Los hermanos Medardo y Marvin fueron capturados por el régimen de excepción en octubre de 2022, pese a que no tenían antecedentes o tatuajes relacionados con pandillas. Marvin murió en julio de 2024 y Medardo sigue encarcelado por tiempo indefinido. La familia ha tenido que asumir gastos que antes no tenía como la compra de paquetes y eso los ha dejado al límite del hambre, como ocurre con otro millón de salvadoreños que no tienen dinero para comer los tres tiempos.

Introducing Central America in Minutes: a weekly podcast from El Faro English where we cover our breaking investigations, the splashiest headlines from the region, and the stories swept underneath the rug. Subscribe on major podcast platforms to receive a new episode every Friday. This trailer was written by Roman Gressier, the editor of El Faro English, and narrated with reporter Yuliana Ramazzini. Production and original soundtrack by Omnionn. El Faro English translates —and now podcasts— Central America. For more of our award-winning reporting, subscribe to our newsletter and follow us on X. And consider joining our crowdfunding community to support independent journalism in our region.

El vicio de carácter, que le hace subestimar a los demás, no es un buen augurio para Bukele y los suyos. La comedia, la historia y la sicología pronostican todas que ese legado que le desvela por las noches y que traiciona de día terminará igual que han terminado los de todos los miembros del club de los corruptos vanidosos.

El hermano de uno de los cuatro periodistas holandeses asesinados en Chalatenango durante la guerra, hace 42 años, demandó en una corte distrital de Virginia al coronel Mario Reyes Mena. En El Salvador, Reyes Mena es prófugo de la justicia por una orden de captura de 2022. La demanda intenta repetir el mismo camino jurídico que logró la deportación de exministros de Defensa acusados también de violar derechos humanos durante la guerra. 

Marvin y Medardo eran dos hermanos que vivían en el caserío El Jobo, en Santa Elena, Usulután, y que fueron capturados el cinco de octubre de 2023. María Elena, su madre, dice que eran campesinos y que la Policía los capturó a las nueve de la noche, sin ningún motivo. Cuando ella preguntó por qué los capturaban, la Policía le respondió que por el régimen de excepción; cuando ella cuestionó sobre las pruebas del delito, le dijeron que era el régimen de excepción. Nada en concreto. El argumento para mandarlos al penal de Izalco por agrupaciones ilícitas fue único: el régimen de excepción que inició en El Salvador desde marzo de 2022 y que deja sin derechos básicos a los ciudadanos y otorga prerrogativas a policías y militares. Marvin, de 23 años, estaba sano al momento de su arresto, dice su familia. Estuvo 18 meses detenido en el penal de Izalco, en Sonsonate, y ahí enfermó de tuberculosis, cáncer pulmonar, desnutrición y diarrea; fue sometido a cirugías sin el consentimiento de la familia y obtuvo su libertad condicional en junio de 2024, luego que se viralizó un vídeo en Tik Tok, donde su cuerpo desnutrido, esquelético, aparece postrado en una camilla del Hospital Rosales. Estuvo en su casa de techo de teja y piso de tierra durante un mes, sin poder caminar y apenas balbuceando algunas palabras para contar a su madre cómo lo maltrataron en el penal. Marvin murió el 28 de julio de 2024. Tras la muerte de Marvin, María Elena teme por su otro hijo: José Medardo, de 24 años. Medardo está detenido en el penal de Izalco desde hace 23 meses y su familia no sabe nada de él. La audiencia en su contra estaba programada para agosto de 2024, pero un juzgado de San Miguel la reprogramó para 2025. “Un año más, otro año más y así le van aumentando”, crítica María Elena, quien cuenta en esta entrevista cómo el régimen de excepción ha dejado a su familia al borde la hambruna. Ella, su hija y su nieta de cinco años ya sufrían el calvario de la pobreza y ahora que el régimen ha capturado a sus dos hijos dice que a veces solo comen una vez al día porque tienen que ahorrar para comprar el paquete que lleva al penal. En esta entrevista cuenta sus penurias y dolor.

Dos exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inscribieron la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele para las elecciones de 2024 han sido nombrados magistrados de cámaras en el Órgano Judicial. Para que Dora Martínez y Guillermo Wellman pudieran entrar a trabajar como nuevos funcionarios judiciales, la Corte anterior y la que fue nombrada el 23 de septiembre cesó a dos jueces del país.

El exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, se reunió con el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, y con Ibrajim, hermano del presidente Nayib Bukele, y les aseguró a ambos que se había “robado” el código fuente del sistema interno de conteo de votos del TSE. También expuso a Zablah una serie de estrategias ilegales para boicotear las elecciones si los resultados preliminares no eran los que esperaban. 

Es curioso que Muyshondt haya grabado esas conversaciones en las que confiesa delitos. Es de suponer que quería protegerse de algo, que desconfiaba de las mismas personas a las que se había asociado políticamente.

Una investigación del periodista Héctor Silva revela audios de conversaciones que el exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, sostuvo con Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa. Muyshondt, fallecido en febrero de 2024 bajo custodia estatal, y Castro, entonces secretario privado de la Presidencia, hablan sobre la necesidad de espiar y atacar digitalmente a medios y periodistas antes de que estos publiquen reportajes. Los audios muestran también un reconocimiento de los casos de corrupción del viceministro de Seguridad, Osiris Luna.

El presidente Nayib Bukele envió una delegación para participar en conversaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio con China. Los líderes de la delegación del gabinete económico son los fundadores de la empresa de criptomonedas Chivo S.A de C.V.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó el informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, la política punitivista que ha encarcelado a 81,000 salvadoreños en dos años y que le garantizó al presidente Bukele su reelección. El informe confirma que el Estado debe investigar todas las violaciones de derechos humanos reportadas por la prensa y organizaciones de la sociedad civil. El informe debió publicarse en mayo, pero el Gobierno hizo un esfuerzo por contrarrestar los hallazgos.

El 14 de agosto circuló un video en internet: un ciudadano denunciaba que la Policía quería entrar a su casa y arrestar a su madre sin tener ninguna orden de captura ni de allanamiento. La Policía capturó al joven acusándolo de revelar información “confidencial”, por haber mencionado el nombre y el número de ONI de un sargento. Ahora mismo se enfrenta al juicio por un supuesto delito que puede costarle hasta cinco años de cárcel.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión presentó en junio de este año un informe privado titulado “Un Nuevo El Salvador”. El informe describe un país seguro en el que hay pleno respeto de los derechos humanos. Andrés Guzmán actúa como vocero del gobierno de Nayib Bukele ante los señalamientos internacionales por las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción. Para Guzmán, la información que contiene el informe no es reservada, sino “de circulación controlada” y los menores de edad no están presos como castigo, sino “en centros de reinserción”.  El titular de esta entrevista es similar a una frase que Guzmán dijo hace un año a El Faro: “No he hablado con nadie que haya salido de las cárceles del régimen de excepción”. Pero en ese momento, Andrés Guzmán tenía dos meses de haber tomado su cargo y habían más de 71 mil personas capturadas en el primer año del régimen de excepción. Ahora tiene 15 meses, hay más de 80 mil personas capturadas y las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas acumulan más de 6000 denuncias por violaciones a derechos humanos y 265 personas muertas bajo custodia del Estado. Aún así, Guzmán niega que en las cárceles se torturen personas o que exista “una sola muerte violenta”. 

El 4 de diciembre de 2023, la Policía capturó a un comerciante por agrupaciones ilícitas. La familia presentó pruebas de que no era pandillero. Al contrario, durante décadas fue víctima: recibió amenazas de muerte por no pagar la renta, atestiguó el asesinato de uno de sus empleados y dos de sus hermanas recibieron asilo político en Estados Unidos por las amenazas de las pandillas. Un juez ordenó su libertad condicional diez días después de su arresto, pero las autoridades lo recapturaron por el mismo delito.

El      señor Orellanaes un comerciante de la zona norte de San Salvador que durante casi dos décadas fue víctima de las pandillas. En el año 2005, una empresa distribuidora de alimentos lo despidió y, para enfrentar su desempleo, montó un pequeño negocio de reciclaje. Con el nacimiento de su empresa comenzaron los problemas con las pandillas: el Señor Orellana vivía en una colonia controlada por el Barrio 18 y su negocio operaba en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha-13. Ambas pandillas exigían el pago de la renta al comerciante. Fue su esposa quien contó a El Faro la historia. Es ella quien da este testimonio. Él está preso.  El señor Orellana se negó a pagar la renta y creyó que el problema se solucionaba contratando el servicio de vigilancia privada. En julio de 2012, la pandilla respondió con el asesinato de Carlos Rodríguez, de 70 años, el anciano que vigilaba el negocio. Tras este homicidio, y ante nuevas exigencias para el pago de la renta, dos familiares del señor Orellana emigraron hacia Estados Unidos y solicitaron asilo político. En febrero de 2017, esos familiares recibieron asilo político en Estados Unidos, por ser víctimas de las pandillas, según documentos en poder de El Faro. El Señor Orellana no abandonó el país. Él denunció el caso de extorsión en la Fiscalía, siguió trabajando y, según su esposa, negándose siempre a pagar la renta que le exigía tanto el Barrio 18 como a la Mara Salvatrucha-13. Pese a los documentos fiscales que confirman que durante años fue una víctima de las pandillas, el 4 de diciembre de 2023, a 19 meses de iniciado el régimen de excepción, la Policía lo capturó por el delito de agrupaciones ilícitas. La familia presentó un legado de documentos para demostrar que la empresa del señor Orellana factura más de un millón de dólares al año, que tiene una estabilidad económica; la familia documentó las responsabilidades del señor Orellana con sus tres hijas y también las amenazas y ataques que recibieron por parte de las pandillas. Un juez contra el crimen organizado de San Salvador ordenó su libertad inmediata en la primera audiencia, realizada diez días después de su detención, pero Centros Penales no cumplió con la orden.  Un mes después, en enero de 2024, el señor Orellana fue recapturado por agrupaciones ilícitas en el penal de Izalco, en Sonsonate. La Fiscalía lo acusó de un “nuevo” delito ante otro juez contra el crimen organizado de San Salvador. Sin embargo, la familia logró, por medio de unos abogados, acumular el proceso al juzgado que le concedió la orden de libertad en diciembre del año pasado. La familia denuncia que el comerciante es víctima de una “doble persecución” (ser acusado dos veces del mismo delito, por los mismos hechos), algo que prohíbe la Constitución salvadoreña. El juez aún no resuelve el caso y el señor Orellana continúa detenido. La esposa del señor Orellana narra a continuación su calvario y el que antes padecieron a manos de los pandilleros.

Cuando el país cumplía el segundo mes bajo cuarentena estricta por el Covid-19, en 2020, el Gobierno de El Salvador autorizó una compra millonaria de leche importada de México y comprada a una empresa de papel en Islas Vírgenes Británicas. El intermediario cobró un total de $27 millones, pero parte del producto no arribó y otra parte fue comprada a sobreprecio, lo que equivale a un faltante de leche de $7 millones.

El Faro ha documentado que juzgados contra el crimen organizado ordenaron liberar a 11 personas por padecer enfermedades crónicas o por falta de pruebas en los casos por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, Centros Penales incumplió esas órdenes sin ninguna justificación. Tres de estas personas con orden de libertad fallecieron bajo custodia del Estado; otros han sido recapturados sin pruebas por el mismo delito. Entre el silencio estatal y las denuncias de las organizaciones de sociedad civil, estos 11 casos parecen ser solo un ejemplo de algo que se repite. 

Luis Armando Rodríguez, un hombre de 52 años que vivía en el cantón Mejicapa de Santa María, en Usulután, falleció en el hospital Rosales el 21 de junio de 2023. A su madre le devolvieron el cuerpo envuelto en plástico, “embolsadito”, como dice ella. Cuando le retiraron la envoltura para prepararlo para el funeral, descubrieron “heridas en el lomo”. Rodríguez estaba detenido en el penal de Quezaltepeque y desde un mes antes de su muerte tenía una carta de libertad que ordenaba su salida de prisión. Durante más de un mes, la Dirección General de Centros Penales incumplió con esa orden. “Él trabajaba así por veces con los albañiles porque él solo enfermo pasaba porque él era bolito”, dice su madre María Rodríguez para explicar que no era criminal, sino que tenía un problema de alcoholismo. Cuenta que su hijo fue capturado el 21 de abril de 2022, durante el primer mes del régimen de excepción. Rodríguez, quien padecía de insuficiencia renal desde dos años antes de su captura y que tomaba medicamentos a diario, fue trasladado al penal de Mariona primero, y al de Quezaltepeque, después. El 16 de mayo de 2023, un Juzgado Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo benefició con libertad condicional, pero no fue liberado, pese a las múltiples peticiones de la familia. “Él tenía su carta de libertad por no haberle encontrado nada de delito”, insiste su madre. El 19 de junio de 2023, Rodríguez fue trasladado de emergencia desde el penal de Quezaltepeque al hospital Rosales, donde falleció dos días después. Como en tantos otros casos, Medicina Legal consignó escuetamente en un documento oficial que fue víctima de un “edema pulmonar”. María Rodríguez pasa de los 70 años, a diario hace labores del hogar y sobrevive por la ayuda de una de sus hijas. Es una anciana humilde y de pocas palabras. En las sucintas respuestas que dio durante una breve entrevista el 18 de julio de 2024 dijo que para ella el régimen de excepción tiene dos caras. Por un lado, señala que el encarcelamiento y muerte de su hijo fueron injusticias porque era inocente; pero también habla de que gracias al régimen de excepción ahora vive con una tranquilidad inédita en la colonia Vilma, del cantón Mejicapa, un lugar de calles de tierra y matorrales que antes era controlado por la Mara Salvatrucha-13.

El 17 de julio de 2024 llegó a la fiscalía general de la república una denuncia que no tiene precedentes públicos: un ciudadano, Fidel Antonio Zavala Pérez, demandó al director general de centros Penales y viceministro de seguridad pública, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles ubicadas en Cutumay Camones en Santa Ana y Mariona por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho (o sea, corrupción) y tortura. Fidel fue declarado inocente luego de 13 meses en prisión en los que asegura haber atestiguado varios asesinatos a manos de custodios penitenciarios y dice estar dispuesto a carearse con ellos en los tribunales.

El icónico enclave cripto de Nayib Bukele sigue siendo una promesa lejana, aunque inversionistas extranjeros están comprando terrenos a lo largo de la costa salvadoreña. Entre mensajes contradictorios, algo es claro: ninguna champa de aluminio o agricultor de subsistencia será un obstáculo para el progreso.

El plan consiste en seis fases, de las que ahora solo ha revelado dos: la de 'alimentación' y la “tecnológica”. El anuncio llega después de que Bukele amenazara a los importadores y distribuidores de alimentos con prisión si los precios de los alimentos no disminuían.

Aquel soldado también abrevó de su propia matonería una buena cantidad de lecciones: la más obvia, es que se puede obligar a un adolescente campesino a arrodillarse, que se puede cortarle el pelo con un yatagán y que, haciéndolo, no pasa nada. Aprendió de la forma más efectiva el significado de la palabra impunidad.

Como candidato a alcalde, Nayib Bukele prometió un San Salvador inclusivo y dijo que no quería estar “del lado de los discriminadores”. Pero desde 2019, su gobierno ha eliminado entidades gubernamentales y políticas que buscaban garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. Ahora, su gobierno avanza una ofensiva conservadora que cierra espacios a la diversidad en los ministerios de Salud, Educación y Cultura. Detrás del discurso, hay personas preocupadas por tener acceso a clínicas o escuelas. 'Ahora me dan menos ganas de ir (a pasar consulta) Y aunque me estuviera muriendo no iría', dice Artemisa, una joven de 23 años en San Miguel. Este video repasa el deterioro en la garantía de derechos para las personas LGBTIQ+ desde que Bukele llegó a la Presidencia.

Alba tiene 28 años de edad, es madre de un niño y en noviembre del 2022 vivía en casa de sus padres a quienes, junto a un hermano, ayudaba con los gastos del hogar. Había aplicado a un programa de visas del Ministerio de Trabajo y la Embajada de Estados Unidos y había sido seleccionada para ir a trabajar a principios del 2023. Luego vivió lo que ella describe como “un secuestro”.  El 11 de noviembre del 2022, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa y la capturaron frente a su madre y su hijo. No hubo argumentos, no hubo evidencia, no hubo nada más que una orden: “te mandan a llamar. Te vas a ir con nosotros”. La casa de la familia de Alba estaba en una zona que había permanecido bajo el dominio de la Mara Salvatrucha-13. Alba dice que ellos son víctimas de las maras y no colaboradores. Asegura que la clica que controlaba la zona asesinó a uno de sus hermanos. Sin embargo, ese viernes 11, los policías la acusaron de ser pareja de un marero.  Desde entonces, Alba estuvo seis meses presa. Con el paso del tiempo, el juzgado le dio libertad condicional y ella aún enfrenta un proceso basado en pruebas en su contra que aún desconoce. Todos los juicios de las más de 80,000 personas capturadas por el régimen desde marzo de 2022 son secretos, según decreto judicial. Es imposible acceder a información sobre ellos, al menos de forma oficial. Alba, como decenas de miles de salvadoreños, es procesada lejos del escrutinio público.  En las cárceles del régimen no hay comunicación alguna con ningún familiar que esté en libertad: no hay visitas ni correspondencia. Por eso fue hasta salir de prisión que Alba se enteró de que su padre y su hermano habían sido capturados por el régimen de excepción. Que su madre y su hijo vivían en desplazamiento forzado debido al acoso de la Policía. Y que a cada trabajo al que quiere aplicar le piden sus antecedentes penales. Ella sigue desempleada.  Un informe presentado recientemente por la organización Cristosal plantea la ausencia de una mínima perspectiva de género en la gestión penitenciaria del régimen, lo que deriva en condiciones adversas para las mujeres. Alba vivió esas condiciones desde el día de su captura. Fue obligada a desnudarse frente a diez hombres policías, para ver si tenía tatuajes. El día que fue enviada al penal de Apanteos pasó revisión física ante otro hombre. Padeció una hemorragia en la que, por falta de toallas sanitarias, tuvo que usar su propia camisa. Tuvo que comer acostada. Estuvo al lado de mujeres embarazadas. Dice que a una de ellas “le sacaron al bebé”.

