta en $1 millón. Toca entonces poner el dedo en la llaga para determinar si hubo ausencia de estudios geotécnicos, mal manejo de las aguas pluviales y de desecho, permisos de construcción permisivos, sobrecarga por edificaciones, degradación del entorno… Lo sucedido en el residencial Altos de Leonamar obliga a poner las barbas en remojo a la Municipalidad de Garabito y su plan de desarrollo urbano; pero también a instituciones de prevención y atención de emergencias; organismos de control y empresas desarrolladoras. Aún están muy frescas las desgarradoras imágenes de lo sucedido a varias familias, durante el invierno anterior, en Aserrí, Desamparados y varias zonas del país. Por eso analizar las responsabilidades compartidas, de este evento en particular, no se puede soslayar. Y mucho menos -como nos hemos ido acostumbrando- quedarnos solo en la lamentación. Con el geólogo especialista en fragilidad ambiental Allan Astorga lo analizaremos en Hablando Claro.

La conclusión del índice de Percepción de la Corrupción del año 2022 es desalentadora: no ha habido cambios significativos de mejoría en 11 años consecutivos a nivel global. A esto se le suma que vivimos en un mundo más violento, que alimenta esta práctica. Costa Rica no escapa a esta realidad, al obtener una nota de 54 que se convierte en la segunda peor de su historia, colocándola como una democracia deficiente. Las razones de esta caída se deben a la calificación obtenida en estabilidad económica, política y ambiental. Mientras tanto, el Foro Económico Mundial nos dio la peor calificación en defensa ambiental. A la lista se suman casos de corrupción en instituciones públicas, sobre los cuales no se establecen responsabilidades; así como las investigaciones acerca de irregularidades con estructuras paralelas y financiamiento en las pasadas elecciones presidenciales. Contradictorias, como son algunas de las reacciones del presidente Rodrigo Chávez, no es clara su intención de descalificar el tema al señalar que “la corrupción en Costa Rica no es tan peor”, pese a insistir que su mandato es una lucha frontal contra este flagelo social. Ahondaremos acerca de este tema con Eduardo Núñez, Director del National Democratic Institute for Internacional Affairs (NDI) y especialista en temas de seguridad ciudadana, integridad pública y combate a la impunidad.

¿Por qué hay ciudadanos que aceptan acciones antidemocráticas de sus gobernantes, incluso a pesar de que apoyan la democracia como sistema político? A partir de esta pregunta sustantiva, la destacada politóloga Tatiana Benavides Santos nos plantea el porqué del éxito que están teniendo en varias democracias liberales los autócratas y los gobernantes con comportamientos autocráticos. Para empezar la conversación: cuando hablamos de democracia hoy, ¿todos estamos partiendo de la misma definición? ¿No será que acaso ha cambiado la comprensión de ese concepto sustantivo? Cerramos nuestra semana de décimo sexto aniversario de Hablando Claro con la especialista en ciencia política Tatiana Benavides.

Tomando como punto de referencia los últimos 16 años, desde que Hablando Claro salió al aire en febrero del 2007, han pasado cuatro administraciones y estamos en el inicio de la quinta. Ya hace 17 años que la Unidad Social Cristiana quedó fuera del poder. Liberación dejó de gobernar en el 2014 y el PAC, que terminó apenas en mayo pasado, perdió hasta su representación legislativa. Tal es la crisis de los ya viejos partidos políticos del país; al punto que hoy por hoy el único partido político tradicional, estructurado y con visión programática que le queda a Costa Rica es el Frente Amplio. Mientras tanto, como es un hecho político incontrovertible, el actual presidente don Rodrigo Chaves llegó al poder gracias a un partido taxi que, de acuerdo con el último informe de opinión pública del CIEP-UCR, 9 de cada 10 ciudadanos no sabe cómo se llama. Claro que en esta coyuntura lo anterior podría considerarse un dato insignificante a juzgar por el hecho de que, incluso, los inquilinos de la Casa Presidencial están organizando una nueva agrupación para concurrir a las municipales del año entrante y, presumiblemente, a las nacionales del 2026. ¿Qué hace una democracia clásica representativa para remozarse, si tiene partidos políticos enfermos y nuevas divisas partidarias en constante formación y disolución? Lo conversamos este jueves en nuestra semana de aniversario con el politólogo Roberto Gallardo y el periodista Álvaro Murillo.

En febrero del 2007 empezaba a derrumbarse la democracia venezolana, pero no advertíamos aún que tan profundo caería. En ese año también Costa Rica aprueba el CAFTA mediante referendo. Nos enfrentamos y nos dividimos. Eran los pasos iniciales de la polarización. En 2008, una crisis inmobiliaria en Estados Unidos repercute en gran parte del planeta. En 2010 doña Laura Chinchilla se convierte en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República y es también el inicio de la profundización de la fragmentación política. Emergían con fuerza incontenible las redes sociales y la gobernabilidad se tornaba mucho más compleja. En el 2011 Nicaragua invade la Isla Calero. En el 2012 se produce el gran terremoto de Nicoya. En el 2014 el Partido Acción Ciudadana rompe el bipartidismo de 40 años. En el 2016 el país debe atender varias emergencias, la peor de ellas una sequía que no se había tenido en 78 años; erupciones permanentes del volcán Turrialba y el paso del huracán Otto. Y ese año en el mundo, Gran Bretaña acuerda salir de la Unión Europea y Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. En el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva planteada por Costa Rica, resuelve a favor del matrimonio igualitario. Ese año también se consolida la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y en el mes de diciembre, muy cerca del precipicio fiscal, se aprueba Ley de Consolidación de las Finanzas Públicas. En el 2020 se declara la pandemia mundial por el virus del SARS-CoV-2. En el 2021 se inscriben 25 partidos en un proceso electoral marcado por la insatisfacción social, política y económica. En el 2022 Rusia invade Ucrania y en nuestro país, Rodrigo Chaves gana las elecciones y conforma un gobierno sin partido, sin visión programática y de -cada vez más- abierta confrontación con otros poderes del estado. Estos son solo algunos de los hitos que han marcado estos 16 años desde que Hablando Claro se inició el 1 de febrero de 2007. Este miércoles repasamos algunos de esos acontecimientos con los periodistas Armando Mayorga, jefe de redacción de La Nación, Boris Ramírez Vega y Vilma Ibarra.

¿Cuánto ha cambiado el quehacer de la prensa en los últimos años (particularmente desde la irrupción de los nuevos ecosistemas de la digitalización) y cómo ejercer hoy las desafiantes obligaciones de informar con responsabilidad y apegados a nuestros valores éticos, bregando en el inmenso océano de la desinformación? En el marco de nuestra celebración de 16 años Hablando Claro apoyando la deliberación democrática conversamos con dos periodistas de la nueva generación que va tomando la estafeta para liderar los medios de comunicación de nuestro país. Jimena Soto es una de ellas. Con doce años de experiencia, se inició como reportera política, trabajó luego en el Semanario El Financiero y desde hace 10 años trabaja en CRHoy, el medio que dirige desde el 2021. Otra es Hulda Miranda, periodista también con doce años de experiencia, que empezó como reportera y editora en La Nación, editora de investigación del Semanario Universidad y actualmente Coordinadora editorial del espacio informativo y de entrevistas a fondo "Interferencia" de la Radio Universidad de Costa Rica. Además, es estudiante avanzada de la carrera de derecho en la misma casa de estudios. Con ambas conversamos este martes acerca del oficio y sus desafíos.

La desinformación es uno de los males de estos días en el planeta. En términos sanitarios podría decirse que es una pandemia. Era un virus existente desde siempre que estaba contenido, hasta que un día logró encontrar el caldo de cultivo necesario para extenderse a placer. Y hoy campea en el territorio de las democracias. Y no se ha descubierto ningún tipo de vacuna o tratamiento para conculcarla. El recientemente publicado informe de los Desafíos Democráticos de América Latina 2023 lo enumera como uno de los 10 peligros latentes y lo tipifica como "Polarización y noticias falsas". Claro, porque hoy día ya no puede verse la desinformación sin sus causas y consecuencias. ¿Se puede contrarrestar la desinformación, especialmente cuando procede de fuentes oficiales autorizadas? ¿Cómo le ayudamos al ciudadano a separar paja de grano? ¿Sobrevivirá el periodismo y sus principios clásicos de precisión y corrección en la presentación de los hechos noticiosos, cuando brega todos los días en el mundo de la desinformación y cuando, además, los muchos de sus medios (tradicionales y modernos) viven bajo el ataque de la descalificación permanente? Eduardo Ulibarri, periodista y autor del libro "Realidades Embusteras, un análisis crítico de la desinformación" nos abre la semana de nuestro aniversario número 16.

En la confirmación inequívoca del momento desafiante que viven las democracias de la región, encontramos una guía plasmada de una dura realidad en el recientemente publicado informe de Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cuáles son los riesgos sustantivos identificados? Solo enumerarlos basta para entender la dimensión de los retos inmediatos que tenemos: 1.- Crimen Organizado 2.- Retroceso democrático 3.- Gobernabilidad compleja 4.- Nuevos estallidos de malestar social 5.- Crisis migratoria 6.- Inseguridad alimentaria 7.- Polarización y noticias falsas 8.- Pérdida de competitividad 9.- Aumento de ciberataques 10- Debilitamiento de la integración regional. Para ampliar sobre los tópicos sensibles de nuestro devenir inmediato, este viernes conversamos con Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

En lo que a muertas violentas se refiere, el balance costarricense muestra importantes grados de deterioro. Tanto, que la tasa de homicidios del año recién pasado, alcanzó su máximo nivel en la historia, con una tasa de 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto es peligroso si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuando un país sobrepasa los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, ya pasa a una condición de epidemia de salud pública. Y en la última década, nosotros hemos cedido terreno a la criminalidad violenta, pues los homicidios aumentaron 6 a 1 respecto del crecimiento de la población. En otras palabras, mientras la población aumentó apenas un 10% los homicidios se dispararon 60%. Nuestra situación es coincidente con la zona en la que vivimos. América es el lugar más violento (sin considerar guerras ni terrorismo) del planeta. Por ello, no es de extrañar que el crimen organizado sea considerado hoy como el desafío democrático más severo que debe enfrentar el continente en este año. ¿Cuáles son en nuestro caso los disparadores de la situación? ¿Cómo revertir esas cifras y contener con mediano éxito la criminalidad viviendo en una zona de enorme actividad de trasiego de drogas y lavado de activos y en un continente cada vez más marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades? Conversamos con el especialista en seguridad Álvaro Ramos Rechnitz.

El círculo que volvió a Fujimori. Ya Perú padecía todas las secuelas del resto del mundo en su economía debido a la pandemia, la dislocación de las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania y la inflación del año pasado. Pero ahora además enfrenta (y resiste) una espiral de confrontación política y violencia social sin visos de solución. Ya van siete semanas desde que el aciago 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo, emulando al todopoderoso de los años 90, Alberto Fujimori, declara la disolución del Congreso y un gobierno de excepción. Fue cuestión de horas y los acontecimientos se precipitaron. Castillo no tuvo apoyo del ejército, fue depuesto y encarcelado. En su lugar asumió el cargo su hasta entonces Vicepresidenta Dina Boluarte, quien había dicho que si Castillo caía se iría con él. Ese es parte ahora del reclamo que le hacen los seguidores del destronado maestro y dirigente sindical de enorme sombrero y muy escasas luces, que llegó a ser mandatario unos tortuosos meses. Aquello desde entonces se ha convertido en una conflagración in crescendo. Hoy se habla de Perú como una nación parcialmente paralizada. ¿Se imaginan un país que es 25 veces más grande que Costa Rica y con una población de 34 millones de habitantes, parcialmente estancado? Los muertos de las protestas son al menos 54. Se acusa al aparato represivo de criminalizar las protestas bajo acusaciones de supuesto terrorismo; una palabra que es parte de la historia misma que cuenta este maravilloso pero sufrido país andino. Por su parte, los manifestantes no ceden e insisten en la salida de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadísimas. ¿Cómo enfrentar el multimillonario costo en todos los ámbitos de este caos instalado? ¿Cuáles pueden ser las posibles claves de salida de esta aguda crisis? Le damos una mirada al conflicto peruano con la voz autorizada de Luis Santiago Giacoma, Catedrático en Derecho Internacional y Director de Análisis Político del Instituto de Estudios Estratégicos de Perú. Además, especialista en temas de seguridad nacional.

Una evidencia del peligro democrático de nuestros días, es el ataque contra instituciones fundamentales para el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos que caracterizan su funcionamiento. Específicamente vemos lo que sucede en los poderes judiciales y electorales. Cinco casos recientes en nuestro continente no dejan duda respecto del desafiante momentum que obliga a la vigilancia y también a la acción para sostener el entramado democrático, hoy bajo asedio. En Estados Unidos (bajo Trump) en El Salvador, México, Argentina y Brasil, los últimos años y los últimos días, nos dejan ver que la solidez y la solvencia de las instituciones judiciales y electorales, están sufriendo, como nunca antes, un embate para procurar su debilitamiento, en lugar de su fortalecimiento. Los matices son muchos, por supuesto, entre cada caso. El punto común es que en los cinco se trata de gobiernos emanados de las urnas y, por tanto, con legitimidad de origen. ¿Por qué sucede esto y cómo entenderlo para no profundizar la crisis democrática, sino más bien atajarla? Lo conversamos con el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y el ex presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado.

Todo hace indicar que el Ejecutivo está ejercitando el arte de generarse sus propias e innecesarias crisis. De una estrategia comunicativa que incluso analistas serios calificaban no hace mucho como eficaz, terminamos el 2022 y empezamos el 2023 con sendas meteduras de pata. Para circunscribirnos a lo inmediato, el anuncio de Hacienda de su política de cero tolerancia contra el fraude fiscal terminó el viernes en desastre y es noticia en desarrollo. No tenemos ni idea (aún) de lo que se pudo haber decidido (conste que no hacer nada al respecto también sería una decisión) tras el chaparrón que le cayó al ministro Nogui Acosta, cuando la Fiscalía General de la República confirmó 24 horas después del anuncio del supuesto mega caso de defraudación por 11 mil millones de colones contra el BCT y Leonel Baruch, que la desestimación de tal denuncia había sido comunicada desde el 9 de enero al mismísimo Director de Tributación Mario Ramos. El jerarca hacendario dijo que este lunes hablará al respecto. Mientras ese hecho se desarrollaba en Hacienda, en el Congreso el que encendía las luces era el joven y generoso millonario costarricense De Sheng Lin Hu que trataba sin éxito de convencer a los diputados (habría que agregar al país entero) de que de sus también generosos padres extranjeros le regalaron 150 millones de colones que él decidió invertir en la compra de bonos de la campaña del hoy partido oficialista. Según Sheng su idea era ganar mucho dinero con los bonos tipo B que adquirió, pero el negocio le salió mal, dado que Progreso Social no accedería a tanta deuda política y, en el mejor de los casos, perdería unos 17 millones. En el mejor de los casos, pues el Tribunal Supremo de Elecciones no creyó esa versión y por eso envió el expediente al Ministerio Público. Según el TSE podría tratarse de una inversión en la que extranjeros inhabilitados para contribuir en campañas políticas en nuestro país, habrían cometido un delito electoral. En medio del escabroso asunto está el tesorero de campaña y actual vicepresidente, Stefan Brunner, que tomó sin pensárselo dos veces el cheque que le entregó el joven por los 150 millones cuatro días antes de la segunda ronda electoral. Ambos temas serán parte del menú de entrada de la semana en el Congreso y el Ejecutivo, y nosotros los abordamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Tres casos calificados como de "mega evasión fiscal" fueron dados a conocer por las autoridades del Ministerio de Hacienda este jueves. Se trata de supuestas evasiones ocurridas entre 2008 y 2015, 2016 y 2018 y que ahora constituyen -según el anuncio efectuado- el caballo de batalla de una estrategia remozada de lucha contra la evasión. Aunque en la conferencia de prensa no se especificaron nombres de personas físicas o jurídicas o denominaciones comerciales, si trascendió que el caso principal, por la supuesta evasión de 11 mil millones de colones, involucraba a una persona física vinculada a un banco privado. Horas después, la Fiscalía General de la República confirmó que el expediente 22-000070-0621-PE fue abierto el año pasado y que los denunciados son Baruch Golderg, Barrantes Paniagua y las empresas Beta Matrix Costa Rica S.A., Corporación BCT y las Subsidiarias de la Corporación BCT en Panamá. Antes de la confirmación del Ministerio Público, el BCT emitió un comunicado señalando que en 45 años de operación, habían cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Tributación informó que tiene 23 casos abiertos en la Fiscalía General por 27,405 millones de colones y que en menos de un mes presentarán tres casos más por 6,370 millones. Sobre el denominado "fraude complejo" cerramos nuestro Hablando Claro de la semana con el titular de Hacienda, Nogui Acosta.

Hace apenas siete meses eran muchos los que pegaban el grito al cielo por el elevado precio que alcanzaba el precio de este producto sui géneris del mercado. Sí, el dólar llegaba a tocar el techo de los 700 colones. Para ser exactos llegó a 596.76. La recomendación entonces para todos aquellos que tenían deudas en esa moneda, era colonizar los créditos. Hoy, la historia es muy diferente. Los que están viendo el precio del dólar con preocupación son los exportadores y los operadores turísticos. Esta vez la ecuación va en sentido contrario. El dólar ha ido cayendo paulatina pero decididamente. Este martes el tipo de cambio fue de 570 colones; el más bajo de los últimos dos años. Obviamente, si el precio del dólar se mantiene a la baja, es porque hay muchos billetes verdes en el mercado. ¿Y por qué ocurre esto? Las razones son muchas. Las explicó este miércoles el Banco Central, que además rebatió la crítica de que no interviene ahora con tanto énfasis en el mercado de divisas para detener la caída, como lo hace habitualmente cuando el tipo de cambio tira al alza el precio del dólar. De esto y más conversamos con el economista Fernando Rodríguez.

"Desde que usted es jerarca de tan importante institución, no se ha podido garantizar una asesoría de alta calidad científica que permita al personal de primera línea de defensa contra COVID-19 ni a la población costarricense tomar decisiones ni medidas adecuadas en la prevención y mitigación de estas enfermedades. Además, en los últimos meses, su gestión se ha convertido repetidamente en objeto de informes engañosos e incorrectos, se han brindado recomendaciones y cambiado medidas sin revisión ni validación por el grupo técnico". Hasta el lunes le alcanzó la paciencia (¿impotencia?, ¿Frustración?, ¿Indisposición?) a la PhD Eugenia Corrales para seguir formando del Comité Técnico en Infecciones Respiratorias del Ministerio de Salud y así se lo hizo saber a la ministra Jocelyn Chacón en una carta que dice todo en ese único párrafo. Parece que no hacía falta más, sin embargo, en sus declaraciones de las últimas horas la Dra. Corrales, una de las virólogas más formadas y reconocidas del país, dejó claro que los ataques a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), el "receso lluvioso" de octubre pasado y la reciente directriz de prueba negativa a personas provenientes de varios puntos asiáticos, le dejaron claro que no tiene caso pertenecer a un grupo asesor que no asesora. La dimisión de la experta se produce en plena alerta de la Caja Costarricense del Seguro Social por el incremento en hospitalizaciones derivadas de Covid 19. El Dr. Pedro González, Director de la Red de Servicios de Salud, dijo que el aumento de hospitalizaciones, tanto en salas como en cuidados intensivos, empezó desde la primera semana de diciembre y no se detiene. Con la Dra. Corrales Aguilar conversamos en Hablando Claro.

Decir que la democracia occidental continúa en picada, virtud a la erosión que padece, es como llover sobre mojado. Pero es un tema tan relevante que nos acompañará recurrentemente todo este 2023. Para peores, lejos de poder respaldar con taludes de crecimiento económico la disconformidad de millones de los demócratas que aún persisten en medio de los cantos de sirena del populismo y la entronización de autoritarismos, cada vez son mayores las brechas de la desigualdad. Y, entonces, una válvula de escape en forma de protesta política, cobra fuerza. Así vemos cómo sigue Perú incendiado. Como persisten los temores en Brasil y como se acrecienta la polarización en prácticamente todos nuestros entornos. Mientras tanto, continúa inmisericorde la guerra en Ucrania. Un ataque el domingo a un edificio residencial dejo al menos 40 muertos y otro tanto de desaparecidos. Reino Unido decidió mandar tanques de combate los ucranianos y Alemania pidió crear un tribunal internacional para perseguir los crímenes de guerra de los rusos que, junto con su aliado de Bielorrusia, atemoriza aún más con ejercicios aéreos conjuntos. Este es parte del deprimente escenario internacional y lo analizamos con el experto Carlos Murillo Zamora

Luz Mary Alpízar no es una legisladora más. Su actuación puede ser muy discreta, pero es ella quien manda en Progreso Social Democrático (PPSD), valga decir rigurosamente hablando el partido de gobierno, aunque sean otras personas quienes lleven la voz cantante del oficialismo. Por primera vez accede a una entrevista para abordar temas candentes como la decisión de “facilitar” la agrupación que ella creó a Rodrigo Chaves, las investigaciones de una estructura paralela que podría terminar en delito electoral, el destino de los dineros de la deuda política, los ataques internos al PPSD, la creación de otro grupo político para atraer a sus mismos copartidarios, la aparente estructura de troles y páginas digitales para desacreditar, desprestigiar y señalar a instituciones y personas como ella misma, y cómo convive en un permanente rumor de quiebre de la fracción oficialista en el Congreso. Con Luz Mary Alpízar conversamos en Hablando Claro.

Era cuestión de días. La presencia de la subvariante ómicron XBB 1.5, hasta ahora la más transmisible del SARS-CoV-2, ya está oficialmente confirmada en el país, de acuerdo con las pruebas científicas del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, Inciensa. Los confirmados fueron tres costarricenses que no habían viajado al exterior, y enfermaron desde mediados de diciembre, razón por la que es altamente probable que ya desde antes la subvariante estuviera circulando aquí. La XBB 1.5 no es más agresiva o letal que las anteriores versiones, pero se propaga con enorme rapidez. Mientras esperamos por lo menos un mes más para que ingresen al país las primeras nuevas vacunas llamadas "bivalentes", que en todo caso serán únicamente para grupos específicos, tendremos entonces que repasar con mayor atención el manual de medidas de protección del que casi todos nos deshicimos tan pronto como pudimos. China es un espejo crudo de la situación hoy, pues tras haber pasado de la condición asfixiante de tolerancia cero, liberó todos sus controles de la noche al día y hoy está enfrentando problemas con la cantidad de pacientes hospitalizados y muertos por Covid 19. Claro que la situación ahí no resulta comparable con la nuestra, pero repetimos, hay que repasar el libreto de los cuidados, incluyendo la vacunación, que por ahora solo es obligatoria para personal de salud, empleados públicos y menores de entre 12 y 17 años. Increíblemente, los papás no están obligados a vacunar a los más pequeños. Cerramos nuestro Hablando Claro semanal con el epidemiólogo Juan José Romero.

La saga irrita y, peor aún, todavía no termina. La primera comparecencia del trol separado de la estructura organizada que, según su propio decir bajo fe de juramento, opera para atacar a figuras políticas de oposición y a periodistas cuyas líneas de trabajo se adversan -supuestamente desde el oficialismo- continuará la próxima semana en la comisión legislativa especial que investiga el financiamiento paralelo de la pasada campaña electoral. A falta aún de pruebas concluyentes, hubo recriminaciones de un lado y otro, se confirmaron ya antagonismos evidentes y afloraron nuevas rupturas políticas. En seguimiento al tema político coyuntural del momento, conversamos este jueves con el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles.

Bajo la sugestiva designación de "Cumbre de los Tres Amigos", México fue escenario este noticioso martes del encuentro de los mandatarios Justin Trudeau, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Un augurio de buenos propósitos frente a los grandes desafíos de la esquina superior del continente. ¿Qué dejó en concreto la connotada cita? En el sur, mientras tanto, arde casi todo. En Brasil, los ecos del asalto a las instituciones democráticas del domingo y el temor de nuevas asonadas mantienen en vilo a gran parte del mundo. Los detenidos llegaron a 1,500 y aunque varios centenares fueron liberados, aún queda un millar bajo arresto. Un exministro de la administración anterior fue detenido por su participación en los hechos y Jair Bolsonaro, anuncia que adelantará su regreso al país, mientras el Presidente Lula da Silva conduce la primera crisis de su tercer mandato. Perú, que no encuentra tranquilidad tras la salida del poder de Pedro Castillo de nuevo vive toque de queda. Esta vez en la región Aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde -por cierto- también continúan manifestaciones que nuevamente terminaron en enfrentamientos. Volviendo a Perú, hasta ahora ascienden a 47 los muertos por las protestas del último mes. Y el gobierno de Dina Boluarte requiere un balón de oxígeno para sostenerse y por ello busca un voto de confianza del Congreso. Como si lo anterior fuera poco, en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez denunció un complot atentatorio contra su vida. Sin mencionar nuestros propios y peculiares sobresaltos políticos, esto es algo de lo que sucede solo en las últimas horas y de lo que pretendemos abordar con el politólogo Jesús Guzmán.

No hubo sorpresas en la primera conferencia de prensa del año del Poder Ejecutivo. El presidente de la República acudió a su estrategia habitual: atacar a un sector de la prensa y también a un sector de la oposición política, escudarse en sus índices de popularidad y ratificar el valor de la lealtad de su círculo más cercano, en el que se encuentra indudablemente la titular del ministerio de Salud. En efecto, Jocelyn Chacón fue confirmada en el cargo como había trascendido extraoficialmente desde que el fin de semana se había anunciado la esperada conferencia que dirigió y condujo el mismo don Rodrigo Chaves. Y en lugar de aclarar los vínculos con el andamiaje de troles que hacen eco de la comunicación gubernamental, hubo una repetición de insultos contra CRHoy, La Nación y Canal 7. No faltó sorna, chota y sarcasmo. Tampoco adhesiones de medios alternativos de comunicación de los ya habituales en las conferencias oficiales. Tampoco hubo ninguna noticia de las permutas que suenan respecto de otros ministros del gabinete no tan cercanos al Mandatario. Sobre la relación con la prensa, una de las particularidades del ejercicio de esta administración, conversamos con la nueva presidenta del Colegio de Periodistas, Yanancy Noguera y el también experimentado colega Boris Ramírez Vega.

El mundo democrático occidental condenó este domingo el asalto de los ultra bolsonoristas al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasil con la impensable pretensión de lograr la caída del Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien apenas el pasado primero de enero, asumió la conducción gubernamental en el llamado país continente de América Latina. Lo que pasó en las últimas horas podría considerarse inédito, si no fuera porque justo el viernes pasado Estados Unidos recordaba el capítulo más oprobioso del ataque democrático, al conmemorar dos años de la toma del Capitolio, justamente en un intento de los ultra radicales trumpistas para que se abortara la confirmación de Joe Biden como el legítimo Presidente de los Estados Unidos. Lo cual, nos presenta fuerte y clara, la dimensión del asalto democrático que estamos viviendo. Biden, por supuesto, fue uno de los líderes que condenó los bochornosos sucesos en Brasil y aseguró que el apoyo de la potencia del norte a los cariocas es "inquebrantable". El mandatario estadounidense estuvo este domingo en la línea fronteriza de El Paso (Texas) y llegó luego a la capital mexicana para tomar parte en la Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que une este lunes el Primer Ministro de Canadá, Jeastin Trudeau, para abordar candentes asuntos de migración, economía y política de la región. Con el experto Constantino Urcuyo Fournier enfocamos la sonada actualidad de las últimas horas en el continente.

¿Se trataba de una componenda cualquiera como las que se ven todos los días en redes sociales para desacreditar enemigos? O ¿se trata más bien de una estructuración orquestada desde el más alto nivel del poder para manipular a la opinión pública? O acaso, ¿hay una especie de gestión conspirativa que pudiera colocarse en medio de los dos extremos anteriores? Durante ya tres semanas, un escándalo que detonó la propia ministra de Salud a propósito de la ruptura de la relación contractual con su propio mercenario digital, ha escalado hasta colocarnos en una trama novelesca a la que cada día se le agrega un nuevo capítulo. No pretendemos colocar la zaga en el nivel de la penetración funesta que sufrió Estados Unidos en las elecciones del 2016 a favor Trump o al grado de la injerencia algorítmica ampliamente demostrada en el referéndum por el Brexit en 2017. Pero lo cierto, querámoslo o no, es que hoy tenemos abundantes elementos fácticos para reconocer que la democracia costarricense también está siendo amenazada a partir de redes de odio, mensajes políticos dirigidos a la descalificación con mercenarios digitales que están disparando a la institucionalidad para afianzar figuras o pseudo líderes salvadores en el pináculo de las esperanzas de un segmento muy voluble de la opinión pública. El escándalo obligó el miércoles (acaso tardíamente) a la Casa Presidencial a intentar desmarcarse de la “acción unilateral”, según dijo, de funcionarios públicos, que contrataron servicios para sus campañas de odios y apoyos incondicionales. Pero el desaguisado está lejos de terminar. Cerramos nuestra semana Hablando Claro con los experimentados comunicadores Esteban Mora y Boris Ramírez.

Que las democracias padecen importantes desafíos para su sostenibilidad no es ninguna revelación novedosa. Es más bien el signo de los tiempos. La cuestión es que si observamos la realidad circundante, encontramos que particularmente en nuestro Istmo, el asunto no es que no avanzamos, sino peor aún, que retrocedemos. Procesos regresivos y abiertamente autocráticos están poniendo en jaque las exiguas posibilidades de que lleguemos a ser una región desarrollada, sostenible e inclusiva. Tampoco esto es una novedad. Para el experto Alberto Mora, hay muchos factores estructurales que conspiran; entre ellos, un círculo perverso de élites que han concentrado el poder económico y político obstaculizando políticas redistributivas a favor del desarrollo humano sostenible. Por supuesto, ello ha impactado la consolidación de las democracias. De acuerdo con el Instituto de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en Nicaragua se instauró en régimen autocrático, mientras en El Salvador y Guatemala el Estado de Derecho es rehén de los poderes ejecutivos. En Honduras se recuperó la integridad del voto, pero la independencia de poderes es aún sumamente frágil. Y si bien, Costa Rica, Panamá y República Dominicana son naciones democráticas, hay malestares sociales difusos que generan grandes desafíos. ¿Puede la región encontrar la vía para salir del oprobio de la pobreza, la desigualdad social y la extrema vulnerabilidad ambiental que permitan consolidar democracias eficaces y efectivas? Lo conversamos con Alberto Mora, coordinador del Informe Estado de la Región.

El año que estrenamos no ofrece buenos augurios económicos. Por el contrario, será como una cuesta de enero extendidísima, marcada por una desaceleración simultánea en las tres economías más grandes del planeta (Estados Unidos, China y la Unión Europea) lo que hará entrar en recesión a una tercera parte del globo. Y según la líder del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva, la situación será todavía más grave para los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Ni qué decir para las naciones con severos problemas de endeudamiento. Para el economista José Luis Arce, lo que dice la Directora del FMI significa que el flagelo inflacionario seguirá presente, con la consecuencia de que se mantendrán políticas monetarias restrictivas y condiciones crediticias todavía más duras. Y en lo local, el desafío será entonces intentar conjurar la inflación sin afectar sustancialmente el crecimiento y acometer los retos políticos que entraña el proceso de ajuste fiscal aún en curso. ¿Y cómo nos afectará esto en nuestras economías personales y familiares? Lo conversamos con José Luis Arce, economista.