Una empresa que el año pasado reportó activos por $143.4 millones ha logrado, por medio de la Fiscalía, repetir el juicio contra un campesino acusado de protestar violentamente por la perforación ilegal de unos pozos. Gracias a este proceso judicial que lleva más de tres años, la constructora desbarató una organización comunal que se oponía al proyecto inmobiliario y reclamaba el derecho al agua.

Pero Bukele no es un hombre de derecha. Tampoco fue nunca de izquierda. Es un político sin ideología, con una brújula que mueven los vaivenes de los vientos. Cuando era conveniente ser de izquierda lo fue. Cuando lo rentable era romper el sistema como outsider se convirtió en outsider. Cuando el discurso se movió a la extrema derecha, Bukele también se movió. Un hombre así no tiene ideas, ni principios, ni utopías. No es otra cosa que un oportunista.

Las rodillas del señor G aún tienen manchas negras por las horas que policías y custodios lo mantuvieron hincado sobre el asfalto caliente del penal de Izalco. Las manchas, unos terribles dolores en las rodillas y otras enfermedades como la pancreatitis son las herencias que dejó el régimen de excepción en el cuerpo del señor G, un hombre capturado por colaborar con una pandilla, según la versión oficial. Sin embargo, de esa acusación policial no hay pruebas en el expediente judicial, razón por la que un juez le dio libertad condicional el 18 de marzo de 2023, después de un año de estar injustamente detenido.El señor G fue capturado durante la primera semana del régimen de excepción, en abril de 2022. Lo llevaron a unas bartolinas en Santa Ana donde el señor G fue testigo cuando policías ponían bolsas negras en la cabeza a los detenidos o los sumergían en una pila para dejarlos al límite de la asfixia. La Policía torturaba para obtener información sobre las pandillas, relata el señor G. El Faro pudo constatar con documentos que el señor G fue encarcelado en las fechas que él asegura y omite su nombre porque teme sufrir represalias de las autoridades por haber dado su testimonio.Al salir de la bartolina policial, el señor G fue trasladado al penal de Izalco, luego a Quezaltepeque y, por último, a El Penalón de Santa Ana. En Izalco sufrió golpizas y vio la muerte de un compañero de celda; en Quezaltepeque sufrió fumigaciones en su celda; y y en El Penalón se enteró de que le robaban la medicina y los alimentos que su familia le llevaba. El señor G enfrentará una audiencia hasta agosto de 2025, mientras tanto tiene que presentarse al juzgado a firmar para mantener el beneficio de la libertad condicional. Aunque dice que trata de olvidar todo lo que sufrió en las cárceles del régimen, el señor G accedió a contarnos su historia.

Una noche de julio de 2022, el joven Hernández estaba en su casa después de una jornada de trabajo en un restaurante local y se disponía a comer su cena. Esa noche, los soldados irrumpieron en su casa y pidieron que todos los hombres salieran. Solo se llevaron a Hernández a quien los militares amenazaban de muerte en el camino hacia el centro de detención local.  Hernández vive en una zona rural de Usulután y es el primer testimonio  de un menor de edad que El Faro ha logrado documentar desde el inicio del régimen de excepción. Durante 20 meses estuvo detenido al lado de algunos que como él eran menores de edad.  Vivió el castigo de la suspensión de alimentos. Cuando había requisas en las celdas, los custodios les robaban el dinero que sus familiares de escasos recursos recolectaban para que pudieran comprar algo en la cárcel. A Hernández le robaron dos veces un total de 60 dólares, eso significaba dos semanas de trabajo para  sus padres.  Obtuvo su carta de libertad en diciembre de 2023, pero fue liberado en febrero de 2024.  Días después de que Hernández regresó a casa, el ministro Villatoro dijo en una conferencia de prensa que 1194 menores de edad habían sido capturados desde marzo de 2022 y que muchos de ellos pagarían condenas de hasta 20 años de prisión. 

Una vez más, un líder pandillero requerido por El Salvador y Estados Unidos es capturado en México y enviado al norte. Con la captura de Greñas, toda la ranfla de la MS-13, que desde los penales salvadoreños sofisticó a esa organización criminal desde inicios de siglo, está encarcelada: tres en Estados Unidos y 11 en El Salvador. 

Tras las declaraciones del vicepresidente de El Salvador, quien afirma que ya están superadas las observaciones para tener acceso a un financiamiento por $1,300 millones, el Fondo Monetario Internacional responde a El Faro que las conversaciones continúan y que cuando haya un acuerdo se informará al respecto. El bitcoin y la transparencia fiscal son dos temas que aún están en la discusión por la suscripción de un acuerdo que El Salvador busca desde 2021.

El régimen autoritario de Nayib Bukele se convirtió en dictadura tras el acto donde asumió un segundo mandato inconstitucional. No explicó ninguna estrategia concreta y se enfocó en exigir lealtad al pueblo, desprecio por “los enemigos” que 'tratan de envenenar la mente de la gente' y venderse como el sanador del país.

El Salvador amaneció nervioso y expectante por el gran suceso de este día. Las playas y los bares estaban a reventar y además, hoy, 1 de junio de 2024, a las 9:35 de la mañana, se inauguró una nueva dictadura.

Todo lo que esté entrecomillado en este texto lo dicen ellos. Todas las frases y reflexiones de este texto sobre la semana previa al inicio de una dictadura las dijeron o escribieron ellos: “periodistas”, “analistas”, “expertos” y “fuentes” de los medios del bukelismo. Esta es su versión de lo que El Salvador acaba de vivir, de “esta magia que está sucediendo”.

El ahora presidente de facto, Nayib Bukele, y su clan familiar se entronizan por encima de nuestras leyes sin que haya, de hecho, ninguna institución capaz de imponer límites a su atropello constitucional. El régimen autoritario se ha convertido en dictadura.

El presidente Bukele logró sortear la amenaza del “default” en su primer periodo presidencial gracias a la reforma de pensiones y a un endeudamiento obtenido a través de créditos de once organismos internacionales, colocaciones de bonos en el mercado internacional y aportes de la banca privada que compró deuda estatal. Estos desembolsos de préstamos ayudaron al Gobierno a cubrir un agujero en el presupuesto que asciende al 20 % de los gastos que hizo esta administración en su primer quinquenio.

La pintura alusiva a monseñor Óscar Arnulfo Romero que estaba ubicada en el aeropuerto internacional está protegida por una declaratoria de 'bien cultural de interés artístico' desde noviembre de 2012. En su sitio original ahora hay un eslógan publicitario del Gobierno. Las medidas de protección incluían la prohibición para su traslado, salvo cuando hubiera autorización técnica. El presidente Bukele aseguró, ante el reclamo de un congresista estadounidense, que el cuadro se reubicó a escasos metros de su sitio original.

Creíamos que si lo hacíamos bien, si investigábamos bien, que si verificábamos con filo, si escribíamos hermosamente, si tomábamos las fotos más profundas, si conseguíamos ser insobornables, soportar el miedo y resistir, de alguna manera algo sería mejor, habría, al menos, una mentira menos en el mundo y que eso sería importante, porque sería mejor... Ya no creo en las cosas que creía el muchacho que fui.

Entre los vendedores del Centro Histórico de San Salvador, hay cada vez más personas que empujan carretones o cargan canastos en la cabeza y huyen de la policía municipal para vender sus productos. Desde que Nayib Bukele, en su gestión como alcalde de la capital, inició con su plan insignia de revitalización de esa área, miles de vendedores han sido tratados como delincuentes y excluidos de esa lógica que propone la recuperación del “espacio de todos y para todos”.

Una madre niega a su hijo muerto, por miedo al Gobierno de El Salvador. Un tío prefiere no hablar de la muerte de su sobrino en las cárceles del régimen de excepción porque “estamos como en los ochenta”. Esta es una crónica sobre el miedo de quienes perdieron a un familiar en las celdas de la más célebre estrategia de Bukele. “¿A dónde nos metemos si hay problemas por andar hablando de esto?”, pregunta un hombre.

Las últimas dos semanas, varios hombres llegaron hasta la quebrada donde días atrás habían sido desechadas baldosas centenarias del Palacio Nacional. Lo hicieron intentando pasar desapercibidos e incluso cerrando el acceso público al área con un vigilante. Los habitantes del lugar los identifican como trabajadores del MOP. El Faro pudo verificar que recuperaban las baldosas y también descubrió a camiones de ANDA lanzando más desperdicios al río.

Pese a denunciar detenciones arbitrarias, torturas y un país sin garantías legales bajo el régimen de excepción, funcionarios estadounidenses admiten que el último informe de derechos humanos suavizó sus críticas a la corrupción, un punto sensible para Nayib Bukele. La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, confirma que en 2023 hubo una votación fallida para incluir a El Salvador en el capítulo 4b, reservado por años a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y al que Guatemala entró el año pasado. 

Desde el jueves 2 de mayo, camiones del Ministerio de Obras Públicas están llegando al río Las Cañas, en el límite entre Soyapango e Ilopango, a depositar los restos de las históricas baldosas del Palacio Nacional que está siendo intervenido desde principios de abril. Mientras los ministerios de Obras Públicas y Cultura guardan silencio sobre el tipo de intervención en el palacio, expertos aseguran que ese trato es impropio y se están violando leyes de protección patrimonial.

Los diputados salientes aprovecharon la última sesión plenaria para dejar servida a la legislatura entrante el poder de cambiar la Constitución de manera expedita. Los diputados que comenzarán su mandato este 1 de mayo solo deben ratificar la reforma al artículo 248 que fue aprobada este lunes 29 de abril con 66 votos. Cuando eso ocurra, cualquier cambio a la Constitución podrá aprobarse de inmediato y sin la necesidad, como había sido hasta ahora, de esperar a que una nueva legislatura entrara en funciones y ratificara. En las filas de Nuevas Ideas ya se habla de permitir la reelección indefinida de Bukele.

Dos tercios de la selección femenina de fútbol de El Salvador nacieron en Estados Unidos. En los últimos tres años, se convirtió en el equipo de fútbol más exitoso del país: ganó un histórico campeonato centroamericano sub-19, una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y calificó para la primera Copa Oro femenina. Lo hicieron con un presupuesto 40 % menor que el de los hombres, con jugadoras que apenas hablan español y que se aprendieron el himno nacional en YouTube. La Selecta femenina desafía la identidad nacional y la misoginia de la afición.

Si Bukele, su fiscal y su policía tuvieran en su agenda la lucha contra la corrupción, el gobierno se vaciaría hasta la cabeza. Por el contrario, la función de este fiscal es proteger la corrupción y a los corruptos de casa.

No sé lo que significa esta historia, nunca conseguí entenderla. No sé si es trágica o feliz, si da esperanza o desconsuelo. Hoy me libro de ese zumbido y se las regalo para que, tal vez, ustedes sepan acomodarla mejor.

La Fiscalía seguía la pista de Starlight, una empresa de la familia Bukele, que recibió dinero de la partida secreta del expresidente Salvador Sánchez Cerén, y encontró que uno de sus accionistas era Germán Alfredo Bernal Recinos, hijo de Carolina Recinos, comisionada presidencial, quien compró acciones, vehículos y una casa por casi medio millón de dólares, pese a que sus ingresos no le alcanzaban, según sus declaraciones de renta.

A poco más de un mes de que termine su primer periodo presidencial, el presidente incumplió el 78 % de sus promesas de campaña de 2019 incluidas en el Plan Cuscatlán. Del 22 % restante solo cumplió en su totalidad cinco promesas y otras cinco las dejó a medias. En algunos casos, hubo pasos, pero luego se retractó, como con la eliminación de los gastos reservados y la puesta en marcha de la Cicíes.

Seis meses y más de 30,000 muertos después del inicio de su campaña militar contra Gaza, Israel enfrenta dos procesos en la Corte Internacional de Justicia, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la anexión ilegal de territorios y un sistema de apartheid colonial cometido contra el pueblo palestino. Israel está hoy casi completamente aislado, y los palestinos totalmente quebrados. A un promedio de 85 niños muertos cada día, la humanidad entera se ha perdido en Gaza.

El mayor d'Aubuisson fue parte de la conspiración para asesinar a monseñor Romero, aunque el tirador lo puso un hijo del ex presidente Molina, dice el capitán Álvaro Saravia. 30 años después, él y otros de los involucrados reconstruyen aquellos días de tráfico de armas, de cocaína y de secuestros. Caído en desgracia, Saravia ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y lavador de narcodinero. Ahora arde en el infierno que ayudó a prender aquellos días cuando matar "comunistas" era un deporte. Originalmente p

La mañana del ocho de abril de 2022, Óscar R. esperaba el bus para ir a trabajar a una empresa que distribuía alimentos en tiendas de gasolineras. Ese día llevaba documentos para aplicar a un nuevo trabajo como motorista de un camión blindado. Quería ganar más dinero que en su trabajo anterior que le pagaba 400 dólares. Tenía 33 años y no logró llegar a su destino en Santa Tecla. Casi una semana después de decretado el régimen de excepción, fue arrestado. Siete meses después, fue liberado, lo que da testimonio de que su captura fue injustificada. Este es el relato de lo que Óscar perdió sin deber nada. La Policía lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, pese a que no tiene tatuajes ni antecedentes delictivos relacionados con esos grupos, razón por la cual la Fiscalía pidió su libertad, según documentos del expediente judicial. “¿Cómo voy a ser pandillero, si yo y mi familia hemos sido víctimas de las pandillas?”, pregunta Óscar. Él intentó migrar a Estados Unidos tres veces después de que en 2012 su hermano fuera tiroteado por la pandilla Barrio 18, facción Revolucionarios. Regresó en 2016. Seis años después de fallar en su huida, fue capturado y testigo durante siete meses de las condiciones de los reos del régimen. El Faro ha podido comprobar con documentos que Óscar estuvo preso en el penal de Mariona, entre abril y octubre de 2022. Él fue uno de las más de 75,000 personas que han sido capturadas en los casi dos años que lleva el régimen de excepción. Óscar asegura que vio el asesinato de un recluso perpetrado por los custodios. “Un custodio le agarró la cabeza mientras otro le pegaba con un palo, con el agarradero de la macana. Y de ahí lo estrelló contra el muro”, recuerda. Asegura que los presos de su celda fueron amenazados por el director de Centros Penales, Osiris Luna, y da testimonio de que, para alguien como él, la vida después del régimen es inviable: “El año pasado fui como a 20 entrevistas y me piden la solvencia policial y los antecedentes”. Las muertes violentas y los tratos inhumanos que Óscar describe en esta entrevista coinciden con cientos de casos documentados por organizaciones de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen. Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, El Faro ha solicitado datos oficiales al Ministerio de Justicia, Policía y Centros Penales, pero toda esa información ha sido declarada reservada. La poca información disponible es la que proporcionan funcionarios en entrevistas televisivas. En noviembre de 2023, el ministro de seguridad Gustavo Villatoro dijo que 90 reos del régimen murieron en las cárceles. Por su parte, el diputado Christian Guevara dijo en un programa de televisión que las muertes en las cárceles demostraban que no “eran niños de kínder”, apuntando a que se trataba de riñas entre reos y rechazando cualquier responsabilidad estatal. Hasta el 24 de marzo de 2024, Socorro Jurídico contabilizaba 235 reos muertos bajo el régimen de excepción. Dos años después de su captura, 17 meses después de que el sistema lo liberara y admitiera que su detención fue un error, aún debe viajar todos los jueves desde Oratorio de Concepción, en Cuscatlán, hasta un juzgado de San Salvador, para firmar un libro que le garantiza su libertad condicional. Su familia le ayuda para pagar los cinco dólares semanales de pasaje que necesita para cumplir con el requisito judicial. Él no tiene ingresos, los antecedentes de su detención durante el régimen no le dejan conseguir trabajo. “Hasta ahorita no he podido encontrar trabajo porque me da temor ir a sacar los antecedentes y la solvencia porque yo he escuchado que muchos ahí quedan porque a veces los policías andan de malas y si les caistes mal te revocan las medidas y te llevan otra vez para adentro, entonces hasta el día de hoy no he podido trabajar”, dice. El Faro entrevistó a Óscar el 12 de marzo de 2024. Este es su relato.

Ese día de enero había poesía en el aire. Había poesía en el abrazo de dos guerrilleros que sobrevivieron, en la catedral donde resucitaba Óscar Romero, en la música, en la voz de Santiago.

Trabajamos “sin la esperanza de ser escuchados, con la certeza de ser perseguidos pero fieles al compromiso que asumimos hace mucho de dar testimonio en momentos difíciles”.

Milagro Navas, alcaldesa durante 36 años, ganó la municipalidad de La Libertad Este, un territorio que era clave para el oficialismo. Navas derrotó a Michelle Sol, la ministra de vivienda y esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, Nuevas Ideas perdió incluso en el ahora distrito de Nuevo Cuscatlán, donde Bukele inició su carrera política como alcalde.

Los resultados de las elecciones municipales demostraron que el respaldo arrasador de los salvadoreños al presidente Bukele no se replicó con los alcaldes: con resultados preliminares, su partido obtendría alrededor de un 54 % de las 44 alcaldías. Luego de una jornada marcada por la apatía y el ausentismo, que según datos preliminares puede llegar al 70 %, el bukelismo a las victorias de sus aliados políticos, el PDC, PCN, GANA y Fuerza Solidaria, para promover una narrativa triunfalista.

La diputada reelecta Janneth Molina y el candidato a diputado del Parlacen Christian Linares son dos apoyos importantes en la campaña de Carlos Sánchez, el candidato a alcalde del partido oficialista Nuevas Ideas por Cuscatlán Norte, fichado por la Policía como colaborador de la pandilla Barrio 18 Sureños, capturado durante el régimen de excepción y rápidamente liberado. La persona que conecta a ese grupo de personas es su pareja, Gloria Castaneda, quien también es candidata suplente al Parlacen.

Hemos asistido impávidos al espectáculo vergonzoso de nuestras propias elecciones de presidente y diputados. O sea el momento en el que se decide quiénes diseñarán nuestro futuro próximo, quiénes decidirán en qué y cómo se gasta nuestro dinero y que aprobarán las leyes que hemos de obedecer.

Bukele proclamó su victoria con información de su propio centro de transmisión de datos preliminares compuesto por cinco empresas cuyos contratos son secretos. En una campaña en la que aún es deconocido quiénes son los financistas del partido Nuevas Ideas y cuánto fue el monto destinado a este rubro, Lester Toledo, jefe del comando de campaña de Nuevas Ideas, trabajó con venezolanos, españoles y mexicanos.

Nuevas Ideas obtuvo 54 diputados, según los resultados oficiales que estuvieron firmes dos semanas después de cuando el Tribunal Supremo Electoral había prometido. Cuatro partidos de derecha (ARENA, Vamos, PCN y PDC) obtuvieron el resto de escaños, aunque solo los primeros dos se han comportado como oposición. Lo más llamativo es lo que ocurrió en San Salvador. La diputada reelecta Claudia Ortiz, de Vamos, se convirtió con su partido en la segunda fuerza política y es primera vez que Arena y el FMLN no ocupan ninguno de los dos primeros lugares en el departamento más poblado. El FMLN, después de 30 años de vida partidaria, desaparece del Salón Azul y está por verse si sigue vivo en alcaldías y concejos municipales. 

La Policía tiene perfilado como pandillero del Barrio 18 a Carlos Sánchez, candidato a alcalde por Cuscatlán Norte representando a Nuevas Ideas, partido del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la Fiscalía ordenó su liberación en medio del Régimen de Excepción, según documentos internos de la institución, a los cuales El Faro tuvo acceso por la filtración Guacamaya Leaks.

Ericka Luna se reconoce como una persona queer, negra y de escasos recursos. Es habitante de Jocoaitique, departamento de Morazán. Con 21 años, retomó las características que le han valido críticas y discriminación para crear su personaje drag, Diva Queen. Siendo bailarina y coreógrafa, inició un grupo de baile con jóvenes LGBTIQ+ de Jocoaitique y Meanguera. La municipalidad de Meanguera reconoce la labor de Ericka como imprescindible para disminuir la discriminación en el municipio y en el oriente del país, una de las más letales para la población LGBTIQ+ en El Salvador.

El TSE dio por cerrado el escrutinio final de las elecciones presidenciales el viernes 9 de febrero por la noche tras una jornada de escrutinio cargada de irregularidades. El candidato inconstitucional Nayib Bukele se reeligió con el 43.48 % de los votos del registro electoral. Las elecciones legislativas inician apenas su escrutinio, a una semana del evento electoral. Aunque el TSE había prometido realizar de nuevo el conteo voto por voto, ha cerrado la posibilidad de que se revisen los votos declarados nulos. El partido Nuestro Tiempo ha denunciado vicios que ponen en duda la validez de los resultados y pide que se anule la elección.

Magistrados suplentes del TSE decidieron desligarse del proceso electoral y de las decisiones tomadas por la institución después del colapso del sistema de transmisión de resultados preliminares el 4 de febrero. El Faro tuvo acceso a tres notas enviadas por los magistrados suplentes a lo largo de la semana. La última de ellas, fechada 11 de febrero, señala que como magistrados suplentes ya no están dispuestos a tolerar más 'decisiones y actuaciones que no hayan sido emanadas en forma legal y correcta del pleno'.

La votación del domingo en Estados Unidos probó la popularidad de Nayib Bukele entre los salvadoreños migrantes, pero puso también en evidencia la desaparición de las fronteras entre gobierno, partido oficial y Tribunal Supremo Electoral. La embajadora hizo llamadas y dio órdenes a personal de un centro para que el TSE solucionara la no aparición de pasaportes específicos en el sistema informático; empleados del gobierno ayudaron a votar online con equipo informático del Tribunal, y vigilantes de Nuevas Ideas daban órdenes o cumplían funciones que corresponden a la autoridad electoral.

Una mujer, envuelta en una bandera del partido oficial y vistiendo una camiseta con el rostro sonriente de Bukele se acercó a un soldado para preguntarle si le permitía posar frente a la tanqueta.

El Faro tuvo acceso a audios de una reunión privada entre el Tribunal Supremo Electoral y los representantes de partidos políticos. Dora Martínez, la presidenta del organismo, aseguró que “habrá denuncia a la Fiscalía” por las fallas ocurridas el día de la votación que impidieron que se conocieran los resultados preliminares. La funcionaria dijo sospechar que había ocurrido un boicot interno en la institución. La reunión no satisfizo las dudas de los partidos y candidatos contendientes. Estos reclamaron al TSE anomalías relacionadas con la falta de credenciales, las fallas tecnológicas y la falta de papel de seguridad.

La breve, muy breve era democrática en la historia salvadoreña ha terminado ya. Nayib Bukele ha inscrito su nombre en una de las peores tradiciones políticas centroamericanas: la del dictador.

Dos horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral ofreciera los primeros resultados preliminares, el presidente Bukele se proclamó ganador de las elecciones y dijo haber obtenido la mayoría de las diputaciones. El TSE, que disponía de más de $70 millones para estas elecciones, fracasó en trasladar información precisa hasta el final de la jornada de ayer. No hubo información alguna sobre las legislativas.

En lo ideológico, comenzó en el FMLN (izquierda), luego pasó a Cambio Democrático (centro izquierda), ganó la presidencia con GANA (derecha) y ahora tiene su propio partido, Nuevas Ideas, sencillamente amoldado a su persona. El guión no es extraño.

Audios y mensajes de teléfono en poder de El Faro revelan que el Gobierno de Bukele intentó recapturar al líder marero Crook. El Faro comprobó que el jefe de la Unidad Élite Contra el Crimen Organizado de la Policía se involucró durante varios meses de 2023 en conversaciones con coyotes y un líder pandillero prófugo, al que revelaron información de inteligencia, pagaron viáticos y concedieron la liberación de su hermana a cambio de que negociara con el Cártel Jalisco Nueva Generación la recaptura de Crook. Ese pandillero está ya en manos de las autoridades estadounidenses. 

El Gobierno del presidente Nayib Bukele está beneficiando su candidatura presidencial en camino a su reelección. A diez días de las elecciones generales, el la administración Bukele está usando reos en fase de confianza y empleados públicos para repartir en el interior del país cajas de productos alimenticios, papel higiénico, entre otros productos de la canasta básica. También hay empleados públicos que están entregando arroz y fertilizantes donados por China y, como cosa poco usual en este Gobierno, no se está publicitando nada en ningún medio de comunicación estatal. La entrega de estas ayudas riñe con la ley electoral que prohibe a los candidatos hacer uso de recursos estatales para hacer proselitismo. Si bien no se pide el voto a favor de Bukele, los beneficiarios que viven en lugares afectados por pobreza y hambre reconocen que la campaña electoral está vigente y que es Bukele, el candidato/presidente quien les envía la ayuda.

El día en que Bernardo Arévalo tomó posesión fue tan incierto como los siete meses anteriores. Si para llegar al 14 de enero tuvo que enfrentar intentos de fraude, planes de asesinato, y persecución legal patrocinada por el poder saliente, su juramento sufrió nueve horas de atraso por maniobras legislativas contra su partido que pusieron en riesgo el traspaso de mando. Especialistas auguran un gobierno sin luna de miel y obligado a satisfacer pronto a una ciudadanía impaciente, mientras logra cambios de largo plazo.

Élmer Canales Rivera renunció este jueves a un juicio rápido en una corte de Long Island, para poder preparar con más tiempo su defensa. Tras su captura el pasado noviembre en México, el Departamento de Justicia le acusa de cargos de terrorismo.

Nayib Bukele, candidato a la reelección y presidente de la República, hizo su primera aparición en campaña la misma noche y al mismo tiempo en que la Asamblea controlada por el mandatario aprobó un paquete de reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Especial Contra Actos Terroristas que empoderan al fiscal del bukelismo, Rodolfo Delgado. La Asamblea Legislativa da al fiscal Delgado la facultad de crear una lista de nombres y organizaciones que considere terroristas, y más poder para decidir sobre las extradiciones, incluyendo las de pandilleros que ha pedido Estados Unidos. Según diputados opositores esto puede derivar en persecución política. 

Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la designada presidencial, y Nayib Bukele, candidato a la reelección pese a que la Constitución lo prohíbe, han mantenido un vínculo cercano desde antes que iniciaran sus carreras políticas. Cuando Bukele llegó a la Alcaldía de Nueva Cuscatlán, comenzó a promocionar su imagen con el eslogan “el dinero alcanza cuando nadie roba” y anunció que donaría su sueldo a becas. Lo que Bukele no dijo es que recibiría fondos de una agencia de publicidad presidida por Claudia Juana. En 2012, Bukele giró cheques hasta por $100,000, pero ante Hacienda declaró que ganaba menos del salario mínimo que pagan las maquilas.

La vida de Jorge Calderón y su familia se ve atravesada por la enfermedad renal. Calderón no puede trabajar desde que fue diagnosticado. Silvia Aguilar, su esposa, lo acompaña en el trayecto al hospital semanalmente. El diagnóstico de Calderón exige recibir 12 horas de hemodiálisis a la semana divididas en tres sesiones de cuatro horas. El sistema público solo le ofrece una. Él está seguro que viviría mucho mejor con al menos dos sesiones de hemodiálisis a la semana, pero no sabe si su familia puede permitirse el gasto. El viaje cuesta aproximadamente $35.00 a la semana. “Ya teniendo dos turnos, digo yo, ¿de dónde voy a agarrar tanto pisto para estar viajando? Porque ya agarrar $70 dólares en la semana no es fácil,” dijo Calderón. Historias como la de Jorge Calderón abundan en El Salvador, que tiene la segunda tasa de mortalidad más alta de enfermedad renal crónica de América, 128 por cada 100,000 habitantes. La enfermedad es la principal causa de muerte en personas de 40 a 59 años, sin embargo el país solo tiene un nefrólogo por cada 853 salvadoreños, según datos del Ministerio de Salud y la Asociación de Nefrología e Hipertensión de El Salvador. Las investigaciones médicas apuntan a los campesinos como un sector vulnerable a la enfermedad renal crónica por tres factores. La actividad laboral de los pacientes crónicos previo a su diagnóstico se caracterizaba por largas jornadas de trabajo bajo altas temperaturas, sin una hidratación adecuada y una exposición directa a agroquímicos y pesticidas. Medio millón de adultos en El Salvador tienen una exposición directa a estos, sobre todo en zonas costeras y de alta producción agrícola, donde existe mayor exposición a contaminantes presentes en el suelo, agua, aire y alimentos.

Bukele sigue siendo el presidente y sus hermanos siguen tomando las decisiones que funcionarios y diputados simplemente acatan. La designada, Claudia Juana Rodríguez, ha sido siempre su subordinada y operadora financiera. En sus empresas, en sus administraciones municipales, en su administración presidencial. Ha sido su cómplice.

El Gobierno de El Salvador tiene una oficina que diseña el Plan de Nación, una instancia dirigida por David Rivard, un veterano del ejército estadounidense y empresario de construcción que presume haber sido el mejor amigo de Armando Bukele Kattán (padre del mandatario, fallecido en 2015). Aunque hay algunos documentos públicos con información general de esta dependencia, no hay una descripción detallada de quiénes son los 32 funcionarios o empleados de la oficina ni de sus salarios. Tampoco hay un presupuesto que desglose con detalle cuánto ha costado su funcionamiento. 

Gana, el principal partido aliado de Bukele desde 2019, está siendo absorbido por otro nuevo aliado de Bukele: el partido Fuerza Solidaria, de reciente creación y que ya ha fichado a varios dirigentes departamentales de Gana. Andrés Rovira, expresidente de Gana durante 10 años, no solo ayudó a fundar Fuerza Solidaria sino que también ha sido nombrado su presidente honorario. Sin que ningún partido de oposición parezca tener posibilidades reales de triunfo frente a Bukele, lo que queda es un escenario de lucha intensa entre los que pretenden el puesto de aliado más fuerte de Bukele en el quinquenio 2024-2029. 

Un grupo de campesinos, habitantes de la isla El Espíritu Santo, han demandado a un sargento de la Marina Nacional ante la Fiscalía General de la República. Lo acusan de haber mentido bajo juramento. Lo dicho por este sargento fue determinante para que un juez dictara una condena de diez años contra un menor de edad, en la que fue la primera condena contra un habitante de la isla en el marco del régimen de excepción.

Discurso de aceptación del Premio Internacional de Periodismo de El Mundo, pronunciado en Madrid, el 14 de noviembre de 2023.

Estados Unidos ha iniciado el proceso para acusar al Crook, líder de la MS-13, bajo la Ley Rico, con la que ha juzgado a líderes de la mafia italiana o a estafadores de Wall Street. Crook ya ha empezado a revelar información a las autoridades estadounidenses, incluidos algunos detalles de su liberación por parte del Gobierno salvadoreño.

A poco más de dos meses para las elecciones presidenciales de 2024, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, pone sobre la mesa la posibilidad de retirarse de la contienda electoral si Hacienda no les entrega el dinero de la deuda política. “Lo vamos a considerar”, sostiene, y matiza que el objetivo es llegar hasta el último momento. 

David Morales, jefe de justicia transicional en Cristosal, señala que tras el discurso del gobierno de Nayib Bukele contra la impunidad y los políticos que hicieron la guerra civil, el avance penal de los casos de la guerra se ha estancado. Morales habla de audiencias cerradas al público, prácticas revictimizantes a testigos, retardación de justicia y el uso de 'la justicia transicional con fines de propaganda'. Y llama a no olvidar la persecución de los casos de la guerra bajo el riesgo de repetir hoy las violaciones a los derechos humanos que El Salvador vivió en el pasado.

En su quehacer suben a las redes más de cien videos diarios como promedio. Su contenido es muy diverso e ilustra con apasionada vehemencia lo que pretende transmitir. En su marco de actuación el producto estrella que alcanzó una insólita repercusión mundial fueron las fotos de los pandilleros semidesnudos, con la cabeza rapada y exhibiendo sus tatuajes, detenidos junto con otras personas y alineados en filas simétricas.

El miércoles 8 de noviembre, Élmer Canales, "Crook", uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha-13 en El Salvador fue capturado en México y entregado a las autoridades estadounidenses que lo requerían en extradición. Este marero es también la prueba viviente de que el Gobierno de Nayib Bukele pactó con esa estructura criminal.

Discurso de inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo, celebrado en Antigua Guatemala el 25 de octubre de 2023.

Hace 25 años nacía El Faro. Un mundo ha transcurrido y ya nada es igual. Hace 25 años América Latina por fin se encontraba y enfrentaba los nuevos y viejos desafíos casi toda en democracia. Un sello: la polarización ideológica, real todavía en aquellos días, era un camino al que nadie tenía miedo. Centroamérica acababa de cerrar su última guerra y soñaba con la integración neoliberal. Vendrían décadas de ingresos inéditos para las arcas fiscales de nuestros países que permitían avizorar un nuevo combate contra la pobreza. La democracia florecía. La esperanza también.

Después de 17 días fuera del país, Héctor Silva Hernández, candidato a diputado de la capital por el partido Nuestro Tiempo, regresará a El Salvador este sábado 4 de noviembre. El miércoles 18 de octubre salió del país después de haber detectado seguimiento y recibir mensajes que, a su juicio, constituyeron una amenaza directa por parte de un diputado de Nuevas Ideas. Silva estuvo en Estados Unidos y expuso su caso en las oficinas de dos congresistas de ese país. El jefe de diputados de Nuevas Ideas, Christian Guevara, lo demandó en agosto por supuesta difamación.

Cuando Nayib Bukele era candidato presidencial prometió eliminar la partida secreta porque la consideraba un foco de corrupción. Mientras su campaña electoral lo vendía como un enemigo de la partida secreta, dos empresas de su entorno familiar y laboral recibieron 28 cheques de la partida secreta del gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por un monto de $528,831.23.

Gran parte de las capturas efectuadas por la Policía y el Ejército durante el régimen de excepción se basan únicamente en llamadas anónimas. En la isla del Espíritu Santo, donde nunca hubo pandillas, algunas personas aprovecharon para denunciar a vecinos con los que tenían problemas personales o para librarse a sí mismos de ser capturados.

Alex es un agricultor que vive en una zona rural de San Vicente, donde no hay señal telefónica. La tarde del domingo 27 de marzo de 2022, el campesino subió a un cerro en busca de señal telefónica porque quería revisar su Facebook. Cuando Alex revisaba su red social, tres policías lo capturaron por el delito de agrupaciones ilícitas porque presumían que estaba “posteando” (vigilando) para alguna pandilla. Alex fue trasladado a una bartolina vacía en San Vicente, pero pocas horas después el lugar estaba abarrotado con unos 60 detenidos. Entonces, el campesino escuchó por primera vez sobre el régimen de excepción. Tres días después de su captura fue trasladado al penal de Izalco y posteriormente a Mariona, donde sufrió maltratos, hambre, enfermó de varicela y se contagió gravemente de hongos. El 21 de abril de 2023, después de un año y 25 días de estar detenido, Alex recuperó su libertad. Aunque ya tiene casi seis meses de estar en libertad, el joven campesino dice que aún sufre las secuelas de su paso por la cárcel: un dolor en los pies y problemas nerviosos que le impiden trabajar. La organización Socorro Jurídico Humanitario le ha apoyado con tratamiento médicos y terapias psicológicas. Como parte de esa terapia dibuja en un cuaderno y escribe sus rutinas. El 29 de julio de 2023 escribió en su cuaderno: “el día de hoy no trabajé, no tenía trabajo y también ahora me sentí mal de salud: un gran dolor de cabeza y dolor en los pies, pero ojalá primero Dios siga mejor para seguir trabajando y poderle ayudar a mi mamá”.