Al iniciar este nuevo calendario, las novedades locales nos colocan básicamente en primera línea de notas rojas (sucesos) siempre dolorosas. Nos referimos particularmente a accidentes caseros, de ahogamiento y los desgraciadamente infaltables de carretera. Y en cuanto a la política doméstica, el que más y el que menos, podrá situar la crisis ocasionada por el pago descubierto a mercenarios en redes sociales, como la piedra en el zapato para la administración Chaves Robles, incluyendo no solo a la titular del Ministerio de Salud, sino a la poderosa jefa de la bancada oficialista. ¿Será que el Presidente decide al fin dejar de cargar con el lastre político que le significa sostener a la Ministra Chacón en su cargo? ¿O seguirá confiando en su buen respaldo de popularidad como líder de gobierno para seguirla escudando? ¿Puede la Sra. Cisneros seguir siendo la jefa de la bancada con el desgaste que también sufre? ¿Seguirá siendo parte de una comisión parlamentaria que ahora podría investigarla? Por ahora, todo ello no está en debate abierto. Las aguas están calmas. No otra cosa podría esperarse de este receso extendido en el Ejecutivo y el Legislativo que no regresarán a labores sino hasta el próximo lunes. Ahí sí, cabría esperar que se abran fuegos, particularmente en el Congreso, dado que al escándalo del trol desertor, se sumó la burda campaña troles asiáticos, incidiendo en la política local, como quedó al descubierto luego del ataque que recibió la semana pasada el diputado opositor Ariel Robles. ¿Cómo cerró el año político y cómo se proyecta el año en que se abren los fuegos para las elecciones municipales de inicios del 2024? Lo abordamos con el politólogo Gustavo Araya.

¡Feliz 2023! Con un sentimiento de gratitud por el privilegio de encontrarnos aquí y ahora, iniciamos un nuevo calendario. Un año -como todos- lleno de desafíos. Pero también como todos, anclado en la esperanza y la ilusión de un buen viento de cola para impulsar nuestros anhelos. Vivimos en medio de ceremoniales. Los de la despedida del año viejo son significativos, especialmente en lo personal y lo familiar. Pero también en lo colectivo. El primer día del año saludó a los brasileños con un nuevo gobierno y aunque por primera vez en décadas el mandatario saliente no estuvo en la ceremonia de investidura, nunca antes en Brasil se habían dado cita tantos mandatarios para celebrar -en este caso- el tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva. Para comentar cómo cerró el año en términos de política internacional y cómo saludamos el nuevo ciclo, les invitamos a acompañarnos este lunes 2 de enero con el periodista, ex embajador y agudo analista, Eduardo Ulibarri.

En estos días siempre especiales del año que ya vamos despidiendo, desde Hablando Claro les deseamos mucha paz, serenidad y el equilibrio necesario para encontrar la armonía interior que nos conduce al crecimiento, la alegría, la satisfacción, la realización y la plenitud del proyecto siempre inacabado de cada una de nuestras vidas. Y para apuntalar esos buenos deseos les compartimos conversaciones reflexivas sobre temas siempre necesarios de refrescar para afinar las herramientas y mejorar la calidad de nuestros días: Lunes 26: El Arte de Vivir Bien: libertad y límites. Martes 27: Resiliencia: la capacidad para la superación. Miércoles 28: Aceptación y compromiso y su vínculo con la salud mental y emocional. Jueves 29: Bienestar (estar bien) y la motivación en el año que inicia. Viernes 30: Habilidades para la Vida Buena. Con nuestros buenos amigos, Mauricio Corrales, Milton Rosales y Rodrigo Sánchez.

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En estos días siempre especiales del año que ya vamos despidiendo, desde Hablando Claro les deseamos mucha paz, serenidad y el equilibrio necesario para encontrar la armonía interior que nos conduce al crecimiento, la alegría, la satisfacción, la realización y la plenitud del proyecto siempre inacabado de cada una de nuestras vidas. Y para apuntalar esos buenos deseos les compartimos conversaciones reflexivas sobre temas siempre necesarios de refrescar para afinar las herramientas y mejorar la calidad de nuestros días: Lunes 26: El Arte de Vivir Bien: libertad y límites. Martes 27: Resiliencia: la capacidad para la superación Miércoles 28: Aceptación y compromiso y su vínculo con la salud mental y emocional Jueves 29: Bienestar (estar bien) y la motivación en el año que inicia Viernes 30: Habilidades para la Vida Buena. Con nuestros buenos amigos, Mauricio Corrales, Milton Rosales y Rodrigo Sánchez.

El óleo de millones de la monárquica autocracia Catarí le ha provocado una vergüenza más al mundo y concretamente al mundo político de la Unión Europea, penetrando nada más y nada menos que su Parlamento. En estos días Bruselas es el epicentro de la conmoción. Hay implicados eurodiputados y un puñado de asistentes que si bien es cierto no llegan más que una veintena (en una institución de 750 funcionarios) han dejado al descubierto un foco de contagio de corrupción, fraude y lavado de dinero. A la vista saltan los fajos de billetes encontrados que ya suman 1.5 millones de euros que los Cataríes repartían en la euro cámara y en organizaciones no gubernamentales, a fin de lograr que se "edulcoraran" (es el término que se ha usado) las resoluciones sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos en la suntuosa petro nación. La investigación de Bruselas llevaba cuatro meses y corre detrás de la muy conocida indagación de Estados Unidos sobre la irregular asignación de este mundial ya en fase final. Así que mientras esperamos el encuentro Croacia-Marruecos y el desenlace Argentina-Francia, nos asomamos al abismo de la corrupción. Con el periodista Amado Hidalgo, agudo seguidor de estos malolientes tópicos.

Finalmente se impone la fiesta. Mejor dicho la locura de la celebración. Los argentinos están en la final. Palidece entonces la crisis político-jurídica que ha vivido el país en los últimos días por la sentencia contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay crisis también en Perú y algún nivel de agitación que desea mantener vivo el saliente presidente Bolsonaro en Brasil... En fin, la polarización que no sorprende. Y aunque el eje futbolero del planeta en su conjunto también está atravesado por agudas controversias que ahora sitúan el epicentro del último escándalo en el Parlamento Europeo por la onda expansiva del Catar Gate, la atención se dirige inevitablemente al momento de dirimir quién será el rival de los americanos. Hablamos nuevamente de política y fútbol. Con los comunicadores tico argentinos Ernesto Rivera y Saúl Buseta.

Álvaro Ramos Chaves se desempeñaba como Experto Técnico en Financiamiento de la Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo. Lo hacía desde la sede central de ese organismo mundial con sede en Ginebra, Suiza. Sobra decir, que era un importante cargo con proyección de crecimiento. Pero un día recibió la llamada del electo presidente de Costa Rica y no pudo decir que no al ofrecimiento de regresar al país para ser el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Podríamos decir que lo demás es historia, como se acostumbra. Pero no. Todavía a este amargo relato de su vida le faltan capítulos. Ahora el Mandatario, que lo elogió como uno de sus fichajes, lo quiere ver ante los tribunales. O es lo que se supone. Porque anunció que lo va a demandar; aunque no lo ha hecho.

¿Qué relación tiene la corrupción con la paz, la seguridad y el desarrollo? Ese es justamente el planteamiento que formuló Naciones Unidas para la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra Corrupción de este 2022. Y en punto a nuestra realidad, ¿en qué situación nos encontramos para enfrentar este flagelo? Conversamos este lunes con Evelyn Villarreal, directora de Costa Rica Íntegra, una organización no gubernamental que da seguimiento a los desafíos que impone la tarea prioritaria de contar con mecanismos efectivos de denuncia y sanción de los siempre -e inevitablemente presentes- actos de corrupción en la acción pública y la esfera privada.

El financiamiento electoral y sus siempre urgentes reformas (pendientes o en proceso). Un tema de siempre que altera y condiciona el sistema de partidos políticos, la cancha de la disputa electoral y la salud de las democracias. También, por supuesto, en Costa Rica es un asunto de primera línea. Y lo conversamos con un conocedor de la materia, el politólogo Rotsay Rosales.

Cuando estemos celebrando en el mundo judeocristiano la Natividad el próximo 24 de diciembre, justo ese día, los ucranianos estarán llegando al décimo mes de la terrible invasión a su territorio por parte de la bota soviética. Lo que Putin no contó nunca, es que pese al desmembramiento de familias, el dolor, la angustia sin límites y pérdida de sus vidas, los valerosos ucranianos no solo resistirían por larguísimos diez meses ya este ataque, sino que le infligirían un daño irreparable a su proyecto político y sus ínfulas imperiales Este miércoles la prestigiosa Revista Time declaró a Volodimir Zelensky y al espíritu del pueblo ucraniano como el personaje mundial del año 2022. Y no hubo duda ni discusión. El presidente de Ucrania pasó de líder político a líder político-militar y su proyección es de tal magnitud que la única interrogante es si será un personaje anual o pasará a ser en los libros de historia un personaje del siglo. Como lo fue en su día, Winston Churchill. Con Carlos Cascante, experto en relaciones internacionales, analizamos 10 meses de la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Es usted de los que recibió -o recibirá en los próximos días- el aguinaldo y ya lo había gastado por anticipado? En ese caso, tal vez, llegamos tarde con nuestra propuesta temática de miércoles en Hablando Claro. Nuestro propósito es intentar ayudarle a clarificar sus gastos y poner en perspectiva real sus ilusiones, planes y propósitos. Sabemos que es algo difícil en no pocos hogares y presupuestos familiares, pero siempre abona al principio de racionalidad y contención, escuchar desde el conocimiento experto la mejor forma de conducirnos en los vertiginosos días que corren antes, durante y después de la Navidad. Conversamos entonces con el economista Danilo Montero, Director de la Oficina del Consumidor Financiero.

Más allá de la ostentación y el glamour que entraña este mundial de Qatar, más allá de los interesantísimos cotejos y las emociones de victorias y derrotas, de estrellas y goles de infarto, el encuentro futbolístico es al mismo tiempo espejo y vitrina de la política. Cuando Estados Unidos derrotó a Irán para sacarlo de la ronda hoy en juego, cientos de miles de ciudadanos iraníes festejaron la derrota en las calles de Teherán. ¿Algo inaudito, verdad? Cuando millones de ciudadanos chinos ven el mundial por televisión y constatan a multitudes en "normalidad", unen a sus frustraciones todo el cúmulo de represión de la política de tolerancia cero del covid del régimen de Beijing y se lanzan a las calles a protestar. No era la única razón para explotar. Pero fue una de las que detonó las manifestaciones días atrás. Hablamos de geopolítica del futbol con el Dr. Constantino Urcuyo.

Sin libertades no hay democracia. Es simple y contundente. Y cuando millones de personas que gozan de vivir en las libertades básicas de pensar, opinar y transitar, cuestionan las garantías y privilegios de disfrutar esas prerrogativas constitucionales, muchas veces pierden de vista cuáles son los basamentos mínimos, sólidos y profundos, que sostienen un andamiaje tan complejo y al mismo tiempo delicado, como el edificio democrático. Venezuela, por ejemplo, fue, en tiempos que parecen muy lejos, una democracia en América Latina. Y los venezolanos, dramáticamente y a un costo monumental e incuantificable, la perdieron. ¿Es posible recuperar una democracia malograda? Vemos el espejo de esos hermanos sudamericanos, con el lente agudo de Luz Mely Reyes, Directora de Efecto Cocuyo, una organización que agrupa a periodistas venezolanos que lleva ocho años desafiando el hostigamiento y la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Porque cuando se pierde la libertad de prensa, es cuando empieza el fin de la democracia.

Es, sin duda, el hito histórico que marca de manera más contundente el ADN de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad y del legítimo orgullo de ser costarricenses. Se nos reconoce así en el mundo entero y eso es motivo de inmensa satisfacción, pero lo más importante es que sepamos aquilatarlo, traerlo a valor presente de manera permanente para recordarnos de qué somos capaces. En el 74 aniversario de la abolición del ejército, recordamos la visión de nuestros antecesores para renovar nuestros compromisos para con la Patria. Con la historiadora Mercedes Muñoz Guillén conversamos en Hablando Claro.

Este mes de noviembre, que ya cierra, marcó el hito de contarnos como parte de los ocho mil millones de habitantes que habitamos nuestra casa común. Somos, claro está, un punto diminuto del globo terráqueo. Y no solo eso, nos resultará lentísimo y tal vez imposible llegar a sumar los 6 millones. Esto es así por cuanto nuestra tasa de fecundidad es una de las más bajas del mundo y todo pareciera apuntar a que ni siquiera con el soporte de la natalidad de la población migrante que hace parte de nuestro conglomerado poblacional podríamos alcanzar una tasa suficiente para llegar (como se estimó allá por el 2018 cuando alcanzamos los 5 millones) a adicionar un millón más en el 2046. ¿Y por qué sucede esto? Y más aún, ¿por qué es importante considerar la variable demográfica para hacer sostenible nuestra convivencia y pacto social? Un tema apasionante del que debemos aprender mucho. Lo abordamos este miércoles con el experto demógrafo Luis Rosero Bixby.

En nuestro análisis de coyuntura política local, observamos al cierre de noviembre los hechos más relevantes de previo a la necesaria tregua de aguinaldos, tamales y felices ajetreos navideños. Sobresalen entre los ejes más significativos la muy tranquila aprobación del presupuesto nacional para el 2023 y el acuerdo político para la aprobación de cinco mil millones de dólares en colocación de bonos de deuda externa. Y en cuanto al control político, lo más importante pareciera ser la deriva de un tópico que por su naturaleza es al mismo tiempo de coyuntura pero también estructural en todas las democracias: el financiamiento electoral. Y de manera concomitante, es ineludible referir, hacia el cierre del año, el decisivo curso de acción del Poder Ejecutivo para afinar sus herramientas comunicativas de cara al horizonte de las elecciones municipales del 2024. Todo ello lo analizamos con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

Mientras el mundo miraba embelesado el inicio del mundial de Qatar, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27) concluía días atrás en Egipto con resultados aceptables; especialmente considerando el escepticismo previo. Resultados centrados en la posibilidad de un fondo que ayude a los países más afectados por el cambio climático a compensar esos daños, más algunos mensajes sobre aceleración de las energías renovables. Queda, por supuesto, mucha tarea por delante y muchos detalles que concretar sobre los acuerdos alcanzados, más allá de las fotos y las promesas, porque ya hay antecedentes de pactos incumplidos en estas cumbres y siempre es difícil meterse en las billeteras de los países. Costa Rica tiene especial interés en estos mecanismos, lo sabe bien el ex ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, principal ejecutivo del mayor sustento contra el calentamiento planetario, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Con su mirada sobre lo que vio en Egipto, pero también sobre lo que no ocurrió y debía ocurrir, lo invitamos a Hablando Claro.

Al profundo e inexplicable dolor de perder por un terrible feminicidio a su hija Karolay Serrano Cordero, doña Rosemarie Cordero y su familia, tuvieron que enfrentar no solo la angustia de los seis meses que tardó la búsqueda de sus restos, sino también el estigma y el odio de inmisericordes personas en redes sociales que hicieron todo tipo de juzgamientos irrepetibles sobre el caso. Karolay solo tenía 26 años de edad. Un día salió de su casa con su novio y nunca más regresó. Dejó una hijita de apenas tres años. Este viernes 25 de noviembre, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, honramos la memoria de Karolay y de todas las féminas asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y levantamos la bandera para seguir luchando por una vida en libertad y con dignidad para todas. Conversamos con doña Rosemarie Cordero y con Aurora Camacho, especialista en igualdad de género y violencia contra la mujer del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Noreena Hertz una reconocida economista británica, afirma que vivimos una epidemia de aislamiento, de desconexión. Vivimos, dice ella, en el siglo de la soledad. Se trata de un asunto de no poca importancia. Tanto que en el Reino Unido en el 2018 y en Japón en el 2021, se crearon sendos ministerios de Soledad. La soledad, por supuesto, daña mucho a los adultos mayores en nuestras sociedades, pero aunque parezca difícil de creer es a los jóvenes a quienes más afecta. ¿Cómo recuperar nuestros vínculos? ¿Qué relación guarda la soledad y el aislamiento con el surgimiento de los populismos de derecha? ¿Cómo convertir la soledad en cercanía, en empatía, en comprensión, en caridad y en solidaridad? Acerca de la soledad como estigma y como fracaso personal que afecta nuestra salud personal y nuestro sistema político social, conversamos este jueves con Alberto Rojas, sociólogo, comunicador y teólogo de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional.

¿Qué hay más allá del hecho (por decir lo menos curioso) de que un sujeto asiático de tan solo 26 años sea el propietario de la cadena de tiendas SYR de las que ahora tenemos conocimiento y constatación de una increíble cantidad de vulneraciones no solo a derechos mínimos laborales, sino incluso a Derechos Humanos? Casi una decena de instituciones gubernamentales participan de la investigación de un caso inédito que ciertamente causa estupor e indignación; aunque tampoco podamos llamarnos a ingenuidad. Hay múltiples violaciones en los complejos mundos de los muchos mercados laborales nuestros. Hoy, sí, en pleno siglo XXI. Hablamos del tema este martes. Con el Ministro interino y el Viceministro de Trabajo, Luis Paulino Mora y Walter Villalobos, respectivamente, y con el politólogo Eugenio Solano, director de la Policía Municipal de San José.

¿Lo han estafado con una simple y al mismo tiempo sofisticada llamada telefónica? ¿Quiénes están detrás de estas nuevas formas de asalto bancario? El largo, doloroso y re-victimizante camino de las víctimas de asaltos cibernéticos desde el testimonio de dos valientes mujeres que fundaron el "Movimiento de Gente Estafada en los bancos de Costa Rica" En Hablando Claro conversamos con Carmen Rojas Guzmán y Gina Sibaja.

Las advertencias que por años ha hecho el Estado de la Nación se han convertido ahora en un registro de daños que contradicen el tipo de país que decimos ser en nuestra Constitución. La pandemia golpeó mucho claro, pero es solo un factor más en la aceleración de las tendencias de las economías (en plural) y en la pérdida de capacidades del Estado para atender a los menos favorecidos. El resultado, avisado ya, es doloroso: una fractura creciente y profunda que, además, nos afecta a todos, no solo a las personas que están en la pobreza o expuestas a ella, poblaciones que suman hasta un 45 % según los investigadores. Es de manera general una de las principales conclusiones del Informe Estado de la Nación 2022 presentado esta semana y coordinado por Leonardo Merino.

Las ambiciones políticas del expresidente Donald Trump fueron confirmadas. Este martes anunció su precandidatura para tratar de obtener la nominación republicana e intentar con ello volver al poder en los Estados Unidos. El lanzamiento de su postulación no fue sorpresivo en absoluto, solo confirmó la agitación del tablero político para los fragmentados republicanos que lograron muy magros resultados en las elecciones congresionales de medio período la semana pasada y que habrán de dilucidar entonces si irían a los comicios con un candidato que hoy por hoy no tiene el respaldo popular que tuvo en su primera campaña. Pero no solo eso. Trump es una figura polarizante en extremo que lleva sobre sus espaldas acusaciones fiscales, políticas y penales de diversa índole y la vergonzante responsabilidad de la toma del Capitolio en enero del 2021, según lo determinó una comisión especial investigadora en el Congreso. Esto y más en análisis de política internacional el miércoles con Eduardo Ulibarri, periodista, ex embajador y analista.

Este martes 15 de noviembre quienes habitamos en esta aldea global somos parte de un verdadero hito de la historia; ¡llegamos a constituir una sociedad de 8 mil millones de seres humanos! Sí, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hoy llegamos a esa cifra y debemos, por tanto, examinar los retos que nos imponen, tanto el crecimiento, como el acelerado envejecimiento de la población a la luz de realidades sociales, culturales, económicas y políticas muy disímiles, pero todas con la obligación ética de mejorar la calidad de vida y, por tanto, la dignidad de la condición humana, por el simple y poderoso hecho de serlo. Es muy desafiante; de hecho, para que el mundo alcanzara sus primeros mil millones de habitantes transcurrieron cientos de miles de años y luego en tan solo 200 años la cantidad se multiplicó siete veces justo en el 2011 y solo en 11 años más, de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, llegamos a ser 8 mil millones. Conversamos entonces a propósito de la fecha sobre demografía y Derechos Humanos con Juan Luis Bermúdez, Jefe de la Oficina de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica.

Aunque han transcurrido menos de treinta años del florecimiento de muchas de las democracias occidentales -particularmente en América Latina- hoy sabemos que prácticamente todas ellas, en mayor o menor grado, enfrentan un retroceso producto de una serie de factores que se han encadenado, como una tormenta que amenaza cada vez más la estabilidad y, en no pocos casos, hasta las bases de la convivencia misma. Costa Rica no escapa en absoluto a esa realidad y si bien es cierto contamos con poderosas herramientas de solvencia institucional, también aquí los ciudadanos mostramos distintos grados de insatisfacción para con los dividendos de la calidad de vida; lo que vemos reflejado en el enorme espejo de la desigualdad y las limitaciones de oportunidades para el mayor número. ¿Cómo se explica el fenómeno del retroceso democrático global y cómo encararlo en nuestro caso particular? Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de la Nación, nos da las claves.

Para cerrar el año, sí, porque aunque apenas estamos en la primera quincena de noviembre, entramos ya casi en modo mundial y en modo navidad, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica presentó esta semana los resultados de su última valoración de opiniones ciudadanas sobre algunos asuntos de la cosa pública. Empieza a bajar (como se considera normal) el apoyo al presidente de la República tras su primer medio año de gestión, aunque mantiene un margen muy solvente aún. La Asamblea Legislativa, como no sorprende tampoco, camina siempre a la saga de la evaluación y la esperanza asoma con la justa balompédica mundial esperando acaso que llegue anticipada la Navidad en forma de alguna victoria para el país en la controversial cita de Catar. De modo que para terminar nuestra semana Hablando Claro, conversamos con Ronald Alfaro, coordinador de la encuesta del CIEP-UCR.

Si la pandemia, como sabemos bien, puso al descubierto todas nuestras vulnerabilidades en desarrollo social y económico y además -sabemos también hoy- profundizó groseramente las brechas de la desigualdad, ¿cuáles son las condiciones de salida para al menos detener la profundización de la pobreza, el subempleo, el trabajo indigno y escasamente de subsistencia? ¿Cómo mejorar la educación pública, el acceso al agua potable, la garantía de tres comidas al día y la posibilidad de un techo digno? Particularmente, ¿cómo generar condiciones que detengan los dramáticos flujos migratorios, así como el sangrado de la violencia por el narcotráfico; todos estos problemas instalados en mayor o menor grado en América Latina, la región más desigual del planeta? El investigador mexicano Enrique Provenzo Durazo nos proporciona algunas claves acerca de los retos en materia de desarrollo sostenible y la agenda 2030 para Centroamérica y especialmente para Costa Rica. Nos visita en Hablando Claro como abrebocas para una conferencia magistral que impartirá en la Universidad de Costa Rica.

El devenir de la segunda parte del mandato del presidente estadounidense, Joe Biden, se determinó este supermartes electoral. Además de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, se votó por una tercera parte de los miembros de la Cámara Alta. También a lo largo y ancho de la nación del norte, se votaron 36 gobernaciones y cientos de cargos federales (fiscales generales y secretarios de estado). Y para rematar hubo decisiones importantes sobre derecho al aborto en estados como Michigan o sobre el uso recreativo de la marihuana, en Arkansas, Maryland y Missouri. En fin, un proceso democrático amplio que analizamos en sus aspectos sustantivos este miércoles con los politólogos Alfonso Rojas, desde Texas, y Jesús Guzmán, del Observatorio de los Estados Unidos del CIEP-UCR.

La fiesta balompédica mundial está a punto de dar inicio y aunque todo estará centrado en la competencia de los equipos participantes, así como en la pasarela de las grandes figuras que allí desfilarán, Catar está signado por la polémica. Tanto así que a esta cita mundialista, Amnistía Internacional la bautizó como "El Mundial de la Vergüenza", pues mientras el negocio se aderezaba y la organización lucra con multimillonarias sumas por el torneo más grande del planeta, ha habido denuncias constatadas por las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos los migrantes explotados para construir las instalaciones. De acuerdo con el prestigioso medio inglés The Guardian al menos unos 6,500 migrantes procedentes de Nepal, Pakistán, India, Bangladés y Sri Lanka habrían muerto en el decenio que han tardado las edificaciones. Y lo peor, es que esa cifra, podría constituir una subestimación de la verdadera dimensión de la tragedia que se gestó para levantar las majestuosas edificaciones. Algo que, por supuesto, rechazan las autoridades cataríes. Pero esto -ya de por sí severísimo- no lo es todo. La sede del campeonato del mundo en esta monarquía islámica del Golfo Pérsico, conlleva repudio más allá del trato a los migrantes, porque la vulneración de los derechos humanos alcanza también a las mujeres, y los miembros de la comunidad LGTBQ No termina siendo ninguna novedad, en todo caso, que estos asuntos sean minimizados o abiertamente silenciados cuando de la actividad deportiva más lucrativa del mundo se trata. Y si no, veamos como hace apenas cuatro años se legitimó a Rusia como sede del anterior campeonato. Sí, la misma nación que invadió a su vecino, Ucrania. Del contexto del Mundial de Catar conversamos con el investigador en comunicación social Carlos Sandoval y el periodista Yashin Quesada.

¡Estamos de celebración! Este lunes nuestra democracia cumple 133 años de vida. Por supuesto, como cualquier cuerpo, no ha estado exenta de quiebres y vaivenes, pero acuña gran experiencia e innumerables fortalezas que debemos aquilatar, para recordar el legado que recibimos y acometer con esperanza los desafíos inmediatos y de largo plazo. Con la clara convicción de que es mucho lo que tenemos en juego y son inmensas las responsabilidades que tenemos para -también- heredar una Patria digna. Con Gustavo Román Jacobo, doctor en comunicación política, conversamos este 7 de noviembre en el Día de la Democracia costarricense.

Como una de las bases del edificio democrático nacional, el Poder Judicial también encara retos y desafíos significativos en tiempos difíciles para preservar lo mejor de la institucionalidad democrática. Hace escasamente un mes terminó un proceso traumático para elegir a su nuevo presidente y apenas la semana pasada nombró a Carlo Díaz Sánchez como nuevo Fiscal General de la República, tras 18 meses de estar vacante esa titularidad. Ahora -en medio del pesar por la abrupta desaparición de don Walter Espinoza, líder del Organismo de Investigación Judicial, también tendrá que abocarse a buscar un nuevo jerarca. Con el ex presidente de la Corte, don Fernando Cruz Castro, conversamos sobre los desafíos del Poder Judicial y particularmente acerca del peso incuestionable de la Sala Constitucional (de la que sigue siendo titular) en la democracia costarricense.

¿Es usted de los que sienten gran incertidumbre por la creciente polarización social y política que observa en el mundo? Por supuesto, seguro que le preocupan y bastante los efectos de los desastres naturales y provocados, que en forma de inundaciones, sequías, guerras e inflación nos impactan directamente. Esos son precisamente los temas que se extraen de estudios tan significativos como el Informe de Desarrollo Humano, presentado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En ese documento confirmamos que el mundo retrocedió cinco años en su desarrollo humano a causa de la pandemia y que ese retroceso afecta a 9 de cada 10 naciones en el orbe. Claro, también a Costa Rica. Aunque no sufrimos tanto como América Latina y el Caribe en su conjunto, perdimos cuatro escaños en nuestro desarrollo, particularmente por la disminución en la esperanza de vida, que a su vez impactó la mortalidad por el SARS-CoV-2. ¿Qué podemos hacer en el contexto siempre limitante de la estrechez fiscal para levantarnos y mejorar nuestra calidad de vida? Lo abordamos este jueves 3 con el Representante del PNUD en el país, José Vicente Troya.

El Ejecutivo está ensayando acercamientos con el Legislativo para limar asperezas y buscar puntos de coincidencia. Esto per se no debiera constituir una novedad, sino más bien la característica habitual -casi que la noticia de todas las semanas- del juego político entre dos poderes determinantes para avanzar en la construcción de acuerdos que, finalmente, vayan dando mejor y mayor ritmo a políticas públicas siempre urgentes para librar desafíos como la pobreza, la desigualdad y la generación de empleo, entre otras. Y es que un gobierno con todo y las buenas valoraciones que tenga, se encontrará siempre sometido a los resultados económicos y cuando decimos economía, tenemos que insistir por supuesto en afrontar problemas estructurales de pobreza, empleo, seguridad en el ingreso, techo, protección y abrigo, tanto como problemas coyunturales, dígase -por ejemplo- la inflación. Con todo lo que ella implica. ¿Qué luces nos da la valoración estadística rigurosa del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica sobre el desempeño del gobierno de don Rodrigo Chaves Robles prácticamente a seis meses de gestión? Lo conversamos con su director, el Dr. Carlos Murillo Zamora.

Con el delimitante constitucional de tramitar a más tardar el 30 de noviembre el presupuesto ordinario de la República para el próximo año, y en medio de los fragores del control político que impone la comisión legislativa que investiga las finanzas de la campaña electoral del partido en el gobierno, inicia este martes un nuevo período de sesiones en la Asamblea Legislativa. Es la recta final del año. Con la que se cerrará la primera curva de aprendizaje de los nuevos tomadores de decisión del país, tanto en Cuesta de Moras como en Zapote. No ha sido fácil aceitar los engranajes. Pero en eso están. Salvando las formas para intentar resolver el fondo. Sobre todo el urgente de la autorización de los eurobonos y la siempre pregonada reactivación económica. En tanto, en el otro poder, el Judicial, los magistrados sacaron la tarea de nombrar, por fin, al nuevo Fiscal General de la República, de cuyo desempeño y estilo sabremos hasta que transcurran semanas o meses. En análisis de coyuntura conversamos este martes con el politólogo especialista en el juego parlamentario Daniel Calvo.

¿Cómo se fraguó el triunfo de Lula? O dicho de otra forma, ¿por qué Jair Bolsonaro perdió la reelección? ¿Cuáles fueron las alianzas que sellaron la victoria del líder izquierdista más representativo de la izquierda latinoamericana de las últimas décadas? ¿Y qué significa este triunfo para la región? ¿Hay espacio para una insurrección tipo 6 de enero similar a la que se produjo en el Capitolio estadounidense, en los próximos días en Brasil como algunos temen? Muchísimas explicaciones y muchas más interrogantes ante la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, que se convierte nuevamente en la esperanza para un Brasil ciertamente polarizado, pero que inclinó la balanza a favor de sacar del poder al más preclaro émulo de gobernantes de tendencia autoritaria en latitudes tan amplias y tan diversas como Hungría, Venezuela, Turquía, Nicaragua, y el mismo Donald Trump en el norte del continente. Con el politólogo Constantino Urcuyo Fournier conversamos sobre las claves de la victoria de Lula en Brasil.

Esta semana el Banco Central Europeo subió por tercera vez consecutiva los tipos de interés en un esfuerzo por devolver la inflación a los buenos tiempos del 2 %. En Estados Unidos, la ruta del incremento de las tasas ha sido la misma, y aunque el trimestre julio-setiembre la economía creció tras dos trimestres de contracción, el fantasma de la recesión sigue latente. Y en nuestro caso, también esta semana el Banco Central volvió a incrementar la tasa de política monetaria, con lo que quedó en 9 %. Fue el octavo aumento en los últimos 10 meses para encarecer el crédito, bajar demanda interna y reducir las presiones sobre precios; todo ello con vistas al objetivo de que la inflación regrese al 3%. Pero para el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, seguir aumentando las tasas de interés no va a traducirse en más alimento ni más recursos para las personas. El martes, en el escenario de la Asamblea #39 de la Comisión Económica para América Latina, dijo categóricamente: “es importante que en América Latina no se adopte la misma política, pues algunos países están aumentando las tasas de interés para absorber estos problemas, pero esto va a matar la economía”. Entretanto, nuestro coterráneo José Manuel Salazar, Secretario General de la CEPAL, se refirió al acuciante desafío de la región. “No es momento para cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras y audaces que realmente muevan las agujas del desarrollo. Si la década de los 80 fue lamentable, dolorosa y costosa, esta es de más dolor social y económico”. Para Salazar combatir la inflación sigue siendo un objetivo primario, pero también lo es dinamizar el crecimiento, financiar la mitigación de efectos sociales por la crisis de empleo y elevar la inversión. ¿Cuáles son entonces nuestros márgenes de maniobra? Para terminar nuestra semana Hablando Claro, analizamos la coyuntura económica a la luz de estos planteamientos con el economista Luis Mesalles.

La buena noticia sobre el siempre polémico tema del arroz en Costa Rica, es que ante la alerta que emitieron los agricultores días atrás en el sentido que el CNP no podría seguirles comprando la cosecha lista ya para cegar, hubo movimientos muy rápidos en el Ejecutivo de modo que el próximo lunes se reanudará el recibo del cereal, a través de varias de las industrias locales. El embrollo se produjo porque el Consejo Nacional de la Producción enfrentó problemas para seguir comprando la cosecha 2022-2023 (ya había adquirido seis mil doscientas toneladas) y cuando corrió la noticia, los agricultores resultaron presos del temor. La jefa de la bancada oficialista en el Congreso aseguró que los agricultores ya pueden dormir tranquilos, pues hay en proceso una modificación presupuestaria de 1,700 millones que solo espera aval de la Contraloría y también 17,300 millones adicionales que Hacienda deberá autorizar, con lo cual -dijo- no solo terminarán de ejecutar las adquisiciones de esta cosecha, sino que también se pagarán todas las facturas pendientes de compras que se hicieron a través del Programa Abastecimiento Institucional, PAI. Otro giro casualmente también esta semana con el grano, fue el anuncio del, por tanto, de una resolución de la Comisión de Promoción de la Competencia, COPROCOM, que sancionó a nueve empresas del sector agroindustrial que se colisionaron en 2019 para no comprarle el arroz a los productores locales hasta que se publicara un decreto del precio al consumidor, una práctica a todas luces anticompetitiva. Del fallo no se sabe mucho, pues falta el pronunciamiento completo, así que por ahora no se conocen los nombres de las sancionadas, ni los montos a cada una, ni las razones de fondo. Se sabe sí que se trata de multas fuertes que oscilan entre los ocho millones y los dos mil millones de colones. Todo esto pone de nuevo en la picota la existencia del andamiaje de la controvertida CONARROZ, varios de cuyos industriales ya habían sido sancionados por la misma Comisión años atrás. En síntesis por ahora, el abasto local de grano está seguro y eso sí, el precio al consumidor sigue siendo prácticamente el mismo. Con el economista agrícola y experto en la regulación del mercado arrocero, Víctor Umaña conversamos en Hablando Claro.

Al maestro Carlos Guzmán lo conoce todo el mundo en nuestro terruño, y muchos también, allende las fronteras. Durante décadas se ha dedicado a extraer, con notas, acordes y letras, parte de lo mejor de lo mejor de lo que somos. Desde su originaria Gaviota, hasta cuanto proyecto importante se desarrolla en el país, el maestro Carlos Guzmán está ahí, generoso, prolífico, incansable. De “Soy Tico” su obra cúspide, la Asociación de Compositores y Autores Musicales, refiere que nunca en la historia de la música popular costarricense una canción contemporánea logró desplazar a las clásicas de todos los tiempos. Claro, hasta que llegó este hermosísimo himno suyo, o mejor dicho, nuestro. En el 2008 tuvo la genial inspiración de hacerle una sinfonía a nuestros emblemáticos volcanes Irazú, Rincón de la Vieja, Arenal y Poás; obra que le mereció el Premio Nacional de Música Aquileo Echeverría. Ahora, versátil como es, nos presenta una veta más de su creatividad con el estreno muy fresco de “Costa Rica baila y canta” un homenaje al swing criollo. Y para darle proyección al lanzamiento, esta vez Guzmán se alió con el joven talento mexicano César López, un “influencer” de Chihuahua, que está impulsando con muy buen suceso la música latinoamericana y es, además, un gran enamorado de Costa Rica y por tanto impulsor de nuestro turismo y cultura. Con Carlos Guzmán, músico, compositor, productor arreglista y director y con César López, le damos mucho aire fresco a nuestro Hablando Claro.

En cuanto a pobreza y pobreza extrema se refiere, las noticias pocas, muy pocas veces, son buenas. Y en nuestro país, no solo no hemos podido llegar al porcentaje que teníamos antes de la pandemia (21 %), sino que cada vez observamos más lejos, la posibilidad de romper el piso del 20 %. Claro que si respecto del año anterior, la pobreza a julio del 2022 se mantuvo prácticamente igual en términos porcentuales (23 %) y los pronósticos eran mucho más pesimistas, es cierto que al menos no desmejoramos mucho más. Pero cuando se detallan los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares y constatamos -como se informó la semana pasada- que aumentaron los hogares en pobreza en prácticamente 16 mil (15,934 para ser precisos) mientras que en condición de pobreza extrema cayeron 6,078 familias más, sabemos que estamos muy lejos de recuperar la tranquilidad. En términos absolutos tenemos en Costa Rica prácticamente 400 mil hogares en pobreza y 110,631 hogares en pobreza extrema. Para un país tan pequeño y con tantas conquistas sociales, eso es algo inaceptable. Y ojo que todas estas frías cifras, no refieren el terrible problema de los embates de las inundaciones para centenares de familias que han sido víctimas de las torrenciales lluvias de los últimos tres meses. La crisis económica de este complicado año en el mundo, además, hizo caer el poder adquisitivo en un 6,2 % y entonces, pese a que mejoraron los ingresos por trabajo y por transferencias en los estratos más vulnerables, no ocurrió lo mismo en el decil 3 y la pobreza se incrementó allí. Otra cuestión relevante es que la ruralidad (especialmente los cordones fronterizos y las regiones Brunca y Caribe) sigue mostrando mucho mayor dificultad para encadenarse al desarrollo nacional; puesto que si bien es cierto en la pandemia la zona urbana sufrió muchísimo el desempleo, ahora la recuperación la levanta, en tanto en las zonas periféricas la crisis del agro golpea fuertemente y las opciones de empleabilidad, por razones estructurales, son limitadas. Le damos una mirada con lente comprensivo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares con su coordinador Eddy Madrigal del Instituto Nacional de Estadística y Censos y con el economista Francisco Delgado.

Si quienes están vociferando contra el inequívoco falla de la Sala Constitucional (que ordenó dejar sin efecto el cierre del Parque Viva y condenó al gobierno por violación indirecta a la libertad de prensa) respiraran hondo e hicieran el esfuerzo de tratar de entender, dimensionar y asimilar la sentencia, tal vez serían capaces de comprender que en esa resolución se afianzan derechos que pertenecen a todos los que habitamos bajo el mismo cielo. Primero, porque como lo hemos repetido hasta el cansancio en las últimas semanas, la libertad de prensa no le pertenece a los medios, ni es una licencia para los periodistas, es una garantía de nuestra vida en democracia. Incluso cuando muchos la utilizan solo para insultar y vociferar nada más… Es suya también. Segundo, porque los mecanismos de censura indirecta son muy viejos. Por supuesto, no los descubrió la Sala IV; aunque por ventura nuestra, los sabe detectar y entonces echa mano en sus sentencias de la sólida jurisprudencia que ha venido asentando en la materia que se basa, además, en la doctrina de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para no hablar de otros tribunales como el europeo. Tercero, y muy importante, porque las tentaciones de excederse en las atribuciones del poder están siempre presentes, y aunque por dicha no han sido la norma en nuestro caso, si el sistema de pesos y contrapesos funciona vigorosamente, entonces todos podemos sentir la tranquilidad de que ninguno de esos poderes puede excederse en sus potestades. Los guardarraíles de la democracia nos protegen a todos. Cuarto, porque como todos sabemos, sin prensa libre e independiente no hay democracia. Esta es una verdad como un templo y si hay alguien que no quiera entenderlo, ello no implica que la inmensa mayoría como demócratas no tengamos clara nuestra obligación de defenderla y por tanto, accionar los mecanismos del andamiaje jurídico que hemos construido en el Estado de Derecho. Quinto, en la era de la posverdad en la que vivimos, hay mucha gente confundida. Cierto que no todos entendemos a cabalidad la transformación que ha tenido lugar, pero por eso mismo no podemos subyugarnos ante quienes, por ignorancia, populismo o mala fe, intenten desacreditar los principios, los valores y los ejes cardinales de la convivencia ética sujeta a la Carta Magna. Todo lo contrario. Hoy más que nunca hay que luchar contra esa construcción de pseudo verdades que es tan nociva para la democracia. Sobre estas y otras razones de la pertinencia del fallo de la Sala IV, conversamos con el periodista Eduardo Ulibarri Bilbao y el abogado especialista en derecho a la información Rodolfo Brenes Vargas.

La seguridad ciudadana es una de las constantes en la lista de preocupaciones de nuestra opinión pública y para evidenciarlo están frescos los datos que arrojó un exhaustivo estudio de opinión pública que hicieron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. En gruesos trazos de resultados hay pocas sorpresas: por ejemplo, es congruente con nuestra percepción de inseguridad el que 65 de cada 100 habitantes consideren que el país como un todo es poco o nada seguro, pero al mismo tiempo que 63 de cada 100 estimen que el barrio en el que viven es seguro o muy seguro. Lo que sucede es que ver el vaso medio lleno aquí no es consuelo. Lo cierto es que 37 de cada 100 viven inseguros en sus casas. ¿Qué calidad de vida tiene casi el 40 % de nuestra población? Otro resultado acorde con lo esperado es que sean las mujeres las más vulnerables frente a su seguridad, pues ellas perciben muy alto el temor de ser víctimas de un delito respecto de ellos, tanto a nivel nacional (72,7 % vs. 57,6 %) como en la propia comunidad (41,6 % vs.30,5 %) ¿Acaso seguimos perdiendo las y los ciudadanos el control de nuestros espacios públicos? Afortunadamente, aún hay confianza en sistema. Los consultados en este estudio creen en mayoría (58,3%) que tenemos alguna o mucha posibilidad de resolver los problemas de la inseguridad y llama la atención que también más de la mitad de los ciudadanos (54,7 %) se consideren a sí mismos como parte de la solución. Eso es positivo si logramos articular políticas públicas que nos orienten y nos pongan en sintonía con el sentido de pertenencia y comunidad para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana. Otro elemento relevante es que también hay confianza en la Fuerza Pública, puesto que el 56 % la respaldan, aunque es cierto que apuntan a su limitada efectividad, pues el 62 % dicen que no capturan rápido a quienes delinquen. Muy mal en la percepción de los ciudadanos aparece el Ministerio Público (más de un año ya por cierto sin Fiscal General en propiedad), 76 de cada 100 personas no concordaron en la política de persecución criminal, pues piensan que no se persigue por igual a ricos y pobres. Pero además también saca mala nota la aplicación de la justicia que no se percibe ni pronta ni cumplida en 6 de cada 10 consultados. Para cerrar la semana y ahondar en otros temas de la encuesta como la tenencia de armas y el contexto de seguridad en la región centroamericana, conversamos con Randal Brenes, Oficial de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El paisaje habitual en la frontera sur, en la ciudad capital, en las cercanías de las fronteras del norte (Peñas Blancas y Tablillas) está signado por la presencia de familias venezolanas. Es difícil saber cuántos de ellos están transitando en este momento por nuestro territorio. Migración estima que están ingresando más de dos mil diariamente. El drama es de tal magnitud, genera tal reacción de impotencia, que instintivamente volvemos a ver hacia otro lado para no encarar el dolor que causa verlos, constatar en su miseria los girones de la esperanza que los mantiene en pie. El instinto de supervivencia que los sostiene. Lo peor es saber que su caminar hacia Estados Unidos es una utopía. Aunque hayan logrado pasar el Tapón del Darién, aunque pudieran conseguir los $150 dólares de peaje que les cobran en Nicaragua por pasar, no serán admitidos en ese país. Su destino ahora -lo sepan o no- es México. El gobierno del Presidente Joe Biden anunció la semana pasada una nueva e inimaginable política migratoria que acabó de cuajo con el pretendido sueño americano de los venezolanos que caminan. La nueva condición es que solo los primeros 24 mil que lleguen por vía aérea tendrán derecho a estatus legal. Los demás, los que lleguen por tierra o por agua serán devueltos a territorio azteca gracias a un acuerdo con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué llevó al gobierno demócrata a establecer este durísimo freno al ingreso de los venezolanos caminantes? ¿dado que no pueden ser repatriados a Venezuela, a cambio de qué son aceptados por México? ¿Son los venezolanos errantes una moneda de cambio político? ¿Le importa al gobierno de Nicolás Maduro que siete millones de sus compatriotas hayan huido y que otros cientos de miles sigan huyendo del país en busca de supervivencia? ¿Cómo resolver esta crisis? En Hablando Claro lo analizamos con el comunicador y especialista en temas migratorios, Carlos Sandoval García.

De todos los tipos de cáncer, el de mama constituye la principal causa de mortalidad de las mujeres en el mundo; especialmente en los países de renta media y de ingresos bajos. En el 2020, 685 mil féminas fallecieron por este mal. Protuberancias o hundimientos en los senos o en los pezones, erosiones en la piel, venas crecientes, endurecimientos, asimetrías en el tamaño, salida de fluidos, enrojecimientos, cambios en la textura de la piel o bultos internos, son las manifestaciones más comunes de alerta respecto de la posible aparición de un cáncer mamario. En Centro América y México, Costa Rica ocupa el primer lugar en la tasa de mortalidad por este padecimiento, que en el 2020 arrebató la vida a 427 mujeres, de las cuales más de la mitad (56%) estaban en la plenitud de su existencia (entre 30 y 69 años) y esto refiere el inmenso costo socio-familiar de pérdida de mujeres, madres y abuelas en el país. Se trata indudablemente de muertes prematuras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la meta global es evitar de aquí al 2040 unas 2.5 millones de muertes prematuras en mujeres de menos de 70 años, y para lograrlo es necesario mucha educación y concientización sobre el tema. En conmemoración del Día Mundial de Cáncer de Mama, este miércoles 19 de octubre conversamos con la experta y experimentada Dra. Maricel Aguilar Herrera.

Tristemente nos hemos convertido en una sociedad a la que le cuesta mucho mirar a lo lejos. Poner luces largas para definir rutas de mayor horizonte. Y vivimos, por tanto, con luces cortas, solo viendo lo que está al frente. Y no es que lo inmediato no sea importante; es solo que no puede ser lo único. Las terapias de conversión sexual, por ejemplo, son una prueba de lo que decimos. Un debate se abre y nos distrae con tipo de artificios y de sesgos moralistas que poco o nada tienen que ver con políticas públicas urgentes para resolver problemas estructurales, pero que consumen nuestra atención y peor aún, la de los tomadores de decisiones. Así que vamos con lo del día: por un lado, la restauración del uso de mascarillas en centros educativos y transporte público. Tarde, pero bien. Por otro, en el Poder Judicial, tardísimo también, pero muy importante, por fin el lunes próximo la Corte Plena escogerá (si logran ponerse de acuerdo los magistrados, claro) al nuevo Fiscal General de la República. Hablamos de estos y otros temas de coyuntura con el politólogo Gustavo Araya Martínez.

A falta de iniciativas serias, estructurales de transformación y modernización del gasto y del endeudamiento público, y confrontados con la necesidad de cumplir con la regla fiscal (o con lo que de ella queda) un tenebroso recorte de gasto social empieza a darse en detrimento, claro, de la salud y la educación que afectará a los más humildes y necesitados. La mayoría. Como si esto fuera poco, para cumplir con esas rigurosidades, el presupuesto ordinario de la República que los diputados examinan de cara a su aprobación a más tardar el último día de noviembre, Hacienda dejó por fuera gastos ineludibles que deberá afrontar, como por ejemplo las cuotas y otras aportaciones estatales a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es la idea de "engañarnos" con estos recortes y estas omisiones? La Contralora General de la República, Marta Acosta, sin traspasar las formas correctas del lenguaje político, dejó poco margen a la invención en su comparecencia la semana pasada ante la Asamblea Legislativa. Entre muchas otras cosas, dijo que los recortes a distintas instituciones fueron hechos “sin ningún criterio ni definición de prioridades”. Enfatizó, por tanto, que los más vulnerables pagarán los platos rotos, ellos son “la válvula de escape… Los ajustes llegan si usted los hace y, si usted no los hace, también llegan, pero llegan más dolorosos… el ajuste se está empezando a dar solo”. ¿Hay maneras de corregir este temerario plan de gastos en la Asamblea Legislativa? Conversamos en nuestro inicio de semana con la Contralora Marta Acosta.

“Lo peor está por venir”. Para no dejar lugar a dudas, eso dijo esta semana Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario, en la presentación del informe periódico de perspectivas de la economía mundial. También dijo que para muchas personas el año próximo “se sentirá como una recesión”. Nadie quiere escuchar noticias tan desalentadoras. Pero no sirve de nada taparnos los oídos, y menos aún vociferar contra una crisis planetaria que amenaza con agudizarse aún más en el 2023, provocando efectos en cadena en todas partes, y por supuesto, desmejorando las condiciones de vida de millones de seres humanos. Y los datos no mienten. La economía mundial, que creció un 6 % en 2021, este año apenas alcanzará la mitad (3,2 %) y el próximo caerá a un 2,7 %. Las tres economías más fuertes del mundo, Estados Unidos, China y la Zona Euro seguirán estancadas. Y puntualmente la de Estados Unidos, que es la que más nos afecta, este año crecerá un 1.6 % y en el 23 apenas alcanzará un 1 %. El flagelo de la inflación y las altas tasas de interés, entre otras variables, enmarcan este difícil momento. La economía de América Latina, también sufrirá severamente. Y en ese marco, inevitablemente, van todas nuestras inversiones país. Particularmente las de los fondos de pensiones que han experimentado el efecto de pérdidas en los rendimientos. Lamentablemente, ante el desconcierto de muchos de los cotizantes, ha privado la falta de información serena, clara, sencilla y tranquilizante. Y sí, circula mucha desinformación. ¿Cómo podemos explicar en términos comprensibles lo que sucede con los fondos adscritos al Sistema Nacional de Pensiones del país en el contexto de la crisis internacional y de cara a la administración y la gestión de riesgo que hacen las operadoras de pensiones? Este es nuestro tema con la Superintendente de Pensiones y de Entidades Financieras, Rocío Aguilar.

En un espaldarazo contundente a las libertades y garantías de la libertad de prensa y acceso a la información, la Sala Constitucional le advirtió al Poder Ejecutivo que se mantendrá vigilante y que no avalará “las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a los insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta”. En la decisión unánime de los magistrados de acoger parcialmente con lugar un recurso planteado por Hablando Claro contra la Ministra de Comunicación y el Director de Comunicación de la Presidencia de la República, la Sala IV les obliga a responder de manera concreta si, en efecto, como lo planteo y lo sostiene Hablando Claro, la entonces jerarca de Comunicación de la Administración Chaves Robles, emitió el 8 de julio una directriz, orden o indicación para que los jerarcas de gobierno (ministros y presidentes ejecutivos) no aceptaran entrevistas en este espacio radiofónico. Es algo inusual, pero hoy nos toca hablar en primera persona: “Claramente, los señores magistrados no cayeron en la trampa de una declaración falseada que bajo la fe de juramento emitió la entonces ministra de comunicación Patricia Navarro, al aludir que nunca emitió una directriz “formal” cuando -para encubrir un comportamiento anómalo emanado de la propia sede del gobierno- giró una instrucción al grupo de WhatsApp de los ministros y presidentes ejecutivos para vetar entrevistas en nuestro programa”. Sin duda, lo más importante del fallo, es que la Sala Constitucional observa claramente el mecanismo -muy habitual, por cierto, en regímenes que vulneran garantías y derechos fundamentales- de establecer (o al menos intentar establecer) vías de censura velada. Por ello, en el fallo insiste en que, “por la trascendencia del tema y la gravedad que podría implicar girar desde el poder político alguna orden en los términos reclamados en este proceso, resulta menester recordar a las autoridades del Ministerio de Comunicación y del Ministerio de la Presidencia que la libertad de expresión e información conllevan una doble dimensión, que se refleja no solo en la posibilidad de los periodistas de informar sobre los temas de relevancia para la opinión pública, sino también en el derecho de los habitantes del país de enterarse de dicha información”. Sobre este fallo y su pertinencia para el régimen de libertades públicas, conversamos con los abogados constitucionalistas Marvin Carvajal y Rodolfo Brenes y con el Director del Instituto para la Libertad de Expresión, IPLEX, Raúl Silesky.

Suspender el curso lectivo por cuatro días en todo el país podría haber sido una medida útil para ayudar a bajar el contagio de infecciones respiratorias agudas en niños, niñas y adolescentes. Podría, sí. Pero definitivamente, el criterio experto señala que la medida de manera aislada, anunciada atropelladamente y sin el conjunto de otras acciones y especialmente de una campaña a padres y encargados adultos, no conduce lamentablemente más que a un perjuicio a la comunidad estudiantil que profundiza los menoscabos y debilidades de un curso lectivo que está muy lejos de apuntalar la necesidad de revertir los déficits que arrastramos desde el 2018 en el sistema, especialmente el público. No hay duda que la salud es el bien supremo a proteger. Por lo tanto, no es de recibo decir que si se cuestiona la decisión del Ministerio de Salud de interrumpir el curso como se hizo el lunes en la noche, sin coordinación y sin diseminación informativa alguna, es porque no se avala la necesidad de disminuir la severidad del pico infeccioso multicausal que por varios meses viene afectando a los menores de edad. Pero resulta que de acuerdo con el criterio experto -entre otros- de la directora del Hospital Nacional de Niños, la Dra. Olga Arguedas, la medida hubiera resultado certera siempre y cuando se hubiera acompañado de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados y transporte público para toda la población, retomar con fuerza la campaña de lavado de manos, proteger a los niños del contacto con personas enfermas y, muy importante también, reforzar la coordinación entre el mismo Ministerio de Salud y la CCSS en el tema de la vacunación. Ese era el paquete necesario. Pero no se implementó. Siendo así, tenemos un curso lectivo suspendido en todo el país, como una medida sanitaria sin mayor soporte ni sustento. Y la afectación, una vez más, es para más de un millón de estudiantes y particularmente para los más vulnerables, como los que reciben asistencia de los comedores escolares. Sobre este tema que nos atañe a todos, conversamos con el ex ministro de Educación Pública Francisco Antonio Pacheco.

En la Caja Costarricense de Seguro Social, podría decirse, reina momentáneamente la tensa calma. Obviamente, se trata de un “mientras tanto”. Mientras se define el pendiente del ajuste salarial prometido a sus 54 mil funcionarios. El caso es que esta misma semana la Junta Directiva podría conocer los nuevos criterios jurídicos que la también nueva presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, presentaría al órgano colegiado, aunque no se sabe bien con qué propósito, dado que aunque el Mandatario Rodrigo Chaves haya dicho que el incremento no era irreversible, los sindicatos de salud argumentan que la aprobación por parte de la directiva el 8 de setiembre es un acuerdo en firme y por tanto, inalterable. El hecho, como está bien fresco aún, provocó nada más y nada menos que la destitución de don Álvaro Ramos Chaves, que solo alcanzó a permanecer en el cargo 4 meses, en lo que directivos de la entidad califican como una intromisión excesiva del gobierno central en la autonomía de la Caja. El criterio anticipado de doña Marta, pieza del círculo de confianza del presidente de la República, es que resultaría mejor posponer ese ajuste salarial hasta que se cumplan las disposiciones de la regla fiscal, es decir, hasta que se alcancen los objetivos de estabilización mínima de las finanzas del país. También, entre tanto, muchos otros temas siguen puestos en cartera. El más reciente, sin duda, la promesa de terminar en unas cuantas semanas con las listas de espera de las mamografías; ello en conmemoración del mes de lucha contra el cáncer de seno, pero también en atención a las resoluciones constitucionales que han urgido varias veces a la CCSS a terminar con el problema no solo de esas, sino de todas las listas de espera. De estos y otros temas conversamos con la presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel.

Es innegable el poder político de los dueños de negocios alrededor de una actividad que debería tener objetivos del servicio público que por naturaleza es. El transporte público colectivo está de nuevo en la mesa de discusión por medidas políticas que, como casi siempre, le resultan favorables. Hemos visto la postergación por décadas de un modelo que priorice el servicio público, el desdén a estrategias como la sectorización o el pago electrónico, el rechazo a otras opciones de transporte y el acaparamiento de rutas en grupos poderosos, por no hablar del rezago del sector en la descarbonización. La última indica que los diputados podrían elevar de 15 a 20 años la vida útil de los autobuses, con la justificación de beneficiar a empresas pequeñas, pero concediéndole también grandes beneficios a los grupos más fuertes, los que mueven a la mayoría de los 1,6 millones de pasajeros cada día. Y las alertas han saltado ya. Mucho tiene que ver con el poderoso lobby autobuseros, pero este es también consecuencia de otros factores. Miramos el tema con el ex viceministro de Transportes Sebastián Urbina, la ingeniera Andrea San Gil, experta en movilidad, y el periodista especializado Andrés Formoso.

La tasa de asesinatos en Limón supera a la de los países del denominado triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) con 33 por cada 100.000 habitantes, el triple del ponderado nacional. Lamentablemente la noticia no sorprende, pero por supuesto preocupa mucho, sobre todo porque lejos de disminuir, este año parece que superará la estadística del 2021. El narcotráfico y el crimen organizado aceleran los homicidios en territorios donde, como sabemos, la pobreza ha preparado antes el terreno con particular énfasis en zonas costeras y fronterizas. No por casualidad es Puntarenas la segunda provincia en tasa de homicidios con 20,8, según cifras del OIJ para lo que llevamos del 2022. El indicador para efectos nacionales es "relativamente estable", según el director del OIJ, Wálter Espinoza, considerando lo ocurrido en los últimos cinco años, pero reconociendo que hay mayores problemas en ciertas zonas, como los cantones de La Cruz y San Carlos, además de las dos provincias costeras, mientras la tasa en San José se reduce por la caída de importantes bandas criminales, de acuerdo con sus explicaciones. Analizamos el momento y las tendencias con Osvaldo Henderson, exfiscal adjunto de Crimen Organizado y consultor internacional en asuntos de tráfico de drogas.

Estilos presidenciales aparte, en Costa Rica es la Asamblea Legislativa la que puede materializar las decisiones políticas de calado, sean urgentes o de largo plazo. Otra cosa es que los diputados no siempre lo hagan con la responsabilidad debida y que en ocasiones sus resultados sean pobres, pero la tarea reside ahí en Cuesta de Moras. Buena parte de ese trabajo corresponde a las fuerzas opositoras, que en la balanza pesan más que el oficialismo desde hace varios gobiernos. De ellas depende casi todo lo que plantea el Ejecutivo, sean 'eurobonos', reforma de la regla fiscal o venta del BCR, pero también las iniciativas que nace ahí en el Legislativo, como el polémico proyecto que estira la vida útil legal de los autobuses. Una de las fuerzas relevantes en esa discusión es la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con sus 9 diputados, ahora enfrentados a discusiones críticas en un momento político en que la población parece demandar más de las bancadas opositoras, para que equilibre los ímpetus del Gobierno, haga la tarea no esté haciendo o para que deje de obstaculizarlo, como señaló una reciente encuesta. Para el repaso obligatorio y las preguntas necesarias, nuestro Hablando Claro con la diputada Daniela Rojas, jefa de la fracción del PUSC.

Costa Rica supera con nota favorable la tercera revisión del FMI al acuerdo de ajuste fiscal, pero el entorno abunda en riesgos y la perspectiva es de una desaceleración de 4,4 puntos en el crecimiento económico al finalizar el año completo 2022, pese al primer semestre positivo. En este escenario, la misión técnica del FMI, que trabajó en las últimas dos semanas, da el "ok" para un tercer desembolso del crédito aprobado en 2021 por un total cercano a los $1.800 millones y abre la puerta para otro paquete de financiamiento, este por $710 millones que provendrían de un nuevo fondo para políticas de sostenibilidad. La luz verde para estos fondos llega de la mano con el señalamiento de la necesidad "urgente" de fortalecer la gestión de la deuda y otras advertencias ligadas al mantenimiento de la regla fiscal, frente a las propuestas del Gobierno de modificarla para tener más holgura de gasto. Mientras, la misión del FMI evita tomar posición sobre el proyecto de privatización del BCR y solo hace unas observaciones generales. Para desgranar el reporte del FMI y conectarlo con las circunstancias económicas, pero también políticas, abrimos micrófono al economista José Luis Arce.

¿Alguien puede prever dónde están los límites para el grupo de poder de Daniel Ortega? A los actos despiadados contra ciudadanos nicaragüenses se suman las acciones de confrontación contra poderes globales como la Unión Europea, al punto de expulsar de Nicaragua a la embajadora comunitaria, o cortar relaciones con Países Bajos, en la última semana. La UE anuncia que responderá de manera "firme y proporcionada" a los pasos desproporcionados del gobierno de Managua; agrega que Managua se aísla al hasta colocarse en posiciones que podrían jugarle en contra, pero el manual de la lógica política parece imposible de aplicar sobre Ortega y los suyos. Mientras tanto, conocemos de la huelga de hambre de la histórica dirigente Dora María Téllez y otros 20 presos políticos, una acción de protesta extrema ante la tortura de la que son víctimas por el aparato represivo de Ortega, a las que no tienen acceso los organismos internacionales de verificación. Es difícil no llamar "aislamiento" a lo que Ortega logra, aunque un discurso de la cogobernante Rosario Murillo celebró hace pocas semanas el valor de la "unidad centroamericana", una referencia en la que conscientemente incluía a Costa Rica también, otrora abanderada de las posiciones de condena contra la dictadura vecina, como indican también notables disidentes que se refugian en suelo tico. Hablar de Nicaragua y es también hablar de nuestra política, queramos o no. Se impone, por tanto, un recuento con análisis de los recientes mensajes de Costa Rica en paralelo a la observación de lo que allá ocurre y sus repercusiones en la comunidad internacional. Para ello recibimos este martes a Carlos Murillo, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, analista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la UCR.

El gran Brasil se enfrentó este domingo en las urnas a una contradicción mayúscula. El retorno de Lula, un símbolo de la izquierda, o la profundización del bolsonarismo derechista, del nuevo populismo y sus consecuencias. Era la vuelta de aquel dirigente del pueblo que ahora arrastra también el peso de los casos de corrupción, o la luz verde para el presidente de formación militar que ha construido su liderazgo a base de confrontación y de exabruptos. Es posible comprender la ansiedad que cundía este domingo en las largas filas de electores, como tampoco es difícil entender la atención que la comunidad internacional da a lo que ocurra en el gigante de Latinoamérica. Su economía, pero también su solvencia democrática están bajo la mira. Las encuestas favorecían a Lula, los cuestionamientos al sistema de conteo electrónico venían de Bolsonaro, el peso de los dinámicos sectores evangélicos era un factor del proceso y lo ha sido también la desigualdad, aunque sería falso afirmar que los ricos apoyaban a uno y los pobres a otro. La probabilidad de una segunda ronda también era cierta, ante la dificultad de que alguno alcanzara el 50 % de los votos válidos que pudieran emitir los 156 millones de ciudadanos. Así caí la noche en Brasil mientras empezaban a contarse los votos. Se esperaba conocer este mismo domingo el resultado, o al menos amanecer este lunes con claridad de un triunfo, sus primeras repercusiones o la extensión de la campaña por cuatro semanas más. Desde la distancia relativa lo miramos este 3 de octubre en nuestro #HablandoClaro de inicios de semana y mes con el analista internacional Carlos Cascante.