Entre los múltiples testimonios de personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción abundan los relatos de torturas y un nombre aparece con recurrencia: Montaña. Esta persona, que parece tener autoridad sobre los custodios de Mariona es señalado por cometer, ordenar o tolerar torturas al interior de esa prisión.

Tras un proceso de cinco meses, un juez migratorio ha concluido que no hay prueba “clara y contundente” de la participación del coronel retirado Roberto Antonio Garay Saravia en la masacre de el Mozote, cometida por el ejército salvadoreño en 1981. Se espera que el gobierno estadounidense, que pedía la deportación del militar por su supuesta vinculación con esta y otras dos masacres a inicios de la guerra civil salvadoreña, apele la decisión.

Tras el fracaso en la construcción de una alianza opositora, seis partidos se han inscrito por separado para disputar el poder del Ejecutivo al presidente Nayib Bukele, aunque algunos de ellos admiten que solo compiten para que el Tribunal Supremo Electoral no los cancele. La Constitución de El Salvador exige la alternancia en el poder y prohíbe a una persona reelegirse, pero Bukele es candidato y presidente al mismo tiempo: un hito en la historia política salvadoreña que no ocurría desde la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944).

El 11 de septiembre de 2023 la Policía anunció la captura de José Edgardo Bruno Ventura y lo presentó como uno de los principales narcotraficantes del país. Este personaje tenía un enorme prontuario criminal: a finales de los 90 se convirtió en el rey absoluto del penal de Mariona y en el fundador de la más grande pandilla carcelaria que ha existido en el país: La Raza. El poder que construyó estuvo siempre acompañado y protegido por funcionarios públicos. Custodios, jefes de seguridad penitenciarios, directores de cárcel, un ministro, policías... han pavimentado su ascenso a la corona del mundo criminal.

Más que una moneda, bitcoin es una religión. Surgió de las ideas de unos apóstoles de libertad y activistas perseguidos por el gobierno. Sus usuarios y creyentes hablan de él con fervor. ¿Cómo evolucionó a millonarios usando helicópteros militares para promover un proyecto gubernamental? Esta es la paradoja de El Salvador. 

El señor J es un hombre de 33 años, mecánico, habitante de un cantón rural en el oriente del país y el único sostén económico de su hija y su madre. Fue capturado, como tantos, sin que se le ofreciera ninguna explicación. Sin embargo, debido a una grave enfermedad crónica, el señor J no fue admitido en ningún centro penal: pese a los esfuerzos de la policía por enviarlo  como parte de distintas tantas de capturados, los doctores de las prisiones lo devolvían a bartolinas policiales por no contar con tratamientos médicos que garantizaran su supervivencia. Esto molestaba a los policías: cada vez que volvía lo castigaban por volver. Al cabo de 6 meses, la fiscalía admitió no tener ninguna prueba en su contra y fue liberado. El señor J cree que él fue víctima de una maniobra política que de alguna manera usó la injusticia cometida en su contra y su sufrimiento, para ganar votos.

José Bladimir Barahona Hernández, diputado de Morazán por el partido Nuevas Ideas y candidato a la reelección, ha sido perfilado como parte de una red de coyotes durante dos administraciones gubernamentales, incluyendo la actual. El diputado es vocal de la comisión financiera de la Asamblea Legislativa pese a que en noviembre de 2021 Interpol El Salvador informó a su homóloga en Washington que tiene una empresa que canaliza 'dinero de fuentes desconocidas”, algo que podría constituir lavado de dinero.

Mi padre está preso por interferir con los planes de una empresa que financió al partido Nuevas Ideas, creado alrededor del presidente Bukele. El Estado ocupó el régimen de excepción para capturar, exponer y procesar a mi padre como un pandillero.

El mismo día que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral certificaron que Semilla ganó la presidencia de Guatemala, el Registro de Ciudadanos, una de las dependencias intermedias del TSE, suspendió provisionalmente la personería jurídica del partido en cumplimiento de una orden emitida por un un juez penal en julio. Los magistrados evitaron pronunciarse sobre la suspensión, para no adelantar criterio de cara a un recurso que Semilla ya ha anunciado que presentará la mañana de este martes.

El Señor H vive en una zona rural de Ahuachapán y ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar como jornalero en una finca. El 23 de mayo del 2022, mientras caminaba hacia su trabajo, fue detenido junto a sus familiares por un grupo de policías y militares que, luego de pedirle a su abuelo que se identificara, le dijeron que estaba en una lista de personas con orden de captura. El señor H se acercó a los policías para poder ver la supuesta lista y se percató que en aquel papel no había un solo nombre. Ese mismo día capturaron a cinco de sus familiares y a él por cuestionar aquella arbitrariedad. Desde aquel día, el señor H pasó 9 meses entre los penales de Izalco y Mariona donde fue testigo de golpizas y también las recibió. Padeció enfermedad al lado de su padre y abuelo, y atestiguó abusos sexuales cometidos por otros reos con condenas firmes, que operan como una extensión del poder de los custodios y que se aprovecharon de la vulnerabilidad de las personas capturadas bajo el régimen de excepción.

Vivir en un estado continuo de desigualdad y en uno de los países con los peores lugares de seguridad se corresponde con el escenario de inseguridad ideal que alberga valores enfocados en la supervivencia.

Ahora toca, sobre todo a los empresarios guatemaltecos, serenar a sus aliados más radicales y hacerles ver que cualquier intento por impedir la llegada de Arévalo a la presidencia desatará una crisis interna y un aislamiento de la comunidad internacional que perjudicará a todos y del que tomará muchos años salir, para llegar inevitablemente a este mismo punto.

A pesar de dos meses de persecución judicial contra él y su partido, Bernardo Arévalo arrasó en las urnas y se convertirá en enero en el presidente de Guatemala. Se enfrentará a un sistema político y judicial corrupto que ha arrastrado al país centroamericano a una profunda crisis democrática. Parece contar con un primer voto de confianza de los sectores privados y movimientos sociales para recuperar las instituciones y la confianza ciudadana.

El señor U es un muchacho de 27 años, habitante de un cantón rural en el oriente del país. La familia del Señor U trabaja en uno de los puntos turísticos de la zona y, como la mayoría de los lancheros, se vio sometido a extorsión por parte de una pandilla. Él cree que la policía lo arrestó por eso: por haber sido obligado bajo amenazas de muerte a entregar dinero a esa estructura criminal, aunque al momento de esta entrevista seguía sin tener certezas sobre las razones por las que fue capturado. A diferencia de muchos de sus familiares y vecinos, él sólo estuvo detenido durante poco más de un mes: debido a una grave enfermedad crónica, nunca pudo ser trasladado a un centro penal y pasó aquellos días en la bartolina de una delegación policial, donde el cuido de su salud quedó a merced del arbitrio de los agentes. Describe humillaciones, golpes, hacinamiento, hambre. El señor U. celebra los efectos que el régimen de excepción ha tenido en la desarticulación de las pandillas, que en su caso se ha traducido a no tener que pagar más extorsión a la pandilla. Sin embargo, cree que eso mismo se pudo haber conseguido sin necesidad de capturar inocentes. Cree que el régimen de excepción es como una guerra, donde las personas pierden por completo su condición de ser humano.

Más que entre dos candidatos, los guatemaltecos deben elegir entre dos proyectos políticos más amplios que son casi totalmente dispares.

Un eufórico cierre de la campaña presidencial en el centro de la ciudad de Guatemala evoca la revolución guatemalteca de 1944 y las protestas masivas contra la corrupción de 2015. Pero el desconfiado electorado aún está conociendo a quien se presenta como el heredero, el candidato Bernardo Arévalo, que en plena crisis democrática ha prometido abrir paso a una “nueva primavera”.

El 10 de julio de 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) convocó a una conferencia de prensa para denunciar la detención arbitraria, los maltratos y la tortura del periodista comunitario Víctor Horacio Echeverría Barahona, de 55 años, capturado durante el régimen de excepción. Durante la conferencia y en entrevistas posteriores a medios locales y extranjeros, el periodista detalló los maltratos, el hacinamiento, la política de hambre en Centros Penales, los asesinatos y las torturas que sufren miles de detenidos. El impacto de sus declaraciones provocó que la Fiscalía pidiera enviarlo de nuevo a prisión, pero el Juzgado mantuvo su libertad con la condición que no brinde más declaraciones sobre el caso, alegando reserva judicial. Esta audiencia especial fue realizada el 27 de julio de 2023. El Faro entrevistó al periodista el 18 de julio de 2023; es decir, nueve días antes de la orden judicial que hoy lo tiene en silencio. Echeverría dijo en la entrevista que fue fisicoculturista y que durante los últimos 20 años ha trabajado para el canal 50 de Megacable, canal 77 y 114 de NorTV, y canal 29 de Universal Cable, los cuales tienen cobertura en la zona norte de San Salvador (Quezaltepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Apopa, Quezaltepeque y Tonacatepeque). También trabaja para Onda Club, que se promociona como la primera radio digital de El Salvador. Después de pasar once meses en las cárceles de Mariona e Izalco, Echeverría aún no sabe con exactitud por qué lo capturaron el 7 de junio de 2022. Su defensora pública le dijo que la Policía lo capturó por agrupaciones ilícitas porque lo vio “sospechoso” en la calle, pero él asegura que dos agentes llegaron a su casa a capturarlo. Ante la falta de acceso a la información oficial, el periodista elabora dos hipótesis sobre su captura:Su primera hipótesis es que fue capturado por su labor periodística. Él dice que invitaba con frecuencia a su programa de radio a personajes que denunciaban la corrupción de Nuevas Ideas, el partido de Gobierno. El seis de junio de 2022, por ejemplo, invitó a Rodolfo Pereira, líder de vendedores en Soyapango, quien denunció corrupción en la alcaldía de Soyapango, gobernada por el partido del presidente Nayib Bukele. Al siguiente día de la entrevista, el siete de junio de 2022,  Rodolfo Pereira y el periodista Echeverría fueron capturados por el régimen de excepción. La segunda hipótesis del periodista es que su captura está relacionada con su trabajo comunitario. Él fue directivo de la Asociación Valle del Sol, una colonia de Apopa asediada por las pandillas, problema que intentaron resolver por medio de la tregua que el gobierno de Mauricio Funes sostuvo con las pandillas. A Valle del Sol llegaron representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), actividad en la que estuvo involucrado Echeverría. Esta es la historia que el periodista cuenta sobre sus once meses en el penal de Mariona e Izalco. Esta es la historia que un Juzgado le ha prohibido repetir.

Andrés Guzmán, un abogado colombiano especializado en seguridad digital, fue nombrado por el presidente Nayib Bukele, el pasado 22 de mayo, como comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. Su nombramiento ocurre en momentos en que el Gobierno salvadoreño enfrenta miles de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos durante la implementación del régimen de excepción que ha producido más de 71 mil personas capturadas en apenas un año y medio. Guzmán ya hizo su primer diagnóstico público sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador: en una sesión en la que compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como representante de El Salvador, aseguró categóricamente que en el país no existe la tortura. Sin embargo, durante esta entrevista, el comisionado reconoce que cuando hizo esa afirmación no había visitado ninguna prisión ni hablado con ninguna persona que haya estado capturada ni  solicitado a la Fiscalía los informes de personas muertas en custodia del Estado. Su convicción de que en El Salvador no se cometen abusos, como la tortura, se sostiene en el hecho de que no hay denuncias interpuestas ante la Fiscalía. El comisionado Guzmán es el primer funcionario adscrito a la Presidencia de Bukele en conceder una entrevista a El Faro. El único otro funcionario de este Gobierno que otorgó a El Faro una entrevista en 2019 fue el entonces presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, Jorge Aguilar.

De un año para acá, la familia de Ana ha tenido que reducir lo que compran aún más de lo habitual. Cuando compran arroz, evitan comprar huevos y viceversa.

Andrés es un joven de 28 años, habitante de un cantón rural en el oriente del país. Hace años, sus padres montaron una modesta ferretería con la que consiguieron financiarle a Andrés sus estudios en ingeniería en sistemas en una universidad de San Salvador. En 2022, él se convirtió en el primer graduado universitario de su familia. Tres meses después de haber obtenido su título como ingeniero, fue arrestado bajo el régimen de excepción, sin que los agentes captores dieran otra explicación que su nombre estaba “anotado” en una lista. Andrés estuvo detenido 8 meses y medio de los que recuerda, sobre todo, el hambre como una compañera constante. Asegura haber visto cientos de casos de desnutrición severa, que le recuerdan, dice, las imágenes de las víctimas de los campos de concentración alemanes durante la segunda guerra mundial. Un día, le notificaron que quedaba libre, sólo para ser arrestado nuevamente a la salida del centro penal, de nuevo, sin ninguna explicación.

La mañana del 6 mayo del 2022 Dolores Almendares estaba en su casa ubicada en Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo, sus hijos aún dormían cuando cinco agentes de la PNC irrumpieron en su vivienda, revisaron todo y a ella le pidieron que los acompañara. Desde ese momento Dolores quedó detenida bajo el argumento de extorsión donde luego se le informó que se le aplicaría el Régimen de Excepción y durante siete meses vivió y vio como los custodios del penal de Ilopango colgaban a mujeres de los brazos y como la atención médica se les era negada en en el penal de Apanteos.

Desde que comenzó el régimen, familias enteras se ven afectadas económicamente si quieren que sus presos no pasen hambre.

“El desayuno casi nunca lo hacemos, aquí máximo son dos tiempos de comida”, dice la mujer de 34 años, habitante de la recóndita comunidad El Rescate, en Usulután.

En agosto de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para que las mujeres tengan un parto respetado y los recién nacidos un cuidado cariñoso. La Ley se llama Nacer con Cariño, pero los bebés que están detenidos junto a sus madres por el régimen de excepción no han tenido acceso a derechos básicos como el control prenatal o medicina para curar gripes, escabiosis, fiebres y vómitos. Una mujer que fue liberada de esas cárceles cuenta que 30 bebés fueron aislados en el penal de Izalco por escabiosis y, ante la falta de medicina, las madres bañaban a los niños con lejía y detergente en polvo.

Flor estaba detenida en el penal de Ilopango cuando se enteró que sería madre por segunda vez. Se puso a llorar porque le aterraba la idea de que su hijo naciera en una prisión abarrotada por  miles de capturadas durante el régimen de excepción, donde se les niegan tratamientos médicos, y los maltratos físicos y verbales son el pan de cada día.Cuando su hijo nació, el 25 de diciembre del año pasado, enfermó de gripe y de escabiosis y al recién nacido tampoco le dieron medicina. Y no fue el único caso. Los bebés no recibieron atención médica y, en la desesperación, sus madres los bañaban con rinso y lejía con la esperanza de curar esa enfermedad.

En su más reciente publicación de la Lista Engel, el Gobierno de Joe Biden prohíbe el ingreso a Estados Unidos a la fiscal y al juez que trataron de interferir en la segunda vuelta electoral en Guatemala y que encarcelaron al periodista José Rubén Zamora. Tomó la misma medida contra una decena de funcionarios nicaragüenses involucrados en el destierro de presos políticos. La nueva actualización de la lista, aunque incluye a exfuncionarios de esos países, evita sancionar al oficialismo en El Salvador y Honduras, en una señal de reordenamiento de su estrategia en Centroamérica.

“Carne no comemos”, dice Wendy lo obvio. Estos días han dejado también de comprar huevos, queso, crema y leche.

Al esposo de Celia López lo mataron las pandillas un 2 de abril de 2017. Tuvo el infortunio de toparse con algunos de esos criminales cuando volvían de cometer otro homicidio en el caserío Los Soriano, Tacuba.

Los ingresos de cientos de miles de salvadoreños no alcanzan para comprar suficiente carne, huevos o lácteos. Cuando se trata de las familias más pobres, incluso el arroz no es opción. El maíz y los frijoles son la dieta de quienes los cultivan. 210,456 personas cayeron en pobreza extrema en los últimos tres años, lo que quiere decir que no cubren el costo de una canasta básica y no logran comer tres veces al día. 907,000 personas están en fase crítica y de emergencia en términos de inseguridad alimentaria, a unos pasos para caer en hambruna.

Samuel es un niño en el cuerpo de un hombre de 27 años. Sonríe con una sonrisa exagerada, incluso cuando los ojos se le llenan de lágrimas. Según su madre, siendo él muy pequeño contrajo una enfermedad que le dejó evidentes secuelas mentales. Habita la más vívida pobreza, en un cantón del municipio de San Pedro Perulapán, donde comparte vivienda con sus dos padres ancianos, su hermana y sus sobrinos. Samuel fue arrestado a pesar de su condición y, durante 13 meses fue tratado con una crueldad sin concesiones: recibió palizas de los custodios, castigos humillantes, sus compañeros de celda robaron su comida y sus medicinas y fue forzado a vivir en condiciones aberrantes. Asegura haber visto a varios compañeros de celda suicidarse ahorcándose. Esos muertos aún lo persiguen por las noches. No hay en Samuel rencor contra sus captores y su forma de relatar lo ocurrido, delata al niño que habla.

El señor M es un obrero de 26 años de edad. La mañana del 18 de abril del 2022, pasada la primera quincena del Régimen de Excepción, el señor M se encontraba en su casa junto a su familia cuando una patrulla de la policía llegó y los agentes sin darles razón alguna los capturaron a él y a su hermano menor que padece de una discapacidad intelectual. A pesar de que su hermano fue liberado el mismo día, el señor M no corrió con la misma suerte, fue trasladado al penal de Mariona y desde el primer día y durante 20 más padeció palizas y vio a gente morir.

Lo que queda cada vez más claro es que a la alianza corrupta que ha gobernado Guatemala en los últimos tres períodos no le gusta el sabor de la derrota y no está dispuesta a aceptar que, esta vez, ha perdido.

Michelle Recinos, una joven y premiada escritora salvadoreña, califica la exclusión de su obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA) como un bloqueo y un capricho de la delegación de la Embajada de El Salvador en dicho país. Dice que los representantes del cuerpo diplomático salvadoreño ya habían hecho una especie de desplante previo cuando se fueron de un evento celebrado en Guatemala en el que uno de los cuentos incluidos en su libro 'Sustancia de hígado' fue premiado. 'Me preguntaron de qué va el cuento, empecé a hacer un resumen de él y dije que tiene que ver con el régimen de excepción en El Salvador, entonces estas personas se levantaron y se fueron”, relata a El Faro. Este periódico también conversó Diana López, la presidenta de FILGUA y de la Gremial de Editores de Guatemala. Ella reconoce que, por cortesía,  tuvieron que ceder a la petición del Gobierno.

En junio de 2021, la Policía capturó a un pescador por tráfico de 330 kilos de cocaína. A finales de ese año, por medio de escuchas telefónicas que constan en documentos judiciales, la Fiscalía descubrió que el pescador recibía visitas familiares en Mariona porque más miembros de la estructura seguían libres y tenían contactos en Centros Penales. El 30 de mayo de 2023, la Policía capturó a Wilfredo Hernández Molina, la mano derecha del viceministro de Justicia y Seguridad y director de Penales, Osiris Luna, por su relación con este caso, según un expediente judicial consultado por este periódico.

El señor R vive en una zona costera y rural. Tiene 50 años. Trabajaba manejando una lancha par dar paseos a turistas. En mayo de 2022 fue capturado junto a su hijo y remitido al penal de Izalco y posteriormente a Mariona, donde fue víctima de vejaciones de distinto tipo y donde fue separado de su hijo. Al salir libre, un año después de su captura, el señor R esperaba encontrarse con la noticia de que su hijo había sido liberado antes que él. No fue así.

Los resultados de las elecciones demostraron un fuerte rechazo a la corrupción y a las políticas criminalizadoras, y destellan esperanza pese al sistema cooptado que ha dirigido los destinos de Guatemala.

El candidato presidencial del partido Semilla, Bernardo Arévalo, un partido de centroizquierda, sorprendió al pasar a segunda vuelta contra Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también de centroizquierda. La última encuesta de intención de voto lo ubicaba en el octavo puesto. Fue una elección con una importante carga antisistema, no solo por el éxito de Arévalo, sino porque el 25% de votos fueron nulos o en blanco. 

El testimonio que escucharán a continuación es el del señor L. Un campesino, habitante de algún lugar del oriente de El Salvador, que fue capturado durante el segundo mes de vigencia del régimen de excepción y que fue liberado tras 11 meses de prisión. El señor L fue detenido por las autoridades sin recibir ninguna explicación y conducido a una delegación policial.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro denunció en marzo de 2022 a la embajada de Estados Unidos que ella y el resto del TSE recibían dinero del presidente Alejandro Giammattei. Tres fuentes confirman a El Faro y ConCriterio la reunión y su contenido. Según otro relato de un magistrado electoral, en una ocasión el expresidente del Tribunal repartió el dinero “de vocalía en vocalía”.

En Guatemala está en juego la pervivencia de un sistema que ha funcionado como una alianza informal forjada por una heterogénea mezcla de intereses corporativos y una parte de la clase política.

Tras un proceso viciado en el que tuvo que cambiar de abogado nueve veces, el fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue condenado este miércoles por lavado de dinero. El periodista, que ha anunciado que apelará la sentencia, aún enfrenta tres procesos más en su contra. Con él detenido, presiones políticas aislaron financieramente a elPeriódico, que se vio forzado a cerrar hace un mes.

El profesor Alexander Eduvay Guzmán Molina, subdirector del centro escolar Altavista y empresario de taxis, fue capturado el primer día del régimen de excepción. El educador fue recluido en el penal de Izalco, donde fue víctima de una paliza y testigo de la vapuleada contra uno de sus compañeros de celda que falleció dos meses después.

Tras un año en el poder, el presidente Rodrigo Chaves afianza un discurso ofensivo contra medios y periodistas críticos, mientras favorece a nuevas plataformas afines en un afán “democratizador”. Pese a la vigente división de poderes y la fortaleza institucional del país, el último reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras rebajó 15 puestos en el ránking de libertad de prensa al país que antes del gobierno actual llamaba “estudiante estrella de la región”.

Marta Mileydi Campos, vinculada a la familia del viceministro de Seguridad y director de Penales por un terreno playero en Las Hojas registrado a su nombre cuando reos trabajaban en él, aparece en el registro público como propietaria de un apartamento en la colonia Escalón. Esa propiedad fue investigada por la Fiscalía anterior para seguir el rastro del dinero obtenido por Osiris Luna y su madre por el hurto y la venta de 42,909 sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria, tal como consigna el expediente Catedral.  

El cambio de fórmula con la cual se calcula la cantidad de escaños que ganan los partidos según su votación afectará directamente a los partidos minoritarios, según estudios de especialistas. La disminución de 84 a 60 diputados también agrava el escenario democrático porque la cantidad de partidos representados en la Asamblea disminuirá.

A más de un año de vigencia del régimen de excepción, una nueva normalidad se ha instalado en las afueras del penal de Mariona: cada día, cientos de personas recorren un mercadillo adaptado a las necesidades de ropa y alimentación de miles de detenidos. Ya no hay protestas afuera del penal, sino orden.

Así como hoy basta la palabra de Bukele para juzgar y condenar opositores, así ha bastado para proteger a sus funcionarios y para no rendir cuentas sobre el destino de miles de millones de dólares.

El presidente Bukele anunció un terremoto político: ordenó a sus diputados que antes de las elecciones de 2024 eliminen un tercio de los escaños de la Asamblea y también el 80 % de las alcaldías del país, lo que trastoca por completo el mapa electoral. Pero Bukele además escogió un nuevo enemigo en su retórica: la corrupción. Funcionarios como Osiris Luna y Carolina Recinos, incluidos en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, no estuvieron presentes cuando el presidente anunció su 'guerra contra la corrupción'. Otros, como el diputado Christian Guevara y el secretario jurídico Conan Castro sí estuvieron, pero mantuvieron un bajo perfil. 

El Faro tuvo acceso al plan legislativo que sustenta la reorganización territorial. San Salvador, por ejemplo, pasaría de tener 19 municipios a solo cuatro. Anunció también que dejarán de ser 84 diputados y serán solo 60. Dijo que mientras hablaba, la Fiscalía allanaba diferentes propiedades del expresidente arenero Alfredo Cristiani.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora que ha estado diez meses en la cárcel y enfrenta juicio desde el 2 de mayo por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, escuchó este 30 de mayo al Ministerio Público (MP) pedir que le condenen por 40 años de cárcel. Mientras tanto, enfrenta otro segundo proceso en el MP, y una tercera y nueva denuncia del querellante Raúl Falla. Aun si recibe una sentencia de cárcel corta y conmutable en el juicio actual, el traslape y la judicialización de las denuncias impediría al periodista salir libre a corto plazo.

Nelson Vladimir Hernández Tobar, un salvadoreño de 28 años con nacionalidad estadounidense, sin antecedentes de ningún tipo, fue capturado el 11 de enero de 2023 por el régimen de excepción. La policía lo acusa de promover la violencia terrorista de las pandillas por medio de canciones en Youtube. El 'delito' del freestyler fue mostrar 'nerviosismo' y mencionar en un rap el barrio donde nació y donde, como en cientos de otros barrios, operaba una pandilla. Artistas y colectivos que impulsan el Hip Hop en el país aseguran que durante el régimen de excepción han sido encarcelados 15 raperos. Hay familias que no ven a los detenidos desde hace 13 meses y ni siquiera saben de qué los acusan.

En el mundo de YouTube, Nayib Bukele parece un héroe invencible admirado por Elon Musk y Kim Kardashian. Una investigación inédita analizó una muestra de 70 canales que amplifican el mensaje del presidente salvadoreño, acumulando miles de millones de vistas. Los influencers dicen que vienen “del pueblo”, a diferencia de las “élites de los medios” y los “periodistas vendidos”, aunque algunos de ellos tienen nexos demostrados con el gobierno. La creación de contenido político prospera mientras los medios tradicionales, acosados por el gobierno de Bukele, pierden terreno.

La Comisión de Venecia hace una advertencia especial para los sistemas presidencialistas, en donde el mandato ilimitado puede conducir al peligro de tener un “monarca republicano”, introduciendo una suerte de “nuevo César” o “nuevo Bonaparte”.

Las fuerzas democráticas guatemaltecas debemos unirnos con claridad en defensa de los principios y una agenda común. Está mostrado que cuando se enfrenta a un totalitarismo de forma separada, los esfuerzos se diluyen y el régimen se mantiene vigoroso.

Después de ocho audiencias en 20 días, el periodista José Rubén Zamora está en la etapa final de un juicio en el que se le acusa de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, y donde el denunciante también ha implicado al activista de derechos humanos Jorge Santos, al exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas, y habló de la jueza de Mayor Riesgo A Yassmín Barrios y el candidato a diputado Yosimar Mejía en relación con un caso de sobornos. La suma de las sentencias máximas que reciba podría ser de 35 años para un Zamora con 66 años cumplidos. En diez meses, ha perdido 35 libras y ya habla de llevar su caso a una corte internacional.

Nuevas Ideas es una marca, una creación, para admirase y venerarse a sí misma. Se trata de una manifestación de iniciados que tiene a Bukele como pináculo.

Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos han acordado impulsar una única fórmula presidencial para enfrentar a Nayib Bukele en 2024. Las negociaciones siguen en curso y se prevé aterricen en dos nombres esta semana. Los candidatos deberán ser propuestos por la sociedad civil.

El deterioro de las democracias en Centroamérica ha debilitado las condiciones para ejercer el periodismo con libertad. Lamentablemente, nuestro aniversario llega el mismo día de la última edición de elPeriódico de Guatemala, que cierra operaciones castigado por un gobierno y un sistema político y judicial corruptos, intolerantes con la crítica y profundamente antidemocráticos.

El juicio al periodista José Rubén Zamora asesta un golpe letal al diario elPeriódico que dirige desde 1996. El diario, referente de periodismo de investigación en Guatemala, publicará este lunes 15 su última edición. Zamora ha perdido a ocho abogados, entre ellos cuatro que han sido acusados de delitos desde su arresto en julio de 2022 y otro que se ha ido de Guatemala.

Ni el MARN ni la ASA ni la ANDA tienen registro alguno de la planta desalinizadora. No aparece tampoco en el presupuesto de ANDA.

A inicios de mayo de 2020, el Gobierno compró 185,000 cestas solidarias -canastas de alimentos- a una empresa que un año antes había sido perfilada como “contrabandista”. Se trata de la empresa Logix, cuyo dueño y representante legal aparece en registros policiales como líder de la “Banda Logix” y quien fue detenido en abril de 2019. A pesar de los antecedentes de la empresa de transporte, el Ministerio de Agricultura la contrató para proveer las “cestas solidarias”.

El profesor Alexander Eduvay Guzmán Molina, subdirector del centro escolar Altavista y empresario de taxis, fue capturado el primer día del régimen de excepción. El educador fue recluido en el penal de Izalco, donde fue víctima de una paliza y testigo de la vapuleada contra uno de sus compañeros de celda que falleció dos meses después. Tal como puede escucharse en los audios que se incluyen en este artículo, este hombre de 46 años aún llora cuando describe cómo le aplicaron a él y a otro centenar de reos una política de Estado basada en la tortura y la crueldad.

El presidente de elPeriódico está acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, en un proceso lleno de irregularidades, según la defensa, y donde el Ministerio Público (MP) obtuvo las evidencias para capturarlo en solo 72 horas. La defensa del periodista ha argumentado que el MP básicamente ha violado la ley para comprobar que Zamora lo hizo.

Marta Mileydi Campos es la dueña de un terreno frente al mar en el que más de dos docenas de reos han estado trabajando en obras de terracería y lo que parecen ser muros perimetrales. El Faro atestiguó en distintos momentos que los reos y dos vehículos con placas nacionales han estado al servicio de una propiedad privada. La dueña del terreno tiene una relación de confianza desde hace más de diez años, según documentos del Registro de Comercio, con Alma Yanira Meza, la  madre del funcionario a cargo de administrar las cárceles del país.

Muchas personas hoy creen más en canales de YouTube que en periodistas. Esto supone un reto para los medios tradicionales que, sin perder la rigurosidad, deben reconectar con las audiencias.

El partido Fuerza Solidaria podrá participar en las elecciones generales 2024 después de que el Tribunal Supremo Electoral autorizó, el 30 de marzo, que un requisito legal no aplique al partido, argumentando que es más importante garantizar el derecho a optar a cargos públicos que está en la Constitución. Sin embargo, otros partidos que también participarán en la contienda tuvieron que cumplir con el requisito de lanzar una convocatoria para sus internas, a más tardar, el 5 de marzo. Fuerza Solidaria, gracias al TSE, lanzó esa convocatoria un mes después. Expertos electorales aseguran que es un precedente peligroso para el desarrollo de futuros procesos electorales.

Carlos Roberto Castillo Guevara, dueño de una firma contable, tiene su despacho en la empresa Grupo Tres y Punto, que pertenece al matrimonio formado por el presidente de la Asamblea Legislativa y la ministra de Vivienda. Castillo Guevara era investigado en el caso Catedral y tiene años de ser beneficiado por administraciones gubernamentales y municipales de Bukele.

La estructura administrativa y legal se muda a Costa Rica, pero nuestra redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador. No dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura.

El 13 de abril de 2022, unos militares capturaron a Ramón, de 24 años. El joven estuvo detenido ocho meses en Mariona, pese a que no tenía tatuajes de pandillas, no tenía antecedentes penales y no estaba perfilado como pandillero o colaborador. Este es uno de los 20 casos de capturas arbitrarias que la Policía investigó en los primeros 41 días del régimen de excepción, según documentos internos de la institución, a los cuales El Faro tuvo acceso gracias a la filtración Guacamaya Leaks.

¿Por qué ha sido tan fugaz la primavera cripto? En primer lugar, porque el mercado cripto salvadoreño ha sido desde el principio una burbuja financiera subsidiada por recursos estatales.

El coronel retirado Roberto Garay Saravia será sometido a un juicio migratorio para deportarlo a El Salvador, por su “participación en ejecuciones extrajudiciales” en El Mozote y en otras tres masacres cometidas por el Ejército de El Salvador a inicios de la guerra civil, según las autoridades estadounidenses. En la investigación contra el militar participaron el departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional.

Durante años, el Reparto Las Cañas, en Ilopango, estuvo dividido en dos: una parte controlada por la MS-13 y otra por la pandilla Sureños del Barrio 18. La colonia estaba atravesada por una frontera invisible y abismal. Luego de que el Gobierno desarticulara a las pandillas con su régimen de excepción, un grupo de vecinos decidió juntarse para planear una estrategia de unificación comunal. Esta es la historia de ese plan.

En un juicio que puede sentar precedente para todo el continente, el Estado salvadoreño trató de justificar ante la Corte Interamericana su negativa a permitir en 2013 el aborto terapéutico de un feto sin cerebro. Las abogadas desvincularon la prohibición total vigente de los problemas de salud de Beatriz, pero su principal testigo reconoció que apenas trató a la paciente, y uno de sus peritos terminó diciendo que en algunos casos, como embarazos ectópicos, se justifica un aborto.

El decreto solicitado por el presidente Bukele, que cancela provisionalmente derechos constitucionales de los ciudadanos, ha sido prorrogado 11 meses consecutivos. El Salvador cumple un año bajo un régimen que ya no es una excepción y que ha provocado miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos e incluso decenas de muertes en las cárceles. Los cuerpos de seguridad pueden detener a cualquier persona sin pruebas sólidas. 

Eugenio Chicas está convencido de que el FMLN cometerá un error si participa en las elecciones presidenciales de 2024. “Llevar candidatura presidencial es dividir a la oposición”, insiste. Para este dirigente histórico del partido de izquierda, la dirección ha sido timorata en calificar como corresponde a Bukele e incapaz de interpretar el periodo político que vive el país. Chicas no se atreve a desahuciar al FMLN, pero cree que la “inercia” con la que opera puede implicar que haya intereses de altos dirigentes “de matar a el Frente y entregarle el cadáver y la bandera a Bukele”.

El Centro de San Salvador ha sido por décadas el mercado callejero de quienes si no venden no comen. Lo sigue siendo, pero con más dificultad para algunos. Los desalojos de la Alcaldía para remozar el área y permitir turismo han dejado sin nada a gente que siempre tuvo poco. La miseria aún es el régimen del Centro. Lejos de la grandilocuencia de las políticas presidenciales y los cafés para turistas, algunos pobres se ven más pobres en esas calles.

Las líderes feministas que acompañan a la familia de Beatriz en el juicio ante la Corte Interamericana acusan al Estado de “tergiversar” los hechos y denuncian la alianza del Gobierno de Bukele con grupos ultraconservadores internacionales opuestos a cualquier reforma a las leyes de aborto. Atrás quedan los tiempos en los que el presidente llamó “fanáticos” a quienes impidieron que Beatriz interrumpiera su embarazo.

La campaña electoral adelantada se pasea impunemente desde hace meses ante un TSE ciego, sordo, mudo, que prefiere enterrar la cabeza en la arena antes de meterse en problemas.