Se celebra este sábado 1° de Octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, esa población que en Costa Rica representa el 13% de los habitantes, con un enfoque mundial de "la resiliencia de las personas mayores en un mundo cambiante". Se trata de segmento creciente en Costa Rica, al punto de proyectarse que en el 2050 será un grupo ya no de 663.000 personas, sino de 1,2 millones, en un mundo de cambios acelerados por las tendencias y eventos de choque como la pandemia, tras la cual se proyecta una reducción en nuestra alta esperanza de vida. No es población en el retiro, lo hemos aprendido con campañas de los últimos años y con la realidad de cada día, pero aún falta trabajo para que el resto de la sociedad se amolde a sus aportes y sus demandas, propiciando condiciones de bienestar en lo físico, lo emocional y lo económico. Ese enfoque integral han ido adoptando las autoridades públicas en materia de salud desde el hospital Raúl Blanco Cervantes en alianza con grupos civiles que promueven un activismo en beneficio de los adultos mayores. Con el doctor geriatra Daniel Valerio y la comunicadora María Isabel Solís dedicamos a ello nuestro Hablando Claro.

Grandes expectativas rodeaban en 2008 la creación del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD), en momentos de presiones económicas internacionales y de dificultades de acceso al crédito local regular. Después llegaron años de cierta estabilidad, cuatro gobiernos, una pandemia y los fuertes trastornos para la economía internacional que ahora viven los hogares y los negocios en su cotidianidad. Ahora, con presiones y desafíos mayores que los observados 14 años atrás, el reporte indica que el SBD ha beneficiado con créditos a más de 60.000 unidades productivas, de las cuales un 37 % nunca había tenido financiamiento del sistema financiero nacional. Las pymes, que forman el 97 % del total de empresas, han captado ₡857.000 millones, a pesar de barreras al acceso expedito de los clientes en ventanillas y a pesar de la necesidad de mayores fuentes de recursos y a la necesidad de apalancamiento internacional o de ampliación de la participación de bancos privados. Ahora el SBD debe recibir cambios para adaptarse a los cambios, como tantas de nuestras políticas públicas. Los señalamientos vienen del III Informe de la Comisión Evaluadora, publicado esta semana y de consulta obligatoria para actores decisores, pero también de la opinión pública al tratarse de proyectos productivos de pequeña escala. Miguel Gutiérrez, miembro de la Comisión, nos comparte y dimensiona las conclusiones del reporte en Hablando Claro.

Se llama Orlando Aguirre Gómez y acumula 46 años de carrera judicial, con 30 como magistrado y a estas alturas, con 79 años de edad, toma el cargo de presidente del Poder Judicial en momentos complejos. Está lejos de ser un presidente de consenso. Más parece la opción de emergencia ante las dificultades de un proceso de elección en que la Corte Plena dejó ver muchos otros factores de fondo. Está en juego la imagen del Poder Judicial, la disposición de sus autoridades ante las demandas ciudadanas viejas (los enormes tiempos de espera) y nuevas (la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas, entre otras), en un contexto de fuerte estrechez presupuestaria para todo el aparato público y con un nuevo entorno político alrededor. Con el magistrado Aguirre en su nuevo cargo de presidente y con Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de la Justicia, ahondamos en las circunstancias del Poder Judicial en nuestro Hablando Claro.

En el intento número 19, los magistrados de la Corte Plena lograron elegir a su presidente y del Poder Judicial completo. Tras negociaciones internas, pulsos privados, debate sobre la publicidad de las votaciones y el retiro de la candidatura de Luis Fernando Salazar, la mayoría de votos resultó suficiente para llevar a la Presidencia a Orlando Aguirre, miembro de la Sala Segunda, con una carrera judicial de más de cuatro décadas. Queda conocer el liderazgo de Aguirre y sus planes para el ejercicio del cargo, pero el proceso de su elección, las fuerzas internas y el momento crítico del Poder Judicial se imponen como temas de fondo. Lo sabe muy bien Fernando Cruz, que dejó ese puesto en julio advirtiendo que el futuro no es halagüeño, en alusión a señalados intentos por golpear la independencia judicial y su credibilidad. Con el magistrado Cruz repasamos la elección y sus circunstancias en Hablando Claro.

Viéndose en problemas, Vladímir Putin se sintió en la obligación de doblar la apuesta militar para intentar mantener el equilibrio de resultados en Ucrania, aunque ello parece haber provocado el desequilibrio interno en Rusia, donde abundan las fotografías de cientos de personas tratando de huir a otros países antes de que Moscú los reclute para la aventura de la guerra. Las maniobras de Putin repercuten también externamente, si no que lo digan los alemanes al pagar mucho más cara la energía de sus hogares por la escasez del gas al cortar el ducto ruso, mientras con temor ven venir el invierno y el riesgo de no tener cómo contrarrestar el frío. En otros países cercanos también sienten los efectos aun cuando acontecimientos de otro orden los mantienen ocupados. Por ejemplo, los ingleses aún tantean al nuevo gobierno y la vida "post Isabel II", en Suecia se instala la extrema derecha y en Italia se aprestaban este domingo a conocer a su nueva presidenta procedente de los reductos fascistas. Aquí lo miramos desde una distancia relativa, sabiendo que en Brasil las elecciones del domingo 2 resultan críticas y que en Estados Unidos se procesan los síntomas de la recesión y de las tensiones políticas de cara a las elecciones en el próximo noviembre. Con el doctor Constantino Urcuyo y su lente internacional hacemos nuestro Hablando Claro.

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) está recolectando desde el martes, y durante dos semanas, la información para la tercera revisión del programa de ajuste fiscal aprobado a inicios del 2021. Los técnicos del organismo multilateral, por supuesto, tomarán nota de los cambios que por decreto ha impulsado el gobierno de Rodrigo Chaves sobre la aplicación de la regla fiscal (clave para la contención del gasto), la ralentización del crecimiento económico y las propuestas de acción para reducir el endeudamiento público, llámense “eurobonos” o privatización del Banco de Costa Rica (BCR). Sabrán también que la discusión política entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre estos últimos dos planteamientos, resulta en extremo complicado por los mensajes que emanan de Zapote y aquel difuso anuncio de una renegociación del acuerdo con el FMI, mencionado por el presidente Chaves cuando se supo ganador de las elecciones. Y finalmente se estarán enterando del desencadenamiento de aumentos salariales en las instituciones públicas (no solo en la CCSS) que presionan aún más las arcas hacendarias, aunque parezcan razonables las justificaciones legales y técnicas, en momentos de consolidación del presupuesto del año 2023. Son tiempos de trastornos en un contexto internacional aún más adverso, con la amenaza de una recesión y con los efectos del aumento de la inflación que acá sentimos cada día también. Sobre este panorama conversamos en nuestro Hablando Claro con el economista Gerardo Corrales.

Tendremos que convencernos (todavía más) que toda la infraestructura vial de nuestro país debe considerar los eventos climáticos. Parece innecesario afirmarlo, pero los acontecimientos nos indican que debemos planificar y actuar en consecuencia, si no queremos seguir pagando altos costos económicos y humanos. Nos lo recuerdan las nueve muertes del fin de semana en Cambronero. Factores como la topografía, tipos de suelos, demarcación, uso de las carreteras y mantenimiento se deben considerar para evaluar la vulnerabilidad y, lo más importante, los planes de acción para atender nuestra red vial, observando normas que consideren los factores de la vulnerabilidad climática como una realidad. En ello trabaja el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), cuya ingeniera Ana Luisa Elizondo, coordinadora del Programa de Infraestructura en Transporte, nos acompaña, junto a Olman Vargas, ex directivo de Cosevi y ex director del Colegio de Ingenieros, en nuestro Hablando Claro.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) enfrenta una pronta reconfiguración en su junta directiva forzada por la destitución de Álvaro Ramos y la llegada de su reemplazo, Marta Esquivel, designada como ficha de confianza del mandatario Rodrigo Chaves, que deberá nombrar también a otro representante del Ejecutivo en sustitución del abogado Guillermo Hernández, quien renunció este fin de semana. No se trata solo de llenar cupos. Rodrigo Chaves quiere hacer valer su línea en la institución autónoma donde los sectores patronales y laborales también tienen sus representantes. Se trata de equilibrios en la organización ante un pulso en torno a la activación del aumento salarial de 8.000 colones a la base de los 63.000 empleados, ya irrevocable, según los directivos representantes de los trabajadores. "Era una deuda que tenía la institución con sus trabajadores, que contaba incluso con la firma de Rodrigo Chaves cuando fue ministro de Hacienda", dice José Luis Loría, directivo representante de los trabajadores. En veremos está el margen de maniobra que sobre el tema tenga la nueva presidenta ejecutiva, que llegó este martes a su nueva oficina y que deberá maniobrar para atender los lineamientos de Zapote y al mismo tiempo participar de la negociación imperativa en la CCSS, tanto en la junta directiva como con sectores internos. Sobre el panorama alrededor de la institución conversamos este miércoles con José Luis Loría, directivo representante de los trabajadores y con Pablo Sauma, economista y ex directivo de la CCSS.

La teoría dice que todo comunica y la práctica política lo confirma, sobre todo en gobiernos que se nutren de la imagen personalista de su líder. Es así como hay un mensaje que se pretende enviar cuando el presidente Rodrigo Chaves va a los barrios golpeados por las inundaciones y su comunicado de prensa da el relato de un acto casi heroico, cuando por la emergencia decide cancelar su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas y cuando defiende a toda costa a su ministro de Transportes ante los cuestionamientos sobre la apertura de la carretera Cambronero horas antes de la dolorosa tragedia del sábado con nueve personas fallecidas. También comunica, cómo no, el manejo del reciente aumento salarial a empleados de la CCSS, las advertencias sobre la junta directiva y la destitución que finalmente concretó sobre el presidente institucional, Álvaro Ramos, de una vez reemplazado por Martha Esquivel, que deja vacante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otro directivo de la CCSS renuncia en solidaridad con Ramos, gremios internos anuncian medidas de presión, un foco de crisis parece instalado en la entidad que, además, recibe de Chaves un adjetivo nuevo y atrevido: "quebrada". Independientemente de la atención de las emergencias, de la responsabilidad sobre nuestra descuidada infraestructura, de la situación financiera de la CCSS, o de la justicia salarial, los relatos políticos suelen constituirse en hechos para la comprensión de la población; por eso conviene abordar el momento político desde lo fáctico y desde los mensajes, contexto incluido. Con Iván Barrantes, publicista de la política y estratega de campañas conversamos en Hablando Claro.

Fue destituido el bien reputado presidente de la Caja del Seguro Social, Álvaro Ramos, en una nueva muestra del tipo de autoridad que ejerce el presidente Rodrigo Chaves, en el cierre de una semana de celebraciones patrióticas y de los efectos dolorosos de las intensas lluvias en vidas y en daños materiales, quizás evitables. Pero mirar las noticias no tiene por qué ser un acto de impotencia. Las grandes decisiones pueden estar en las altas esferas, aunque eso no nos excluye de las responsabilidades sobre los cambios que necesitamos en el país para vivir mejor. Hablamos de los valores vigentes de nuestra sociedad 201 años después de aquel desencadenante 1821, pero también de la construcción de país en una perspectiva cotidiana, en el día a día, en lo que sí podemos incidir desde nuestro propio sitio. Se trata de convivencia, de convicción de nuestro papel ciudadano y de sentido de la interdependencia social, a propósito del 15 de septiembre, como apunta el motivador Mauricio Corrales. Con él y quienes tengan el honor de acompañarnos hacemos nuestro Hablando Claro.

Uno de los basamentos más sólidos del estado de derecho costarricense y, por tanto, de su solvencia democrática, descansa en el bloque de legalidad de los derechos de libertad de expresión del pensamiento, libertad de prensa y todos los derechos correlacionados. Casi siempre opera en la dirección correcta. Pero cuando eso no ocurre, es el derecho internacional al que Costa Rica por décadas se ha adherido, el que protege cualquier debilidad o incluso cualquier error de la justicia local. Eso ocurrió la semana pasada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado costarricense por no haber brindado justicia a los periodistas Ronald Moya y Fredy Parrales por haber sido condenados injustamente en la vía civil, debido a unas publicaciones efectuadas en el Diario La Nación. El caso se remonta al 2005 cuando los reporteros dieron cuenta de una actividad ilícita de trasiego de licores en la zona sur del país, en el que estaban aparentemente involucrados dos oficiales de policía que a la postre demandaron a los profesionales por injurias y calumnias. Los tribunales penales absolvieron de toda responsabilidad a los periodistas, pero en la acción civil los condenaron a pagar cinco millones de colones. Y la sentencia fue confirmada por la Sala Tercera Penal. Agotada la vía jurisdiccional del país, La Nación recurrió entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el año 2020 les dio la razón. Fue así como el caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en sentencia de mayo pasado, dada a conocer el 6 de setiembre, confirmó por unanimidad que Costa Rica violentó la libertad de expresión al haber condenado civilmente a Moya y Parrales. Y por esta sentencia, el estado no solo deberá indemnizar por daños inmateriales y gastos a los afectados, sino que tendrá que dejar sin efecto la condena en la sede nacional. Esta es apenas la segunda vez que la CIDH sanciona al país por violar la libertad de prensa. Lo había hecho también en el 2004. Pero el contexto hoy es muy diferente y la sentencia entonces deviene en especialmente relevante y pertinente para el ejercicio periodístico. Con Yanancy Noguera, directora del programa de formación de periodistas Punto y Aparte y el abogado especialista en Derecho a la Información, Rodolfo Brenes Vargas, lo conversamos en Hablando Claro.

Con nuestro legado a cuestas, con todos los logros y las orgullosas victorias de lo que hemos alcanzado, siendo como somos en nuestra diversidad, en nuestra propia pequeña y rica multiculturalidad. Y también, no puede ser de otra manera, con nuestras vulnerabilidades, y esas grietas divisorias que nos ponen cuesta arriba la consecución de más y mejores estadios de desarrollo para el mayor número. Viendo un poco atrás en nuestra historia, nos preguntamos, ¿si pudimos hacer tanto conjuntamente por qué ahora sentimos que se nos dificulta más entendernos? Reflexiones de Vida Patria, este jueves 15 de setiembre, con el historiador y analista Vladímir de la Cruz de Lemos. A las 8 a.m. en la 98.7 F.M. de Radio Columbia, una frecuencia que hace parte, orgullosamente, de la deliberación democrática bajo el cielo azul que nos cobija.

La exportación de piña representa el 1.7 % del PIB anual. Los productores del 80 % del área total del cultivo de la fruta están agremiados en la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y todos ellos renunciaron en los últimos días a su organización matriz, la Cámara de Exportadores, CADEXCO. ¿Y qué relación guarda este hecho con la abrupta salida de la hoy exministra de Agricultura y expresidenta de los exportadores, Laura Bonilla? Aunque no han trascendido de manera oficial los motivos de esta crisis de representación en el sector, los hechos apuntarían a que en la pasada asamblea general de CADEXCO el martes 30 de agosto, se produjo una intervención subterránea de la Ministra de Agricultura en las elecciones internas. El único candidato anunciado para la presidencia era el hasta entonces presidente interino Luis Fernando Quesada Cogui quien había sido el vicepresidente de Bonilla y asumido temporalmente el mando tras el nombramiento de la empresaria como titular del MAG. La sorpresa se produjo cuando irrumpió en la escena una candidata que a la postre fue electa esa noche y que no se había postulado inicialmente. El problema no fue que hubiese aparecido una aspirante de última hora (aparentemente impulsada por Bonilla) el problema es que la asamblea fue “amañada” dijo Quesada en declaraciones que dio al medio sancarleño La Región, porque hubo afiliaciones sorpresivas en pocas horas y poderes delegados a terceros para votar, “es como que usted tenga 15 cédulas y pueda votar 15 veces”. Prácticamente, un "chorreo de votos" por eso, aseguró, a las puertas de concretarse la jugada, anunció el retiro de su postulación para no hacerse parte de la estratagema. “Puede ser legal… Pero no es ético ni moral y por eso no puse mi nombre…” Varios de los agremiados de Cadexco no aceptaron lo sucedido y terminaron por retirarse de la organización. Según ha trascendido, en estos días no solo se desafiliaron los piñeros de CANAPEP, sino también cafetaleros, industrias de alimentos y bebidas, de exportación de implementos médicos y de servicios. Lo paradójico de todo es que ahora el control de la cámara lo tienen los piñeros que están fuera de CANAPEP. El hecho es que tras esa convulsa asamblea del 30 de agosto y la consecuente separación de cámaras agremiadas,10 días después se produce la salida del gobierno de la señora Bonilla. La pregunta es ¿cayó la ministra por haber intervenido en asuntos gremiales que no eran ya de su competencia? ¿Sabía el Ejecutivo lo que estaba haciendo su ministra o más bien la invitaron a dejar la cartera una vez enterados de lo sucedido? Sobre las implicaciones del cisma en Cadexco conversamos con Abel Chaves, presidente de CANAPEP.

En el Poder Judicial, el hecho noticioso de la coyuntura es que tras 15 rondas de votación en los últimos 3 lunes, los 22 miembros que integran la Corte Plena no pudieron designar a su nuevo presidente. Sin entrar a dirimir cuánto le cuesta este largo proceso al Poder Judicial y cuántos asuntos relevantes están quedando relegados por este nudo gordiano en el que están trenzados los cuatro aspirantes que quedan en el juego (el quinto se retiró tras el primer round) lo cierto es que esta elección dejó al descubierto un asunto mucho más estructural: la transparencia en el procedimiento de votación de ese órgano colegiado. Resulta que en lo que atañe a la Asamblea Legislativa sí ha habido muchísimo énfasis en transparentar las elecciones (y mejorarlas también) de magistrados y otros altos cargos de la función pública y eso se logró recientemente gracias a que finalmente al proyecto en cuestión le llegó su hora de madurez, para decirlo en positivo. Para decirlo de otro modo, era imposible ya sostener el secretismo en el Primer Poder de la República para escoger a los más altos jueces, así como a los integrantes de la Contraloría, la Defensoría y otros tantos. Pues pareciera que ese momento ya le llegó a la Corte Plena. Más allá de que no hayan logrado escoger a su nuevo presidente, los magistrados encaran ahora el desafío de abrirse al voto público, pero resulta que ha imperado la tesis jurídica de que eso no podía hacerse con una simple muestra de voluntad política, sino que la tesis reinante indica que es imposible (¿?) desaplicar una norma que data de 1947 y que expresamente manda a los magistrados a escoger en secreto. Por eso el Magistrado Paul Rueda propone arreglar el problema de raíz. Aunque sea tardíamente. Propone que, por un lado, la Sala IV dirima si esa norma es inconstitucional para poder desaplicarla; es decir, para sepultarla correctamente. Al mismo tiempo, propone que se redacte un proyecto para que la misma Asamblea Legislativa enmiende el secretismo judicial mediante una nueva ley. Con el Dr. Rueda Leal nos acercamos a este tema relevante.

Pocos asuntos pueden resultar tan dolorosos y traumáticos, familiar y socialmente, como el suicidio. Las explicaciones desde la psicología, la psiquiatría y la antropología, sin duda nos acercan a la comprensión de este fenómeno presente en la civilización humana desde sus inicios mismos, claro. Pero todas ellas no logran llenar el profundo sobresalto emocional que implica el suicidio. En pocas palabras, no hay una manera racional de asumir la decisión de un ser humano de poner fin abruptamente y por voluntad a su existencia; sobre todo cuando hablamos de proyectos de vida en (aparente) pleno desarrollo. El suicidio es pues siempre una gran interrogante que deja sin respuestas y con muchas cicatrices a las personas que quedan desoladas frente a la auto desaparición de un ser amado. Por años, hablar del suicidio fue considerado un tabú. Es más, se decía que al hacerlo se legitimaba su práctica y por ello, había que guardar silencio frente a esa realidad. Hoy no. Hoy la Organización Mundial de la Salud plantea un abordaje abierto y frontal frente a este drama de la existencia. Por eso, cada 10 de setiembre se dedica en el mundo entero a la prevención del suicidio. Y este año, el lema es "Crear esperanza a través de la acción". Más allá de las frías estadísticas, (este año las llamadas de auxilio han crecido significativamente en el 911 respecto del 2021) debemos encarar un tema difícil, que nos plantea consideraciones morales, tanto como desafíos de acción colectiva, para enfrentar un problema urgente de salud pública. Con el psicólogo Milton Rosales conversamos en Hablando Claro.

Se suponía que la ampliación y modernización de la esperada carretera San José- San Ramón debía empezar en marzo del próximo año y estaría lista antes de concluir el 2026. Pero a inicios de este mes, el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, anunció que el Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, acordó dejar fuera de ese proyecto al Banco de Costa Rica, que justamente es la entidad que ejecuta el Fideicomiso que se constituyó para esa obra, tras el traumático cierre del proyecto allá por el año 2012. Es decir, cuatro administraciones atrás, cuando un levantamiento de grupos organizados obligó a la presidenta Laura Chinchilla, a rescindir el contrato con el que una firma brasileña se había comprometido a hacer la carretera, hoy -una década después- hay un nuevo giro de tuerca en la historia. Hasta ahora el llamado Fideicomiso Ruta 1 ha ejecutado una parte de las denominadas obis (obras impostergables) que se calificaron como parte de una fase previa antes de entrar de lleno en la modernización de esa vía de 60 kilómetros. Pero de acuerdo con el jerarca del MOPT, ya está listo el borrador de una nueva adenda que ajustará el alcance de la obra y le quitará al BCR la parte integral del proyecto, por lo que el Fideicomiso terminaría solo la fase preoperativa (ampliación de puentes y construcción de intercambios). No conocemos las razones de fondo que privaron para tomar esa decisión, pero independientemente de ello, la consideración que nos asalta es ¿cuánto tiempo más se atrasará el proyecto debido? Después de todo, aún no se sabe mediante cuál figura contractual se continuaría la obra. El caso de San José San Ramón, es solo uno de los muchos y consabidos cuellos de botella de nuestra enorme e histórica limitación (incapacidad) para terminar lo que empezamos y avanzar hacia el desarrollo. Ahí están como botones de muestra muchos otros proyectos y obras inconclusas, aunque claro, el más traumático seguramente debe ser el de la nueva carretera a San Carlos. Medio siglo de espera. ¿Por qué seguimos tropezando en las mismas piedras? ¿Por qué países como Chile o Colombia (solo para citar dos casos) han logrado madurar tanto sus modelos de concesión de obras y nosotros seguimos empantanados en los mismos ejes? Para tratar de entenderlo, conversamos con Federico Villalobos, economista, especialista internacional en materia de concesión de obras y en alianzas público privadas.

Para el último trimestre del año, el gobierno otorgará un subsidio económico a familias en condición de pobreza extrema por 180 mil colones a razón de 60 mil colones mensuales. Es un pequeño aporte del estado a la manutención de miles de personas que no han recibido ayudas estatales y que habitan en hogares en los que no alcanza el dinero para las necesidades mínimas, especialmente en los que viven adultos mayores, menores de edad, personas en situación de discapacidad y jefatura femenina. Esta política de ayuda social es impulsada por todos los organismos económicos internacionales dados los fuertes impactos en cadena ocasionados por una sucesión de crisis, como lo advirtió la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que apuntó como eventos más recientes tras el crack financiero del 2008, las tensiones económicas y políticas con China, la pandemia y la guerra en Ucrania. En el caso de nuestra región, la conjunción de varios factores como los impactos negativos en el comercio internacional, el aumento de los precios de combustibles y fertilizantes y el lento crecimiento del empleo -solo para citar algunos- conducirán a una mayor tasa de desocupación, especialmente a las mujeres. Todos los indicadores proyectan que este año en América Latina habrá un aumento significativo de personas en pobreza (de 32 a 33 o 33.7) y en pobreza extrema (de 13.8 a 14.5 o 14.9), tanto que ocho millones de ellos caerán en inseguridad alimentaria; de ahí el llamado para el establecimiento urgente de los subsidios, entre otras políticas de atención a esta crisis social. Lamentablemente, Costa Rica no podrá escapar a esta realidad. De acuerdo con los escenarios proyectados por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (CPCE) en el menos gravoso de esos escenarios, la pobreza extrema en hogares crecerá casi tres puntos porcentuales respecto del 2021 (de 6,27 a 9.06) y la pobreza total pasaría de 23.02 a 25.01. En el caso del número de personas, la pobreza extrema pasaría de 7.31 a 10.51 y en pobreza total aumentaría casi dos puntos (de 26.22 a 28.11). Esto, si las condiciones del ingreso se mantienen iguales, la inflación no crece más allá que lo que creció de enero a julio y hay generación de empleo. Por eso este sería el panorama menos dañino. Pero lamentablemente hay proyecciones mucho más pesimistas. Analizamos el entorno y la coyuntura con el Dr. Ennio Rodríguez, Presidente del CPCE.

La Asamblea Legislativa no solo aprobó esta semana un presupuesto extraordinario urgente que había quedaron debiendo los anteriores diputados, sino que debe abocarse con prioridad a dos temas insoslayables por perentorios y obligatorios: la aprobación de los eurobonos y el trámite y ulterior autorización del plan de gastos para el año 2023, con todo y las condicionantes o laxitudes de la regla fiscal en plena ejecución. Obviamente, no faltan las tareas del ejercicio de control político y esta semana no solo se aprobó -en contra del voto de los oficialistas- la creación de la comisión especial que investigará el financiamiento electoral de la pasada campaña, sino que tuvo lugar una interpelación de tres horas a la Ministra de Salud Jocelyn Chacón. De todas estas vicisitudes parlamentarias conversamos con el experimentado analista y politólogo Daniel Calvo.

Seguimos con la agenda puesta en los temas internacionales. A una semana de la muerte del líder mundial y Premio Nobel de la Paz, Mijaíl Gorbachov (91 años) nos acercamos a la figura de este hombre que cambió en gran medida el curso de los acontecimientos que derivaron en el fin de la guerra fría con la caída del Muro de Berlín (el derrumbe de las dictaduras del este europeo), el retiro de las tropas rusas de Afganistán y el desmembramiento de las antiguas repúblicas que formaron la unión soviética. También firmó un histórico tratado de desarme nuclear con Ronald Reagan. Probablemente con la vertiginosidad de los acontecimientos del día a día no dimensionamos la historia reciente. Lo cierto es que Gorbachov fue el artífice de esos y otros cambios que tuvieron profundas repercusiones internacionales y domésticas, como las políticas de la Perestroika (reestructuración) y de la Glasnost (transparencia) que tiraron abajo el sistema totalitario de Lenín y Stalin. Gorbachov mostró siempre aversión al uso de la fuerza para resolver conflictos políticos, razón por la cual la Primera Ministra británica Margaret Tatcher veía en él un aliado en la construcción de confianza, pese a sus abismales diferencias ideológicas. Y hablando de la primera Ministra del Reino Unido, justo este martes avanza el proceso para la instalación en las próximas horas de la nueva líder y sucesora de Boris Johnson, la exministra de exteriores Liz Truss de apenas 47 años y una vastísima experiencia política. La líder conservadora, que le ganó la elección a su compañero, el exministro de economía Rishi Sunak, deberá enfrentar una situación interna complejísima, con una inflación que podría llegar al 18% y altos costos de energía, que no le darán tregua más que para formar gobierno. De la encrucijada del otrora socio de la Unión Europea y el contexto económico también afectado por la guerra que lleva adelante Vladímir Putin, el autócrata que arrasó con el legado de Gorbachov, conversamos con el ex embajador de Costa Rica en Londres y ex Canciller de la República, Enrique Castillo.

Contundente. Un adjetivo que describe a prueba de cualquier relativización una decisión inobjetable. Contundente fue el resultado de la consulta en las urnas mediante la que prácticamente 6 de cada 10 chilenos rechazaron este domingo de plano la propuesta de una nueva constitución política. Una reprobación mucho mayor de lo que los últimos sondeos de opinión pública advertían. Es decir, la sorpresa no fue la objeción, sino el margen abultado de la reprobación. Contundentes también son las exigencias del momento y por ello en la lectura del presidente Gabriel Boric, que esperaba un resultado favorable a la propuesta para poder empezar a gobernar, “el camino a una nueva constitución no será obstáculo para dar respuestas a las exigencias inmediatas”. Pero el costo vendrá. La conformación del gabinete será revisada. Y el camino restante a la vía de una nueva constitución habrá que retomarlo. Y en medio de la campante polarización que -más que menos- marca nuestras democracias, la urgencia, como dijo el joven mandatario chileno, es que la sociedad pueda encontrar sus derroteros comunes. En sus propias palabras, si los chilenos lo hicieron antes en condiciones tan difíciles, el desafío es hacerlo ahora. “Volveremos a encontrarnos”, dijo. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a esta derrota del proyecto de nueva constitución? ¿Cuáles ahora los márgenes de maniobra para la gobernanza de un Ejecutivo tan nuevo y maniatado? ¿Cuál el ánimo social y político para emprender la redacción de un nuevo texto constitucional que por fin deje atrás la carta magna que emanó de la dictadura y que no sea el producto de un traumático levantamiento social como el ocurrido en el 2019? En Hablando Claro conversamos desde Santiago de Chile con Fabricio Franco, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y desde San José con el periodista Eduardo Ulibarri.

Ahora sí que las preguntas y las dudas respecto del futuro inmediato de la revisión técnica vehicular en el país, saltan por docena. La cuestión se pone complicadísima luego que el grupo sueco Opus acudiera a la Contraloría General de la República a objetar la decisión del Ministro de Obras Públicas y Transportes y del COSEVI de otorgarle el permiso de uso en precario a la competidora alemana Dekra. Imposible que no fuera Opus a quejarse. Tuvo más puntos de calificación (97 % vrs 90 %) y cobró menos por la primera inspección (6,157 vrs 7,284) y también menos por la reinspección por defectos múltiples (3,150 vrs 4,471). Y aun así no fue la escogida. Pero eso no es todo. Aquí no hablamos de una simple apelación que debe ser resuelta para no dejar al participante en la indefensión jurídica. Resulta que la Contraloría General de la República insiste en no involucrarse en el asunto, argumentando que solo es competente para conocer en vía recursiva la materia de contratación pública. ¿Y de qué estamos hablando en cuanto a este permiso de uso en precario sino de un contrato para explotar instalaciones y equipos millonarios que ahora son propiedad de la Hacienda Pública? ¿Se pueden brincar entonces los controles de la contratación con solo ponerle a un cartel "permiso de uso en precario" o cualquier otro nombre? Recordemos que en su día la Procuraduría (abogado del Estado) había dicho que el tema era resorte del órgano contralor, pero el órgano contralor ha decidido -pareciera que por un tecnicismo- no comerse la bronca. De hecho, señaló que ante controversias (justo como la que ahora estamos viendo) los involucrados tendrían que ir a un Contencioso Administrativo ¿Se imaginan? La cuestión es que sería lógico y de sentido común pensar que OPUS no se quedará de brazos cruzados y no aceptará un portazo en la nariz de la Contraloría, que fue lo mismo que le sucedió semanas atrás al consorcio español Riteve cuando fue a objetar los lineamientos del concurso que ahora parece estar en veremos. ¿Está viciado de nulidad el permiso concedido? ¿Puede explicar el MOPT con fundamento por qué le dio el permiso de uso de las instalaciones públicas a un consorcio que cobró más caro que OPUS? ¿Cuál será el siguiente pasó? Y más aún, ¿para cuándo la reanudación de la revisión técnica vehicular en el país? Conversamos este viernes con Olman Vargas, fugaz directivo del COSEVI que se negó a aprobar a ciegas la adjudicación y con Christian Campos, especialista en contratación administrativa.