El Tribunal Supremo Electoral está discutiendo si Fuerza Solidaria, el partido que dividió a GANA, podrá participar en las elecciones de 2024, pese a no haber convocado a elecciones internas en los plazos legales. Los magistrados que defienden su inscripción aseguran que su decisión se basa en razonamientos de “Derechos Humanos”. Fuerza Solidaria no consiguió reunir las 50 mil firmas que exige la ley para ser inscrito como partido y recibió una prórroga de un mes para recogerlas. Hasta el momento, ese partido no ha conseguido su inscripción legal como instituto político.

La Casa Blanca ha intentado justificar su decisión refiriéndose a esta como una disposición de carácter temporal, pero esa aseveración es especialmente engañosa.

El fenómeno de la migración centroamericana está íntimamente relacionado al tema de la violencia de género, y datos recientes lo ponen en evidencia.

En octubre de 2021, cientos de campesinos cerraron calles en protesta por la perforación ilegal de unos pozos en Ahuachapán. Dos años después, la empresa cuestionada ha perforado, construye casas y ha puesto tubería para tirar las aguas servidas de una residencial a un río. Nadie protesta: unos temen a la cárcel y otros apoyan el proyecto a cambio de láminas, comida o trabajo. Inmobiliaria Fénix, una de las constructoras más grandes del país, que en su historial tiene la destrucción de un sitio arqueológico, ha ganado de nuevo.

La Ciudad de Guatemala es una parada no deseada y a veces larga para miles de venezolanos en su viaje a Estados Unidos, pero también para quienes, desalentados por la crueldad del camino, deciden regresar. Muchos buscan volver a casa y pasan meses sin lograr dar el siguiente paso hacia el Sur.

Los estadounidenses Max Keiser y Stacy Herbert pasaron de ser los principales hinchas de la adopción de Bitcoin como moneda legal en El Salvador a burócratas al servicio de Nayib Bukele.

Los derechos de las mujeres están retrocediendo en todo el mundo. Este proceso no es solo resultado de la pandemia, es más bien fruto de la alianza de partidos y sectores fundamentalistas y antiderechos.

El Tribunal Supremo Electoral está siendo cuestionado internamente por los favores con los que ha propiciado que Fuerza Solidaria, un partido con el que se relaciona a Herbert Saca, se inscriba legalmente para las elecciones de 2024. El expediente del proceso en el TSE da cuenta de denuncias y quejas de magistrados y de otros partidos contendientes, así como de las presuntas violaciones a la ley electoral. El Faro obtuvo el testimonio y un video de una persona que trabajó unos días para Fuerza Solidaria llenando libros de respaldo con copias de documentos de identidad. El partido puede ser inscrito en cualquier momento.

Además de abrir otra investigación contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, por conspirar para obstruir la justicia, la Justicia guatemalteca afirma que otros periodistas y columnistas fueron sus cómplices en la intención de coaccionar a operadores de justicia con publicaciones de prensa acerca del caso.

Bukele, un presidente que se jacta de controlar todas las decisiones de sus funcionarios, estaba al tanto desde inicios de su gobierno de las negociaciones de funcionarios con los líderes pandilleros.

El departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que puede demostrar que el Gobierno de Bukele protegió a los líderes de la MS-13 de su posible extradición, a cambio de una reducción de homicidios y respaldo electoral. Durante la negociación el gobierno dio a pandilleros documentos que los identificaban “como agentes de inteligencia o de la Policía”. Según una fuente del gobierno de Estados Unidos, desde el nombramiento de Rodolfo Delgado como Fiscal General “ha habido una importante disminución en el nivel de cooperación” entre los dos países.

La paranoia ha transformado al cuerpo diplomático, que debería de ser representante de los intereses del país en el exterior, en simples sirvientes de los designios caprichosos del presidente.

Bajo la sombra del régimen de excepción continúan habiendo capturas de personas inocentes que a estas alturas del año 2023 pueden estimarse en más de 64 mil detenciones ilegales.

El verdadero desafío está en identificar qué tipo de medidas se necesitan para evitar que maten a las mujeres. La prevención es mejor cura que el fusil o la cárcel.

El viaje de Daniel Ortega no terminó en el heroísmo, porque se siguió de frente hasta volcarse y dar la vuelta. Aquel comandante en uniforme de campaña de los años ochentas corrompió a la revolución y al sandinismo hasta matarlos.

Una empresa de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y su esposa, Michelle Sol, ministra de Vivienda, se benefició con medio millón en pagos provenientes de la partida secreta del primer gobierno del FMLN.  Entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, esta empresa familiar administró la cocina de CAPRES y prestó servicio de alimentos -platos de comida- al Estado Mayor Presidencial durante la administración de Mauricio Funes, quien confirmó que la sociedad de la familia Castro Sol fue seleccionada de dedo. Este hecho contradice la narrativa impulsada por estos dos integrantes y fundadores de Nuevas Ideas, quienes han atacado a cualquier persona que hayan sido receptoras de fondos de la partida secreta.

De haber sabido español, los oficiales que investigaron la muerte de Jefferson Rodríguez en una granja del condado de Dane, en Wisconsin, no hubieran acusado a su padre del accidente y cerrado el caso. ProPublica ha hablado con el empleado que atropelló a Jefferson y retrata cómo falla el sistema a quienes no hablan inglés y las precarias condiciones de trabajo de los migrantes indocumentados en las granjas estadounidenses.

Ser mujer migrante en México agrega obstáculos a un viaje ya de por sí peligroso. Hay acoso, violencia sexual, embarazos, hijos y mucha más familia dependiendo de ellas. Cada vez más mujeres y niñas solicitan asilo en México o intentan llegar a Estados Unidos. Su cuerpo toma un papel central cuando están en tránsito, al punto que algunas intentan ocultar que son mujeres para cruzar México. El riesgo es tal que en el camino se conoce a la píldora del día después como 'píldora anti-México'.

La Unidad de Control de la Policía determinó que la captura de José Alfredo Grande Martínez, un albañil que vivía en la comunidad Emanuel de Santa Ana, fue arbitraria. Los policías plasmaron información falsa en la acta de detención, algo que, según recomendaron los inspectores, debe ser investigado por la Fiscalía y la Inspectoría del Ministerio de Justicia y Seguridad. Pese a ser víctima de esas arbitrariedades, el albañil continúa detenido en un penal de Santa Ana. El Faro accedió a documentos internos de la institución gracias a los Guacamaya Leaks.

Los 220 presos políticos excarcelados el jueves pasado por el régimen de Daniel Ortega celebran la libertad después de años o meses de encierro y tortura, pero muchos dudan de su futuro y tienen miedo a opinar porque temen represalias contra sus familias en Nicaragua. La mitad no tienen parientes o amigos en Estados Unidos y se preguntan cómo reconstruir la vida lejos del lugar y la gente que les importa.

La desapariciones tanto a manos de las pandillas como las que ocurren en el contexto del régimen de excepción no son hechos aislados, responden a patrones de violencias y complicidades.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Paula Patricia Velásquez reveló en un escrito que ha sido víctima del software espía Pegasus, un programa informático que ha sido usado por varios Estados para intervenir celulares de periodistas, activistas y opositores, tal como ocurrió en El Salvador. Su sospecha surge tras haber recibido una alerta de Apple hace aproximadame 2 meses.

Durante las últimas semanas, El Faro ha ido a territorios otrora impenetrables, ha hablado con líderes pandilleros, con víctimas de esos grupos criminales, con policías y representantes de organizaciones no gubernamentales. Todo indica que, luego de diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales básicas y se han registrado masivas violaciones a los derechos humanos, el esquema del presidente Nayib Bukele ha conseguido desestructurar a las pandillas en El Salvador, desbaratando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura interna.

Documentos y correos oficiales revelan que la Policía Nacional Civil de El Salvador adquirió equipo y software para espiar a ciudadanos y que abre la oportunidad de hacerlo al margen del control judicial. El proveedor de estos productos es una empresa que pertenece a un amigo israelí del presidente Nayib Bukele. Los registros fueron obtenidos por la organización DDoSecrets, a través del grupo de hackers Guacamaya, y compartidos con El Faro.

La nueva ley de compras aprobada por los diputados del partido de Gobierno dice explícitamente que las compras relacionadas a “proyectos estratégicos” del Consejo de Ministros no estarán supeditadas a la nueva ley que entre sus funciones tiene vigilar que no se derroche el dinero público. Tampoco estarán supeditadas al control de esta ley las compras que surjan de convenios entre instituciones públicas y empresas estatales como el modelo que tienen Chivo y Diario El Salvador.  Con lo aprobado, nace la Dirección Nacional de Compras, instancia que funcionará como una especie de auditora que dependerá absolutamente del Ejecutivo.

Un programador estadounidense relata cómo el gobierno de Nayib Bukele lo contrató tres días después de lanzar Chivo Wallet y encontró una aplicación “repleta de fraude”. En su testimonio asegura que hasta el 20% de los usuarios eran falsos, habla de una “hemorragia de dinero” público hacia cuentas fraudulentas y detalla cómo el gobierno de El Salvador incumplió de forma consciente leyes y tratados internacionales contra el lavado de dinero.

Documentos oficiales, un audio grabado por líderes del Barrio 18 Sureños y el testimonio de un antiguo miembro de la Mara Salvatrucha-13 revelan cómo el Gobierno de Nayib Bukele se apoyó en líderes pandilleros para detener un repunte de asesinatos que terminó con la vida de 45 personas en tres días de noviembre del 2021. Con ello el Gobierno logró que esta crisis no rompiera las negociaciones que sostenía con los grupos criminales desde 2019.

La reforma presentada por el bukelismo no aumenta la cantidad de salvadoreños que tendrán derecho a pensionarse ni tampoco corrige el problema de que las pensiones mínimas seguirán siendo bajas como para costearse la vida con ellas.Tampoco elimina a las AFP, pero retira el límite máximo que estas empresas deberán invertir para comprar papeles del Estado y aprueba un plazo de medio siglo para que el Estado pague su deuda. Con la reforma se elimina también la posibilidad de hacer un retiro anticipado del 25% de lo ahorrado por los cotizantes.

En nuestra última edición, el periodista Álvaro Murillo, la escritora Adriana Sánchez y el gerente de El Faro, Carlos Salamanca, discutirán sobre los resultados de la final de #Qatar2022 y lo que significa el triunfo de la selección de #Argentina, con un Leo #Messi que alcanzó el sueño de alzar la Copa del Mundo. Una emisión gracias a SISA Seguros y Movistar.

Human Rights Watch (HRW) y Cristosal presentaron un informe en el que recomendaron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suspenda todo préstamo otorgado para financiar instituciones del área de Seguridad del Gobierno de Nayib Bukele. Las organizaciones recomiendan que no se conceda fondos a entidades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Centros Penales ni la Fiscalía General de la República mientras estén implicadas directamente en “violaciones masivas” de derechos humanos. HRW y Cristosal también solicitaron el cese del Régimen de Excepción, que ya acumula más 59 mil personas detenidas en 8 meses.

Tras un giro inesperado en el Mundial de #Qatar2022, #Marruecos avanza hacia las semifinales, mientras #Argentina mantiene la esperanza de dar a Lionel #Messi una Copa Mundial de Fútbol. Conversamos en vivo sobre esto y más en nuestro especial del Mundial, con apoyo de SISA Seguros y Movistar El Salvador.

El secretario de seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, niega que la decisión de suspender derechos constitucionales y desplegar ejército y policía en decenas de comunidades marginadas contradiga las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, que dijo que los derechos humanos estarían en el centro de su agenda política. En esta entrevista, celebrada hace diez días, se distancia del régimen de excepción salvadoreño, pero afirma que “hay cosas que se pueden rescatar” del modelo de Bukele.

En esta nueva edición, el periodista Álvaro Murillo y la escritora Adriana Sánchez analizarán los resultados y sorpresas que nos ha dado el mundial a las puertas de los cuartos de final. Esta es una conversación gracias a SISA Seguros y Movistar.

En esta edición analizaremos los resultados de los octavos de final, charlaremos sobre los indicios que apuntan a que Concacaf fue la peor confederación del mundial y responderemos a la pregunta: ¿Por qué la FIFA está contemplando recular con el formato del mundial 2026? Acompáñanos en vivo en nuestra cobertura especial del Mundial, gracias a Movistar.

Balones con sensores capaces de arrebatar a Cristiano Ronaldo un gol y de sacar a Alemania del Mundial. Partidos de 110 minutos o Francia sustituyendo a la mitad del equipo al verse en desventaja. Un defensor volcado en el césped ante un cobro de tiro libre, el ‘cocodrilo’, como una pequeña señal de que en el fútbol de élite todavía hay queda algo fuera de las manos de los señores de FIFA ni sus patrocinadores.

La demanda ha sido presentada en una Corte de Estados Unidos por un instituto de abogados con sede en la Universidad de Columbia. La demanda pide a la corte que ordene a NSO Group revelar el nombre del cliente que generó el espionaje y también que identifique y destruya la información extraída de los aparatos del personal de El Faro que estuvo intervenido. La empresa israelí ha asegurado que solo vende el programa a Estados. Es la primera vez que periodistas que han sido víctimas de ataques con Pegasus presentan una demanda en una corte federal de Estados Unidos.

¿Qué nos dejó la primera jornada del Mundial #Qatar2022? ¿Sigue siendo Argentina la selección favorita en Qatar pese a su derrota contra Arabia Saudita? ¿Era predecible el fracaso de la selección de #CostaRica en su debut en el Mundial? Conversamos en vivo sobre nuestra cobertura especial del Mundial, gracias a Movistar.

El tamaño y el brillo de las nuevas edificaciones en Qatar no alcanzan para disimular los abundantes reportes de maltrato a los migrantes que las construyeron ni las violaciones a los derechos de mujeres y minorías sexuales, mientras la FIFA pide no dejar de ver la pelota.

Previo a su privación de libertad a manos de soldados, ocho adolescentes en una comunidad del Bajo Lempa habían sido hostigados por la misma patrulla de infantes de Marina. A los jóvenes los habían detenido momentáneamente entre dos y tres veces a cada uno. Les habían tomado fotografías y los habían acusado de pertenecer a pandillas. Después de días de hostigamiento, los soldados entraron a la comunidad una noche y, sin apoyo policial, los montaron a un picop y los llevaron a un puesto militar donde permanecieron entre una y dos horas. Ahí fueron golpeados y humillados. La PDDH concluyó que se les violó el derecho a la libertad, pero dice que no le consta la tortura, que sigue investigando.

En un país donde no se ha excavado entre el 80 % - 90 % del territorio, encontrar vestigios arqueológicos es más común que reportar a las autoridades el hallazgo. En septiembre 2022, un profesor de secundaria descubrió, casi que por accidente, un sitio arqueológico que el agua había dejado al descubierto en las cercanías del río Las Cañas. El descubrimiento, curiosamente, también está ligado al régimen de excepción. El hallazgo y su estudio han abierto una nueva página en la historia de El Salvador, y Miguel Ángel Sales se aseguró –y se precia– de aparecer nombrado en ella.

En abril de 2020, bajo el actual Gobierno, la Subdirección de Inteligencia de la Policía abrió un expediente al Viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna Meza. El archivo registra hipótesis de distinto tipo que perfilan al viceministro de Seguridad como parte de estructuras delictivas. El informe también dice que el viaje en jet privado que Osiris Luna hizo en 2019 tuvo un costo de 27,000 dólares. La información fue obtenida por El Faro a través de DDoSecrets, una organización que obtuvo directamente la información del grupo de hackers que se han denominado Guacamaya.

Rodolfo Delgado trabajó 22 años en la Fiscalía, tiempo en el que ocupó cargos importantes, como jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado y asesor del fiscal general. Diez meses después de dejar esa institución, en agosto de 2018, comenzó a defender a alguien perfilado como uno de los principales colaboradores de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), quien luego fue absuelto de los cargos. En mayo de 2021, el oficialismo impuso a Delgado como fiscal general y una de sus primeras acciones fue desarticular la Comisión Especial de Investigación, el grupo de fiscales que persiguió a su antiguo cliente. La Fiscalía de Delgado también facilitó que el procesado por colaborar con la MS-13 recuperara dos moteles que estaban inmovilizados por lavado de dinero.

La Corte de Cuentas de la República designó como miembro del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a una persona a quien la ley le prohíbe ocupar ese cargo. Lidia María Elena Fermán es esposa de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Ley de Ética Gubernamental prohíbe, en su artículo 14, que los miembros del TEG sean cónyuges de magistrados de la Corte Suprema. Después que El Faro hizo preguntas sobre esa designación, el TEG borró el nombramiento de su portal web y la Corte de Cuentas convocó a un proceso para elegir a su representante ante el tribunal.

Al cumplirse 90 días de la captura del presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, estos son los hechos comprobados: envió dinero en efectivo al denunciante a cambio de un cheque y emitió una factura que registra el ingreso del dinero al diario. El Ministerio Público (MP) afirma que Zamora lavó dinero porque la factura oculta el origen de dinero ilícito. Zamora señala que recibió los fondos de empresarios que no quieren ser identificados como financistas del diario. Su defensa sostiene que no hay delito y que el MP contaminó el proceso desechando y obteniendo evidencias de forma ilegal. Además, los abogados del periodista han sido acosados al grado que su actual defensor es el cuarto profesional que lo representa.

Documentos oficiales obtenidos por El Faro a través de Guacamaya Leaks demuestran no sólo que Élmer Canales Rivera, “Crook”, fue liberado el 18 de noviembre de 2021, sino que su liberación quedó constatada en correos electrónicos, fichas policiales y otros informes de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Estos documentos revelan, además, que horas antes de su liberación, un equipo policial llegó al centro penal de Zacatecoluca para notificarle de otra acusación penal en su contra, pero un miembro de esa unidad de la Policía afirmó a El Faro que las autoridades penitenciarias no les permitieron entrar. A pesar de que fue liberado por esta Administación, la Policía ha solicitado cooperación extranjera para su recaptura.

Solo en la medida en que se comprenda el poder y la estructuración de las oposiciones políticas será posible entender el éxito o el fracaso de los gobiernos de turno.

Tras un año de parálisis, la jueza Mirtala Portillo de Cruz quiere reanudar el juicio por la masacre de El Mozote pero ha cambiado las reglas. Portillo está usando la ley de 1973, prescindiendo de peritos expertos y creando un “registro judicial de víctimas”. Portillo había convocado 20 testigos para que declararan entre el 18 y el 21 de octubre, pero suspendió las audiencias cuando los abogados de las víctimas pidieron claridad sobre las nuevas formas de tramitar el caso.

El Gobierno de Bukele tiene un asesor financiero que gana millones de dólares en contratos clasificados como confidenciales. Una empresa del Gobierno, ETESAL,  pagó $1.5 millones por los servicios de la empresa de César Addario, un ejecutivo de Paraguay contratado para asesorar en la emisión de deuda a la administración Bukele. Según personas que han participado de las reuniones del gabinete económico, Addario tiene mayor influencia en la toma de decisiones que algunos titulares de autónomas y ministros.

Cuarenta años después de los asesinatos de los cuatro periodistas, una jueza de Chalatenango ordenó la detención del exministro de Defensa y de otros cuatro militares involucrados en el crimen. El coronel Francisco Morán, entonces director de la Policía de Hacienda, también fue detenido el viernes pasado. El juzgado ha solicitado información sobre el paradero de los otros tres militares requeridos.

El fin de semana en que se rompieron las negociaciones entre el Gobierno del presidente Bukele y las pandillas, cuatro líderes nacionales de la Mara Salvatrucha-13 salieron del penal de máxima seguridad hacia un hospital privado en San Salvador. Entre ellos estaba el “Diablito de Hollywood”, uno de los líderes más influyentes de esa pandilla.

El anuncio de Bukele de buscar la reelección ratifica una tendencia creciente en América Latina: el uso de los tribunales constitucionales para desmantelar gradualmente las instituciones de la democracia.

Desde hace siete meses no hay garantías constitucionales ni seguridad jurídica, no hay presunción de inocencia ni el derecho a un abogado, y eso garantizó el triunfo de la censura en esta ocasión.

Lo único que separa hoy a Bukele de convertirse en dictador es la inconstitucional reelección que ya ha anunciado. Ahora es un presidente constitucional, aunque su ejercicio del cargo ya no lo sea.

La Corte Suprema de Justicia maniobra a tres bandas mientras prepara su presupuesto 2023: busca separar a más jueces y magistrados de sus funciones y también nombrar a otros que ayuden a procesar los casos del Régimen de Excepción. Además, premiar con aumento salarial a los que ya están conociendo dichos casos. Todo esto ocurre en vísperas de las negociaciones del presupuesto general de la nación cuya aprobación final le toca a la Asamblea Legislativa. En el proyecto del presupuesto de la Corte, los magistrados se han recetado un aumento de 2,500 dólares mensuales a partir de 2023. El presidente de la Corte justifica diciendo que desde 2006 los magistrados no han cambiado de vehículos institucionales.

Bukele presume de novedad, pero es también parte de una larga tradición conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca reinterpretar la Constitución para retener el poder.

¿Cuáles fueron todos los acuerdos que el Gobierno sostuvo con las pandillas durante dos años y medio? Me da curiosidad saber si el presidente Bukele, en persona, llegó a tener algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica, con los pandilleros.

En el marco del 201 aniversario de la independencia de Centroamérica, Nayib Bukele anunció que buscará otros cinco años de Gobierno y competirá por la reelección en los comicios presidenciales de 2024. Lo hizo en cadena nacional de radio y televisión, a casi un año de que una Sala Constitucional impuesta por él mismo abriera la puerta para romper la alternancia en el poder. El presidente buscará otro periodo,  pese a la prohíbición constitucional expresa que contempla la pérdida de sus derechos ciudadanos a aquel que promueva la reelección consecutiva de un presidente. El último mandatario de El Salvador que se reeligió fue un dictactor, Maximiliano Hernández Martínez, derrocado hace 78 años.

El copresidente republicano de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos se ausentó de la audiencia del lunes tras una queja formal del Gobierno de El Salvador por falta de balance en los invitados. Los testigos del Departamento de Estado y la sociedad civil advirtieron del daño irreversible que el Régimen de Excepción puede hacer a los derechos humanos en el país.

Discurso de Aceptación del premio World Press Freedom Hero, entregado  a Carlos Dada el 9 de septiembre de 2022 por el International Press Institute.

Las estimaciones grises de la CEPAL contrastan con las esforzadas y grandilocuentes campañas oficiales de comunicación por posicionar al país como cuna de una revolución económica.

Es fácil ver por qué la mayoría de los salvadoreños apoyan el régimen de excepción. Sin embargo, las estrategias de mano dura contra el delito han demostrado, una y otra vez, que son ineficaces.

El procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tobar y la exprocuradora Raquel Caballero de Guevara son los perfiles más conocidos que aspiran a ser electos por los diputados para dirigir la PDDH. La Asamblea Legislativa comenzó la evaluación de los candidatos el seis de septiembre. Caballero de Guevara, condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental al pago de $4,606.80 por nepotismo, comparecerá ante los diputados este lunes 12 de septiembre.

La magistrada Cesia Romero no deja nada en el terreno de lo ambiguo: se rehusa incluso a llamar 'magistrados' a los magistrados impuestos por el bukelismo en la Corte Suprema de Justicia;asegura que el  nombramiento en pleno de la Sala de lo Constitucional es inconstitucional, que sus decisiones carecen de legalidad y cree que en el futuro el país se verá obligado a realizar complejísimas maniobras jurídicas para deshacer lo que considera una herencia jurídica espuria.

Disfrazado de un proceso de modernización, la Asamblea controlada por el bukelismo decidió disolver la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), una de las instituciones clave para recolectar datos sociodemográficos que permiten evaluar las políticas públicas. Aunque la transición de sus funciones hacia el Banco Central de Reserva aún está por realizarse, expertos consultados por El Faro temen que trasladar la dirección a una institución con objetivos distintos podría marginar de sus prioridades la recolección de datos y otra información confiable.

Tras casi dos semanas sin que las autoridades aclararan las razones de su detención, Luis Rivas fue acusado por la Fiscalía, el viernes 2 de septiembre, por el delito de desacato, es decir, por ofender o amenazar a funcionarios públicos. Este lunes 5 de septiembre, un juzgado capitalino celebró la audiencia inicial en la que se concluyó que seguiría procesado en libertad. Horas más tarde, sin embargo, la Fiscalía giró una segunda orden de captura, aunque no detalló el delito. El presidente Bukele se ha mostrado como víctima en el primer caso. Rivas es un tuitero que dijo ser propietario de la cuenta @_elcomisionado_ y fue detenido el domingo 21 de agosto en extrañas circunstancias. El caso, a pesar de no tener relación con pandillas, fue conducido bajo las reglas del Régimen de Excepción, eliminando algunas garantías constitucionales del detenido.

Una vieja alianza entre el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Huistas en Guatemala ayuda a entender su actual complicidad, en una zona identificada como terreno del Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, otro vínculo con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) revela por qué estos envían cocaína colombiana al CJNG a través de Guatemala.

Es claro que una nueva constitución está en el radar del Partido Libre. Asegurar una mayoría en la selección de las autoridades será la piedra angular para abrir el camino hacia la constituyente.

Carlos Dada, Óscar Martínez y Jimmy Alvarado  informan y analizan los ataques del Gobierno salvadoreño tras el reportaje de El Faro sobre el principal contratista local de alimentos del Ejecutivo.

Francisco Huezo López tenía 64 años y murió el 24 de agosto en el penal de Mariona. Según Medicina Legal sufrió un edema pulmonar, aunque el informe oficial consigna: 'muerte en estudio'. En las cárceles del Régimen de Excepción hay una decena de casos con ese mismo motivo de muerte y evidencia de golpes o tortura. Huezo López fue detenido en junio, acusado de colaborar con una pandilla, pero la única prueba en su contra era un antecedente penal por agrupación ilícita del que había sido declarado inocente el año pasado.

Antes de ser desmantelado, el Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía seguía la pista de un empresario que, en plena cuarentena, participó en tres contratos con el Gobierno que suman $22.7 millones. Se trata de Munir Miguel Bendeck Miguel, accionista de Negocios y Servicios Bursátiles (NSB), la empresa nacional favorita del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), contratista gubernamental para la entrega de canastas de alimentos. Con información propia, El Faro pudo constatar la veracidad de algunos indicios que impulsaron la investigación, como la bonanza empresarial de NSB y la compra de un apartamento de $1 millón en Miami, Estados Unidos, a nombre de Bendeck.

Aunque ya no era presidente del CIFCO, en 2013, Miguel Menéndez, Mecafé, usó esas instalaciones para reunirse con un empresario guatemalteco y pedirle sobornos entre el ocho y el diez por ciento del monto por cada obra adjudicada. El Tribunal Primero de Sentencia lo ha condenado a ocho años de cárcel por un caso especial de lavado de dinero. Mecafé es la primera persona del círculo de confianza del expresidente Mauricio Funes declarada culpable. Funes se nacionalizó en Nicaragua y vive allá desde poco después de terminar su mandato.

Seis oficinas de Naciones Unidas sospechan que el Régimen de Excepción está violando derechos humanos con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes ocurridas en las cárceles. El Gobierno no reconoció los señalamientos, y optó por dar respuestas generales a preguntas puntuales. Algunas de las respuestas son afirmaciones falsas y, en otras, la vaguedad es tal que el Gobierno parece ocultar información. Por ejemplo, no detalló la cantidad de personas detenidas en el Régimen, a pesar de que, según observadores, a causado un hacinamiento del 247 %. El Estado tampoco informó sobre la cantidad de muertes en las cárceles, aunque admitió que hay investigaciones en marcha.

La evidencia que llevó a la detención del periodista José Rubén Zamora, a quien las autoridades de Guatemala acusan de lavado de dinero, conspiración, chantaje y tráfico de influencias, fue recabada en 72 horas según el relato del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche. El martes 9 de agosto, un juez decretó tres meses de prisión provisional para Zamora y Gómez. Sus abogados sostienen que los señalamientos se basan solo en el testimonio de un exbanquero que, según Zamora, lavó dinero para los expresidentes Mauricio Funes de El Salvador y Jimmy Morales de Guatemala.

Desde que El Salvador entró en Régimen de Excepción, una madre, su hija e hijo van de casa en casa, de un hotel a otro, porque tienen miedo de terminar en la cárcel. Se esconden de un sistema de justicia que en 2017 les acusó de organizaciones terroristas y que, aunque les absolvió, les obligó a renunciar a sus vidas y a escapar de la misma manera que lo hacen hoy. Temen, pero no deben nada. Pese a que ya demostraron su inocencia, y pese a que esa antigua acusación les dejó traumas documentados por Medicina Legal, el mismo sistema les vuelve a perseguir.

#efDialoga para analizar los hallazgos de cientos de documentos judiciales sobre la captura de 690 personas en el Régimen de Excepción en El Salvador. Participan: Carlos Dada, Óscar Martínez y Gabriela Cáceres.

Policías y soldados arrestaron a 22 hombres en el marco del Régimen de Excepción en una isla en la que no hay, y no ha habido, presencia de pandillas. Las autoridades se han llevado a lancheros, curileros, trabajadores agrícolas, pescadores, a un ingeniero recién graduado y a un exseleccionado nacional de fútbol playa. Una fuente policial asegura que todos los detenidos fueron denunciados por sus vecinos por ser colaboradores de la pandilla.

 El Faro sistematizó 1,251 páginas de expedientes judiciales que tienen a 690 personas en prisión bajo el Régimen de Excepción. Esta información, como todos los procesos del Régimen, está bajo reserva total porque la Fiscalía considera que la prensa va a tergiversar los datos y “provocar pánico en la población”. Lo que hay tras ese velo fiscal son procesos con poca o nula investigación y capturas justificadas por “apariencia” sospechosa o nerviosa. El Movimiento de Trabajadores de la Policía asegura que ha documentado 50 casos donde los agentes se negaron a realizar capturas por considerarlas arbitrarias.

El gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado

En medio de un paraíso caribeño se libra una batalla: por un lado, un pueblo de indígenas garífunas que reclaman el derecho de sobrevivir en los territorios que habitaron sus ancestros durante más de dos siglos. Por otro lado, grandes conglomerados empresariales, el ejército y un reality Show europeo, que buscan lucrarse de la belleza natural del archipiélago de Cayos Cochinos en el litoral Atlántico de Honduras.

El presidente, sus funcionarios y voceros son a diario incitadores de acoso y mensajes estigmatizantes contra los periodistas, pero los dirigidos hacia mujeres han sido los de tono más agresivo. Este reportaje presenta la historia de cuatro mujeres periodistas que relatan los efectos que el ensañamiento gubernamental contra ellas ha tenido en sus vidas personales y profesionales.

En lo que va de 2022, las denuncias en las que las personas alegan una detención arbitraria o violación a la integridad de un detenido ya han duplicado el promedio histórico de los últimos 27 años, desde que hay registro. Desde 1995, en la Sala de lo Constitucional se recibía un promedio de 457 casos al año, pero para este 22 de julio, las demandas ya suman 1,090, lo que significa una cifra histórica jamás vista al menos desde el fin de la Guerra Civil. Aún faltan cinco meses para el año cierre y el Régimen de Excepción sigue vigente. La Corte impuesta por el bukelismo no ha admitido ninguno de los casos, aunque juzgados de menor jerarquía lo han hecho en unos pocos casos.

Para justificar el allanamiento a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) del 14 de julio, la Fiscalía impuesta por el bukelismo argumentó a un juez que, entre 2018 y 2022, el presidente Hugo Carrillo tuvo una diferencia de 862,779.13 dólares entre los ingresos que reportó a Hacienda y las cantidades que ingresaron a sus cuentas bancarias. Además, la Fiscalía cuestiona otros pagos directos de la Fesfut, mientras también prepara una acusación por evasión y lavado de dinero.

Los filósofos han estado casi ausentes a la hora de dilucidar las propuestas de nuevos modelos políticos y sociales. Son los escritores quienes han cumplido ese papel, convertidos en ideólogos.

Ronal Ortiz es un alcalde que gestiona las carencias de su municipio aceptando donaciones tan pequeñas como “tres cuetes de vara”; un criptoentusiasta que quiere convertir su registro inmobiliario en NFTs para hacer transacciones en el metaverso; y un opositor del Gobierno de Nayib Bukele. Su gestión en San Bartolomé Perulapía ayuda a entender las crisis financiera, política y la afición por las criptomonedas de los políticos salvadoreños.

La filtración de un documento interno del Departamento de Estado revela los nombres de decenas de funcionarios, empresarios, jueces y fiscales centroamericanos a quienes Estados Unidos considera corruptos o antidemocráticos y pretende incluir en la Lista Engel, lo que les negará la entrada a suelo estadounidense. Sobresalen en la lista personas cercanas a los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. El Faro confirmó la autenticidad del documento, que todavía puede sufrir cambios.

El Gobierno ha preparado tres escenarios para evitar caer en default en el transcurso de 2023. El Faro tuvo acceso al documento que los describe. Entre las alternativas a un acuerdo con el FMI, el Gobierno contempla una reforma de pensiones, tocar la puerta de organismos como el BCIE y el Banco Mundial, obtener créditos con CAF y cambiar regulaciones de las reservas de liquidez para permitir que los bancos locales sigan adquiriendo en un mayor porcentaje títulos del Estado. Todos los escenarios contemplan aumentar la recaudación a través de mayor eficiencia o nuevos impuestos y un plan de ahorro.

Gracias a fotografías publicadas en redes por su actual pareja y a testimonios de miembros y exmiembros de la pandilla, El Faro ha reconstruido parte del viaje del líder de la Mara Salvatrucha-13 liberado por el actual Gobierno a pesar de que Estados Unidos lo solicita en extradición y de tener condenas pendientes en el país. Crook está en México, concluyen las fuentes. Antes de eso pasó por un lujoso apartamento de una de las zonas más pudientes de El Salvador y cruzó Guatemala con la ayuda de la MS-13 de ese país.

Solo un 1.5 % de la población de la ciudad puede costearse una vivienda en altura. ¿Cómo se explica la reciente proliferación de condominios de lujo?

En marzo de 2022, una filtración de documentos de la Compañía Guatemalteca de Níquel confirmó las denuncias que líderes comunitarios en El Estor, Izabal, Guatemala, hacen desde hace años: la empresa contamina el Lago de Izabal bajo el amparo del estado, que además criminaliza a esos líderes. Desde entonces, una compañía finlandesa suspendió la compra de ferroníquel a la empresa y la Contraloría de Cuentas denunció al Ministerio de Energía y Minas por permitir el funcionamiento de la mina. Sin embargo, la criminalización de líderes comunitarios también ha continuado. El activista Abelino Chub Caal cree que sólo así conseguirán justicia porque conoce esta realidad de primera mano.

Documentos oficiales de Guatemala confirman que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, tiene vigente una orden de captura en ese país, desde noviembre de 2014, por un caso de maltrato infantil. Por ese proceso, Bidegain fue arrestado y destituido del Viceministerio de Transporte en septiembre 2019 y, aunque no fue extraditado a Guatemala por decisión judicial, el caso sigue abierto en aquel país. Bidegain dice que nunca ha huido de la justicia, que los hechos acusados son totalmente falsos y que su expareja tomó represalias legales cuando él le pidió el divorcio. Pese a ello, instituciones oficiales registraron una serie de vicios en el proceder del caso, los cuales podrían quedar expuestos si la CIDH, que ya recibió una petición de la denunciante, retoma el caso.