Una historia que se repite. Aquí estamos otra vez conociendo sospechosos movimientos financieros de partidos políticos durante su campaña electoral. Los dineros, las posibles donaciones ilegales, el presunto arribo de capital extranjero, indicios de estructuras paralelas y las justificaciones que ofrecen los responsables. Repasemos: partidos condenados por manejos ilícitos de financiamiento electoral (Movimiento Libertario y PAC), con procesos judiciales avanzados (figuras del Partido Liberación Nacional), con sentencias pendientes (Accesibilidad sin Exclusión) y con el recuerdo de estructuras paralelas con lazos en Panamá (PUSC, antes de las reformas legales que endurecieron controles y sanciones). Hoy el foco de la noticia está puesto en el novísimo Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves. La diferencia ahora es que todo empezó a investigarse casi en tiempo real, incluso antes de las elecciones de abril. El expediente en el Ministerio Público contiene ya el informe emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que señala un "esquema oscuro de financiamiento" y ahora conocemos también el contenido del audio del tesorero de esa campaña y hoy vicepresidente, Stephan Brunner, con otros elementos que dan para más preguntas. La Asamblea Legislativa, mucho más tímida que las anteriores, igual fragua una propuesta para abrir una comisión investigadora de las finanzas del PPSD y otros, pero esa opción podría disiparse en el estira y encoge político. ¿Pueden todas las bancadas lanzar una primera piedra? Con el director del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, miramos la formalidad del proceso de financiamiento de los partidos y con el politólogo Sergio Araya vemos el contexto político y los mensajes que dan los actores.

Repletos. Así están los salones de internamiento dedicados a pequeños pacientes con males respiratorios en el Hospital Nacional de Niños. La crisis se viene agudizando desde hace semanas debido tanto a Covid-19 como a otras infecciones respiratorias y este martes la ocupación de camas llegó al 102 %. Según confirmó la directora del centro infantil, hay 81 chiquitos internados, de los cuales 12 tienen Covid-19 y 69 otros virus. De ese total de niños, 16 están graves, es decir en condición muy delicada (4 con covid crítico y 12 no covid) Se trata, por tanto, de un pico de infecciones respiratorias agudas graves multicausales que obligó a poner en marcha un plan de contingencia para ampliar la disponibilidad de camas para la atención de aquellos que se complican. Algo muy relevante, según nos explicó la Dra. Arguedas es que “es la primera vez en la historia que nos toca un pico respiratorio simultáneo por covid, asociado a un pico por otros virus respiratorios que nunca habían sido los protagonistas principales”. El asunto es que antes del 2020 teníamos infecciones respiratorias en el segundo semestre del año en niños de hasta dos años por virus sincitial (o sincicial). Eso se aplacó por las regulaciones de protección en los años 20 y 21, pero ahora con la liberación de medidas, se produjo una explosión de otras infecciones respiratorias en asocio con el impacto del Covid-19 en niños no vacunados. ¿Cuáles son las medidas concretas a implementar para proteger a los más chicos hoy tan vulnerables? Tomando en cuenta que la temporada de lluvias se advierte tan severa para los próximos tres meses, ¿la situación podría empeorar? ¿Por qué muchos padres decidieron no vacunar a sus hijos pequeños, incluso estando ellos ya vacunados? Y para las otras infecciones respiratorias no covid, ¿sirven los mismos protocolos que aprendimos? ¿Qué más podemos hacer desde las familias, los centros de enseñanza y las comunidades? Todas las preguntas sobre los padecimientos respiratorios de los más pequeños, las evacuamos con la Dra. Olga Arguedas, Directora del HNN.

Mientras el Poder Judicial prolonga el pulso interno para la elección secreta de su presidente y en la Asamblea Legislativa empiezan a mostrarse algunas bancadas opositoras, en el Ejecutivo el presidente Chaves propuso días atrás privatizar el BCR y vender casi la mitad de las acciones del INS, como un anuncio estrella en el discurso de los 100 días. No dio mucho más detalles que la probable cuantía del impacto en las cuentas públicas y, como era de esperarse, dejó activada una nube de argumentos, dudas y prejuicios alrededor de la conveniencia y la intencionalidad. Sirve para ir conociendo, al menos por partes, la visión que sobre el modelo de nuestro Estado tiene el nuevo gobierno, en espera del Plan Nacional de Desarrollo, aún en fases de confección. Ocurre también con las colocaciones de bonos de deuda exterior llamadas "eurobonos", que por un monto de 6.000 millones de colones solicita autorización el Ejecutivo ante el Legislativo, donde no faltan el escepticismo y las razones para oponerse o transar un monto menor. Está ya en negociaciones un tema que abarca algo más hondo, la solvencia de nuestras finanzas públicas en tiempos de tanta presión económica y social, que aumenta la tentación política de romper las reglas de contención de gasto. Los invitamos a nuestro Hablando Claro con el expresidente del INS y exministro de Hacienda, Elián Villegas.

“La independencia judicial es un espejismo”. No frágil. No vulnerable. Si no un espejismo. Y no lo afirma cualquier persona. Lo dice la ex magistrada suplente y actual Ministra de Trabajo, Marta Esquivel, en un artículo de opinión en Delfino.cr. Lo dice, explica, con conocimiento de causa, pues pagó el precio de actuar con independencia y fue denostada por ello. Y ahora decidió dar un paso adelante. ¿El momento? La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia fijada para este lunes en la sesión ordinaria habitual de ese intrincado amasijo de intereses que es la Corte Plena. Compuesta por 22 magistrados, cinco se postularon para tomar el mando. Dícese que algún aspirante solo se nomina para sacar algún provecho del juego de cartas. Dícese de un par con tales ambiciones de poder que se anulan una al otro. Es lo de siempre, porque en la cúpula judicial nada cambia. O si queremos ser magnánimos, todo cambia de a poquitísimo. ¿Qué los otros poderes están debilitados o incluso están más maltrechos? Probablemente. El problema es que la Corte Suprema de Justicia es la columna vertebral de todo el sistema. También de cara a esta elección, la Asociación Costarricense de la Judicatura, urgió a los aspirantes a externar sus compromisos y posiciones en nueve aspectos fundamentales, entre ellos, el sistema de elección de magistrados suplentes y propietarios en la Asamblea Legislativa y las reformas pendientes al mismo Poder Judicial que se plantearon tras la crisis “sin precedentes” que sufrió el estamento de justicia en el 2018. ¿Será posible que circule un aire más limpio y fresco en los pasillos de la Corte, o este será un lunes más de concreción de matráfulas de acceso al poder por el poder? ¿Por qué es tan importante airear la Corte y avanzar en todo lo que se requiere avanzar para mejorar la forma de impartir justicia y elegir a los altísimos cargos de la judicatura? Extraemos lecciones con una jurista de experimentada talla internacional. La ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio Benito.

Seis meses de guerra. Seis millones de desplazados. La invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto bélico más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, cumplió su primer semestre. Seis millones de desplazados, unos 15,000 muertos ucranianos entre civiles y soldados forman parte de las frías cifras. Y del lado de las fuerzas invasoras, imposible saberlo a ciencia cierta porque Moscú guarda reserva absoluta. No obstante, la BBC de Londres apuntó este jueves que “funcionarios occidentales dicen que entre 70,000 y 80,000 soldados rusos han muerto o resultado heridos”. Por supuesto, las pérdidas materiales son gigantescas. The New York Times señaló que los destrozos superan los 113 mil millones y que se requerirá casi el doble de esa cantidad para la exhaustiva tarea de la reconstrucción de Ucrania. Pero para eso, primero habrá que llegar al cese de los enfrentamientos primero y a los acuerdos definitivos del término del conflicto y esa salida no se vislumbra aún. La guerra en Ucrania llegó a cambiarlo todo. Putin creyó que sería una operación de tierra arrasada. Y no fue así. De hecho, se dice que busca reclutar casi 140 mil soldados más para enero; lo que advierte guerra plena en invierno. En tanto, la invasión ha establecido condicionantes de carácter geopolítico y consecuencias en el panorama económico. De todos esos elementos conversamos con el analista internacional Carlos Cascante.

Levantar el velo del secretismo en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros altos cargos de la administración pública, como decidió al fin la Asamblea Legislativa, es sin duda alguna un paso dirección correcta. Pero es un paso insuficiente. También resulta prioritario mantener el dedo en el renglón para que se transforme el proceso de donde salen esos aspirantes con procedimientos no solo transparentes sino también rigurosos. Rigurosos en términos de idoneidad de las candidaturas, de la rendición de cuentas de la gestión de los propios diputados y de la implicación insoslayable de la sociedad civil en la veeduría de esos procesos. Implica, por supuesto, observar parámetros internacionales (mejores prácticas) a los que hasta ahora se han resistido los poderes políticos, muchas veces para excluir de los procesos de selección a los jueces más idóneos. Lo que genera desestímulo y como consecuencia baja el listón de las nominaciones, lo que a su vez deteriora la calidad en la aplicación de la justicia. La otra cara de la moneda de este desafío es lo que sucede en la propia Corte Plena. Primero, con la falaz argumentación de no participar de manera seria, responsable y abierta con los criterios necesarios para promover el establecimiento de reglas de idoneidad dizque porque eso solo le compete al poder legislativo, cuando en la realidad varios de sus magistrados participan con sus vasos comunicantes por debajo de la mesa impulsando candidaturas dóciles o, por el contrario, intentando vetar jueces o magistrados de criterio independiente. Y para poner la cereza en el pastel, esa Corte Plena de 22 integrantes, donde 12 tienen el poder de designar secretamente importantísimos cargos como los jueces 4 y 5 de la estructura, la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, en estos días están trenzados en una lucha en la que cinco de ellos (prácticamente la cuarta parte) pujan por asumir la Presidencia del Poder Judicial. Con Marcia Aguiluz y Manuel Solís Avendaño, integrantes de la organización no gubernamental Foro de la Justicia, conversamos, como todos los años, acerca de la imperiosa necesidad de mejorar la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Resuelto el tropiezo de Hablando Claro con la conectividad, nos asomamos de nuevo a nuestra ventana de opinión este miércoles con el politólogo Jesús Guzmán, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, que publica en las próximas horas un estudio sobre la altísima popularidad del Presidente Rodrigo Chaves y otras aristas de la coyuntura nacional. Y precisamente en referencia al Mandatario y el partido de gobierno, Progreso Social Democrático, este martes fue un día de revelaciones, pues trascendió que el Tribunal Supremo de Elecciones habría remitido al Ministerio Público la documentación sobre el financiamiento de la campaña electoral de la agrupación política y en ese expediente, de 150 páginas, el TSE establece “indicios suficientes de un esquema oscuro de financiamiento”. Se trata de dos causas que corren en paralelo. La primera por donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras a un fideicomiso constituido por el ahora Presidente, el actual Canciller y el empresario Jack Loeb y la segunda estructura manejada desde las cuentas bancarias de la hija del diputado oficialista Waldo Agüero que habría recibido 195 mil dólares procedentes de las cuentas del banquero Loeb. Precisamente el Banco de Costa Rica reportó en su momento al Tribunal Electoral “operaciones sospechosas” por 150 millones de colones en el flujo de dineros hacia la campaña de Progreso Social, aparentemente de una persona extranjera, lo que está prohibido en nuestra legislación. La investigación que inicialmente ha llevado adelante la Fiscalía Anticorrupción ahora deberá ser manejada directamente por la Fiscalía General dada la investidura de los indagados. Pero, ¿qué efecto tiene ese aparente negociado y de qué magnitud en la opinión pública, cuando el Mandatario goza de niveles de popularidad elevadísimos? ¿Qué dice el primer estudio de opinión pública que presenta el CIEP este miércoles?

Como en la política en las formas va el fondo, una de las tareas más desafiantes que tendrá Juan Carlos Hidalgo como nuevo Presidente del Partido Unidad será intentar convencer para derribar las murallas que convirtieron a esa agrupación, desde hace mucho tiempo atrás, en una federación de 7 provincias, dedicada a (y conforme con) escoger diputados cada cuatro años, cuyo único norte común parece ser la agenda propia y personal de sus integrantes. Pero mientras eso ocurre y para maniobrar con la bancada parlamentaria de nueve miembros que los representa en este cuatrienio, Hidalgo también deberá invertir mucha energía en convencerlos para que adopten posiciones como equipo (dificilísimo) en los grandes temas nacionales, según los principios programáticos de la carta social cristiana, pero que de acuerdo con el nobel presidente, no ha logrado traducir su manual en propuestas concretas. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas y relacionista internacional que vivió 14 años en Washington, regresó al país en febrero del 2020, decidido a obtener una curul en el PUSC. “Lo hice porque me cansé de ver los toros desde la barrera y porque quiero tener un impacto en la toma de decisiones a nivel nacional”. Sin embargo, no pudo alcanzar la curul precisamente porque el tinglado de la provincia de San José (donde reside) no se lo permitió y lo ubicó en un inalcanzable tercer lugar. Lo cierto es que ahora, va de nuevo y se compra la batalla de intentar remozar un partido que no gobierna desde que Abel Pacheco fue Presidente (2002-2006) y que debe desmontar una estructura añeja, pero muy fuerte de intereses territoriales y en ello también van las municipales del 2026, por cierto. En Hablando Claro conversamos con este sancarleño de 42 años que liderará el PUSC en los años por venir.

La discusión y aprobación legislativa sobre la imperiosa eliminación de las votaciones secretas nos hizo voltear la mirada esta semana también a Cuesta de Moras y no solo a Zapote, que concentró buena parte de la atención de la semana. Era hora de que se movieran los ya no tan nuevos diputados con una discusión de fondo y, por tanto, de que el público conozca al menos parcialmente cómo piensan y cómo transan, sin que falten los episodios teatrales o bochornosos. El debate llegó en los primeros días de las sesiones ordinarias, después del desaprovechado trimestre en que el Ejecutivo mantuvo el control de la agenda. Ambos poderes estaban conociéndose y acomodándose, podemos coincidir, aunque sin duda el Ejecutivo lleva la ventaja en el posicionamiento mediático. O más bien, el presidente Rodrigo Chaves como figura, más que el Gobierno mismo. La celebración de los 100 días todavía da para el análisis contextualizado y contrastado con lo que ha ocurrido en esta nueva "era", como la llama el mandatario. Conviene comentar su estilo de lanzar propuestas chispeantes o las medidas que ameritan cuando menos una revisión con las leyes y los datos. Con la mirada en los acontecimientos de la semana, pero con el seguimiento estudioso a los últimos tres meses, nos acompaña este viernes el politólogo Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la UCR.

Las tareas que pesan sobre los hombros del ministro de Hacienda en Costa Rica -seguramente como en casi todos los países latinoamericanos- son gigantescas. Para don Nogui Acosta, terminar de cerrar la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior y lograr el mejor acuerdo posible en la aprobación de los millones de eurobonos que requiere para hacer frente a los vencimientos de deuda que están a la vuelta de la esquina, son tan solo dos de su lista de "pendientes" de agosto. El primero de setiembre deberá entregar al Congreso el plan de gastos para el próximo año y defenderlo tanto en Hacendarios como en el Plenario. También el presidente de la República, estampó en su lista de objetivos anunciados el martes, con motivo de los 100 días, un puñado de metas generales a las que Hacienda deberá definirles planes de acción y fechas de cumplimiento: evasión, fraude fiscal y corrupción van de la mano con la implementación de “Hacienda Digital”, un proyecto largamente esperado en el país. Otra iniciativa pendiente y necesaria es la aprobación de renta global, que requerirá ardua negociación política. Por algo nunca se ha podido antes. El Mandatario también ofreció medidas para contener el crecimiento del gasto público. Algo que todos los gobiernos nos ofrecen y cada vez es más difícil cumplir. Y en cuanto a la gestión de deuda, además de los eurobonos, también se pretende abrir el mercado local de deuda en mercados internacionales, así como la creación de una Oficina de Gestión de Deuda Pública. ¿De qué se trata esto último y cómo contribuiría a aliviar nuestras congojas? Son algunas de las preguntas que nos ayudará a evacuar el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Cuando dijimos ayer que el martes sería un día lleno de hechos relevantes nos quedamos cortos. Hubo de todo. En el contexto de la celebración de los 100 días de gobierno, el Presidente Rodrigo Chaves anunció, entre otras acciones, la venta del Banco de Costa Rica y del Banco Internacional de Costa Rica, BICSA, así como la apertura del 49 % de las acciones del Instituto Nacional de Seguros para que los fondos de pensiones inviertan en ellos. Durante la mañana la noticia destacada había sido el acuerdo preliminar entre los ministros de gobierno con los rectores de las cinco universidades públicas (la denominada comisión de enlace) para darle impulso a la negociación del presupuesto de la educación superior para el año entrante, luego -claro está- de una manifestación multitudinaria que no se veía hace tiempo en el país. La negociación continua este miércoles y el hecho fundamental es que la asignación del 2023, será como mínimo la misma del año en curso. Donde no hubo acuerdo, si no mucho desencuentro fue en la Comisión de Económicos del Congreso en horas de la tarde. No se votó finalmente la propuesta para darle una autorización al Ejecutivo por seis mil millones de dólares para salir al mercado internacional en busca de recursos. Mientras Liberación, Frente Amplio y el Liberal pugnan por un aval de $1.500 millones por año, Nueva República y los oficialistas avalan una propuesta de la socialcristiana María Marta Carballo para permitir de una sola vez los polémicos seis mil millones; lo cual no estima conveniente la también socialcristiana Vanesa Castro, quien preside la comisión. La negociación también continuará en las próximas horas. De los anuncios del Ejecutivo y lo sucedido en la jornada es que conversamos este miércoles con el economista José Luis Arce y el comunicador y politólogo Saúl Buseta.

Pasado el fin de semana largo del Día de las Madres, el martes asoma lleno de hechos relevantes. Al menos los previsibles. Estudiantes, profesores y administrativos de las cinco universidades públicas del país caminan desde distintos puntos del centro del área metropolitana a la Casa Presidencial en Zapote para demandar un avance en el necesario acuerdo para dotar de financiamiento el año próximo al Fondo Especial de Educación Superior, FEES. Visto desde afuera, todo hace indicar el gobierno no calibró bien ni la estrategia ni la táctica respecto de la negociación. Primero, le dio demasiadas largas al inicio de los encuentros y ello no solo incrementó la expectativa y la impaciencia, sino que se tornó en una muestra de displicencia respecto de la importancia del asunto. Lo que, obviamente, no presagiaba el mejor clima. Luego, una propuesta sobre la mesa con un recorte de casi una cuarta parte del presupuesto, y, como si fuera poco, una narrativa (una más) de polarización respecto de que la asignación universitaria será “a costas” de la retribución a los otros niveles de la educación. Malas señales. Así que en plena celebración de los primeros 100 días de gestión este martes, compartiremos los anuncios del Ejecutivo sobre la ruta fiscal -entendemos que de corto plazo- con la marcha universitaria. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa, que a poco empieza a aceitar sus engranajes, debatirá en la Comisión de Asuntos Económicos de qué tamaño y cómo se hará la asignación de los necesarios eurobonos para hacer frente al pago de los vencimientos de deudas que se sucederán año tras año a partir de enero próximo. De estos y otros temas conversamos con el Dr. Carlos Murillo, doctor en gobierno y políticas públicas y relaciones internacionales y Director del Observatorio del Desarrollo de la UCR.

Las mujeres en Costa Rica alcanzaron el derecho al voto apenas hace 72 años. Y eso costó mucho. Después de todo, muchos creían firmemente en que no era necesario contar con su criterio para los asuntos del país. En palabras duras y puras, las mujeres “estaban hechas” para casarse y tener hijos. Nada más. Cuánta agua ha corrido bajo el puente desde entonces en nuestro pequeño, pero vibrante entorno sociocultural, como para (por dicha) normalizar hoy que las mujeres, abrazan la maternidad con la misma pasión y determinación, que el propósito de realizarse en los estudios y la plenitud de todas sus capacidades técnicas y profesionales. Tanto como para ser el cuarto país de entre los 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la escala de científicas, investigadoras, matemáticas y tecnólogas, respecto del porcentaje total de profesionales en esas materias. Y lo mismo ha sucedido en todos los campos. ¡Por ventura! Si no lo cree, vea con cuánto entusiasmo, alegría y orgullo, somos sede hoy de un mundial de fútbol que congrega a extraordinarias deportistas que manejan la pelota con una maestría proporcional al sacrificio y dedicación al que obliga el llamado deporte rey. Las mujeres rompen barreras, establecen nuevos paradigmas y dan orientación y propósito a los mejores desafíos del desarrollo social y todo ello equilibrando con enorme empeño y fuerza emocional, el estudio, el trabajo (dentro y fuera de casa) y la maternidad. Por eso, en este 15 de agosto, hacemos apuntes sobre lo que significa para las mujeres mamás desempeñarse en un deporte, que hasta hace muy poco, era solo cancha para hombres. Con Gipsy Nalledy Prieto Viales, joven madre y jugadora de la primera división del Municipal Pococí, Regina Lobo Rojas, capitana del Municipal Pococí, madre de dos niñas y la reconocida periodista deportiva y madre de cuatro hijos, Adriana Durán.

La negociación para la asignación presupuestaria de las universidades públicas del próximo año será durísima. Tendrá que rendir frutos en 19 días, cuando el presupuesto nacional deberá ser remitido al Congreso (1° de setiembre) y las expectativas de la educación superior ya chocaron de frente contra el ofrecimiento, este jueves del Poder Ejecutivo, que puso sobre la mesa una oferta reducida. La propuesta que se puso en conocimiento del Consejo Nacional de Rectores, fue de 430,130 millones de colones para las cinco universidades públicas, lo que equivale a 128 mil millones menos que la asignación del año pasado. El mismo gobierno señaló que "en un escenario ideal" el Ejecutivo tendría que trasladar 536,200 millones. Pero no puede. Cuestión de realidades. De las realidades de la estrechez fiscal que hace imposible, al parecer, la dotación constitucional para la educación toda, que va quedando cada vez más plasmada como un enunciado utópico. ¿Qué harán las universidades públicas ante el planteamiento, a menos de tres semanas de cerrar una negociación cuesta arriba? Lo conversamos con don Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia y Presidente del Consejo Nacional de Rectores.

Siendo que las democracias experimentan en estos tiempos -en América Latina y otras partes del mundo- diversos grados de agotamiento, ¿qué características definen esa fatiga para el caso costarricense? ¿Qué papel juega en el escenario político social de nuestros días la digitalización? ¿Está el régimen presidencial a prueba? Y ¿qué hay del papel de los poderes legislativo y judicial en el nuevo ecosistema político? ¿Qué vigencia y qué futuro tiene la deliberación democrática en un modelo de convivencia que apuesta por los likes, los algoritmos, el hiperindividualismo y la exaltación de las diferencias? ¿Tiene sentido hablar de la reconstitución de los partidos políticos, cuando cada vez parecen más prescindibles esas estructuras para ganar procesos electorales? El catedrático de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, responde a muchas de las inquietudes que nos asaltan en los tiempos inéditos de lo que él mismo ha denominado “La fatiga de la democracia en América Latina”.

La “iniciativa” está enterrada. Era inviable. El punto es que cuando 16 diputados estampan su firma en un documento para impulsar una reforma constitucional de tal calado que pretendía disminuir a la mitad (de 40 % a 20 %) el porcentaje de votos mínimos necesarios para ganar la silla presidencial en primera ronda, algo anda muy mal en la cultura política de los padres y madres de la Patria. Siete de esos diputados eran liberacionistas y siete más (toda la bancada) de Nueva República. Y claro, con esos márgenes pretendidos, Fabricio Alvarado hubiera sido presidente en 2018 y José Maria Figueres en el 2022. El punto es que en plena crisis de partidos y liderazgos políticos a algunos legisladores les pareció acertado bajar los requisitos. Más fácil, claro, que emprender el arduo camino de mejorar las propuestas, remozar las agrupaciones políticas, permitir nuevos liderazgos y hacer la tarea de presentarle al apático y decepcionado electorado una propuesta de buen calado para darle rumbo a la democracia. Y por esa vía, nos preguntamos: en lugar de subterfugios y rutas cortas y fáciles, inéditas por lo demás en cualquier democracia mundial que se precie de serlo, ¿cuáles si son las reformas que necesita nuestro anquilosado sistema político? ¿Hay realmente interés de los partidos y sus actuales dirigentes de permitir la urgente renovación? ¿Quienes deben llevar adelante estas reformas? ¿O damos por descontado, que entramos en la deriva de otras democracias que estando ya en pleno declive no logran reaccionar? Conversamos con el politólogo Kevin Casas, Secretario General de IDEA Internacional.

Es quizás el área más crítica de nuestra sociedad, determinante del desarrollo económico, pero también clave en nuestro progreso cultural, convivencia y sentido de colectividad a largo plazo. Claro que hablamos de la educación pública, ese sector del que nos ufanamos tanto en el pasado en Costa Rica, como nos preocupamos hoy por las tareas pendientes y por el serio e irrefutable deterioro de los últimos años; al margen de discusiones de tipo ideológico que suelen repercutir más en las primeras planas y en mensajes virales de redes sociales. Y junto con el declive, hay que resaltar la situación compleja que enfrentan nuestros niños y adolescentes por sus dinámicas sociales, por la economía familiar y por los efectos de la pandemia en el uso y acceso de las tecnologías, además de las limitadas capacidades presupuestarias del Estado, sin obviar la calidad del cuerpo docente que también enfrenta sus desafíos. Ahora, además, sin recursos para evaluar el tamaño y el tipo de problemas que se evidencian en las mediciones locales e internacionales. "Es como un barco que navega sin rumbo, sin brújula", decía días atrás a los diputados la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román. En pocas palabras, tenemos un problemón profundo, complejo y urgente. Al mando del timón de ese barco está la ministra Anna Katharina Müller, que como el resto de la administración Chaves Robles, se apresta a cumplir los primeros 100 días en el poder y ya puede hablar sobre base cierta del navío educativo en que viajamos todos -no solo estudiantes- y de las aguas agitadas que transita.

Valiente para haber ido a la guerrilla en su día y más valiente hoy para abrazar la paz. Así se refiere el politólogo Constantino Urcuyo Fournier al nuevo presidente suramericano Gustavo Petro. Un exguerrillero, un activista, un defensor de derechos de las minorías. Colombia inició este domingo un camino histórico con la palabra esperanza a flor de piel, con el liderazgo inspirador de un hombre que lleva sobre sus espaldas la obligación de generar verdaderos cambios en las políticas públicas de este país hermano de 51 millones de habitantes, el segundo más desigual de nuestra desigual América Latina y el sétimo del mundo. “El primer presidente de izquierda. La primera vicepresidenta afro. La primera vez que el progresismo tiene mayorías en el Congreso. Nadie tan ajeno a las élites políticas había llegado al poder, mucho menos un exguerrillero y un activista ambiental”, resumido así por BBC News. El problema, como suele suceder en estos tiempos convulsos para las democracias, es que las expectativas respecto de su gobierno son elevadísimas y pasados los festejos por el cambio histórico vendrán las realidades, que no son otras que las de las demandas sociales y políticas inmensas e impacientes de los colombianos. Con Constantino Urcuyo hacemos nuestro Hablando Claro.

"La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) no debe utilizarse como un instrumento político para que los gobernantes de turno puedan fijar el rumbo con base en intereses personales o partidistas", dice el certero pronunciamiento de la Academia Nacional de las Ciencias. Por supuesto que el señalamiento no viene de la nada. Viene de los cuestionamientos dirigidos el miércoles desde la Presidencia a ese grupo técnico/científico, no político, adscrito al Ministerio de Salud y encargado de coordinar los programas nacionales de vacunación, como el que ahora nos tiene protegidos contra la posibilidad de enfermarnos gravemente y morir de COVID-19. Los cuestionamientos tampoco llegan solos, sino acompañados -casualmente el mismo día- por una denuncia de autor desconocido y de tipo penal contra miembros de esa misma CNVE junto al ahora exministro Daniel Salas y el expresidente de la CCSS, Román Macaya, por el supuesto vencimiento de los nombramientos de dos miembros que participaron en las sesiones durante la atención de la pandemia. ¿Es este acaso un buen ejemplo de esas tantas denuncias de motivación política que criticó el presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia? La obligatoriedad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 está en el trasfondo de estas reacciones, pero hay algo más profundo y amplio: ¿cuáles criterios están primando en la toma decisiones que pueden ser de vida o muerte para la población? ¿Cuán vigente es el llamado a dejarnos guiar por la ciencia hecho 180 años atrás por José María Castro Madriz al fundar la Universidad de Santo Tomás, tal como nos lo recuerda la Academia de Ciencias? En concreto: ¿cuál será la política sanitaria frente al coronavirus y otras amenazas a la salud que corren por el mundo? Vocero del Ministerio de Salud para estos asuntos de fondo, el doctor Rodrigo Marín nos acompaña este viernes desde el cargo que retomó como director de Vigilancia de la Salud.

Si asimiláramos al partido Liberación Nacional con un navío, sería ¿un barco a la deriva? ¿Un barco encallado? ¿Acaso sería un barco sin timonel? O más bien ¿un barco que perdió la capitanía y en el que mientras los oficiales de primer y segundo rango se pelean las cuotas de mando, los subalternos aprovecharon para irse de juerga? ¿Qué diablos le sucede al partido político más determinante de la segunda mitad del siglo pasado, el partido de la Segunda República? ¿Está Liberación Nacional ya indefectiblemente condenado a la mediocridad por su incapacidad de darle misión y visión a su organización y al país? ¿Es posible que de algún modo los viejos y caducos líderes anquilosados se retiren y permitan limpiar la cubierta, rectificar los motores y darle rumbo a la nave? ¿O será que definitivamente los subalternos se terminarán de apropiar de la embarcación? Una propuesta diputadil tan descabellada y grosera como la de pretender rebajar a 20 % el mínimo establecido del 40 % de los votos válidamente emitidos para ganar una elección presidencial en primera ronda, no es sino una consecuencia de la profunda crisis de pensamiento y visión nacional que confirma que alguien como la expresidenta Laura Chinchilla, haya decidido dar un golpe sobre la mesa, urgiendo detener el inminente naufragio. Esto no es un melodrama. Las respuestas dadas por los viejos líderes a su separación temporal -léase Jose María Figueres, Antonio Álvarez Desanti y Gustavo Viales- no hacen sino constatar que, en efecto, los segundos y terceros oficiales a bordo siguen enfrascados en la propiedad de los camarotes de su venida a menos primera clase, justo cuando el agua empieza a entrar por las deterioradas estructuras. ¿Cómo salvar a Liberación Nacional? Peor aún, ¿es posible salvar a Liberación Nacional? ¿Tiene sentido hacerlo cuando la agrupación parece que seguirá capturada? ¿Por qué es tan importante para la democracia costarricense recuperar sus partidos políticos? Decenas de preguntas. Intentamos algunas respuestas con dos politólogos que conocen perfectamente las tiendas liberacionistas, Roberto Gallardo y Federico Ruiz.

Los tiempos volátiles e inciertos complejizan el ejercicio político y hacen que se valoren mucho más las cuotas de confianza popular cuando las hay, el favor de actores políticos y sociales que gravitan alrededor de los poderes formales e incluso el rol de los contrarios. Eso vive el político de nuestro pequeño país, tanto como el líder de la mayor potencia del mundo, sabedores de que el ejercicio del equilibrismo en el poder implica la necesidad de asumir riesgos y procurar sostenerse en el tiempo; lo cual conlleva retener el poder cuando no incrementarlo. Importan las capacidades propias de desempeño de quienes gobiernan, pero obviamente el contexto también resulta determinante. Cada vez más los eventos dependen de factores ajenos a las manos de un solo actor poderoso, condición básica de lo imprevisible que resultan escenarios tan cambiantes como inestables. Con esas premisas miramos el terreno político que, a diferencia del económico, parece extremadamente favorable al gobierno de Rodrigo Chaves en sus primeros 100 días, pero también la arriesgada visita que hizo este martes a Taiwán la presidenta del Senado de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ante el desagrado de la gran China que ve a la isla rebelde como suya. Aumentan las tensiones, como si faltaran en el tablero geopolítico. Con Agustín Gómez y Carlos Murillo, ambos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, hacemos con doble lente nuestro Hablando Claro.

La Negrita. Con ese solo acudir a mote cariñoso, cualquier tico sabe a qué nos referimos. Es nuestro sello de identidad sociocultural más interiorizado, más extendido, y el que mayormente aglutina al ser costarricense, independientemente de su profesión de fe; es decir, trascendente al catolicismo mismo, para abarcar la expresión de cómo nos constituimos. La Virgen de Los Ángeles, desde 1782 Patrona de Cartago y luego, ya desde hace casi a 200 años (1824) Patrona de Costa Rica, representa según el criterio versado del historiador y sacerdote Manuel Benavides, la "inculturación de la fe" costarricense, que dio significado y razón a nuestra amalgama identitaria como negros, indígenas, mestizos y pardos; el punto de unión y cohesión social entre las clases bajas de la época y los criollos cartagineses alrededor del hallazgo de la virgen de piedra que llegó a ser tan poderosa que logró desplazar el centro de poder político de Cartago hacia la iglesia de los Ángeles -años después basílica- relegando en importancia la parroquia de Santiago, donde quedaron selladas por la historia las muy conocidas ruinas de la ciudad. De algunas de estas manifestaciones sociales y políticas de trascendencia en la forja de nuestra identidad costarricense, y por supuesto de la veneración que miles de connacionales guardan a la Negrita de Los Ángeles, conversamos este 2 de agosto con el Padre Manuel Benavides.

Las crisis se van superponiendo y unas nos distraen de otras. En este contexto, hay movimientos poco noticiosos que solo se manifiestan cuando ocurre un accidente, un atasco o cuando se le ponen cifras al tamaño de la insuficiencia de nuestros recursos públicos. Es el caso de la migración, un problema global complejísimo que Costa Rica intenta gestionar bajo sus valores de acogida y solidaridad, pero sin las capacidades que ameritan los volúmenes de personas que siguen llegando y siguen pasando. De nicaragüenses recibimos casi 80.000 solicitudes de refugio entre junio 2021 y julio 2022; como nunca en la historia. Las posibilidades institucionales están desbordadas y la cooperación internacional sigue siendo insuficiente. De Venezuela y otros países llegan muchos desde las fronteras del sur de América hacia Estadios Unidos atravesando selvas y extorsiones, incluido el cobro de $150 que las autoridades de Nicaragua aplican en su frontera, diciendo falsamente que es un salvoconducto de la ONU, como nos cuenta Miguel, uno de los migrantes que se observan por decenas en Ciudad Quesada, pidiendo dinero para pagar el peaje de Ortega Murillo, para seguir su camino. Mientras tanto, Estados Unidos intenta que los países vayan colocando barreras, endureciendo requisitos o respondiendo con las fuerzas policiales, como en México. Hay conversaciones internacionales, hay planes y hay necesidades regionales, aunque el problema acabe siendo doméstico y agregado a los apuros de la economía local. Con la sensibilidad que requiere el abordaje de la migración forzada y masiva, entendiendo que estos migrantes son víctimas de la violencia, la represión y la miseria, tomamos el pulso con la directora de Migración y Extranjería, Marlen Luna, también viceministra de Gobernación.

Para nuestra pequeña aldea, termina una semana política de marcada intensidad. Imposible obviar la sonada (¿sorpresiva?) ruptura de la ex presidenta de la República Laura Chinchilla con su partido Liberación Nacional. Pero ya tendremos tiempo de referirnos en extenso a este asunto álgido para la profunda crisis verdiblanca y en general, del alicaído sistema de partidos políticos de nuestra democracia. Por ahora nos referiremos entonces a que en la antesala del cierre de las primeras sesiones extraordinarias, hubo apertura de fuegos entre el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, pero hubo más. Sesiones “técnicas” nocturnas de diputados con el mandatario y el ministro de Hacienda en sitio neutral y posterior sesión secreta en la comisión de asuntos económicos para referir el tema del momento: los eurobonos. Justo para reacomodar los canales no habilitados de la comunicación, don Rodrigo Chaves le aceptó un café el lunes próximo a don Rodrigo Arias, quien no ve por ahora viable que los diputados aprueben de un solo golpe autorización de endeudamiento por 6 mil millones de dólares. En otras palabras, parece que todos coinciden en que hay que salir a buscar los bonos fuera del país, pero el diablo está en los detalles: gradualidad del monto y condiciones de cumplimiento. Precisamente sobre la autorización que el Congreso debe darle al Ejecutivo para los eurobonos es que conversamos este viernes con Eliécer Feinzaig, vocero de los liberales, que ponen condiciones respecto de compromisos de austeridad en el gasto público para acceder a la bendición legislativa. ¿Zapote y Cuesta de Moras empezaron ya la negociación propia de la forja de acuerdos políticos? Veremos.

Como “emergencia de salud pública de importancia internacional” Así acaba de declarar la Organización Mundial de la Salud a la viruela símica. ¿Qué implicaciones tiene esta clasificación? Pero primero: ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se manifiesta? Esta enfermedad, que era endémica de África, donde apareció en los años 70, luego surgió en los Estados Unidos en 2003, adonde fueron llevados pequeños roedores (infectados) como mascotas. Si, el huésped natural de la viruela del mono, no es el simio, sino el ratón y sus similares. Ahora, en los últimos dos meses (16 de mayo al 22 de julio) se reportaron 16.500 casos. De ellos, tres confirmados en nuestro país. La buena noticia en medio de la incertidumbre que puede ocasionar el hecho de estar en presencia de un nuevo padecimiento de extensión mundial, es que la viruela del mono no se contagia con la rapidez ni tiene la misma implicación del SARS-CoV-2 y de hecho la OMS dijo que el riesgo de propagación (excepto en Europa) es moderado para el resto del planeta. Pero además la viruela del mono se puede tratar con la vacuna existente para la viruela humana y también existen dos antivirales aprobados por la FDA. Tomamos lección de salud pública con la epidemióloga Adriana Torres de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Coincidimos en que nunca habrá suficientes calles para tanto autotomor y que la red de transporte público, tanto como el trazado de las rutas es deficientísima, sin que haya señal alguna de cambios sustantivos en el futuro cercano. Un sistema de trenes es, por tanto, la vía posible para desahogar el área metropolitana, reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de quienes viajamos a diario. Todos de acuerdo. Pero la discusión empieza cuando preguntamos ¿cuál proyecto de tren, a qué costo y cómo implementarlo? Es parte de lo que argumentó (formas aparte) la administración Chaves Robles para desechar el plan que se impulsó en el gobierno Alvarado Quesada, aunque ahora la aspiración desde el MOPT es recuperar una propuesta previa de la Administración Solís Rivera con un alcance mucho más acotado y un esquema de financiamiento que tampoco suena a regalo. ¿Borrón y cuenta nueva? El planteamiento está aún en ciernes, quedan muchos años por delante para ver la probable ejecución de este proyecto, pero conviene conocer la ruta que se fija el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, INCOFER. Con su presidente, Mario Arce.

Fue un fin de semana largo y de declaraciones altisonantes. La primera en llamar la atención fue la jefa de la bancada oficialista Pilar Cisneros, quien dijo al semanario El Financiero “… ¿para qué vamos a recurrir a la Asamblea (Legislativa) si existe la posibilidad de que muchas cosas se puedan hacer por decretos ejecutivos? ¿Para qué vamos a recurrir a la Asamblea? La Asamblea es siempre un enredo y ¿por qué es un enredo? Porque es siempre un proceso muy engorroso”. Se refería al proceso democrático de toma de decisiones. A tono con la secuencia vista en otras ocasiones, el presidente Chaves hizo eco en Guanacaste del tema cuando le pidió a los asistentes a la tradicional parada en Corralillo de Nicoya “… Necesito que le digan a los diputados y diputadas que los están observando; que están observando cada voto que ellos hagan, cada acción”. Horas más tarde, este lunes, el mandatario descifró el mensaje. Explicó que los diputados “le están jugando chapitas” con la aprobación de los eurobonos. La verdad el común de los asistentes no sabían nada de eurobonos, pero lo de jugar chapitas les hizo mucha gracia y arrancó muchos aplausos. El partido de gobierno entiende entonces que la Asamblea Legislativa es un estorbo democrático y lo mejor es pedirle a los diputados que le aprueben en una sola jornada el cheque de seis mil millones de dólares en eurobonos que el anterior gobierno de Carlos Alvarado pidió también y no le fueron autorizados. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, calificó las declaraciones del presidente Chaves como desafortunadas e inconvenientes. Seguramente poco efectiva la respuesta, pues el escenario político público mediático lo tiene tomado por completo el mandatario. Más allá de los artilugios verbales, ¿qué presagia el primer período de sesiones ordinarias del Congreso que se inicia la próxima semana? Lo analizamos con la politóloga Eugenia Aguirre este martes en Hablando Claro.

¡Hay fiesta en Costa Rica! Si, fiesta un lunes, con celebraciones que se extienden varios días, en una provincia que sabe llenar de alegría sus tradiciones, contagiar con ellas y darles carácter de conmemoración nacional, en un festejo para todos. Claro que hablamos de la Anexión del Partido de Nicoya, extendida a toda la provincia de Guanacaste y a todo un país impregnado en la identidad por su invaluable aporte, desde los originarios chorotegas, a los pueblos coloniales que tranzaron estrechas relaciones económicas y sociales hacia el sur con el resto de Costa Rica, a las generaciones que después supieron incorporarse al país sin perder la marcada identidad que aún hoy se expresa en su territorio, una quinta parte de la nación. Es fiesta, claro, pero también reflexión sobre los modos de vida de más de 300.000 pobladores de la provincia, tan atractiva para el turismo y próspera para el agro como ingrata para miles de guanacastecos que no han logrado subir al carro del desarrollo que sí corre veloz. Muchos han emigrado al centro del territorio, una cuarta parte vive en la pobreza y muchos otros cercana a ella, con factores comunes con otras zonas periféricas del país, pero también con circunstancias que marcan desventajas y, por suerte, también oportunidades de desarrollo. Tanto que hablar sobre el Guanacaste y tanto que recordar sobre nuestra historia común. El aporte lo hacemos desde nuestra ventana de Hablando Claro, con el historiador Vladímir de la Cruz.

¿Cuál es el estilo del gobierno del presidente Chaves? ¿Cuál el desempeño de la nueva Asamblea Legislativa? ¿Cómo se conducen las relaciones entre ambos poderes? ¿Es de recibo la crítica respecto de los magros resultados de la tarea de los diputados? ¿Cuáles son las líneas de la política exterior? ¿O las que están rigiendo las políticas públicas en general de la nueva administración? Parece haber demasiados anuncios y muy poquitos resultados concretos. Pero entonces, ¿cómo se explican las muy buenas calificaciones del arranque de la gestión gubernamental? ¿Por qué parecen discurrir sin crítica ni oposición asuntos como el elevado costo de combustibles o el significativo aumento de los salarios de ministros y viceministros? ¿Cuál es el papel que cumple la Ministra de la Presidencia? ¿Por qué una ficha tradicionalmente importante en el Poder Ejecutivo costarricense como la (el) titular de la Presidencia no se observa? ¿Cómo se debe leer la puesta en escena semanal de las conferencias de prensa desde la sede del Ejecutivo? Y a propósito, ¿el tema de la confrontación (fricción) con la prensa, tiene en verdad la intención de causar "un tsunami de destrucción" como dijo el mandatario cuando estaba en campaña, o es solamente parte de un libreto para mantener la atención (tensión) en la peculiar vinculación que -todo parece indicar- va tejiendo con la opinión pública? Llevamos dos meses y medio de la gestión y empezamos a avizorar el estilo y la impronta del Gobierno Chaves Robles y para entenderlo conversamos con el Director del Observatorio de la Política Nacional, el Dr. Rotsay Rosales Valladares.

¿Se plantea la Administración Chaves Robles la extracción del oro del largamente discutido proyecto de Crucitas?
 La respuesta no está clara aún, pero sectores ambientalistas temen ese camino y otras posiciones apuntan hacia eso con el argumento de que, de por sí, mineros ilegales siguen operando en el área 12 años después de la sentencia judicial que prohibió la explotación formal.
 
Un año después del fallo favorable para Costa Rica en un millonario reclamo planteado por la compañía Infinito Gold, henos acá en la discusión por el futuro de la zona, por sus indudables impactos ambientales y por la aludida utilidad de sacar de ahí -no sabemos cómo ni con quién- la riqueza supuestamente equivalente a 2.500 millones de dólares.
 La visita del presidente Rodrigo Chaves el fin de semana no dejó claro el curso de acción, pero sí mostró-una vez más- la explotación continuada con sustancias químicas, cuyos efectos exigió atender la Sala Constitucional en 2021, sin resultados hasta ahora.
 El geólogo ambientalista Allan Astorga ha dado seguimiento por muchos años a esta larga discusión que vuelve a cobrar vigencia. Con él conversamos en nuestro Hablando Claro.

El tema de las pensiones, así dicho en general, es siempre un tema de enorme interés público.
 Un país como el nuestro que tuvo la previsión de establecer un régimen de invalidez, vejez y muerte, que aspiró a la universalización de la atención no solo en la cobertura para enfermedad y maternidad, sino también para la vejez, enfrenta hoy retos gigantescos para hacer sostenible hacia futuro sus prestaciones previsionales.
 Nos agobia la informalidad del mercado laboral, nos atenaza el envejecimiento de nuestra población y, como si fuera poco, la inseguridad que asoma cada cierto tiempo en los cotizantes de pensiones básicas y complementarias, respecto de los dividendos de los sistemas porque cuando los rendimientos bajan -cosa que es normal que ocurra con las inversiones a largo plazo- existe la tentación equivocada de creer que podríamos sacar mejor provecho, si pudiéramos tomar los dineros al instante para gastárnoslos en urgencias del momento, desprotegiéndonos cuando más lo necesitaremos. Es decir, en la etapa final de nuestras vidas.
 Justo por eso son tan peligrosos los cantos de sirena de festinar -por ejemplo- los fondos de pensiones complementarias como pretende hacerse cada cierto tiempo.
 Volvemos a hacer un repaso del significativo asunto de los fondos de pensiones y lo abordamos con un experto en la materia, el economista y ex superintendente de pensiones, Edgar Robles.

Cuando una amiga fue con su pariente enfermo a un hospital de nuestra seguridad social y se encontró con una sala de emergencias abarrotada de personas, le expresó al guardia su temor por el peligro de contagio, y el celador (único funcionario de primer contacto con los usuarios del centro médico) le contestó : “señora, la pandemia ya terminó”. No es popular hablar al respecto. Pero definitivamente la pandemia no ha terminado. Aunque ya casi no hablemos de ello en los medios o en las (livianas) redes sociales. Aunque no tengamos datos duros cada semana desde el mes de mayo para monitorearla, la pandemia no ha terminado. ¿O es que acaso no hay cerca de su entorno uno o varios contagiados todos los días? ¿O usted mismo no se contagió ya una o dos veces? Los especialistas vienen alertando hace semanas del peligro que implica habernos quedado a ciegas. “Oscuridad epidemiológica” le dice el salubrista Ronald Evans, quien sostiene que “el silencio informativo sobre Covid-19 en Costa Rica es único entre todos los países democráticos del mundo”. Mientras en el planeta las muertes y los contagios suben y las personas siguen teniendo datos acerca de la prevalencia, la mortalidad, las inoculaciones, las hospitalizaciones, las pruebas y todas las variables sobre el virus, aquí parte sin novedad. Con Evans coinciden los también especialistas, Juan José Romero y Agustín Gómez, de la Universidad Nacional y la de Costa Rica, respectivamente, cuando sostienen que hemos normalizado y naturalizado el Covid, al igual que lo hemos hecho con “las muertes en las carreteras, los asesinatos, las malas condiciones de las vías nacionales, el desastre educativo público… La corrupción, los habitantes de la calle, la venta y consumo de drogas…” En otras palabras, ¿qué más da agregar un otro problema a tan larga lista de males y volver a ver para otro lado? Lo cierto es que aunque volteemos la mirada, sigue muriendo gente. Siguen apareciendo variantes del SARS-CoV-2, y aunque la mayoría de los ciudadanos dicen estar conscientes de la necesidad de mantener mascarilla, sobre todo en servicios públicos como los autobuses y los trenes, también es cierto que a falta de política pública orientadora hemos relajado todos los controles. Sería bueno saber, entre otras cosas (de nuevo en algún momento) cómo van las costosas incapacidades laborales y cómo se está (o no) gestionando la pandemia en Costa Rica. Por ello, el epidemiólogo Evans asegura que “es totalmente necesario volver a contar prontamente con información estadística… Oportuna, confiable y completa”. No podemos seguir navegando a tientas en una pandemia, por mucho que ahora gracias a las vacunas los casos sean menos graves. ¿Cómo recuperamos el control de nuestros índices de contagio y la conducción atinada de la Covid-19? Lo conversamos con el estadístico Agustín Gómez y el epidemiólogo Juan José Romero.

Se sabía que el turismo era una de las industrias que más tardarían en recuperarse del golpe de la pandemia, que nuestro destino (Costa Rica) contaba con enormes ventajas comparativas y que la reactivación de miles de empleos dependía también de los nuevos factores de la economía mundial. Por eso parece bueno el dato de 1.2 millones de visitantes en el primer semestre del año actual, casi 71 % de lo registrado para ese mismo periodo del 2019 (prepandémico) y la mitad de lo proyectado para el 2022 completo. No se trata, sin embargo, de volver a lo que había antes de la pandemia. Nada más irrealista. Hay intereses diferentes de los potenciales viajeros, economías alteradas y también tendencias aceleradas como esa que llamamos "nómadas digitales", a los que Costa Rica apunta con entusiasmo con una ley recién reglamentada. Los ángulos para mirar el turismo son muchos y todos vigentes, incluida la imagen del país 'Pura vida' y su compromiso de protección de la naturaleza, un punto crítico. Al frente de todo ello está el nuevo ministro William Rodríguez, un veterano de la industria, con quien conversamos en Hablando Claro.

La lista de posibles afectaciones por el cierre este jueves del servicio de la revisión técnica vehicular en todo el territorio nacional, no podremos constatarlas hasta que no transcurran estos meses, de inhabilitación total primero y de reinicio después. Hasta el 15 de setiembre, según proyecta el MOPT. Aunque conocedores en la materia temen que pudiera ser más tiempo. Veamos solo algunos tropiezos que ya se avizoran, según el ex gerente general de Riteve, Fernando Mayorga: 1- paralización de los trámites registrales para inscripciones de vehículos, cambios de características y otros, (el Registro Público depende de la información que le suministra el operador de la RTV para hacer esas tareas) 2- no se sabe qué pasará con las revisiones del transporte público que tienen calendarización distinta a la anual de vehículos particulares 3- dejar de usar los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos implica un enorme riesgo de deterioro o daño por la exposición a la humedad propia de nuestro clima. 4- por la misma razón se podrían deteriorar las instalaciones, sobre todo si no tienen celoso mantenimiento durante el periodo de desocupación. 5- hay que asegurar servicios de vigilancia 24 horas para evitar daños o vandalismo. Nosotros agregaríamos que el descalce de revisiones técnicas de todo el parque automotor del país, podría generar un poco de caos e incluso podría obligar a una apurada reforma a la Ley de Tránsito para que -llegado el momento- vehículos sin RTV al día puedan pagar el marchamo del 2023. Si eso sucediera, poner el parque vehicular al día nuevamente podría tardar mucho más que unos cuantos meses. Aunque nada de lo anterior es desdeñable, Mayorga sostiene que el efecto más grave será el social, pues de la revisión técnica no solo dependen las casi 500 familias de los trabajadores directos, sino también miles de indirectos como personal de seguridad, limpieza, mantenimiento, propietarios y trabajadores de talleres de reparación y venta de repuestos, importadores de vehículos y otros. Lo anterior deja ver que para la nueva empresa que retome la prestación de la RTV el camino será cuesta arriba. Tanto por la contratación del personal, como por la minuciosa comprobación metrológica de los equipos. Todo a falta de planificación para una transición fluida y ordenada, que, según el especialista en contratación administrativa, Christian Campos, fue una situación buscada por la responsabilidad de dos gobiernos, resultando finalmente en que amaneciéramos este 15 de julio sin revisión técnica vehicular, cuando lo fundamental es que el estado está obligado a garantizar la prestación continua de ese servicio. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver el entuerto? Conversamos con el abogado Fernando Mayorga.

Cuatro meses atrás, allá por marzo, los precios especulativos de las materias primas (petróleo, cobre,alimentos) se disparaban en el mundo como consecuencia del inicio de la invasión a Ucrania. Ahora el proceso es a la inversa. Desinflación en los precios de esos productos básicos por desaceleración de la demanda, explicada obviamente por el ajuste de la oferta de los mercados; lo cual, según los especialistas, era esperable. Lo que no baja aún es la inflación generalizada. Como sabemos, en nuestra pequeña economía llegamos a los temidos dos dígitos el último mes con 10.1 % del flagelo, lo que no teníamos desde hace 13 años. Estados Unidos anunció también esta semana, que llegó al 10 % Eso en lo coyuntural. En lo inmediato. Pero más allá en el horizonte, el tres veces presidente del Banco Central urge que el país se establezca metas de largo plazo para poder enmarcar las decisiones de hoy en ese futuro. De acuerdo con don Eduardo Lizano, en una entrevista al diario La Nación, Costa Rica debería aspirar a convertirse en un país de renta alta en el 2050 para hacer parte del grupo de las 25 naciones más prósperas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. ¿Será que somos capaces de hacer ese planeamiento y proponernos un norte tan ambicioso? ¿No estaremos demasiado enfocados en los distractores nuestros de cada día? Conversamos con el economista José Luis Arce.

El último desempleo de nuestro país -según las cifras oficiales- volvió a la cifra previa de la pandemia, 12 %, pero el problema está muy lejos de desaparecer. La falta de oportunidades, o el descalce entre las necesidades de las empresas y la oferta de trabajadores, provocaron en el último semestre de este 2022 que una parte de la población más bien se rindiera y dejara de buscar empleo. Si ahondamos en los números, vemos que el terreno laboral es más agreste para las mujeres, lo sabemos, que sobrellevan el peso de su hogar. En la primera mitad del 2022, un 17 % de las mujeres desempleadas llevaba más de un año buscando infructuosamente una colocación. También están los jóvenes, entre quienes un 20 % ni siquiera está dentro del mercado laboral y tampoco estudia. Pero el reto no acaba con decir "tengo empleo", pues casi uno de cada 10 empleados trabaja menos horas de las que quisiera, eso para no hablar del enorme 44 % de los trabajadores que se aloja en sectores informales (aunque si miramos con detalle en la región del pacífico ese rubro supera el 55 %). Es como ir levantando capas y viendo problemas adicionales, a pesar de que sigue existiendo empresas que buscan cierto perfil de trabajadores y no los encuentran. Ahí se expresan también las desigualdades y estas obligan a un trabajo fino por región, por sector, por grupo poblacional y quizás por industria, sin entrar siquiera en la pérdida del valor de los ingresos de los hogares, que es otro árbol del bosque. El seguimiento lo ha hecho el economista Greivin Salazar desde el Observatorio Económico de la Universidad Nacional (UNA) que nos acompaña este miércoles en #HablandoClaro para mirar por debajo de las cifras el momento del empleo, ahora que la economía tanto aprieta a la población por el lado del gasto.

Solo el fin último fin de semana, 9 personas fueron asesinadas en Limón y Guanacaste. Son las últimas víctimas de la violencia criminal, como fueron hace unos días Marco Calzada y Manfred Barberena. En lo que va del año, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, se han registrado 316 homicidios. Si consideramos que el año pasado terminamos con 588, es altamente posible que este 2022, terminemos con una cifra mayor, lo que nos continúa situando por encima de los 11 o 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para dimensionar lo que eso significa, veamos que en Francia hubo 1.32 asesinatos por cada 100 mil habitantes en el 2018, en Finlandia 1.64, en Canadá 1.97, en Nueva Zelanda, 2.63 y en una sociedad que consideramos violenta como Estados Unidos 6.28. Claro, eso no se parece en nada a nuestra América Latina y particularmente a algunos de nuestros vecinos: en Honduras, por ejemplo, murieron 36.33 por cada 100 mil habitantes en 2018 y en El Salvador 37.16. Es decir, tres veces más que nosotros. Pero tampoco está muy lejos, la criminalidad en México con 28.37 asesinatos por cada 100 mil habitantes o Guatemala con 26.04 o aún Colombia con 22.64. Este es el entorno. Según Naciones Unidas, "la actividad criminal es responsable de muchas más muertes en todo el mundo que el conflicto armado y el terrorismo combinados". A menos que la comunidad internacional tome medidas decisivas, (no será posible alcanzar) las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas para el 2030. Y claro, añade, “las Américas continúan reportando altas tasas de homicidios. Los hombres jóvenes están especialmente en riesgo, con una tasa de homicidios de 18 a 19 años estimada en 46 por cada 100.000, mucho más que el riesgo que enfrentan sus pares en cualquier otra región del planeta… Una situación dramática también se observa con la cruda estadística de los hombres jóvenes de 15 a 29 años, cuya tasa estimada de homicidios en 2017 para los hombres en ese grupo de edad en las Américas fue de 64 por cada 100.000”. Este es el duro retrato de las muertes por violencia de acuerdo con Estudio Mundial de Homicidios 2019, de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta epidemia de salud pública con políticas públicas nacionales y locales endebles, presupuestos públicos decrecientes y espacios públicos tomados por el hampa? Conversamos con Fernando Sánchez, un experimentado policía del Organismo de Investigación Judicial. Y también recibimos los aportes del especialista en temas de seguridad, Daniel Matul.

Los viles asesinatos de Marco Calzada Valverde y Manfred Barberena Novoa de apenas 19 y 23 años respectivamente, solo fueron los últimos que han ocurrido en San José en este año; 26 con ellos dos. Ahora, después de la resonancia mediática del caso Calzada, que fue el que sacó a flote la muerte -hasta entonces anónima de Barberena- las autoridades anunciaron un convenio de cooperación para realizar “patrullajes conjuntos y estrategias preventivas coordinadas” entre la Municipalidad de San José y el Ministerio de Seguridad Pública del país. Después, claro. La criminalidad -lo sabemos bien- es multicausal. Y la violencia extrema, en la que las vidas terminan por no valer nada, es su expresión más degradada y cruel. Pero sabiendo que la delincuencia no es solo un asunto de represión policial, también es verdad de perogrullo que sí requiere atención, vigilancia y estrategias de abordaje permanentes. ¿Hace cuánto se ha venido perdiendo el control de incontables espacios públicos que son apropiados por los maleantes? En el caso concreto de la capital, ¿acaso es una novedad señalar que es un sitio inseguro, sucio, abandonado, y del que la inmensa mayoría de la gente -literalmente- desaparece en sus refugios al caer la noche, porque no es para nada un sitio para caminar sin poner en peligro la existencia? Y por cierto, hablando de San José, ¿es que acaso el único funcionario público que asume responsabilidades técnicas, operativas y políticas en la más grande alcaldía del país es el director de la Policía Municipal? ¿Adónde está el Alcalde? ¿Y la Vicealcaldesa? ¿Y el Presidente? ¿Y el Consejo municipal? ¿Y los líderes sindicales que abonan también con jugosas dietas sus reuniones? ¿Cómo es que la capital del país se degrada día con día y no aparecen sus "autoridades"? La Municipalidad de San José no da pena. Da vergüenza. Así que para iniciar la semana y no dejar en el olvido la indignación y la impotencia, conversamos con el único que está al frente del barco, el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano Ortiz.

Se está cocinando un nuevo arroz… Y todos estamos a la espera de su sazón. El gobierno bautizó el platillo como “La Ruta del Arroz” en el entendimiento de que reducir el precio del alimento más popular de la mesa de los costarricenses, no era posible hacerlo -como se lo propuso inicialmente- en una sola estación el mismo 8 de mayo. El caso es que entonces se anunció el inicio del camino esta semana con una modificación vía decreto al arancel de importación, de modo que el gravamen bajaría 30% y quedaría apenas en un 5%. La medida, que fue celebrada por los importadores y los consumidores, es motivo de preocupación para los productores; tanto que la Cámara de Agricultura y Agroindustria vaticinó que la “ruta del arroz” podría borrar del mapa la producción nacional. Y de acuerdo con el especialista en la materia, el economista agrícola Víctor Umaña, tal vez no estén equivocados los que pugnan por proteger la producción nacional. ¿Por qué? Pues resulta que no hay nada tan complejo como el arroz, tanto que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se trata del producto más distorsionado del mercado mundial y por eso los países productores y consumidores tienen en el arroz los aranceles más elevados del globo. Por una parte, de acuerdo con Umaña, “el arroz se consume principalmente en los países donde se produce y entonces el mercado internacional es pequeño. Solo como referencia, China e India, que representan más de un tercio de la población mundial, suministran más de la mitad del arroz del planeta, por lo que pequeños cambios en la producción y consumo en estos países, generan impactos enormes en el comercio internacional”. Pero hay además otras consideraciones sensibles de producción mundial respecto del arroz y para poder llegar a la ansiada meta de reducir el precio al consumidor, asegurando al mismo tiempo el abastecimiento (que debe ser-claro está- permanente) habrá que dar pasos con muchísimo cuidado. De todos esos factores conversamos con el economista agrícola Víctor Umaña Vargas.

Viendo el vaso medio lleno, podemos afirmar que nuestro Poder Judicial se somete voluntariamente a una profunda evaluación independiente en el Informe Estado de la Justicia, algo único en América Latina y, por tanto, excepcional, porque permite exponer objetivamente sus falencias, vulnerabilidades y áreas opacas de gestión, justamente para pugnar por las reformas que requiere. Viendo el vaso medio vacío, es decir, en los resultados de la última auscultación, tenemos una valoración popular negativa sobre los tiempos de los procesos judiciales, una desconfianza ciudadana creciente, tensiones internas, una perniciosa y asentada concentración de poder en la cúpula, la “judicialización” de la política y la falta de reformas profundas después del remezón del 2017 con el “cementazo”, entre otros factores. Son diversos y complicados los desafíos de este pilar de nuestro sistema democrático, todos condicionados por el contexto político que no resulta halagüeño, como lo dijo hace pocos días el magistrado Fernando Cruz Castro al anunciar que dejará la presidencia de la Corte. El momento exige la evaluación, el análisis y los señalamientos constructivos, tal como lo hace el Cuarto Informe Estado de la Justicia presentado este miércoles. Con su coordinadora, Evelyn Villarreal, nos acercamos a esas conclusiones.