El BCIE autorizó una línea de crédito de $220 millones para que el gobierno compense gastos no previstos por el aumento del precio de los combustibles y el Banco Mundial está por reembolsar $100 millones que el gabinete de Salud ampliado ha gastado en compras de la pandemia. Los fondos le permiten al gobierno contar con recursos para acabar este año y prepararse para enfrentar los vencimientos de deuda de enero de 2023.

Lejos de instalar una revolución financiera, Bukele ha aproximado al país al impago de su deuda externa mientras intenta convertir a la religión del Bitcoin a decenas de miles de ciudadanos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la autoridad central encargada de comunicarse con otros países para procesar solicitudes de cooperación judicial. Eso implica, según fuentes del Órgano Judicial, que la Fiscalía controlada por Bukele tiene un poder inédito en los procesos de extradiciones y de otras solicitudes de información que hagan países como Estados Unidos, quien ha anunciado que prepara una acusación contra funcionarios salvadoreños por negociaciones con pandillas.

"Los hombres bisexuales existimos. Decirlo en voz alta en una Centroamérica hundida en crisis no es mirarse el ombligo. Los autoritarismos que censuran lo que se habla en público, los machismos que violentan a las mujeres con impunidad y los fanatismos que premian las doctrinas por encima de la ciencia son todas fibras en una cuerda que además ahorca la sexualidad de hombres que, a lo profundo, saben que no encajan ni como hetero ni como gay."

Rodolfo Delgado firmó un contrato para dar una consultoría sobre prevención de lavado de dinero a ETESAL, una empresa del Gobierno que pagó 5,000 dólares mensuales, entre abril y diciembre de 2021, con él ya a cargo de la Fiscalía, a una empresa fundada y administrada principalmente por su madre.

"Los diputados debieron evidenciar que sabían que él fue defensor de Diablito y Crook en el caso que la Fiscalía General de la República denominó 'Operación Jaque', pero no lo hicieron. Y eso que había noticias al respecto . Ese caso terminó con la condena a cárcel a 62 miembros de la MS-13 por varios delitos, entre ellos homicidios y tráfico de armas. En otro caso íntimamente relacionado, 'la Operación Cuscatlán', un juez dijo que había que investigar los indicios de las negociaciones de la MS-13 con Arena y el FMLN."

Un defensor público colapsa dentro de una institución ya colapsada. Un cuadro agónico provocado por los miles de detenidos bajo el Régimen de Excepción que buscan en la Procuraduría General de la República una defensa. ¿Cómo trabaja un defensor sin sucumbir al hartazgo? ¿Puede la Defensoría Pública garantizar una defensa efectiva en una audiencia de cientos de reos? Este es el diario de un defensor público, a dos meses y medio de iniciado el Régimen de Excepción y más de 39,000 personas detenidas. El Faro siguió sus pasos por siete semanas.

Durante los primeros dos meses del régimen de excepción en El Salvador, que comenzó el 27 de marzo pasado, Guatemala ha registrado un aumento en el ingreso de víctimas y victimarios salvadoreños que huyen de su país. En Guatemala, que ya se ha convertido en una puerta de salida para los salvadoreños, no hay pruebas de que esta huida incrementó la violencia, aunque las autoridades lo han insinuado.

En otro caso de pagos a parientes y amistades de funcionarios, desde la oficina de formación de maestros del Mined se asignaron dos contratos directos de consultoría por $31,000 a una amiga de la entonces ministra de Educación, Carla Hananía. En 2020, el Infod la contrató para validar una metodología de autocuidado y, en 2021, le patrocinó la producción de un audiolibro y la reimpresión de su libro.

El Gobierno de El Salvador no renovó el contrato con Arnold & Porter, una firma a la que hasta finales de 2021 había pagado $543,676.6 por servicios de asesoría para mejorar su relación con la administración de Joe Biden. A un año de la suscripción de este contrato, las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos pasan por su peor momento.

Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Sala de lo Penal, se ha excusado de conocer todo lo relacionado a la extradición a Estados Unidos del líder más conocido de la Mara Salvatrucha-13, ya que el criminal fue su cliente cuando el funcionario ejercía como abogado litigante. Se trata de Borromeo Henríquez, líder nacional de la pandilla desde principios de siglo, actualmente encarcelado en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. La Corte ya votó a favor de la excusa de Flores Durel y nombró a un suplente para conocer la extradición del pandillero.

"Dentro de las nuevas preguntas que nacen con la revelación de El Faro está esta: si, tal como lo deja claro Marroquín en sus conversaciones, desde 2019 tenían un pacto para bajar los homicidios, ¿fue solo un show la campaña contra la Asamblea Legislativa que en 2020 desembocó en el 9F para que aprobara nueva deuda que nutriera el presupuesto de seguridad, ya que los resultados los tenía garantizados por adelantado?"

La historia de un taxista al que las pandillas obligaron a huir de su hogar explica, en parte, la popularidad de una política de seguridad que ha permitido encarcelar a más de 27,000 personas en mes y medio. “Solo los que hemos sido víctimas sabemos lo que hemos sufrido y ahora tenemos un rayo de esperanza”, dijo el taxista en una conversación en abril. Su voz ayuda a explicar por qué una medida que suspende derechos constitucionales, señalada por cientos de abusos, es ampliamente popular en El Salvador.

Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Nayib Bukele, confirmó a la MS-13 haber sacado personalmente del país al pandillero extraditable “Crook”, y culpó al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a quien llamó “loco ministro”, de haber roto las negociaciones con la estructura criminal. El Faro obtuvo grabaciones de conversaciones entre Marroquín y esa pandilla.

"Sorpresa tras sorpresa nos ha dado el presidente Chaves. Pareciera que su discurso populista y sus actos de fuerza fueron solo una estrategia de campaña, según señalan múltiples analistas. Yo, sin embargo, no estoy tan segura de que así sea y percibo que ya en el poder o frente a amenazas reales, tendríamos de nuevo al Rodrigo Chaves de la campaña electoral y no al conciliador de sus primeros discursos de inauguración presidencial. Sin embargo, ambas posiciones son solo especulaciones que deberán esperar la tozuda realidad de los hechos."

El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos entregaron a una Corte de Nueva York un informe actualizado sobre la investigación en la que están acusados 14 lideres de la Mara Salvatrucha 13. En su reporte, alertan de que "numerosas publicaciones periodísticas y otras fuentes" han informado que cuatro miembros de la llamada "Ranfla Nacional" han sido liberados por el Gobierno salvadoreño a pesar de que había un pedido de extradición formal contra ellos.

¿Este señor quién es? se preguntaban en los medios de comunicación cuando se anunció a Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda. Este personaje, un desconocido en su tierra hasta el 2019, ganó la elección presidencial aún cuando el Banco Mundial lo castigó por “conductas sexuales inapropiadas”. El nuevo mandatario tico ha dibujado, a grandes trazos, qué vendrá para la democracia más estable de Centroamérica: programas aprobados por el pueblo, reducción de precios en la canasta básica, no al aborto, a la eutanasia y a los matrimonios del mismo sexo.

"Varios estudios han demostrado que el encarcelamiento tiene cero efectos o un efecto muy limitado sobre la reincidencia criminal. En otras palabras, no importa a cuántos pandilleros encarcelen. Sin rehabilitación, la mayoría volverá a delinquir después de cumplir sus condenas."

La Corte Suprema de Justicia respondió a una solicitud de información pública hecha por este periódico diciendo que no puede entregar información sobre un líder de la MS-13 porque no está detenido y porque aún no decide si extraditarlo a Estados Unidos. Especialistas aseguran que esa es una admisión de que, tal como lo documentó un juez en marzo pasado, el líder de la MS-13 está libre.

El pago de "la renta" a las pandillas ha sido como un virus inmune a los planes de seguridad de las últimas dos décadas. Ni el arenero Plan Súper Mano Dura, ni la tregua del Gobierno de Mauricio Funes con las pandillas, ni el secreto Plan Control Territorial actual han erradicado el problema. Siete fuentes, empresarios y empleados, cuentan que ni la militarización de varios puntos del país ni el encarcelamiento de miles durante el Régimen de Excepción han detenido las extorsiones. Ellos siguen pagando.

La mitad de la población no tiene la mitad del poder y, mucho menos, el 50 % de la representación en El Salvador. Las mujeres han estado excluidas de las decisiones. Los hombres han tenido, y siguen teniendo, el control en la aprobación de leyes, en la capacidad de poner la agenda de temas en la opinión pública, en la definición de las candidaturas, en el acceso y uso de los recursos y, con ello, en la capacidad de veto para rechazar la aprobación de la paridad de género desde la Asamblea Legislativa.

La Chivo Wallet usa “certificados de dólares reales”, según un documento oficial que Athena, la empresa fabricante, presentó al Gobierno de Estados Unidos. En el documento, la empresa reconoce que hay posibilidades de que el bitcoin sirva para lavar dinero y que su inestabilidad podría ser perjudicial para los usuarios del sector más empobrecido del país. Según expertos, esto significa que Chivo funciona como un banco, aunque no cumple las regulaciones de transparencia ni de garantía de depósitos a las que los bancos están obligados por ley.

La junta directiva nombrada por Juan Guaidó exigió ser reconocida como la responsable de nombrar abogados para representar a Alba Petróleos de El Salvador en un litigio en el que la empresa enfrenta una demanda por $40 millones en una corte de Connecticut, Estados Unidos. El representante de Enepasa y vicepresidente de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos Crespín, respondió a la corte que la empresa mantiene a los abogados nombrados por la gerencia salvadoreña y que no reconoce a los abogados designados por Guaidó.

El Régimen de Excepción aprobado el 27 de marzo se amplió por 30 días más durante la sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa realizada este domingo 24 de abril. Junto a la prórroga, que implica la suspensión de derechos constitucionales fundamentales, los diputados también aprobaron al Gobierno una reforma que le permite saltarse la ley que regula las contrataciones y compras públicas mientras dure el régimen.

Si en algún momento el silencio de los republicanos era música para los oídos del presidente de El Salvador Nayib Bukele, ahora ese silencio empieza a convertirse en ruido a medida que más voces conservadoras se han empezado a enfrentar públicamente al mandatario salvadoreño.

Un día histórico para Honduras. Su expresidente Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, llegó a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico. Nada pudieron hacer sus abogados para impedirlo; su suerte estaba echada desde el 15 de febrero cuando fue detenido. Al exmandatario se le escuchó relajado en su primera audiencia. “Soy inocente” dijo en un video grabado el jueves antes abordar a una avioneta de la DEA. Sin embargo, en una Corte de Nueva York enfrentará pruebas y testimonios que lo señalan como la cabeza de una organización política que convirtió a Honduras en un narco-Estado.

Tras la intensificación de ataques a periodistas en El Salvador, que ha llevado a algunos a exiliarse preventivamente, y la aprobación de una ley mordaza que penaliza a quienes hagan cobertura de pandillas, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, exigió desde la tarima legislativa a los periodistas críticos que se vayan del país. "No los necesitamos", dijo.

"Los estados o regímenes de excepción, en Estados democráticos de derecho, se utilizan para otorgar facultades extraordinarias al poder Ejecutivo que le permita afrontar diversos peligros, ya sean internos o externos y, para responder a ese momento específico, pueden suspenderse las garantías de ciertos derechos de manera temporal mientras persistan las condiciones de anormalidad. En estos casos, el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales subsisten" - Leonor Arteaga

En agosto de 2021, el Mined contrató a una comunicadora para manejar las redes sociales del Infod, una oficina encargada de los programas de formación de maestros. Aunque la comunicadora gana $1,000 mensuales, las redes sociales que maneja son en realidad las de su cuñado, el diputado Juan Rodríguez, del partido Nuevas Ideas. El sueldo de la asistente proviene del mismo fondo del que salió el honorario del hijo chef del viceministro de Educación.

En 2020, la Fiscalía comenzó a investigar al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, tras publicaciones periodísticas que denunciaban el gasto irregular de $8.5 millones de las Tiendas Institucionales. Con escuchas telefónicas, los fiscales de la anterior administración de la institución construyeron un caso contra Luna acusándolo de utilizar parte del dinero de forma ilegal: según Catedral, diez supervisores cobraban salarios desproporcionados a cambio de entregar dinero a Luna. Dos de esos supervisores, consigna la investigación, fueron protegidos bajo las claves “Sol” y “Luna”, y confesaron la corrupción involucrando a Luna, su madre y su empleado de confianza, un militante de GANA.

El Faro Dialoga, 8 de abril, 2022 | Una conversación entre nuestro jefe de redacción, Óscar Martínez junto a nuestro director, Carlos Dada, transmitida en vivo en nuestras redes sociales. Esta vez analizarán las reformas al Código Penal aprobadas 5 de abril, durante el Régimen de Excepción en El Salvador.

Durante una semana, las bartolinas policiales de San Salvador, se abarrotaron con las personas capturadas durante los primeros días del Régimen de Excepción. Llegó a haber 600 personas a la vez. Afuera, se creó un micromundo, casi enteramente femenino, buscando obtener alguna información o pagando un plato de comida para los detenidos. Este es un relato sobre esa muchedumbre que se agolpó afuera del "Penalito".

La intención de voto convierte a Jordán Rodas en el único obstáculo para que el entorno de Alejandro Giammattei conquiste la rectoría de la Universidad de San Carlos, codiciado foco de poder político además de centro de estudios. La única universidad pública de Guatemala ha perdido prestigio social e incidencia en la última década. Rodas, mediático procurador de derechos humanos desde 2017, promete recuperarla para la causa anticorrupción y cree en el milagro de que lo que él llama “las mafias” de la universidad no impidan su llegada.

Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados reformaron el Código Penal y la Ley de proscripción de maras y pandillas para que ningún medio de comunicación pueda difundir ningún mensaje creado presuntamente por las pandillas. La intención, dijeron, es censurar la creación de murales callejeros con los que los pandilleros delimitan sus territorios, pero la manera en la que quedó redactada la reforma, sin definir a qué se refieren por ejemplo con crear "zozobra", genera dudas en jueces y especialistas que señalan que se abre la posibilidad para restringir la libertad de informar. La Asociación de Periodistas de El Salvador calificó las medidas como una clara censura.

El Faro tuvo acceso al oficio 901 de fecha 29 de marzo de 2022 escrito por un juez especializado en pandillas, en el que deja constancia de que ya antes había señalado a Centros Penales que Crook tenía procesos abiertos en su contra y no podía ser liberado. Según el documento, el líder de la MS-13 buscado por Estados Unidos fue liberado en junio. El juez que envió el escrito al penal de Zacatecoluca fue trasladado por la Corte dos días después, luego de que el presidente Nayib Bukele lo acusara de haber liberado pandilleros.

La 22 de Abril, La Floresta, La Campanera y La Iberia son comunidades que han vivido durante años bajo el poder criminal de las pandillas. Este es un recorrido por esas comunidades cuatro días después de que el Gobierno declarara Régimen de Excepción en todo el país, tras un sangriento repunte de asesinatos.

Las nuevas medidas contra las pandillas responden a la ola de homicidios del fin de semana y permiten que incluso un menos de 12 años purgue una pena de diez años. La Asamblea, dominada por Nuevas Ideas, también aprobó que sean jueces anónimos los que procesen a los miembros de pandillas y que en los juicios puedan usarse testigos de referencia, algo que está reservado para circunstancias excepcionales. En la comunidad de abogados salvadoreños ya surgen críticas.

Desde diciembre, los jueces no tienen acceso al registro de información de los reos. Hasta hace tres meses, esos datos estaban centralizados en una plataforma en línea que ahora está fuera de servicio, según dijeron las autoridades a los juzgadores. Esta centralización de información ocurre cuando Estados Unidos pide saber sobre uno de los líderes de la Mara Salvatrucha-13 al que ha pedido en extradición, y de quien sospecha que ha sido puesto en libertad.

Solo el sábado hubo 62 asesinatos, la cifra más alta desde 2002. La última alza abrupta (57 homicidios en un día, según datos oficiales) ocurrió el 15 de agosto de 2015, durante la administración del FMLN. El mismo sábado, el presidente Nayib Bukele ordenó a la Asamblea declarar Régimen de Excepción. La Asamblea convocó a las 11 de la noche, inició la plenaria después de la 1 de la mañana y aprobó de forma exprés la suspensión de cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas.

Nelson Rauda entrevista al director técnico de la selección salvadoreña de fútbol, Hugo Pérez. El exseleccionado del equipo estadounidense habla sobre las oportunidades ese país le otorgó, después de haber sido rechazado por su propia nación como jugador. Tambien hablan sobre la actual convocatoria de jugadores que conforman la selección nacional salvadoreña. Un tercio de sus jugadores no nacieron en suelo salvadoreño. Son hijos de nuestros migrantes y sus historias personales son las de las heridas y promesas de este país. Su reencuentro con El Salvador es un nuevo capítulo y un desafío a quienes creen, en Estados Unidos y acá, que la pertenencia la determina el lugar de nacimiento. 

La administración de Nayib Bukele pasó de instalar una mesa de diálogo con transportistas a sacar del juego a Catalino Miranda, uno de los principales empresarios del rubro. Miranda estuvo el viernes 11 de marzo en Capres y 24 horas después fue detenido, sin claridad de qué delitos se le acusa, sus concesiones de permisos suspendidas y sus microbuses decomisados de forma exprés por un gobierno que ya ha puesto soldados a manejarlos. El gremio de transportistas no se ha pronunciado.

En El Salvador, la guerra se imaginó y se practicó en las escuelas. Los gobiernos del siglo XIX crearon una cultura política cimentada en el autoritarismo, la “revolución” de los caudillos, los golpes de Estado y las guerras. Si bien la currícula educativa se modificó con el paso de los años, la pedagogía de las armas fue semilla para pasar al terror a punta de fusiles, a los estados de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales, a la persecución política, a la captura, tortura y desaparición de personas. Un gobierno autoritario siempre se sentirá más atraído por las armas que por la educación.