Se cumplen ocho meses desde la última pantomima electoral de Daniel Ortega y parece que las urgencias mundiales han puesto a Nicaragua muy abajo en las prioridades de atención, aunque casi 200 presos políticos enferman en sus cárceles y continúa la diáspora de disidentes hacia Costa Rica. La desgracia del país vecino es siempre un evento en desarrollo, aunque las etapas van cambiando y a veces aparentan normalidad. Poner en agenda a Nicaragua y a sus víctimas es, por tanto, el objetivo de una “Comisión por la Vida y la Libertad de las y los Presos Políticos de Nicaragua” que integran parlamentarios y activistas de distintos países que pretenden verificar en el terreno el estado de los encarcelados, aunque no tienen certeza de que lo permita el gobierno de Ortega y Murillo. Ahora están en Costa Rica, donde se reúnen con dirigentes de los grupos de exiliados que no paran de crecer. Casi 80.000 han solicitado refugio en los últimos 12 meses, huyendo de la represión, las violaciones a los derechos humanos y del desempleo con ribetes políticos que imperan en el país vecino. Por eso, la mirada cercana que se pretende con esta comisión es visibilizar nuevamente el perverso accionar del grupo gobernante que amasa sus fortunas, al tiempo que procura alianzas con grandes capitales mientras continúa aplicando métodos de represión estalinista, como señala el coordinador de la delegación, Mariano Rosa. Con Rosa y con la diputada argentina Luciana Echevarría, volvemos a hablar de Nicaragua, de la situación inhumana de los presos políticos y de la respuesta de la comunidad internacional.

En su día (2016-2020) Donald Trump se fijó una hoja de ruta que hoy muestra sus efectos en la democracia estadounidense. Alteró -con el apoyo decidido de su partido, por supuesto- la composición de la Suprema Corte nombrando jueces ultraconservadores. Eso es allá en la nación del norte y algunos pensarán que no tiene nada que ver con nuestros problemas. Pero el desbalance de poderes en las democracias siempre es un asunto sensible que debemos observar. No sea que un día, sin percatarnos, perdamos conquistas fundamentales sin siquiera darnos cuenta. En las últimas semanas, las decisiones de la Corte, desde la abolición de restricciones a la portación de armas en sitios públicos en Nueva York, hasta la supresión del derecho a decidir (aborto) como prerrogativa constitucional, el restablecimiento de normas para favorecer a los conservadores religiosos en Washington y hasta la supresión de potestades a la Agencia de Protección Ambiental para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, todo eso ha alterado la convivencia en el país, tanto que algunos se atreven a asimilarlo con decisiones encadenadas tan destructivas como la guerra civil. El punto es ¿qué sucede cuando priva un poder por encima de los otros y se pierde el necesario y delicado balance que armoniza la vida en común en el estado de derecho? El activismo de los jueces como decisores políticos siempre es un tema polémico. ¿Cuánto peso le corresponde al Legislativo, cuánto al Ejecutivo y cuánto al Judicial? ¿Cómo se preserva al poder Electoral? En fin, ¿cómo se garantiza la independencia de cada uno y el contrapeso para tomar las mejores decisiones en aras del bienestar colectivo, entendiendo las complejidades de respetar la diversidad como eje central de la civilización humana? Conversamos sobre balance de poderes y activismo judicial con Marco Feoli y Mario Matarrita, profesores de la maestría de Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica.

Pasó el susto. Aunque tenemos daños que atender y personas a las que brindar apoyo, y siempre quedan deterioros materiales que se agregan al inventario de infraestructura nacional por décadas debilitada, lo cierto es que una combinación de factores nos benefició: por un lado, el país mostró sus capacidades de preparación y por otro, el fenómeno se debilitó lo suficiente en velocidad y trayectoria para no impactarnos como se temió inicialmente. No lamentamos ni una víctima mortal y eso es lo más importante. Las personas que preventivamente habían salido de sus hogares regresaron y, por el momento, volvemos a retomar la normalidad de nuestra cotidiana existencia, entendiendo que estamos apenas empezando la temporada ciclónica que se extenderá -como todos los años- hasta noviembre. Por supuesto que las atenciones post emergencia entraron en su siguiente fase: corren las instituciones para reparar averías de servicios públicos, hacer inventarios de atenciones de vivienda y ayuda social y, por supuesto, (órdenes presidenciales incluidas) para poner en habilitación cuanto antes puentes falseados que deben ser sustituidos. “Somos un país privilegiado de tener un sistema de prevención de riesgo como el que tenemos” Sin discusión. Como lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora vale una reflexión para encontrar nuestras áreas de mejora y prepararnos para la siguiente tormenta. Que la habrá. Hacemos recuento de Bonnie y las acciones ejecutadas por nuestra institucionalidad con Alejandro Picado Eduarte, presidente de la CNE.

El asunto no es que no exista la corrupción. El asunto es que se combata, que denuncie, que se persiga. Idealmente, el meollo es que se pueda ganar la lucha contra la impunidad. Los casos de Cochinilla, Diamante, la elevación a juicio de dos implicados en el negociado conocido como “cementazo”, así como el lanzamiento de la "Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030", le valieron al país un ascenso significativo en el último “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción” recientemente publicado. Se trata de una herramienta de medición que implementan en la región la Americas Society Council of the Americas y la empresa especializada en medición de riesgos Control Risk. En este ranking, Costa Rica (7.11) supera por primera vez a Chile (6.88) y obtiene el segundo lugar latinoamericano en lucha contra la corrupción, tan solo después de Uruguay (7.42) La medición valora tres aspectos fundamentales de la lucha contra la corrupción: la capacidad legal del sistema, el funcionamiento de la democracia y las instituciones públicas y por último el desempeño de la sociedad civil y los medios de comunicación. En los dos primeros rubros, Costa Rica mejoró su puntuación. Para darnos una idea del estado de “salud” que presentan otros vecinos en este tópico en particular, Panamá ocupa el lugar número 7 con un 4.96, mientras que México (4.05) está en la casilla 12 y Guatemala (3.38) en la 13. Naciones convulsas en términos de conflictividad social reciente como Colombia (4.87) y Ecuador (4.82) ocupan los sitios 8 y 9 del índice, mientras que Venezuela queda relegado al último lugar con una calificación paupérrima de 1.63 Claro que para nuestro caso, tenemos mucho por mejorar, pero puntualmente: ¿Qué falla en la sociedad civil y los medios de comunicación para aspirar a mejorar nuestros mecanismos de lucha anticorrupción? Conversamos con Eduardo Núñez, director para Centroamérica del Instituto Nacional Democrático, NDI, por sus siglas en inglés.

Los expertos aseguran que la desigualdad latinoamericana empieza en la escuela. Y consecuentemente sostienen que Latinoamérica ha producido una gran estafa educativa. Es, por supuesto, conclusión respecto de los pésimos resultados que exhiben nuestros países en cuanto a los aprendizajes y la adquisición de conocimientos para la vida. Para la inserción laboral y para la vida en general, como proyecto de realización y plenitud de cada ser humano. En Costa Rica podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la educación es una de las áreas de la política pública más diagnosticadas. Tenemos insumos, valoraciones, estudios e investigaciones de la más diversa índole y algunos -como los Informes del Estado de la Educación- de mucha calidad. Pero, también tenemos los datos puros y duros que exhiben los malos resultados. Del tema se ha hablado hasta el cansancio. Y el que menos conoce sabe muy bien que se quiere decir cuando se habla de las dos Costa Ricas: la de la educación pública y la de la educación privada. Claro, por supuesto, son sus excepciones. También sabemos a cabalidad que la pandemia expuso como una herida abierta la vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes de la educación pública que -para su mayor desgracia- ya venían del desastre que significaron para ellos las huelgas del 2018 y del 2019. Por eso ahora hay alumnos en quinto grado que no saben leer y escribir bien. Lectoescritura es un gran desafío. Matemáticas también. Esto es solo la punta del iceberg. La educación está atravesada por otros problemas enormes además de la adquisición de conocimientos, tenemos problemas de conectividad, de equipamiento, de infraestructura, de calidad de los docentes… ¿Cómo está encarando la nueva gestión ministerial los retos? ¿Qué significa "encender la educación"? ¿Cuál es la hoja de ruta para esta administración y para los próximos 10 o 20 años? Lo conversamos este jueves en Hablando Claro.

Precedida por el encuentro de las potencias del G7 en Alemania, este miércoles Madrid es sede de la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con la garantía de ayuda “ilimitada” a Ucrania y la bienvenida al grupo a dos históricos neutrales: Suecia, que no participa en conflictos desde las guerras napoleónicas, y Finlandia, que había sido imparcial desde la Segunda Guerra Mundial. Tal es la suerte de la recomposición del tablero geopolítico que ha ocasionado la invasión rusa que cumple 127 días y que Vladímir Putin ha afirmado con un ataque a un centro comercial ucraniano, dejando una veintena de muertos y decenas de heridos, todos civiles inocentes Así, el encuentro de los aliados reviste tal calibre que hizo cruzar el Atlántico al Presidente de los Estados Unidos en momentos en que el patio interno, en la nación del norte de América, está en total ebullición. Tanto que algunos analistas estiman que la división manifiesta en la sociedad estadounidense no se palpaba así desde los días previos a la Guerra Civil (1861-1865). Y la Suprema Corte, cuyo balance de poderes se encargó de alterar Donald Trump en su día, seguramente por décadas, tiene un papel epicentral en los acontecimientos. Primero, el jueves pasado asestó un golpe a los neoyorquinos al eliminar las restricciones de circulación con armas en espacios públicos, atizando el debate de ese estado y del país respecto de uno de los temas más sensibles en el país. El viernes dinamitó los ejes de la convivencia social de los últimos 50 años, derogando la protección constitucional al aborto. Y como si eso fuera poco, el lunes dio un paso más para desmantelar la separación iglesia-estado. El fallo 6-3 de los altos jueces contra un distrito escolar de Washington refuerza un nuevo patrón para favorecer a los conservadores religiosos y sus prácticas en la educación pública. Para terminar de agudizar todas estas tensiones, las revelaciones que está destapando la comisión investigadora en el Congreso acerca de la conmoción política del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 tuvo un punto climático en su sexta audiencia con el testimonio de una ex asesora de la Casa Blanca de Donald. Conversamos con Eduardo Ulibarri de este complejo panorama.

Aunque este lunes los ecuatorianos podrían haber respirado un poco de esperanza con el anuncio de los grupos que protestan hace dos semanas de su disposición a un acercamiento (al que se habían negado hasta ahora) con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, los días que han vivido los habitantes de gran parte del país de la mitad del mundo, han sido de enorme tensión e incertidumbre. Las protestas que liderada Leonidas Iza, de la poderosa Confederación Nacional Indígena de Ecuador, CONAIE, empezaron el 13 de junio con una lista de reclamos que tenía como primer punto el costo de los combustibles. La escalada de los ánimos degeneró en violencia y el Ejecutivo respondió el día 18 con la declaratoria del estado de excepción y más acciones represivas del aparato militar que atizaron los ánimos, incrementaron los efectos de los bloqueos (desabastecimiento de alimentos e insumos) y radicalizaron las posiciones de no acercamiento, al tiempo que fueron aderezando la crisis política en el Congreso, dado que un grupo de medio centenar de legisladores afines al expresidente Rafael Correa han pretendido encauzar la destitución del Mandatario. Lo cierto es que para desentrabar la situación, el gobierno decidió el sábado derogar el estado de excepción y el domingo anunció una disminución de 10 centavos de dólar en el precio de los combustibles que ya había congelado antes y el lunes, finalmente, la CONAIE y otras organizaciones que habían adherido las protestas, aceptaron sentarse a dialogar. La noticia está en desarrollo. Pero aún sin conocer su desenlace, es necesario acercarse a la crisis democrática ecuatoriana y considerando las agudas crisis socio políticas precedentes en Chile, Perú y Colombia, preguntarnos ¿por qué siguen enfermas las democracias latinoamericanas? ¿Es posible recuperarlas de los padecimientos agudos de la pobreza, la pobreza extrema, la exclusión, la informalidad laboral, la desigualdad extrema, la falta de oportunidades educativas y la precariedad de los servicios de salud? ¿Están acaso algunas de ellas condenadas al fracaso, sobre todo sabiendo que otras ya cayeron por los populismos y la corrupción extrema? La hora de las democracias latinoamericanas en Hablando Claro con María Fernanda Morales Camacho, experta investigadora en relaciones internacionales y máster en Estudios del Desarrollo.

¿Será posible que el Presidente Chaves y el Canciller André den marcha atrás en su decisión de avalar la candidatura de un nicaragüense para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA? Eso es lo que parece deslizarse de la declaración optimista que dio el Dr. Miguel Ángel Rodríguez luego de que este fin de semana los ocho expresidentes del país les remitieran una misiva a los actuales titulares de nuestra política exterior en defensa de no solo los principios cardinales de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos que son emblema costarricense, sino también de aseguramiento de la estabilidad de Centro América y de la seguridad nacional de nuestro territorio. La situación emerge del anuncio oficial de Casa Amarilla el jueves pasado, señalando que Costa Rica daría su voto para que Werner Vargas, representante del régimen dictatorial de Managua, sea elegido en ese puesto únicamente porque ello correspondería a la rotación geográfica del cargo entre los países del Istmo, como se acordó en el año 2017. La exmandataria Laura Chinchilla fue la primera en alzar la voz diciendo que el voto a Nicaragua sería “una bofetada a las víctimas de la represión y dar más poder al país que ha alterado el balance militar en Centroamérica y que ha aplaudido la invasión de Rusia a Ucrania”. Añadió además que también constituiría un golpe autoinfligido a nuestro país, dado que el puesto se le otorgaría a quien ocupó cargos en la cancillería nica y en la fallida, pero aún existente Corte Centroamericana de Justicia, cuando se produjo la invasión a nuestra Isla Calero. En coincidencia con sus colegas, este domingo el expresidente Luis Guillermo Solís dijo al diario La Nación que el pacto de rotación es inválido porque Nicaragua ha vulnerado principios que se establecieron en el denominado acuerdo de Tegucigalpa. “En el 2017 no habían pasado las matanzas del 2018. Daniel Ortega no se había robado las elecciones”, tampoco dijo, se habían metido a la cárcel periodistas, cerrado medios de comunicación, violentado derechos humanos, etc. Precisamente en la carta, los exmandatarios recuerdan al Presidente y el Canciller que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe de marzo, “documentó los casos de 43 personas aún detenidas en el contexto de las elecciones del 2021 y la muerte de uno de ellos en prisión, 34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales, 92 casos de personerías jurídicas canceladas a Universidades, ONG y fundaciones, y cerca de 150 mil nicaragüenses que tan solo en el 2021 huyeron del país”. Otro eje sustantivo del planteamiento de los ocho expresidentes es lo relacionado con el poderoso refuerzo armamentístico de la vecina nación (incluidos tanques, artillería remolcada y lanzacohetes) así como “la reciente autorización para el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas provenientes de Rusia…” Lo conversamos con doña Laura Chinchilla Miranda, expresidenta.

Foto: Rafael Pacheco/La Nación. “¿Acaso son la república independiente del Poder Judicial, que recibe sus propios impuestos, o tienen su propio legislativo?” Esa fue la respuesta del presidente Rodrigo Chaves cuando se le consultó si no había traspasado los límites a la independencia de los poderes, cuando fue a la Corte Suprema de Justicia a pedirle a los magistrados que no permitan que los “intereses canallas” sirvan como “obsceno cañón para lanzar sus balas de odio”. Odio y canalla, son dos de los vocablos a los que acude con bastante frecuencia el Mandatario. Esta vez fue para referirse a unas demandas que tramita el Ministerio Público en su contra por acción solicitada del Tribunal Supremo de Elecciones en unos casos y de personas físicas en otros, según trascendió la semana pasada justamente cuando don Rodrigo llegó intempestivamente al Ministerio Público, Como es harto sabido, el lunes, en la tradicional visita de cortesía que hace cada nuevo Presidente a la Corte Plena, el jerarca del Ejecutivo aprovechó para mezclar las críticas a la eficiencia del Poder Judicial con sus peticiones respecto de los asuntos propios en proceso de indagación. “La Corte no merece darles vitrina y espacio a estos individuos. Es momento de parar a los canallas que están llenando al tribunal de demandas absurdas y frívolas”, dijo. Esa es la síntesis de lo sucedido y los ecos han resonado toda la semana. Desde la apreciación del Presidente de la Corte recordando la línea cardinal de la separación de poderes del Barón de Montesquieu, que es fundamento de la democracia republicana, hasta la protesta de los sindicatos del Poder Judicial que argumentaron que no solo se trató de intromisión en otro poder, sino que la actuación del mandatario podría constituir una presión indebida. También se hizo sentir la voz de reprimenda de algunos legisladores y de unos pocos medios de comunicación. Todo esto sucede en la antesala de la presentación del Cuarto Informe del Estado de la Justicia la semana próxima (la investigación la realiza el Estado de la Nación con la anuencia activa del mismo Poder Judicial) y antes de la postergada elección del nuevo/a Fiscal General de la República que, dicho sea de paso, es motivo de señalamiento por un panel independiente que ha referido las falencias del proceso. Acerca de este momentum de la Corte Plena y el Ejecutivo conversamos entonces con el Dr. Fernando Cruz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

No es algo nuevo. Ocurre desde hace un tiempo. Pero ciertamente en la última campaña electoral explosionó como un volcán de enorme poder destructivo: es el odio en las redes sociales. Si ustedes se toman el trabajo de leer lo que hay en los comentarios de cada día tras publicar nuestra invitación a escucharnos, se darán cuenta al instante de lo que un muy serio estudio de Naciones Unidas concluye sobre Costa Rica: padecemos una epidemia de odio en las redes que aumentó -ni más ni menos- 71% en el último año. Va dirigida contra muchos, pero ataca especialmente a mujeres (y no se diga si son mujeres periodistas), a población sexualmente diversa, a afrodescendientes, a medios de comunicación y también aunque ahorita en menor medida a migrantes y a extranjeros en general. Por eso no nos extraña que cada día a nuestra directora le pidan insistentes odiadores la “renuncia” o peor aún a Radio Columbia donde trabaja hace 15 años que “la despidan ya” o un extremo nada sorprendente de uno que otro irascible cibernauta “que abandone el país”. Pero no es para nada personal. Es parte de un comportamiento masificado tóxico y enfermo que refleja un severo daño en el tejido social, en la convivencia, en el relacionamiento, en el respeto a la opinión de los otros, en su desconocimiento de que -como personas- esos otros tienen derecho a tener sus propias ideas, concepciones de mundo, formas de amar y formas de expresarse. Es la descalificación a priori por supuestos perversos intereses, por pretendidos pagos bajo la mesa (por supuesto no se puede pensar libremente si no es que se reciben coimas, dádivas o dineros mal habidos) En fin, es el pan de cada día de las redes sociales en Hablando Claro y en muchos otros programas y medios de comunicación; aunque hay que decir que también hay medios, programas e influencers "odiadores". El estudio acerca del discurso de odio en redes sociales 2021-2022 en Costa Rica lo demuestra contundentemente. Fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, el Observatorio de Comunicación Digital de la UCR y la firma especializada en análisis de datos COES y señala que el 77 % de los mensajes que tienen que ver con odio y discriminación se formulan con la idea expresa de herir, dañar, ofender, agredir y violentar a otros grupos o personas. El problema que tenemos con esta guerra en las redes es que además de incitar a la violencia, afecta la democracia, la degrada, la desvaloriza. Y la democracia -lo sabemos bien- es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Por eso hay que combatir el odio en las redes sociales. Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando los odiadores gritan a voz en cuello y los demás decidimos callar porque no podemos ni queremos dedicarnos a responderles sus diatribas? Conversamos este jueves (a riesgo de más insultos) con Larissa Arroyo, especialista en Derechos Humanos, consultora de Naciones Unidas y coautora de la guía legal contra discursos de odio.

Un país como el nuestro que tiene un buen desempeño en Derechos Humanos también presenta déficits en algunos de los llamados derechos de nueva o cuarta generación, especialmente relacionados con temas de salud que son siempre tópicos muy sensibles. Por ejemplo, tenemos pendiente avanzar en un debate serio para aprobar el derecho a la eutanasia. También estamos cortos en el aseguramiento de los derechos que asisten a los pacientes (lo sabemos muy bien ahora con el hackeo a la Caja Costarricense del Seguro Social) respecto de nuestros expedientes clínicos. Pero no hacía falta algo tan dramático como la vulneración de los piratas informáticos, para advertir que falta mucho mayor resguardo ético y legal de muestras biológicas en casos de pruebas de laboratorio dentro y fuera del país, de transferencia de materiales biológicos, de protección de datos genéticos, etc. Aunque tenemos una ley de Protección de Datos desde hace una década, necesitamos mucha más formación para que todos, y muy especialmente el personal de salud, comprenda la dimensión de la responsabilidad ética que implica algo tan sencillo como tomarse selfies en las salas de operación con un paciente sedado y abierto en alguna parte de su cuerpo, solo para citar un caso que en cierta forma vemos como "normal" aunque vulnere derechos a la intimidad. Un campo en el que sí dimos un paso adelante fue en la reciente promulgación de la Ley de Voluntades Anticipadas, que es una herramienta que permite, como su nombre lo indica, que una persona pueda renunciar expresamente a recibir tratamientos que le prolonguen artificialmente la vida. La voluntad anticipada se entiende entonces como un derecho para evitar lo que se conoce como “obstinación o encarnizamiento terapéutico”. Vamos a conversar de estos apasionantes y polémicos asuntos este miércoles con los especialistas de la española Universidad de Murcia en bioética y bioderecho, los doctores Belén Andreu y José Ramón Salcedo de visita en el país para abordar en un congreso universitario situaciones difíciles al final de la vida, medicamentos de alto costo, protección de datos en salud e investigación biomédica.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la semana pasada el mayor aumento de las tasas de interés en casi 30 años y el resto del continente corre a tomar nota. El ajuste llega después de que en mayo se registrara un incremento inesperado de la inflación, el nombre que dan los economistas a ese encarecimiento que todos hemos percibido en este año al comprar en la pulpería o en el supermercado. El problema es que la Reserva advirtió que seguirá subiendo aún más las tasas, porque en el horizonte económico global no se ve buen clima todavía. Solo pasaron unas horas y nuestro Banco Central reaccionó elevando, por cuarta vez en el 2022, la tasa de referencia para que los bancos coloquen créditos, con el objetivo de que se contenga el exceso de dinero circulante y se contenga la inflación, que llegó en mayo a una variación de 8,7 % interanual, más allá de lo proyectado. No hablamos de tecnicismos, sino del terreno en que miles de familias o negocios enfrentan la tarea de llegar a fin de mes o al menos de acomodar sus presupuestos a las nuevas realidades. Son estrechos los espacios para maniobrar y no hay acción sin reacción; la búsqueda de equilibrios se dificulta más y crece la urgencia de buena mano en el timón, lo que pasa sí o sí por el tamiz de la política y sus movimientos de corto plazo. El momento demanda una lectura que nos aporta el economista José Luis Arce, en nuestro Hablando Claro.

Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Una de las democracias más antiguas de América Latina dio este domingo un giro de timón y en medio del imprevisible resultado que arrojó la primera vuelta, la mayoría de los votantes se inclinó por un político muy conocido; así que a la tercera fue la vencida. Exguerrillero, exalcalde, excongresista y senador, Petro (50,49 %) le ganó la contienda al recién aparecido en escena Rodolfo Hernández (47,26 %) un populista millonario, sin carrera, sin partido y sin plan de gobierno que pateó el tablero político. Así, lo de Colombia es una reconfiguración total del ajedrez. Pero claro, eso no resulta para nada sorprendente en los tiempos que corren. Si no todo lo contrario. Petro, de 62 años, se convirtió en el presidente más votado en la historia del país con más de 11 millones de votos, pero lo que hizo Hernández fue tremendo y consiguió 4.6 millones de votos más, respecto de su primera presentación. Por eso el designado lo llamó anoche mismo a hacerse parte de los diálogos que el país necesita para su proyecto de paz y soluciones de justicia social. Paz y justicia social -por cierto- junto con diversidad, lucha contra el hambre, guerra a la corrupción, respeto al ambiente (detener la extracción de petróleo), redistribución impositiva, son solo algunas de sus inmensas ofertas de campaña. Y ahora vendrá entonces lo complejo. Tratar de cumplirlas. Justo cuando los sectores empresariales lo ven con terrible desconfianza y exigen seguridad jurídica, seguridad tributaria y orden público. Gustavo Petro el ex guerrillero y político de temperamento autoritario (así reconocido por él mismo) tendrá que convertirse ahora en el presidente de todos los colombianos en un contexto democrático de división, fragmentación y hartazgo de promesas. Es decir, como todas las sociedades de todas las naciones democráticas de nuestra América Latina. Con Constantino Urcuyo analizamos la interesante encrucijada sociopolítica de la tierra de García Márquez.

Un cúmulo de señales nos permiten ir vislumbrando de a poco -pero cada vez con más claridad- el estilo de la nueva administración gubernamental. La toma de control no ha sido fácil para un equipo que -en la mayoría de los casos- no se conocía y con fichajes que -también en no pocos casos- debió integrarse con profesionales y académicos que no habían tenido relación con el manejo de la cosa pública y sus insondables complejidades. El mismo mandatario, que había dicho en su día que nunca argumentaría ingobernabilidad para no tomar decisiones, recalculó sus apreciaciones al señalar -con el eco legislativo de su jefa de bancada- que los mandos medios le están obstaculizando la tarea. No precisó si son esos mismos controladores de las instituciones públicas los que no le permiten rebajar el precio del arroz -como lo prometió- aunque claramente el lunes lanzó indirectas a quienes impiden la ansiada rebaja. A pesar de ello, el mismo señor presidente dice (y dice bien) que los problemas no son para quejarse de ellos, sino para resolverlos. Por eso, todo hace indicar que tendrá que reconsiderar su determinación de no romper la regla fiscal, dado que se necesitan con urgencia dineros extras para mantener en el segundo semestre del año todos los programas de protección para 3.557 niños y adolescentes en vulnerabilidad social. Lo que sí se logró ya fue que ARESEP decretara una rebaja de 100 colones en el litro del diesel. Lo que sí se pudo también (y eso cuenta y es lo más destacado) fue que el país clasificara al Mundial de Qatar y eso es algo que favorece en cualquier tiempo a cualquier mandato. Otra nota positiva es la intención de diálogo y apertura que muestra la Casa Presidencial “con pizzas para todos” como lo confirmó un comunicado oficial en días pasados. Énfasis especial ha tenido en este empeño el proyecto de jornadas 4-3. Claro que hay de todo como es usual y el estilo de gobierno está tomando forma también desde el inicio con el cobro de facturas. Ha habido destituciones en Comex, Hacienda, Sinart, el ICE y otras entidades por donde va pasando la renovación de piezas. Para algunos de los integrantes del gabinete, el presidente Chaves Robles es más un gerente y su idea es conducir al Ejecutivo más como una empresa. ¿Es eso posible? Y como nota a pie de página, un capítulo sorpresivo y sorprendente se produjo este jueves cuando don Rodrigo Chaves dejó de lado sus funciones y se apersonó a la fiscalía general para documentarse acerca de una acusación en su contra. No se supo mucho de la situación particular, pero obviamente fue todo un revuelo, incluida la movilización de medios que se produjo. Oficialmente, si se sabía que el mandatario tiene dos expedientes en curso por los temas del manejo del financiamiento de su partido en la campaña electoral y sin duda, dados los tiempos que corren, acumulará más a lo largo del cuatrienio. Recordemos que el ahora expresidente Carlos Alvarado terminó con al menos una decena de acusaciones penales. Con Jesús Guzmán, del Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica, analizamos las primeras seis semanas de la actual gestión.

De congojas presupuestarias y regla fiscal… Justo cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) está urgiendo a los gobiernos de la región para que redoblen todos sus esfuerzos de atención a poblaciones en riesgo social, de modo que no se profundicen los temidos efectos de la crisis de este 2022, en nuestro país más de 13.000 niños y adolescentes en vulnerabilidad quedarían sin atención a partir del primero de julio dada la insuficiencia de recursos para cuidarlos, abrigarlos, darles techo y alimentarlos. Si, tan pronto como la próxima quincena. Se trata de 13.557 niños y jóvenes que reciben atención integral diurna, cuido en guarderías y atención en hogares alternativos residenciales y de acogimiento familiar que requieren urgentemente para el segundo semestre del año, un presupuesto de poco más de 16.335 millones de colones que el Patronato Nacional de la Infancia debería girar a unas 200 organizaciones no gubernamentales que sirven de brazo de apoyo a la manutención de personas menores de edad que están en pobreza y pobreza extrema. El problema estriba en que el financiamiento que recibió el PANI para dotar de contenido a estas organizaciones solo alcanzaba para el primer semestre de este 2022 y, por tanto, era necesario que se planificaran más recursos para terminar el año y eso no sucedió. Ahora, a tan solo quince días de requerir de los recursos del mes de julio y los subsiguientes del semestre que se avecina, no pareciera haber opciones que aseguren que los chicos no quedarían en desamparo. La presidenta ejecutiva del PANI -a quien invitamos a nuestro programa- nos pidió tiempo para avanzar en alguna solución, pero el margen de maniobra parece nulo porque en una nota oficial del 31 de mayo el ministro de Hacienda le dio un categórico no a la también ministra de niñez y adolescencia, Gloriana López Fuscaldo. De acuerdo con el jerarca hacendario, “debido a la realidad económica que atraviesa el país, a las limitaciones que conlleva la aplicación y cumplimiento de la regla fiscal… En el presupuesto del 2022 no existe posibilidad de incluir recursos adicionales, lo que imposibilita atender su petitoria”. Y claro, la petitoria de la titular del Patronato eran ni más ni menos que los recursos para terminar el año. Por ahora, la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) que financia parte de sus neurálgicas actividades con esos recursos, temen lo peor. Y lo peor sería que los niños y adolescentes en vulnerabilidad, los más débiles eslabones de la cadena de falta de recursos y oportunidades, encuentren las puertas de sus hogares de acogida cerradas a partir de julio. ¿Cómo salir de semejante congoja? Conversamos sobre el problema social que se nos avecina con este recorte de recursos de inversión social con personeros de UNIPRIN.

Exactamente en un mes vence el contrato que desde el 2002 permite a Riteve dar el servicio de revisión técnica a la flota vehicular del país, sin que hasta el momento haya claridad sobre lo que ocurrirá a partir del 16 de julio. La empresa dice estar a la espera de una pronta respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para sentarse a negociar una posible prórroga del servicio, aunque el ministro Luis Amador condicionó en su momento las conversaciones al traspaso de todos los activos que ahora serán del Eestado; algo que paradójicamente se retrasó a falta de la integración del Consejo de Seguridad Vial. Otras opciones colocadas en el panorama parecen inviables si lo que se pretende es no volver a lo que ocurría antes del 2002. Es "la papa caliente" que recibió este gobierno, en palabras del presidente Chaves, aunque es también una oportunidad más de lanzar los mensajes políticos que van demarcando el estilo del gobierno actual, ministros incluidos. Ocurre en el MOPT con numerosos proyectos viales pendientes y también con las reformas institucionales que atiendan las ineficiencias del diseño actual de una entidad central debilitada y varios otros consejos "satélites" donde se diluyen lineamientos y presupuestos. Es parte de la tarea que el ministro Amador ha anunciado en su primer mes de funciones. Con el jerarca y muchas preguntas hacemos nuestro Hablando Claro.

Vivimos una secuencia de variadas crisis una tras otra y las proyecciones económicas del mundo son sombrías Para América Latina, CEPAL proyecta un muy escaso crecimiento de 1.8 % para cerrar el año y urge políticas macroeconómicas precisas así como de seguridad alimentaria y energética. Urge porque aumentarán la pobreza y la pobreza extrema, no habrá recuperación del empleo en la cantidad necesaria y la inflación seguirá afectando a los quintiles de menor ingreso y especialmente a las mujeres y aún más a las mujeres cabezas de hogar. Según la Comisión Económica para América Latina, en un informe que recién se dio a conocer, los gobiernos deben echar mano a todos los instrumentos posibles para mantener las políticas fiscales y monetarias “procrecimiento”. Por eso recomienda que amplíen el espacio fiscal para favorecer los ingresos y que se impongan tributos a la renta extraordinaria de los recursos naturales. En lo inmediato, la seguridad alimentaria debe ser para sostener el bienestar de los más pobres, no restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes, establecer acuerdos de contención de precios y reducir o eliminar aranceles. A mediano plazo implementar políticas agrícolas apoyando la producción, aumentando la eficiencia de los fertilizantes y también su producción (incluyendo biofertilizantes). En seguridad energética hay que estabilizar los precios de los combustibles, establecer subsidios focalizados temporales a personas y sectores vulnerables. Propone además explorar -en una América fragmentada totalmente- mecanismos regionales de diálogo y coordinación. A mediano plazo propone avanzar en fuentes energéticas renovables (no extracción de combustibles fósiles!) e integración energética. Por supuesto, con este panorama las expectativas de la gente van totalmente correlacionadas. Para peores, la desconfianza está instalada en el continente. Según el Índice de Clima del Instituto Brasileño de Economía, el déficit en innovación, la política económica de los gobiernos y la corrupción, explican el deterioro económico de los últimos tres trimestres y de ahí el empeoramiento en la valoración de las expectativas. Y claro, ya sabemos lo que juegan las expectativas en economía. De nuestros propios márgenes de maniobra y especialmente de las medidas que pueden apurar tanto la administración Chaves Robles como el Congreso de la República, conversamos con el economista y dirigente empresarial Luis Mesalles.

En un momento más que complicado para la economía y la geopolítica, Estados Unidos aloja en Los Ángeles la Novena Cumbre de las Américas como una prueba de influencia continental y un esfuerzo por lanzar- más allá de las fronteras- sus mensajes de defensa de la democracia, además de las preocupaciones por las migraciones que le siguen llegando y preocupando. El eje del encuentro, sin embargo, se supone incluye también el abordaje ambiental, en momentos en que las prioridades de los gobiernos han colocado en segunda línea el combate al cambio climático o las políticas de la sostenibilidad, frente a urgencias perentorias como la económica, presionada por el alza de combustibles, que ha vuelto a carburar en días recientes. Las noticias, sin embargo, se han centrado en la no invitación a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de recientes acercamientos entre Caracas y Washington. Ello hizo que desistieran de participar, o al menos eso alegaron, los presidentes de México, Honduras y Bolivia. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, sí está allá con un objetivo declarado de atracción de inversiones. Muy paradójicas, por cierto, las ausencias del triángulo norte del Istmo (tampoco asistieron Guatemala y El Salvador), cuando se anuncia una inversión de casi $2,000 millones mediante inversión de empresas privadas estadounidenses para generar necesarísimos empleos en los tres países. Con este tema y la mirada de analista internacional de Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, conversamos en Hablando Claro.

Casi 15.000 personas recorrerán como hormigas el país entero durante tres semanas para que todos podamos saber qué país están recorriendo. El juego de palabras funciona para el Censo Nacional 2022, que comenzó este miércoles a recolectar en 1,8 millones de hogares el tesoro de los tiempos actuales: la información pura y dura que permitirá conocer el estado de nuestra sociedad 11 años después de la última vez que lo realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Datos valiosísimos que resultarán materia prima para tomar decisiones de políticas públicas y también, claro, para valorar lo que a veces queda oculto entre tantos desafíos y urgencias. Es la manera en que podremos dimensionar la situación actual tras una década de constante incidencia de las tecnologías, una pandemia que nos cambió hasta el modo de saludar, una tendencia de desigualdad que parecer no tener freno y muchas otras transformaciones que seguro traerán sorpresas también. Pero el proceso apenas va al terreno y todos debemos colaborar. Para eso conviene saber qué tipo de información nos pedirán y todas las medidas de seguridad que se aplican para esta enorme movilización. Conozcamos esos detalles y el valor del Censo con Elizabeth Solano y Edgar Díaz del INEC.

La vertiginosidad de las noticias económicas no nos da tregua. La inflación, la presión por el tipo de cambio, la urgencia de encontrar algún paliativo al elevado precio de los combustibles y otras muchas repercusiones asociadas están a la orden del día. La inflación de mayo pegó un salto de casi un punto y medio respecto de la de abril y se situó en 8.71 %. La gráfica ya va produciendo vértigo; se parece a aquellas líneas ascendentes de los momentos del Covid disparado. Tal vez la comparación no resulte muy rigurosa en términos formales, pero sí muy entendible para todos. Lo cierto es que estamos ante la inflación más alta de los últimos 13 años. Muy similar a las registradas en Estados Unidos (8.3 % en abril) y la Unión Europea (8.1 % en mayo). En nuestro caso, los bienes que apuntalaron mayormente este incremento fueron los transportes en taxi, la gasolina y la telefonía móvil, pero en términos generales se trata de los transportes y los alimentos, y como ya sabemos todo por causa de la maldita guerra rusa. Buscando paliativos, el Ejecutivo se inclina por los subsidios a los autobuseros para que no suban los costos de los pasajes, pero además, plantea a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos buscar la forma de reducir la presión que tiene el costo del diesel sobre el transporte de personas y mercancías. Un desafío tan importante o mayor que ese para Hacienda, está en enfrentar el cuestionamiento de la Contraloría General de la República respecto de lo que considera un exceso de endeudamiento público en el proyecto de emisión de bonos de deuda por $6 mil millones de dólares en el mercado internacional. Se trata de un proyecto de la administración Alvarado Quesada que los diputados anteriores no avalaron y que la nueva gestión Chaves Robles retomó. La cuestión, obviamente, es si los diputados le darán luz verde al Ejecutivo o se inclinarán por la tesis de su órgano asesor, que es precisamente la Contraloría. Y eso no es el único endeudamiento que el Ministerio de Hacienda requiere para continuar con el plan de estabilización. De estos desafíos inmediatos, justo cuando el Banco Mundial da malas noticias y proyecta la posible estanflación de la economía mundial, conversamos con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Un leve respiro dio el tipo de cambio en la tendencia de fuerte apreciación del dólar en las últimas semanas; pero el problema está lejos de ser superado. Siguen ahí los actores internacionales que alteran las economías y que nos arrastran a una mayor presión inflacionaria, más allá de las promesas o expectativas de intervención local desde nuestra pequeña casa. Hablamos de la guerra en el este de Europa que ya cumplió más de 100 días, las reacciones proteccionistas de las economías que tienen músculo para ello y los acomodos “indomables” de los mercados. También del precio de la gasolina como reflejo de casi todo, aunque también condicionado por circunstancias locales como el impuesto, la industria local de importación y distribución de hidrocarburos, y nuestros propios hábitos de consumo. Acaso no haya hogares y empresas que han tomado decisiones fuertes al ver como pasó de ¢1.000 el litro y como la escalada impacta otros productos o servicios básicos. Sobre las acciones o reacciones posibles a pesar de los escasos márgenes del país, y sobre la variedad de efectos relacionados, hablamos entonces con el economista Fernando Rodríguez.

A tono con la conmemoración, este domingo del Día Mundial del Ambiente que enarbola la bandera de “Una sola Tierra” y en extensión con el paraguas de la “Sostenibilidad” esta semana se realiza la novena edición de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Dejando de lado las consideraciones políticas respecto del debilitado músculo de los Estados Unidos en América Latina para llevar adelante esta nueva cumbre -que será motivo de análisis al cierre de semana- lo cierto es que el Día Mundial del Ambiente nos trae a la mesa de nuevo los inmensos desafíos para avanzar en los temas de protección y recuperación de nuestra casa común. Y en este punto, cada uno tiene su tarea. Por supuesto, los países grandes (desarrollados o en vías de desarrollo) tienen la responsabilidad mayor para reducir las emisiones y actuar de manera más consecuente con los efectos -a punto de irreversibles- del cambio climático. Algo muy paradójico de plantear cuando tras el golpe de la pandemia por el SARS-CoV 2, enfrentamos una guerra que lleva tres meses destruyendo a Ucrania, aumentando los precios de los combustibles fósiles y trastocando el mercado de cereales y otros insumos alimenticios vitales. ¿Cómo poder ver el horizonte cuando estamos imbuidos en la guerra armamentista de cada día? Claro, un país como el nuestro, que marca cero en las emisiones de carbono en lo sustantivo, pero que tiene responsabilidades éticas indiscutibles que han servido para modelar buenas prácticas y nos ha hecho merecedores de reconocimientos a lo largo del último cuarto de siglo, algo tiene que decir, y aún más, mucho tiene por hacer. Y no se trata solo de las aguas vertidas, como lo fue a pregonar recientemente el presidente de la República a Davos. También tenemos otros pendientes muy severos que afrontar. Por ejemplo, estamos degradando nuestros bosques tropicales, que son determinantes ecosistemas vitales del planeta, según hallazgos muy recientes, puntualmente en el Caribe, donde han sido convertidos en patios de contenedores. Así como lo lee. ¿Cómo revertir nuestras pésimas prácticas de planificación y falta de ordenamiento de los territorios? ¿Habrá continuidad al plan de descarbonización que heredó la pasada administración? Lo conversamos con Franz Tattembach ministro de Ambiente y Energía.

Cuando creímos que nuestra Seguridad Social había sido probada al límite con la atención de la pandemia, un ataque cibernético obliga ahora a declarar una emergencia institucional. Y, al igual que con el SARS-CoV-2, muchos ciudadanos ya sufren las consecuencias del ataque informático, y todos somos potencialmente víctimas de sufrirlo. Si, todos. Porque el principio de universalización y solidaridad de nuestro seguro social, nos incluye a todos los que eventualmente podríamos requerir de sus servicios. Lo cierto es que esta vez no hubo tiempo de prepararse para una emergencia que obligó a bajar todos los sistemas informáticos de la institución. Por ventura, algunos servicios extremadamente sensibles como la radioterapia que proporciona tratamiento a 320 pacientes por día en el Hospital México solo se interrumpió por 24 horas Una vez constatada la pureza de la red, el servicio se normalizó. También operan los servicios de quimioterapia en todos los centros médicos que habitualmente proporcionan este tratamiento. Tampoco se interrumpieron las cirugías del Centro Nacional de Rehabilitación De igual manera servicios como odontología, psicología y nutrición operan al cien por ciento, las farmacias trabajan con tinta y papel en la recepción y despacho de medicamentos, lo mismo que los laboratorios. Todo exige mucho empeño para cumplir con la directriz de mantener la atención de citas programadas. Claro, los procedimientos quirúrgicos que requieren antecedentes e interpretación diagnóstica para poder realizarse, han debido suspenderse, aun cuando se mantiene una alta prioridad para atender las cirugías de embarazadas, niños y anticoagulados. Otros grados de alteración tienen que ver obviamente con los trámites de pensiones y uno muy sensible que es el de incapacidades y licencias por enfermedad y maternidad que deben hacerse en papel y se estima que sí sufrirán retrasos en el pago. La vulneración a los sistemas de la Caja se produjo desde muchas semanas antes del violento ataque del martes en la madrugada y sus efectos van dejando al descubierto que probablemente no solo habrían robado información, sino incluso hasta alterado expedientes de pacientes. Terminamos nuestra semana Hablando Claro con un balance del ataque y lo hacemos con el Dr. Randall Álvarez, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El curso de las horas y con ellas la revisión exhaustiva de equipos ha dejado al descubierto que la penetración a los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social fue muchísimo más amplia de lo estimado inicialmente. Más de la mitad de los 1.500 servidores (800, precisó el presidente ejecutivo) y alrededor de 9.000 terminales resultaron afectadas, hasta ahora. Los servicios de la institución no serán restablecidos esta semana. Esta es la única precisión en cuanto a tiempos que se conoce. Aunque la buena noticia es que los respaldos están confirmados hasta el lunes 30, justo horas antes del ciberasalto. Con la crisis en proceso, el presidente de la República pidió que rueden cabezas. Ordenó investigar la Dirección de Tecnologías de la CCSS para sancionar a los supuestos responsables en caso de que hubiese habido negligencia. También este miércoles el Ministerio de Salud comunicó un caso bajo estudio por probable viruela del mono que, de confirmarse, sería el primero en nuestro país y en toda Centro América. Se trata de una joven turista noruega de 21 años que ingresó al territorio nacional el 22 mayo y presentó sus primeros síntomas cinco días después. Por ahora, ninguno de sus contactos directos (otros seis turistas y dos costarricenses) han mostrado sintomatología alguna. Para confirmar o descartar el padecimiento habrá que esperar resultados de las pruebas ya enviadas al Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos. Pero como tenemos claro que las crisis se superponen unas a otras, el contagio por las variantes de Covid-Ómicron no cede. Hoy volvemos a tener en nuestros entornos cercanísimos casos nuevos todos los días y aun cuando son de menor gravedad, algunos hospitales ya dan cuenta de incrementos sensibles de ocupación. Así que mientras esperamos mayores noticias y más claridad respecto de lo que sucede con el ciberataque a nuestra seguridad social, conversamos acerca de la viruela del mono, las reinfecciones por covid y la necesaria insistencia en abarcar con la vacunación a todos aquellos que puedan recibir las dosis disponibles. Con el epidemiólogo Juan José Romero.

Un comando élite integrado por 300 expertos en informática trabaja incesantemente para detectar el grado de vulneración que recibieron los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Exactamente, 43 días después del ataque contra Hacienda, un grupo delictivo conocido como Hive (en español colmena o panal), especialmente dedicado a asediar sistemas de salud en los Estados Unidos, atacó la madrugada de este martes nuestra institución de seguridad social que había recibido en el curso de la crisis anterior un intento de penetración que no tuvo éxito, pero que podría haber dejado alguna vulnerabilidad para posibilitar la nueva incursión que aun cuando no deviene propiamente del poderoso ciberdelincuente Conti, si tiene vínculos con esta otra organización criminal. Ante la interrupción de los servicios, que se produjo como consecuencia de que la propia Caja bajó todos los sistemas para protegerlos del golpe, el presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, pidió paciencia a los asegurados, mientras ofreció tranquilidad señalando que se ejecutan todas las medidas de contingencia. Aun cuando reconoció que el asalto fue muy violento, el Dr. Ramos también adelantó que por ahora parecieran ser pocos los sistemas vulnerados. La afectación principal es que debido a la protección no está disponible el ahora indispensable Expediente Digital Único en Salud, EDUS, que precisamente hace un mes cumplió 10 años y ha implicado toda una era de modernización en la prestación de los sensibles servicios de salud de los asegurados. Respecto de la intrusión, las autoridades de la CCSS aseguraron en la conferencia de prensa del mediodía del martes que aún no habían recibido solicitud de rescate para no liberar eventual información secuestrada y consecuentemente, por ahora negaron que se trate de un evento extorsivo. En esta línea, el director de Tecnologías de Información, Roberto Blanco, aseguró que no era responsable adelantar criterio y, por tanto, no confirmó si el ataque habría sido producto de una vulnerabilidad tras el intento de penetración de abril o si se trata de un asalto completamente nuevo. Para ahondar en la comprensión de los hechos de la batalla informática contra nuestro país, conversamos con el exdirector de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Jorge Mora.

“... Tenemos que competir contra el narco y que los muchachos no se metan, que no se los lleven, que no deserten del estudio. La droga está en la calle, la compran fácilmente o los utilizan para que la vendan” Quien refiere esta cruda realidad -a la que usualmente damos la espalda- sabe de lo que habla. Es David Morales, Director Regional del Ministerio de Educación Pública y tiene bajo su mando 252 centros educativos en Limón; de los cuales, según él mismo estima, al menos el 20 % son vulnerables a la acción de las bandas del narcotráfico. Él dio estas declaraciones al diario La Nación días atrás, cuando un par de hechos de violencia extrema volvieron a poner sobre el tapete la vulnerabilidad que enfrentan los niños y los jóvenes en muchas zonas del Caribe donde los docentes y las autoridades educativas ejecutan una estrategia de “alerta temprana” para tratar de contener la situación de vulnerabilidad de los menores en riesgo social. Lo que ocurre en Limón también sucede en muchos otros sitios del país. De hecho, el propio Ministerio de Educación Pública reconoce que cada año 7,000 estudiantes (y no solo adolescentes, sino también niños) son detectados en consumo de diversas drogas. Y bien sabemos que esa puerta conduce a todos los abismos. Ampliando el lente de este de por sí ya gran problema social, las autoridades advierten de una ola pospandémica de violencia extrema. El reconocido penalista Carlos Tifer afirma que “luego de poco más de dos años de clases virtuales, el regreso a las aulas se ha visto empañado -no solo en nuestro país, sino también en otros de la región- por un estallido de violencia que sorprende a nuestra sociedad, pues no es un fenómeno frecuente en el ámbito escolar”. ¿Qué clase de fenómeno es en realidad y qué tan nuevo resulta? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad social y por qué en otros entornos, aun cuando no se trate necesariamente de temas de drogas, hay también tanta violencia entre los estudiantes? ¿Es el comportamiento intolerante y agresivo de los adultos también parte de la ecuación del deterioro de la convivencia en escuelas y colegios? Hablamos este martes de manifestaciones de violencia, sus muy diversas causas y la necesidad de reconocerlas y actuar socialmente para revertirlas. Con el especialista en derecho Carlos Tiffer y el investigador social Carlos Sandoval García.

En un país como el nuestro en el que la matriz para el consumo eléctrico está asegurada con fuentes renovables en un 99% (lo cual no sucede en muchas otras latitudes planetarias) el precio que más nos afecta en lo cotidiano, es el de los combustibles fósiles para mover el sistema de transportes (personas y mercancías) del cual absolutamente todos dependemos. En este sentido, no es necesario explicarlo, la invasión de Rusia a Ucrania, que ya contabiliza tres largos meses, ha trastocado esos costos tanto como las cadenas de distribución, que ya venían afectadas por la pandemia, y la crisis alimentaria de granos. Crisis que se superponen unas sobre otras. Pero cómo de nada vale aquella vieja sentencia de “mal de muchos…”, todos (o digamos, muchos) estamos esperando alguna solución local al problemón mundial. Hasta ahora, las propuestas de solución planteadas al problema de nuestra factura petrolera, son menores, cuando no irreales. Nos explicamos: algunas propuestas resultan paliativos, insuficientes para el costo de llenar el tanque (el precio actual y el que se anuncia obviamente mayor). A nadie le tranquiliza una rebaja de 50 colones en el litro de la gasolina y el diesel. La solución mágica (irreal) es la de aquellos que piensan que es tan fácil como la “voluntad política”. Así aparecen las propuestas de eliminar de cuajo el impuesto único a los combustibles; lo que -evidentemente- sí tendría un impacto significativo en el costo. Pero, ¿cómo hacer semejante rebaja, sin tener con qué suplir la insuficiencia de recursos que eso le generaría al erario público? Aquí es donde se sitúan las diferencias que ponen de manifiesto la cruda realidad. ¿Existe acaso alguna fórmula viable para disminuir el precio de los combustibles de manera que sintamos un alivio verdadero, sin que su consecuencia sea desfinanciar obligaciones estatales de la hacienda pública? Se lo preguntamos a un experto independiente en la materia, el economista Pablo Sauma.

Al concluir una semana que estuvo marcada por las polémicas declaraciones presidenciales respecto del supuesto despilfarro de las reservas del Banco Central y de un deterioro fiscal más agudo del que realmente padecemos, vamos quedando claros que -dichosamente- la credibilidad actual del país está más sustentada en los índices (y los datos duros que los respaldan) que en los juicios de valor, más propios de la argumentación de los resabios de la pasada campaña electoral. Ahora, lo cierto y real es que nos toca enfrentar los embates de la crisis que ya veníamos padeciendo por nuestros acomodos internos y por la pandemia global, y la nueva producida por la guerra en Ucrania, cuyo flagelo más evidente en términos económicos, refiere a la inflación aquí y en el resto del mundo. Y la inflación alcanza por supuesto a todos los precios. Incluyendo el tipo de cambio. El nuevo jerarca del Banco Central, Róger Madrigal, quien hasta el 7 de mayo era el Director de la División Económica de la institución, esgrime como principal eje de acción en esta coyuntura delicada la prudencia en un momento en que el tipo de cambio ha seguido subiendo y está afectado por variables fundamentales de largo plazo que inclinan más las condiciones a dejar la flotación administrada que fue la marca característica de los últimos años, para pasar a una flotación un tanto más libre. En una materia sumamente técnica que gravita en torno a la autonomía e independencia que por ventura tiene el Central en nuestro esquema de pesos y contrapesos institucionales, el jerarca establece con claridad las líneas de gestión. “Lo que queremos es que los ajustes se den dentro de una lógica del mercado, de crear los incentivos económicos para que las variables se comporten de acuerdo con lo que nosotros consideramos los criterios de eficiencia. Nadie está pensando que para combatir la inflación hay que fijar precios, por ejemplo”, argumentó el diario La Nación este jueves. De las condiciones propias del país y de las holguras y estrecheces de la política cambiaria y monetaria del Banco Central para apuntalar las circunstancias de la pequeña economía costarricense, conversamos con don Róger Madrigal.

Bien sabemos que a los costarricenses nos cuesta mucho cambiar lo establecido. Aunque no estemos cómodos con algo, nuestra primera reacción, (en términos generales, clara está) es resistirnos a la posibilidad de modificar las condiciones en las que nos encontramos. Esto aplica para casi todo. Pero puntualmente en términos del trabajo, como eje sustancial de nuestra calidad de vida, es particularmente sensible. No todos, por supuesto, tenemos el trabajo soñado. Ya sea por las condiciones inherentes de la tarea que debemos desempeñar, sea por la precariedad que afecta a muchas personas en su empeño por colocarse bien, o peor aún, por el hecho de que el empleo formal escasea cada vez más para cientos de miles de personas, las condiciones de aseguramiento y las mínimas de respaldo de derechos, no alcanzan para todos. Es lamentable. Pero esa es la realidad. Peor aún, hay personas que tienen que soportar situaciones de irrespeto con tal de tener un empleo y, claro, no se pueden quejar porque trabajos hay pocos y trabajadores dispuestos a lo que toque, muchos. Nuestro emblemático Código de Trabajo, que tantas garantías y protección nos ha brindado, ya cumple casi 80 años y aunque se ha sometido a modificaciones parciales, lo cierto es que no responde a las cambiantes circunstancias del siglo que vivimos. La última discusión, para remozarlo, pretende permitir variaciones en las tradicionales jornadas semanales de cinco o seis días, para introducir una adicional de solo cuatro días laborales, pero con una extensión de hasta doce horas de jornada. La propuesta ha causado revuelo porque a no pocos les produce temor que una reforma a las reglas actuales permita eventualmente vulnerar derechos adquiridos. No obstante, hay muchos otros que ven en esta posible modificación de ley una oportunidad para gestionar mejor sus equilibrios vitales, incluyendo ahorro en tiempos de desplazamiento, mayores opciones para armonizar tiempos familiares o para el disfrute del tiempo de enriquecimiento meramente personal. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de introducir una nueva jornada en nuestro esquema de trabajos formales? Con la especialista en derecho laboral Paola Gutiérrez lo conversamos en Hablando Claro.

A la Caja Costarricense de Seguro Social, la entidad estatal más emblemática y significativa de la paz social del país, le llegó la hora de una transformación estructural. Una reingeniería de sus procedimientos, pero también de su cultura institucional. Quien lo sostiene con total convencimiento y claridad de objetivos es su nuevo presidente Ejecutivo, el Dr. Álvaro Ramos Chaves, un experto en temas de pensiones que ahora tiene delante de sí y de sus responsabilidades, el bosque completo del aseguramiento nacional: el que exige sostener y mejorar la cultura previsional jubilatoria para una población que vive muchos años y el que requiere mejorar la prestación de sus servicios de salud y también, claro está, la generación de ingresos para poder seguir haciendo todo lo que de ella se espera. Ramos, prefiere poner pausa por el momento al tema de pensiones, que visualiza más en el enfoque sistémico de los varios regímenes que tiene el país y, por tanto, con una redefinición a mediano plazo, en consonancia con otras organizaciones y, por supuesto, con diálogo nacional. En lo inmediato, quiere concentrarse en perseguir dos cambios sustantivos: por un lado, devolverle la credibilidad a la CCSS y la confianza a los contribuyentes de que obtendrán salud y pensiones dignas para que sigan cotizando; lo cual implica derrotar el pesimismo que percibe en torno a los cotizantes que creen que no recibirán contraprestaciones por sus aportes, y lograr además nuevos contribuyentes, lo que entraña necesariamente derribar lo que califica como “la percepción de hostilidad” que tienen los asegurados independientes respecto del sistema, lo que conduciría (o debería conducir) a modificaciones más profundas que las formuladas hasta ahora. El otro objetivo es mejorar sustancialmente la gestión de listas de espera a partir de una intervención estadística quirúrgica que, mediante la ciencia de datos y gracias al EDUS, permita reconfigurar el sistema de atención. De los desafíos de nuestra seguridad social, conversamos con el Dr. Álvaro Ramos.

El rompecabezas político del 2022 puso de relieve en uno de sus espacios más visibles la figura de Rodrigo Arias como contraparte o contrapeso del gobierno de Rodrigo Chaves. El presidente legislativo, así nombrado el 1 de mayo con el voto no solo de una amplia mayoría opositora, sino también de la propia bancada oficialista, es actor relevante en el inicio del cuatrienio. Se trata de un veterano de los cuadros tradicionales que maneja como pocos el arte de la negociación política. El dos veces exministro de la Presidencia fijó posiciones y objetivos de construcción colectiva en su discurso del 1° de mayo y en la réplica al discurso presidencial el 2 de mayo; también en el mensaje de juramento al presidente Chaves y en las jornadas posteriores conduciendo un plenario que también está aún en fase de acomodo, condicionado por lo que proponga el Ejecutivo en sus primeras de arranque. Con una experiencia vastísima, con el peso de un PLN golpeado, en tiempos de cuestionamiento a la política tradicional y en circunstancias delicadas del país y del mundo, Arias Sánchez dice comprender la responsabilidad del momento con los apremios económicos que repercuten en nuestra convivencia. "No exagero en subrayarle que estamos frente a una emergencia nacional multisectorial que amenaza nuestra estabilidad y exige soluciones impostergables", dijo al juramentar al mandatario el 8 de mayo. Con el presidente legislativo realizamos nuestro Hablando Claro.

La comunicación en política nunca es un "producto", sino parte de los procesos para alcanzar las metas concretas. Nunca nadie ha votado por un candidato porque "comunicará bien en su gobierno", aunque esto resulte fundamental para desempeñar el poder siempre, sobre todo en un país de poderes acotados para la Presidencia. Mucho de ese proceso de comunicación se desarrolla con los medios de comunicación. Aunque la prensa hace tiempo perdió el "monopolio" del trasiego de información pública, es protagónica aún en la discusión pública, aunque a veces no queramos reconocerla, o aunque a veces sea puesta como enemiga en función de objetivos políticos. No es nada nuevo ni original. Se ha visto en otros momentos y en otros países, y se seguirá viendo en la medida en que genere réditos aparentes a costa de la salud de la discusión ciudadana y de la democracia misma. Lo bueno es que la enorme mayoría de los actores de poder así lo comprende; lo malo es que a veces pesa la tentación de jugar en contra. Podemos ubicar aquí al gobierno del presidente Rodrigo Chaves en sus cortísimas dos semanas, cuyos voceros colocan a los medios de comunicación (todos, en general) como enemigos y plantean un objetivo de "comunicación directa con la gente", sin que hasta ahora tampoco se vea definida. Y a través de esa comunicación, con sus titubeos iniciales, viajan los mensajes en temas que sí se admiten como sustantivos, por una parte, de la población. El último de ellos, el anuncio de este domingo con medidas tendientes a contener el duro aumento del precio de los combustibles. Merece el tema un análisis que emprendemos con el periodista y analista Eduardo Ulibarri.

Fotografía: Fabián Hernández / Semanario Universidad. El cuatrienio legislativo ha comenzado lento, como esperando que el Ejecutivo haga valer ese poder de control de proyectos, pero en Zapote también están en su acomodo propio, nada fácil, por cierto. El parlamento en sus primeras tres semanas ha sido más de señales y promesas, que nunca faltan y también importan. Entre ellas, las de Frente Amplio como minoría distinta del resto de bancadas que se unieron para conformar el Directorio el 1 de mayo. Pero no solo eso, es la bancada que ideológicamente ocupa en soledad el flanco de la izquierda y eso lo refleja, por ejemplo, en la oposición al proyecto de legalizar las jornadas laborales de 12 horas en cuatro jornadas por semana. Esas posiciones las escuchó el presidente legislativo Rodrigo Arias y las reconoció como válidas. Hay espacios que el Frente Amplio luchará por ocupar, aunque nadie tiene la tarea fácil. De estos primeros movimientos y del nuevo Congreso como contraparte del nuevo Ejecutivo conversamos con el jefe de la bancada frenteamplista, Jonathan Acuña, invitado de turno en nuestra ronda paulatina de conversaciones con los voceros de las fracciones.

Con la masificación de la telefonía celular y la alta bancarización se multiplicaron también los ladrones digitalizados. Las estafas se han incrementado por alguna razón en los últimos meses, este año en concreto, quizás tanto como el estrés financiero de muchas personas en un contexto difícil. Solo en la provincia San José los usuarios perdieron más de ¢3.000 millones y más de $1 millón por estafas digitales o por llamada telefónica durante el 2021, reportó el OIJ. Mucho tiene que ver con la cultura de nosotros los usuarios, pero parece que otra parte considerable de la responsabilidad la tienen también las casas bancarias. ¿Cuánto corresponde a cada parte? La conversación en Hablando Claro la tenemos con Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero.

Tenemos que hablar también sobre los plaguicidas, ese factor invisible con implicaciones económicas sobre la producción agrícola, con efectos indudables sobre el ambiente y con consecuencias que también están probadas sobre la salud humana. El problema es que en Costa Rica los indicadores superan (por mucho) a los promedios internacionales y las razones no parecen suficientemente justificables, de acuerdo con las conclusiones con un completo estudio que publicó esta semana la sede local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los investigadores determinaron que Costa Rica es uno de los mayores consumidores de plaguicidas del mundo, que el Estado utiliza un método inexacto para calcularlo y que se dejan de percibir más de $22 millones por año debido a la exoneración fiscal vigente, mientras el país gasta por tratamientos de salud asociados al menos $9 millones al año. Esto nos involucra a todos. Con Elídier Vargas, autor de la investigación, y Kifah Sasa, representante residente adjunto de PNUD en Costa Rica, colocamos este miércoles la mirada sobre un sector que nos suele resultar invisible en la discusión pública.